Cuatro claves para entender la crisis política en Brasil

(Dilma Rousseff, destituida hoy. Foto: Reuters)

Esta mañana, Dilma Rousseff fue destituida de su cargo como presidenta de Brasil. La ahora expresidenta no será inhabilitada por ocho años de la vida pública como se pedía. En medio de la crisis política que vive el país, existe mucha confusión sobre lo ocurrido. De allí que sea necesario aclarar varios puntos.

1. DILMA NO HA SIDO DESTITUIDA POR EL CASO LAVA JATO

Si bien es cierto que el gran caso de corrupción que involucra a las grandes constructoras brasileñas ha salpicado al Partido de los Trabajadores hasta la médula – comenzando por el antecesor de Dilma, Lula da Silva -, lo cierto es que a Rousseff no tiene aún una acusación concreta por este caso, ni en el Poder Judicial ni ante el Congreso brasileño. Eso sí, parte del gran telón de fondo del deterioro de su popularidad y de la debilidad de su gobierno, que finalmente concluyó hoy. Así lo reseñó Andrés Paredes hace unos meses:

Con la economía en retroceso, por el fin del auge de las materias primas y la clase política moviéndose en el lodo de las ganancias ilícitas del período de bonanza, Dilma careció de una actitud firme para enfrentar al monstruo de la corrupción y se comportó más parecido a una cómplice.

2. ROUSSEFF CAE POR UN TEMA FISCAL

Así lo resume el diario El País:

El origen remoto del proceso hay que buscarlo en un informe de tres abogados que denunciaron a la presidenta hace más de nueve meses por maquillar las cuentas públicas a base de hacer trampas con el presupuesto mediante un abstruso mecanismo de préstamos públicos. Los senadores brasileños se han pasado horas y días y meses discutiendo en un perpetuo Día de la Marmota sobre si el retraso por parte del Gobierno en reembolsar un pago efectuado por un banco público a un programa estatal se podía considerar delito o no.

En los últimos meses han surgido en el país centenares de especialistas en esta minucia contable, en una trinchera y en otra. Para la defensa, eso ni es delito ni es algo raro: todos los presidentes anteriores lo han hecho. Los acusadores han repetido que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República y ni siquiera para esto. Uno de sus más fervientes defensores, el ex ministro de Economía Nelson Barboza replicó el sábado: “Ustedes han decidido que hay un crimen y luego han buscado el delito”.

3. ¿HABIA FUNDAMENTO PARA DESTITUIR A ROUSSEFF?

Estábamos ante un tema harto discutible, no solo en determinar cuál era el posible delito sino, en caso se hubiera cometido, el tema debía llevar a una destitución. El referido diario español refiere que:

Más allá de estos dos casos concretos, en medio de la guerra de tecnicismos en el proceso de impeachment, crece entre los expertos brasileños en Derecho y entre los politólogos la discusión sobre el principio de proporcionalidad en la Ley del Impeachment, anterior a la actual Constitución brasileña de 1988. Independientemente de los argumentos de acusación y defensa, muchos defienden que la legislación ha de reformularse porque prevé la misma pena radical —la pérdida del mandato— para delitos dispares. Cometer un delito fiscal, aun siendo muy pequeño se castiga de la misma manera que tratar de subvertir el Gobierno de la República.

De hecho, este era el principal argumento que Rousseff podía tener a su favor, pero prefirió invocar las cuestiones más vinculadas a la posibilidad de un derrocamiento. Y era un argumento central porque, como toda institución excepcional, el impeachment seguido de destitución debía tener causas claras para su empleo.

No se puede hablar de un “golpe de Estado” como parte de la izquierda arguye, pero lo ocurrido si puede encajar, en lo que el politólogo peruano Óscar Vidarte define de otra manera:

“Más allá de un golpe de Estado, estamos frente a una “alteración al orden democrático”, en los términos que utiliza la Carta Democrática Interamericana. La historia recordará que, utilizando argucias jurídicas, legisladores acusados por corrupción, actuando en función de intereses políticos personales, y aprovechándose de un contexto de crisis política y económica, destituyeron a una presidenta elegida en elecciones libres por más de 54 millones de votos”.

4. LO QUE SE VIENE

En las próximas horas, Dilma deberá dejar definitivamente el cargo, que pasará definitivamente a manos de Michel Temer, vicepresidente y antiguo aliado, quien ya venía ejerciendo el cargo interinamente. Paredes indica que su posición también es endeble:

Es acusado por el oficialismo de urdir una conspiración contra Rousseff para llegar al poder, también está involucrado en la maraña de Lavajato y por si fuera poco, de lanzarse a la presidencia solo el 2% votaría por él.

Si Dilma es relevada, Temer sería el nuevo mandatario pero ejercería el poder desde una posición con poco consenso, casi nula popularidad y debilitado por acusaciones que podrían ser parte de una retaliación del PT.

De hecho, Temer ya había metido la pata al convocar un gabinete sin mujeres ni afrodescendientes, lo que tuvo un tono a “restauración conservadora” luego de 8 años de gobierno del PT. Pero, sin duda, los escándalos de corrupción que vienen siendo procesados pulcramente por el Poder Judicial brasileño lo pueden colocar al borde de la destitución o del adelanto de elecciones. Esta última medida ya había sido ofrecida por Dilma para salir de la crisis política, en caso no hubiera sido destituida. Paradójicamente, su sucesor podría terminar implementándola.

Mientras que, desde fuera, Temer no tiene mayores respaldos. Ya Ecuador y Bolivia llamaron en consulta a sus representantes diplomáticos en Brasilia, en protesta por la destitución. Y si bien los gobiernos de derecha no salieron a defender a Dilma, tampoco lo harían con Temer en caso sea destituido en un procedimiento similar. Quizás la única voz que salga a hablar en voz alta sea la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, capaz de enfrentarse al mismo tiempo al gobierno de Maduro como a la derecha brasileña.

Lo cierto es que la destitución no arregla la crisis política. Con buena parte de los liderazgos políticos brasileños cuestionados, una economía en recesión y la poca inteligencia con la que todos los partidos han movido sus fichas en este juego de tronos con sabor a samba, lo cierto es que Brasil pasó de ser candidato a potencia mundial a un remezón que ha tirado por los aires la imagen del aspirante a hegemón regional.

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Habla Castañeda

(Foto: Diario Uno)

Como cientos de ciudadanos ya lo han hecho, hace unos días firmé un planillón de la iniciativa “Habla Castañeda” impulsada por el regidor metropolitano Hernán Nuñez, con miras a que el alcalde de Lima rinda cuentas sobre el uso de recursos públicos en diversas obras.

Todo comenzó cuando Nuñez comenzó a solicitar información sobre los fondos de una de las obras más cuestionadas del alcalde: el by pass de 28 de Julio. La Municipalidad Metropolitana de Lima se negó a darle dichos datos. Y, dados los datos recopilados por Spacio Libre sobre dicha obra, resultaba claro que la gestión Castañeda tenía mucho por ocultar. Asimismo, es notorio que las sesiones de Concejo Metropolitano  han vuelto al secretismo, que es roto por un puñado de regidores que no pertenecen a Solidaridad Nacional.

Nuñez pudo adquirir un kit electoral para una demanda de rendición de cuentas. Se tienen que reunir 25,000 firmas para que el alcalde de Lima indique como se han hecho estos gastos en la comuna limeña. Ya varios ciudadanos, al igual que periodistas y artistas e instituciones como Proética, se han sumado a suscribir esta iniciativa.

¿Por qué me parece una iniciativa importante? Es bastante claro que, en sus tres gestiones, Castañeda Lossio ha sido poco claro en explicarle a la gente en qué se gasta la plata de la MML. Para ser aún más directos, el alcalde de Lima siente un sumo menosprecio por el ciudadano, al que no le rinde cuentas sobre su gestión y solo se limita a decir que hace obras. Lo curioso es que, en este tercer periodo, con excepción del ya mentado by pass, únicamente se ha limitado a completar lo que ya venía haciendo su predecesora.

Es claro que el alcalde se ha sentido “ofendido” por esta solicitud ciudadana. Así lo reseñó El Comercio el viernes:

“Las cosas están tan claras que estamos multiplicando las obras. Yo me pregunto por qué no lo hacían antes. Lo que más hay es transparencia durante de mi gestión, esta es la característica de que hagamos tantas obras (…) Se trata de hacer su escándalo político”, dijo.

Al ser consultado sobre si presentarán un informe de rendición de cuentas, el alcalde Luis Castañeda se mostró fastidiado y aseguró que lo hacen “todo el tiempo”. “Tú no puedes mover ni un dedo si no tiene la contraloría la inspectoría y todo. Que pidan los informes”, agregó.

Lo cierto es que el alcalde – y sus fans que repiten cual bots los mismos sonsonetes en redes sociales – no deben tenerle miedo a un mecanismo ciudadano que está en la Ley y que, además, es mucho menos oneroso que una revocatoria. Es hora de explicarnos a los limeños que hay detrás del consabido lema “Vuelven Las Obras”.

Puedes descargar el planillón para que 10 personas lo puedan firmar. Y en las redes sociales de Habla Castañeda te indicarán donde llevarlo.

Es momento que Castañeda hable. Fuerte y claro.

CVR: trece años

(Hace 13 años se presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Foto: El Comercio)

El último viernes, en medio de las cotidianas broncas políticas, se produjo un hecho significativo. Por primera vez, un ministro de Justicia y Derechos Humanos – en este caso, una ministra – asistía a la ceremonia conmemorativa por el aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, organizada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones de víctimas.

Más importante aún, Marisol Pérez – Tello pidió perdón por esta ausencia del Estado, tanto en el plano simbólico como en la velocidad en la implementación de las recomendaciones planteadas por la CVR hace exactamente trece años. A ello se le sumaron anuncios concretos, como la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia y la reapertura del Registro Único de Víctimas, cerrado a fines del gobierno de Alan García.

Y aún más clave, el gobierno y la ministra que hacen estos anuncios, en otros temas, son calificados como de derecha, lo que es aún más resaltante en un país donde las causas a favor de los derechos humanos fueron asumidas por la izquierda, debido a que – con saludables excepciones – los sectores liberales solo se ocuparon de lo económico, para no hablar de los casos conservadores en los que se justificaron atrocidades cometidas desde el Estado (o se ha buscado invisibilizarlas).

En el Perú, normalmente los informes de las comisiones creadas por el Estado terminan en una gaveta. Por ello, lo ocurrido con el documento presentado por la CVR, resulta significativo en varios sentidos. Se trata de un texto duro, que interpela a buena parte de la sociedad peruana por acciones y omisiones cometidas por los años del terror y que nos da una idea cierta de hasta que punto los fundamentalismos pueden ser nocivos. Sus principales mensajes han sido asumidos por el mundo del arte y la cultura en diversas formas. Y sus detractores, con ataques que se renuevan cada cierto tiempo, han mantenido viva la discusión sobre un texto que, en sus lineas centrales, refleja fielmente lo ocurrido entre 1980 y 2000.

Pero, más allá del documento, resulta indispensable volver a su foco central: las víctimas y sus familiares. Como recordó Pérez – Tello, luchadoras como Angélica Mendoza de Azcarza “Mamá Angélica” hoy se encuentran, producto de la edad, con el estado de salud quebrantado. Varias de las señoras que lideraron la lucha en las diversas asociaciones de víctimas – desde ANFASEP hasta la que agrupa a los familiares de militares y policías – han fallecido sin que el Estado las haya reparado debidamente y, sobre todo, las haya reconocido. La ministra se refirió a ellos como nuestros héroes. Y realmente lo son. Durante años, por cuestiones de trabajo, he visto cómo las únicas presencias del Estado, por años,  para ellos, han sido la Defensoría del Pueblo, algún juez identificado plenamente con estas causas o solitarios congresistas como la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Sin duda, el gobierno comienza con buen pie esta tarea. Deberá tener claro que la dignificación de quienes sufrieron en mayor medida en los años del terror no solo pasa por la entrega de un cheque o la burocrática inscripción en un registro. Tampoco por la cesión de una beca educativa sin el debido acompañamiento. Es hora que el Estado peruano le abra sus puertas grandes a aquellos peruanos que no se sintieron protegidos en sus derechos, por omisión o por acción, así como por la cruenta violencia que un grupo de compatriotas inició contra todos nosotros. Gestos como el hecho por Marisol Pérez – Tello el último viernes o la impecable acción del saliente Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, dan luces de esperanza.

Para que no se repita. Nunca más.

Caso Sodalicio: una actualización

Sodalicio
(El Sodalicio aún no sale de la crisis. Foto: La República)

Lejos de los reflectores públicos, el caso del Sodalicio corre por dos vías paralelas: la judicial y la eclesial. En ambas, con resultados distintos. Transcurridos algunos meses, es necesario hacer una actualización respecto de lo ocurrido en este caso.

(Virgilio Levaggi, actual funcionario de la Organización Internacional del Trabajo en Centroamérica, ha sido implicado en el caso Sodalicio debido a su accidentado paso en dicha organización. Foto: Listín Diario)

EL AMBITO LEGAL: EL NUEVO IMPLICADO Y LOS DELITOS POR LOS QUE SE ACUSA A PARTE DE LA CUPULA SODALITE

En mayo pasado, cinco exmiembros del Sodalicio de Vida Cristiana presentaron una denuncia penal contra varios personajes ligados a la institución: Luis Fernando Figari, Jaime Baertl Gómez, Virgilio Levaggi Vega, José Ambrozic Velezmoro, José Antonio Eguren Anselmi, Eduardo Regal  Villa, Óscar Tokumura y Edwin Scheuch Pool. Dicha denuncia, que amplía las indagaciones ya iniciadas sobre Figari por abusos sexuales, fue aceptada a inicios de este mes. Se centra en tres delitos: asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves.

Cabe mencionar que Baertl, Ambrozic, Regal, Tokumura y Scheuch se encuentran dentro de la institución y Eguren, además de pertenecer a la misma, es el actual Arzobispo de Piura.

De ellos, el menos conocido, durante estos años, ha sido Levaggi, quien hace 29 años salió de la organización en circunstancias aún no esclarecidas. El ingresó a la institución luego de ser captado en el colegio Antonio Raimondi, donde cursó estudios escolares.

De acuerdo a la denuncia, publicada por el portal La Mula, Levaggi Vega fue encargado de Instrucción y Relaciones Públicas del Sodalicio durante varios años. Y ha sido sindicado como parte de una organización donde se cometían los abusos físicos y psicológicos ya descritos tanto en el libro “Mitad Monjes, Mitad Soldados”, publicado por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, como en los reportajes que ambos han presentado en el diario La República durante varios meses.

Pero, además, hay una acusación más grave contra Levaggi. Esto se señala en la denuncia presentada ante el Ministerio Público:

Actualmente, Levaggi es el director regional de la Organización Internacional del Trabajo para Centro América, Haití y República Dominicana. Si bien no ha emitido declaraciones públicas al respecto, este blog pudo conocer que un reconocido estudio especializado en temas penales ya se ha hecho cargo de su defensa. Oficialmente, la OIT no se ha pronunciado respecto de esta acusación.

El abogado Héctor Gadea, patrocinante de los denunciantes, explicó hace unos meses a La Mula en qué consisten los cargos contra varios miembros y exintegrantes de la cúpula sodálite. Esto fue lo que mencionó sobre lesiones psíquicas:

Sobre este tema, Gadea explicó que existen pericias psicológicas de parte, acreditadas por profesionales “sobre las consecuencias que ha dejado en su vida”el cautiverio por el que pasaron muchos exsodálites. Mencionó que durante la investigación fiscal podrán recoger estas pruebas, y al mismo tiempo pedir unas nuevas para hacer otra constatación.

Asimismo, en relación con el secuestro, manifestó que:

“Acá es clave la sistematización con la que obró el Sodalicio a lo largo de sus historia: la captación de menores de edad a través de la infiltración en colegios, para efectos de diezmar la voluntad de adolescentes que no tienen la libertad definida. Eran chicos de 13 años que, cuando entraban formalmente a los 18, ya no se podía concebir el entrar como un acto libre”.

Finalmente, sobre la asociación ilícita, el informe de Víctor Liza señaló lo siguiente:

Gadea explicó que “esta es una imputación que nosotros hacemos”, en el sentido de que como manifestó Salinas en la conferencia, “Figari no actuó solo”. Sin embargo, puso en claro que esto lo tendrá que determinar un juez después de un proceso judicial en el que ellos ejerzan su derecho de defensa”. De obtener el visto bueno:

“La ley dispone algunas de las consecuencias accesorias que se encuentran en el artículo 105 del Código Penal, entre las que se encuentra la disolución de la asociación en la cual se cometieron los delitos”.

Además de la posible disolución, Figari y compañía podrían purgar hasta 15 años de prisión de ser hallados culpables de este delito, relacionado con el secuestro.

Las indagaciones fiscales prosiguen. Pero la misma celeridad no se tiene en la Iglesia Católica y, menos aún, en el Sodalicio.

(Alessandro Moroni, superior del Sodalicio, en otro tono sobre las acusaciones contra la institución. Foto: El Comercio)

LA FALTA DE REACCION ECLESIAL

En abril, la Comisión Ética para la Justicia y Reconciliación, grupo de trabajo nombrado por el Sodalicio de Vida Cristiana, emitió su informe final. Dicho documento indica que dentro de la institución se cometieron abusos contra los derechos fundamentales de las personas, los mismos que fueron encubiertos por la organización. El principal responsable es Luis Fernando Figari – repudiado públlicamente por la Comisión -, quien creó una organización a su medida, sin cuestionamiento alguno. Resulta indubitable que existieron abusos sexuales, físicos y psicológicos, poca transparencia en el manejo de las finanzas de la organización y discriminación racial y social contra varios de sus miembros. Otro de los daños relatados es el impedimento de formación profesional de varios de sus miembros, a la par que se empleaba su mano de obra en forma gratuita.

Los miembros de la de la Comisión recomendaron reparaciones de diverso tipo a las víctimas, así como un pedido de perdón individual y el apartamiento de la actual dirigencia de la conducción del Sodalicio. Finalmente, se envió el informe al Vaticano para que intervenga la organización. Un documento tan contundente que ha terminado descolocando al propio superior actual del SVC, Alessandro Moroni, quien ha viajado a Roma para pedir la intervención de la institución, no sin antes decir que no estaba de acuerdo con todo lo afirmado en el informe.

De hecho, la actitud de Moroni y de la organización ha permanecido, sobre todo, contra los exmiembros del SVC que interpusieron la denuncia contra varios directivos. En particular, se han negado las reparaciones ofrecidas por la propia institución. Así lo ha denunciado Óscar Osterling:

QUIEN OFRECIÓ DINERO COMO REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS, desde aproximadamente el 20 de Noviembre de 2015, FUE EL SODALICIO.

QUIEN DESARROLLÓ LOS PROTOCOLOS DE REPARACIÓN A LAS VICTIMAS, FUE EL SODALICIO.

QUIEN DESCONOCIÓ y no quiso aplicar LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA, FUE EL SODALICIO.

QUIEN CONTRATÓ UNA NUEVA COMISIÓN (sería interesante saber cuánto ha pagado el Sodalicio a estas personas) PARA DESCONOCER LA ANTERIOR (que trabajó ad honorem), FUE EL SODALICIO

Y EL QUE AHORA ES JUEZ Y PARTE DEL PROCESO DE REPARACIÓN ES EL SODALICIO

Y EL QUE AHORA SE PRESENTA COMO VÍCTIMA, AL QUE SUPUESTAMENTE UNOS “OPORTUNISTAS LE QUIEREN SUSTRAER EL DINERO”, ES EL SODALICIO.

Y LOS OPORTUNISTAS, en teoría, somos nosotros, LAS VÍCTIMAS.

Y, como ha indicado Salinas, el delegado nombrado por el Vaticano, Joseph Tobin, anda en una actitud bastante complaciente, lo que sin duda tendrá repercusiones en la entidad y en la imagen de la propia Iglesia Católica:

Como sea. Ese espaldarazo vaticano ha sido interpretado por los sodálites como “estamos haciendo las cosas bien” y “ya estamos a punto de pasar la página del escándalo”. Y obvio. No es así. Para cualquier mortal que no tiene la mente formateada ni enajenada es evidente que, mientras el Sodalitium como institución no manifieste públicamente un arrepentimiento sincero y pida perdón a cada una de las víctimas y repare efectivamente a aquellas que han sufrido daño permanente, su credibilidad se va a mantener por los suelos. Y ello significa en los hechos que si Roma no los disuelve lo que va a ocurrir es que ellos mismos se van a encargar de hacerlo. Sin quererlo, evidentemente, pero se van a difuminar o se van a reducir dramáticamente. De hecho, algo de eso ya está pasando. Eso sí. Seguirán siendo ricos, patrimonialmente hablando, pero su recientemente adquirida reputación de institución de características sectarias en la que la manipulación y el “vale todo” forman parte de su modus operandi, no se borrará con nada. Salvo que cambien de verdad. Con honestidad y transparencia. Pero la honestidad y la transparencia, ya saben, son para ellos valores inasibles e inexplorados. Misteriosos y ajenos. Tal cual.

Para nosotros el camino que debe emprenderse es claro: la disolución. En Roma y en Camacho deberían entenderlo.

¿Tiene la Primera Dama intereses en COSAPI?

Nancy Lange
(Nancy Lange junto a su esposo, Pedro Pablo Kucznyski. Foto: La República)

Esta mañana, el congresista Mauricio Mulder indicó que la señora Nancy Lange, esposa del presidente de la República, era miembro del directorio de COSAPI, constructora que forma parte del consorcio que construye la Línea 2 del Metro de Lima, obra sobre la que la Contraloría General de la República ha puesto algunas observaciones.

Bastaba ver tanto la información que la empresa coloca en su página web como en la Superintendencia de Mercado de Valores para saber que dicha información no era correcta. Fuentes cercanas a la Presidencia de la República nos indicaron que Lange nunca ha sido directora de esta compañía constructora.

Respecto de la participación de PPK en el directorio de COSAPI, se nos indicó que el hoy presidente dejó de ser director de dicha empresa hace 15 años. Renunció el 16 de julio de 2001. Según nos precisaron nuestras fuentes, dicha renuncia está inscrita en el asiento C00025 de la partida N° 11010368 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Kuczynski fue director en representación de Latin America Construction Holding Inc, propiedad de Latin America Enterprise Fund. Esta última transfirió sus acciones en la compañía estadounidense antes mencionada en 2007. En ese mismo año, se vendió la inversión en COSAPI.

Probablemente Mulder, lo que haya visto, es este dato, presentado en el semanario Hildebrandt en sus Trece hace unas semanas:

(Foto: Eloy Marchán, periodista de Hildebrandt en Sus Trece)

En particular, la referencia era a este punto:

En efecto, la señora Lange figura como “partner” (asociada) de Latin America Enterprise Capital Corp, de acuerdo al documento publicado por Bloomberg en la web.

El tema es que la empresa dejó de existir en 2009. Según consta en este documento obtenido por DTP, el Estado de Delaware (Estados Unidos) certifica que la compañía ha sido liquidada:

Actualmente, esta es la composición accionarial de la constructora peruana, según consta en el informe de riesgo de la calificadora Class y Asociados:

Además, COSAPI indica en un comunicado que las acciones de Latin America Construction Holding Inc. pasaron a LAECH S.A.C., una empresa de capitales peruanos y chilenos.

De esta manera, no existiría un conflicto de intereses entre Lange y COSAPI. Y, por tanto, el fuego cruzado en torno a la Línea 2 del Metro debería quedar en el plano de la discusión pública sobre una obra tan importante para la ciudad que no debe tener ni una sola sombra de duda.

La tenaza fujimorista

Si todos pensábamos que el fujimorismo solo iba a limitarse a copar el Congreso con todos los asesores que pudiera, estamos equivocados. Esta semana, dos noticias que se generaron en la Plaza Bolívar dan cuenta que Fuerza Popular busca copar ciertas instancias de fiscalización, con resultados que no precisamente ayudarían a la transparencia en el país.

(Excongresista Juan José Díaz Dios ampayado en el séquito del Contralor Edgar Alarcón. Foto: Gerardo Caballero)

DIAZ DIOS COORDINADOR PARLAMENTARIO DE LA CONTRALORIA

Ayer el contralor Edgar Alarcón se presentó en la comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Pero la noticia no fue él, sino uno de sus acompañantes.

Dos fuentes distintas nos indicaron la mañana de ayer que el señor Juan José Díaz Dios había llegado acompañando a la cabeza de la Contraloría General de la República, como flamante director de Coordinación Parlamentaria de dicha entidad. El hecho fue notorio para los periodistas que cubren el Congreso de la República. Alarcón lo ratificó a su salida del Congreso.

Como indica la periodista Laura Grados:

El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, elegido en ese cargo por el Congreso pasado, nombró al excongresista fujimorista como coordinador de la Contraloría para el Legislativo. Se trata de un puesto político que consiste en coordinar acciones entre ambas instituciones y además da seguimiento a proyectos de ley relacionados a la institución que ahora representa. En síntesis, Díaz Dios es el lobista oficial de la Contraloría en el Parlamento (con la acepción legal de la palabra).

Existe varios problemas. Si bien Díaz Dios es alguien que conoce el Congreso por su propia experiencia parlamentaria, no reune un requisito fundamental para la Contraloría: imparcialidad política. De hecho, el periodista Enrique Patriau indicó ayer que el excongresista iba a ser asesor de la bancada fujimorista.  Así lucía su portada en Twitter hasta hace unas horas:

Diaz Dios le dijo a Patriau la tarde de ayer que no existía conflicto de interés porque el fujimorismo no es gobierno y no maneja dinero público. El problema es que el excongresista no solo va a llevar cosas de ida desde la Contraloría, sino también de vuelta desde el Congreso. Dado que él está identificado con una fuerza política, que además es la mayoría parlamentaria y tiene interés para usar las facultades de fiscalización de la Contraloría para ejercer su rol opositor, el conflicto sí es evidente.

El contralor Alarcón solo se ha limitado a decir que Diaz Dios “cumple con el perfil técnico y no tiene sentencias”. Esto último en alusión clara a otro de los baldones del exparlamentario: una acusación de su esposa por violencia de género, la cual le costó no ser incluido en la lista parlamentaria fujimorista de 2016.

La jugada no solo dice mucho del fujimorismo, sino también del contralor, a quien le ha llovido juego graneado desde el gobierno, abogados especialistas en inversión privada y expertos en Derecho respecto de sus declaraciones sobre determinados grandes proyectos de infraestructura y compras estatales. Todo indica que pretende blindarse frente a estos cuestionamientos. Curiosamente, con el grupo que más lo cuestionó cuando fue nombrado con los votos del humalismo.

(Congresista Alcorta en Big Brother mode on. Foto: Ojo)

ALCORTA CONTRA LAS ONGS

Así se reseñó parte de la sesión del lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso:

La formación de grupos de trabajo que aborden diversos temas de actualidad nacional e internacional como la crisis en Venezuela y el funcionamiento y recibo de considerables cantidades de dinero por las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el exterior, entre otros, se planteó hoy lunes 22 en sesión realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores. (…)

A su vez, Lourdes Alcorta Suero (FP) se refirió al funcionamiento de las ONG, de las cuales dijo que suelen recibir apoyo económico del exterior -señaló que habían recibido hasta mil 100 millones de dólares- sin que nadie conozca el destino que se dio a esos dineros. Precisó que esto también debería de ser informado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En realidad, el tema suena aún menos suave que estas palabras.

De acuerdo a la transcripción de la sesión del referido grupo de trabajo, a la que DTP tuvo acceso ayer, Alcorta comenzó atacando a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por un conflicto sobre pueblos indígenas vinculado al Lote 88 y, posteriormente, dio cuenta de un hecho que sí es cierto y fue denunciado por el portal Ojo Público hace algunas semanas: irregularidades en el manejo de fondos en AIDESEP durante la gestión de Alberto Pizango. El líder indígena ha negado estas acusaciones.

El también congresista fujimorista Miguel Castro Grandez se mandó con lo siguiente:

“Particularmente creo que es importante hacer una evaluación sobre el control de los ingresos. A mi particularmente me gustaría ser parte de una mesa de trabajo sobre este tema de las ONG, que creo que necesitan ser analizadas exhaustivamente. Han tenido mucha diferencia tanto en tema político como en temas de conflicto social”

Mercedes Araoz, segunda vicepresidenta de la República, indicó que estaba a favor de observar el tema, pero con algunas atingencias: “no es que queramos intervenir en el actuar de las ONG, creo que eso al contrario, muchas ONG participan en la actividad que tenemos hoy en día en complementando las actividades públicas y privadas, con muy buena intención”.

Luego, el controvertido congresista y pastor evangélico Julio Rosas se mandó con todo a favor de la posición de Alcorta e incluso fue más allá:

Sin embargo, nosotros como comisión podemos pedir la presencia del director de APCI, porque hay que tener claro de que las ONG, no solo en el Perú, sino en América Latina, en otros países reciben ingentes cantidades de dinero de Europa, Estados Unidos, que nadie tome más, y no solo las ONG para cumplir agendas internacionales, muchas veces ajenas a los intereses legítimos de un país, sino también organismos del Estado, como ministerios, cada oficina, o cada organismo también tiene una oficina de cooperación técnica internacional

Quién comenzó a advertir que la cosa se podría salir de cauce fue la parlamentaria del Frente Amplio María Elena Foronda:

“Entonces, si es una actitud más de fiscalización política a las ONG, yo no estaría de acuerdo.

Si es una tema de querer saber qué es lo que se está haciendo con el dinero de la cooperación internacional, solicitaría que se amplíe ese espectro. Insistiría en ese tema, que no es lo mismo ponerle el ojo a las ONG, que sí están haciendo trabajo en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos ambientales y cuya intencionalidad puede ser otra.”

En la misma línea, fue el congresista oficialista Alberto de Belaúnde, recordando el antecedente directo de anterior ingerencia estatal frente a las ONG, más allá de los debidos controles que la APCI debe ejercer:

“suscribo también la preocupación manifestada por mi colega, la congresista María Elena Foronda, respecto a un posible interés político en cuanto al tema de las ONG.

Lo menciono para que tengamos cuidado en nuestra actuación, no digo que exista en la actualidad, pero es siempre un posible peligro, porque recordemos que lo mismo sucedió en el Congreso del 2006 y esto terminó con una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional buena parte de la ley dada en el Congreso, justamente por invadir fueros privados desde el espacio político“.

La formación del grupo de trabajo sobre las ONG se debatirá en la próxima sesión. Pero hay dos cuestiones que la congresista Alcorta debería aclarar.

Es público y notorio que el fujimorismo tiene una animadversión contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a quienes acusan de ser las que motivan la “persecución política” contra Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos. La señora Alcorta comparte una línea dura en esa materia. Eso es un claro conflicto de interés.

Y a ello le podríamos sumar las declaraciones dadas por la parlamentaria no solo sobre las ONGs vinculadas a derechos humanos, sino también a las que vincula con la “promoción del aborto”. Digamos, si ese grupo se llega a formar – cuestión que, en realidad, podría solucionarse con una sesión informativa del jefe de la APCI -, dados los antecedentes, Alcorta deberia abstenerse de presidirlo.

Y precisamente esta es una repetición de lo ocurrido en el Congreso pasado, donde Alcorta jugó en pared con el congresista Julio Rosas. Como documentó Laura Grados en un reportaje publicado por Utero.pe y La República, el Congreso de la República comenzó a presionar a la APCI para que fiscalice a las ONG feministas y las dedicadas a temas reproductivos:

El 24 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó a la APCI S/. 2.5 millones para la fiscalización de las ONG. Así aparece en una publicación en El Peruano, en donde se autoriza este monto. Según pudo saber Útero.Pe, APCI ha contratado alrededor de 150 funcionarios para esta función fiscalizadora.
Si bien el dinero fue transferido antes de que sesione la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, fue durante la primera reunión de este grupo de trabajo, en la que participó el legislador Julio Rosas como accesitario, en donde se decidió fiscalizar, principalmente, a las ONG enfocadas en aspectos relacionados con los derechos reproductivos de la mujer. Una semana antes, en una sesión de coordinación de temas en la comisión, la congresista Lourdes Alcorta ya había propuesto la fiscalización.
En la primera sesión oficial de la Comisión de RREE, del 18 de agosto pasado, se citó a la directora de APCI, Rosa Lucila Herrera. Hacia ella dirigió Rosas la ametralladora de preguntas sobre el financiamiento y específicamente detalles del trabajo que realizaban las ONG como Promsex o Católicas por el Derecho a Decidir.
Ese día, Herrera precisó que el trabajo de su despacho solo consiste en fiscalizar los proyectos de cooperación de las ONG, mas no a la institución en sí misma. “El Congreso estaba presionando después de que saliera lo que publicó un medio nacional, sobre una estadounidense que traficaba con tejidos de fetos. Por eso es que inmediatamente se mandó notificación a Promsex y a Inppares”, nos confió un funcionario de la APCI que prefiere no identificarse.
Consultamos con la directora de APCI al respecto y declaró que, efectivamente, después del mandato del Congreso, se ha priorizado la fiscalización de las ONG dedicadas a temas de derechos reproductivos. Promsex e Inppares, principalmente. De hecho, este lunes ha sido citada ante la Comisión de RREE para entregar información actualizada del trabajo.

Mucho ojo, entonces, con las amenazas que se pueden venir desde el Congreso contra la sociedad civil. Advertidos estamos.

Más allá de la Píldora del Día Siguiente

Ayer se conoció que, gracias a una medida cautelar dentro de un proceso de amparo planteado por la ciudadana Violeta Cristina Gómez, el Ministerio de Salud deberá redistribuir el Anticonceptivo Oral de Emergencia en todo el país en un plazo de 30 días.

Desde el Estado, la reacción ha sido la más saludable. Tanto el Presidente de la República como las ministras de Salud y de Desarrollo Social han señalado que acatarán la resolución. Patricia García ha remarcado, esta noche, dos cuestiones fundamentales: entender que estamos ante un medicamento que solo debe usarse en casos de emergencia y que no es, de acuerdo a las últimas evidencias científicas, un producto abortivo. El presidente del Tribunal Constitucional – institución que en 2009 prohibió la distribución gratuita del producto, aunque no su venta, ante las supuestas dudas sobre el fármaco – ha dicho que esta medida cautelar debe ser acatada.

Ya en el plano social, las reacciones más o menos previsibles. Tanto la Conferencia Episcopal Peruana como médicos y periodistas cercanos a posiciones conservadoras han esgrimido que el medicamento es abortivo. Mientras que los sectores más liberales – incluyendo a las organizaciones feministas – han saludado la medida cautelar como un paso hacia la equidad. Es probable que el mismo pueda ser definitivo, no solo porque bastante probable que prospere el amparo de Gómez, sino también porque, como refirió Fernando Vivas la semana pasada, ya existe un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre una ciudadana peruana que se vio afectada por no poder acceder a la AOE a pesar de haber sufrido una violación sexual.

El caso ha constituido una papa caliente para la ministra de Salud, quien, por cierto, es experta en temas como el VIH y su posición siempre ha sido abierta a la adopción de métodos anticonceptivos. Y, seguramente, comenzará a sufrir los embates del conservadurismo peruano. De hecho, PPK, conocedor de lo que se venía, ironizó en la mañana con un “permiso al Cardenal”, en tono de broma. Es bastante probable que Juan Luis Cipriani le responda al gobierno, con menos humor del que tiene el Presidente de la República.

Es claro que García se prepara no solo para esta medida cautelar, sino también para lo que será el fallo de la Corte Interamericana. Ello implica, sin duda alguna, no solo el primer gesto de distancia con el ala más conservadora de las iglesias católica y evangélicas, sino también la necesidad de explicarle a los ciudadanos que implica esta pildora.

El AOE no es una pastilla que pueda tomarse a cada rato. Dado que tiene un componente más fuerte para prevenir la ovulación, solo debe ser ingerida entre dos a tres veces al año. Su propio nombre lo dice: es para emergencias. Existen otros métodos de planificación familiar regular cuyo uso debe ser conocido por los ciudadanos.

Y es aquí a donde quería llegar. Este importante avance debe ser acompañado por un programa exhaustivo de educación sexual desde la escuela, con enfoque de género incorporado. Ello implica que los niños y adolescentes puedan, de acuerdo a sus edades, ir conociendo su sexualidad, hasta llegar a saber para qué sirven y cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, a fin que tomen las decisiones más correctas sobre su salud reproductiva.

Por tanto, sea bienvenida la medida cautelar y, probablemente, una resolución de la Corte IDH que va a obligar al Estado a la distribución gratuita de la AOE en forma permanente. Pero este paso deberá ser acompañado por una política publica sobre la que, sin duda, aún persisten temores, tabúes religiosos y, sobre todo, demasiada desinformación que termina perjudicando la libre decisión de los ciudadanos sobre su sexualidad y su expectativa de reproducción.