PASANDO REVISTA CON NELSON MANRIQUE

Anoche en La Mula entrevistamos a Nelson Manrique, historiador y columnista de La República. Conversamos con él acerca del rumbo actual del gobierno y los conflictos sociales en Cajamarca y Espinar. Manrique no solo comentó desde su perspectiva de observador de la coyuntura, sino también brindó algunos datos históricos en su análisis.

Aquí la entrevista completa.

(Foto: La República)

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TEORIAS DE LA CONSPIRACION Y POLITICA PERUANA

Las historias contadas en términos de buenos y malos seducen a muchos. Más allá del morbo, esa sea la causa por la cual una historia como la de Rosario Ponce y Ciro Castillo sigue generando titulares y cierto interés. Y en el plano político, también allí está la insistencia en solicitar declaraciones a don Isaac Humala para que se enfrente a su hijo, el Presidente de la República.

¿A qué se debe ello? Probablemente, en que buscamos explicaciones sencillas a los problemas complicados. O, también, a que queremos una versión que nos confirme en absoluto nuestras visiones del mundo, con todo lo que conlleva. Y claro, a que las historias que tienen un héroe, un villano y una explicación fácil – aunque absolutamente rebatible – tienen atractivo vendedor.  En ese sentido, va la columna de hoy de Roberto Bustamante en Spacio Libre:

Umberto Eco llama la atención sobre esta forma de pensar. Manifiesta que las teorías de la conspiración ejercen una particular sensualidad en las personas. Mucho mejor que pensar en complejas explicaciones sociológicas de la realidad (el famoso análisis concreto de la realidad concreta), más tentador es pensar en gente que desde la oscuridad vienen tramando imbricados planes para dominar a las personas. Luego del desencanto de la modernidad, con todas sus metodologías e hipótesis y sistemas de falsación, las teorías de la conspiración se volvieron un refugio para la afiebrada mente del aspirante a Sherlock Holmes. Las pistas, hay que recolectar las pistas, piensa el asiduo de estas teorías.

Otro aspecto de las teorías de la conspiración, dice Eco, es que no dicen nada nuevo nunca. Todos los libros que cada año se escriben sobre los protocolos de Sión, por ejemplo, repiten cosas que ya se han escrito, presentando como nuevas evidencias, hechos que no son comparables ni testeables por nadie. Nuestro asiduo a las conspiraciones, dará por cierto que la CIA está detrás de todo porque así se ha dicho antes y porque no hay otra forma que no lo sea.

La situación se hace aún más compleja cuando hablamos de conflictos sociales o campañas electorales. En la última elección presidencial vimos varias expresiones de este pensamiento conspirativo. La máxima expresión de ello fue la construcción de un Humala monstruoso, chavista, que incluso iba a capturar a los niños de las familias ricas del Perú y convertir a la Universidad de Lima en la Universidad Nacional de Lima. Aunque ahora nos cause broma (como la achuntó bien Tafur, los temores con Humala en realidad se vinculaban a su posible mediocridad como gobernante) muchas de estas cosas se decían hace apenas un año. Y varios de las que las enunciaban, hoy son sus más entusiastas cheerleaders.

Pero no es solo patrimonio de la derecha este tipo de pensamiento. La idea de un “Humala capturado por los poderes fácticos” al que hay que rescatar, enunciada en varios artículos por Sinesio López, también tiene como base una teoría conspirativa: la existencia de un gran guiñol de la derecha al que debe derrotarse. Pero como señala Eduardo Dargent:

Atahualpa Humala parece estar muy a gusto jugando ajedrez con los empresarios Pizarro como para hablar de capturas y rescates. Hay algo en ese espacio que es cómodo para los políticos y que no se explica solo por presiones o influencias. Pero los grupos económicos son sin duda un primer factor clave.

De hecho, el columnista de Diario 16 presentó explicaciones complementarias como la existencia de una tecnocracia de derecha que tiene experiencia en gestión pública – que no tiene aún la izquierda peruana – así como de un electorado que, en general, busca cambios moderados y está lejos de buscar radicalismos de un lado y de otro. Y resulta más fácil que el gobierno se vaya a la derecha cuando no hay un partido que sea capaz de sujetarlo a sus promesas iniciales o, como en el caso de Humala, siquiera a algunas de las reformas moderadas de la Hoja de Ruta.

Claro, es más fácil explicar todo esto con la teoría de un Ollanta Humala al que hay que “devolver al redil” cuando nunca tuvo una identificación ideológica profunda. Y los defensores del gobierno – sobre todo en redes sociales – también apelan al gran guiñol mediático como responsable de cualquier crítica a las actuaciones y silencios de Humala.

Lo mismo ocurre en torno a los conflictos sociales teniendo como base, tanto desde izquierdas como desde las derechas el mito del “buen salvaje”. Desde los sectores zurdos se habla siempre de las grandes banderas a proteger frente a “evil corporations”, sin tener en cuenta los posibles intereses políticos y hasta económicos de algunos actores, mientras que desde la derecha, como señala Bustamante, se habla de manipulación de los sectores rurales, quienes no pueden protestar por sí mismos. En ambos casos, creo yo, ocurre que:

Explicaciones más complejas y técnicas sobre la institucionalidad entre empresa, estado y población local, por supuesto suenan más aburridas y menos atractivas, frente a la posibilidad que haya una mente maestra que lo esté orquestando todo.

A mucho de ello asistiremos esta semana, cuando veamos a los sectores pro Conga acusando a los anti Conga de ser pagados por ong’s transnacionales que lo único que quieren es evitar que haya minería. Como, del otro lado, la conspiranoia vendría por averiguar si Yanacocha solventó la marcha de ayer a favor de la minería en Cajamarca. Todo ello en lugar de ver el complejo tramado que se ha generado a favor y en contra de la referida empresa, con participación de todos los actores involucrados.

Mientras, en el diario de su preferencia, podrá tener explicaciones como éstas:

Al parecer, unos rojos se infiltraron entre aquellos que recogían firmas para la revocatoria de Villarán y habrían llenado algunos planillones con firmas falsas para desprestigiar el proceso. Mañas no les falta.

La realidad no es tan binaria como parece.

MIENTRAS, EN ESPINAR:

Lo que ocurrió ayer vía La República

Alcaldes distritales de Espinar piden diálogo con el gobierno

Alcalde provincial de Espinar saldrá de la clandestinidad

Dos estudios sobre antecedentes de conflictividad minera en Espinar: Francisco Durand y José de Echave

EL COMANDANTE Y ESPINAR

Anoche el gobierno decidió declarar el estado de emergencia en Espinar, provincia de la región Cusco. Ello luego de que las protestas que desde hace una semana se producen en la zona cobraran el saldo de 2 civiles muertos aparentemente por heridas de bala (otras versiones hablan de 4 fallecidos), varios heridos (tanto policías como ciudadanos) y el secuestro por horas del fiscal provincial de la zona. A ello se suma la destrucción de propiedad privada.

Para variar, el Estado reacciona luego que se han producido ya fallecidos y luego que, el viernes último, el Presidente de la República acusara de radicales a quienes salieron a protestar. Cualquier parecido con los gobiernos anteriores no es mera coincidencia.

Como aquí procuramos analizar más allá de las posiciones que buscan satanizar a la empresa o a quienes se manifiestan, resulta necesario explorar cuales son las razones del conflicto en frío. Aquí van las que consideramos importantes.

1. LAS DEMANDAS MAS VISIBLES: Dos han sido los puntos de protesta más visibles. El primero de ellos, enunciado por dirigentes de Espinar, se refiere a la acusación hecha contra la empresa suiza Xtrata de no cumplir con los compromisos de empleo a favor de los ciudadanos de la zona ni con estándares ambientales. Aquí el video de El 11 Informa:

El segundo punto en disputa es el incremento del aporte voluntario dado por la empresa minera a Espinar. Xtrata da a las comunidades un 3% de utilidades antes de impuestos. Desde la Municipalidad Provincial de Espinar se solicita que este aporte se incremente a 30%. Como indica un informe de Ricardo Uceda para Poder, los detractores del alcalde Oscar Mollehuanca señalan que dicho pedido, además de desmesurado, no se condice con el pobre nivel de ejecución de gasto del municipio.

2. EL CONTEXTO REGIONAL: Como señala la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, estos dos puntos deben ubicarse en un panorama mayor.  Y es que en 2003, BHP Billinton, la empresa que explotaba Tintaya – la mina que está en Espinar – suscribió un Convenio Marco con las comunidades de la zona, en la que se comprometía a una serie de acciones de responsabilidad social y de buenas relaciones con los ciudadanos. En 2006, Xtrata pasa a operar el yacimiento y, luego de 6 años, se acusa a la empresa de incumplir con varios de estos compromisos, así como de contaminación ambiental.  La compañía señala que sí ha cumplido con los compromisos, pero que está dispuesta a dialogar. Claro, esta declaración la dan luego de varios días de silencio.

Frente a ello, la Vicaría ha señalado tanto la necesidad de suscribir un nuevo convenio marco, esta vez con Xtrata, así como de realizar peritajes independientes en materia ambiental, que determinen si existen niveles de afectación de la salud de los ciudadanos de Espinar, así como al ecosistema.

Para muchos resulta curioso que esto ocurra en una zona que, durante varios años, fue vista como sinónimo de buenas relaciones entre la empresa minera y las comunidades. Aunque ya en diciembre del año pasado, La República señalaba algunas dificultades:

El caso de la empresa Xtrata Tintaya es también destacable. Desde el 2003 entrega el 3% de sus utilidades para obras en la provincia de Espinar, en el Cusco. Hasta el 2010 entregó 140 millones de soles para ejecutar 633 proyectos, entre los cuales está la construcción de un hospital. Este acuerdo, sin embargo, no está exento de reclamos. El Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar la denunció por contaminación ambiental y reclama un aumento de su aporte.

Tal vez la explicación más certera sobre el cambio en la relación se genere, además de los reclamos, en lo que señala la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani sobre la percepción de un sector de ciudadanos que percibían preferencias de Xtrata hacia un grupo de pobladores de Espinar. Ya en el plano más coyuntural, habría que poner atención a lo precisado hoy por José López Follegati para La República:

La posición inicial del alcalde Óscar Mollohuanca de demandar un aumento en la participación de las utilidades para mejorar el convenio marco y de hacer que estos fondos sean manejados por una entidad independiente y no por la Fundación Tintaya, además de mejorar el monitoreo ambiental, han sido propuestas al inicio razonables considerando que el proyecto Xstrata va a crecer con Antapacay y posiblemente con Korohuayco.

Pedir el aumento es correcto, pero pedir 30% fue demasiado; también fue incorrecta la réplica de la empresa al decir que no aceptará aumento económico. Fue un error no aceptar negociar hace dos meses cuando aún no había conflicto. Hoy Mollohuanca ha sido capturado por una agenda imposible de manejar, como la del dirigente Herbert Huamán, que ya no quiere ni siquiera mejorar el convenio marco sino cerrar la mina engañando a una población que cree que esa es la solución.

3. EL PROBLEMA NACIONAL: Ahora volvamos al panorama nacional. Al igual que en el caso Conga, lo que demuestra el conflicto en Espinar es que el gobierno no tiene en la agenda inmediata los cambios necesarios en la normativa ambiental y para enfrentar la conflictividad social. Puntos que están enunciados hace años, como recuerda Ernesto de la Jara:

Sin ser un experto en el tema, más que propiciar enfrentamientos lo que se debería hacer es buscar alianzas en torno a puntos básicos como los siguientes: 1) Hacer un ordenamiento territorial para saber dónde puede haber industrias extractivas y dónde es mejor preservar tal cual el medio ambiente o priorizar actividades agropecuarias. 2) Establecer estándares medioambientales racionales. 3) Asumir todas las consecuencias que se derivan del hecho de que el Estado es el dueño del subsuelo; pero los pueblos indígenas, del suelo, desde tiempos inmemoriables. 4) Convocar a una instancia independiente para que realice los estudios de impacto social y ambiental. 5) Respetar el derecho de consulta de los pueblos indígenas de acuerdo –ni más ni menos– al Convenio Nº 165 de la OIT. 6) Crear una vía institucional encargada de prevenir y resolver los conflictos a fin de terminar con las mesas de negociación ad hoc. 7) Mostrar transparencia en la información. 8 Aceptar que no es cuento que somos un país pluricultural y que jurídicamente es obligatorio respetar esa diversidad. 9) Precisar claramente y de acuerdo a ley las competencias de los gobiernos centrales, regionales y locales. 10) Pactar y cumplir el derecho que tiene la población afectada a tener un beneficio directo, así como indemnizaciones sobre riesgos. 11) Investigación y sanción penal en caso de delitos, tanto para quienes incurren en actos de violencia durante las protestas sociales como para las empresas y funcionarios públicos que cometen actos de corrupción para lograr beneficios estatales. 12) Establecer formas adecuadas y proporcionales para responder a protestas sociales, de tal manera que se impida los actos de violencia como las muertes y los heridos entre la población civil y uniformada. 13) Asumir que esto va más allá de unos cuantos casos y que, por tanto, se requiere urgentemente un diagnóstico adecuado (no ideológico) que permita una propuesta global. 14) Asumir un cambio de mentalidad que genere una nueva relación entre Estado, empresa, pueblos indígenas, población local y opinión pública para terminar con la desconfianza entre todos. Ni todas las empresas son malas, ni el Estado siempre es unilateral o cómplice, ni la población actúa necesariamente por motivaciones oscuras.

Desafortunadamente, esta agenda resulta difícil de plantear con un Presidente del Consejo de Ministros poco proclive al diálogo y un gobierno que no ha sabido equilibrar las necesarias señales a los inversionistas que estaban asustados con que sus inversiones se afectaran con las expectativas de muchos ciudadanos que esperaban una relación distinta en el manejo de este tipo de conflictos.

Al carecer de un juego político amplio y de operadores en el sentido estricto de la palabra, priman tanto quienes propugnan el “meta bala” como única solución ante los conflictos sociales como quienes interpretan que “hacer caso al pueblo” significa mandar al diablo a todo tipo de inversión privada.

4. ¿EL FACTOR ARANA?: Como el alcalde Mollehuanca pertenece al movimiento liderado por Marco Arana, inmediatamente han surgido las versiones que buscan vincular al lider de Tierra y Libertad con estas protestas, señalando que se busca generar un “efecto pinza” antiminero tanto en el norte como en el sur del país.

No se puede dejar de lado que desde esta agrupación se tiene una visión que busca priorizar otras actividades (agricultura, turismo, etc.) antes que a la minería. Nosotros discrepamos de este punto de vista, pues consideramos que todas las actividades económicas deben integrarse en planes de desarrollo que las hagan conjugar en la medida de lo posible. Sin embargo, creemos que poco contribuye a entender lo que ocurre en estos conflictos sociales tanto la satanización como la sobreestimación de la fuerza de esta agrupación política.

Como señaló hace algunos años Carlos Meléndez, en relación con el Humala opositor:

Segundo, no existe tal actor social o político organizado y poderoso que esté detrás de generar un clima de desgobierno (como lo fue el MAS en Bolivia). Son –y voy a insistir en esto—operadores políticos con discursos radicales pero aislados, producto de una política fragmentada y abandonada por los partidos. Patria Roja tiene importancia secundaria, a mi parecer, pues su alcance y legitimidad no convocan multitudes.

De hecho, como señaló Santiago Pedraglio, dentro del propio espectro de izquierda existen posiciones distintas sobre los recursos mineros: una posición enfatiza más en el tema de la renta y otra en el tema del medio ambiente. Arana está más cercano a esta última posición. Estos matices deben distinguirse para apreciar mejor el fenómeno y los distintos intereses en juego.

5. EL MAL MANEJO POLICIAL DE ESTAS SITUACIONES: Finalmente, cabe insistir que mantener el orden en protestas sociales puede hacerse de otra manera. Hace algunos meses, señalaba Carlos Basombrío:

armas no letales y de última generación (altísima disuasión + protección de vida de manifestantes y policías) es lo que debe usarse en protestas sociales. Hemos regresado a la época de las cavernas en la que o se permite que los manifestantes hagan destrozos o se los mata. Falsa disyuntiva. Ni una ni otra. A diferencia de antes, hoy el dinero existe.

Pero lamentablemente, la voluntad no está presente en el gobierno, en este y en otros temas. Un mundo sin conflictos es imposible, el tema es saber como manejarlos. Y hasta ahora, Humala anda tan despistado como sus antecesores.

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THINK TANKS PARTIDARIOS

En varias partes del mundo, no es difícil encontrar centros de producción de conocimiento y generación de políticas públicas vinculados a los partidos políticos. Solo en América Latina, países tan disímiles como Chile y El Salvador tienen think tanks partidarios que generan cuadros calificados para las tareas de gobierno y elaboran propuestas más allá de las promesas electorales.

¿Cómo vamos por casa? En 2009, Martin Tanaka, Sofía Vera y Rodrigo Barrenechea elaboraron para IDEA International un estudio denominado “Think tanks y partidos políticos en el Perú: precariedad institucional y redes informales”. Dicho trabajo indica que las únicas entidades cercanas a la tarea antes descrita eran el Instituto de Gobierno de la USMP y el Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, instituciones vinculadas a los líderes del APRA y del PPC, respectivamente.

De acuerdo con esta investigación, el Instituto de Gobierno se concentraba – y hasta hoy ocurre así – en la formación de cuadros antes que en la producción de conocimiento, mientras que el IPESM ensayó ciertas propuestas de política pública pero tuvo un perfil más bajo desde la derrota electoral de 2006. Esta situación los alejaba del ideal arriba planteado.

¿Por qué incido en estos datos? En las últimas semanas se ha conocido que Keiko Fujimori y PPK abrirán sus propios institutos de investigación sobre políticas públicas. A estos anuncios se suma el Centro Global para la Democracia y el Desarrollo presidido por Alejandro Toledo, concentrado en la formulación de algunas líneas generales de política pública respaldadas por varios ex presidentes latinoamericanos. Mientras que Luis Castañeda Lossio aparece en la plana docente de la universidad del congresista José Luna Gálvez.

Resulta sintomático que sean pre candidatos presidenciales quienes impulsen estos esfuerzos. Como me indicó Barrenechea por vía electrónica, estos centros e institutos les “permiten mantener presencia pública hasta la próxima elección y le dan otro estatus a sus intervenciones”.

Carlos León Moya, politólogo consultado sobre este tema, me indicó que existe la necesidad de capacitar cuadros partidarios, dado que se requiere una mayor especialización, sobre todo, para futuros funcionarios públicos. A ello sumemos el requerimiento de ingresos fijos y transparentes para líderes políticos que buscan suceder a Ollanta Humala. Solo el tiempo dirá si se cumplirán estos objetivos y si estos espacios producirán conocimiento aplicado a políticas públicas.

Finalmente, el partido de gobierno no está promoviendo un think tank asociado a su estructura. Tal vez porque el resultado final de la asociación con Ciudadanos Por el Cambio no fue lo fructífera que Humala esperaba. O porque desde Palacio se acogen al añejo lema de Luis Bedoya Reyes “los técnicos se alquilan”. Como me precisó Barrenechea, para que la relación entre estos centros y los partidos pueda cuajar es necesario que estos últimos tengan continuidad. Y la pareja presidencial no está interesada en que el Partido Nacionalista Peruano se consolide más allá de sus propias figuras.

(Columna publicada en El Comercio el 25.05.2012)

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Revisen este libro editado por Enrique Mendizabal y Norma Correa para el CIES sobre la relación entre investigación y políticas públicas

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CONGA: ¿ES POSIBLE UNA TERCERA VIA?

Hace algunos meses, cuando aún no se había difundido el resultado del peritaje al proyecto Conga, Ernesto de la Jara planteó algunas pauta para una tercera vía en este conflicto social, más allá de las posiciones “va” o “no va”:

Nuevamente tendrá que decidirse si el proyecto se impone a mano militar o si se vuelve a fojas cero para buscar una salida pacífica y dialogada. Ojalá que sea lo segundo. Y ya se tendría más claro qué pasos seguiría. Total transparencia en la información para poder hacer una valorización objetiva —a corto, mediano y largo plazo—– de todo lo que se ganaría y todo lo que se perdería con la ejecución del proyecto.

Sería importante, también, comparar estándares medioambientales con los que el Perú cuenta para la explotación minera. Y si está por debajo de los que rigen en otros países similares, habría que nivelarlos. La empresa Newmont debería estar obligada a cumplir los mismos estándares que le exige su país de origen u otros sitios donde trabaja (nunca por debajo), y debería tener la obligación de responder ante la justicia nacional y la de su país.

A partir de lo anterior, debe haber un proceso de consulta, organizado por el Estado (tal como lo prevé la Ley de Consulta), para ver si la población está a favor (como dice la empresa) o en contra. La decisión no es legalmente vinculante (solo lo sería si se demuestra que habría un desplazamiento de la población o se pusiera en riesgo su sobrevivencia), pero de hecho constituirá un criterio importante para tomar la decisión definitiva.

Si el proyecto prosperara, las empresas deberán aceptar el derecho de la población afectada de participar del beneficio que se obtenga, tal como se establece en algunas sentencias de la Corte Interamericana, y fijar indemnizaciones en caso se produzcan perjuicios ambientales o sociales no previstos.

En todo este proceso, las empresas a cargo del proyecto deberán dejar de lado toda actitud que pueda ser interpretada como una continuación de la prepotencia y el abuso. Asimismo, la población deberá estar dispuesta a tener una actitud más flexible, que dependa solo de los datos de la realidad, y a desterrar todo acto de violencia.

En estas semanas, posteriores al anuncio presidencial de “Conga va con condiciones”, las cosas no se han movido mucho. Vienen dos protestas: un paro regional indefinido desde el 31 de mayo y, en respuesta, dos días antes, habrá una marcha de los cajamarquinos que respaldan el proyecto. A la par, Gregorio Santos comienza a mover sus fichas hacia un proyecto político propio, en el que tenga el apoyo de la izquierda nacional.

El gobierno, hasta el momento, tampoco ha impulsado cambios de fondo en el esquema minero – ambiental, paralizado por sus propias crisis y con un Valdés cada día más precario como Presidente del Consejo de Ministros. Mientras que la empresa, más allá de sus indefiniciones sobre este proyecto, no ha dado un mensaje claro sobre si impulsarán las inversiones sugeridas por los peritos y si aceptarán las condiciones solicitadas por Humala.

¿Por qué el gobierno terminó en esta situación? Más allá de situaciones coyunturales, creo yo que ocurrió lo que cuenta David Rivera en el editorial de la edición de mayo de Poder:

Un amigo cercano dedicado por muchos años a la actividad minera me comentó que no entendía por qué el gobierno había decidido comprarse un pleito tan difícil y en realidad indefendible (por la reputación de la empresa detrás), que si Conga no iba en realidad podía terminar resultando hasta entendible, tal como ocurrió con Quilish. Mi lectura de este punto es que en el momento político en el que el presidente Humala apuesta por Conga, el empresariado no había terminado de convencerse de su ‘transformación’ y todavía necesitaba mandar señales de su apoyo a la inversión privada.

El problema es que el gobierno no supo trabajar políticamente este paso. No se explicó en Cajamarca porque ocurrió este paso, no midió que Yanacocha tiene anticuerpos incluso entre gente que no es de izquierda y, con los cambios ministeriales de diciembre, perdió capacidad de maniobra. De otro lado, tampoco comprendió que los primeros convencidos debían ser los miembros de la alianza que lo acompañó en las elecciones pasadas, algunos de los cuales aún conservaban la idea que era el proyecto original el que debía aplicarse.

Paradójicamente, desde el sector que fue expulsado del gobierno, le mandan un salvavidas. Esta semana, Ciudadanos por el Cambio emitió un comunicado extenso sobre este tema, con algunas propuestas razonables y pidiendo a ambas partes que depongan sus protestas. Aquí algunos de los puntos:

4. Es posible una nueva minería con responsabilidad social. Se debe valorar la ventana abierta que existe para inaugurar un nuevo modelo en las actividades extractivas en general y la minería en particular en todo el país. Esta posibilidad es un logro de la lucha legítima de los cajamarquinos. Se ha «levantado la valla» con respecto a los EIA, y se ha abierto la posibilidad de fiscalizarlas y de restructurar el sistema de aprobación y evaluación de los EIA. Es previsible, además, que los otros proyectos puedan exigir la presencia de peritos internacionales imparciales para revisar los EIA aprobados, y solicitar cuotas de generación de empleos, el aseguramiento de la disponibilidad de agua segura y procesos participativos para garantizar el cumplimiento de los EIA a lo largo de la vida de los proyectos.

5. La nueva minería debe tomar en cuenta el cambio climático. El cambio climático ha modificado el régimen de lluvias en los Andes, juntando los días de lluvia y ampliando los días de sequía. Por lo tanto, urge implementar reservorios para compensar la disponibilidad del recurso hídrico durante más días del año, especialmente en las poblaciones alto andinas. Si como parte del proyecto Conga se cuadruplica la disponibilidad de las lagunas existentes construyendo reservorios, se ayudará a las cinco cuencas a enfrentar los efectos del cambio climático que afectarán más a las poblaciones desprotegidas y de menores recursos.

6. No hay que perder la oportunidad de iniciar una nueva minería en democracia. El silencio de la empresa y el llamado a una huelga indefinida han configurado una situación de enfrentamiento sin salida que podría abrir la ruta hacia un autoritarismo en ciernes con sus secuelas de mayor corrupción. No perdamos la oportunidad de iniciar una nueva etapa de minería social y ambientalmente responsable, y respetuosa del agua y de las personas. No está en juego ni la «dignidad del pueblo cajamarquino» ni el honor del Ejecutivo, sino la democracia y sus instituciones que son la garantía del desarrollo.

7. Los Gobiernos Regionales tienen una oportunidad histórica de liderar el desarrollo de sus pueblos. Otras regiones, especialmente en la zona sur del país, están en espera del desarrollo de importantes proyectos mineros. Es obligación de los respectivos gobiernos regionales asegurar el uso de técnicas modernas de desalinización del agua de mar para que el país pueda utilizar el agua con el orden de prioridad ya conocido: consumo humano, vivienda, agricultura y posteriormente minería. En todas las regiones «mineras» sus gobiernos tienen la responsabilidad de liderar el desarrollo del nuevo modelo de minería socialmente responsable, abandonando el modelo de minería que no ha mejorado la calidad de vida de sus respectivas poblaciones.

El problema es que dentro de CxC hay personas que están absolutamente convencidas de la “captura de Humala” o que piensan que la única forma que Humala demuestre que es de izquierda es dándole un portazo a Yanacocha. Todo ello complica aún más el escenario, a pesar que la salida que ellos plantean parece ser la más razonable. Por el momento, una tercera vía parece estar clausurada.

MAS SOBRE EL TEMA:

Uceda y un reportaje para Poder sobre Conga, Espinar y otros conflictos sociales – minero – ambientales (Bonus track: Valdés y Miguel Santillana se reconcilian en un sauna)

Un perfil de Gregorio Santos por Ybrahim Luna para La República

En Domingo de La República, un encuentro de anti y pro Conga

(Foto: La República)

NOVEDADES DEL CASO ACUÑA

Hace unas semanas, INFOS, Poder y La Mula difundieron un amplio reportaje sobre el uso de la partida de subvenciones sociales de la Municipalidad Provincial de Trujillo para, supuestamente, favorecer los fines políticos del alcalde César Acuña. El informe elaborado por Christopher Acosta presenta cómo esta partida favoreció a militantes del partido Alianza Para el Progreso, se utilizó en plena campaña electoral y, además, sirvió para pagar las fiestas de los tres sindicatos de trabajadores municipales.  Asimismo, se cumplió con permitirle al alcalde Acuña dar su versión sobre estos hechos.

Frente a ello, Acuña negó responsabilidad alguna y, según indicó el diario Perú.21, le echó la responsabilidad a sus gerentes en una sesión del Consejo Municipal. A los pocos días, se supo que varios miembros de APP y egresados de la universidad de propiedad del alcalde habían engrosado la planilla municipal desde 2007.  Posteriormente, Acuña cambió de estrategia y responsabilizó al APRA, hoy en la oposición en su otrora bastión, de las acusaciones en su contra.  El caso está en investigación en el Ministerio Público de La Libertad.

Y aquí se complicó aún más la trama. Hace una semana, Perú.21 dio a conocer que una de las personas que aparecía como beneficiario de las subvenciones era nada menos que un congresista aprista:

El congresista aprista Elías Rodríguez se benefició con una de las polémicas subvenciones otorgadas por la gestión del alcalde de TrujilloCésar Acuña.

Según la Resolución de Alcaldía N° 946-2010, firmada en agosto de 2010, el parlamentario fue una de las 300 personas que recibió dinero y no cumplió con sustentar en qué gastó este beneficio. El documento deja al descubierto que Rodríguez recibió mil soles el año 2008.

Como defensa, el parlamentario admitió que realizó gestiones, pero no para él, sino a favor de un vendedor de periódicos identificado como Miguel Alvarado Blas. “En primera instancia el pedido fue ingresado a mi nombre, pero luego se anuló y el señor cobró el cheque. El pedido fue porque esta persona necesitaba operarse de un problema en la vista”, señaló a Perú21.

Según dijo, para esclarecer que nunca recibió dinero enviará un documento a la comuna pidiendo que explique por qué se le incluyó en la mencionada relación.

Esta revelación, por cierto, derivó en una serie de pleitos partidarios entre Rodríguez y Jorge del Castillo, cuyo telón de fondo son todas las broncas internas dentro de Alfonso Ugarte.

Pero si esto ya complicaba aún más el caso, el viernes la cuestión se puso más sabrosa. Tanto INFOS como Hildebrandt en sus Trece difundieron esta foto de Acuña junto a la gerenta de Desarrollo Social de la comuna trujillana, Tania Baca Romero:

La difusión de esta foto, que en otro contexto sólo pertenecería a la esfera privada del alcalde, se justifica gracias a esta explicación dada por Acosta:

Hace unos días INFOS recibió unas imágenes que responden a esa pregunta. El alcalde César Acuña y Tania Baca mantendrían una relación sentimental, la misma que hoy cobra especial relevancia y pleno interés público y periodístico, al tratarse de la titular de la Gerencia de Desarrollo Social. Esta fue  la instancia municipal que entregó masivamente subvenciones sociales a partir del 2008, cuando este esquema de desvío de recursos públicos ya había sido implementado por la gestión Acuña.

(…)

Solo el 2009 y el 2010, la Gerencia de Desarrollo Social liderada por Tania Baca, con la firma de César Acuña, tramitó “exitosamente” 346 resoluciones por subvenciones sociales, entre las que se incluye la polémica Resolución de Alcaldía N° 995-2010, que distribuyó cheques por medio millón de soles entre 250 comedores populares apenas a dos semanas de las elecciones municipales de ese año, en las que Acuña se reeligió.

Frente a esta bomba periodística, Baca se negó a declarar sobre el tema. Mientras que ayer Acuña negó cualquier relación que no fuera laboral y dijo que la foto era trucada.

Hoy INFOS le responde al alcalde, con 6 puntos que desmienten que la foto haya sido manipulada:

  1. Las imágenes fueron captadas el año pasado en casa de Jhonny Paul Risco Rodríguez, actual sub gerente de Prestaciones de Salud de la Beneficencia Pública de Trujillo, a donde ingresó a trabajar tras la transferencia de la Beneficencia del gobierno central a la municipalidad, aseguraron tres fuentes.
  2. Risco Rodríguez, afiliado de Alianza para el Progreso, es parte del entorno más cercano al alcalde César Acuña, y aunque negó vía telefónica que la reunión se haya desarrollado en su vivienda, sí aceptó ser “amigo personal y muy cercano de Tania Baca”, la gerente de Desarrollo Social, con quien coordina su trabajo.
  3. Las mismas tres fuentes del entorno de César Acuña aseguraron que la reunión sí se desarrolló en casa del funcionario, describieron la vivienda, donde una de ellas estuvo, y aportaron datos sobre la dirección que INFOS verificó en RENIEC: calle Manuel Tejada, en la urbanización San Fernando.
  4. Las fotografías fueron tomadas por un celular Motorola Milestone (A853), y la resolución de las mismas (2592 x 1456) corresponden al tipo de imágenes que toma este equipo. De haber sido modificadas con cualquier programa, el tamaño de las imágenes sería mayor al agregarle información.
  5. Miguel Morachimo, abogado especialista en tecnología, quien revisó el material, dijo que “si  la foto hubiese sido procesada por Photoshop o cualquier otro programa, eso se reflejaría en el EXIF de la imagen (información oculta de una fotografía a la que se tiene acceso revisando Propiedades), donde la fecha de modificación sería distinta a la fecha de creación, y esto no sucede”.
  6. Carlos Ávalos, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Trujillo ha dicho que “en caso se formalice la investigación, y si se cuestionan las mismas como parte del proceso, solicitarían una prueba pericial”, momento en el que si se pide el material, INFOS entregará las fotografías tal cual fueron entregadas por Anomymous Moche, como se identifica el informante.

Este caso aún traerá harta cola.

TRIBUTOS Y DELEGACION DE FACULTADES

A inicios de mayo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley de delegación de facultades para legislar en materia tributaria y aduanera.  El gobierno sólo puede expedir normas con rango de ley en dos casos: urgencia económica y financiera, a través de decretos de urgencia y a través de una norma autoritativa por parte del Congreso, para la dación de decretos legislativos. En ambos casos, el Poder Legislativo tiene el derecho de revisar las normas expedidas, modificarlas e, incluso, derogarlas.

En los últimos 20 años, se ha hecho costumbre que todos los gobiernos pidan facultades legislativas en materias vinculadas con el quehacer económico, sobre todo, en temas tributarios. Los argumentos, por lo general, se han basado en el expertise de los técnicos del MEF para ver este tipo de materias, debido a su alta especialización, así como a las dificultades para consensuar en un Congreso donde nadie tiene mayoría (sobre todo, en los últimos 12 años).

Pero, a diferencia de otras oportunidades, esta vez la discusión sobre la delegación de facultades ha sido mayor. Mucho de ello se debe a que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo contempla, entre otras materias, la posibilidad de hacer modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta. Y a que han circulado versiones periodísticas sobre el posible incremento de dos tramos del impuesto, uno hacia arriba y otro hacia abajo, para supuestamente con ello ampliar la base tributaria.

Si bien el ministro Luis Miguel Castilla ha desmentido que esto ocurra, tanto las bancadas parlamentarias, presidentes de algunos gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima, así como periodistas especializados en materia como Gonzalo Zegarra han manifestado que se encuentran en desacuerdo con que se otorgue facultades si es que éstas comprenden el aumento de las tasas de los impuestos.  Mientras que la CONFIEP está de acuerdo con la delegación de facultades, pero en contra de aumentar tramos del IR o las tasas de los impuestos.

De allí que Augusto Álvarez Rodrich – quien también es economista – plantee que las facultades en materia tributaria que se deleguen al Poder Ejecutivo tengan algunas condiciones:

Sin embargo, a cambio de ello, el gobierno debe comprometerse a cumplir su palabra de que la reforma no va a significar aumento de tasas ni creación de nuevos impuestos (que no fue lo que dijo el premier Óscar Valdés el domingo en la TV).

Asimismo, el gobierno debe comprometerse a ‘prepublicar’ los cambios quince días antes de aprobarlos y abrir un libro de sugerencias, quejas y piteos. No tiene, obviamente, que aceptar todo lo que le digan pero sí será importante que, por transparencia debida, se publiquen todos los comentarios recibidos.

El gobierno debe, finalmente, comprometerse a indicadores específicos de recaudación; reducción de la evasión y elusión; expansión de la base tributaria; y adecuada utilización de lo recaudado.

Ello implica dos cosas. La primera, que el gobierno asuma un compromiso de no aumentar impuestos a quienes ya tributan – porque finalmente es a ellos a quienes se les aumenta – y, la segunda, que Castilla pueda exponer cuales son las metas tributarias que tendrá el país al final del gobierno y como planea alcanzarlas.

Pero lo que más me preocupa aquí son dos cosas. La primera, es la constatación de que muchos agentes económicos y políticos consideran ya como algo normal que el Congreso de la República no pueda legislar en materia tributaria, por el pobre nivel que tiene. Lo que lleva a pensar en los ajustes que esta institución (y la elección de nuestros representantes) debe tener en los siguientes años. La delegación de facultades legislativas, en principio, es una cuestión excepcional, pero en el Perú se ha vuelto en un clásico de nuestra música criolla.

Y la segunda, más allá de si se aumentan o no los impuestos (cosa que como contribuyente puntual también me inquieta), quisiera ver que el gobierno, de una vez por todas, tiene una línea clara en una política que resulta importante para todos. Finalmente, los impuestos financiarán todos los programas y proyectos que prometió Humala en campaña – a ver cuantos podrá cumplir – y, además, suponen costos que los inversionistas analizan para ver si invierten o no por aquí, en tiempos de crisis en el resto del planeta.

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