CONVIVIENDO CON LA CORRUPCION

La semana pasada, fue presentada la Cuarta Encuesta Nacional sobre Corrupción encargada por el consorcio Proética y la CONFIEP. Esta encuesta nos revela datos interesantes sobre la percepción que los peruanos tenemos sobre la corrupción en las altas esferas del poder, como en la vida cotidiana.

La corrupción es percibida como uno de los problemas más importantes de nuestro país. El 30% de peruanos entrevistados consideran que es el mayor problema del Perú. Es señalado como el cuarto problema en prioridad de solución, luego del desempleo, la pobreza y la delincuencia.

Sin embargo, la corrupción es percibida como el principal problema del Estado, muy por delante de la falta de eficiencia de funcionarios y autoridades y de la falta de recursos. Es decir, las personas son conscientes que más perjudicial para un Estado es que el dinero se malgaste por robo o delitos contra la administración pública, antes que por empleados ineficientes y carencia de recursos estatales.

Las instituciones percibidas como más corruptas son el Poder Judicial y la Policía Nacional, aquellas que, en teoría, están encargadas de la persecución del delito. Y aunque la mayoría de personas entrevistadas no confía en ninguna institución para luchar contra la corrupción, resaltan el trabajo hecho por la Defensoría del Pueblo en esta materia.

Resulta sintomático e interesante que los entrevistados, ante la pregunta sobre quienes son responsables de la corrupción en el Perú, responsan en porcentajes cercanos que son los gobernantes y nosotros mismos. La sensación de que son los gobernantes se da en el sector menos instruido. La impresión de que somos nosotros mismos se da con mayor incidencia en quienes tienen mayor grado de instrucción.

Conductas corruptas más toleradas por los ciudadanos:
– Compra de productos piratas
– Favorecimiento de un funcionario público a parientes y amigos.
– Evitar pagar pasaje.
– Pagar una coima para evitar una multa.
– No pedir factura para no pagar IGV.
– Dar obsequios o regalos para agilizar trámites municipales o judiciales.

El gobierno en el que hubo más corrupción: el de Fujimori 54%.

La mayoría de la población cree que la democracia ayuda a combatir la corrupción y confía en que el nuevo gobierno ayudará a combatirla.

Sin embargo, esa percepción puede cambiar con los siguientes acontecimientos:
– Los indicios de contubernio en el Congreso entre el Fujimorismo y el APRA.
– El poco interés que se tiene en la extradición de Alberto Fujimori.
– La controvertida decisión del procurador Omar Chehade para dejar de lado los procesos de extradición contra Daniel Borobio y Julio Vera Abad, involucrados en la corrupción de los medios de comunicación durante la década pasada.
– La fuga del empresario José Lizier, el que ayudo a fugar a Montesinos en su velero “Karisma”.
– La reciente decisión del Congreso de no suspender al congresista José Luna Galvez, procesado ante la Corte Suprema por ser transfuga en el año 2000 a cambio de 30 000 dólares. Hay que señalarlo, esto se dio con votación contraria del APRA. Fueron parlamentarios del fujimorismo, UPP y Unidad Nacional quienes le salvaron el cuello.

Es por ello que los ciudadanos deben estar alertas con la corrupción, partiendo de la percepción que no solo es un tema que afecta la moral pública, sino que también va contra el manejo eficiente del Estado y contra la economía de mercado. Partir de hacer un examen de nosotros mismos puede ayudar a conseguir dicho objetivo.

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HUELE A PODRIDO

Preocupan coincidencias entre el gobierno y los partidarios del autoritarismo.

Alberto Fujimori fue un dictador. Alan García fue (¿sigue siendo?) un demócrata.

Fujimori mandó encontrar “vivo o muerto” a García el día del golpe de Estado de abril de 1992. García tuvo que huir a Colombia y luego a Francia y no pudo volver al país ni siquiera en los días en que su padre era enterrado en Lima.

Fujimori le reabrió los juicios a AGP en el Poder Judicial más obsecuente que la historia peruana registra, con gala de una saña que ni Fernando Olivera exhibió en sus años de Catón criollo. García solo pudo volver en el 2001, acogiéndose a la prescripción de muchas de las acusaciones que se le hacían.

Sin embargo, en los 100 primeros días, llama la atención la “coincidencia” que el APRA, perseguida por la dictadura y combativa frente a ella, y el fujimorismo han tenido en varios temas en el Congreso:
– Establecimiento de la pena de muerte para violadores de menores de edad.
– Reimplantación del Servicio Militar Obligatorio.
– El proyecto de Ley para amordazar a las ONG’s.
– La presencia de Luisa María Cuculiza en la Mesa Directiva del Congreso.
– Otorgar al abogado de Fujimori, Rolando Souza, la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, en momentos que se encuentran pendientes expedientes de extradición contra su defendido.
– Dar a Keiko Fujimori, la hija del prófugo, la Presidencia de la Liga Parlamentaria Peruano – Chilena.

A ello se suma el silencio – que confunde la cautela con la falta de voluntad política – sobre la extradición de Alberto Fujimori, la pérdida de rumbo en la lucha contra la corrupción y la coincidencia que tienen algunos parlamentarios con la visión sobre los derechos humanos y lo que ocurrió en el país durante el periodo de violencia, llegando a coincidir incluso en los pedidos de amnistía.

Del APRA combativa entre 1992 y 2000 solo queda un Del Castillo cada vez más solitario y militantes de base que no entienden el rumbo de su partido.

¿Es que acaso hemos visto a un fujimorista arrepentirse por el golpe de Estado de 1992, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por el robo indiscriminado, por las privatizaciones mal hechas, por liquidar a la clase media, por convertir a la educación peruana en la peor de América Latina? No. Aun siguen con el discurso que intenta legitimar el autoritarismo como solución a los problemas del país, el asesinato y el robo como bandera y la ingenuidad como justificación para que su líder “no supiera nada” de lo que se hacían en las altas esferas del poder.

No faltará alguno que en aras de “la gobernabilidad” o el cálculo político, le otorgue méritos a Alan García por estas sinuosidades y proclividades. Creemos que una visión de ese tipo solo mira el corto plazo como meta y pone un estandar muy bajo a la medición de la actuación de gobierno. Si un partido tiene una línea clara de defensa de la democracia, no puede coquetear o pactar con los representantes del autoritarismo. Teniendo otras agrupaciones con las cuales tender puentes en el Congreso y fuera de él, AGP y un grupo de apristas privilegian 13 votos que no son indispensables para manejar el Congreso, menos aún en momentos en que su “luna de miel” parece haberse prolongado.

Parece ser un modus vivendi del APRA todo esto. Prado no los legalizó, le dieron su voto y cogobernaron el 56. Odría los persiguió durante los 50 y durante los 60 se aliaron en contra de Belaúnde. ¿Se repetirá ahora la historia? Tentación autoritaria, le llaman.

ENLACES:
Javier Velásquez Quesquén: No hay pacto, pero sí convergencia.
Nidia Vilchez: “Sin pacto nos entendemos”.
Cecilia Blondet: “Sospecha es porque fujimorismo y APRA cerraron filas para aprobar ley”.
Ideele Radio: El Largometraje de la Extradición: El APRA y Fujimori, los actores políticos.
Mirko Lauer: Anti-ONG’s: La ultraderecha al timón.
Carlos Castro: De Benavides a Fujimori.
El Comercio: Innecesaria camisa de fuerza para las ONG.
La República: Riesgos del pacto APRA – Fujimori.
Augusto Alvarez Rodrich: Pacto Infame (a media voz).
Nelson Manrique: Amores Perros.
Jorge Bruce: Pactar es pactar.
Santiago Pedraglio: La Tentación del Autoritarismo.

PRIMERO VINERON POR ELLOS, ¿MAÑANA VENDRÁN POR MI?

El Congreso amordaza, algunos medios bendicen.

Desde hace varios años, las organizaciones no gubernamentales sufren una campaña de satanización de parte de un sector de la clase política (en particular, el fujimorismo y los sectores conservadores de la política peruana) y de la prensa (en especial, desde las sentinas de los diarios Correo, Expreso y La Razón).

“Caviares”, “no representan a nadie”, “son la intrusión de ideologías foráneas”, “atrasan el desarrollo del país”, “pro violentistas”, “pro senderistas” o “nadie los fiscaliza” son algunas de las diatribas con las cuales intentan echar por la borda el prestigio que buena parte de estas organizaciones tienen en un sector de la sociedad, que reconoce el trabajo de aquellas instituciones de este tipo que cumplen su labor con eficiencia y transparencia.

Estas organizaciones cumplieron y siguen cumpliendo un rol fundamental para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos más excluidos de nuestro país, en particular en los tiempos de la autocracia fujimorista y del conflicto interno. Fiscalizan la actuación del Estado y de otros actores sociales, a fin de que el desarrollo sea sostenible y se de en un clima de respeto a los valores democráticos y a los derechos humanos. Bregan para que grupos de la sociedad (mujeres, niños y adolescentes, glbt, afrodescendientes, indígenas) no sean invisibilizados por una sociedad acostumbrada a excluir o a no tener una agenda seria de lo que queremos ser como nación.

La lógica de las instituciones no se agota en la representación. Dicha función representativa solo cabe a los partidos políticos y a las autoridades elegidas. Pero ello no impide que los ciudadanos podamos y debamos intervenir en la deliberación, planteamiento y cuestionamiento de las propuestas que conforman la res pública. La actividad política no se reduce a la labor de los partidos y el deber de los ciudadanos no se agotan en la elección de autoridades y esperar para que, a la buena de Dios o a la muerte de un obispo, respondan a sus demandas. Optar por una opción que quite posibilidades de participación a las personas contribuye, a la larga, a seguir preservando actitudes autocráticas y antidemocráticas en nuestra sociedad.

No necesitamos ser elegidos para actuar como ciudadanos. De no hacerlo, la representación que concedemos a las autoridades puede derivar en el tutelaje de los partidos políticos, el Estado o los llamados poderes fácticos (las Iglesias y las Fuerzas Armadas). Tutelaje que sólo merecen menores de edad y, que sepamos, no somos menores de edad y en el Perú ningún adulto es merecedor de tutela.

Cierto es que cualquier organización o asociación que se forme requiere de fiscalización y control para evitar que sus fondos se malutilicen.

En el caso de las organizaciones no gubernamentales, existen ya dos tipos de control:
a) El primero, a cargo del Estado, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), encargada de velar por la inscripción de instituciones que reciben cooperación internacional, así como por la transparencia en el uso de dichos fondos. Hasta el momento, dicho control ha rendido resultados, de acuerdo a lo señalado por los ex jefes de APCI y su actual titular, Agustín Haya de la Torre.
b) El segundo, a cargo de las entidades cooperantes, que someten a continuas rendiciones de cuentas y auditorías con estándares internacionales a las ong’s, teniendo, en la mayor parte de los casos, un resultado satisfactorio de resultados y utilización de los dineros empleados.

Hace unos meses, el ahora ex parlamentario Antero Flores – Araoz presentó un proyecto de Ley para que APCI tenga facultades sancionatorias contra las entidades que no cumplan con sus reglamentaciones. Hasta allí, todo relativamente bien. Con excepción del detalle que viene a continuación: el Poder Ejecutivo debía indicar cuáles eran las infracciones. Y ello contravenía la Ley General de Procedimientos Administrativos. Así lo entendió el Poder Ejecutivo, ya en época de AGP, enviando el proyecto de nuevo al Congreso con carácter de observado.

Pero en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida ahora por el abogado del extraditable Alberto Fujimori, Rolando Souza, le hicieron algunos cambios a la norma donde la palabra mordaza salta a la vista.

Para comenzar, señalaron que el Estado priorizaría la cooperación internacional en función de su política nacional de desarrollo y el interés público. Párrafo aparentemente inocuo, pero que tiene que verse en concordancia con lo siguiente. Todo proyecto tendrá que registrarse en APCI y, por tanto, aprobarse por esta entidad. Proyectos que figuran, por lo demás, en convenios privados, aspecto donde el Estado no tendría que tener ingerencia, como en cualquier contratación. Más aún, pone una norma que señala que pueden aplicar cualquier sanción por “orientar los recursos de la cooperación técnica intrnacional en actividades que afecten el orden público, las buenas costumbres o perjudiquen la propiedad pública o privada”. Conceptos tan genéricos que un estudiante de derecho administrativo se reiría por la laxitud con la que se señala la infracción.

Y, además, mantuvieron el error del proyecto de Flores – Araoz, es decir, el Poder Ejecutivo podrá generar otras infracciones.

En suma, si al gobierno de turno le molesta tu labor fiscalizadora, simple y llanamente, te deja fuera del registro, sin operar, y tus funcionarios pueden quedar inhabilitados hasta por cinco años.

Y es obvio que hay intereses creados para irse, en particular, contra las que ven temas de derechos humanos, administración de justicia y medio ambiente, temas que incomodan a los poderosos, a los de antes y a los de ahora, a los políticos y a los empresarios que aun creen en su poder omnimodo, a los conservadores que creen que el pueblo debe decir “chi chenó” y sólo votar sin reclamar.

No protesten, va contra la inversión; no molesten a los militares, no mataron inocentes; no reclamen reforma judicial, eso lo harán los jueces, claman las voces que se solazan con la aprobación de este proyecto.

Por ello no extraña que sea el APRA (donde moran Giampietri, Lourdes Mendoza del Solar y Mulder), Unidad Nacional (con Lourdes Alcorta y Raúl Castro a la cabeza) y el bloque fujimorista quienes hayan votado a favor de una norma comparable con las restricciones que se ponen a la cooperación internacional en la mafiosa Rusia de Putín o en la satrapía petrolera venezolana.

Ya existen los controles adecuados para las ong’s. APCI las supervisa, la SUNAT vigila los impuestos que paga (o las exoneraciones que tienen), el Ministerio de Trabajo supervisa su régimen laboral. Y, además, los cooperantes tienen mecanismos de transparencia y control para vigilar el cumplimiento de actividades. ¿Era necesaria esta norma? Creemos que no.

La incomodidad que despierta en los sectores políticos y empresariales la actividad de las organizaciones no gubernamentales no es motivo para que se les amordace de la manera como se pretende hacer. Fiscalizar, en un país donde los controles institucionales no funcionan y donde es necesario construir más ciudadanía, no sólo es un derecho, también es un deber.

¿Quién será la próxima víctima? ¿Acaso la prensa?

ENLACES:
Vean el reportaje de OcraM sobre el tema.
Martín Tanaka: “Gobierno no debe usar a ONG’s como “chivo expiatorio” de problemas que no puede solucionar”.
Perú.21: Pleno avala intromisión gubernamental en ONG.
Comunicado de la COEECI (Cooperantes Internacionales): Gobierno intenta perseguir a ONGs que discrepen con su gestión.
Francisco Eguiguren y la visión constitucional sobre el tema.
El pensamiento macartista de Luis García Miró (Expreso) y Aldo Mariátegui (Correo).
El Utero de Marita: ¿Qué se trae Giampietri? Primero las ONGs, y luego…?
Archivo del Tercer Piso: Mc Carthy vive en Lima.

REPRESALIAS PREOCUPANTES

Dos casos preocupantes que llaman a la reflexión.

CASO 1: HILDEBRANDT

Como sabemos, César Hildebrandt, uno de los periodistas más importantes del medio, difundió la noticia del sexto hijo del Presidente Alan García, en la columna que tenía en el diario La Primera.

Como también recordamos, el lunes, AGP reconoció ser el padre del pequeño Federico Dantón en declaración publica, que, por cierto, no se habría producido de no haber mediado la revelación de CH.

Sin embargo, tal parece que un grupo de afines al APRA se ha encargado de hacer una vendetta en contra del periodista.

Por un lado, Ricardo Wong, dueño del diario La Primera y conocido amigo del Presidente, presionó por la salida de Hildebrandt, publicando un titular sobre un supuesto comunicado de la Organización Panamericana de la Salud desmitiendo a CH sobre su denuncia de malos manejos y peligros de las vacunas contra la rubeola. El comunicado no se encuentra en la web de dicha organización, por lo que se presume que sea apócrifo.

Ello provocó, de un lado, el despido del director de La Primera, el periodista cercano al PAP Carlos Quiroga, por no censurar las columnas de Hildebrandt, y de otro lado, la renuncia de César Hildebrandt a escribir en este medio.

Pero hoy, con una diligencia digna de mejor causa, CH fue citado a declarar en un caso donde se encuentra involucrado Fernando Zevallos, el narcotraficante que fue alguna vez empresario de la aviación civil. Al periodista pretendele achacarsele haber recibido un pago de 35,000 dólares que habrían sido entregados a un camarógrafo.

Este columnista era un televidente del programa de CH en los canales en los que estuvo y en ningún momento notó favoritismo alguno contra Zevallos, por el contrario, se le hacían preguntas incómodas cada vez que este cuestionado personaje acudía al set de televisión. Por tanto, nos parece inverosimil y canalla que se pretenda hacer (o mejor dicho, resucitar) una denuncia de este calibre.

Walter Vasquez Bejarano, presidente de la Corte Suprema, ha expresado su extrañeza por esta citación sorpresiva. Y Jorge del Castillo, con los modales y talante democrático que parecen ser sólo patrimonio de la PCM en estos tiempos, llegó a ofrecerle un espacio a CH en el diario El Peruano.

Me recuerdan los tiempos en que se vetó a Jaime Bayly de la televisión por hacerle la pregunta del litio a Alan en 1985 o cuando hubieron “fallas técnicas” durante el reportaje que el programa de Fernando Ampuero (Uno más Uno) difundía en 1986 sobre la masacre del Frontón.

¿Cambio responsable?

UPDATE (28/10/2006): Juan de la Puente, el nuevo director de La Primera, ha ofrecido sus disculpas a Hildebrandt en su primera columna como director.

CASO 2: ANGELO SANGUINETTI

Hace unas semanas, el programa Panorama denunció que Gustavo Andrade, hermano del actual alcalde de Miraflores – que va por la reelección – y del ex alcalde de Lima, cobraba coimas a quienes querían obtener de manera más rápida la licencia de funcionamientos de negocios.

En aquella oportunidad, el principal denunciante de esta maniobra delincuencial fue el empresario Angelo Sanguinetti, conocido propietario de centros nocturnos en la ciudad. Andrade cobraba una coima de 400 dólares al empresario, hecho que fue registrado en el reportaje antes mencionado. Hace dos semanas, nuevamente apareció otro video de esta persona haciendo el mismo tratamiento a dos empresarios.

Sorprende que el alcalde Fernando Andrade no haya separado a este sujeto de la Municipalidad, donde sigue trabajando impunemente y que, además, su departamento legal haya propuesto a la Fiscalía que denuncie a Sanguinetti por corrupción de funcionarios.

Pues bien, el día de mañana, el empresario debía declarar ante el Poder Judicial sobre los hechos denunciados contra Gustavo Andrade. Sin embargo, esta mañana, Sanguinetti fue golpeado por cuatro sujetos encapuchados, sufriendo hematomas, contusiones en el rostro, boca y ojos. A Sanguinetti no le robaron nada. Es evidente que esta agresión fue para callarle la boca.

¿Este es el estilo político de los Andrade? Mucho ojo con quienes elegimos como alcaldes este 19 de noviembre.

EL CONSEJO DE REPARACIONES: AVANCE PARA LA RECONCILIACION

Uno de los pasos más importantes para la reconciliación, luego del conflicto armado interno, es la reparación del daño causado, por parte del Estado, tanto por su omisión en defender a quienes fueron víctimas de las organizaciones subversivas, como por su acción, en el caso de quienes fueron afectados por la acción de miembros de las fuerzas del orden.

Durante los últimos dos años se han dado pasos importantes en este sentido, como la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, y el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, Reglamento del Plan Integral de Reparaciones.

Para que este Plan pueda funcionar, es necesario que se haga una lista de todas las personas que fueron víctimas de la violencia entre 1980 y 2000. Esta lista se denomina Registro Unico de Víctimas y la entidad que se encargará de elaborarla será el denominado Consejo de Reparaciones, cuyos miembros han sido recientemente nombrados y se instaló el día de ayer en la Presidencia del Consejo de Ministros.

El Consejo está compuesto por 7 personas y está presidido por la reconocida activista de derechos humanos y ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Sofía Macher. Su composición es bastante plural: dos militares en retiro, un policía en retiro, un empresario, una dirigente ashaninka y una activista de derechos humanos. Esta composición, como lo ha señalado Jorge del Castillo, no sólo responde a que civiles, militares y policías fueron víctimas del conflicto, sino también a abrir un espacio de diálogo entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos y miembros de las Fuerzas Armadas. Con ello, se recupera un espacio que ya fuera dado durante la vigencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde la versión de militares y policías fue recogida y sus víctimas registradas.

Como era de suponerse, todos aquellos que se oponen a cambiar su visión sobre el conflicto armado interno han saltado y han cuestionado la designación de Sofía Macher. Luis Giampietri, Lourdes Mendoza del Solar, Lourdes Alcorta, Rafael Rey, Mauricio Mulder y los fujimoristas, los mismos que han criticado a partir de sus prejuicios el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de la CVR, han cuestionado esta decisión. Para ellos, no hay víctimas que reparar o sólo habría que hacerlo con las víctimas del terrorismo. Felizmente, el Presidente del Consejo de Ministros ha sido bastante claro en acallar las críticas por la designación de Macher y en calificar como “extremistas” a quienes se opusieron a esta designación, así como en señalar que está de acuerdo con otorgar apoyo legal a las víctimas de la violencia para los juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos, cometidas tanto por Sendero Luminoso como por miembros de las Fuerzas Armadas.

Debe quedar claro que el Consejo de Reparaciones no determinará los montos ni programas que comprenden el Plan. Esta es una tarea de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), a cargo del militante aprista Jesús Aliaga Baldeón, una persona comprometida con el tema de los derechos humanos dentro del APRA y que incluso ha escrito un libro sobre los mártires apristas de la lucha contrasubversiva.

La labor del Consejo será dirigir el proceso de evaluación, calificación y acreditación de la calidad de víctimas y beneficiarios individuales y colectivos del Plan y su inscripción en el Registro Unico de Víctimas. Para ello se requieren investigadores que hagan trabajo de campo en las zonas afectadas, la apertura de oficinas descentralizadas y el apoyo de los gobiernos regionales. Significativo será el aporte del Gobierno Regional de Huancavelica, que viene confeccionando actualmente su propia lista de víctimas, con apoyo del Instituto de Defensa Legal y de la cooperación internacional.

Cabe indicar que los miembros de organizaciones subversivas no serán beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones, tal como lo señala la Ley y el Reglamento antes indicados. También debe conocerse que los miembros del Consejo de Reparaciones no cobran suma alguna por sus funciones.

Sin duda alguna, esta es una buena noticia, Esperemos que las labores del Consejo sean apoyadas con un presupuesto que permita cubrir su trabajo de la mejor manera y que, además, la CMAN, conjuntamente con las poblaciones, diseñe los planes de reparación sobre la base de lo señalado por la CVR. De hacerse, este no sólo sería un importante logro para este gobierno, sino un paso adelante en lo que debe ser una política de Estado: reconstruir los lazos entre los peruanos y entre el Estado y la sociedad, luego de años de violencia y de ausencia de la autoridad estatal, en democracia y con respeto a los derechos de las personas.

ENLACES:
Sofía Macher: Consejo de Reparaciones pondrá nombres a víctimas del terrorismo. Mis detractores se niegan a reconciliarse y a dialogar con peruanos quechuahablantes.
Perú.21: Reparaciones serán financiadas con aportes mineros.
El Comercio: Reparaciones no sólo serán con dinero.
Jorge del Castillo: Estoy contento con nominación de Macher al Consejo de Reparaciones.
Editorial de La República: El Consejo de Reparaciones.
Agenciaperú.com: Proyectos de Reparación Colectiva en Huancavelica.
El Útero de Marita: Una gran noticia.
Luzmila Chiricente: “Lucharé para que los ashaninkas sean también reparados y se acabe con la discriminación”.

SURQUILLANO, NO VOTES POR ESTE CANDIDATO

Si tu fuiste uno de los afectados por el apagón de ayer y te quedaste sin luz para chambear, ver tele, ver a tu familia o siquiera subir a tu departamento.

Si ayer te quedaste sin escuchar al Veco porque la señal de RPP se fue del aire.

Si tu pasaste por la Av. Angamos y te ganaste con una congestión vehicular porque había un camión de Luz del Sur arreglando la humorada de un alcalde.

Si te robaron la cartera, la billetera, el celular o la radio del carro, aprovechando la oscuridad.

Si te llega que las autoridades celebren su cumpleaños a lo grande, en campaña reeleccionista y, por si fuera poco, causando un perjuicio a media ciudad.

Y si además, votas en Surquillo.

Entonces, memoriza el rostro que ves arriba y concientízate: no voy a votar por el.

Se llama Gustavo Sierra, va por la reelección por Unidad Nacional. Fue el responsable del apagón que nos amargó la vida a los limeños el día de ayer. Y todo porque celebraba, como acto de campaña, su cumpleaños a lo grande, incluyendo un globo aerostático que fue lo que se tropezó con una fuente de alta tensión, causando la pérdida de fluido eléctrico.

¿Un irresponsable así puede ser alcalde?

ENLACES:
El Utero de Marita: El imbécil que causó el apagón de anoche.
Desde la Clandestinidad: ¿Qué cosas suceden con el apagón?

REPERCUSIONES DEL AFFAIRE “VACUNAS-ALAN-CHESSMAN-GATE”

Bueno, luego del escándalo y polémicas desatadas con el tema del sexto hijo de Alan, dos repercusiones inmediatas ha tenido el caso.

La primera, la vinculada directamente con lo de la revelación, ha sido la renuncia de César Hildebrandt a La Primera, diario en el que el periodista tenía su columna diaria.

El titular de ayer de este diario fue “Organización Panamericana de la Salud desmiente a Hildebrandt” y se refería a una versión dada por representantes de la OPS sobre el tema de las vacunas contra la rubeola, que, no olvidemos, fue la denuncia original que motivó la revelación de la vida íntima de Alan.

La renuncia de H. se produjo en su programa de Radio San Borja, y, además, se dio el trabajo de ir a RPP a anunciarla para mayor cantidad de público.

Hildebrandt alega que el titular en cuestión fue ordenado como represalia a su revelación sobre la paternidad de AGP, versión que no parecería inverosimil, considerando que Ricardo Wong – ex candidato presidencial que declinó en favor de Alan – es el dueño del diario y que Carlos Quiroga Gutiérrez, director del medio, fue candidato con el número 33 al Parlamento por el partido de la estrella en el 2001. Además, resulta bastante raro que se ventilen discrepancias entre dueño de medio y columnista a través de un titular.

Lo cierto es que, errores y excesos al margen, La Primera pierde a su mejor columnista.

La segunda y quizás la más importante, sea la solicitud de la Comisión de Salud del Congreso de un informe sobre el tema de las vacunas contra la rubeola.

Hay aún varias preguntas flotando en el aire:
– ¿Había una epidemia de rubeola tan grave como para armar una vacunación tan masiva?
– ¿Cuál es la relación entre la empresa india que importa las vacunas y el médico Hugo Diaz, el proveedor de las Boticas del Pueblo apristas?
– ¿Es cierto que las vacunas pueden producir daños a madres gestantes por contener dos virus vivos en su composición?
– ¿Por qué no hubo licitación pública para una compra tan masiva?

El Ministro de Salud, Carlos Vallejos, no ha sido ajeno a los cuestionamientos. Su viceministro tiene acusaciones de una estafa por compra y venta de terrenos. Recientemente, opinó en el aire negando contaminación alguna en el río Corrientes, mientras que su jefe, Jorge del Castillo, la Defensora del Pueblo y un acta firmada entre la comunidad ashuar y Pluspetrol dice lo contrario. Lo de la rubeola huele a algo podrido, que aun no termina de aclarar.

¿Será el primer ministro en irse?

ENLACES:
Sobre el caso Hildebrandt:
Pedro Salinas se va contra “La Primera”: De Quinta.
Hildebrandt: Alan García pidió mi cabeza.
La Primera: Compañeros niegan represalias contra H.
Sobre lo de las vacunas:
RPP Noticias: Congreso solicita informe sobre compra de vacunas contra rubeola.
La República: Congreso pide informe a MINSA.