Covid: el gobierno y los privados

Reunión entre miembros de la CONFIEP y el gabinete ministerial, realizada la semana pasada. Fuente: PCM

Durante las últimas semanas y, sobre todo, en los últimos días, han aparecido voces que señalan la necesidad de una mayor colaboración entre el sector privado y el gobierno para enfrentar la pandemia del Covid 19. Ejemplos de ello son las columnas de Juan Carlos Tafur y David Tuesta aparecidas ayer en La República y El Comercio, respectivamente. O algunos tuits del economista Carlos Ganoza Durant. Y estos son solo algunos ejemplos.

¿Esta situación de falta de colaboración entre lo público y lo privado es real? Luego de algunas indagaciones, podemos concluir que la respuesta es que, parcialmente, lo es. Conversando con varias personas cercanas a distintos sectores (empresas, academia y Estado), podemos afirmar que:

a) En efecto, desde el sector privado hay dos tipos de preocupaciones. De un lado, no sienten que hayan suficientes iniciativas público – privadas conjuntas y que otras hayan sido rechazadas o demoradas en su implementaciones. Indican que hay puntos en los que pueden apoyar como reparto de alimentos, mejora del contact tracing para detectar y aislar enfermos de Covid, entre otras. De otro lado, consideran que algunos sectores en específico no están alineados con el Ministerio de Economía y Finanzas para reactivar.

b) En el gabinete hay división sobre el rol que le deben tocar a los privados. En algunos casos, por el temor a que una apertura mayor de las actividades económicas conlleve una nueva saturación del sistema de salud. En otros casos, porque hay una desconfianza hacia algunos sectores empresariales, en parte por la posición que tuvo CONFIEP hacia la disolución del Congreso de la República, en otra por necesidad de desmarcarse de la etiqueta de “gobierno neoliberal” que se le ha puesto desde la izquierda.

c) Desde fuera, se ve que hay razón de ambas partes. En efecto, el gobierno podría ser más proactivo en buscar la colaboración de otros actores, pues la respuesta frente a la pandemia ha sido básicamente estatal – con lo positivo y negativo que ello conlleva -. Pero no todos ven en los reclamos empresariales necesariamente una vocación altruista por apoyar, sino la posibilidad de hacer buenas relaciones públicas, así como una crítica al gobierno por no ser más liberal en materia económica.

¿Por qué se presenta este fenómeno?

Una primera ecuación tiene que ver con la naturaleza de este gobierno. Martín Vizcarra proviene desde la política regional, cuestión que obliga a que sea un actor naturalmente desconfiado, tendiente a evitar los círculos de poder de cualquier tipo y a desarrollar sus estrategias en personas de absoluta confianza. Es alguien que, además, en su relación con la empresa privada ha estado acostumbrado a un trato más distante del que han tenido sus predecesores. En los libros de Rafaella León y Martín Riepl sobre Vizcarra se da cuenta de sus complicadas relaciones con Southern Perú y cómo supo aplicar, en determinados momentos, la estrategia del garrote y la zanahoria cuando era gobernador de Moquegua. De hecho, la experiencia ocurrida con PPK, donde varios de los ministros provenían de grandes empresas privadas, hizo que el gobierno buscara desmarcarse un poco de este perfil.

Un segundo punto fundamental, poco profundizado por los analistas, es la crisis de confianza existente en el sector privado, presente no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en varios sectores de la sociedad peruana. Sin duda alguna, buena parte del origen de este punto tiene que ver con los grandes casos de corrupción revelados en los últimos años – Lava Jato y Club de la Construcción -, las indagaciones sobre financiamiento irregular de campañas electorales – lo ocurrido con el aporte de Dionisio Romero Paoletti a Keiko Fujimori en 2011 es el ejemplo más representativo – y un problema que ya venía desde la década de 1990: mala atención al usuario, sobre todo en las empresas que tienen mayor relación con el ciudadano (retail, bancos, telefonía, luz).

Este último punto se ha agudizado durante la pandemia, tanto frente a la poca difusión de algunos mecanismos para acceder a reprogramaciones de créditos o casos puntuales en los que los usuarios no podían acceder a nuevos financiamientos bancarios o reprogramación de sus deudas. A ello se ha sumado la demora no explicada por las tiendas por departamento sobre los pedidos que han tenido pendientes de entrega antes que reiniciaran sus labores de comercio electrónico. Todos los días, en las redes sociales, aparecen quejas sobre estos puntos. Lamentablemente, tanto las cuestiones vinculadas a crisis de confianza como de credibilidad no han sido vistas con claridad por varios de los agentes económicos, lo que ha generado más sospecha, menor confianza y, sobre todo, un silencio ensordecedor.

A esto se ha sumado lo ocurrido con los créditos del programa Reactiva Perú. En una práctica poco común, el Ministerio de Economía y Finanzas reveló cuáles eran las empresas que habían accedido a estos créditos. Y aquí la prensa hizo su trabajo. Ojo Público detectó que algunos préstamos otorgados por entidades del sistema financiero fueron recibidos por empresas investigadas por casos de corrupción o que tenían empresas off shore en el extranjero. Otros países han impedido que este tipo de compañías sean beneficiarias de este tipo de programas. Aquí es necesario que el MEF haga una corrección severa para evitar que esto se vuelva a repetir. De hecho, hoy el presidente Vizcarra tuvo que hacer un anuncio en ese sentido, ante la ausencia de respuesta clara por parte del MEF.

Más discutible es lo que ha ocurrido con los créditos otorgados a grandes empresas que han despedido trabajadores o que han entrado a suspensión perfecta de labores. Para algunos, debió ser un requisito explícito que aquellas empresas grandes que recibían estos beneficios no tuvieran que recurrir a estas medidas y que debió priorizarse aún más a las PYMES. Otros consideran que las empresas grandes, por su volumen, requerían de ambos tipos de reglas y que, en casos como los medios de comunicación, arrastran una crisis severa de modelo de negocio desde hace años que terminó de reventar con el Covid 19. Sin embargo, es muy claro que la imagen de los bancos y de las empresas a las que se concedió estos créditos ha quedado significativamente mellada. Y sobre esto, hay que decirlo, nadie – ni en el sector privado ni en el Ejecutivo – se han pronunciado.

Un tercer punto tiene que ver con la visión que ha tenido el gobierno sobre la pandemia. Básicamente se ha tratado de un esfuerzo estatal, donde la recurrencia a terceros ha sido mayor con la academia y los gremios profesionales, pero menor con las empresas. Recién en las últimas semanas comienza a existir una visión más amplia de recurrir a esfuerzos mayores de concertación, en parte porque el gobierno no tiene los operadores suficientes para ejecutar todo. Pero también porque ha comenzado a comprender que se ingresa a una nueva etapa y se requiere un cambio de estrategia. A la par, algunas personas en el Ejecutivo han comenzado a dejar la mirada que achacaba exclusivamente al “aprofujimorismo” las críticas a su desempeño durante la pandemia.

Pero una última pregunta se impone: ¿realmente el sector privado peruano es, per se, mejor que su Estado? Hay claros y nítidos ejemplos que, en varias áreas, tiene mejor flexibilidad y logística para desempeñar bien sus tareas. Pero también es cierto que hay empresas que tienen fallas. Son evidentes los severos y groseros fallos del sector retail para el envío de productos de distinto tipo a sus consumidores y más aún, las gruesas fallas de comunicación para dar una respuesta a cada usuario sobre su caso.

En resumen, es importante que se convoque a todos los sectores para poder apoyar en una cruzada nacional como la que es enfrentar, en simultáneo, tanto la pandemia como las consecuencias económicas de la misma. Pero también la empresa privada tiene que hacer un severo mea culpa sobre las responsabilidades pasadas y presentes sobre su comportamiento ético y frente a sus usuarios. Sin este último componente, no podrá haber un nuevo pacto sólido entre Estado, empresas y sociedad.

Y de lo contrario, un gobierno como el que están temiendo en algunos círculos empresariales se hará realidad.

Cámaras de eco

Business Advertising Promotion. Loudspeaker Talking To The Crowd
Foto: Bigstock

Con el Covid 19 y la cuarentena obligatoria, se ha agudizado un fenómeno que ya era común en las redes sociales peruanas, pero que se ha vuelto aún más complicado. Y, peor aún, con consecuencias políticas.

No, no se trata de trolls, aunque estos también han regresado, sea por acción de asesores formales o informales de distintas dependencias estatales, así como por núcleos armados de portátiles digitales ya conocidas entre los usuarios habituales de las redes. Se trata de las cámaras de eco, que ya se habían generado en otros lados y que hoy se vienen expandiendo a mayor velocidad que la pandemia.

Buena parte de nuestras redes sociales y buscadores de información (como Google) se nutren de nuestros gustos e inquietudes personales, gracias a que están gobernados por una fórmula matemática llamada algoritmo. Esto tiene varias ventajas: nos permite llegar a artículos o información de relevancia, nos puede permitir acceder a servicios conexos que requerimos en las actuales circunstancias (por ejemplo, cualquier proveedor de despacho de alimentos que sea más efectivo que los de los supermercados). Pero también tiene una seria desventaja: potencialmente termina confinando a las personas a únicamente ver aquello que confirme sus visiones del mundo y, por supuesto, también sus prejuicios. Todo esto ya lo veíamos antes de la pandemia y llevaba, claramente, un efecto contraproducente en la capacidad de diálogo y discusión en los espacios digitales.

Pero el Covid 19 trae, además de los efectos ya conocidos – o por conocer – en la salud y la economía, una cuestión mayor: el aumento de la incertidumbre. Todos queremos saber cuánto tiempo va a durar la cuarentena, cuándo vamos a regresar a trabajar (o cuanto tiempo más continuaremos en teletrabajo) y recuperar nuestros niveles de ingresos, cuándo nos podremos mudar o hacer algún plan más allá de la semana (o, incluso, dada la forma cómo el gobierno comunica algunas decisiones, del día). Y buscamos respuestas.

Hay quienes trasladan las preguntas a quienes deben responderlas: el gobierno, los científicos, las autoridades en diversos campos, etc. Y hay que decir – sin que ello constituya una excusa – que muchas veces la respuesta será “no se”, pero dado que el “no se”  es tan mal visto en nuestra sociedad, muchas personas (sobre todo, las autoridades gubernamentales) van a tender a usar diversos giros del lenguaje. Ello explica, por ejemplo, las respuestas de algunos ministros que parecen estar más en la Luna de Paita antes que en el Perú 2020. En el fondo, sus equipos de comunicaciones les han dicho “no digas no se, a pesar que sea la respuesta”. Y a pesar que sería lo mejor, por cierto.

Pero también hay quienes quienes se fian, en el país con más alta desconfianza interpersonal de América Latina, exclusivamente en sus núcleos más cercanos: la familia, los amigos y el núcleo de gente que piensa como uno. Y la tendencia es a confirmar nuestras propias ideas y prejuicios, sin introducir los necesarios matices de comprensión de la realidad. “La cuarentena se prolonga porque mis vecinos salen” (sin saber por qué ese vecino sale de casa), “los vecinos en mi distrito cumplen la cuarentena” (cuando se mandan con tremenda cola para comprar pollo a la brasa), “las empresas privadas no hacen nada por la gente” (y sí, hay varios donativos y esfuerzos de responsabilidad social que merecerían mayor difusión), “las empresas privadas deberían hacer todo y el Estado debería dejarles todo el espacio” (ignorando que hay labores que son de competencia exclusiva y fundamental del Estado y no apreciando que hay compañías cuyo conducta frente a sus clientes tiene el tacto de un elefante en una cristalería). Todos quienes frecuentamos las redes sociales hemos visto varias de estas frases concluyentes y contundentes en estas semanas de cautiverio obligatorio.

Por ello es que vemos a diversos núcleos reafirmando sus sentidos comunes antes que sentarse a discutir soluciones de consenso. Se plantea un impuesto a la riqueza básicamente por reacción ante la pobre capacidad de reacción que han tenido los diversos grupos empresariales para atender las demandas de sus clientes finales – que en muchos casos ha sido escandalosa -, pero no se ha discutido con claridad si se gravara el patrimonio o los ingresos, asunto no menor en esta discusión. O se señala, alegremente, que la cuarentena ha fallado y que deberíamos optar por el modelo sueco frente al Covid – donde básicamente, no se ha parado – sin darnos cuenta de las características culturales diversas o, sobre todo, los dilemas éticos que conlleva adoptar un conjunto de políticas que, en un contexto como el peruano, podrían costar miles de vidas. Nos hemos tribalizado y hemos dejado de escuchar al otro. Y vemos opiniones que no ven ningún tipo de matiz.

Esto se cruza con lo que señalamos al inicio: la existencia de trolls y portátiles digitales. Desde gente que ha mentido abiertamente sobre el estado de salud del Presidente de la República hasta fotos replicadas por cuentas en Twitter afines a una entidad que presta servicios de salud.

Lamentablemente, esto está teniendo consecuencias políticas. De un lado, desde algunos sectores del gobierno se confunden legítimas críticas y cuestionamientos a su actuación con este tipo de campañas interesadas, lo que se agudiza aún más en una administración dada a escuchar a pocas personas, cuestión que debería cambiar. Y, de otro lado, como bien ha señalado el periodista Pedro Ortiz Bisso, “entre la enorme masa de críticos del andar del Gobierno se encuentran ciertos cultores del desastre, dueños de agendas conocidas, cuyo malhadado accionar el votante supo castigar en los últimos comicios“. Resulta bastante notorio ver a distintos operadores involucrados en diversas campañas haciendo una guerra política que termina siendo más infame dadas las circunstancias tan difíciles que vivimos.

En resumidas cuentas,  un buen sector de ciudadanos se ha refugiado en sus propios sentidos comunes y no está viendo nada más que su interés particular (como el Congreso actual). Otro sector, felizmente, comienza a ver el bien común y la necesidad de aportar desde donde se encuentre.

De todo esto se desprende que, aunque pueda sonar de sentido común, son necesarios los matices. Hay cuestiones que el gobierno está haciendo bien, pero otras en las que la crítica y fiscalización resulta siendo clave para que mejore. Y también deberemos ser absolutamente claros en que la capacidad del Estado peruano requiere ajustes a gritos y que, al mismo tiempo, hay áreas en las que se podrá avanzar más rápido que otras. Más directo: hay cosas que este gobierno podrá resolver y otras que no porque implica un trabajo de décadas para atender descuidos que llevan más o menos el mismo tiempo. Y ese delicado equilibrio entre comprensión y exigencia es lo que deberíamos requerir, para lo cual, sin duda alguna, deberíamos salir y romper, precisamente, nuestras cámaras de eco.

 

 

 

Vizcarra: el libro

Vizcarra Libro
Portada: Penguin Random House

Como refiere Mirko Lauer en una reciente columna, nuestros tiempos son de una inusitada abundancia de libros políticos instantáneos, un género en boga en otros países y que se ha instalado desde hace pocos años en nuestro medio.  Se trata de un subgénero en el que el principal riesgo, como señala el periodista y poeta, es el rápido traslado del éxito a las secciones de liquidación, debido a que este tipo de volúmenes podrían ser rápidamente desbordados por la realidad.

Personalmente, creo que este tipo de volúmenes son valiosos por una razón: nos permite tener una primera mirada a determinado tipo de personajes y fenómenos que, muchas veces, los científicos sociales demoramos en atisbar o, por nuestra propia metodología, debemos recorrer pasos más largos para poder asirlos. Cuestión distinta a la del periodista, entrenado en cierres vertiginosos, a los que el libro de largo aliento les da un plus en el tiempo para investigar, indagar y comprobar hipótesis rápidas sobre la coyuntura.

Vizcarra, primer libro de Rafaella León (Lima, Debate, 2019), cumple con varias de las virtudes de este tipo de textos. Se concentra en un personaje que, a pesar de ser la persona con mayor poder político en el país, sigue siendo un enigma a poco más de un año de haber asumido la Presidencia de la República. Y, en ello, ofrece verdaderas primicias sobre el carácter del mandatario, así como sobre su entorno. Con ello, el texto ofrece un primer gran aporte sobre el personaje.

El Vizcarra que León retrata no es un personaje idealizado. Por momentos se muestra dubitativo, por otros firme hasta la terquedad. Es bien intencionado en la mayor parte de pasajes, pero no deja de ser un hombre político y, por tanto, más pragmático que idealista. Tiene obsesiones – Chinchero, la educación -, temas fetiche y una mirada en la que su visión moqueguana – desconfianza incluida en los entornos limeños – se filtra más de lo que menciona en público. Al mismo tiempo, tiene un círculo de consejeros y amigos bastante acotado, lo que explica que muy pocas de sus decisiones se filtren, pero que a la vez cumplen la función de “cable a tierra” que toda persona con poder requiere.

El texto de la editora de Somos cumple con presentar entretelones de la formación del presidente como político en su región, su paso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su autoexilio en Canadá y el primer año de su Presidencia. En cierta medida, complementa mucha de la información que brinda Marco Sifuentes en su reciente libro sobre Pedro Pablo Kuczynski – que comentaremos pronto – y, de hecho, si hay un personaje secundario importante en esta historia es el expresidente renunciante, quien nunca puede esclarecer por qué quiso ocupar el cargo más alto del Perú.

Otras virtudes del texto de León se hallan en dos elementos centrales. De un lado, se trata de una crónica muy bien escrita, en la que se mezcla un estilo bastante sobrio y personal, con una presentación bastante bien detallada de hechos. De otro lado, las notas al final presentan información bastante valiosa para terminar de entender muchos acontecimientos. De hecho, mi único reparo al libro es que muchas de las notas, tranquilamente, pudieron ser parte del texto principal.

Por largo, el primer libro de Rafaella León pasa la prueba del lector gustoso de leer temas políticos. Resulta recomendable para todo analista coyuntural y, por supuesto, para todo aquel lector interesado en descubrir aquel enigma que sigue siendo, en cierta medida, Martín Vizcarra Cornejo como persona y como político.

 

Fuerza Popular: cuatro hipótesis de su comportamiento

Fuerza Popular
¿Qué hay detrás de la actuación fujimorista? (Foto: El Comercio)

Una pregunta que recurrentemente me hacen alumnos y amigos es: ¿por qué Fuerza Popular tiene un comportamiento tan irracional?

La premisa detrás de la interrogante es la siguiente: el partido liderado (aún) por Keiko Fujimori tiene todos los incentivos para comportarse de otra manera. Es decir, una conducta más institucional, menos cómplice con ciertos personajes poco queridos por la ciudadanía, con mejores y mayores propuestas de políticas públicas o, siquiera, el bosquejo de algún sentido común. Y para cualquier persona que no haya estado en Júpiter en los últimos tres años, resulta claro que eso no ha sido así.

Entonces, cabría preguntarse si es que existe alguna racionalidad detrás de la conducta de Fuerza Popular. Sostengo que hay cuatro hipótesis no excluyentes en torno a un comportamiento que, para muchos, suena a errático. Y, para otros, implica dotar de un guión de una película de Kubrick a algo que se parece mucho más a un sketch de Risas y Salsa. Más allá que muchos de sus pasos sean reactivos, como bien señala Martin Tanaka, sí resulta indispensable apreciar que hay detrás de las decisiones de la cúpula fujimorista. Sin ningún orden en particular, aquí van las cuatro explicaciones.

Galarreta Bolsonaro Jr
Luis Galarreta se reunió con Eduardo Bolsonaro, parlamentario e hijo del presidente de Brasil, para, entre otros temas, dialogar sobre “cómo combatir la ideología de género” (Foto: Eduardo Bolsonaro)

En busca del “Trump” o “Bolsonaro” peruano

Resulta notorio que Fuerza Popular se ha comprado entero el rollo que algunos columnistas conservadores y activistas de ese sector le han dicho durante los últimos años: encarna nuestra agenda, refuerza tus lazos “pro vida” y “pro familia” y muestra oposición a toda política pública que contenga la palabra “género”.

Fuerza Popular ha adoptado esta posición por varias razones. Primero, los ingresos y financiamiento proveniente de iglesias y fundaciones conservadoras. Segundo, porque varios de sus parlamentarios – y no solo los evangélicos – consideran que su visión del mundo en temas valorativos anda en retroceso y planean defenderlas con uñas y dientes. Tercero, porque evalúan que la mayoría de la población peruana es conservadora y que, por tanto, optará por el partido que defienda adecuadamente estas banderas.

A ello habría que sumar el hecho que estamos ante una corriente global. El conservadurismo de derechas ha venido sumando algunas victorias (Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil son las más importantes) o ha logrado ingresar al establishment político (como Vox en España). Al mismo tiempo, estos grupos conservadores buscan aliarse para hacer una ofensiva contra los valores liberales (aunque muchos buscan darle un tinte más bien zurdo, en términos de campaña de demonización).

Una muestra de ello es la reciente firma de la denominada Declaración de México, suscrita por parlamentarios conservadores de todo el continente, que busca atemperar las resoluciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos sobre temas como el aborto o el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo. Entre los firmantes peruanos del documento, la mayoría son fujimoristas: Víctor Albrecht, Tamar Arimborgo, Karina Beteta, Freddy Sarmiento, Mario Mantilla, Marco Miyashiro y Milagros Takayama.

La muestra más explícita de este comportamiento orgánico se presentó en una reciente entrevista de Fernando Vivas al congresista Luis Galarreta, secretario general en funciones de FP, para El Comercio. Allí el parlamentario dijo lo siguiente:

— Si queremos poner una etiqueta, ¿Fuerza Popular sería conservador popular?
El fujimorismo es un partido muy popular que ha evitado que el marxismo llegue al poder.

 ¿Y conservador?
No sé si conservador es la palabra. Yo me considero de derecha, pero el partido no es lo que yo pueda opinar. Hace poco estuve en Brasil y me contaba Eduardo Bolsonaro [hijo del presidente Jair Bolsonaro], presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que su partido creció exponencialmente en número de parlamentarios [como FP en el 2016] y tiene que ir ubicándose en el camino.

Y si ven los tuits más recientes del almirante Tubino, se repite el mismo discurso: FP es la “derecha popular” que evitará un triunfo del “marxismo”. Y con ello no solo se refiere a desmontar las reformas de mercado, sino también a cuestiones ligadas a valores. El problema para el fujimorismo es que, poco a poco, estas posiciones más retardatarias van en retroceso en la sociedad peruana, como resalta Eduardo Dargent en su columna del miércoles pasado.

Bankada
La apuesta de FP es el debilitamiento sostenido de sus rivales (Foto: El Comercio)

Obstruir para ganar (el 2021)

Si se observa la conducta que ha tenido Fuerza Popular en el Congreso de la República, resulta clara su vocación por la obstrucción. ¿Cuál es la lógica detrás de ello?

En primer lugar, Keiko Fujimori y su entorno más cercano están absolutamente seguros que “les robaron” la elección de 2016. No es broma. Tres años después, varios dirigentes máximos del fujimorismo consideran que la elección que ganó legítimamente Peruanos Por el Kambio fue robada con una suerte de “coalición caviar” (que incluiría a actores tan disímiles como el gobierno de Ollanta Humala y el Grupo El Comercio). Por tanto, habría que ser bastante claros contra un gobierno al que algunos, sin decirlo en público, consideran como usurpador.

En segundo término, FP considera que la única forma de hacer oposición es hacer sentir su número. Es la misma forma de ejercicio de mayoría abusiva que tuvieron en la década de 1990. Equivocadamente, consideran que ello les permitió avanzar en reformas, cuando terminó siendo más bien un ejercicio poco democrático del poder. Los chats publicados hoy en La República apuntan en esa línea.

Pero un tercer punto, más relevante a esta altura, es la necesidad que tiene el fujimorismo por demostrar que todos sus rivales son “ineficientes”. Dado que no han ganado ninguna elección presidencial desde el 2000, Fuerza Popular aspira a que el gobierno fracase para ellos convertirse en la única alternativa “viable”, frente a la “amenaza izquierdista” de tumbarse el modelo económico que tiene el país desde 1990. Claro, olvidan que muchos de los proyectos legislativos más populistas y mercantilistas de los últimos años han sido propuestos desde dicha tienda.

Además, existe un punto poco explorado y que también podría explicar parte de las diferencias que FP tuvo con Peruanos Por el Kambio cuando Pedro Pablo Kucznyski era gobierno: una nada oculta disputa entre élites. Para graficarlo en términos gruesos, un clásico entre una supuesta “derecha popular” y una “derecha pituca”, entre dirigentes que mayoritariamente viven en La Molina – Surco – San Borja (fujimorismo) y los políticos – empresarios – tecnócratas de San Isidro – Miraflores (ppkausas).

De hecho, hoy, ya con una presencia más moqueguana y menos sanisidrina en Palacio de Gobierno, el fujimorismo busca señalar que son una “derecha popular” frente a los “caviares” que supuestamente asesorarían a Vizcarra.

En el Perú, las revindicaciones sobre clase y raza siguen siendo importantes al momento de analizar la política y también para hacerla. El fujimorismo apuesta por cierto sentido común “achorado” y alianzas con sectores informales y conservadores como búsqueda de representación de ese sector. Algunos intelectuales cercanos le han soplado al oido esta interpretación y se la han creido a pie juntillas. La pregunta real es si ese sector popular es así o si hay muchos más matices de los que señalan quienes han caracterizado a los sectores C, D y E con una suerte de ADN intrínsecamente fujimorista.

Rosa Bartra
El fujimorismo buscó convertir a Rosa Bartra en lideresa anticorrupción, con pocos resultados fuera de su base en redes sociales (Foto: Gestión)

Aprovechando políticamente Lava Jato

A inicios de la década, muchos colegas y analistas debatieron sobre la posibilidad de una institucionalización del fujimorismo. Visto el debate a la distancia, quien terminó teniendo la razón fue el docente de la Universidad del Pacífico Alberto Vergara. Mi hoy colega de aulas señaló que el principal obstáculo para que el fujimorismo emprendiera el camino sin retorno a una vertiente más democrática era la corrupción. Aquí cito sus palabras:

Así, no solo debemos preguntarnos cómo se transforma a un movimiento antidemocrático en uno democrático, sino en cómo se transforma lo que fue una organización lumpen en un partido político. El gobierno fujimorista, no lo olvidemos, fue una suerte de ‘utopía mafiosa’ (Hugo Neira). Ver a un fujimorista indignado por los contratitos mal habidos de Alexis Humala será siempre una invitación a la carcajada. Y Humala no le ganó a Keiko Fujimori porque fuera mucho más democrático que ella, sino porque él no estaba teñido de la ladronería de los noventa. Este sigue siendo el principal pasivo para el fujimorismo, nadie quiere sacarse una foto con ellos y, por lo tanto, siguen siendo incapaces, a pesar de ciertos gestos de apertura, de sumar a otras fuerzas parlamentarias a la agenda fujimorista (o de sumar profesionales de renombre al partido).

Para Fuerza Popular, Lava Jato era la oportunidad perfecta para limpiarse. Su excusa clara – que aún esgrimen algunos de sus analistas favoritos – es que “no habían sido gobierno” y, por tanto, no se habían manchado con la corrupción de Odebrecht y las demás constructoras brasileñas. De allí la desesperación por presidir la segunda comisión parlamentaria que indagaría sobre el caso, por conseguir las pruebas que tenía el Ministerio Público, por convertir a Rosa Bartra en una suerte de “Dama de Hierro” anticorrupción, por tejer sus redes en el sistema de justicia. Y no con un genuino afán moralizador, sino para buscar arrasar con sus rivales.

El discurso fujimorista buscó asociar el respaldo que, como “mal menor”, dieron los sectores contrarios a ellos a candidatos como Toledo, Humala, PPK y Villarán. Y hasta ahora siguen en ese afán, buscando mostrar a los fiscales del caso Lava Jato como funcionarios que “encubrirían” sus casos, a pesar que estos magistrados ya acusaron a Toledo y Humala, PPK se encuentra en arresto domiliciario y Villarán está de inquilina en la prisión de mujeres con su suerte casi echada.

Pero no contaron con que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata hablarían sobre ellos.

Keiko detenida
El fujimorismo hace todo lo posible para que su lideresa continúe detenida (Foto: Poder Judicial)

Evitar la prisión (o salir de ella)

Y esto nos lleva a la última lógica no excluyente. En agosto de 2018, apenas un par de meses antes que Keiko Fujimori pise la cárcel, Marco Sifuentes ya describía que muchos de los comportamientos de su agrupación política eran más una coartada judicial antes que política:

Su objetivo hace rato que ya no es el 2021, sino, sencillamente, no terminar en prisión. Por eso sus acciones ya no tienen ningún sentido políticamente. Parece que estuviera dilapidando su capital político. Y sí, lo está haciendo para salvar su propio pellejo.

En su último –y, en apariencia, desconcertante– video de 9 minutos repite varias veces que está actuando “sin cálculo político”. Y dice la verdad. Es un cálculo judicial. Es que el video ya no está dirigido a sus simpatizantes, que cada vez son menos. Es, simplemente, su forma de demostrar que no necesita apoyo popular para seguir ejerciendo el poder. Sin el CNM y la ONPE que tenía a sus pies, ahora tiene que salvar, por lo menos a los otros alfiles: Chávarry e Hinostroza. Aunque sea descarado. Aunque su video tenga 97% de ‘dislikes’. Aunque tenga que arrastrar a todos sus congresistas en su caída.

El problema para Keiko Fujimori es que las acciones de sus congresistas siguen incidiendo en la presunta obstrucción a la justiia que la mantiene en prisión. Salvar a Chávarry e Hinostroza parece ser más el esfuerzo por evitar desarticular una red judicial hoy en retirada. Insistir en no reconocer que tuvieron aportes de Odebrecht es un suicidio cuando aún está por discutirse si es que nos encontramos ante un delito de lavado de activos.

Como algunos opinan, probablemente lo que esté en juego es más que Lava Jato, sino otros financiamientos de campaña sobre los cuáles haya que indagar con mayor exhaustividad. Y que compliquen más la situación judicial de la lideresa de Fuerza Popular.

Así las cosas, no se augura un cambio de actitud en el fujimorismo. Con todo lo que ello conlleva para la salud política del Perú.

 

Juego de Tronos: política del siglo XVI para consumo del siglo XXI

daenerys

Aunque la obra de George R. R. Martin y su adaptación televisiva producida por HBO beben de diversas fuentes, Juego de Tronos se emparenta, claramente, con una era particular de la historia: el siglo XVI y el surgimiento de los grandes reinos – estados absolutistas europeos.

En aquellos tiempos, las disputas entre linajes – y al interior de los mismos – eran cosa de todos los días, con miras al control de territorios cada vez más vastos. Las unificaciones de reinados se conseguían por la fuerza o por la vía de los matrimonios arreglados. Los monarcas y sus consortes eran estrategas políticos al mismo tiempo que buscaban el amor y/o el placer sexual fuera del lecho real. Los asesores (laicos o religiosos) terminaban teniendo peso en la elaboración de alianzas que se hacían y se deshacían en torno a los intereses coyunturales, que terminaban siendo asumidos por el monarca. Y las mujeres que lucían muy empoderadas eran tildadas inmediatamente como débiles o tratadas como enfermas mentales. Las asambleas eran, básicamente, para aprobar la guerra o dar el consentimiento final a una alianza, pero, al final, era el saber y entender de los gobernantes absolutos lo que terminaba primando. En medio, cierto toque de hechicería y magia rondaba en el ambiente.

Un breve resumen de la apasionante biografía de Philippe Erlanger sobre Enrique VIII, rey de Inglaterra, da cuenta de ello. Originalmente, no iba a ser el monarca de su país, pero accedió al trono debido a que su hermano, el verdadero heredero, falleció como producto de una salud frágil. Terminó casándose con su antigua cuñada, en mérito del mantenimiento de una alianza estratégica con los reinos de Castilla y Aragón (lo que hoy conocemos como España). Hacía la guerra y procuraba la paz con Carlos V y Francisco I de Francia, en razón de sus intereses, siempre vacilantes e influenciados por sus consejeros – en particular, el arzobispo Thomas Wolsey, un antecedente de Varys y Tyrion -, lo que terminó conformando lo que se conoce como la doctrina del equilibrio de poderes (cualquier parecido con la política de alianzas y guerra de Daenerys Targaryen no es mera coincidencia). Repudió a su esposa por no darle un hijo varón – quien, cuando nació, en su tercer matrimonio, resultaría ser tan débil y frágil como Jon Snow – y llegó a fundar una iglesia derivada del catolicismo, cuyo jefe sería él, con miras a divorciarse. Inició el crecimiento de la flota naval más importante de su tiempo. Acordó matrimonios arreglados para sus hijos que no fueron cumplidos, en actos de traición que dejarían a Cersei Lannister como una aprendiz. Y, a la larga, las personas que dieron continuidad y trascendencia a su propia casa, los Tudor, fueron mujeres: María e Isabel, a la usanza de Sansa y Arya Stark.

Juego de Tronos toma en cuenta ese tronco común para crear un universo que atrae a millones de personas en el mundo. No estamos hablando de reinos institucionalizados como los conocemos el día de hoy, sino de Estados precarios que deben sobrevivir y crecer a partir de conflictos armados bastante sangrientos, alianzas que cambian todos los días y la voluntad de monarcas que no tenían límites legales e institucionales. Es un tiempo en el que la guerra y la política – que hoy apreciamos como antónimo la una de la otra – se entrecruzan y se alternan. Los reyes pueden aparecer heroicos o sanguinarios dependiendo del tipo de decisiones que tomen, lo que explica porque los personajes de la serie nos parecen, en muchos casos, ambivalentes en términos éticos.

¿Por qué este tipo de liderazgos, lejanos de lo ideal, nos atrae tanto? Probablemente, por las mismas razones por las que Thomas Hobbes planteaba la necesidad de establecer un Estado fuerte, que eliminara las venganzas privadas. Es decir, el hombre como depredador de sí mismo, si es que está en un “estado de naturaleza”. Juego de Tronos nos muestra como sería las disputas de poder si es que no tuviéramos la institucionalidad hoy presente. Es decir, como fue el pasado que alguna vez Europa tuvo. Y, como, muchas veces, se manifiesta la política en América Latina en las décadas más recientes: sin límites, con traiciones a lo que alguna vez se prometió y con sangre y corrupción de por medio. Por cierto, el apasionamiento con el que elegimos a quienes podrían ocupar el Trono de Hierro – y lo defendemos en redes sociales – dice mucho de aquellas pulsiones y pasiones que priman a la hora que optamos por alguien para que nos gobierne.

Al final, la serie que termina este domingo termina siendo un reflejo de aquellos elementos estratégicos y emocionales que se encuentran presentes en la política de todos los tiempos. Y, aunque se basa en una época histórica concreta, termina siendo un reflejo de lo que los seres humanos seguimos siendo hasta hoy, en la medida en la que no nos autogobernemos.

Publicado originalmente en el portal de la Universidad del Pacífico.

El Comercio y la política peruana del siglo XXI – Palabras de presentación

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Anoche presentamos, en el Instituto de Estudios Peruanos, “El Comercio y la política peruana del siglo XXI”, texto académico que profundiza en el estudio del diario más antiguo del país como actor político. Los comentarios estuvieron a cargo de Rosa María Palacios y Fernando Tuesta. A continuación, las palabras que ayer pronuncié, por el lanzamiento del libro. 

La presentación de un libro supone la culminación de un conjunto de esfuerzos intelectuales. El germen de este texto apareció hace once años, cuando algunos de quienes estamos hoy presentes aquí teníamos un blog y comentábamos los cambios en el Grupo El Comercio. En forma académica, el volumen que varios de ustedes tienen hoy en sus manos – o ya en sus bibliotecas – se comenzó a gestar hace cuatro años, cuando estudiaba la Maestría en Ciencia Política y Gobierno en la PUCP. Y hoy, en la histórica casa del Instituto de Estudios Peruanos, cerramos formalmente esta investigación.

Rosa María Palacios y Fernando Tuesta, quienes hoy me acompañan en esta mesa, no solo han sido estupendos comentaristas de este texto. Ambos formaron parte del mismo. Rosa María fue una de las más de veinte personas con las que dialogué para formar el texto que hoy presentamos. En dicho diálogo, fue tan acuciosa en los detalles como lo es cada vez que tiene que enfrentar – periodísticamente hablando – a alguno de los políticos que confía en la ausencia de memoria ciudadana. Fernando apoyó este trabajo en su calidad de asesor de la tesis en la que se basa este libro. Y en dicha calidad, me animó a contar una historia que, en principio, hubiera sido más acotada. De ese modo, me animó a ser especialista en un diario y una familia que han acompañado la mayor parte de la vida independiente de un país que está ad portas de su bicentenario. Gracias a ambos por sus comentarios y por su apoyo a esta investigación.

El Comercio y la política peruana del siglo XXI es, no hay que olvidarlo, un texto académico. Los datos, anécdotas y no pocas revelaciones que ustedes encontrarán sobre el diario decano de la prensa nacional – con el perdón de la frase hecha – buscan explicar que los medios de comunicación no se construyen con el consenso impuesto que se tendría dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética en tiempos de Stalin o del Partido Fascista dirigido por Benito Mussollini. Por el contrario, la construcción de la noticia tiene, en muchos casos, como ingrediente principal las pugnas, tensiones y, en no pocas ocasiones, broncas internas que se suscitan en cualquier sala de redacción, corresponda a un medio tradicional o a uno digital. Detrás de muchas noticias, existen varios No y también muchos Sí. Conseguir estos últimos implica mucho esfuerzo y, en ocasiones, una conjunción de factores en la que el azar, ese viejo factor al que Jorge Basadre dedicara un libro sobre su rol en la historia, juega también cierto papel.

Escogimos el caso de El Comercio por ser emblemático en nuestro país y en América Latina. Como en buena parte de la región, las empresas periodísticas son, a su vez, conglomerados articulados alrededor de una familia. Y, como ocurre con las familias, sobre todo aquellas que se extienden en número como los Buendía de Cien Años de Soledad, los visos de modernidad – en este caso, en empaque de gerencia moderna y directores independientes – se entraman con resistencias al cambio, cierto sentido de la tradición y un tono contemporizador que busca preservar la historia del presente, como es la pretensión de los diarios de referencia. La familia Miró Quesada resume esa tensión entre modernidad y tradición, entre liberales y conservadores, entre la audacia y la prudencia, para el caso peruano. Otras investigaciones podrán dar cuenta de fenómenos similares en otras partes de la región. Pensemos en los Azcarraga en México, los Edwards en Chile o los Marinho en Brasil.

Además, se buscó cubrir una época clave en la historia peruana. Los últimos veinte años implicaron una gesta para recuperar la democracia (y luego, para mantenerla), una comisión de la verdad para investigar lo que nos pasó en los años de mayor violencia de nuestro rumbo como nación independiente, siete personajes ocuparon la Presidencia de la República y tuvimos cuatro alcaldes de Lima, creció una mayor conciencia de los derechos de las mujeres y de los ciudadanos LGTBI, conocimos casos de corrupción de mayor o menor calado cuyas consecuencias pagamos ante hoy, contamos con un significativo crecimiento económico que no se vio acompañado por la suficiente construcción institucional, padecimos hasta hace poco a un arzobispo limeño que encarnó tendencias retardatarias, sufrimos desastres naturales agudizados por imprevisiones humanas. E incluso presenciamos, casi milagrosamente, un Mundial de Futbol al que asistió Perú. En todos estos hechos estuvo presente El Comercio. Y, en la mayor parte, las pugnas entre directivos, directores, editores y periodistas forjaron el producto que cada mañana vemos colgado en un kiosko o cuyo contenido revisamos a través de nuestros teléfonos celulares. La historia del presente fue construida en base a distinciones ideológicas en ocasiones y, en otras, procurando la mayor distancia posible de lo que se pensaban algunas personas con puestos de decisión. Los resultados fueron muy dignos y significativos en ocasiones y, en otros, como lo señalan algunos protagonistas de esta historia, la categoría de desastre estuvo bien colocada.

Hace algunos días, una persona muy querida, con el rigor e inteligencia que le caracteriza, me lanzaba una interrogante: ¿qué le puede decir este texto a un lector fuera del mundo académico? Me parece una buena pregunta que respondo brevemente. Considero que quien tiene, por primera vez, un acercamiento a este mundo, encontrará un relato entretenido sobre lo que ocurre al interior de una redacción y cómo se construye la información en forma real. Puede conocer cómo cambia un modelo de negocio que otrora brindó ganancias mayoritarias y hoy genera serias dudas sobre la sostenibilidad económica de la prensa escrita. Y tendrá, de primera mano, una historia sobre una empresa familiar, tan común en nuestro país, que se extiende desde aquellas compañías que integran alguno de los gremios que conforman la CONFIEP, hasta aquellas que implican emprendimientos personales de búsqueda de la sobrevivencia.

Este texto tuvo un reto adicional. Ante la ausencia casi total de bibliografía que sostuviera cómo se construía la noticia al interior de un medio de comunicación, recurrí a las entrevistas personales. Fue particularmente valioso para este texto que cuatro personas que tuvieron poder de decisión dentro de El Comercio – Alejandro Miró Quesada Cisneros, Francisco Miró Quesada Rada, Martha Meier Miró Quesada y Fernando Berckemeyer Olaechea – se animaran a contar sus versiones de los hechos. A ellos se suma Bernardo Roca Rey, quien sigue ligado a la empresa de su familia. Y, por supuesto, las contribuciones de quienes pasaron por el diario y el grupo El Comercio fueron fundamentales: Nelly Luna, Fabiola Torres, Rosa María Palacios, Daniel Yovera, Oscar Castilla, Jaime Cordero, David Hidalgo, Luis Davelouis, Pedro Salinas, Augusto Álvarez Rodrich, Enrique Pasquel, David Rivera del Águila, Tito Castro y Mario Cortijo. Tengo también una mención especial para quienes aún se encuentran en el viejo local del ahora jirón Santa Rosa: Pedro Ortiz Bisso y Fernando Vivas.

Agradezco las generosas palabras que dos personas a las que respeto mucho, Juan Carlos Tafur y Gustavo Gorriti, han dedicado al libro en distintos espacios. Y a Marco Sifuentes y Roberto Bustamante, viejos cómplices en varias aventuras, pues sin ellos no se hubiera inoculado el bicho de escribir sobre El Comercio.

Como mencionaba hace unos minutos, el libro tuvo como germen la tesis para graduarme como magister en Ciencia Política y Gobierno en la PUCP. Por ello, agradezco especialmente al jurado que calificó la tesis como sobresaliente y que brindó comentarios que sirvieron para el texto final: a Stephanie Rousseau, Eduardo Dargent y Fernando Tuesta, hoy presente aquí.

No estaríamos hoy celebrando la aparición de este volumen sin el Instituto de Estudios Peruanos. Gracias especiales a Ricardo Cuenca, quien se interesó por este texto desde el inicio. A Ludwig Huber y Odín del Pozo, un reconocimiento especial por responder a todas mis interrogantes y llevar a cabo una estupenda edición del texto, labor que implicó una revisión en base a un lector anónimo que hizo importantes críticas. Y a todo el equipo encargado de realizar esta presentación.

Finalmente, a mi familia, que ha sido el sostén emocional para emprender muchas aventuras a lo largo de los últimos años. A mis padres, a mis hermanos y a Romy, quienes me ayudan a navegar con felicidad en aquel mar con aguas calmas y turbulencias al que llamamos vida, gracias por todo su amor, consejos y respaldo.

Espero que disfruten, comenten y critiquen este libro. Ahora, “El Comercio y la política peruana del siglo XXI” es de ustedes y para ustedes. Gracias por su asistencia y por su lectoría.

Panorama político al final de 2018

Año Nuevo 2019

Alejandro Toledo: Con un proceso de extradición por fin en marcha. Irrelevante políticamente, su destino judicial estará en juego en 2019. De todos los casos vinculados a Lava Jato, es el más redondo en términos legales. De venir a Lima, su destino es la DIROES.

Alberto Fujimori: El indulto otorgado por PPK no solo no fue el baño de popularidad que esperaba. Tampoco obtuvo una revindicación histórica, ni siquiera en sus propios predios. Con la cantada revocación del indulto, ha optado por el limbo en la Clínica Centenario. La cárcel y la irrelevancia política lo esperan en 2019.

Daniel Salaverry: En rebeldía abierta con lo que queda de la cúpula de Fuerza Popular. El presidente del Congreso busca tener un juego propio. Se espera que encabece a un conjunto de disidentes provincianos, en una nueva bancada. La ruptura espera al destino final de la lideresa de su aún partido.

Kenji Fujimori: En el retiro. En privado, ha mandado decir que no quiere saber nada con la política. Papá aún espera que reconsidere esa posición.

Verónika Mendoza: Sumida entre pocas apariciones públicas y las dificultades de construir una agrupación que no tiene aún inscripción. Su bancada tiene buenos representantes, pero no logra consolidar una alta aprobación con miras a 2021. Sigue siendo la mejor carta zurda para las próximas elecciones.

Julio Guzmán: Con la mayor aprobación entre los políticos, pero aún insuficiente para consolidar una buena postulación presidencial. Cumplirá el sueño del partido propio en las próximas semanas. Su voz debería escucharse más, más allá de sus trinos en Twitter.

Luis Castañeda Lossio: En el ocaso de su carrera política. Su opaco tercer periodo, autodemolido cuando su calendario personal avanza rápido, es casi una sepultura política. Lo que prevalece aún subsistente es un estilo que él encarnó: obras de infraestructura con poca transparencia. Ojo a OAS si decide suscribir un convenio similar al de Odebrecht.

Jorge Muñoz: Sus primeros anuncios apuntan a otro estilo de gobierno de la ciudad: firmeza en la toma de decisiones, mayor transparencia, tendencia a la concertación. Tendrá que manejar las expectativas, considerando el estado de la capital que le deja su antecesor. Golpea a Castañeda, pero sin caer en la confrontación directa que le hizo daño al arranque de la gestión Villarán.

Gustavo Gorriti: Sus investigaciones han marcado la agenda periodística 2018, sobre todo, en lo que se refiere a Lava Jato y Lava Juez. Probablemente lo continúen haciendo en 2019, con las delaciones de Odebrecht y otras compañías. Justo para la primera década de IDL – Reporteros como medio de referencia en el Perú.

Juan Luis Cipriani: Todo indica que Roma le dará las gracias por los servicios prestados en pocos meses. Aunque lo más probable es que su sucesor sea un moderado, buscará espacios mediáticos para seguir transmitiendo sus mensajes conservadores. Más aún cuando tendrá más tiempo libre.

Alan García: Nada le salió bien en 2018. Pensó ser el campeón del “conservadurismo limpio”, pero su frustrado intento de asilo fue casi una confesión de parte. Ha consolidado al APRA como el furgón de cola del fujimorismo, sepultando al más añejo partido del Perú. Sus maniobras para evitar la acción de la justicia marcarán el 2019.

Pedro Chávarry: Un rehén de sí mismo, que tiene en incertidumbre los dos principales casos de corrupción del país. La flamante Junta Nacional de Justicia debería proceder con su destitución. Pero antes que ello ocurra, puede causar mucho daño al país y al sistema de justicia. Si mañana no confirma ciertas designaciones, muchos ya preparan las zapatillas para marchar.

César Villanueva: El premier político que Vizcarra quiere, en medio de un coro de ministros más bien técnicos. Su reto es mejorar la actuación sectorial, a la que los peruanos le pondrán mayor atención.

Keiko Fujimori: En su peor año. Se fumó todas las oportunidades que tenía de cambiar del mismo modo que Valeriano López prendía sus cigarros con billetes de 100 dólares. Insistimos en que el dinero recibido desde Odebrecht no es más que la caja de Pandora que va a destapar otros fondos de campaña mucho menos defendibles. Su partido está dividido y sus opciones al 2021 son cada vez mas reducidas.

Pedro Pablo Kuczynski: La irrelevancia política de su año y meses en la presidencia se ha trasladado a su actual estatus. Con un partido inexistente, opta por el silencio.

Martín Vizcarra: El gran ganador político del año. Llegó a la Presidencia sin capital político, se mostró dubitativo en sus primeros meses y luego se supo montar bien en la ola anticorrupción. Su reto para el 2019 es mejorar la actuación del Estado, sin dejar de preocuparse por las reformas judicial y política. A cuidar más sus declaraciones públicas.

Feliz 2019 para todos.

Vizcarra y los retos post referéndum

Vizcarra EFE
Luego del 9 de diciembre, ¿podrá plantear una nueva agenda? (Foto: EFE)

Dos conclusiones rápidas se desprenden de la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos: a) el Presidente de la República obtendría un importante triunfo político el 9 de diciembre, pues triunfarían sus opciones en el referéndum sobre reformas políticas y judiciales; y b) es claro que deberá tener una agenda para luego del triunfo, en la que pueda incidir en temas que la ciudadanía reclama, más allá de lo planteado en la consulta popular que se realizará en una semana y media.

¿Cuáles son los temas en los que Palacio de Gobierno va a tener que incidir más? Sin ningún orden en particular, aquí van algunos:

Gabinete: es claro que la popularidad del Presidente no es transmitida al gobierno en su conjunto, que tiene la mitad de aprobación que Vizcarra. Salvo Villanueva y, por momentos, los titulares de los sectores Educación e Interior, no hay mayores respuestas políticas en el equipo ministerial.  Esto es producto del perfil de un gabinete que fue producto de un mandatario que llegó producto del azar y del desastroso manejo político de su antecesor. Con alrededor de 60% de aprobación y reflejos políticos comprobados, Vizcarra puede convocar a nuevos y mejores actores que refresquen un equipo que, en conjunto, es anodino. Al mismo tiempo, ello le puede permitir mejorar la actuación sectorial.

Economía: Poco a poco se instala la idea que el gobierno requiere hacer algo más para mejorar las cifras macroeconómicas. Es cierto que el contexto internacional no ayuda (la guerra comercial China – Estados Unidos, las crisis en Turquía y Argentina), pero queda la sensación que el MEF podría ser un poco más atrevido en sus propuestas. Por ahora, Carlos Oliva ha sorteado bien la segunda mitad del año, pero se espera más de él. Quizás podrían tomar en cuenta algunas de las ofertas que vengan del Consejo Privado de Competitividad, que se presentará esta semana en CADE. Y en lo sectorial, convendría ponerle un impulso mayor a las actividades económicas a las que mejor les ha ido este año, como agroindustria, turismo o pesca.  En una reciente entrevista en Semana Económica, Vizcarra también ha insistido en proyectos fuertes de infraestructura como otro motor del crecimiento.

Reconstrucción: Si bien este tema no depende enteramente del Poder Ejecutivo – buena parte de la ejecución pasa por gobiernos regionales y locales -, es notorio que en el norte del país existe descontento por el avance de las obras. Aquí será importante la coordinación que se hagan con las nuevas autoridades en esta zona. Al mismo tiempo, convendrá evaluar, un año y medio después, si la actual estructura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios resulta ser la más adecuada para su propósito.

Salud: El tema en el que el gobierno se encuentra más desaprobado. Si el gobierno de Humala se caracterizó por una agenda reformista en educación – que el ministro Alfaro ha recuperado -, el gobierno de Vizcarra debería centrarse más en esta agenda. El Presidente ha anunciado que lo hará, pero no ha dado aún la letra de esta reforma. ¿Lo hará luego del referéndum?

Corrupción: Esta es la materia que mejores resultados le ha rendido y no debe descuidarla. Una cuestión pendiente que tiene es una mejora de la legislación sobre lobbies y gestión de intereses. Asimismo, cortar por lo sano con casos de su gobierno, como el ocurrido con el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, lo que supone sanciones y correcciones inmediatas.  Una prueba de fuego serán las obras de los Panamericanos y aquellas destinadas a la conmemoración del Bicentenario.

Reforma política y judicial: En lo urgente, el gobierno deberá presentar proyectos de Ley vinculados a la organización de la flamante Junta Nacional de Justicia, así como sobre financiamiento partidario. También deberá observar el mamotreto que planean aprobar en el Congreso sobre delitos vinculados a financiamiento irregular de agrupaciones políticas. Se debería esperar un mayor impulso a otras reformas vinculadas a la justicia – una actualización del Informe de la CERIAJUS no vendría mal como inicio – así como un replantamiento de la bicameralidad a partir de lo señalado por varios expertos.

Papas calientes políticas: Finalmente, Vizcarra deberá tener en cuenta que deberá tomar decisiones claves en estos temas: a) destino final de Alberto Fujimori (léase, cuando vuelve al Establecimiento Penal Barbadillo); b) qué hacer frente a la decisión final de Uruguay sobre el pedido de asilo de Alan García; c) nuevas arremetidas del fujimorismo; d) decisión judicial sobre el enfoque de género en el Currículo Educativo Escolar y nuevas movilizaciones conservadoras.

Como vemos, el gobierno recién comienza de verdad. Ojalá así lo entiendan en Palacio.

La derrota política de Alan García

Alan Garcia
En sus peores días (Foto: El Comercio)

En su libro “La Calavera en Negro”, Gustavo Gorriti tuvo la certeza que el caso Langberg llegaba a su final cuando el investigado por narcotráfico fue detenido sin mayores problemas. Con ello, el hoy veterano periodista supo que su primer caso estaba cerca de su conclusión.

Cuando Alan García, en la puerta de su casa de San Antonio, exclamó la frase (convertida en viral) “Demuéstrenlo pues, imbéciles”, tuve la cereza que el dos veces expresidente del Perú ha terminado de perder la batalla política. Más allá de lo que ocurra ante un tribunal.

La clara pérdida de los estribos de García denotó lo que, hace una semana, Marco Sifuentes identificaba bien como el temor de ser apresado. Pero se conecta claramente con un síndrome que siempre le pasó factura a AGP: llegar tarde a su tiempo.

García fue estatista en tiempos en los que comenzaba el giro hacia la economía liberal en la región. De allí que cuando señala, sin ningún sobresalto, que ha hecho algunos aportes novedosos a la economía mundial, uno oscila entre la carcajada, el estupefacto y el recuerdo de una época que pocos recuerdan precisamente en términos gratos para su bolsillo.

Pero para él nunca hubo punto medio. Si  bien el APRA la pegaba de partido socialdemócrata en los 90s y a inicios del 2000, en realidad García – quien, recuerden, en la campaña de 2001 hablaba de Banco Agrario y control de tarifas por vía estatal – nunca hizo ese tránsito a la moderación.

Como Gorriti relató alguna vez, luego del fallido Paro Nacional de 2004 – aquel donde quiso ser proclamado por presidente por las masas y terminó siendo una mala emulación de Jefferson Farfán – se fue a Washington y se transformó rápidamente en Inversiones García. Astutamente, durante la campaña electoral, supo ponerse entre una Lourdes Flores que era tan defensora del mercado que hacía ver a los muchachos del Instituto Peruano de Economía como unos socialdemócratas y un Ollanta Humala que emulaba, en forma y en fondo, a Juan Velasco Alvarado. Ganó.

Pero el gobierno de García tuvo de social demócrata tanto como un miembro de Con Mis Hijos No Te Metas enarbola la bandera de la tolerancia. Uno podría entender al converso que desea no incurrir en los mismos errores que convirtieron a la economía peruana en la sucursal del Titanic. Y hasta podría comprender la táctica de subir a bordo a quienes podrían considerarlo como el cuco como una forma de contrarrestarlos. Lo que no se terminaba de entender era porque su segunda administración terminó siendo la partera del conservadurismo peruano actual.

Un esbozo de respuesta es que García prometía ser el guardián ante distintos entes de la sociedad. El anticomunismo aprista lo vacunaba frente a cualquier posible intento de conciliación con la izquierda. La sospecha con la que las organizaciones de defensa de derechos humanos lo veían – primero por su actuación durante el periodo de violencia y luego por cómo se comportó frente a conflictos sociales – lo emparentó con el fujimorismo y los militares que violaron derechos humanos en su gobierno. La necesidad de una conciliación con enemigos históricos lo llevó a tener buenas relaciones con El Comercio y con el sector más conservador de la Iglesia Católica peruana (desde Cipriani hasta Eguren). Y sus vínculos con empresas privadas de seguridad e intereses empresariales hacían que terminara arriando cualquier bandera que no fuera la del libre mercado, a su modo.

Porque lo que terminó prevaleciendo fue el mercantilismo más ramplón. Y, sobre todo, la de la obra pública sobrevalorada – en todas las acepciones del término – y hechos que merecen ser investigados a la luz del Código Penal. Acabado el gobierno, García era aplaudido por esos sectores altos a los que tanto se debió su segunda administración. Y pensó que su imagen de conferencista global, invitado (en público y en privado) por empresas que habían tenido pingües ganancias durante su mandato le auguraría un tercer periodo. Creyó ser Piérola. Y aspiró a superarlo.

El problema es que García volvió a ser sobrepasado por las circunstancias. El fujimorismo supo sacar mayor provecho temporal de intereses conservadores y ilegales, hasta su reciente debacle. Su modo de hacer política mediante la palabra había sido enterrado entre discursos que parecían listados de lavandería de obras y artículos que harían enrojecer incluso al Haya de Treinta Años de Aprismo. Ya no podía tener el trato directo con los dueños de comunicación porque ahora sus amigos se están jubilando (igual que en el Poder Judicial y el Ministerio Público) y las nuevas generaciones no le tienen precisamente respeto o devoción, menos aún en las redes sociales donde lo vuelven en blanco de burlas. Y, sobre todo, la corrupción, aquel mal que caracterizó a sus dos gobiernos, volvió a aparecer en el ambiente.  Narcoindultos primero, Lava Jato después.

Desde 2016, se le ve perdiendo cada vez más los papeles. Lanzando tuits cada vez más incomprensibles desde el punto de vista político, pero sí desde la defensa judicial. Maltratando a periodistas que solo cumplen con hacer su trabajo. Tejiendo posibles cortinas de humo sin llegar a colocar en gran medida temas en agenda. Y al llamar imbéciles a los periodistas y fiscales que lo investigan, terminó, finalmente, claudicando.

No sabemos si la importante pista revelada por Gorriti y Romina Mella terminará derivando en un juicio oral. Tampoco si Jorge Barata terminará confirmando las sospechas de miles de peruanos. O si las otras conferencias dictadas con posterioridad a su gobierno terminarán llevando a posibles pistas sobre, para decirlo elegantemente, una relación contaminada entre lo público y lo privado.

Lo que sabemos es que el tiempo de Alan García ha terminado.

 

 

Comisiones Investigadoras: una evaluación

Rosa Bartra
Rosa Bartra y los viejos defectos de las comisiones investigadoras (Foto: Gestión)

La semana pasada, el Congreso de la República se enfrascó en la discusión sobre los informes de la Comisión Investigadora sobre el caso Lava Jato, presidida por la parlamentaria Rosa Bartra. Al final, la mayor parte de congresistas aprobó el documento encabezado por la congresista fujmorista y rechazó discutir el documento presentado por Humberto Morales (Frente Amplio) en minoría.

Existe un consenso entre especialistas sobre los defectos serios del informe Bartra. Lejos de añadir elementos nuevos de juicio tanto para las indagaciones del Ministerio Público como para el examen histórico, el manuscrito redunda en hechos ya conocidos, antes que en acontecimientos nuevos. Además de la inexplicable exclusión de Alan García y Keiko Fujimori de responsabilidades políticas, el informe Bartra no suma ni siquiera para el objetivo último que tenía el fujimorismo con este grupo de trabajo: hundir políticamente a sus rivales.

Pero el informe Morales tampoco supera la valla. Si bien incluye a García y a Fujimori, la evidencia que anota tampoco es concluyente para la imputación de delitos. En general, tanto los documentos en minoría como en mayoría carecen de un buen análisis político y jurídico de los hechos que tenían entre manos indagar.

Solo por citar un ejemplo, en el reciente libro del politólogo Francisco DurandOdebrecht. La empresa que capturaba gobiernos” existen muchos mayores elementos de contexto que permiten establecer una historia más cabal de lo ocurrido con el caso Lava Jato. Más allá de la discusión sobre la aplicación del concepto “captura del Estado” a esta trama de corrupción, lo cierto es que hay eventos nuevos que permiten trazar una historia que se remonta a las postrimerías del gobierno de Morales Bermúdez, así como eventos que permiten arribar a algunas conclusiones dirigidas a mejorar la transparencia, la contratación pública y los planes de infraestructura en el Perú.

De hecho, la intención primigenia de las comisiones investigadoras es a)  hacer un buen recuento de hechos, b) evidenciar problemas legislativos y de política pública y c) presentar recomendaciones de modificación legislativa o cambios en la actuación institucional. Palabras más, palabras menos, lo que hace Durand en su libro. Y, por cierto, nada de lo que presenta el informe Bartra.

El problema es que nuestras comisiones no se concentran en ello, sino en posibles aspectos penales. ¿Por qué?

Una primera respuesta sería un supuesto apoyo a la acción de la justicia. Sin embargo, existe unanimidad entre los agentes del sistema de justicia – en particular, jueces y fiscales – en que los informes de las comisiones investigadoras, en su mayoría, han tenido aportes muy acotados en los procesos judiciales que se han seguido tanto en casos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos (las dos materias que más han ocupado a este tipo de grupos de trabajo). Lo mismo señala José Ugaz en su libro “Caiga Quien Caiga”, sus memorias como Procurador Anticorrupción.

Un segundo argumento sería aportar elementos para posibles acusaciones constitucionales o infracciones a la Constitución. Sin embargo, este tipo de procesos puede tramitarse en forma independiente, como lo demostraron las acciones parlamentarias en el caso del vocal supremo César Hinostroza o de los exmiembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Así, solo queda un argumento en pie para este tipo de indagaciones: el uso de las mismas como arma política para invalidar o sacar de carrera a rivales políticos. Cuestión que es evidente que no puede sostener este tipo de grupos de trabajo.

Es cierto que no todas las comisiones investigadoras han seguido, necesariamente, este patrón. Y que algunas han tenido buenos resultados en sus indagaciones. El informe Ames sobre la matanza de los penales, el documento sobre el caso La Cantuta elaborado por Roger Cáceres, las revelaciones de los narcoindultos hechas por el grupo de trabajo encabezado por Sergio Tejada o la hoja de ruta sobre el caso Lava Jato plasmada por el exparlamentario Juan Pari son algunos ejemplos de ello.

En esa línea va la comisión investigadora sobre abusos a menores encabezada por el congresista Alberto de Belaúnde. Lejos de hacer un trabajo para la búsqueda de titulares, se realizan sesiones que apuntan a los elementos básicos de una comisión investigadora. Y, a tal punto llega la prudencia que, previendo que estamos ante un tema mayor, De Belaúnde propondrá la creación de una Comisión de la Verdad por parte del Poder Ejecutivo. Una iniciativa que ya tenía en mente, pero que fue frustrada por el gobierno de PPK.

Por ello, debemos repensar el mecanismo de las comisiones investigadoras, tanto a la luz de buenas prácticas parlamentarias (que las hay, como ya hemos anotado), como sobre posibles ajustes legislativos. Por ejemplo, se podría acotar su alcance en temas penales. Y deben concentrarse en cambios legislativos y de política pública. Es un tema que debería tomarse en cuenta para un segundo impulso reformista, luego del referéndum del 9 de diciembre.