INVESTIGACIONES FORENSES: DESENTERRANDO LA VERDAD

El Santa

Luego de 19 años, 7 familias podrán concluir su proceso de duelo. Esta semana se hallaron los restos de 9 campesinos y comerciantes del distrito de El Santa (Ancash), desaparecidos y asesinados por miembros del destacamento Colina el 2 de mayo de 1992. En octubre de 2010, la mayor parte de los miembros de Colina, así como mandos civiles y militares, fueron condenados a penas entre 15 y 25 años de prisión por este y otros crímenes.

Más allá de la confirmación de la política de violaciones a los derechos humanos aplicada por el gobierno de Alberto Fujimori, este caso vuelve a poner en la agenda pública la necesidad de una política de Estado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

El hallazgo de los restos de las 9 personas de El Santa desaparecidas y asesinadas se ha debido a los esfuerzos de los familiares antes que a la existencia de una política de investigaciones antropológico – forenses en nuestro país. Un reciente comunicado del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) señala que “urge la necesidad de que exista hoy una política eficiente de búsqueda e identificación de personas desaparecidas fomentada por el Estado”.

Este no es un problema menor. De acuerdo con cifras manejadas por el EPAF, más de 15,000 peruanos desaparecieron entre 1980 y 2000. En sus investigaciones, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró la existencia de 4,644 sitios de entierro a nivel nacional. La CVR también recomendó la elaboración de un Plan de Intervención Antropológico – Forense que permitiera la investigación, identificación y recuperación de los restos de desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente. Este Plan sería ejecutado por una Oficina de Personas Desaparecidas, que nunca fue creada.

Sin embargo, dicho Plan no ha sido implementado en la forma recomendada por la CVR, lo que no ha impedido que tanto el Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal, así como con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, haya podido recuperar los restos de varias personas. A pesar de este esfuerzo, la dimensión de la tarea es enorme, tanto por la cantidad de sitios de entierro, como por el alto número de víctimas.

Es necesario que tanto el Ministerio Público como el nuevo gobierno pongan atención a este tema. Más allá de la obtención de pruebas judiciales, se trata de una respuesta para cerrar un duelo que parece ser eterno.

(Columna publicada en Diario 16 el 11.08.2011)

BONUS TRACK: Reportaje de Bruno de Olazabal (2001) sobre la masacre del Santa

BONUS TRACK 2: Beto Ortiz entrevista a José Pablo Baraybar, director ejecutivo del EPAF, sobre la necesidad de una política de investigaciones forenses:

PUTIS: LOS MUERTOS QUE FALTABAN

Cuando salió el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una de las principales críticas que se hizo a este grupo de trabajo tuvo que ver con la proyección de víctimas que se presentó al país.

La CVR hizo esta proyección en consideración a que el tiempo y los recursos para sus investigaciones, a pesar de su amplitud, eran escasos para registrar a todas las víctimas posibles, labor que competería, además, al ente que lo sucedería, ya en la labor explicita de reparar a las víctimas. El Consejo de Reparaciones viene cumpliendo con dicha labor.

Pero dichas proyecciones si tuvieron dos objetivos claros. El primero, lo indica Roberto Bustamante:

me acuerdo de los tiempos de la comisión de la verdad y todo el tema de contar casos tras casos y reconstruir hechos. y claro, luego ver cómo se cruzaba todo para ver qué había pasado, cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos.

lo más espeluznante fue descubrir cuánta responsabilidad le tocaba a cada uno de los actores. que lo de las cuotas de sangre de sendero luminoso no fue ni un chiste. que el ejército comprobadamente hizo tierra arrasada (tirándose abajo cualquier idea de “excesos”).

El segundo objetivo era recordarnos que aún habían varios muertos por buscar en el país. Se recuerda poco que, junto a la proyección de víctimas, la CVR comprobó que habían 4,664 sitios de entierro en todo el país, lo que nos indicaba que aún faltaban más víctimas por encontrar.

Según reportan la Asociación Paz y Esperanza y El Comercio, se ha encontrado la fosa común más grande en el país, ubicada en la localidad de Putis, región Ayacucho.

Los detalles del caso:

Luego de 24 años se inició esta semana la exhumación de lo que sería la fosa común más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, altura de Huanta (Ayacucho), que contendría los restos de más de 100 personas asesinadas por las fuerzas militares.

Este crimen atroz ocurrió en los primeros días de diciembre de 1984 cuando numerosas familias de las comunidades de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha, acudieron al llamado de la Base Militar de Putis con la finalidad de buscar protección frente a los abusos de los terroristas que los habían obligado a abandonar sus hogares y vivir en las comunidades mencionadas.

Cuando llegaron se les reunió en un colegio de la localidad y se les dijo que se les daría trabajo. A los varones se les ordenó cavar una fosa, supuestamente para una piscigranja, sin embargo, se trataba de un engaño, ya que una vez que la fosa estuvo lista, se reunió allí a mujeres, hombres y niños para posteriormente fusilarlos y enterrarlos.

“Vengan no va a pasar nada, por eso estamos acá (decían los militares)…ellos han venido con todas sus cosas (ganados, dinero, comida ) a Putis para formar un centro poblado porque pensaban que iban a estar más tranquilos al lado de la base…” recuerda un sobreviviente que perdió a sus hermanos durante la masacre, en un testimonio recogido por la Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho, que brinda apoyo a los deudos del conflicto armado que vivió el Perú entre 1980 y el 2000.

En estos momentos, luego de proceder con las labores de exhumación, se viene buscando el apoyo económico para la construcción de un cementerio en el que se pueda enterrar a las víctimas de Putis. Este no es un tema menor en un proceso de reconciliación: se trata, por un lado, de dar un lugar adecuado de sepultura a personas que, además de ser vulneradas en sus derechos, fueron vejadas en su integridad al no darles un entierro digno. De otro lado, ayudará a los familiares a reconstruir el tiempo de duelo necesario para poder procesar la pérdida y, posteriormente, ir reconstruyendo sus vidas.

Sin duda, una muestra más que el dificil camino de reconciliar al país sigue siendo una gran tarea pendiente.

ACTUALIZACIÓN (28.05.2008): Aia Paec de El Blog de Cayo me recuerda un dato importante: la CVR indicó que, en realidad, la más grande fosa común del país fue el Río Huallaga. Y han puesto en digital la versión impresa del Informe Final de la CVR. Denle una revisión.

MAS SOBRE EL TEMA:
Comisión de la Verdad y Reconciliación: Ejecuciones extrajudiciales en Putis

LERNER VS. TOLEDO

Por lo general, el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres, no es de las personas que da declaraciones sin que tenga un motivo especial para hacerlo. Y menos aún, que se mande con una revelación sin tener sustento sobre las mismas. En ello y en su trayectoria, ha residido buena parte de su credibilidad.

Por ello es que lo que ha mencionado hoy, durante un viaje a Alemania para la presentación de la versión del Informe Final de la CVR en alemán, va a causar gran conmoción. Vía El Comercio:

El ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner, reveló hoy en Berlín que el ex presidente Alejandro Toledo privó deliberadamente a las víctimas de la guerra sucia librada en su país entre 1980-2000 de ayudas por valor de 70 millones de euros.

Lerner desveló ese dato sin pretenderlo, al agradecer en rueda de prensa a la ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, Heidemarie Wieczoreck-Zeul la ayuda que ofreció Alemania a las víctimas de los crímenes y atropellos de la guerra sucia investigada por la CVR.

“Agradezco la importante ayuda que Alemania ofreció al Perú para que el gobierno pudiera hacer frente a las indemnizaciones recomendadas por la Comisión. Y lo agradezco aunque esa ayuda nunca se consumó porque el gobierno la rechazó, lo que profundamente lamento“, dijo Lerner a la ministra, que respondió asintiendo con la cabeza.

Lerner explicó que Alemania se ofreció a condonar al Perú un año de deuda por resarcimiento a las víctimas identificadas por la CVR.

Se trataba de un monto de 70 millones de dólares, cantidad que el gobierno de Toledo quería diluir en los presupuestos para disponer de ella libremente y sin condicionamientos. La negativa de Berlín a condonar deuda entregando un cheque en blanco contrarió al Ejecutivo peruano, quien pese a la necesidad de las víctimas rechazó la oferta. Así lo confirmaron a Efe fuentes del Ministerio de Cooperación que tuvieron acceso a la correspondencia mantenida por el entonces presidente del parlamento Wolfgang Thierse y miembros del Gabinete de Toledo.

Vayamos por partes.

Los miembros de la CVR eran suficientemente conscientes que el monto de las reparaciones, dada la magnitud del conflicto y el número de víctimas, sería bastante alto, por lo que pensaron en fórmulas alternativas para que el Estado peruano pudiera obtener financiamiento para esta tarea. De hecho, en el Tomo IX del Informe Final, se señaló que:

Dado el alcance y duracíón del PIR, así como la necesidad de que el país mantenga y consolide su estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazo, el financiamiento interno no será suficiente para cubrir los costos del PIR. En este sentido, la CVR hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que solidarice con las víctimas de la violencia, participando activamente en el financiamiento complementario del PIR, cuyas acciones no pueden ni deben ser consideradas como parte de las políticas sociales.

Además de los aportes directos y de la reorientación de programas ya existentes, la Comisión cree factible que la cooperación internacional pueda contribuir al financiamiento del PIR a través de diversos canales, uno de los cuales – innovativo – sería implementar un mecanismo de conversión de deuda externa a favor de proyectos vinculados directamente a la política de reparaciones. Hasta ahora, dicho mecanismo se ha utilizado exitosamente para financiar proyectos sociales.

El gobierno alemán estuvo interesado en esta iniciativa y estuvo dispuesto a dar un monto bastante significativo.

¿Por qué Toledo se negó a aceptar el ofrecimiento alemán? Pues ninguna de las opciones lo deja bien parado. O el ex Presidente nunca entendió que las reparaciones eran distintas de los programas sociales, o simplemente – como a buena parte de la clase política – le importó poco el tema.  Quizás algo que el ex mandatario, hoy en Lima, pueda aclarar a la prensa, dado que su credibilidad como “respetuoso de los derechos humanos” queda sensiblemente mellada luego de esta revelación desde Berlín.

Dada su actual posición frente a los derechos humanos. dudo que Alan García esté muy interesado en el asunto. Pero tal vez los mandatarios europeos, a los que tanto admira, tal vez podrían persuadirlo de la importancia de un mecanismo como este, ahora que estarán de visita por Lima.  Ya que el gobierno habla tanto de las víctimas de la violencia, quizás sea momento que haga algo real para mejorar su situación. Y quizás en eso sí pueda superar a su antecesor, al que parece seguir en algunas cosas y estar en modo inferior en otras. 

Como siempre, tarde o temprano, la verdad sale a la luz.  

 

EL JUSTO MEDIO

Lo de APRODEH fue un serio error, pero en su nombre no puede liquidarse al movimiento de derechos humanos

Luego de varios días de debate sobre la negativa del Parlamento Europeo para reconocer al MRTA como grupo terrorista y el papel que cumplió APRODEH en este caso, caben hacer algunas reflexiones finales, que considero importantes para hallar un justo medio sobre este tema.

Es bastante claro que el MRTA es un grupo terrorista. Asi lo dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que, además, señaló que tuvo una práctica sistemática de asesinatos y secuestros que, si bien no llegaron a la escala mortícola de Sendero Luminoso en número de víctimas, constituyen actos excecrables que ningún peruano debería aprobar y que han sido debidamente sancionados en tribunales civiles en los últimos años.

Tanto en la carta dirigida al Parlamento Europeo como en un comunicado posterior, APRODEH ha mencionado y reiterado su rechazo a las acciones cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA durante las últimas décadas. Esa ha sido su línea desde que se fundó en 1983 y que ha mantenido durante todos estos años. Y el movimiento de derechos humanos, por entero, se jugó por una línea que diferenciara claramente el rechazo a la violencia, viniese de donde viniese, aunque claro, algunas organizaciones privilegiaron la crítica al Estado.

Por tanto, acusar de pro – terrorista a APRODEH o al movimiento de derechos humanos no es más que una acusación sin fundamento en la realidad, que solo es esgrimida, lamentablemente, por un fuerte sector de la clase política que pretende que los peruanos creamos que las muertes generadas durante el conflicto por los agentes del Estado se justificaban bajo el pretexto de la insanía senderista y emerretista.

Sin embargo, el error de APRODEH fue poner en bandeja una posible crítica con la misiva al Parlamento Europeo. En términos reales, la condena que el Parlamento Europeo era un gesto necesario, no solo por un tema de principio, sino para que más personas en el mundo pudieran conocer el proceso peruano y cuales fueron los aciertos y errores que se cometieron en el combate al terrorismo, en tiempos en que la lucha contra el terror es un problema global y varios de los errores que se cometieron en el Perú parecen repetirse en varias parte del mundo.

De otro lado, creo que también se equivocó el peso específico del PE para cambiar una política macarthista de parte del gobierno. No era el escenario para hacerlo, ni la forma de hacerlo. Y, por lo demás, García no cederá en sus afanes de rechazo a sus críticos por una acción como esta. Por el contrario, se ha dado el gusto de vociferar la frase “traidores a la Patria” y de tener un respaldo parlamentario de todas las bancadas en este tema.

Martín Tanaka también ha comentado el tema y señala acertadamente lo siguiente:

Me parece un error descomunal; primero, porque nada nos asegura que el terrorismo haya dejado de ser una amenaza en el país; segundo, porque la mejor manera de combatir la criminalización de la protesta y limitar un ambiente macartista es demostrar que la protesta social no tiene absolutamente nada que ver con la subversión. Y que quienes protestan y respaldan las protestas la tienen absolutamente clara en su rechazo y condena al terrorismo. Actitudes y respuestas como las de APRODEH, por el contrario, legitiman el discurso que afirma que “los defensores de derechos humanos defienden terroristas”. Es la excusa perfecta que necesitaban quienes quieren, precisamente, criminalizar la protesta social.

¿Por qué se comete este error, que es tan contraproducente para ellos mismos y las causas que defienden? Me parece que hay algo que esos sectores de la izquierda y ONGs no terminan de entender: no es que no haya que contribuir a crear un ánimo de temor al terrorismo; ese ánimo existe, nunca dejó de existir. Y no tener respuestas claras frente al terrorismo le cede totalmente la iniciativa a los adversarios. No es que “debemos evitar hablar del terrorismo para no desviar la atención de los juicios a Fujimori y de la criminalización de protesta”; lo que desvía la atención es no tener una actitud clara en contra del terrorismo. Si APRODEH se hubiera pronunciado a favor de incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas, estaríamos comentando a favor de APRODEH, y no estaríamos dedicándole tanto tiempo a este tema.

Afortunadamente, ha existido reflejos rápidos en el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y en el Instituto de Defensa Legal, entre otras organizaciones, para minimizar parte del daño cometido y para procurar que no se siga emprendiendo una campaña de la que alerta Augusto Alvarez Rodrich:

Seamos claros: Aprodeh cometió un error, pero este no fue defender al MRTA. Permitir que se le acuse, sin fundamento, de ser proterrorista, significa no darse cuenta de que el motor del cargamontón es la reactivación de la intención aprofujimorista de demoler a las ONG y, en general, a quienes no compartan sus objetivos, como la prensa que no se les cuadre. Y ahora cuentan con la ayuda de Ollanta Humala, y de algunos fujimoristas de Unidad Nacional que están saliendo del clóset

Porque, en el fondo, se trata de esto: De un lado, sectores que defienden la tierra arrasada y el asesinato selectivo como método para combatir a la subversión, personas o partidos cuyos líderes tienen acusaciones pendientes por violaciones a los derechos humanos. De otro lado, un error grosero que ha aumentado la gasolina de una pira en la que quisieran meter a todos los que creemos en los derechos humanos, gracias a una visión de corto plazo sobre un tema que siempre debe verse no solo en los importantes términos de principio, sino también con la responsabilidad sobre nuestros actos. Eso que Weber llamaba ética de la responsabilidad, que no quiere decir avalar ilegalidades o arbitrariedades.

Y mientras tanto, para el gobierno y para buena parte del sector dirigente del país, los derechos humanos de todos les siguen pareciendo una cojudez.

MAS SOBRE EL TEMA:
Martín Tanaka: APRODEH, el MRTA y la criminalización de la protesta
Augusto Álvarez Rodrich: Seamos claros
Rosa María Palacios: Un error grave
Santiago Pedraglio: La nueva guerra fría
Mirko Lauer: Doble estándar

DE CONDENAS Y DESLINDES

Comedia de equivocaciones. Creo que así podría llamar a la negativa del Parlamento Europeo de reconocer al MRTA como una organización terrorista y que ha sido condenada energicamente por el Congreso de la República el día de ayer.

Un primer punto que hay que tener en cuenta es que esta negativa no le confiere nada a una organización que causó terror, muerte y destrucción en nuestro país. El Parlamento Europeo no es un ente que proclame inocencia o culpabilidad y menos aún estatus de beligerante. Asímismo, existe aún una petición pendiente del gobierno peruano ante el Consejo Europeo sobre este tema, un órgano de mayor peso político en el viejo continente y ante el cual la Cancillería debería hacer esfuerzos serios para obtener una condena.

Sin embargo, nos deja un mal sabor de boca saber que la experiencia dolorosa que pasamos – por lo menos, en lo que se refiere al MRTA, ya que a Sendero Luminoso si se le considera como organización terrorista – haya sido ignorada. Si bien el MRTA no causó tantas muertes como Sendero Luminoso, vale la pena recordar que cometieron graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo, asesinatos y secuestros. La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó sobre este grupo lo siguiente:

En 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició a su vez una lucha armada contra el Estado y es responsable del 1.5 por ciento de las víctimas fatales que fueron reportadas a la CVR. A diferencia del PCP-SL, y en forma similar a otras organizaciones armadas latinoamericanas con las que mantuvo vínculos, el MRTA reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil, se abstuvo de atacar a la población inerme y en algunas coyunturas dio muestras de estar abierto a negociaciones de paz. Sin embargo, el MRTA incurrió también en acciones criminales, recurrió a asesinatos, como en el caso del general Enrique López Albújar, a la toma de rehenes y a la práctica sistemática del secuestro, crímenes que violan no sólo la libertad de las personas sino el derecho internacional humanitario que el MRTA afirmaba respetar. Cabe resaltar también que el MRTA asesinó a disidentes de sus propias filas.

Creo que nadie puede olvidar escenas como esta:

… nuestro cautiverio estaba marcado por lo cotidiano, por la rutina. Era indispensable buscar un contrapeso a esa toma de conciencia de que podíamos morir al amanecer, durante la noche, en la mañana o al medio día, porque de lo contrario caíamos fácilmente en la depresión, en el desaliento, en la desesperanza, en la irritabilidad y en la ansiedad. Buscar el contrapeso era la gran tarea y ello significaba planear para cada hora o cada minuto un conjunto de actividades, porque el tiempo comienza a presentarse como un enemigo. Teníamos que ganarle, hacer que el día sea los más corto posible. Yo me repetía a mí mismo: “el tiempo no me va a enterrar vivo”. Tenía que seguir trabajando, tenía que hacer algo, ejercer una actividad. Hacíamos de todo: ejercicios físicos, leer, escribir, cantar, tocar guitarra, etc.

(Declaraciones de Dante Córdova Blanco, secuestrado en la residencia del Embajador de Japón)

Pero ello no solo pasaba con altos funcionarios o empresarios, como fueron la mayor parte de los secuestros del MRTA en Lima. Veamos este testimonio de una comunera de Chanchamayo, sobre acciones ocurridas en esa zona entre 1991 y 1995:

…yo decía pero en qué forma se encuentran estos pobres, ya que seguro los trajeron a este lugar caminando y sus pies estaban heridos, con las manos atadas hacia atrás y vendados, que de seguro de tanto haber estado en la misma posición seguían rígidos con las manos
desamarradas pero hacia atrás, y por el calor y el cansancio de seguro que se desmayó mientras hablaba éste en el parque, que con poco de ayuda de la gente lo colocamos en la sombra, pero yo decía ¿Qué tan vivos están? Venían hecho polvo moral y psicológicamente.

Esa historia la vivimos y la sentimos todos.

Sin embargo, veo que se cometieron errores en la tramitación de esta solicitud. Para comenzar, este trámite comenzó como una iniciativa personal de un senador conservador español y que no fue suficientemente apoyada por la Cancillería peruana, que debió estar más interesada en la práctica en sacar este tema adelante. Ello se desprendió de la presentación del Canciller ayer, criticado con justicia por la oposición.

Otro hecho que se ha puesto de manifiesto es la existencia de una carta enviada por APRODEH al Parlamento Europeo para que no se apruebe esta moción. Según sus directivos, la misiva consideraba que el MRTA era un movimiento extinto – lo que la evidencia hasta este momento comprueba – y que esta condena podría ser utilizada para seguir persiguiendo opositores como parece que está el gobierno de turno.

Rosa María Palacios dijo anoche que, si bien comprendía estos motivos, parecían estar muy concentrados en una coyuntura muy inmediata y dejaban de lado cuestiones de fondo que el movimiento de derechos humanos siempre ha defendido – es decir, la condena clara y explícita a Sendero Luminoso y al MRTA – , generando las críticas de sus opositores de siempre, quienes aprovecharán este error – que lo es y uno del tamaño de la Catedral de Lima – para meter más agua para su molino (Ya Carlos Raffo ha pedido que investiguen a las ong’s de derechos humanos). Litio, de El Otro Tambor, expresa, desde el otro lado de la orilla política, un sentimiento en la misma línea, con otros matices:

No hay que negar que la manipulación de la información por radio y televisión es muy fuerte (la noticia en la versión audio de RPP pasó rápidamente a ser algo como: por pedido de APRODEH el Parlamento Europeo ha decidido que el MRTA sea considerado como un grupo no terrorista). Pero no habría que darles en el gusto, ¿no?

Yo no sé si el MRTA sigue activo o no, pero sé que como organización nunca tomó distancia de sus acciones terroristas, que es el primer requisito para grupos armados que se convierten en organizaciones legales dentro de un sistema democrático (lo cual -ojo- puede suceder y ha sucedido en muchos países).

A tal punto ha llegado el tema que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha señalado de manera clara que no propulsaron, como agrupación paraguas de varias organizaciones, una misiva como la que envió APRODEH y que condenan claramente las acciones del MRTA. Via Perú.21:

De otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos aclaró que no se ha pronunciado sobre la resolución rechazada en el Parlamento Europeo, pero expresó que condena todo acto de violencia, y recuerda que la Comisión de la Verdad y Reconciliación reconoció al MRTA y a Sendero Luminoso como los principales violadores de los derechos humanos.

Y para dejar más en offiside a APRODEH, el director del Instituto de Defensa Legal, Hans Landolt, acaba de hacer un deslinde bastante claro:

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) perpetró hechos absolutamente abominables y a pesar de no estar operativa, debió ser incluida en la lista negra de organizaciones terroristas de la Unión Europea, afirmó Hans Landolt Pardo, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Lo primero que hay que recordar es que no hay lugar a dudas de que el MRTA fue una organización que perpetró hechos absolutamente abominables y que en la conciencia de los peruanos se le recuerda como una organización terrorista. Eso está fuera de discusión y creo que en eso hay un consenso clarísimo”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Mal no nos hubiera hecho que figure así (en la relación de organizaciones terroristas), porque es recordar y responde a la consciencia de todos los peruanos que es una organización que se percibe como terrorista y es la responsable de hechos execrables”, consideró.

Si bien la gente de APRODEH ha manifestado hoy que condena al MRTA, la forma en como enviaron la carta ha abonado claramente a que Aldo Mariátegui no deje de tener algo de razón en su editorial de hoy (y en el que cabe anotar, cita a la CVR, de la que tanto ha denostado en estos años).

Una comedia de errores, pero que no genera risa. Porque hay heridas que aun no cicatrizan del todo.

MAS SOBRE EL TEMA:

Comisión de la Verdad y Reconciliación: El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Como para que César Hildebrandt recuerde que su columna de hoy es realmente infame)

Juan Paredes Castro: ¿Convirtiendo en héroes a los villanos de ayer?

Hans Landolt: El MRTA perpetró hechos absolutamente abominables y debió ser incluido en lista de la Unión Europea

El Otro Tambor: No aceptemos ningún terrorismo: UE y el MRTA

Utero de Marita: La UE dice que el MRTA no es una OT

El Blog del Morsa:  APRODEH y el MRTA (Y me sumo a su pedido: Armando Villanueva y Javier Valle Riestra deberían dejar de defender a Víctor Polay).

Eduardo Villanueva: Aprodeh: un error táctico, estratégico y conceptual

LA CARNE Y EL HUESO

Esta mañana fue capturado Jesús Sosa Saavedra, el único miembro del Grupo Colina que se encontraba en la clandestinidad.

El testimonio de Sosa – si es que se anima a contar todo lo que sabe – puede ser clave para aclarar varios de los casos sobre violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990. Su participación en hechos de sangre no se limita solo a Colina, sino también a una larga estancia en Ayacucho, en la que intervino en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. No en vano fue una de las fuentes principales de Muerte en el Pentagonito, la investigación de Ricardo Uceda sobre la actuación del Ejército peruano en aquellos años.

Esta captura se produce en un momento clave en el proceso a Alberto Fujimori. Ayer, Umberto Jara indicó que en el Perú se aplicó la guerra de baja intensidad, una doctrina militar norteamericana que enfatizaba en el uso de operaciones encubiertas, las cuales, en teoría, debían ser selectivas. En la versión norteamericana de esta teoría, se enfatizaba mucho en un discurso público que defendiera los derechos humanos, mientras que, en la práctica, se realizaban desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

En el Perú, tuvimos una versión propia de esta doctrina. Para Jara, la aplicación de la doctrina fue una respuesta a la insanía de Sendero Luminoso: Sendero hacía un atentado o mataba a alguien, el Ejercito tenía que responder con una acción similar. Ese es el famoso Ojo por Ojo que titula su libro. Lo curioso es que esta doctrina no fue necesaria para la derrota de la subversión, tal como los fujimoristas aún se empeñan en difundir.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación también estableció que la teoría de baja intensidad fue acplicada a la peruana, con el control del SIN sobre las acciones del Destacamento Colina, una creación híbrida que tuvo a agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, los cuales eran insertados en los teatros de operaciones con una orden expresa a los jefes: denles todas las facilidades para que hagan su trabajo. Y ya sabemos a que trabajos nos referimos.

Dice la CVR:

“Las operaciones especiales de inteligencia forman parte de las operaciones militares regulares y no pueden ser planeadas ni ejecutadas a espaldas del jefe operativo ni del jefe de la región militar o frente contrasubversivo donde tengan lugar. Pero esto fue precisamente lo que hizo Montesinos desde el SIN. Los jefes operativos eran inducidos a dejar que se efectúen en sus dependencias operaciones especiales organizadas y dirigidas desde el SIN y el Comando Conjunto. Los objetivos y personal de esas operaciones especiales bajo control directo del SIN y del Comando Conjunto con frecuencia no estaban claros para los jefes operativos locales o les eran simplemente desconocidos. Esta estructura paralela permitió a Montesinos emplear agentes de inteligencia y personal militar de operaciones especiales para trabajos sucios como ajustes de cuentas con narcotraficanes, amenazas, chantajes y sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos, o para operaciones psicosociales especiales, destinadas a producir cambios de conducta en el público en general, como la matanza de Barrios Altos”.

(Informe Final de la CVR, Tomo II, página 353)

Y como bien sabemos, Montesinos solo tenía un jefe en la práctica: Alberto Fujimori Fujimori. Ello lleva a la CVR a concluir lo siguiente:

“Lo más significativo de este revés de la democracia es que fue producido por la nueva estrategia de conflicto de baja intensidad. De esta estrategia se esperaba que permitieran vencer al terrorismo sin producir numerosas violaciones de los derechos humanos ni retrocesos en la difusión de la democracia en el mundo. Lo primero se consiguió en el Perú parcialmente, pero al costo de crear grupos de operaciones especiales que no sólo cometieron excesos sino que, siendo miembros regulares de las Fuerzas Armadas peruanas (miembros del SIE), se convirtieron en el principal instrumento del SIN, la agencia central de los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato y la autoridad directa del presidente Alberto Fujimori. En vista de que las amenazas de origen interno, reforzadas por las conexiones internacionales del narcotráfico, siguen siendo actuales en el Perú y América Lina, es muy importante revisar críticamente la formulación y aplicación de las ideas estratégicas de conflicto de baja intensidad, las cuales indican aún hoy el camino viable de la cooperación internacional para la seguridad y el nivel de fuerza adecuado de la lucha contra el terrorismo”

(IF CVR, Tomo II, página 306)

Creo que por allí está la clave de este asunto.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Las declaraciones sospechosas de Sosa

AL GOBIERNO NO LE IMPORTAN LOS DDHH

Si existe una materia a la cual el Ejecutivo se encuentra jalado con 05 es en lo referido a los derechos humanos. No se trata solo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – tema en el que, a pesar de algunas iniciativas aisladas, las mejorías son pocas – o de no vulnerar derechos fundamentales básicos – y ya se tienen más muertos en las protestas que durante los 5 años de Toledo -, sino de contar con una política integral y transversal a todos los sectores sobre esta materia y de tener gestos que contribuyan a afianzar una cultura de respeto a estos derechos. Esa no ha sido, ni por asomo, la tónica de la gestión de Alan García.

Pero hay actitudes que pueden resultar patéticas y, aún más, signos de deterioro mayor, sobre todo, cuando estos se producen en torno a personal de confianza de la propia Presidencia de la República.

Luis Alberto Salgado fue, hasta hace 48 horas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y la instancia más importante en el organigrama estatal sobre esta materia. Con Salgado, desde este blog, hemos mantenido discrepancias – como en los casos Cantoral y Castro Castro o su intolerancia frente a las críticas – y también coincidencias – como su posición contraria a la pena de muerte -, y con las enormes distancias que podía tener con varias de sus posiciones, reconozco que se trataba de los pocos funcionarios de alto nivel que intentaba hacer algo por los derechos humanos dentro del estado de cosas antes descrito.

Pues bien, el viernes 14 de marzo salió publicada en El Peruano la renuncia de Salgado, sorpresiva desde donde se le mire. Primero, porque es militante aprista y bastante cercano al Presidente de la República. Segundo, porque en los casos que hacen referencia al periodo 1985 – 1990, Salgado había hecho gala de su carnet antes que de su apego a la verdad. Y tercero, porque se venía un caso caliente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: las leyes de Justicia Militar que violan derechos fundamentales.

Pero la historia de la renuncia de Salgado es bastante truculenta, según lo que cuenta el Instituto de Defensa Legal. De acuerdo con las versiones que desde dentro de Palacio han podido obtener Gustavo Gorriti y su equipo, quedarían claros los siguientes hechos.

1. Salgado no renunció por voluntad propia, lo renunciaron. Fue la Ministra de Justicia Rosario Fernandez quien le informó que García había decidido prescindir de sus servicios. Ante esto, Salgado presentó su carta.

2. Baruch Ivcher habria sido la causa de la destitución de Salgado. ¿Cuál es el tema que involucra a Salgado? Pues dos tópicos: la posibilidad de que Ivcher no haya renunciado a su ciudadanía israelí en 1984 y, por tanto, el despojo de su nacionalidad en 1997 haya sido un capítulo intricado de pasaportes que harían palidecer el koseki de Alberto Fujimori; de otro lado, la improcedencia de la demanda interpuesta por Ivcher para evitar pagar impuestos de Frecuencia Latina, hecho en el que pretendia basarse sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo declaro víctima de una vulneración – que si existió – pero sobre el cual ya había cobrado 20 millones de soles por todo concepto de reparación.

Salgado se habría mostrado preocupado por estos asuntos y, como funcionario meridiamente diligente, estaría examinando el caso Ivcher para cautelar los intereses del Estado frente a un empresario que parece hacer el mercenariazgo su modus vivendi.

Si Salgado salió por esta razón, significa que el Presidente de la República prefiere las lealtades partidarias y la lucha por la verdad en materia de derechos humanos a cambio de la complacencia editorial de uno de los canales de televisión màs importantes del paìs. El juego de García es claro: mientras menos me critiquen, mejor. El juego de Ivcher también: a Toledo lo presioné con reportajes desfavorables para que me pague la indemnización, a García lo complazco para que evite que pague mis impuestos.

Peor aún, la influencia gubernamental, según Gorriti, habría llegado a extremos tales como estos:

Había informaciones de que el secretario de la presidencia Luis Nava hacía gestiones en ese sentido, sobre todo en el ámbito aplicable del ministerio del Interior, pero no se sabía si lo hacía por iniciativa propia o por orden presidencial. Ahora se conoce más.

La acción presidencial representa también un ataque directo a la revista Caretas, que ha llevado a cabo una campaña de investigación y denuncia sobre los intentos de Ivcher de hacerse pagar decenas de millones de soles (20 de los cuales ya han sido embolsillados) por sus presuntos sacrificios en favor de la democracia. Con ese gesto, García demuestra una posición que, como presidente de la República, está obligado a explicar.

La otra hipótesis: ¿Lo votaron por el tema de la justicia militar? Eso es lo que señalan medios como Expreso y La Razón, quienes acusan a Salgado de “caviarizarse”. En realidad, estos medios no le perdonan a Salgado que haya manifestado sobre este tema lo siguiente: “Personalmente, coincido con que los magistrados militares deben ser nombrados por el CNM y en que tienen que ser oficiales en retiro”. Es es justamente la posición que no defiende actualmente el gobierno del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ser esta la verdadera razón de su salida – o sumada a la anterior – sería igualmente grave y diría mucho de cuanto pesan las botas en Palacio de Gobierno.

¿Y quién es el reemplazante de Salgado? Se llama Miguel Facundo Chinguel, otro conspicuo miembro del Partido Aprista Peruano, pero que tiene en su haber un antecedente bastante grave frente a los derechos humanos: Denunció a la Fiscal Cristina Olazabal, a miembros de organizaciones de derechos humanos y hasta Fernando Olivera de participar en una asociación ilícita para delinquir, solo por que la Fiscal Olazabal citó a Alan García como testigo en los casos Accomarca y Cayara, ocurridos bajo su primer gobierno. La denuncia incluso quiso comprender al entonces Presidente Alejandro Toledo.

Estos antecendentes hacen tener suspicacias sobre la conducta que Facundo Chinguel tenga sobre la judicializaciòn de los casos de derechos humanos ocurridos bajo el primer gobierno aprista y que la Sala Penal Nacional procesará este año, con o sin el concurso del renunciante Pablo Talavera.

Toda esta actuación no hace más que abonar las suspicacias sobre la verdadera responsabilidad penal de Alan García en estos sucesos. El Presidente, que tanto se jacta que la CVR “sólo” encontró responsabilidad política en estos sucesos – hecho que en un país más proclive a la causa de los derechos humanos hubiera hecho que por decencia AGP ni siquiera intente postular – debería dar una explicación apenas baje del avión que lo transporta de Pekín.

Porque esta serie de acontecimientos solo produce una sensación de melancolía bastante próxima al asco.