Vizcarra y los retos post referéndum

Vizcarra EFE
Luego del 9 de diciembre, ¿podrá plantear una nueva agenda? (Foto: EFE)

Dos conclusiones rápidas se desprenden de la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos: a) el Presidente de la República obtendría un importante triunfo político el 9 de diciembre, pues triunfarían sus opciones en el referéndum sobre reformas políticas y judiciales; y b) es claro que deberá tener una agenda para luego del triunfo, en la que pueda incidir en temas que la ciudadanía reclama, más allá de lo planteado en la consulta popular que se realizará en una semana y media.

¿Cuáles son los temas en los que Palacio de Gobierno va a tener que incidir más? Sin ningún orden en particular, aquí van algunos:

Gabinete: es claro que la popularidad del Presidente no es transmitida al gobierno en su conjunto, que tiene la mitad de aprobación que Vizcarra. Salvo Villanueva y, por momentos, los titulares de los sectores Educación e Interior, no hay mayores respuestas políticas en el equipo ministerial.  Esto es producto del perfil de un gabinete que fue producto de un mandatario que llegó producto del azar y del desastroso manejo político de su antecesor. Con alrededor de 60% de aprobación y reflejos políticos comprobados, Vizcarra puede convocar a nuevos y mejores actores que refresquen un equipo que, en conjunto, es anodino. Al mismo tiempo, ello le puede permitir mejorar la actuación sectorial.

Economía: Poco a poco se instala la idea que el gobierno requiere hacer algo más para mejorar las cifras macroeconómicas. Es cierto que el contexto internacional no ayuda (la guerra comercial China – Estados Unidos, las crisis en Turquía y Argentina), pero queda la sensación que el MEF podría ser un poco más atrevido en sus propuestas. Por ahora, Carlos Oliva ha sorteado bien la segunda mitad del año, pero se espera más de él. Quizás podrían tomar en cuenta algunas de las ofertas que vengan del Consejo Privado de Competitividad, que se presentará esta semana en CADE. Y en lo sectorial, convendría ponerle un impulso mayor a las actividades económicas a las que mejor les ha ido este año, como agroindustria, turismo o pesca.  En una reciente entrevista en Semana Económica, Vizcarra también ha insistido en proyectos fuertes de infraestructura como otro motor del crecimiento.

Reconstrucción: Si bien este tema no depende enteramente del Poder Ejecutivo – buena parte de la ejecución pasa por gobiernos regionales y locales -, es notorio que en el norte del país existe descontento por el avance de las obras. Aquí será importante la coordinación que se hagan con las nuevas autoridades en esta zona. Al mismo tiempo, convendrá evaluar, un año y medio después, si la actual estructura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios resulta ser la más adecuada para su propósito.

Salud: El tema en el que el gobierno se encuentra más desaprobado. Si el gobierno de Humala se caracterizó por una agenda reformista en educación – que el ministro Alfaro ha recuperado -, el gobierno de Vizcarra debería centrarse más en esta agenda. El Presidente ha anunciado que lo hará, pero no ha dado aún la letra de esta reforma. ¿Lo hará luego del referéndum?

Corrupción: Esta es la materia que mejores resultados le ha rendido y no debe descuidarla. Una cuestión pendiente que tiene es una mejora de la legislación sobre lobbies y gestión de intereses. Asimismo, cortar por lo sano con casos de su gobierno, como el ocurrido con el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, lo que supone sanciones y correcciones inmediatas.  Una prueba de fuego serán las obras de los Panamericanos y aquellas destinadas a la conmemoración del Bicentenario.

Reforma política y judicial: En lo urgente, el gobierno deberá presentar proyectos de Ley vinculados a la organización de la flamante Junta Nacional de Justicia, así como sobre financiamiento partidario. También deberá observar el mamotreto que planean aprobar en el Congreso sobre delitos vinculados a financiamiento irregular de agrupaciones políticas. Se debería esperar un mayor impulso a otras reformas vinculadas a la justicia – una actualización del Informe de la CERIAJUS no vendría mal como inicio – así como un replantamiento de la bicameralidad a partir de lo señalado por varios expertos.

Papas calientes políticas: Finalmente, Vizcarra deberá tener en cuenta que deberá tomar decisiones claves en estos temas: a) destino final de Alberto Fujimori (léase, cuando vuelve al Establecimiento Penal Barbadillo); b) qué hacer frente a la decisión final de Uruguay sobre el pedido de asilo de Alan García; c) nuevas arremetidas del fujimorismo; d) decisión judicial sobre el enfoque de género en el Currículo Educativo Escolar y nuevas movilizaciones conservadoras.

Como vemos, el gobierno recién comienza de verdad. Ojalá así lo entiendan en Palacio.

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La derrota política de Alan García

Alan Garcia
En sus peores días (Foto: El Comercio)

En su libro “La Calavera en Negro”, Gustavo Gorriti tuvo la certeza que el caso Langberg llegaba a su final cuando el investigado por narcotráfico fue detenido sin mayores problemas. Con ello, el hoy veterano periodista supo que su primer caso estaba cerca de su conclusión.

Cuando Alan García, en la puerta de su casa de San Antonio, exclamó la frase (convertida en viral) “Demuéstrenlo pues, imbéciles”, tuve la cereza que el dos veces expresidente del Perú ha terminado de perder la batalla política. Más allá de lo que ocurra ante un tribunal.

La clara pérdida de los estribos de García denotó lo que, hace una semana, Marco Sifuentes identificaba bien como el temor de ser apresado. Pero se conecta claramente con un síndrome que siempre le pasó factura a AGP: llegar tarde a su tiempo.

García fue estatista en tiempos en los que comenzaba el giro hacia la economía liberal en la región. De allí que cuando señala, sin ningún sobresalto, que ha hecho algunos aportes novedosos a la economía mundial, uno oscila entre la carcajada, el estupefacto y el recuerdo de una época que pocos recuerdan precisamente en términos gratos para su bolsillo.

Pero para él nunca hubo punto medio. Si  bien el APRA la pegaba de partido socialdemócrata en los 90s y a inicios del 2000, en realidad García – quien, recuerden, en la campaña de 2001 hablaba de Banco Agrario y control de tarifas por vía estatal – nunca hizo ese tránsito a la moderación.

Como Gorriti relató alguna vez, luego del fallido Paro Nacional de 2004 – aquel donde quiso ser proclamado por presidente por las masas y terminó siendo una mala emulación de Jefferson Farfán – se fue a Washington y se transformó rápidamente en Inversiones García. Astutamente, durante la campaña electoral, supo ponerse entre una Lourdes Flores que era tan defensora del mercado que hacía ver a los muchachos del Instituto Peruano de Economía como unos socialdemócratas y un Ollanta Humala que emulaba, en forma y en fondo, a Juan Velasco Alvarado. Ganó.

Pero el gobierno de García tuvo de social demócrata tanto como un miembro de Con Mis Hijos No Te Metas enarbola la bandera de la tolerancia. Uno podría entender al converso que desea no incurrir en los mismos errores que convirtieron a la economía peruana en la sucursal del Titanic. Y hasta podría comprender la táctica de subir a bordo a quienes podrían considerarlo como el cuco como una forma de contrarrestarlos. Lo que no se terminaba de entender era porque su segunda administración terminó siendo la partera del conservadurismo peruano actual.

Un esbozo de respuesta es que García prometía ser el guardián ante distintos entes de la sociedad. El anticomunismo aprista lo vacunaba frente a cualquier posible intento de conciliación con la izquierda. La sospecha con la que las organizaciones de defensa de derechos humanos lo veían – primero por su actuación durante el periodo de violencia y luego por cómo se comportó frente a conflictos sociales – lo emparentó con el fujimorismo y los militares que violaron derechos humanos en su gobierno. La necesidad de una conciliación con enemigos históricos lo llevó a tener buenas relaciones con El Comercio y con el sector más conservador de la Iglesia Católica peruana (desde Cipriani hasta Eguren). Y sus vínculos con empresas privadas de seguridad e intereses empresariales hacían que terminara arriando cualquier bandera que no fuera la del libre mercado, a su modo.

Porque lo que terminó prevaleciendo fue el mercantilismo más ramplón. Y, sobre todo, la de la obra pública sobrevalorada – en todas las acepciones del término – y hechos que merecen ser investigados a la luz del Código Penal. Acabado el gobierno, García era aplaudido por esos sectores altos a los que tanto se debió su segunda administración. Y pensó que su imagen de conferencista global, invitado (en público y en privado) por empresas que habían tenido pingües ganancias durante su mandato le auguraría un tercer periodo. Creyó ser Piérola. Y aspiró a superarlo.

El problema es que García volvió a ser sobrepasado por las circunstancias. El fujimorismo supo sacar mayor provecho temporal de intereses conservadores y ilegales, hasta su reciente debacle. Su modo de hacer política mediante la palabra había sido enterrado entre discursos que parecían listados de lavandería de obras y artículos que harían enrojecer incluso al Haya de Treinta Años de Aprismo. Ya no podía tener el trato directo con los dueños de comunicación porque ahora sus amigos se están jubilando (igual que en el Poder Judicial y el Ministerio Público) y las nuevas generaciones no le tienen precisamente respeto o devoción, menos aún en las redes sociales donde lo vuelven en blanco de burlas. Y, sobre todo, la corrupción, aquel mal que caracterizó a sus dos gobiernos, volvió a aparecer en el ambiente.  Narcoindultos primero, Lava Jato después.

Desde 2016, se le ve perdiendo cada vez más los papeles. Lanzando tuits cada vez más incomprensibles desde el punto de vista político, pero sí desde la defensa judicial. Maltratando a periodistas que solo cumplen con hacer su trabajo. Tejiendo posibles cortinas de humo sin llegar a colocar en gran medida temas en agenda. Y al llamar imbéciles a los periodistas y fiscales que lo investigan, terminó, finalmente, claudicando.

No sabemos si la importante pista revelada por Gorriti y Romina Mella terminará derivando en un juicio oral. Tampoco si Jorge Barata terminará confirmando las sospechas de miles de peruanos. O si las otras conferencias dictadas con posterioridad a su gobierno terminarán llevando a posibles pistas sobre, para decirlo elegantemente, una relación contaminada entre lo público y lo privado.

Lo que sabemos es que el tiempo de Alan García ha terminado.

 

 

Comisiones Investigadoras: una evaluación

Rosa Bartra
Rosa Bartra y los viejos defectos de las comisiones investigadoras (Foto: Gestión)

La semana pasada, el Congreso de la República se enfrascó en la discusión sobre los informes de la Comisión Investigadora sobre el caso Lava Jato, presidida por la parlamentaria Rosa Bartra. Al final, la mayor parte de congresistas aprobó el documento encabezado por la congresista fujmorista y rechazó discutir el documento presentado por Humberto Morales (Frente Amplio) en minoría.

Existe un consenso entre especialistas sobre los defectos serios del informe Bartra. Lejos de añadir elementos nuevos de juicio tanto para las indagaciones del Ministerio Público como para el examen histórico, el manuscrito redunda en hechos ya conocidos, antes que en acontecimientos nuevos. Además de la inexplicable exclusión de Alan García y Keiko Fujimori de responsabilidades políticas, el informe Bartra no suma ni siquiera para el objetivo último que tenía el fujimorismo con este grupo de trabajo: hundir políticamente a sus rivales.

Pero el informe Morales tampoco supera la valla. Si bien incluye a García y a Fujimori, la evidencia que anota tampoco es concluyente para la imputación de delitos. En general, tanto los documentos en minoría como en mayoría carecen de un buen análisis político y jurídico de los hechos que tenían entre manos indagar.

Solo por citar un ejemplo, en el reciente libro del politólogo Francisco DurandOdebrecht. La empresa que capturaba gobiernos” existen muchos mayores elementos de contexto que permiten establecer una historia más cabal de lo ocurrido con el caso Lava Jato. Más allá de la discusión sobre la aplicación del concepto “captura del Estado” a esta trama de corrupción, lo cierto es que hay eventos nuevos que permiten trazar una historia que se remonta a las postrimerías del gobierno de Morales Bermúdez, así como eventos que permiten arribar a algunas conclusiones dirigidas a mejorar la transparencia, la contratación pública y los planes de infraestructura en el Perú.

De hecho, la intención primigenia de las comisiones investigadoras es a)  hacer un buen recuento de hechos, b) evidenciar problemas legislativos y de política pública y c) presentar recomendaciones de modificación legislativa o cambios en la actuación institucional. Palabras más, palabras menos, lo que hace Durand en su libro. Y, por cierto, nada de lo que presenta el informe Bartra.

El problema es que nuestras comisiones no se concentran en ello, sino en posibles aspectos penales. ¿Por qué?

Una primera respuesta sería un supuesto apoyo a la acción de la justicia. Sin embargo, existe unanimidad entre los agentes del sistema de justicia – en particular, jueces y fiscales – en que los informes de las comisiones investigadoras, en su mayoría, han tenido aportes muy acotados en los procesos judiciales que se han seguido tanto en casos de corrupción como de violaciones a los derechos humanos (las dos materias que más han ocupado a este tipo de grupos de trabajo). Lo mismo señala José Ugaz en su libro “Caiga Quien Caiga”, sus memorias como Procurador Anticorrupción.

Un segundo argumento sería aportar elementos para posibles acusaciones constitucionales o infracciones a la Constitución. Sin embargo, este tipo de procesos puede tramitarse en forma independiente, como lo demostraron las acciones parlamentarias en el caso del vocal supremo César Hinostroza o de los exmiembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Así, solo queda un argumento en pie para este tipo de indagaciones: el uso de las mismas como arma política para invalidar o sacar de carrera a rivales políticos. Cuestión que es evidente que no puede sostener este tipo de grupos de trabajo.

Es cierto que no todas las comisiones investigadoras han seguido, necesariamente, este patrón. Y que algunas han tenido buenos resultados en sus indagaciones. El informe Ames sobre la matanza de los penales, el documento sobre el caso La Cantuta elaborado por Roger Cáceres, las revelaciones de los narcoindultos hechas por el grupo de trabajo encabezado por Sergio Tejada o la hoja de ruta sobre el caso Lava Jato plasmada por el exparlamentario Juan Pari son algunos ejemplos de ello.

En esa línea va la comisión investigadora sobre abusos a menores encabezada por el congresista Alberto de Belaúnde. Lejos de hacer un trabajo para la búsqueda de titulares, se realizan sesiones que apuntan a los elementos básicos de una comisión investigadora. Y, a tal punto llega la prudencia que, previendo que estamos ante un tema mayor, De Belaúnde propondrá la creación de una Comisión de la Verdad por parte del Poder Ejecutivo. Una iniciativa que ya tenía en mente, pero que fue frustrada por el gobierno de PPK.

Por ello, debemos repensar el mecanismo de las comisiones investigadoras, tanto a la luz de buenas prácticas parlamentarias (que las hay, como ya hemos anotado), como sobre posibles ajustes legislativos. Por ejemplo, se podría acotar su alcance en temas penales. Y deben concentrarse en cambios legislativos y de política pública. Es un tema que debería tomarse en cuenta para un segundo impulso reformista, luego del referéndum del 9 de diciembre.

 

Alcaldía de Lima: una elección aún abierta

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Foto: RPP

Es claro que, para muchos, Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont no reúnen las cualidades para encabezar la ciudad más importante del país. Y resulta evidente que sus planes de gobierno no son precisamente consistentes para enfrentar los retos de una ciudad tan compleja como Lima. Sin embargo, gozan de las simpatías iniciales de un público que aún no termina de enganchar con la campaña electoral.

Por ello, es necesario ir más allá de lo que pueden generarnos ambos candidatos y entender porque los limeños, por ahora, le brindan su favoritismo.

1. Campaña apática y presencia mediática: Por distintos motivos, la campaña electoral no ha logrado conectar con los ciudadanos. En ese escenario, ser conocido brinda mayores posibilidades de intención de voto. Reggiardo tiene hace varios años un programa de televisión sobre seguridad ciudadana y Belmont tiene micrófono abierto en su propia emisora durante varias décadas. Sumemos a Urresti, quien a pesar de las acusaciones serias en su contra, se hace notar en los medios de comunicación.

2. Buenos candidatos que no prenden: Existe cierto consenso en que los mejores planes de gobierno corresponden – en orden alfabético – a Alberto Beingolea, Gustavo Guerra García, Jorge Muñoz y Manuel Velarde. Sin embargo, ninguna de las campañas ha logrado prender del todo, tanto por cuestiones de recursos, como por la debilidad de sus organizaciones y errores de los postulantes. Por ahora, Beingolea tiene más opciones, tanto por su ubicación en las encuestas como por la recordación de marca que tiene el PPC, así como la de su propia figura personal.

Pero, luego de la ausencia de Reggiardo en el debate de ayer (volveré luego a este punto), los otros tres tienen opciones aún de posicionarse en estos 14 días que quedan.  Muñoz fue el mejor en términos propositivos en el debate de ayer, pero sigue teniendo serios problemas de aterrizaje de sus ofertas electorales, a lo que se suma una campaña que apostó por lo elitista.

3. Los limeños y la política: En la muy buena tesis doctoral de Hernán Chaparro – próxima a convertirse en libro – se brindan una serie de datos interesantes en torno a la conexión que tienen los ciudadanos de la ciudad con los políticos: capital social bajo, desconfianza interpersonal alta, baja percepción de respeto a las normas, baja percepción de eficacia, muy poca vinculación e interés con temas políticos. En ese panorama, pedir compromiso suena pedir fresas a los naranjos. El voto se definirá en las dos últimas semanas. Harían bien quienes están más involucrados en estas materias en no suponer que todos tienen el mismo interés.

4. Seguridad: Lima es la ciudad que más señala que la seguridad ciudadana es un problema. En particular, porque el hurto y el robo se concentra en objetos tangibles que para muchos supone un gran esfuerzo conseguir (sueldo, cartera, celular). Y si bien es claro que las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima son escasas en este sentido, la ausencia de políticas por parte del gobierno central – ¿sabían que el ministro del Interior se llama Mauro Medina? – hace que muchos sientan que nadie los atiende en este reclamo.

Por ello, que un político brinde aunque sea un mínimo de preocupación a partir de un programa de televisión les suena a muchos como sinónimo de empatía. Sí, es cierto que el espacio televisivo de Reggiardo es un show y que su plan de gobierno (que, para remate, tiene plagios) no da pie con bola. Pero, para un sector de votantes, “ya es algo”. Lo mismo con Urresti, quien ayer recitaba propuestas directas…para el Ministerio del Interior (que ya ocupó, sin muchos resultados).

5. Insatisfacción: Es notorio que la gente está harta de los políticos y que, en ese clima, alguien que “diga las verdades” (a pesar que sean, en realidad, postverdades) tiene como calar. Belmont (al igual que Philip Butters) recurre al elector más amargo con la política, les da sentidos comunes en los que pensar y los empaqueta en un discurso mediático que le da legitimidad a las bajas pasiones que muchos sienten. No importa que tan machista o xenófobo sea este discurso (y, por tanto, condenable), un sector de ciudadanos se siente identificado con alguien que reafirma su visión del mundo. Y no importa que Belmont presente un PPT bastante rudimentario como plan. No tuvo un plan en 1989, no debatió y ganó. A eso aspira a repetir casi tres décadas después.

6. Locuacidad: Reggiardo y Belmont (y hasta cierto punto, Urresti) son productos mediáticos que se sostienen en base a la palabra y el mensaje directo, sin remilgos. Y en ello se oponen al cada vez más impopular Luis Castañeda Lossio. Como indica Alfredo Torres, una ley histórica en el Perú es que muchas veces el elector busca a un candidato con características opuestas a la actual autoridad. Si el alcalde es poco locuaz, ahora están buscando a alguien con “floro directo”.

Por ello – además de las cuestiones de principio – es que el desplante de ayer de Reggiardo le puede salir bastante caro. No acudir al debate no solo es una falta de respeto a los electores, sino que también, en términos tácticos, es un error serio. El postulante de Perú Patria Segura ha apelado a la victimización, pero esta le puede salir cara. Y probablemente Belmont esté pensando en acudir al debate, luego que vio que Urresti acudió a la polémica y buscó aprovechar ese espacio.

¿Puede cambiar el panorama? Sí. El primer debate y el berrinche de Reggiardo ha tenido el acierto de comenzar a colocar en agenda la campaña municipal. Hay un grupo que rechaza a los tres punteros que mira otras opciones. El destino judicial de Urresti – procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos – se define tres días antes de las elecciones. Los colocados en el segundo debate tienen mayor opción de recordación y van a ver lo hecho por los otros diez contendientes. En un contexto donde la seguridad solo es un golpe de efecto y el transporte ya no será una potestad de la MML (está por aprobarse la Autoridad Única de Transporte en segunda votación), hay aún mucho pan por rebanar.

Para variar, esta elección se definirá en los últimos días.

Partidor municipal limeño

MML
Foto: Gestión

La campaña electoral para la Alcaldía Metropolitana de Lima sigue en el mismo tenor que hace dos meses: la apatía.

Varias razones explican el fenómeno: la concentración de la atención pública en los escándalos de corrupción vinculados al sistema de justicia; la ausencia de un candidato que concentre un antivoto bastante alto como para convertir la elección en plebiscitaria (Luis Castañeda Pardo solo hereda parcialmente las antipatías sobre su padre); el desgaste de las gestiones Villarán y Castañeda Lossio ha generado que la plaza limeña sea un puesto menos atractivo en lo político y, por supuesto, la ausencia de un proyecto político que seduzca al elector limeño.

Por ello, es que, en todas las encuestas, el real puntero es el candidato denominado Ninguno. A todos los factores antes mencionados, debe anotarse uno más. Muchas personas han optado, ante el desencanto sobre los políticos, por mantenerse ajenas a los asuntos públicos o a las noticias políticas. Por tanto, su atención se producirá en los días previos a la elección. Ello hace que el resultado de la elección siga siendo impredecible, aun cuando solo falten seis semanas para acudir a las urnas. Más aún cuando, salvo un candidato, el resto no supera el 10% de intención de voto en las encuestas.

Resulta relevante que la encuesta más reciente de Ipsos Perú incluya entre sus preguntas el conocimiento de los candidatos. Al ver esta pregunta con la intención de voto, existe una correlación entre conocimiento del candidato y su posición en las encuestas. Aquellos postulantes que tienen menos recordación tienen menor intención de voto. Y en una campaña apática, resulta fundamental hacerse conocido. El problema es que, hasta el momento, ninguno de los candidatos tiene una estrategia clara para ello.

Reggiardo
Foto: El Comercio

Así es que se puede explicar el primer lugar que Renzo Reggiardo ocupa en las encuestas. El excongresista ha mantenido un programa televisivo dedicado a la seguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones de los limeños. Más allá que muchas de las fórmulas prometidas por el líder de Perú Patria Segura sean más cercanas a un aspirante al Ministerio del Interior que a la alcaldía de Lima, lo cierto es que está fórmula le ha rendido resultados. A ello se suma la adhesión momentánea de ciudadanos más cercanos a Fuerza Popular o Solidaridad Nacional, pero que no simpatizan con sus candidatos actuales. Sin embargo, no tiene la carrera ganada. Hasta ahora, nadie explota la endeblez de sus propuestas o que su partido sea una suerte de empresa familiar (en forma literal).

Belmont
Foto: Trome

A muchos ha sorprendido el puesto que ocupa Ricardo Belmont. Pero responde la misma lógica que Reggiardo: medios que permanentemente transmiten sus mensajes y, ademas, una relativa buena imagen ganada con un mensaje que ha calado en un sector: las deficiencias de su gestión municipal se debieron al boicot de Fujimori. Cuestión que solo es parcialmente cierta, considerando que Andrade hizo más con los mismos recursos y facultades recortadas. Al mismo tiempo, el Hermanón empata con ciertos sentidos comunes extremistas. Basta escuchar sus programas para ver la mezcla de teoría de la conspiración con xenofobia que es alentada por oyentes que creen a pie juntillas su discurso. Su flanco débil: además de sus declaraciones del siglo XIX, su indescriptible plan de gobierno.

Urresti
Foto: Perú.21

Lo mismo ocurre con Daniel Urresti. El controvertido exministro del Interior es seguido por una mezcla de amantes del efectismo en materia de seguridad y de gente que aprecia los trolleos a apristas y fujimoristas. Pero Urresti lleva dos pesadas mochilas: su juicio por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustios (que ya le ha costado una denuncia por posible falsificación de documentos) y las conexiones del vientre de alquiler que lo lleva – Podemos Peru – con el operador José Cavassa, hoy en prisión por sus vínculos con la mafia judicial que escuchamos en los audios.

LAy
Foto: El Comercio

Humberto Lay vive de la imagen de persona honesta y de su recordación como congresista. Pero no mucho más que eso. Su plataforma municipal es endeble, mantiene una vision conservadora, varios de sus candidatos distritales son poco conocidos y la edad – considerando el antecedente de PPK – le juega en contra.

Castañeda Pardo
Foto: El Comercio

Luis Castañeda Pardo no tiene más mérito que el apellido. Ello explica su intención de voto y también su antivoto. Aunque la elección no es plebiscitaria sobre el tres veces alcalde de Lima, lo cierto es que las cruces del candidato son la mediocre tercera gestión de Solidaridad Nacional y los alcaldes distritales elegidos en 2014 con colores amarillos y que hoy están presos.

Capuñay
Foto: Perú.21

Esther Capuñay aprovecha también la exposición mediática. Pero, a diferencia de otros postulantes, tiene dos radios a su disposición para promocionarla. Ello le ha permitido salir del pelotón de otros. También ha buscado hacerse notar como la única candidata mujer, pero sin añadir un enfoque de género a su plataforma. Las intervenciones de Capuñay usan su trabajo clientelista, pero aportan poca sustancia al debate sobre la ciudad.

Enrique Cornejo
Foto: La República

En la elección pasada, Enrique Cornejo fue una sorpresa. Mostró conocimiento técnico sobre la ciudad y arrinconó a Castañeda. Pero hoy es una sombra. Sin duda, ir con un partido nuevo y las complicaciones del caso Lava Jato lo han dejado con pocas opciones.

Beingolea
Foto: RPP

Alberto Beingolea podría merecer mejor suerte. No solo es una persona seria y fue un buen parlamentario. Y el plan de gobierno del PPC está bastante bien estructurado. Pero su campaña ha tenido perfil bajo, su partido no termina de recuperarse de su crisis interna y, en algunos casos, se ha caído en querer forzar reelecciones directas o conyugales. En lo personal, creo que el principal baldón de su candidatura es llevar a un procesado por desaparición forzada, el actual alcalde de San Borja Marco Álvarez Vargas, como teniente alcalde.

Muñoz
Foto: Perú.21

El caso de Jorge Muñoz es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en comunicacion política. Su campaña ha buscado convencer al elector que puede tener un “Limaflores”, aún cuando no necesariamente eso sea lo que aspire, por diversos motivos. Peor aún, la campaña se le ha vuelto un boomerang pues, a las acusaciones de supuesta pituqueria, le ha abierto un flanco con los vecinos insatisfechos de su propio distrito. Muñoz no ha sabido tener un sello que potencie ir con un partido relativamente limpio como Acción Popular y con un plan de gobierno que tiene buenos aportes.

Manuel Velarde
Foto: La República

Manuel Velarde anda en pasos similares a Muñoz, aunque con menor gravedad. Su principal problema es desconocimiento y hasta ahora no puede revertirlo. En la última semana ha ensayado enfilar como el candidato anticorrupción, donde su perfil contrario a Castañeda lo puede ayudar, pero aún no prende, por problemas de ejecución de la estrategia. Velarde tiene uno de los planes de gobierno más consistentes, pero tampoco lo explota. Y su gestión en San Isidro le ha ganado defensores y detractores, pero ambos siguen siendo AB. Tiene poco tiempo para resolver este problema.

Gustavo Guerra García
Foto: La República

Gustavo Guerra García tiene también un buen plan de gobierno y un perfil honesto. Pero sus dificultades son otras. No comunica en sencillo y requiere una dosis adicional de soltura. Pero su principal problema es ser, entre quiénes lo conocen, demasiado identificado con la gestión Villarán. Por más que GGG haya tomado distancia de la exalcaldesa y haya hecho un mea culpa, está va a ser su cruz, además del desconocimiento sobre él.

Los demás tienen menos opciones. Entre ellos, es especialmente bochornosa es la campaña de Diethell Columbus, con cambio de nombre y propuestas inviables, además de los costos de ser el candidato fujimorista en el peor momento de la agrupación desde el 2000.

Quedan seis semanas. Tiempo aún largo en una campaña electoral peruana.

Una aclaración pertinente

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(Foto: El Comercio)

Desde ayer, diversos periodistas cercanos al conservadurismo han iniciado una campaña en la que pretenden equiparar reuniones indebidas con citas regulares con altos funcionarios públicos para conocer información de primera mano sobre asuntos de interés.

Cómo varias personas, asistí en el mes de diciembre de 2017 a una reunión informativa en la que el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y el fiscal Rafael Vela Barba nos dieron un estado de la cuestión del caso Lava Jato.

En la reunión participó un grupo plural de periodistas, entre quiénes se encontraban Augusto Alvarez Rodrich, Mirko Lauer, Rolando Toledo, Fernando Rospigliosi, Fernando Vivas, Mitra Taj (quién fue presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera) y César Campos (quien llegó con algo de retraso a la cita). No estuvieron ni Juan de la Puente ni Paola Ugaz, como lo ha referido un medio digital con serias tendencias a la tergiversación.

Cómo pueden atestiguar todos los asistentes, la reunión tuvo fines informativos y buscó responder varias interrogantes sobre el estado del caso Lava Jato. Los presentes hicimos preguntas que, en no pocos casos, merecieron algunos arqueos de cejas y titubeos por parte de nuestros interlocutores.

No fue un aquelarre, ni tampoco una reunión en que se buscara trato favorable por parte de la prensa. De hecho, muchos de los asistentes hemos criticado la actuación dispar del Ministerio Público en el caso Lava Jato y la lentitud en el avance de las investigaciones sobre este y otros casos en instancias fiscales.

Tampoco fue una cita en la que se insinuara campaña alguna contra el actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. La reunión terminó y, por lo menos en lo que a mí respecta, no he vuelto a tener contacto con Pablo Sánchez Velarde ni con Rafael Vela. Y no tengo reparo alguno en dar cuenta de mi presencia en esta cita.

Una reunión cómo esta es, sin duda, muy distinta de aquella cita organizada, en forma aconchavada por los señores Antonio Camayo (hoy en prisión), César Hinostroza y Pedro Chávarry, en la que se buscaba tener un trato favorable hacia el hoy Fiscal de la Nación. Como bien lo ha señalado Fernando Rospigliosi, si esta cita no tenía ningún propósito subalterno, ¿por qué ningún periodista reconoce su asistencia?

Cómo ha quedado atestiguado en los audios que hoy hemos escuchado sobre una cita en la que Hinostroza busca convencer a Aldo Mariátegui que se convierta en poco menos que su cheerleader – a lo que él se ha negó -, estos personajes mencionados en el párrafo anterior tenían la subalterna intención de hacer frente a lo que consideraban como “una iniciativa caviar”. Esta visión binaria de los hechos, en la que prima la ideología antes que la verdad, es que viene caracterizando al conservadurismo más ramplón en no enfocarse en que, en este caso, “los enemigos de sus enemigos” son personas con conductas que tranquilamente vulneran el Código Penal.

Esta campaña de equiparación de citas de corte distinto es enunciada por los mismos personajes que ayer quedaron en ridículo con un audio en el que buscaban enlodar a la periodista Rosa María Palacios. Son los mismos personajes con alianzas claras con el fujimorismo, el aprismo y con un plagiador serial que funge de Arzobispo de Lima.

Y con este tipo de campañas, sin duda, se busca evitar el fondo del asunto: la develación de una red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que tiene fuertes ramificaciones políticas, mediáticas y una conexión clara con el trafico ilícito de drogas. Una trama en la que es la investigación periodística y fiscal paciente la que hace rendir sus frutos para revelarla.

No cabe duda que los operadores mediáticos de intereses oscuros y oscurantistas volverán a buscar enlodar a personas honorables. Que estas campañas no nos distraigan de la verdad.

Solo una pregunta final: ¿Cuántos de los que han buscado enlodar a periodistas y analistas honestos fueron a la reunión con Chávarri, Hinostroza y Camayo?

Sistema de justicia: crónica de una crisis anunciada

Palacio de Justicia
El epicentro de la crisis del año (Foto: Gestión)

En un periodo ya complicado por casos de corrupción, ha sido mayúscula la conmoción provocada por la difusión de audios que involucran como interlocutores a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, así como a integrantes del Poder Judicial, atrapados en lo que es, en el menor de los casos, una singular “cadena de favores”. Y, en el mayor, una de las más amplias redes de corrupción vistas en los últimos años en el país (y vaya que hemos apreciado varias), así como un mecanismo de control de la judicatura tan sofisticado como el que se tenía en tiempos de Fujimori y Montesinos.

En particular, lo que me ha impresionado más de este caso es aquello que se sabía y que, durante años, voces solitarias como las del Instituto de Defensa Legal y un puñado de periodistas habían conseguido relatar. Veamos el listado sobre algunos hechos y protagonistas de esta semana:

Como entonaría el finado Héctor Lavoe, hasta hace una semana y media, esta historia “todos la comentaban, nadie la delataba”. Y muchas de las piezas que hoy comienzan a armar un siniestro rompecabezas estaban a la vista de todo aquel que quisiera apreciarlas.

Para resumirlo claro, estamos ante una muestra clara sobre cómo funciona la justicia en el Perú. Un mundo eminentemente masculino, abiertamente misógino – no solo hay que ver las sentencias de Hinostroza, sino también el trato que se da a las mujeres en los audios – , donde no se escatima en discriminar a personas con discapacidad. En el que muchos tratos se consiguen entre platos de la sabrosa gastronomía nacional y vasos de whisky de doce años. Donde el diálogo de picaresca se confunde, una y otra vez, con varios artículos del Código Penal. Y en el que se generaba una cadena de favores en la que todos le debían algo a alguien, que se iban a cobrar en el momento oportuno, como bien demuestra cierta célebre novela de Mario Puzo, llevada a la pantalla por Francis Ford Coppola.

Incluso algunos de los magistrados que podríamos considerar más correctos, como Duberlí Rodríguez, no han podido explicar fehacientemente que hacían en algunas reuniones con alguno de los arriba mencionados. Los balbuceos dados por el presidente del Poder Judicial en la entrevista que dio esta mañana en el programa de Rosa María Palacios, el reconocimiento abierto que la lucha contra la corrupción judicial no fue la prioridad en su gestión, así como la aparición de algunos personajes de su entorno en los audios hacen preguntarnos si es que debe seguir ocupando el cargo que hoy ostenta. Para que notemos la magnitud de la crisis.

¿Por qué llegamos a este punto? En primer lugar, porque los temas judiciales parecen haber estado confinados a la esfera abogadil, lo que hace más difícil su entendimiento por el ciudadano común y corriente, así como evita que se haga más visible, en un ambiente en donde varios se deben favores. En segundo lugar, porque muchos ciudadanos y empresas, con no poca cuota de cinismo, han decidido asumir que nada cambiará en el sistema de justicia y conviven cotidianamente con redes de corrupción en todos los niveles. Y, en tercer lugar, porque nuestras élites terminaron privilegiando una mirada sobre el desarrollo que es criticada por el politólogo Alberto Vergara:

Entonces, ¿por qué en estas últimas dos décadas hemos crecido económicamente mientras la vida pública se pudre por los cuatro costados? Porque como mandaba el catecismo, la inversión era “lo único” que nos haría progresar. Por gracia divina modernizadora, ella se convertiría en mejores instituciones. O, como repetía Jaime de Althaus en su libro del 2011 (¡citando a un marxista!): Sin burguesía no hay democracia. Ese es el corazón del mito hortelano. Que el mundo de la democracia y las instituciones puede postergarse hasta que haya riqueza o burguesía. Y eso hicimos. Pero, chesss (in memóriam, ‘Gordo’ Casaretto), la revolución capitalista no civilizó al juez Hinostroza ni a Becerril. Falló el plan.

El gradual deterioro que ha generado la crisis presente, entonces, reside exactamente en aquello que el hortelanismo deliberadamenteconsidera secundario, sino trivial: instituciones, Estado de derecho y ciudadanos. Somos hechura de nuestra derecha hortelana; más alanista que vargasllosista, menos paniagüista que fujimorista. Basta ver cuánta gente del establishment (no de la ciudadanía) considera que el segundo gobierno de García fue excelente. Tácita confesión de su simpatía por el crecimiento sin ley.

Toca hacer el balance y liquidación del hortelanismo: su principal deficiencia es menos lo que promueve, que lo que impide. El hortelanismo nos paraliza porque las reformas que precisamos generarán necesariamente “ruido político”. Y para el hortelanismo esto es peor que la compraventa de sentencias judiciales. ¿Pelear para que desde la escuela niñas y niños interioricen la igualdad de derechos y oportunidades? No, hermanito, esa batalla va a costarnos un punto del PBI. ¿Defender la Constitución alterada ilegalmente desde el reglamento del Congreso? Eso pondría nerviosos a los inversionistas. Todos deberíamos recordar las opiniones que llamaban a que PPK deje caer a Saavedra, pues la economía se resentiría si daba batalla por la educación. Ofrendaron su cabeza y en el 2017 crecimos la mitad que en el 2016. Ni soga ni cabra. El Estado de derecho y la democracia hacen sostenible el capitalismo; el capitalismo sin Estado de derecho solo segrega corrupción.

No va a ser fácil hacer una modificación en serio. Exmagistrados llaman a los cuarteles a pronunciarse. Un vocal supremo recientemente suspendido se fanfarroneaba de saber cuántos casos pendientes tenía el Presidente de la República. El fujimorismo anda salvaje en redes sociales (aunque ello también implica serias cuotas de desesperación). El CNM quiere seguir funcionando como si nada – y meternos a una accesitaria con vínculos evidentes con el APRA -. Algunos comentaristas están en el plan de “reforma sí, siempre que “no incluya a los caviares”” y el conservadurismo más ramplón quiere aprovechar la ocasión para meter a su gente (y sus ideas de caverna) al sistema de justicia.

Pero será necesario empujar una reforma en serio. Cambios que impliquen corregir todo lo malo que se ha visto en el CNM (lean el libro de la abogada Cruz Silva del Carpio, la persona que mejor conoce esta institución), mejorar el plan presentado por la CERIAJUS hace 14 años, hacer una poda en serio del Poder Judicial y el Ministerio Público e incorporar el enfoque de género. La ciudadanía, en su mayoría, está en esta línea. Queda por ver si tenemos autoridades que estén a la altura de esta urgente demanda.