YANACOCHA CONTRA LA CONSULTA PREVIA

Esta semana, dos personajes que tienen o han tenido vinculación a la empresa minera Yanacocha, una de las más controvertidas compañías en el ramo, han lanzado sus dardos contra la Ley de Consulta Previa, demostrando, a la vez, torpeza en las expresiones, así como un objetivo bastante claro.

En Semana Económica, el gerente de finanzas de Buenaventura (empresa que es accionista de Yanacocha) Carlos Gálvez, se mandó con estas infelices frases.

Si además ponemos la consulta previa – que todavía no se ha realizado en actividad minera – a comunidades que no tienen el perfil para ser consultadas, sino que cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado, la cosa será aún más difícil.

Hasta el momento, a pesar del alboroto en redes sociales, este personaje no se ha disculpado por expresiones abiertamente denigratorias contra los pueblos indígenas del país.

Mientras tanto, el día de hoy, en el diario El Comercio, Carlos Humberto Cabrera, exfuncionario de Yanacocha (fue su director de políticas públicas) se mandó con una columna donde daba una visión bastante antojadiza del diálogo intercultural (digna de Sepúlveda, el antagonista de Bartolomé de las Casas en La Controversia de Valladolid), para terminar justificando lo siguiente:

Por ello, la aplicación del Convenio 169 de la OIT se debe concentrar en aquellos pueblos indígenas y tribales que habitan la Amazonía, que son los únicos que se han mantenido ajenos a la vida nacional y al Estado y con los que este puede establecer un diálogo intercultural. En realidad, estos pueblos no llegaron a ser conquistados por los incas y tampoco fueron integrados a la Colonia.

En el caso de las comunidades campesinas de la sierra, que son parte esencial del Perú, impulsoras de nuestro mestizaje y creadoras de la nación, lo que corresponde es aplicar el sistema de participación y consulta establecido por las leyes vigentes para todos los peruanos.

Pues esta es, precisamente, la madre del cordero. Yanacocha y personas cercanas a la empresa no desean que se aplique la consulta previa a las comunidades andinas. Miguel Santillana, quien ha sido consultor de la empresa minera, dijo para el caso Cañaris lo siguiente a Gestión:

Se supone que la consulta debe ser aplicada al espacio geográfico con el cual se tenga un vínculo cultural…
Pero se desconoce la historia económica del Perú porque, al menos desde mi punto de vista y lo puedo debatir, no hay pueblos indígenas de costa y sierra desde el siglo XVI, somos un sincretismo cultural. Yo les pediría que se instruyan leyendo la tesis doctoral de Arguedas. Hasta la institución del cabildo vienen del siglo XVI. El varayoc que usan los alcaldes indígenas no es preinca, sino de la reforma del virrey Toledo. No podemos ser hippies californianos que llegan de paso, ven algo exótico y piensan que no ha sido tocado. Debemos reconocer que somos una mezcla. Entonces, no aplica la consulta previa en Cañaris…

El mismo argumento dio Roque Benavides – principal ejecutivo de Buenaventura – en la Perumin de 2011 (vía Diario 16):

“Acá se da por hecho que las comunidades han existido toda la vida, pero las comunidades son hechas en el gobierno de Velasco, no existían las comunidades, no existían. Digamos las cosas con la verdad, yo sé que puedo sonar confrontacional, pero no digo mentiras, esa es una realidad”.

Como ha recogido Espacio 360 hace un par de días, no es la única declaración de Roque en la misma línea. Por el contrario, esa ha sido su línea de pensamiento (conservador) y por ello no sorprende que sus actuales gerentes y exfuncionarios mantengan el mismo esquema sobre las comunidades indígenas en la sierra del país.

Como bien recordó Marco Sifuentes hace algunos años, cuando se comenzaba a confeccionar la Base de Datos de Pueblos Indígenas en el viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, había preocupación en sus vecinos sanborjinos del Ministerio de Energía y Minas (bajo la gestión de Jorge Merino) por la inclusión de pueblos indígenas andinos, sobre todo, para temas mineros. Y no es que la visión sospechosa sobre la consulta previa haya desaparecido con René Mayorga.

Y este es un problema que el Viceministerio de Interculturalidad deberá resolver cuanto antes. ¿Para qué lado de la balanza se inclinará?

(Foto: La República)

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AFPs: LA DISCUSION SOBRE EL APORTE OBLIGATORIO

Hace 15 días, en este blog, tocamos el problema pensionario en el país y señalamos que habían varios puntos para discutir, entre ellos, el tema de los aportes obligatorios para independientes en el sistema privado de pensiones.

Este tópico se ha vuelto a poner en agenda a raíz de este titular que apareció hoy en Gestión:

Rápidamente, en redes sociales, la alarma volvió a sonar frente a un tema que, como todos sabíamos, se volvería a presentar en agosto de 2014. E, inmediatamente, se volvió popular el famoso argumento “Yo decido mejor que el Estado que hago con mi plata”.

Sin duda, el argumento libertario puede ser seductor para muchos – incluso, para personas declaradamente de izquierda -. Resulta bastante impopular para personas de 40 años tener que ahorrar para una vejez que se proyecta lejana, en momentos en que uno quiere acumular y disfrutar lo más posible del dinero que gana, con esfuerzo. Más aún, en el caso de los independientes, algunos por elección propia, otros por consecuencia de la informalidad. Y otras personas (dentro o no de ese rango de edad) quisieran invertir de otra manera en su vejez. Y a ellos se suma, claro está, quienes consideran que cualquier intervención del Estado es casi una violación de derechos humanos.

Sin embargo, hace algunos meses, el editor de Dia.1 de El Comercio, Augusto Townsend – persona ajena a cualquier viso socialdemócrata en su pensamiento – planteó las siguientes ideas en su Facebook que, partiendo desde el argumento libertario, dan argumentos sólidos para la obligatoriedad del aporte para todos:

Ahora bien, estoy teóricamente de acuerdo con el argumento libertario de que a cada quien debe reconocérsele el derecho de disponer de su dinero como mejor le plazca, y que el ahorro forzado es una violación de esta libertad. No obstante, tengo enormes dudas de que la gran mayoría de individuos –tanto trabajadores dependientes como independientes- estén en condiciones de administrar su ahorro mejor de lo que podría hacerlo una AFP.

Hay numerosos estudios de economía conductual que demuestran que el ser humano es un animal cortoplacista por naturaleza y que su cerebro no está predispuesto a valorar la previsión para el largo plazo como debiera. ¿Significa esto que debe obligársele a ahorrar? No me queda tan clara la respuesta, porque encuentro argumentos válidos en ambos lados del debate. Por ello, la discusión en muchos países deja de ser tan maximalista y se aboca a encontrar un justo medio (¿cuál es el menor porcentaje de tus salarios que te puedo obligar a aportar para que te garantice una pensión similar a tu último sueldo, asumiendo además la menor comisión posible?).

(…)

Pero volvamos al tema inicial viéndolo ahora desde la perspectiva del Estado: ¿qué es lo que le preocupa a este? Que toda la gente que dice que puede administrar su ahorro previsional mejor que las AFP sencillamente no logre hacerlo o, peor aún, lo dilapide por consideraciones de corto plazo(el caso de la CTS de libre disponibilidad es indicativo de lo que podría pasar). De ocurrir esto, mucha gente tendría que seguir trabajando mucho más allá de la edad normal de jubilación o, peor aún, pasarían a la indigencia si dejaran de ser empleables y no tuvieran familia que los solvente. El Estado teme que esa carga revierta hacia él y que se tenga que hacer responsable por esas personas (al menos de una buena porción, pues algunos seguirán dependiendo de sus familias).

(…)

Si aun así subsisten personas que creen que pueden planificar su jubilación de mejor manera, que entonces firmen un compromiso que exime de cualquier responsabilidad al Estado o a sus familias de que les financien una pensión. La tragedia es que muchos independientes estarían hoy dispuestos a firmar un compromiso de esta naturaleza, y a la larga terminarían apelando a la empatía de sus familiares para que les financien la jubilación. Si los familiares se sienten moralmente obligados a hacerlo, la decisión de aquella persona de resistirse al ahorro forzoso no termina siendo muy libertaria que digamos.

Vistas así las cosas, lo que parece más cuerdo, en lugar de proponer la libertad total para el ahorro para los tiempos en los que ya no se trabaje, es responder a la pregunta planteada por Townsend: ¿cuál es el menor porcentaje de tus salarios que te puedo obligar a aportar para que te garantice una pensión similar a tu último sueldo, asumiendo además la menor comisión posible?

Y la solución parece estar, sin duda, en un sistema relativamente flexible, donde convivan AFPs, ONP y existan régimenes diferenciados para PYMEs, independientes y se examine el caso de quienes tienen trabajos eventuales además de su empleo fijo. Es por aquí donde debiera conducirse una discusión más serena, para lo cual, se requiere un aplazamiento de la entrada en vigencia del aporte para independientes.

DATOS MUNICIPALES

La campaña electoral está calentando. El 7 de junio es el plazo final para armar alianzas, así que los partidos comienzan a hacer los acomodos respectivos, tanto para sus elecciones internas, como para las coaliciones. Así van las cosas:

SOLIDARIDAD NACIONAL: No se van a aliar con nadie. La semana pasada, el alcalde de Ate, Óscar Benavides, señaló que habló con Castañeda para ir a la reelección con sus filas, con lo que confirma su apartamiento de Somos Lima. Por ahora, la propaganda en redes sociales sobre “obras de impacto” busca poner al exalcalde de Lima bien posicionado en el partidor.

En distritos mesocráticos, SN está definiendo sus candidatos. En La Molina es fijo Carlos Villacorta, exregidor de Somos Perú. Mientras que en San Borja, Angel Tacchino, exalcalde de Pueblo Libre, será candidato por segunda vez, aunque esta vez en filas solidarias. Quien también es fija como candidata es la secretaria de la mujer de Solidaridad, Kary Griswood de Orlandini, a la alcaldía de Surco. La peculiaridad de su página web es que ha sido elaborada por Baella.com, la empresa consultora de Alfonso Baella, quien movió las redes sociales de PPK en 2011 y del Sí en la revocatoria. En San Isidro, las opciones iniciales eran Gastón Barúa o Jorge Salmón, pero se han decantado por Ricardo León Dueñas.

CONFLUENCIA POR LIMA: Los partidarios de Susana Villarán harán oficial el miércoles la alianza de todos los grupos de izquierda con Somos Lima, de Ana Botteri, en la Casa del Maestro. Pero, como indica Laura Grados en Diario 16, habrá un mensaje adicional:

El miércoles en la Casa del Maestro, entonces, el Frente Amplio anunciará una apertura a los partidos de centro, para que se unan alrededor de la candidatura de Villarán para hacerle frente a quien aparece como líder en todas las encuestas de intención de voto, el exalcalde Luis Castañeda, de Solidaridad Nacional.

Los llamados aquí a responder son Perú Posible y Gana Perú. Como señala el mismo informe:

El líder de las bases en Lima del partido de gobierno, Marco Olivera, es uno de los más entusiastas en que se concrete una alianza con el Frente Amplio de cara a las elecciones de octubre.

Este diario dio a conocer que, si bien los militantes tenían libertad para elegir a su candidato, se esperaba la aprobación de la presidenta del partido, Nadine Heredia, para un pronunciamiento oficial.

Perú Posible, ahora que su dirigente, Juan Sheput, anunció que no postulará, lo más probable es que también se una a la alianza de centro-izquierda que propondrá el miércoles en Frente Amplio.

Algunas fuentes cercanas a la MML señalan que esta confluencia de todas maneras se dará. Sin embargo, Acción Popular no formará parte de la alianza, ya que decidió ir con candidato propio (Edmundo del Águila) a las elecciones metropolitanas.

PARTIDO POPULAR CRISTIANO: La telenovela de la semana pasada se despejó el sábado. Al final, Rafael Santos declinó su candidatura, pero a favor del exalcalde de Villa El Salvador, Jaime Zea, con lo que habrá un duelo con Alberto Valenzuela.  Fiel a su estilo, Santos adujo maltrato hacia su candidatura, pero postulará a la reelección (para un tercer periodo), en Pueblo Libre.

El PPC ya publicó las listas inscritas en sus elecciones internas distritales. Hay candidatos únicos en Ate (el exalcalde Juan Dupuy), San Borja (el actual alcalde Marco Álvarez, con un juicio pendiente por violaciones a los derechos humanos), Miraflores (el exregidor Bruno Crespo), Barranco (con la actual alcaldesa Jessica Vargas) y Villa El Salvador (Luz Castro), entre otros distritos. Donde habrá duelos interesantes será en San Isidro (la flamante alcaldesa Magdalena de Monzarz vs. el exjefe de la SUNAT Manuel Velarde), Comas (donde el actual regidor metropolitano Walter Guillén se enfrentará a dos rivales) e Independencia (con dos exalcaldes Lovell Yomond y Yuri Vilela)

Donde la cuestión está candente es Jesús María, donde hay 4 listas, dos de ellas bastante polémicas. De un lado, la exalcaldesa Francisca Izquierdo, quien fue elegida por Somos Perú, pero que se pasó al fujimorismo a fines de los años 90. De otro lado, el actual alcalde Luis Enrique Ocrospoma, quien está en medio de un proceso por corrupción, criticado por su gestión frente a licencias de centros comerciales (Real Plaza, ejem) y a quien se vinculaba más a Solidaridad Nacional.

PERU PATRIA SEGURA: Como lo adelantamos aquí hace 3 semanas, Salvador Heresi irá con el partido de Renzo Reggiardo, luego que Perú Más, el partido de PPK no lograra su inscripción. Ello obligará a hacer un balance entre candidatos distritales de ambas agrupaciones. Por ahora, va segundo o tercero en las preferencias, dependiendo de la encuestadora.

ALTUVE: El precandidato por Vamos Perú dijo ayer que está en conversaciones con varios partidos para ir a la alcaldía de Lima. Aspira a una alianza algo más amplia. Veremos si llega al partidor.

APRA: Las bases de Lima quieren a Enrique Cornejo como postulante, pero la semana pasada Omar Quesada, secretario general del partido, señalaba que “si la candidatura no prendía”, simple y llanamente no iba. Según La República, la dirigencia aprista define hoy si mandan candidato a Lima.

AHORA TOCA LA DEFENSORIA

Esta semana, el Congreso de la República por fin eligió a los seis integrantes del Tribunal Constitucional que re­emplazarán a los magistra­dos con mandato vencido. El siguiente paso que debe­rán dar nuestros parlamen­tarios es la elección de una persona con buen desem­peño profesional y ética pú­blica clara como nuevo De­fensor del Pueblo.

Si bien la Defensoría solo tie­ne facultades persuasivas, ha cumplido un rol fundamental para la defensa del Estado de Derecho y de los derechos hu­manos en el Perú.

La buena fama de esta ins­titución se comenzó a cons­truir en los últimos años del gobierno de Alberto Fujimo­ri, cuando el autoritarismo arreciaba contra todo aquel que se le oponía. Jorge San­tisteban de Noriega tuvo el acierto de saber escoger las batallas que debía dar y ro­dearse de un buen equipo para afrontar dicho reto.

Sus sucesores en el cargo (Albán, Merino, Vega) conti­nuaron dicho trabajo en de­mocracia, afrontando nuevos retos: el respaldo al trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sus alertas sobre conflictos sociales con­vertidas en referente para lí­deres de opinión y sus accio­nes de inconstitucionalidad sobre diversos temas han abierto camino para mejo­rar la calidad de la democra­cia en el Perú.

De los candidatos vocea­dos, tres nombres destacan: Eduardo Vega Luna (actual defensor), Samuel Abad y Guido Lombardi. Cualquie­ra de ellos podría cumplir un rol importante para con­solidar una institución que cumplirá dos décadas de buen servicio al país y que requiere la estabilidad de su titular para afrontar ade­cuadamente sus labores.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 25.05.2014)

(Foto: La República)

ECOTEVA Y TOLEDO

Para quienes, en medio de tanta denuncia en los últimos meses, se hayan perdido en el caso Ecoteva (o hayan vivido en Narnia durante el último año y medio), esto fue lo que ocurrió en los capítulos anteriores.

Hace poco más de un año, se descubrió que la suegra de Alejandro Toledo había comprado una casa en Las Casuarinas y una oficina frente al Jockey Plaza (zonas bastante codiciadas en términos inmobiliarios en Lima). La primera versión del expresidente fue decir que ambas propiedades las había comprado con dineros producto de la compensación dada a familiares de sobrevivientes del holocausto y un prestamo bancario.

Pero luego se descubrió que a) se había constituido una empresa off shore en Costa Rica llamada Ecoteva, a través de la cual llegó la plata para comprar las empresas; b) el corredor que estaba inicialmente encargado de la venta de la casa de Las Casuarinas le contó a Rosa María Palacios que la principal interesada en la vivienda era Eliane Karp; c) que Toledo estuvo en Costa Rica en las mismas fechas en que se constituyó Ecoteva y d) que parte de la plata manejada por la empresa terminó pagando la hipoteca de las casas de Camacho y Punta Sal del matrimonio, así como un préstamo personal de Karp.

Luego que la versión del holocausto se cayó, los Toledo – Karp se aferraron a una salida: la plata es de Josef Maiman, empresario peruano – israelí amigo de los Toledo. Enredando aún más las cosas, Maiman declaró en Lima al Ministerio Público que el matrimonio se paseaba por los buenos barrios de Lima apoyándole en buscar viviendas para invertir y que el expresidente era, además, agente financiero del Merhav Group, su conglomerado empresarial. (De hecho, la posición en Perú Posible, luego de las mil versiones de Toledo sobre el asunto, era que se trataba de un negocio entre judíos)

La Comisión de Fiscalízación recomendó acusar a Toledo por asociación ilícita y lavado de activos, en un informe que (al igual que los de la Megacomisión) sigue durmiendo el sueño de los justos en el despacho de Fredy Otárola. Y, como es su costumbre, el fiscal José Pelaez Bardales ya había limpiado al expresidente en el tema de presunto enriquecimiento ilícito. Faltaba el tema de lavado de activos, investigado por la fiscal Elizabeth Parco. Y ayer ocurrió lo que relata RMP en su columna:

Se ha acusado a la suegra de Alejandro Toledo, una mujer de 87 años que no piensa poner un pie en el Perú, y a su abogado. A nadie más. Ni al  supuesto proveedor de los fondos –Joseph Maiman– ni a su entorno, ni a los beneficiarios directos del uso de las propiedades: Alejandro Toledo y Eliane Karp.

La fiscal espera más pruebas. Pero, ¿tiene alguna lógica jurídica denunciar al testaferro que es la cara visible de una operación de lavado y a nadie más? Porque si la fiscal concluye que Eva Fernenbug ha lavado activos tiene que decir para beneficio de quién los lava.

¿De ella misma? Imposible porque ya está probado que la señora no tiene un cobre. ¿De actividades ilícitas de terceros? Entonces tendrá que establecerse al menos qué actividades y qué terceros. Si bien el delito de lavado es un delito autónomo es evidente que el caso llega muy débil con tan poco contexto y tan pocos cómplices.

Lo que cuenta Rosa María va a pesar mucho en el caso. Si no se establece que el dinero proviene de una actividad ilícita, pues la denuncia contra Eva Fernenburg y David Eskenazi corre el serio riesgo de caerse. Ojo que el Perú no tiene tratado de extradición con Bélgica, así que será bastante difícil traer a la veterana para siquiera declarar. Por lo que incluso el mandato de comparecencia restringida parece ser un saludo a la bandera.

Ojo, esto no significa que Toledo la libre del todo. Hay una serie de diligencias que la fiscal Parco ha reservado para los casos del expresidente, su esposa y su amigo Maiman, por lo que la situación de testigos puede variar nuevamente a la de investigados y acusados. Ello implica que el caso se dilate más.

Sin embargo, el principal daño para Toledo no está en el ámbito judicial, sino en el político. El caso Ecoteva volvió a poner sobre la mesa el serio problema con la verdad que ha tenido el líder de Perú Posible, así como las dificultades de liderazgo que tiene dentro de su agrupación. Como lo hemos mencionado hace unos meses, PP debería pensar, seriamente, en una transición que le permita sacudirse de un liderazgo que, si bien les ha permitido obtener la Presidencia de la República en una ocasión y presencia política por más de 15 años, ha perdido el peso suficiente para transitar durante los siguientes años.

(Caricatura: Carlín para La República)

CARNAVAL DE ACUSACIONES EN CAJAMARCA

Cajamarca será una de las regiones sobre las que habrá más reflectores para las próximas elecciones de octubre. De un lado, tres candidatos regionales tienen serias opciones de ganar: Gregorio Santos (actual presidente regional), Osías Ramírez (fujimorista, cuyo hermano es el secretario general de Fuerza Popular) y Absalón Vásquez (exfujimorista, peleado con Keiko).  De otro lado, porque, para muchos, el resultado de la elección (lease, que Goyo pierda) hará viable el proyecto Conga, aunque ya Roque Benavides adelantó que, por cuestiones de costos, tendría que ser mas acotado (aunque no ha dicho en qué dimensión).

En ese clima, donde el tema minero e ideológico atraviesa toda la discusión, dos acusaciones serias han alborotado el ambiente en dicha región del país.

La semana pasada, casi todos los diarios apuntaron hacia Santos. ¿El motivo? Lo explica La República, que no es precisamente un diario pro Conga o macartista:

Según el requerimiento fiscal, al que ha tenido acceso La República, Santos sería la cabeza de una organización criminal que benefició con la adjudicación de 11 obras de infraestructura pública por 130 millones de soles, desde el año 2011.

En el 2013, la Contraloría General de la República aplicó una acción de fiscalización de las actividades del Gobierno Regional de Cajamarca en el periodo 2011-2012. Como resultado, detectó una concertación entre autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca con los proveedores de este organismo para obtener supuestos beneficios ilegales.

Santos y sus colaboradores deberán responder por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho, colusión, falsificación de documentos y falsa declaración en procedimientos administrativos, entre otros.

(…)

De acuerdo con el reporte del organismo de control, Gregorio Santos dispuso latransferencia de 600 millones de soles a Prorregión para ejecutar obras públicas, entre ellas 11 que se entregaron a las empresas de Wilson Vallejos.

Sin duda, aquí hay un tema sustancial por investigar y mal harían Santos y sus defensores en escudarse en que esto es una “campaña de la derecha” para tratar de safar de las investigaciones. Evidencia hay y deberían salir a responderla con documentos. Sobre todo cuando, como señala LR, hay varios miembros del gobierno regional cajamarquino involucrados en el caso:

De hecho, hoy Santos sale en el mismo diario con otra actitud y asumiendo responsabilidad política por lo que considera “falencias en su labor fiscalizadora”.

Por supuesto, que hay un sector político que se frota las manos, pensando que, entre estas acusaciones y sus fallas de gestión, Goyo está liquidado. Pero ello no quita que el controvertido presidente regional cajamarquino no deba dar explicaciones por el manejo de fondos públicos. Y, por cierto, bien haría la izquierda que lo rodea en no caer en el juego de “defenderlo solo porque es de los nuestros”.

Pero esta semana el golpe cayó al otro lado del tablero, con la aparición de este audio:

El contexto de la conversación, again, vía La República:

Un audio difundido ayer en Cajamarca revela que al menos tres consejeros de esa región  pidieron ayuda económica a Yanacocha para financiar sus aspiraciones políticas a cambio de oponerse a la gestión de Gregorio Santos y apoyar el desarrollo del proyecto Conga.

En la grabación se escucha a Andrés Oliveros, gerente de Asuntos Gubernamentales de Yanacocha, y a los consejeros  Hugo Fuentes Estela (Partido Nacionalista) José Luis Chiwan (Fuerza Social) y Cervando Puerta Peña, quien fue militante del Movimiento de Afirmación Social (MAS), que lidera el presidente regional.

Por la conversación, se deduce que ésta se produjo el 2012, cuando Santos planteó la realización de una consulta popular en Celendín y Bambamarca, provincias directamente afectadas por el proyecto Conga, como una posibilidad para solucionar el conflicto generado por la oposición al proyecto minero Conga. En ese momento, también estaban pendientes los resultados del peritaje al Estudio del Impacto Ambiental ordenado por el Poder Ejecutivo.

La propuesta de Santos no tuvo el respaldo del Consejo Regional. (…)

Yanacocha ha respondido con un comunicado donde no niegan su autenticidad, señalan que no financian ni intervienen en campañas políticas y que investigarán el contenido del mismo. Similar pedido de investigación ha venido de la otra parte, es decir, el Consejo Regional de Cajamarca. Mientras tanto, Oliveros dijo esto ayer en conferencia de prensa (vía Noticias SER):

“Yo no los conocía y esto se confirma cuando se escucha en el audio cuando nos presentamos unos y otros al inicio de la reunión. Yo, como gerente de relaciones institucionales de Minera Yanacocha, recibo todos los días distintos pedidos de organizaciones de la comunidad. Algunos de estos se pueden atender y otros no”, señaló. Para sorpresa de los televidentes, Oliveros equiparó las reuniones que sostiene con las comunidades, con una reunión privada con  tres consejeros regionales para tratar asuntos vinculados al gobierno regional.

Además, menciona que en el audio no promete absolutamente nada. “Escucho varios pedidos de los consejeros y anoto. Después de haber trascurrido dos años de esa reunión, recuerdo que menciono que Yanacocha no financia ninguna campaña política ni apoya a nadie en forma individual “, añadió.

En cuanto a los consejeros dice que se sentían frustrados porque sus localidades no estaban avanzando. En esa época, explicó, se anunciaba una fuerte inversión en Cajamarca y los consejeros querían encaminar sus proyectos por esa vía. “Por eso, y de manera personal, me ofrecí para intermediar. No llegué a hacer la sesión y la reunión con el primer ministro tampoco se dio (se refiere a Oscar Valdés, nota de DTP). Me sorprende que después de dos años se informe sobre una reunión que yo no busqué”, refirió. Al respecto, llama poderosamente la atención que el gerente de relaciones comunitarias de una empresa privada se ofrezca como intermediario entre autoridades regionales y nacionales como si esto fuera parte de sus funciones.

Al igual que en el caso de Santos, la empresa minera (y sus defensores mediáticos) tampoco deberían escudarse en la “promoción de las inversiones” o la necesidad de “enfrentar a los antimineros” para poder deslindar del audio. Si hay funcionarios de Yanacocha que, para variar, vuelven a generarle a la compañía una raya más al tigre de su mala imagen, pues deberían ponerlos de patitas en la calle y, si cabe el caso, iniciar una investigación fiscal sobre el contenido del mismo.

Así las cosas, las elecciones en Cajamarca prometen ser bastante calientes.

(Foto: RPP)

EL JUEGO DE LAS SILLAS EN EL PPC

PREVIAMENTE EN PPC: LIOS DE FAMILIA: Luego de la caída de Pablo Secada, las disputas entre reformistas y tradicionales se centraron en la forma de elección de candidatos y la posibilidad de tener alianzas en Lima. Los primeros ganaron y se elegirá “un militante, un voto” al postulante pepecista, sin posibilidad de coaliciones. Así comenzó otra disputa: la de los precandidatos. Volvamos al presente.

Hasta hace un par de días, en el partidor pepecista había tres precandidatos:

a) Rafael Santos: Alcalde de Pueblo Libre en dos periodos. Conocido por el célebre selfie junto al presidente de su partido, Raúl Castro, y la asesora de marketing político Gabriela Chávez Bonifaz, cercana a Salvador Heresi y Alex Kouri. Cada entrevista de Santos es como un mensaje de Misión Imposible, es decir, se autodestruye.

b) Alberto Valenzuela: Regidor metropolitano. Apoyado por el sector que antes sostenía la precandidatura de Pablo Secada, que incluye a Luis Bedoya Reyes, Lourdes Flores y la mayoría de congresistas y regidores de la MML. Gerente general de Jockey Salud, tenía un perfil opositor bastante fuerte contra Susana Villarán en los dos primeros años, que fue moderando durante y después de la revocatoria.

c) Edgardo de Pomar: También regidor metropolitano. Abogado bastante cercano a Raúl Castro. Lanzado por la nueva alcaldesa de San Isidro y el regidor Walter Guillén.

La campaña transcurría con normalidad, hasta que algunos medios como Correo y asesores de imagen en redes sociales como Alfonso Baella comenzaron a soltar la posibilidad de tener a Fernán Altuve, precandidato a la MML con Vamos Perú (el partido del alcalde del Callao Juan Sotomayor) como candidato del PPC. La reacción no se hizo esperar en quienes apoyan a Valenzuela. Incluso se daba por cierta la versión que Santos declinaría a favor del abogado cercano al fujimorismo.

Según nos comentó una fuente dentro del PPC, la posibilidad de Altuve era remota. El congreso partidario había acordado cero alianzas para Lima y el bloque que apoya a Valenzuela hubiera protestado inmediatamente si se consolidaba la postulación de Altuve.  Asimismo, el fin de semana había ocurrido una reunión entre Del Pomar y Santos para la posibilidad que alguno de los dos decline, sin éxito.

Quien sí logró un acuerdo con Del Pomar fue Valenzuela, quien viene enarbolando la bandera de la unidad partidaria. El pacto señalaba que el gerente médico sería el candidato a alcalde, mientras que el abogado pasaría a ser candidato a teniente alcalde. Todos ganaban: “Choclo” Valenzuela quedaría como el personaje que consolidaría la pax pepecista luego de un proceso bastante movido – sobre todo, por las sospechas de un sector del partido contra Raúl Castro y viceversa – y De Pomar aseguraba, en el peor de los casos, ser regidor por cuatro años más, considerando la votación histórica del PPC en Lima.

El problema es que el acuerdo fue presentado como una suerte de candidatura única. Y, una hora después, Rafael Santos se presentó en Canal N para decir que se “había enterado por la televisión que ya no era candidato”:

Obviamente, luego de esto, Santos no declinará. El sábado se inscriben las listas y el duelo Santos – Valenzuela promete. El problema es que el PPC va a llegar con un desgaste interno fuerte y un candidato poco conocido. Los más optimistas en el partido prevén que una posible caída de Castañeda los puede beneficiar, mientras que los más pesimistas señalan que apuntan a meter una bancada de regidores decente en la MML.

De allí que, con la dureza que lo caracteriza, Juan Carlos Tafur se haya mandado con este furibundo editorial en Exitosa:

Paradójicamente, bajo el propósito de mostrar unidad se terminó armando una fiesta divisionista, algo absolutamente innecesario y tremendamente dañino.

Hace poco se recordaba la maldición de Béla Guttmann, entrenador húngaro del Benfica, quien luego de ser despedido del club lo maldijo señalando que en cien años no ganaría una copa europea. Y bueno, ya van ocho finales en las que el equipo portugués pierde. Solo por una maldición semejante podría explicarse lo que le sucede al PPC. Porque va de mal en peor, tanto que su conducta ya no parece entenderse por ninguna lógica política o razón partidaria. Nada dotado de logos tiene fuerza instrumental para explicar semejante vocación por el dislate.

¿Lourdes Flores salvará al PPC? ¿Podrán Santos o Valenzuela hacerse un espacio interesante en la contienda limeña? No se pierda los próximos capítulos en este blog.

(Foto: El Comercio)