¿POR QUE LANDA DEJO LA PRESIDENCIA DEL TC?

En este blog, durante el año pasado, le pusimos bastante atención a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Los motivos? Durante su actuación en democracia, el TC se ganó una fuerte credibilidad debido a que se pronunció en temas importantes y calientes para el país y, sobre todo, aprendió a fundamentar sus sentencias. El TC, además, se caracterizó por la defensa de los derechos humanos y el país comenzó a aprender la importancia de una institución que, mediante sus sentencias, controlara los excesos del poder.

Como sabemos también, la elección hecha no fue precisamente la más feliz, pero confiábamos en que, con sus sentencias, la nueva conformación del TC nos demostraría que las críticas al proceso de elección eran infundadas.

Desafortunadamente, un hecho producido el día del paro ha hecho que vuelva la atención sobre el Tribunal, pero no precisamente por sus fallos. 

El miércoles 9 de julio, de modo sorpresivo, César Landa Arroyo renunció irrevocablemente a la presidencia del TC por “motivos personales”, conservando su cargo de magistrado de esta institución. Lo abupto de la noticia y la reserva de los motivos de la renuncia han abierto una serie de especulaciones sobre cuál ha sido la razón que provocó la salida de Landa.

Los primeros rumores apuntaron al caso Tudela. Como se conoce, el Tribunal Constitucional expidió recientemente una sentencia en la que autorizaba a los hermanos Tudela Van Breugel Douglas a ver a Felipe Tudela y Barreda, un fallo en medio de la maraña legal en la que padre, madrastra e hijos están involucrados por una amplia suma de dinero en juego.  En dicha sentencia, nos llamó poderosamente la atención el siguiente párrafo, ubicado casi al final de la misma:

49.        Asimismo, el Tribunal Constitucional no puede dejar de evidenciar ante la opinión pública la presión mediática a la que quisieron someterlo, por cuanto  intereses expresados a través de ellos pretendían sustituir el “juicio de los jueces” por el “juicio de la prensa” con la intención de afectar una decisión que sólo se debe fundar en la Constitución y en la libre conciencia de los jueces.

Así, el día de la audiencia pública en que se celebró la vista de la causa apareció un reportaje desfavorable a los demandantes en la revista Caretas, cuya carátula fue mostrada ante las cámaras por la hija de la emplazada. El día 29 de mayo de 2008, otra vez,  la misma revista publicó una entrevista “desde un restaurante en la Panamericana Sur” con don Felipe Tudela y Barreda y, al mismo tiempo, colgó en su portal electrónico un video con partes de dicha entrevista. Al día siguiente, el diario La Primera monta una supuesta historia de presiones e influencias con la intención de sembrar dudas sobre la imparcialidad de este Colegiado.

Frente a estos hechos, el Tribunal Constitucional reafirma su total independencia e imparcialidad para resolver las controversias constitucionales. Por ello, exhorta a los medios periodísticos a informar objetivamente aún desde su particular y legítima posición, por cuanto proceder en sentido contrario afecta gravemente la ética periodística y el derecho del ciudadano a recibir una información veraz.

Resulta curioso, por decir lo menos, que en una resolución judicial se haga alusión a dos reportajes en las que se apreciarían las presiones existentes en torno al caso Tudela. El informe de Caretas apuntaba a la conexión Tambini – Giampietri – Francisco Tudela para presionar a una magistrada que tenía que resolver uno de los tantos procesos que comprende este lío judicial y de familia, mientras que La Primera informó sobre las supuestas presiones que el abogado y asesor de Giampietri, Jorge Figueroa Guzmán, habría ejercido sobre Carlos Mesía, uno de los magistrados que resolvieron esta causa – los otros fueron Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda – y que tiene su militancia aprista en suspenso.

Estas razones motivaron que el portal Gato Encerrado – y en un inicio, también la versión web de Perú.21 – informara lo siguiente sobre la renuncia de Landa:

Sin embargo, trascendió que una de las razones que llevaron a Landa a dejar el cargo fueron las continuas presiones que recibía del primer vicepresidente Luis Giampietri para favorecer al ex canciller del régimen fujimorista Francisco Tudela en el litigio que mantiene junto a su hermano Juan para la administración de los bienes de su padre Felipe.

Un segundo tipo de explicaciones está vinculada a discrepancias entre magistrados y cuestiones administrativas del propio Tribunal. El Comercio informó ayer lo siguiente:

“Él renunció por motivos personales y también por discrepancias administrativascon el resto, con el bloque (de magistrados)”, señaló Ernesto Álvarez Miranda, quien prefirió no comentar mayores detalles de la renuncia.

 

Fernando Calle reveló que Landa renunció durante un pleno del TC. A la pregunta sobre si le sorprendió la dimisión, Calle replicó algo para tomar en cuenta: “No (me sorprendió) tanto, pero respeto su decisión”.

 

El Comercio también conversó con el magistrado Juan Vergara Gotelli, uno de los más antiguos del TC, quien fue mucho más revelador y directo sobre los motivos que habría tenido Landa para renunciar antes de diciembre de este año, cuando cumplía su plazo de estadía en el cargo.

 

“(Landa) no ha dado mayores razones (para su dimisión), pero pareciera que no estaba dispuesto a (realizar) algunos cambios en el sistema de trabajo adentro (del TC), ya que pensaba que afuera podrían considerar que se trataba de una censura en su contra… y es que parece que él lo ha tomado como una censura. El lunes ya tendremos sesión con el nuevo presidente y veremos qué va a suceder. Pero no hubo nada contra él”, reveló Vergara. El magistrado indicó además: “Landa dijo (ayer) que siente que nosotros no estamos conformes con su labor, pero no hay tal cosa. Le pedimos que recapacitara, pero no quiso hacerlo”.

Lo cierto es que el nuevo presidente, Carlos Mesía, ha hecho posible dichos cambios administrativos, los que comprenden al Secretario General, Secretario Relator, Relatoría y la coordinación del Gabinete de Asesores. Los elegidos son personas que ya venían trabajando en el TC, pero no han faltado las suspicacias sobre un posible copamiento aprista en el Tribunal, bajo la presidencia de un militante del partido de gobierno.  

Finalmente, el último motivo especulado tiene que ver con el caso El Frontón. En agosto pasado, informamos que una Sala Penal había declarado prescrito el proceso abierto a los marinos directamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. La Sala tenía entre sus miembros a Nancy Ávila, esposa del entonces jefe de los procuradores Moisés Tambini del Valle, militante aprista y ex abogado del Presidente de la República. Como ya sabemos, hablar del caso El Frontón resulta siendo una mala palabra tanto para Alan como para el vicepresidente Luis Giampietri.

El Instituto de Defensa Legal, que patrocina a dos de las víctimas de la matanza, interpuso un recurso de queja constitucional ante el TC, quien revisará en los próximos días el fondo del asunto, lo que abre las puertas a que el caso deje de ser impune en instancias legales imparciales. Y aunque el caso no viene comprendiendo actualmente a García o a Giampietri, sin duda, causa urticaria en Palacio de Gobierno.

Por ello es que los abogados del IDL, una vez que se conoció la renuncia de Landa, temen que la misma se haya debido a presiones por este caso. Carlos Rivera opina:

El doctor Landa presidió la sala a nivel del Tribunal Constitucional que dio cuenta y que resolvió la queja que hemos presentado en el mes de octubre del año pasado, que pedía dejar sin efecto el archivamiento del caso “El Frontón”. Seguramente lo que se está haciendo, como se dice en términos populares, se le está cobrando factura por una decisión, que en estricto era una decisión absolutamente legal y correspondiente a las decisiones que el TC emitió anteriormente y en otros casos de la misma naturaleza donde se juzgan o se ventilan casos de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales”

Cabe mencionar, sin embargo, que uno de los magistrados que firmó la resolución a favor de admitir el caso El Frontón en el TC fue el aprista Mesía.

¿Cuál de las explicaciones es la verdadera? Lo cierto es que las tres tienen argumentos a favor y en contra para ser validadadas y se me hace bastante difícil aplicar aquí el principio de la navaja de Occam para llegar a una solución sobre cual es más creible o pertinente. Y aquí cabría pedirle al doctor Landa que acabe con esta serie de conjeturas y, finalmente, nos explique al país cual fue la verdadera razón de su salida. Si es alguna de estas tres hipótesis, lo cierto es que el TC tendría que tener mayores reflectores sobre su actuación.  Las decisiones que tome en los próximos días harán que su ganada credibilidad se mantenga o, como muchas cosas en el Perú, se vaya al tacho de la basura.

MAS SOBRE EL TEMA:

Carlos Mesía, nuevo presidente del TC: “Mi pasado es aprista, mi presente es aprista, pues nadie duerme hereje y amanece cura”

Utero de Marita: El TC en manos apristas

FONAVISTAS EN ASCUAS

Convertido en un pleito de instituciones estatales y en una pugna de abogados, el destino de los aportes al FONAVI está inmerso en una complicación jurídica que, aquí, trataremos de dilucidar para que podamos entender de que estamos hablando.

Como lo relaté en un post anterior, el Fondo Nacional de Vivienda fue creado en la dictadura de Francisco Morales Bermúdez para la construcción de casas y servicios básicos para todos los trabajadores, a quienes se les descontaba una parte de su sueldo por este motivo. Dicho descuento procedió hasta 1998, en que el FONAVI fue disuelto. Los beneficiarios de dichos programas fueron pocos y buena parte del dinero solo Dios y los gobernantes entre 1979 y 1998 saben en que se utilizaron.

Por ello, es que se fueron formando diversas Asociaciones de Fonavistas, a fin que se les devolviera los aportes dados durante años. Algunos consideran que dicha devolución puede hacerse mediante programas de vivienda y hay otros, en la expectativa de una pronta jubilación o ante un presente desempleo, que solicitan una devolución individual, para disponer de lo que consideran sería una suma importante de dinero. Este es el problema social de fondo a atender, pero que, como vemos, tiene varias complicaciones legales.

Los fonavistas, durante varios años, han reclamado la realización de un referéndum para que todos los ciudadanos podamos decidir si es que se devuelven o no dichos aportes. El Jurado Nacional de Elecciones se ha opuesto a la realización de esta consulta, debido a que considera, de acuerdo a fallos que anteriormente dio el Tribunal Constitucional, que nos encontramos ante un tributo y, tal como lo señala la Constitución que nos rige, los temas tributarios no están sujetos a referéndum. Y no lo están por una cuestión elemental: ¿quién no quiere pagar menos tributos?

Ahora bien, según nuestra Carta fundamental, hay 3 tipos de tributos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. El impuesto se recauda y va a un fondo común que el Estado utiliza para cualquier fin que crea conveniente, la contribución se destina a un uso específico por parte del Estado y la tasa es empleada para un servicio puntual.

Muchos abogados consideran que el aporte al FONAVI es una contribución y, por tanto, no debe ser materia de un referéndum. Ello implicaría, además, que la devolución sea improcedente, a menos que el Estado decida devolver los aportes a través de programas similares al FONAVI. Es decir, no estaríamos ante un derecho, sino ante una medida de liberalidad por parte del gobierno, para solucionar un problema social generado por el mal uso de estos fondos.

Pero otros especialistas en Derecho consideran que nos encontramos ante un aporte que no reviste naturaleza tributaria. Y, por lógica, se producían dos efectos: la devolución de los aportes en forma individual y, además, si cada aporte pertenecía a quien lo hizo y, era pasible, por tanto, del derecho de propiedad privada, no podía estar sujeto a la realización de un referéndum.

¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues, para decirlo en castellano simple, el Tribunal Constitucional no ha justificado bien sus sentencias sobre este tema y el Jurado Nacional de Elecciones se olvida que los fallos judiciales de última instancia deben cumplirse, por más erróneos que estos sean.

La primera sentencia del TC señaló que estabamos ante un aporte no tributario, pero (primer error), no indicó claramente porque se apartaba de sus precedentes anteriores que si señalaban su naturaleza tributaria y, posteriormente (segundo error) convoco a un referéndum para decidir sobre los aportes, cuestión que, como hemos visto, resulta ilógica si se trata de fondos sobre los que se tiene propiedad privada.

El JNE, como sabemos, tercamente se opuso, con el apoyo de un sector del gobierno que pretende manipular al TC como le viene en gana, dado que este organismo se ha convertido en el control principal de los yerros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Pero, en un afán de quedar bien con Dios y con Satanás, al mismo tiempo, el TC ha emitido una segunda sentencia que complica más las cosas. Si bien insiste en que estamos ante un aporte no tributario, el mismo no tiene carácter individual. Por tanto, las soluciones que podrían darse serían colectivas. Es decir, olvidénse del dinero en efectivo, sino que pagaremos en bonos, acceso preferencial a programas tipo Mi Vivienda o cuestiones similares.

Pero, además, se limitan los montos y supuestos beneficiarios. Se dice que el monto a devolver se puede reducir, pudiendo deducirse del monto aportado, los programas ejecutados por el Estado con cargo al Fondo y se excluirían a las personas que, entre otros supuestos, hubieran accedido parcial o totalmente a dicho Fondo o a aquellos que, dadas las circunstancias, hubieran concretado su derecho a la vivienda digna.

Y claro, el TC sigue insistiendo en el referéndum como mecanismo para canalizar este tema. Y, tercamente, el JNE sigue diciendo que no acatará la sentencia.

A estas alturas, me va quedando claro que, conforme pasen los días, este asunto se enredará más. Entre un gobierno que no quiere pagar, una caja fiscal que se puede ver afectada, un Tribunal Constitucional que no fundamenta bien sus fallos y un Jurado Nacional de Elecciones que quiere ser un ente sin controles, estamos asistiendo ante una comedia de equivocaciones que puede terminar con dos consecuencias claras: la dilación en la solución de un problema social que tiene varios años sin resolverse y una afectación fuerte de la institucionalidad en el Perú.

Mientras tanto, señores fonavistas, parece que van a tener que ir viendo en que banca se sientan a seguir esperando. La solución a su problema está tan lejos como nuestra clasificación al próximo mundial de fútbol. Y de ello, parece que nadie quiere hablar.

MAS SOBRE EL TEMA:
Santiago Pedraglio: ¿Conspirando contra el Tribunal Constitucional?
Mirko Lauer: ¿Y si agarramos al TC por acá y le damos una vuelta por allá?
Gonzalo Zegarra: FONAVI: JNE versus TC
Laura Arroyo Gárate: Más allá del FONAVI
Alberto de Belaunde: JNE: ¿Por qué no se callan?
Walter Albán: Caso FONAVI es pretexto para recortarle facultades al TC

GOBIERNO VS JUSTICIA

Durante el primer gobierno de Alan García, se acusó – con justicia – al partido de gobierno de pretender copar al Poder Judicial, tarea que se cumplió con creces durante la segunda mitad de los años ochenta.

Pero en esta nueva experiencia de gobierno, la línea es otra: pelearse con los órganos de justicia, nacionales e internacionales. Basta hacer un rápido repaso a la lista de hechos de los últimos días para comprobar que el gobierno viene en un serio conflicto no solo con dichos organismos, sino con lo que representan: el respeto a la legalidad, la Constitución y los derechos fundamentales de las personas.

El primer caso es el de la devolución de los aportes al FONAVI. Como lo comenté la última vez que traté este tema, el gobierno se ha empecinado en buscarle torcer el brazo al Tribunal Constitucional. Lo ha hecho con un abierto apoyo al Jurado Nacional de Elecciones y ahora busca que el Tribunal “consulte” con el Poder Ejecutivo la siguiente sentencia sobre este problema. Consulta que, claro esta, implica que el TC no vuelva a decir que se tienen que devolver los aportes de los trabajadores para un Fondo de Vivienda que se utilizó escasamente para los fines para los que fue creado.

Pregunta: ¿por qué el gobierno sigue buscando tres pies al gato para no cumplir una sentencia que, nos guste o no, tiene que acatarse?

Pero allí no quedan las cosas. La reciente huelga de los trabajadores del Poder Judicial – hecho convertido, por su repetición, en un clásico de la política peruana – ha vuelto a sacar a la luz el añejo conflicto por el presupuesto del Poder Judicial. Luego que no aumentaran la suma destinada para sus actividades y con la huelga ya declarada, se aprobó una norma para entregar un bono a cada trabajador. Como los fondos dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge del Castillo apuesta a la malcriadez como medio para negarle a Francisco Távara cualquier monto con relación a este tema, olvidando que existe una disposición legal que lo obliga a pagar esta suma.

Y claro, esto nos lleva a preguntar, tanto a Del Castillo como a Távara, si es que ambos han leído la sentencia del TC sobre el presupuesto del Poder Judicial, que señala la autonomía de este poder del Estado para elaborar sus propias cuentas y que, además, implica que el PJ tenga metas y objetivos claros en materia de reforma judicial. ¿Pueden decir ambos funcionarios que han cumplido con este deber?

Para culminar, en lo que constituye una más de sus desatinadas declaraciones, Jorge del Castillo insistió en la defensa a ultranza de Francisco Morales Bermúdez. Como dijimos durante el fin de semana, la actitud negativa que tiene el gobierno hacia lo que parece ser una declaración judicial de rutina implica el menosprecio que tiene hacia los derechos de todos, incluyendo los del propio Morales Bermúdez, que quiere acudir a la cita con la justicia.

Peor aun, se sigue insistiendo en no pagar las indemnizaciones en el caso Castro Castro y presentar este hecho como si fuera un logro del Estado peruano. Como lo señala el ex secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza:

“Naturalmente, hay un sentimiento comprensible por la magnitud de los crímenes de SL, pero ese es un tema político interno. En términos jurídicos, si la CIDH determinó que hubo violación de derechos humanos, el Estado está obligado a restituir esos derechos”.

¿Por qué el gobierno actúa de esta manera en estos casos? Mi hipótesis es que, al no tener oposición política, se siente bastante cómodo con no tener ningún tipo de controles. Al existir instituciones como el Poder Judicial – que citará a García como testigo en casos de derechos humanos durante este año -, el Tribunal Constitucional y las cortes internacionales que le dicen al gobierno que tiene que hacer cosas que no son de su agrado, el gobierno reacciona de mala manera, olvidando que el primer compromiso que adquirió no es con sus intereses, sino con el respeto al orden legal y a los derechos de todos los peruanos. Ha sido la tónica durante todo el periodo que Alan lleva en Palacio y que parece que no cambiara.

Como dice el dicho, Alan pasó por la Facultad de Derecho – en realidad, por dos -, pero parece que la Facultad de Derecho no pasó por él.

MAS SOBRE EL TEMA:
Menoscanas: Justicia lenta no es justicia

FONAVI: EL LIO CALIENTE DEL VERANO

No tengo vocación de Nostradamus o de Xandrox. Pero no hace falta tener dotes de adivino para darse cuenta de lo que va a ser el lio caliente del verano: el FONAVI.

Para quienes se encontraban en edad de pediatria o eran nonatos a finales de los años setenta, el Fondo Nacional de Vivienda fue una de las últimas criaturas creadas por el gobierno militar, para supuestamente financiar prestamos para la construcción o adquisición de viviendas, a través de una retención del sueldo de los trabajadores en planilla.

Como se imaginarán, el dichoso fondo no sirvió para los fines planeados. Solo el 3.6% de los aportantes se benefició de los créditos del FONAVI y el resto de la plata fue utilizada en otros asuntos. (¿Por cierto, García Pérez nos puede aclarar que se hizo con el FONAVI durante su gobierno?). En 1998, el Fondo fue cerrado y reemplazado por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, que duró hasta hace unos 3 años.

Durante varios años, las asociaciones de fonavistas han procurado que el Estado les devuelva los aportes que hicieron durante todos los años que duró el Fondo. Los resultados fueron exiguos hasta una reciente y polémica sentencia del Tribunal Constitucional.

El TC señaló dos cuestiones importantes: a) que la naturaleza de los fondos del FONAVI no es tributaria; b) que no tratándose de materia tributaria, procedía la petición de un referéndum para definir el destino final de dichos aportes.

¿Por qué digo que la sentencia es polémica? Porque nuestros abogados laboralistas y tributaristas no terminan de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de dichos aportes y, además, como pregunta lógica y válida, si los fondos son de libre disposición, ¿por qué hacer un referéndum para definir su destino?

Al margen de dichas cuestiones legales, lo cierto es que estamos ante una sentencia de última instancia y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las instituciones.

Claro, como estamos en el Perú, la telenovela ha seguido. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones no convocará a referéndum para definir la situación del FONAVI. Y es que el JNE sigue basándose en que los aportes son un tributo para denegar este tema. Y, además, en que el TC había dado sentencias en las que consideró a los aportes de los fonavistas como tributo. Es decir, lio de abogados y capricho para no poner un tema extremadamente sensible sobre la mesa. Si la sentencia se expidió, pues el JNE tiene que acatar lo que haya dicho el Tribunal, por más que no esté de acuerdo con lo señalado por el fallo.

Para completar el sainete, ya los políticos han salido a opinar. Alan sutilmente ha salido en favor del JNE, mientras que nuestros parlamentarios ya planean recortarle facultades al TC (nuevamente el síndrome Flores – Araoz). Por su parte, para morigerar los ánimos, el magistrado Fernando Calle ha dicho que el TC emitirá en las próximas semanas una nueva sentencia sobre el tema.

El lio es bastante grosso. Y es que, además de las aristas jurídicas e institucionales que hemos cubierto en los párrafos anteriores, hay dos temas a contemplar y que son los más sensibles. El primero es el económico y tiene que ver con como pagar estos aportes sin que la caja fiscal se resienta demasiado. (Para veamos la posible magnitud, el propio Alan ha dicho que aportó 20,000 soles al FONAVI).

Pero el gobierno también tiene que contemplar que, si el TC ha dicho que este dinero se puede disponer en su favor, tienen el derecho de reclamar que se les devuelva. Asimismo, hay un tema social de por medio, ya que muchos de los aportantes tienen expectativas en la devolución de estos aportes, para tener una vejez digna, más allá de las exiguas jubilaciones del Estado.

Toda una papa caliente. La primera del 2008. A tenerla en cuenta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: El fondo del Fonavi
Opiniones discrepantes en el Gabinete: Rosario Fernandez vs. Rafael Rey
Carlos Mesía, magistrado del TC: Si AGP no toma en cuenta opinión de Rosario Fernández, la Ministra debe renunciar.
Ernesto de la Jara: Es grave que Alan no sepa que fallo cumplir en caso FONAVI.
Duelo de parlamentarios: Carlos Bruce vs. Víctor Andrés García Belaúnde
Apuntes Peruanos: Aportes al FONAVI, devolución y los efectos del clientelismo

EL PODER DEL NARCOTRAFICO

A estas alturas, me queda claro que la principal amenaza para la seguridad del país es el narcotráfico. No solo por las acciones violentas que ha protagonizado en las ultimas semanas, sino porque termina convirtiendo a la política y a las instituciones en presas de un poder corruptor que, como vemos en las experiencias cercanas de México y Colombia, puede hacer bastante daño a las estructuras políticas y sociales del país.

Esta mañana, vi con estupor el buen reportaje de investigación que saca hoy La República: Fernando Zevallos logró tener contactos claves en el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional. Dentro de su computadora se lograron localizar comunicaciones claves referidas al ex magistado del TC Juan Bardelli Lartirigoyen y con los ex parlamentarios Heriberto Benitez y Víctor Valdez.

Los resultados de dichas comunicaciones:
– A Bardelli – como a muchos políticos, empresarios y periodistas – le regalaron pasajes en Aérocontinente, conversaron con él y finalmente se expidió una resolucíón favorable en un amparo.
– En el caso de Benitez, a través de él pudieron conocer las entrevistas con los informantes del caso Zevallos, en el marco del trabajo de la Comisión Herrera. La Comisión no llegó a incluir lo vinculado al narcotraficante entre sus conclusiones, aunque 11 meses despúes Zevallos sería incluido en la famosa lista de la Kingpin Act.
– Valdez, uno de los congresistas más controvertidos de la gestión pasada, fue quien presentó una moción en el Congreso para investigar a los policías que acompañaron a quienes declararon en Chile en contra de Zevallos, Incluso se habría solventado las campañas populistas del parlamentario en Pucallpa.

No es la primera vez que se detecta un tema como este en el pais. Hace unas semanas, este blog habló de las relaciones del abogado aprista de Moisés Wolfenson con los Sánchez Paredes, recientemente incluidos en la lista de mayores narcotraficantes peruanos, para ya no hablar de lo ocurrido con candidatos al Congreso, el propio Vladimiro Montesinos y experiencias pasadas en la década de los ochenta.

Hace unas semanas, Miguel Ramírez, el periodista que destapó el caso Zevallos, señaló que el tema tenía aún muchas aristas que abordar. Hace unos meses, Santiago Pedraglio dijo en una conferencia que el tema que más debía abordar el periodismo es el narcotráfico y sus redes de poder. Las alertas periodísticas están dadas y los primeros resultados los estamos viendo ahora.

Los destapes sobre narcotráfico nos pueden ayudar a saber quien es quien en la política peruana. Puede que esto afecte, en el corto plazo, a varias agrupaciones, pero siempre es mejor saber la verdad a vivir en el engaño. Sin duda alguna, el país merece conocer quienes están del lado de la legalidad y quienes apoyan a la mayor amenaza para el país.

¿Cuál será el próximo titular?

ONG’S: ¿ACABARA EL FUEGO CRUZADO?

Por fin se dio a conocer hoy la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley que controla a las ONGs.

Luego de leer el texto completo de la sentencia, me queda claro el sentido de lo que el TC ha señalado. Por un lado, reconoce el derecho de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a fiscalizar actividades realizadas con fondos que vienen por cooperación internacional que llega a través del Estado y a aquellas entidades que se acogen a beneficios tributarios. Esto nunca fue cuestionado por las ong’s que impulsaron la demanda.

Por otro lado, la sentencia saca del ordenamiento jurídico los puntos más rochosamente inconstitucionales de la Ley: ya no serán materia de control obligatorio las entidades que no reciban fondos canalizados a través del Estado, la famosa “priorización” de actividades no será compulsiva para quienes usen fondos privados, ni se cerrarán ong’s por vía administrativa.

Este equilibrio constitucional puesto por el TC ha hecho que ambas partes hayan recibido tranquilamente la sentencia. Tanto onegeros como el gobierno se han mostrado respetuosos de la sentencia. Donde sí han habido pataletas es en los sectores más recalcitrantes: los fujimoristas amenazan con presentar otro proyecto controlista y los empresarios mineros siguen diciendo que quienes no piensan como ellos entorpecen el desarrollo del país. Pobre gente.

Y ello me hace pensar que esta suerte de guerra sucia contra las organizaciones no gubernamentales, sobre todo, contra las que ven temas de medio ambiente, derechos humanos e institucionalidad, continuarán en los medios de comunicación más cercanos a estos intereses. Jurídicamente la discusión queda zanjada, pero la intolerancia seguirá persistiendo en cada epiteto de Mariátegui, cada calumnia de Ben Schmuel o cada mentira de Expreso.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Carta de Goldfinger
Roberto Bustamante: Las ong’s versus el Perú
Ricardo Vasquez Kunze: Derecha rochosa y ONGs

(Fotomontaje: El Utero de Marita)

CIRCO PARLAMENTARIO EN TRES ACTOS

PRIMER ACTO: MANIOBRA DE DISTRACCION

Se inicia el largo día parlamentario. Tres temas pendientes: elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pedidos de sanción para parlamentarios – en los que el caso Tula Benites conscita la mayor atención – y pedidos de interpelación a Ministros.

Típica maniobra de distracción parlamentaria: proyecto de Ley sobre uso de lenguas indígenas y originarias del Perú. Bronca garantizada: en una esquina, Martha Hildebrandt, en la otra, Hilaria Supa y María Sumire de Conde. Show mediático garantizado.

Mientras tanto, pasan las horas, Tula Benites hace llamadas a diesta y siniestra, consulta con los compañeros, procura negociar con las fujimoristas Keiko y Moyano. Todo mientras vemos el sainete idiomático en todo su esplendor.

SEGUNDO ACTO: UNA ELECCION, DIGAMOS, COMO LAS DEL CONGRESO PERUANO

Elección del TC. Ya saben, mismo repertorio preparado por Pastor, con dos integrantes menos por renuncia.

Sin aprender la lección: Chau orden de méritos, pues se puentearon a Oscar Urviola. Chau votación individual, pues votaron en bloque.

¿El resultado? Un académico honesto, pero cuyos pergaminos no son suficientes para llegar al TC, como Gerardo Eto. Otro personaje honesto, como Ernesto Alvarez Miranda, pero cuyo CV tampoco es más que cualquiera de los actuales magistrados. Y para coronar el pastel, un aprista de pocas luces, Fernando Calle Hayen.

Esperemos que, sobre la marcha, estos señores puedan aprender el manejo de una institución que, por 5 años, ha prestigiado al país.

TERCER ACTO: SANCIONES, POR FIN

Sesión reservada pero de la que todos conocíamos detalles. Ricardo Pando suspendido por 60 días, luego de aceptar la contratación de empleada fantasma. Alfredo Cenzano suspendido 30 días por mal uso de recursos públicos.

Y claro, finalmente sancionaron a Tula Benites. Claro, fue un parto. Se sabe que Torres Caro y Rolando Souza la defendieron. Que el abogado defensor habló en una sesión del Congreso en la que no se requería de letrado para defenderse. Que los compañeros veían la forma de salvarla. Y, para variar, Benites se la agarró con el diario que denunció su calidad de Canchaya aprista. Al final, 56 votaron a favor de la sanción, 34 en contra y 5 se abstuvieron.

¿Y LAS INTERPELACIONES? Simplemente, no se trató el tema. Claro, no era apropiado hacerlo entre gallos y medianoche, pero ya vemos que quisieron dilatar el asunto. A Alva y a Zavala los salvó la campana.

MAS SOBRE LOS TEMAS:
Roberto Bustamante: Allillanchu Martha Hildebrandt
Fernando Rospigliosi: A espaldas de los ciudadanos
Ernesto Alvarez: Estoy en contra de limitar facultades del Tribunal Constitucional