RECOMENDANDO BLOGS

Bueno, hoy esta cosa del Blog Day, que no termino de entender muy bien que digamos, pero, cumpliendo con la tradición de ese día, recomiendo 5 blogs.

1. El Utero de Marita: Ocram (es decir, Marco Sifuentes) desmenuza en su partícular e ingenioso estilo la realidad nacional. Y, de cuando en cuando, nos regala con buenos datos sobre comics.

2. La Cebolla: Iba a decir, al estilo de “El Hocicón”, diario pobre pero honrado. Pero no es un diario precisamente, aunque las noticias que da se parecen mucho a la realidad. Chequeenlo de todas maneras. Los hará pasar un buen momento humoristico.

3. Para perder el Tiempo: No lo recomiendo xq sea mi pata de años, sino porque realmente su cáustica forma de ver el mundo y de ponerla por escrito me parece bastante ingeniosa y por momentos notable. Uno de los pocos blogs personales que me gusta leer.

4. Moleskine Literario: Bueno, confieso que Thays no me gusta como escritor, pero al menos procura mantenernos al día sobre literatura, y eso sí lo hace bien. Lástima que no permita comentarios como otros blogs literarios peruanos. A veces es divertido como se pelean en lugar de mejorar la calidad de sus obras.

5. El Blog de Lay Fung: Hasta ahora me parece desconcertante como una persona, atribuyéndose la identidad del perro guardián más conocido del país, puede dar sus opiniones. Lo recomiendo dentro del género “inclasificable”.

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MINERIA Y COMUNIDADES: DIALOGO DE SORDOS

El cierre de operaciones de la mina Yanacocha, propiedad del consorcio estadounidense – peruano Newmont – Buenaventura, es un triste colofón para un auténtico diálogo de sordos. Tanto los voceros y empresarios de la mina, como los dirigentes comunales se han puesto tapones en los oidos para no escuchar los argumentos de la otra parte. De telón de fondo, medios de comunicación tomando partido por uno u otro bando y un Estado incapaz de resolver un conflicto que ya viene tomando un cariz grave.

No soy de los que cree en la división maniquea de la que hace gala Aldo Mariátegui, donde coloca a los dueños de la mina casi en los altares y a todo aquel que cuestione sus prácticas en poco menos que comunista, senderista, o poco patriota por no defender la inversión privada. Tampoco me trago el cuento de varios diarios regionales que ven en Yanacocha poco menos que un enclave imperialista, al estilo de la Cerro de Pasco Minning Corporation o la IPC, en tiempos anteriores a 1968. El tema es mucho más complejo que divisiones entre buenos y malos y dogmatismos ideológicos.

La minería es, sin duda, una de las actividades que ha sostenido el crecimiento económico tan bueno que hemos tenido en estos años, producto de los buenos precios internacionales, pero también de los proyectos de inversión impulsados por el capital privado. ¿Es necesaria esta inversión para generar desarrollo? Por supuesto que sí.

¿Pero es necesario ser totalmente condescendiente con el capital y permitir que cualquier tipo de inversionista venga? Creo que no. El mundo viene exigiendo cada vez más estándares de calidad, de respeto al medio ambiente y de responsabilidad social empresarial a las empresas. Las mineras no están exentas de dichas exigencias.

Yanacocha inició mal su relación con el Perú. Recordemos que Montesinos negoció el fallo judicial que permitió a Newmont y Buenaventura licuar las acciones del consorcio francés que era el tercer socio de la empresa. También nos acordamos del derrame de mercurio en Choropampa – donde varios pobladores fueron envenenados – y las pugnas por el agua de Cajamarca.

Si bien la empresa dio algunas muestras de mejora en su relación, todo aquel que se oponía a sus actividades o a la forma en como las practicaba era satanizado rápidamente por la prensa adicta al “capital a cualquier precio”.

El subdesarrollo de los pueblos cercanos a la minería hace que muchos piensen que se están robando el dinero que llega por el Canon o los impuestos. Pero no es tarea de la empresa minera realizar y ejecutar los proyectos de largo plazo para la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Es una tarea que corresponde al Estado, donde ciertamente la empresa privada puede tener un rol importante para su proyección hacia la comunidad, pero no se le puede exigir que cumpla con las tareas que el Estado debe ejecutar. Los gobiernos locales y regionales y la propia comunidad deberán ser partícipes en estos proyectos, a fin que puedan tener no solo cuotas de exigencia, sino también de responsabilidad.

El Estado, en este caso en particular, deberá ser un mediador responsable, que procure no tomar partido por un lado o por otro, sino que la paz pueda llegar a la zona y ambas facciones puedan trazar un proyecto común. Finalmente, el MEM y el Poder Ejecutivo en general deberán ver la forma de ir resolviendo un problema vinculado con la pobreza y con la exclusión, pero también con las garantías a la inversión privada. No es una tarea fácil, pero García y su equipo ministerial deberán acometerla, antes que más Yanacochas cierren sus puertas y el descontento social se incremente.

HILDEBRANDT SOBRE ABIMAEL

Aunque en particular no tengo nada que demostrarle a nadie, publico este artículo de César Hildebrandt, aparecido hoy en el diario “La Primera”, que letra por letra refleja lo que pienso del personaje más sanguinario de la historia peruana.

Y por cierto, los delitos de Guzmán no limpian ni justifican a aquellos que, desde el Ejército (como bien anota Hildebrandt) vulneraron los derechos de nuestros compatriotas.

GUZMAN DEMANDA SU LIBERTAD – César Hildebrandt.

Abimael Guzmán no se suicidó, como se suponía que podría hacerlo el jefe del apocalipsis a la hora de ser capturado, sino que permitió que Elena Yparraguirre lo protegiera con su cuerpo y demandara que el líder de Sendero Luminoso no fuese tocado.

Y no fue tocado. Un igual suyo, pero del otro bando, lo interrogó amablemente y le sacó el mayor provecho político posible. No hay mayor registro de las conversaciones Guzmán-Montesinos, pero no tengo dudas de que se trata de un diálogo de pares en miseria moral y en propensión al crimen.

Guzmán era muy valiente a la hora de dar órdenes sanguinarias en medio de la neblina que lo rodeaba: una corte de anuentes crónicos y de asesinos con control remoto que decidía qué aldea debía ser arrasada, cuántos ingenieros y de qué proyecto debían morir esa quincena, cuántas vacas de engorde tenían que ser sacrificadas, qué comisaría era el mejor y más inerme blanco para sus hordas panchovillanas y a cuántos gobernadores también indefensos debía interrumpírseles el resuello con un tajo en la arteria carótida.

Muy valiente era la hiena con psoriasis en la cara y caracha polpotiana en lo poco de alma que podía quedarle.

Porque lo de Sendero no fue una insurrección a lo Vietcong –quién podría discutir la legitimidad de Ho Chi Minh y los suyos– ni una resistencia a la ocupación racista de la Francia que quiso robarse Argelia para siempre. No fue el no a la archipodrida monarquía alauita de Marruecos ni la respuesta de Hezbolá a los abusos terroristas del Estado de Israel.

Lo de Sendero surgió del cerebro de Guzmán como una guerra de liberación y terminó siendo la provocación cuyo único final es la solución fascista, el holocausto de la democracia. Fue como los Tupamaros uruguayos pero en dosis de caballo. Fue como lo de los Firmenich en Argentina pero en dimensiones bíblicas.

Fue la imitación sudamericana del modelo camboyano de Pol Pot, el que a su vez fue la interpretación de Mao bajo las bombas de napalm de los Estados Unidos derrotados.

Bombas de fósforo gelatinoso más marxismo hidrófobo: igual Pol Pot en 1975: el año cero de la historia, la abolición de la moneda corriente, el incendio de los registros públicos, el asesinato de los intelectuales y académicos, la quema de museos y bibliotecas, los dos millones de ajusticiados, la larga marcha de Yenán hacia los arrozales.

Pol Pot propuso el regreso a las cavernas para empezar desde allí una civilización que fuese siempre rural, que no se contaminase de industrialismo ni de consumo, ni de curiosidad ni de deseo. Guzmán quiso lo mismo para el Perú.

Su saña para con los programas de mejora de semillas, su salvajismo para volar la infraestructura que podía favorecer al campo, revelan a un Mao con taparrabos decidido a crear un paraíso de cazadores y recolectores donde la igualdad sería requisito y el terror actuase como aglutinante.

Y cuando los chinos se deshicieron doctrinariamente de Mao y empezaron las reformas que les permitieron salir de la trampa, este loco que se creía filósofo, este alcohólico de vino Queirolo, este Hegel de Cangallo, este resentido múltiple que soñaba con que todos sufrieran lo que su madrastra le obligó a rumiar, este retrasado mental del marxismo mutante, este Pol Pot que jamás pisó La Sorbona y que nunca combatió al enemigo, este Guzmán, en suma, colgó perros que debían recordar a Ten Siao Ping y se proclamó la cuarta espada de la revolución mundial.
Ni cuarta espada ni nada.

Sus escritos eran balbuceos pedestres y copiandanga de Sun Tzu. Su marxismo no llegaba a ser sanmarquino y carecía de sintaxis. Y sus aliados eran gentuza que venía directamente de las chusmas jacobinas soltando la carcajada a la hora de la guillotina.

Nunca antes habíamos visto tan temeraria a la ignorancia (“el Perú es un país feudal”); ni con tantas coartadas al homicidio en serie (“lo de Lucanamarca fue un exceso”); ni con tantas ínfulas al fanatismo autómata (las porristas de Sendero en Santa Mónica imitando el dancismo de Mao); ni tan amenazante al maniqueísmo; ni tan rufián el culto a la personalidad; ni tan cínicos a los salvadores que mataban a la gente que no quería ser salvada.

Y ahora este verdadero miserable, este hombre que fue sinónimo de muerte a traición y que tuvo la indignidad de traicionar su propia muerte a la hora señalada, pide que lo consideremos como un preso político y que terminemos de negociar con él la paz, primero, y, luego, la amnistía general.

O sea que este se cree guerrillero heroico, Che de Lucanamarca y Bolívar de Tarata. No, señor. Usted no fue un guerrillero enfrentado a un ejército. Usted logró exasperar a los moderados, arrinconarnos, y obtener su botín: que el ejército sospechara de todos y que igualara, en muchas ocasiones, sus infamias generalizadoras. Usted no fue un guerrillero resistente.

A usted le fascinaba mandar a matar en emboscadas donde la ventaja para los suyos era diez a uno y ordenaba, además, que si había niños de por medio a nadie le temblase la mano en el momento del dinamitazo.

Pero a usted sí le tembló la voz cuando su mujer hubo de protegerlo del muy pacífico Antonio Ketín Vidal. No sé qué reprocharle más: si su furia insensata, nutrida del leninismo universal, o su cobardía extrema, de manufactura estrictamente nacional. Que lo perdone su santa madre, señor Guzmán.

28 DE AGOSTO: TRES AÑOS DESPUES

El jueves 28 de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó al país y a los poderes del Estado su Informe Final, donde plasmó su visión sobre el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000, pero también nos brindó la oportunidad de reconocernos como una sociedad que tendrá que emprender tareas mayores que el mero crecimiento económico para ser un país desarrollado y en el que todos sus ciudadanos se reconozcan como sujetos de derechos.

La entrega del Informe Final de la CVR trajo consigo una serie de críticas, la mayoría de las cuales se basó en prejuicios y aceleradas defensas de intereses particulares.

Lo que, a mi modo de ver, vició el debate de fondo sobre lo señalado por la CVR, fue el hecho de que quienes se convirtieron en sus más descarnados críticos no leyeran (o pretendieran ignorar) el Informe Final. Y me atrevo a lanzar tal afirmación pues he podido leer el documento en su integridad y en ningún momento señala lo que la mayor parte de sus detractores indican que dice.

Hay quienes han especulado que el Informe Final favorece a Sendero Luminoso, pero tengo mis fundadas discrepancias en que así lo fuera. En efecto, en ninguna parte del IF se hace loa o alabanza alguna a dicha agrupación, considerada por la Comisión como principal responsable del proceso de violencia vivido en las dos últimas décadas del siglo. Para muestra de la visión que tuvo la CVR sobre Sendero, señalemos algunos párrafos del Informe Final:

“El Partido Comunista del Perú conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL) es una organización subversiva y terrorista que en mayo de 1980 desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad peruanos. A lo largo de ese conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió crímenes de extrema gravedad que configuran delitos de lesa humanidad y se constituyó en el principal culpable del alto número de víctimas producido. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha constatado que el PCP-SL fue responsable del 54% de las muertes y desapariciones que le fueron reportadas durante su investigación y, sobre la base de los cálculos realizados, estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por dicha organización asciende a 31, 331 personas”. (IF CVR, Tomo II, página 25).

“La CVR encuentra que la causa inmediata y decisiva para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú fue la libre decisión del PCP-SL de iniciar una denominada «guerra popular» contra el Estado, a contracorriente del sentir mayoritario de millones de peruanos y peruanas que, hacia fines de la década de 1970, canalizaban sus anhelos de transformación profunda de nuestra sociedad por otras vías como las organizaciones sociales (federaciones campesinas y sindicales, organizaciones barriales, de mujeres, de pequeños y medianos empresarios), las movilizaciones pacíficas y la constante participación electoral desde la reinstauración de la democracia en 1980. Para concretar sus planes el PCP-SL utilizó principalmente el espacio educativo, captando y adoctrinando pequeños núcleos de jóvenes a partir de los cuales buscó inflitrarse en los sectores rurales y urbanos discriminados o no representados por el sistema político. El PCP-SL buscó explotar así antiguas fallas históricas, que atraviesan el Estado y la sociedad peruana; y aprovechó los graves errores cometidos por los sucesivos gobiernos en la aplicación de una adecuada política contrasubversiva”. (IF CVR, Tomo VIII, página 25).

“La CVR considera que el PCP-SL sustentó su proyecto en una ideología de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y, por tanto, reñida con todo valor humanitario. El PCP-SL desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos.” (Conclusión General 16).

“La CVR ha determinado que, de acuerdo con su ideología, el PCP-SL adoptó una estrategia orientada a provocar de manera consciente y constante respuestas desproporcionadas por parte del Estado sin tener en cuenta el profundo sufrimiento que ello ocasionaba a la población por la que decía luchar”. (Conclusión General 18)

“La CVR encuentra asimismo un potencial genocida en proclamas del PCP-SL que llaman a “pagar la cuota de sangre” (1982), “inducir genocidio” (1985) y que anuncian que “el triunfo de la revolución costará un millón de muertos” (1988). Esto se conjuga con concepciones racistas y de superioridad sobre pueblos indígenas”. (Conclusión General 21)

“La CVR ha encontrado que el PCP-SL se aprovechó de ciertas instituciones del sistema educativo como principal cabecera de playa y que, a través de ellas, logró expandir su prédica y captar núcleos minoritarios de jóvenes de uno y otro sexo en diferentes partes del país. Si bien ofrecía a los jóvenes una utopía que les brindaba identidad totalizante, en el fondo los encerraba en una organización fundamentalista y opresora a través de cartas de sujeción a Abimael Guzmán Reinoso”. (Conclusión General 22).

¿Esta caracterización puede ser calificada como “pro senderista”? De su lectura, rápidamente se puede desprender que no.

Y aprovecho la oportunidad para rechazar la última maniobra que el abogado de Abimael Guzmán, principal responsable de esta tragedia nacional, intenta hacer, abogando falsamente por la “reconciliación nacional”. Aprovechando los intereses de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y del fujimorismo por no ir a la cárcel por la comisión de crímenes de lesa humanidad, Guzmán, por la boca de su abogado, plantea lo que consideramos una aberración injustificable y una falta de respeto a las 69,280 víctimas del conflicto: una amnistía general.

Ninguna reconciliación puede basarse en el perdón de los hechos ocurridos. La propia CVR desalienta este tipo de iniciativas por considerarlas agraviantes para la Nación y para las víctimas de la violencia en particular. Sobre este tema, la Comisión señaló lo siguiente:

“En cuanto a “la solución política y la democratización de la sociedad,” conviene señalar que ambos temas se vinculan estrechamente. El PCP-SL pide una solución política y no militar para enfrentar su derrota en el proceso de la reconciliación nacional. Sin embargo, el PCP-SL no plantea que, para la solución que propone, se requiera la renuncia absoluta a la violencia y la lucha armada como instrumentos de la acción política. La verdadera solución política al conflicto no es la que propone una “amnistía política” de los presos que participaron en el conflicto. Mientras que el PCP-SL no haga un reconocimiento público de su renuncia a la violencia como método de su accionar político, está manifestando que su propuesta de reconciliación no está fundada en el interés de la sociedad y de la nación, sino que sigue anclada en sus intereses de grupo. El PCP-SL ha convertido a la violencia y el terror en parte indesligable de su existencia, y por ello la renuncia que se exigiría a dichos métodos significaría en el fondo solicitarle al PCP-SL que se niegue a sí mismo. Hay que distinguir, sin embargo, entre la organización misma y sus militantes, los cuales, una vez que hayan pagado su deuda con la justicia – si ése fuere el caso – podrán, como cualquier ciudadano, hallarse expeditos para ejercer sus derechos dentro de una sociedad que encuentra que la política es incompatible con la violencia. En relación al “proceso de democratización de la sociedad,” él sólo se dará en la medida en que todas las fuerzas políticas y democráticas del país asuman la tarea de fortalecer la democracia sin recurrir a la violencia. Será en función de la democratización, y por ella, que podrá darse el auténtico proceso de reconciliación y solucionarse el conflicto armado con los remanentes del senderismo que todavía existen en el Perú. El PCP-SL se ha puesto fuera de la ley y de la construcción democrática del país. (IF CVR, Tomo IX, página 44 y 45).

Otros han enfatizado en un supuesto sesgo antimilitar y de equiparación de responsabilidades entre Sendero y las Fuerzas Armadas. Para quien lea la Conclusión General 12, sobre la causa inmediata del conflicto armado interno, achacada a Sendero Luminoso, este argumento ya podría parecerle, por lo menos, susceptible de sospecha. Pero los siguientes párrafos demuestran a quien no ha leído el IF la falacia del argumento:

“La CVR señala que las fuerzas policiales tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos y reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia. Asimismo, rinde su más sentido homenaje al más de un millar de valerosos miembros de las fuerzas del orden que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber“. (Conclusión General 39)

“La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber“. (Conclusión General 53).

Sin embargo, el reconocimiento de la heroicidad de las Fuerzas Armadas no puede llevar a ocultar sucesos dolorosos, muchos de los cuales fueron oportunamente denunciados por la prensa independiente.

“Frente a un desafío tan desmesurado, era deber del Estado y sus agentes defender a la población —su fin supremo— con las armas de la ley. Debe quedar claro que el orden que respaldan y reclaman los pueblos democráticos no es el de los campos de concentración, sino aquél que asegura el derecho a la vida y la dignidad de todos. No lo entendieron así los encargados de defender ese orden. En el curso de nuestras investigaciones, y teniendo a mano las normas de derecho internacional que regulan la vida civilizada de las naciones, hemos llegado a la convicción de que, en ciertos periodos y lugares, las fuerzas armadas incurrieron en una práctica sistemática o generalizada de violaciones de derechos humanos y que existen fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad, así como infracciones al derecho internacional humanitario.

Como peruanos, nos sentimos abochornados por decir esto, pero es la verdad y tenemos la obligación de hacerla conocer. Durante años, las fuerzas del orden olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la persona y adoptaron una estrategia de atropello masivo de los derechos de los peruanos, incluyendo el derecho a la vida. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, masacres, violencia sexual contra las mujeres y otros delitos igualmente condenables conforman, por su carácter recurrente y por su amplia difusión, un patrón de violaciones de los derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer para subsanar”. (IF CVR, Prefacio)

¿La CVR llegó a esta conclusión por mero ánimo anti militar? No. Los muertos están allí para desmentir a quienes quieren dejar de ver la existencia de estos malos oficiales, que no deben confundirse con los héroes que las instituciones castrenses y la Policía Nacional legaron durante este conflicto. Justamente, sí se quiere rescatar la memoria de aquellos que ofrendaron su vida, quienes no cumplieron con su deber deben ser castigados y separados de la institución. Por lo demás, dichas violaciones de los derechos humanos retrasaron la derrota de Sendero, pues con ello se perdía el respaldo de la población andina, que se encontró durante varios años entre dos fuegos.

Podríamos seguir desmenuzando críticas, pero, básicamente, lo que ellas pretenden es ignorar responsabilidades y reconocimientos de culpa. Los partidos políticos (desde la izquierda radical hasta la derecha), los gobiernos de turno, los gremios sindicales y empresariales y algunos malos elementos del clero católico y de los pastores evangélicos rechazan el Informe porque recuerda aquello que hicieron mal o dejaron de hacer durante los años en que el conflicto se ensañó con los más pobres, olvidados y marginados de la sociedad.

Y esa es la principal tragedia del país: la exclusión. Existió una notoria relación entre la situación de pobreza y exclusión social y la posibilidad de ser víctima de la violencia. El número de víctimas fue más alto del que se había señalado hasta ese momento pues muchos peruanos carecían del documento de identidad o partida de nacimiento, o su muerte no era registrada ni siquiera por los periódicos de provincias. Sin llegar a ser un conflicto étnico, es claro que la población campesina y quechuahablante fue la principal víctima del conflicto, no sólo por la vesanía con la que Sendero y el MRTA se comportaron durante esos años, sino también por la incapacidad del Estado como garante de un orden democrático y de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Ausencia del Estado, sentida en una educación de baja calidad, donde Sendero aprovechó dichas falencias para propagar una ideología fundamentalista y una cultura de la muerte, reñida con la democracia y que no aceptaba ninguna contradicción.

Ausencia de un Estado incapaz de realizar una verdadera política contrasubversiva que controlara los posibles excesos y violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, de procesar tanto a subversivos como a militares que vulneraban los derechos de la población, que no distinguía entre inocentes y culpables, que fue incapaz de mantener la democracia a partir de 1992.

El Presidente Alan García hizo referencia, en su primer mensaje de su segundo periodo, al deber que todos los ciudadanos tenemos con el país. ¿Y no es nuestro primer deber defender la democracia y el Estado de derecho? Sin embargo, con el pretexto del orden y la seguridad – y sin que dicha decisión gravitara en el desenlace del conflicto – se dio un golpe de Estado, aplaudido por la población, como si la democracia y el orden dependieran de una mano fuerte, de una autoridad parecida a las monarquías despóticas y como sí los muertos fueran un costo a pagar por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas. Debemos reconocer que como sociedad no cumplimos con nuestro deber.

Ahora el deber viene en forma del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Estado ya tiene el marco legal para comenzar a reparar a las víctimas de la violencia: deberá comenzarlo a aplicar de una vez, considerando que la reparación no es un programa social más, sino una forma de reconocer al afectado y a su familia como ciudadanos de este país. Es necesario acelerar los procesos judiciales, para dilucidar culpas y zanjar el tema de las responsabilidades penales. Pero, además de todo ello, será necesario emprender aquellas reformas institucionales necesarias para mejorar la relación entre el Estado y la sociedad, en particular en aquellas instituciones cuya actuación de aquellos años dejó en claro que necesitaban un cambio profundo para poder funcionar: la educación pública, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia.

El deber de los peruanos de a pie no se limita que todos los 28 de agosto recordemos a nuestros muertos y lo ocurrido durante aquellos años, sino a leer con atención y sin prejuicio lo indicado por la CVR, así como a contribuir que la cultura de la muerte y la exclusión, que larvó a Sendero Luminoso, quede para siempre desterrada de nuestra forma de vida como sociedad y como individuos. Solo así podremos evitar que aquellos dolorosos 20 años del conflicto más intenso, extenso y prolongado de nuestra historia, se vuelva a repetir.

ENLACES:
Informe Final de la CVR.
Salomón Lerner Febres: “Es totalmente cínico el pedido de Guzmán”.
Enrique Bernales: Hay atrasos preocupantes sobre las recomendaciones de la CVR.
Mercedes Cabanillas y Carlos Tapia rechazan la amnistía.
Ideele Radio: Balance de lo avanzado.

KENJI NO PUEDE POSTULAR

Carlos Raffo parece creer que ha heredado las “artes psicosociales” del socio de su jefe, Vladimiro Montesinos. Pues otra cosa no puede explicar la postulación de Kenji Fujimori, hijo menor del ex dictador, para la Región Lima (conformada por todas las provincias del departamento, con excepción de Lima Metropolitana).

Pues bien, ya se instaló un “mini debate” sobre las capacidades profesionales y mentales del menor del shogunato para postular a un cargo tan importante.

Sin embargo, el debate debiera ser otro: ¿Puede Kenji Fujimori postular a la Presidencia de la Región Lima, de acuerdo a lo que señala la Ley? Todos se han fijado sí el muchacho tiene o no juicios pendientes o no, pero hay algo que sí le impediría su candidatura.

La Ley de Elecciones Regionales, en su artículo 13°, señala lo siguiente:

Artículo 13°.- Requisitos para ser candidato
Para ser candidato a cualesquiera de los cargos de autoridad regional se requiere:
1.- Ser peruano, nacido o con residencia efectiva en la región en la que postula con un mínimo de tres años;
2.- Ser mayor de edad. Para Presidente y Vicepresidente ser mayor de 25 años;
3.- Gozar del derecho de sufragio; y,
4.- Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el departamento
.

Que sepamos:
– Kenji Fujimori nació en la ciudad de Lima
– Vive en San Borja, con su madre y no tiene residencia efectiva en la región (porque no vive permanentemente en “Pampa Bonita”, el fundo de su madre en Huacho).
– No está inscrito en el RENIEC en otra provincia, pues vota en la ciudad de Lima.

Así, que ojo con esto. Al Jurado Nacional de Elecciones no se le puede escapar esta infracción a la ley electoral. Vayan preparando las tachas.

ENLACES:
Agencia Perú.com: Kenji hacía lo que quería cuando era el “hijo del Presidente”.
Lourdes Flores: Es una improvisación.

(Foto: Agencia Perú.com)

DOBLE RASERO

En los últimos días, una de las noticias más importantes ha sido la acusación fiscal contra Ollanta Humala por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en 1992, cuando comandaba la base militar de Madre Mía, en el departamento de Huánuco.

¿Qué quiere decir esto? Que existen los elementos suficientes para llevar a Ollanta Humala a un proceso judicial por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas en las localidades cercanas a la base de Madre Mía, las cuales fueron denunciadas tanto en 1992 ante la Cruz Roja Internacional como durante la campaña electoral.

Sin duda, el caso de Humala suscita el interés periodístico, dado que fue quien ocupó el segundo lugar en las elecciones y, paradójicamente, tuvo altas votaciones en los lugares dónde el conflicto armado interno fue más intenso. Esto hace que el proceso judicial que se inicie en los próximos días cobre una importancia significativa, más aún si uno de los testigos del caso se ha retractado recientemente, aunque con una sospechosa compra de una motocicleta de por medio.

Pero este caso también nos permite confirmar el doble rasero con el que algunos medios de comunicación y parte del público en general trata el tema del pasado reciente de violencia ocurrido en nuestro país.

Resulta francamente curioso que periodistas como Alamo Pérez Luna y Jaime Bayly, de quienes no se recuerda un pronunciamiento en favor de los derechos humanos en el Perú durante su larga trayectoria, fueran dos de los abanderados de la denuncia contra Humala. Más en el caso de Pérez Luna, conocido por hacer los reportajes favoritos del Servicio de Inteligencia Nacional en la fenecida “La Revista Dominical”, así como la entrevista de los siameses Fujimori y Montesinos.

Pero resulta aún más paradójico y bochornoso que diarios como Expreso y Correo fueran quienes den mayor cobertura a este caso. Ambos diarios sí dan credibilidad a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuando se trata de las denuncias contra el ex candidato presidencial de UPP. Sin embargo, son los mayores azuzadores de las campañas mediáticas contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos (acusándolas de pro – terroristas e incluso pretendiendo sostener que interfieren con la independencia del Poder Judicial) y contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lanzando una serie de acusaciones y comentarios ya comunes y que oportunamente hemos deslindado desde esta tribuna.

Los mismos diarios que aplauden a Rolando Souza o a Luis Iberico cuando proponen comisiones de indulto para los militares que violaron derechos humanos durante la lucha contra el flagelo subversivo son los mismos que darían cadena perpetua a Humala por cometer exactamente los mismos actos que intentan tapar con su línea editorial. ¿En que quedamos?

No se entienda esta columna como una defensa de Ollanta Humala. Por el contrario, uno de los motivos por los que no voté por el comandante fue justamente por estas denuncias que, en efecto, se encuentran bien documentadas. Pero sí sirve para poner en claro que algunos medios de comunicación, que la pegan de modernos en economía y saltan cada vez que se quiere mover el modelo económico, tienen un doble standard cuando se trata de la vida de sus compatriotas. Parece que sus directores bien podrían ser protagonistas de “Esta Sociedad” o de los peores momentos de “La Boca del Lobo”.