La letra pequeña del mensaje de Vizcarra

Vizcarra EFE
Abriendo juego. Vizcarra inicia su presidencia en la práctica (Foto: EFE)

El mensaje presidencial por Fiestas Patrias ha supuesto un parteaguas. Para todo efecto práctico, Martín Vizcarra ha inaugurado su periodo en forma efectiva. Luego de mucho tiempo, vimos a un jefe de Estado y de gobierno planteando medidas de agenda nacional en un discurso que se había convertido en la habitual gimnasia verbal de presentación de cifras, recuento de carreteras y algunos anuncios efectistas.

El Presidente de la República parece haber entendido – como no lo hizo su predecesor – que, para gobernar frente a un Congreso con mayoría opositora, resulta necesario hacer política. Y ello implica presentar iniciativas, comprometer a la ciudadanía con la aprobación de las mismas y jugar en pared con otras fuerzas políticas. En ello, el mensaje ha sido positivo.

Reformas políticas

Resulta claro que Vizcarra ha leído el evidente hartazgo de la ciudadanía con la clase política. La iniciativa para plantear un referéndum sobre la no reelección de congresistas, el financiamiento privado a los partidos y la bicameralidad manteniendo el número legal de congresistas busca, antes que un planteamiento técnico más fino, representar tres medidas que, en la cabeza de la gente, pueden presentar el inicio de algunos cambios en la representación.

Varios politólogos ya han señalado que la prohibición de autoridades, per se, no necesariamente implica una mejora de la calidad. De hecho, en el caso peruano, son los parlamentarios novatos quienes han protagonizado más escándalos y presentan los proyectos normativos más estrambóticos, además que la tasa de reelección de autoridades es bastante baja. Medidas menos sexys, pero más efectivas, para mejorar la calidad se podrían vincular con el fin de la inmunidad parlamentaria o el cambio de la fecha de las elecciones parlamentarias.

Sin embargo, más allá de lo que se decida sobre la reelección, la formación de partidos políticos más sólidos parece ser una medida más adecuada para una profesionalización de la política. Y en ello, salvo la alusión al financiamiento partidario (¿prohibición? ¿mejor regulación?), no se dijo mucho hoy. Pero también resulta cierto que la prohibición de la reelección es harto popular entre los ciudadanos y, por ello, Vizcarra la ha puesto en agenda, para pechar a un Congreso de la República que ha reaccionado como era de esperarse (léase, defendiendo el sueldo).

En torno a la bicameralidad, resulta evidente que Vizcarra ha sido tímido en esta iniciativa. Todos los expertos serios en temas políticos y electorales refieren que el Congreso peruano es pequeño en términos de representatividad numérica. Por tanto, el planteamiento presidencial juega a la popularidad antes que a la precisión técnica.

En suma, las medidas buscan arrinconar a un Congreso de la República que se sentía muy seguro en su rol de dirimente de las disputas políticas, pero que arrastra una muy baja popularidad. Vizcarra apuesta a un sentido común muy enraizado: primero la depuración, luego la necesidad de carrera política. Y en esa línea también se inscribió el reconocimiento al periodismo de investigación.

Reforma judicial

Precisamente, en la misma medida va la propuesta constitucional doble sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. De un lado, modificar su conformación, sin anunciar previamente cuál sería la nueva propuesta, permitirá discutir en serio las propuestas sobre la materia. De otro lado, revisar todos los nombramientos hechos por la recientemente expulsada conformación, permitiría la salida de César Hinostroza Pariachi y Ángel Romero de la Corte Suprema de Justicia.

Los seis proyectos de Ley presentados, en principio, son bastante adecuados para lo que se pide. Sin embargo, se pudo ser más ambicioso en cuestiones de transparencia, al solicitar que las elecciones judiciales también se adecuen a estos criterios, como viene requiriendo el Instituto de Defensa Legal hace varios años. Al mismo tiempo, serán necesarias modificaciones legales de fondo para reducir la posibilidad que las redes de corrupción que han copado parte del sistema de justicia puedan reproducirse.

Género, educación y derechos: luces y sombras. 

Sorprendió gratamente que el Presidente de la República se haya referido, con todas sus letras, al enfoque de género. Y que planteara que a fin de año se tendrá una Política Nacional de Igualdad de Género. Conmovió a todos que el mandatario hiciera alusión, con nombre y apellido, de los casos de feminicidio que más han impactado a la opinión pública. Al mismo tiempo, fue sensato recordar que la responsabilidad para acabar con el machismo también se encuentra en la sociedad peruana. Sin duda, este fue uno de los puntos más altos del mensaje y se refleja en las casi inmediatas reacciones de grupos conservadores.

Pero también es notorio que se ha dejado de lado a los derechos de los ciudadanos LGTBI, sea por cálculo político – midiendo que la coalición conservadora puede tener una baja importante con la salida de Cipriani en diciembre – o porque ha considerado que solo puede lidiar con algunas batallas en lugar de otras. Sin duda, aquí hay una importante deuda presidencial.

Fue importante que el presidente proponga, expresamente, un marco legal contra el racismo y que se siga incidiendo en un canal del Estado para todos los peruanos. También resultó clave el pedido para dejar de usar paulatinamente bolsas de plástico.

En términos educativos, fue destacado que se enfatizara en la necesidad de incorporar componentes en “formación de valores y pensamiento crítico”, además de la calidad académica. También fue importante que reafirmara su compromiso con la reforma universitaria.

Sin embargo, quedó en deuda en relación con los contenidos escolares sobre género y el periodo de violencia. En general, sobre este último punto, Vizcarra no hizo alusiones al tema, salvo al referirse a la lucha contra los remanentes terroristas en el VRAEM, lo que le valió algunos de los pocos aplausos fujimoristas. Temas como el LUM, la búsqueda de personas desaparecidas o la anulación del indulto a Fujimori no estuvieron en la mesa.

Finalmente, entre lo positivo, merece destacarse los anuncios hechos en materia de Defensa Civil, como el sistema de alerta temprana en la costa peruana, que se implementará para 2021.

Ausencias y vacíos

A las ausencias y vacíos ya comentados, se añade que el tratamiento económico del mensaje fue relativamente cansino. Aquí Vizcarra entró, salvo cuando enunció los proyectos mineros y el crecimiento del PBI a 4% en 2018, en la intrascendencia o el mero desarrollo de lo que se viene haciendo. Y, más allá de remarcar que no subirá impuestos o tasas impositivas para quienes menos ganan, tampoco soltó mucha prenda sobre lo que hará con las facultades delegadas por el Congreso de la República hace algunas semanas.

Lo mismo ocurrió con la descentralización, materia en la que se esperaba más de un mandatario y un presidente del Consejo de Ministros que provienen del mundo regional. Más allá de continuar con los GORE y MUNI Ejecutivo, así como con transferencias presupuestales, la audacia que Vizcarra ha tenido en temas políticos y judiciales no se notó en esta materia.

Otras ausencias notables son los derechos de las personas con discapacidad, la ciencia y la tecnología y, por cierto, las actividades vinculadas al Bicentenario de la Independencia.

Interrogantes (a modo de conclusión)

¿Cuáles serán los siguientes pasos de Vizcarra? ¿Cómo va a jugar políticamente con las bancadas ajenas al fujimorismo en el Congreso de la República? ¿Cuál va ser la postura política de Fuerza Popular más allá de las rabietas de hoy? ¿Cómo articulará el Presidente una coalición que pueda hacer frente a los grupos conservadores que le tienen pavor a la palabra género?

El Presidente ha planteado un rumbo y una agenda de discusión. Ello es positivo en medio de mandatarios que han preferido no arriesgar. Es momento, ahora, de ver la letra pequeña de cada uno de los anuncios.

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¿Cómo entender la sentencia de la Corte Interamericana sobre el indulto a Fujimori?

Keiko Alberto Fujimori
¿Preocupada por su libertad o por su futuro político? (Foto: Twitter Keiko Fujimori)

A muchos sorprendió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiera no pronunciarse directamente sobre el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori en la pasada Navidad. Sin duda, la Corte IDH ha tenido mayores momentos de activismo en su actuación, en los que decidía pronunciarse directamente sobre diversas materias en las que ha sentado jurisprudencia de avanzada.

Esos tiempos parecen estar lejos. Hoy la Corte apuesta por sentencias en las que deja a los Estados la decisión final sobre determinadas materias. Esta lógica corresponde a que el tribunal entiende que existe una mayor consolidación institucional en nuestros países – con las excepciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua – a la existente en los tiempos en los que sí debía tener una actuación más activista. Con todo, este tipo de decisiones ha merecido críticas (justificadas) por parte de abogados que conocen el sistema interamericano de derechos humanos y su lógica.

Sin embargo, la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Fujimori no es ascéptica. Al revisar bien sus fundamentos, queda claro que el tribunal brinda una “hoja de ruta” a la justicia constitucional peruana para tomar una decisión final sobre el caso del sujeto que gobernó el país entre 1990 y 2000. Y que dichos fundamentos no son precisamente favorables al autócrata.

La Corte Interamericana señala, en primer lugar, una serie de parámetros para pronunciarse sobre los “indultos humanitarios”. En particular, busca ponderar la relación entre la vida, la salud e integridad física de los reos con la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.

¿Cuáles son estos parámetros?

  • Si bien la justicia internacional no se ha pronunciado directamente sobre casos de “indulto humanitario”, la jurisprudencia en los sistemas americano y europeo de derechos humanos rechaza que los Estados apelen a figuras jurídicas que busquen suprimir los efectos de sentencias condenatorias o efectúen un otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena.
  • Los tribunales penales internacionales ad hoc y la Corte Penal Internacional no contemplan la figura del indulto, sino la reducción de pena sujeta a un examen exhaustivo en cada caso.
  • La obligación de sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia.
  • La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que se debe garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. En los casos de sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, las medidas a tomar deben ser las que menos restrinjan el derecho a la justicia de las víctimas, las que deben ser aplicadas en casos muy extremos y en una necesidad imperante.
  • En los casos de personas sentenciadas por graves violaciones a los derechos humanos, el otorgamiento de un indulto presidencial conlleva “una mayor afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sus familiares”.

Asimismo, la Corte Interamericana señaló una serie de hechos controvertidos alrededor del indulto humanitario. ¿Cuáles son?

  • Poca objetividad de la Junta Médica Penitenciaria, pues la integró un médico que trató anteriormente a Fujimori en Neoplásicas.
  • Diferencias sustanciales entre el acta de la Junta Médica Penitenciaria del 17 de diciembre de 2017 y el acta ampliatoria suscrita dos días después.
  • No existe documento alguno que señale cuáles son las “enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada progresiva, degenerativa e incurable” que justifican el indulto.
  • Ningún documento señala cómo las condiciones de la cárcel pueden colocar en grave riesgo la vida, la salud o la integridad del entonces reo Fujimori.
  • La resolución suprema que otorgó el indulto no menciona que Fujimori fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En estos casos, el Estado debe tener una mejor y mayor argumentación sobre el otorgamiento de esta gracia.
  • El contexto en el que se presentó la solicitud de indulto, vinculado a la vacancia presidencial de PPK y los “Mamanivideos”

En suma, con estos parámetros y hechos, el Poder Judicial o, en su defecto, el Tribunal Constitucional, deberían indicar que el indulto no cumple con la Convención Americana de Derechos Humanos y, con ello, enviar a nuevo a Fujimori a donde corresponde: un establecimiento penal en el que sus condiciones de salud estén garantizadas. Y si para el 29 de octubre de 2018 esto no es decidido por el Estado peruano, será la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tome la decisión, en el sentido arriba señalado.

Sin embargo, queda un elemento central en esta historia: la política. ¿Cómo queda el fujimorismo en torno a esta decisión? Rosa María Palacios enunció ayer una posible respuesta, que aún tiene un alto factor de espera:

Por otro lado, la decisión de la CIDH de criticar severamente el indulto “humanitario” a Alberto Fujimori, pero ordenar al Tribunal Constitucional que resuelva su inconstitucionalidad (el Presidente también podría, cumpliendo el mandato de la Corte, declararlo nulo) pone a Keiko Fujimori en aprietos. Ella ha perseguido a su hermano por sacar a su padre de la cárcel negociando con Kuczynski. Nunca quiso a su padre libre de esa forma y así lo reconoció en un comunicado de su partido. Pero si él regresara pronto a la cárcel –y todo parece indicar que la libertad se le acaba, como máximo, en octubre– ella será vista como la gran culpable y su hermano menor se encargará de recordárselo toda su campaña. ¿Qué hacer? Keiko Fujimori ha corrido a tomarse una foto con su padre, ahora sí, pidiendo su libertad. La cara de Alberto Fujimori lo dice todo. No confía en su hija.

La respuesta, por tanto, aún sigue abierta. Con la consiguiente incertidumbre para los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por quien gobernó el Perú en la década de 1990.

Partidor municipal: una campaña fría en Lima

En apenas cinco meses, los peruanos elegiremos a nuestros gobernadores regionales y alcaldes en todo el país. Una campaña en la que la principal autoridad organizadora afronta serias denuncias, algunas reglas electorales terminan degradando el proceso y, en Lima, el aluvión de candidatos no genera – hasta ahora – ningún respaldo que pase el 10% de intención de voto.

Adolfo Castillo ONPE
Adolfo Castillo, actual jefe de la ONPE, afronta el momento más grave de la institución en 18 años (Foto: La República)

ONPE BAJO LA LUPA

Durante las últimas dos semanas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha visto sacudida por las revelaciones de Susana Guerrero, exgerenta de Asuntos Legales de la entidad, quien dio cuenta de dos denuncias bastante serias.

La primera se vincula con el presunto trato especial en el proceso del inscripción del flamante partido Podemos por el Progreso del Perú, líderado por el excongresista José Luna Gálvez. Según Guerrero, a esta agrupación se le dieron facilidades que no recibieron otras agrupaciones que estaban en el mismo trance, como el Partido Morado de Julio Guzman. Peor aún, los personeros de Podemos Perú eran personajes vinculados, en su momento, a la fábrica de falsificación de firmas de Perú 2000, aunque fueron absueltos en el proceso judicial.

La ONPE señaló que no hubo parcialización con el partido de Luna, aunque si reconoció en un comunicado que “la subsanación de algunos espacios en blanco, realizados por el propio partido en el local de la ONPE, constituyó  un mal manejo operativo que ha sido subsanado en consonancia con la imparcialidad del trabajo del organismo electoral”.

El jueves, Caretas publicó un informe en el que Guerrero enfilaba sus baterías contra el gerente de gestión electoral Fernando Obregón Mansilla. La exfuncionaria no solo lo acusaba de cambios sospechosos, sino también de sus presuntos vínculos con Cavassa, quien hoy es procesado por el caso La Centralita, cuyo principal implicado es el exgobernador regional de Ancash César Álvarez.

El nombramiento del actual jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, no estuvo exento de controversia. Entidades como el Instituto de Defensa Legal cuestionaron su designación, tanto por la falta de transparencia en las reglas, así como por una acusación sobre plagio que el CNM no tomó en cuenta. De hecho, uno de los presuntos plagiados era Obregón. Castillo refirió que el libro fue escrito en coautoría con su hoy asesor. Antier, La República refirió que Obregón Mansilla tiene una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto cobro indebido de una asignación por movilidad. Castillo señaló hoy en RPP que no tiene vínculo alguno con Cavassa.

Para el periodista Miguel Ramírez, quien investigó la falsificación de firmas de Perú 2000, la ONPE debería ser auditada. Hace dos días, el Consejo Nacional de la Magistratura, entidad que designa y destituye al jefe de esta institución, inició una investigación a Castillo. En tiempos electorales, es una mala señal que la entidad encargada de organizar el proceso del 7 de octubre pase por estos apremios.

Marco Alvarez
Desde que inició su segunda gestión, el alcalde de San Borja Marco Álvarez Vargas llevó a su esposa a la mayor parte de sus actividades públicas. Hoy la señora Teresa Ramírez de Álvarez busca sucederlo (Foto: El Comercio)

REGLAS QUE DEGRADAN EL PROCESO

Varios politólogos alertaron en su momento que la prohibición de la reelección de gobernadores regionales y alcaldes ocasionaría más problemas que aportes. Como indicó Fernando Tuesta, una autoridad puede ser corrupta en un solo periodo de gobierno, por lo que esta prohibición no soluciona nada en torno a este problema. Peor aún, no se establece un estímulo claro para autoridades que sí han cumplido claramente con su deber, en un contexto en el que la reelección de estas autoridades ha decrecido.

Lo que se ha terminado incentivando con esta regla absurda es lo que, con acierto, Rosa María Palacios ha denominado como “el regreso de la Panaca”. Esposas, hijos, exesposas, hermanos, tenientes alcaldes, vicegobernadores y otros allegados a estas autoridades buscarán reemplazar a quienes ocupan los cargos actualmente, en un ejercicio que nos devuelve a las más oscuras épocas de patrimonialismo. El decoro más mínimo se ha perdido.

¿Casos emblemáticos? Luis Castañeda Pardo buscando suceder a Luis Castañeda Lossio en Lima. Augusto Miyashiro quiere prolongar la dinastía de veinte años de su padre en Chorrillos. Marlon Jiménez Mogollón quiere reemplazar a su padre en Puente Piedra, pero el actual alcalde Milton Jiménez irá en su lista como teniente alcalde (ni Putin). Teresa Ramírez buscará suceder a su esposo Marco Álvarez en la alcaldía de San Borja. La única forma de parar esta sucesión por herencia es que el Jurado Nacional de Elecciones interprete que esta es una forma de sacarle la vuelta a la ley o que, en caso que estas candidaturas pasen, su voto impida la reinstauración de la panaca como mecanismo de reemplazo de autoridades.

Peor aún, existen alcaldes y gobernadores regionales que van, abiertamente, a desafiar la norma. Consideran que, como fue aprobada luego de iniciar sus periodos en 2015, es una regla que no deben acatar. Para colmo de males, el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera ha salido a defender la legalidad, dejando este caso a las interpretaciones que dará en los próximos meses. Más allá que esta regla nos parezca un absoluto disparate, es evidente que tiene que cumplirse.

Pero si la responsabilidad de este entuerto es compartida entre el Congreso anterior y las actuales autoridades ediles, el otro lío es responsabilidad de este parlamento. Dentro de las modificaciones hechas en este periodo legislativo a la legislación electoral, se ha permitido que los candidatos puedan tener domicilio múltiple. Es decir, un candidato que tiene casas o predios en dos lugares diferentes puede postular en cualquiera de estos distritos o provincias. Ha sido el caso del actual alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, quien ahora busca ser burgomaestre de la vecina Villa María del Triunfo (y dejar a su hermano como alcalde de VES), así como del titular de la alcaldía de Magdalena Francis Allison, quien busca ser alcalde provincial de Cañete (teniendo casa en Asia).  Un horror absoluto.

Municipalidad Metropolitana de Lima
Por lo menos, 15 candidatos a suceder a Luis Castañeda Lossio. Ninguno genera mucho entusiasmo (Foto: La República)

LIMA: SIN FAVORITOS Y SIN ENTUSIASMO

Entre quince a veinte personas aspiran a ser el reemplazante de Luis Castañeda Lossio como Alcalde Metropolitano de Lima. Todas las encuestas realizadas hasta el día de hoy muestran que ninguno de los postulantes tiene más de 10%. ¿Por qué?

En primer lugar, porque la campaña electoral no va a calentar hasta después del Mundial. Es claro que, más allá de las protestas regionales que están ocurriendo en el sur del país y los escándalos en el Congreso, la atención mediática estará concentrada en lo que ocurra en Rusia. Si bien varios candidatos van a hacer caravanas, presentaciones y ajustes a sus planes de gobierno, los reflectores sobre ellos serán menores de los que tengan los dirigidos por Ricardo Gareca. Para mucha gente, la política no es tema porque no influye en su vida. Peor aún, luego de dos alcaldes a los que terminó sintiendo lejanos al final de su periodo.

En segundo término, porque no hay un postulante que aglutine un antivoto. Es decir, no hay nadie a quien oponerse, como ocurría en la campaña municipal de 2014 con Susana Villarán. Al no permitirse la reelección, la posibilidad de ataques a la (mediocre) tercera gestión de Luis Castañeda Lossio se reduce sustancialmente como elemento que garantice votos.

Tercero, porque el desgaste de las gestiones Villarán y Castañeda ha hecho que la plaza limeña se enfríe como trofeo político. A diferencia de lo que (optimistamente) Alberto Vergara señalaba en 2010 – “podríamos estar asistiendo a una descentralización de la política en la que el único premio codiciado por las figuras importantes ya no es la Presidencia de la República” -, hoy la soledad política en la que acabaron nuestros últimos periodos municipales (Villarán sin reflejos políticos, Castañeda con un partido literalmente familiar) desalienta a que actores con mayor recorrido político se animen a postular. Súmese a ello la salpicada que nuestros últimos burgomaestres limeños tienen con el caso Lava Jato (con mayores evidencias, por ahora, en el caso de la exalcaldesa).

Sin embargo, aún la Alcaldía Metropolitana logra tentar a excongresistas (Reggiardo, Beingolea), exministros (Cornejo, Urresti), alcaldes distritales (Muñoz, Velarde, Gómez Baca, Zurek) o ex funcionarios municipales (Guerra García, Columbus). Ningún proyecto político, hasta ahora, apunta a salir del lugar común. Reiteramos, por ahora.

Sin embargo, como indica Eduardo Dargent, la campaña limeña tiene algunos atractivos para el analista. Se podrá comprobar el efecto de los medios y las redes sociales en las campañas. se podrá verificar si es que determinado tipo de oferta política (seguridad, espacios públicos, inclusión de poblaciones vulnerables) es más cercana a un determinado sector socioeconómico. También podrá verse si es que la profusión de candidatos cercanos a un perfil parecido (Urresti y Reggiardo en seguridad, Muñoz y Velarde con liderazgos similares en distritos AB) puede terminar anulándose entre sí.

Finalmente, la elección limeña tiene un perfil propio. Es notorio que ningún alcalde de Lima, desde Billingurst, ha conseguido que su paso por el municipio más importante del país termine en una carrera presidencial. Por tanto, se trata de un espacio que ha conseguido relevar su importancia política, pero donde las expectativas de un elector decepcionado del elenco estable que presencia a diario se han rebajado sustancialmente.

 

Algunas ideas sueltas sobre la “Marcha por la Vida”

Marcha Por la Vida
Movilización contra el aborto genera adeptos y detractores irreconciliables (Foto: El Comercio)

Mañana sábado, se realizará una nueva edición de la denominada “Marcha por la Vida” (MPLV), movilización convocada por grupos conservadores católicos y evangélicos en contra de la despenalización del aborto en el Perú. Tradicionalmente, esta manifestación ha congregado una importante cantidad de personas y genera polémica, dado que la materia que tiene como centro es, sin duda alguna, una de las que genera mayores pasiones en el mundo.

Antes de empezar, creo necesario hacer un disclaimer personal. Soy católico y no estoy de acuerdo con esta movilización. Mis razones las pueden leer aquí. Ahora sí, entremos en materia.

Un primer punto que debemos entender es que estamos ante una movilización que tiene una doble finalidad: religiosa y politica.

En lo religioso, sin duda, los sectores que se movilizan en contra del aborto pretenden dar una demostración de fuerza dentro de sus propias iglesias. En el caso de la Iglesia Católica, esta será la última “Marcha por la Vida” que encabece Juan Luis Cipriani como Arzobispo de Lima y, de hecho, varios de los golpes de efecto que se han querido dar desde hace meses hasta esta semana van en la línea de resaltar el liderazgo del Cardenal. Desde la necedad por hacer la misa del Papa Francisco en la Costa Verde – escenario donde normalmente termina esta manifestación -, pasando por el “monumento a la familia” inaugurado entre Magdalena y San Miguel, hasta la recurrencia a personajes del deporte bastante apreciados por el público en general (como Ricardo Gareca y Aldo Corzo), todo va en esa línea. Y no les sorprenda que mañana, a la salida de la entrevista que tendrá el Presidente de la República en RPP, Cipriani lo invite a la movilización ante cámaras.

En el caso de las iglesias evangélicas, como bien apunta el teólogo Juan Fonseca, son las denominaciones más recalcitrantes y autoritarias las que buscan dominar la escena. Y logran movilizar a sus seguidores en base a una premisa: “creen estar salvando a la humanidad de un inminente apocalipsis moral gracias a la eficaz campaña de terror anti-género impuesta por sus líderes”.

En lo político, estos grupos buscan que el Congreso de la República no apruebe nuevas causales de despenalización del aborto – que tiene una pena entre 3 a 6 meses de prisión – y que el Poder Ejecutivo no impuse proyectos en esta línea. Cabe recordar que solo se permite el aborto terapeutico para los casos en los que la vida de la madre corre peligro. La estategia es clara: dar un golpe de masas para inhibir a políticos tendientes a ir por donde la corriente les lleva. Más que a los convencidos, se apunta a los indecisos.

Segundo. Es claro que esta movilización no solo tiene como centro el aborto, sino que se pretende consagrar que solo existe un modelo de familia que debe ser amparado por el Estado: la familia héteroparental.

Una visión conservadora del mundo toma como premisa que la familia y las iglesias son instituciones fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Lo que se denomina como célula básica de la sociedad es percibida en una forma bastante restringida: una familia formada por hombre y mujer con fines reproductivos. Donde la mujer tiene un rol secundario, la reproducción asegura la transmisión de la propiedad vía herencia y la sexualidad solo se disfrutaría en tanto sirve para la “preservación de la especie”. De allí que la educación sexual, los métodos anticonceptivos y cualquier alusión a familias que salgan de este molde son practicamente penalizadas. Y, en el camino, se invisibiliza la violencia de género, en un país donde las mujeres claman todos los días por el respeto de sus derechos.

Esta visión, empero, tiende adeptos incluso en sectores que son creyentes meramente nominales. ¿El motivo? Buena parte de los padres de familia considera que los contenidos sobre sexualidad en los espacios educativos deben ser puestos al mínimo y desde una perspectiva que, en suma, se concentre en evitar que sus hijos tengan relaciones sexuales.

Una tercera cuestión que se debe considerar es que existe una estrategia bien trazada detrás de la MPLV. Veamos como ejemplo el uso del deporte. Ricardo Gareca es una persona que puede tener convicciones conservadoras (como la mayor parte de personajes del mundo del deporte en el Perú), pero a la que el Cardenal Cipriani ha rodeado hábilmente. El Arzobispado de Lima le donó un terreno a la Federación Peruana de Fútbol apenas clasificamos a Rusia 2018 para que construya un nuevo complejo, Gareca fue invitado a conocer al Papa Francisco en el Palacio Arzobispal y el técnico de la selección de fútbol brindó recientemente una charla en el Seminario de Santo Toribio, dominada por Cipriani y sus adeptos, donde habló maravillas del prelado.

Ojo, no todas las jugadas le salen al bando conservador, como el frustado intento de vincular a la Fuerza Aérea del Perú con una movilización frente a la que debían guardar neutralidad, como entidad estatal en un país laico y como institución no deliberante en materia política. O el descubrimiento de cartas en las que se pide movilizar alumnos (menores de edad) de colegios no religiosos. Pero sí debe reconocerse que hay una estrategia que no se puede ignorar.

Por ello – y este es mi último punto -, resulta importante que los sectores en contra de esta movilización entiendan que también deben trazar una estrategia política y no limitarse a quejas y parodias en redes sociales.

Ello implica saber que al otro lado hay una acción coordinada y fuerte. Por tanto, requiere, antes que diezmar fuerzas, articular una acción política efectiva. Identificar a los congresistas y políticos de todos los partidos que pueden ser aliados o personas a convencer para esta causa. Y, claro está, hacer la misma presión que vienen haciendo los grupos evangélicos y católicos conservadores. Para ello se requiere, obviamente, una organización y recursos.

También es necesario considerar que, si bien es bueno contrarrestar los argumentos (o la carencia de los mismos) de los activistas conservadores, en realidad el centro de las preocupaciones debe estar en el ciudadano. Y sobre todo, apostar a los indecisos o quienes se dejan llevar por los números en estas materias.

Además, resulta necesario tener empatía.  Sin duda, el gran defecto de los sectores conservadores es que no se colocan en el lugar del otro. Hablan de la familia bien constituída, pero no demuestran ni un gramo de química hacia personas homosexuales. Mientras que, en el caso del aborto, la mujer que es violada y que no quiere tener al hijo producto de tan execrable acto es vista como una pecadora peor que María Magdalena. Incluso estos sectores tampoco impulsan una legislación que haga más fácil la adopción. Este es un ángulo que el sector más liberal debería explotar más.

Finalmente, hay que tener claro el terreno que se está pisando. Un importante sector de peruanos es conservador: Sea por convicción pura y dura, por temores o por no quedar mal con la mayoría, hay una buena parte de compatriotas que sigue adscrito a una visión de familia “bien constituida” al menos en el discurso. Los políticos lo saben (y ello explica el silencio sobre este tema tanto del Presidente de la República como de su gabinete). Y es necesario saber que las redes sociales no lo son todo en este tema. Si los conservadores se han posicionado, es porque cuentan con una organización real. Y ello es lo que el sector más liberal en lo valórico debe construir en estos años.

 

¿Cómo enfrentar el legado de la violencia?

Abimael Morote
El abrazo del terror (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

La semana pasada, la opinión pública peruana se vio conmocionada por la decisión judicial que otorgó arresto domiciliario a Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo, integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso. Cada vez que un sentenciado por terrorismo sale de prisión – debido al cumplimiento de su pena y/o a la demora en los procesos pendientes contra los integrantes de la mayor banda criminal de nuestra historia – nuevamente se desatan pasiones que creíamos bastante dormidas.

Es innegable y comprensible el rechazo que despiertan estas decisiones. Sendero Luminoso fue una organización subversiva y terrorista que inició un conflicto armado interno que desangró a la sociedad peruana y que cobró una alta cantidad de víctimas mortales, la mayor en la historia republicana. Los miembros de su cúpula no han expresado – a diferencia de lo ocurrido con varios integrantes del MRTA – arrepentimiento alguno por sus crímenes. Y, peor aún, sus abogados, familiares y algunos jóvenes que se han adherido a sus ideas propugnan una inaceptable amnistía que saque de la cárcel a estos criminales. Estos sentimientos, sin duda, son legítimos.

Pero, además, salen a la luz otras manifestaciones con menos asidero. El incumplimiento de decisiones judiciales que, aunque controvertidas, se ajustan a derecho. La reivindicación de un indultado autócrata que se preció de “derrotar al terrorismo”, pero cuyo fantasma sobre su posible resurrección es agitado por sus sucesores. Ciudadanos que alucinan que la única forma de acabar con el terror es a lo Rambo, olvidando que los repudiados senderistas fueron capturados con las armas de la ley, gracias al GEIN y a valerosos policías y militares. Y, por supuesto, irresponsables congresistas que ya se ven proponiendo leyes de amnistía porque pretenden seguir confundiendo a nuestros héroes con la gente que deshonró el uniforme de Grau y Bolognesi.

En otras palabras, el miedo, la desesperación y los reflejos autoritarios terminan ganando a un sector de ciudadanos. Y, en su variante más dura, se llega al terruqueo.

Durante los últimos días, se han propuesto una serie de soluciones legales y policiales que miran una importante arista del problema: es necesario que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan bien su trabajo y culminen los casos Soras y Tarata a la brevedad posible, con las más altas penas para los involucrados, de acuerdo a su responsabilidad. Y lo mismo con el caso Perseo, que se concentra en la conexión entre los cabecillas senderistas y los miembros del Movadef.  Sin duda, ello cerraría el círculo que, con la salida de Morote y Liendo de la cárcel, se ha vuelto a abrir.

No es la única tarea legal en ciernes. Lo ocurrido con los casos Soras, Tarata y Perseo es lo mismo que viene ocurriendo con procesos recaídos sobre agentes del Estado. Los juicios orales en casos emblemáticos como Cabitos y Accomarca, por solo mencionar dos ejemplos, han durado más de cinco años. Ello es inaceptable tanto para los familiares de las víctimas – varios de los cuales han muerto en el camino – como para los mismos acusados (aunque, muchas veces, son sus abogados quienes han dilatado estos procesos). Cuando algunos políticos se llenan la boca diciendo que “hay casos que duran 30 años”, olvidan que han mediado juicios (inválidos) en el fuero militar, la Ley de Amnistía de 1995 y las demoras judiciales atribuibles tanto al sistema procesal peruano como a los abogados de los acusados. Es necesario, por tanto, que la Sala Penal Nacional recupere su especialidad exclusiva para estos casos y, de una vez por todas, los cierre con sentencia.

No hay que olvidar tampoco como llegamos a esta situación. Los defensores de las cadenas perpetuas a mansalva de la década de 1990 olvidan que estos juicios no cumplieron con las garantías del debido proceso. Y que tuvimos que anularlos ante sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Tal es así que el propio Fujimori – el principal responsable de esta situación – tuvo que crear una comisión ad hoc para indultar a personas que eran inocentes. Y los juicios realizados en democracia no solo cumplieron con las reglas del debido proceso, sino que aseguraron altas penas para los terroristas, en base a sus responsabilidades individuales. Podemos discutir las penas impuestas, pero lo cierto es que los procesos fueron ejemplares.

Pero la solución no queda únicamente en el plano estrictamente legal y policial (vinculado, sobre todo, al seguimiento necesario a los sentenciados por terrorismo que salen por cumplimiento de penas). Es cierto que el caso Perseo probablemente deje a los líderes de Movadef en una prisión que, por su edad, terminará en una suerte de cadena perpetua en la práctica. Pero lo cierto es hay un conjunto de jóvenes que se ha visto persuadido de una ideología fundamentalista. Por ello, conviene prestar atención al espacio educativo, como señaló Roberto Bustamante hace un lustro:

El asunto es que, como país, no terminamos de ocuparnos de las escuelas. Estas siguen siendo espacios violentos, que generan un sentimiento de desapego en muchos niños y niñas del Perú. ¿Qué clase de ciudadano sale de un colegio lleno de rejas, donde el profesor está esperando con una vara a que termine el recreo para golpear a los alumnos para que regresen al aula? ¿Qué pasa cuando el profesor le dice al alumno que su forma de hablar el español es “motosa” y que debe “aprender a hablar bien”?

No cabe duda que la enseñanza (crítica) sobre el periodo de violencia es necesaria. Como docente universitario, compruebo que los jóvenes requieren información sobre un lapso de tiempo que ven como lejano, pero sobre el que, en muchos casos, quieren conocer. Y ello no solo implica que los alumnos conozcan el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación o vayan al LUM. Sino que realmente nuestras escuelas y universidades sean lugares donde el docente no sea el único propietario del saber, sino que enseñe a aprender a sus alumnos, en forma democrática.

Por supuesto, también implica que nuestros partidos den una respuesta. Como refirió hace algunos años Martín Tanaka, ello implica denunciar “claramente lo que Sendero Luminoso es, un grupo terrorista, homicida. Y si ellos se paran delante tuyo y te gritan consignas a favor de Abimael Guzmán, lo que hay que hacer es pararse y gritarles también en la cara que repudiamos a los asesinos y terroristas”. Nada más, nada menos. El debate con el fundamentalismo resulta una tarea imposible.

Y también es necesario que nos asumamos como una sociedad post conflicto. Algo que significa apreciar que existen comunidades andinas y selváticas en las que conviven, en un mismo espacio, perpetradores y víctimas (así como sus familias). En donde el periodo de violencia fue aprovechado para venganzas privadas. Conociendo que la mayor parte de víctimas provino de los sectores más excluidos de nuestra patria. Y donde, en las ciudades (sobre todo en Lima), vivimos con el panorama descrito por Marco Avilés:

Pensemos en el cuarentón de la camioneta. También en quienes ahora dirigen el país, desde el Gobierno hasta las empresas. Son los jóvenes que durante la guerra vivieron encerrados en casa mientras afuera las bombas estallaban y la gente era secuestrada. No iban a fiestas ni a discotecas. Sus padres no los llevaron de vacaciones al Cusco. Tengo hermanas mayores y de niño vi el celo con que salían para intentar divertirse. Siempre en grupos. Siempre a lugares cercanos. Si no había condiciones de seguridad, se quedaban en casa. Un día mataron al compañero universitario de una prima cercana en un atentado. Empezaban los años noventa. En los meses siguientes, ella hizo todo lo posible para irse del país y nunca más volvió. Muchos se fueron. Otros no se fueron nunca. Se quedaron. Y terminaron de formarse en ese país aterrorizado, corrupto, donde se estafaban o mataban unos a otros. Veinte años después, cuando la paz es esto que vivimos, ellos están en el poder. Están en el Gobierno, en las empresas, dirigiendo sus propias familias. Quieren darles a sus hijos lo que nunca tuvieron: seguridad a cualquier precio. Sienten el derecho de tomar lo que antes les fue negado. Y lo hacen con ese mismo frenesí de los niños que salen al recreo después de haber pasado mucho tiempo castigados y encerrados. Quizá intuyen que la libertad será breve, pasajera. Que deben conseguirlo todo para hoy. Porque quizá el mañana no existe.

Asumir que somos una sociedad que tiene que convivir con un legado de dos décadas de violencia y miedo es el primer paso para superar aquellas marcas indelebles que aún los peruanos tenemos pendientes por procesar. Y ello no se superará en tanto sigamos negando aquello que, cada vez que volvemos a tener temor de volver a vivir un pasado de terror y muerte, nos vuelve a saltar en la cara.

Una primera mirada al gabinete Villanueva

Vizcarra y Gabinete
Foto de Promoción (Fuente: Facebook Martín Vizcarra)

Se trata de un equipo ministerial con menos peso político del que se pensaba. Casi por completo está centrado en César Villanueva, un Presidente del Consejo de Ministros al que se vislumbra como un contemporizador (aunque también puede pecar de pretender quedar bien con todos – y con ello, mal con nadie -). Los demás ministros – con excepción de Salvador Heresi – tienen un perfil más bien técnico.

Si bien no es un “gabinete de guerra”, tampoco es un equipo que, en términos generales, haya tenido el beneplácito total del fujimorismo. Si pudiéramos encontrar un símil para el nuevo equipo ministerial, sería parecido a un típico gabinete de Ollanta Humala: ortodoxos en sectores económicos, liberales y socialdemócratas en carteras sociales, militares y policías en retiro para las carteras ligadas a seguridad.

Dos notas distintivas frente a la administración pasada. La primera es que se trata de un gabinete más variopinto en orígenes sociales. Varios son provincianos y al menos cinco llegan desde universidades nacionales (2 UNI, 2 Villarreal y 1 San Marcos). Los ministros que han pasado por la PUCP siguen siendo mayoría (6) y la cuota de la Universidad del Pacífico ha disminuído (2). La segunda, es que hay menos gerentes privados y gestores de intereses – con excepción de Daniel Córdova – y más tecnócratas, varios de ellos con experiencia en el Estado.

Otro esfuerzo que deberá tener el nuevo gabinete es el diálogo entre las distintas tendencias a su interior. Un ejemplo lo ilustra: David Tuesta es un ortodoxo que piensa más allá de la caja en varios temas (por ejemplo, pensiones). ¿Cómo compatibilizar esto con un ministro de Trabajo como Christian Sánchez que es más cercano a una línea progresista en temas laborales y con un titular de la Producción como Córdova que es más cercano a intereses de empresas?

El elenco se terminó de armar en la noche del domingo. Según se puede ver en la web de la Presidencia de la República, durante todo el Domingo de Resurrección desfilaron por Palacio los nuevos ministros de Interior, Justicia, Cultura, Vivienda, Educación y Comercio Exterior y Turismo. Tal vez por ello, algunos antecedentes que ya saltan en las redes sociales no han sido bien examinados.

Por ahora, el equipo despierta más incógnitas que entusiasmos. En suma, las prioridades estarán más claras cuando César Villanueva exponga la política general del gobierno ante el Congreso de la República. Allí también veremos el talante real de Fuerza Popular frente al nuevo gabinete.

Dicho todo esto, pasemos a ver la lista de ministros, cartera por cartera.

César Villanueva (Presidencia del Consejo de Ministros): Es quien tiene más experiencia política que todos: gobernador regional en San Martín en dos ocasiones, efímero PCM en tiempos de Humala, congresista por las filas de Alianza Para el Progreso. De entrada, ya cosecha tres posibles cuestionamientos: haber sido artífice de la vacancia de PPK y negar que iba a ser cabeza de un gabinete de Vizcarra, un presunto vínculo con Jorge Barata que se ha apurado en desmentir y sus ambiguas declaraciones sobre el enfoque de género brindadas ayer por la mañana. Ser concertador no puede ser sinónimo de tratar de caerle bien a todo el mundo.

Néstor Popolizio (Relaciones Exteriores): Un diplomático de carrera para un ministerio que había tenido a una antecesora para el olvido. Las críticas a su nombramiento han llegado por un recuerdo sobre noticias que lo vinculaban a un presunto traslado de dinero desde Torre Tagle al Servicio de Inteligencia Nacional en 1998 – del que parece haber salido bien librado – y su manejo poco feliz de un incidente diplomático con Francia, cuando se tejió el rumor que la familia Humala – Heredia se iba a asilar en la embajada de dicho país. Su primer reto se viene ahora, con la Cumbre de las Américas (ver más en la columna de Óscar Vidarte de hace una semana).

José Huerta Torres (Defensa): General de Brigada en situación de retiro, perteneciente al arma de Artillería. Llegó a ser Inspector General del Ejército entre 2001 y 2002 (es decir, el número 3 de su institución). Era el actual viceministro de Políticas para la Defensa, nombrado durante la gestión de Jorge Kisic. Se le cuestiona por haber firmado la famosa acta de sujeción en 1999, donde se comprometía a la alta oficialidad de la época a respaldar al régimen de Fujimori y a la Ley de Amnistía de 1995. Además de responder por este tema (que ya lo coloca en un serio entredicho), su principal reto se viene al enfrentar el tema pensionario militar policial, donde el gobierno anterior tenía una posición clara en llevar la norma de homologación de pensiones con los sueldos actuales de oficiales y suboficiales ante el Tribunal Constitucional.

David Tuesta (Economía): Doctor en Economía por la PUCP. Durante varios años, ha sido el líder de estudios económicos en el BBVA Continental. Recientemente, integró la Comisión de Protección Social, que entregó un informe para la reforma del sistema de pensiones y de la salud pública, donde se combinan componentes públicos y privados. ¿Reimpulsará este estudio y sus conclusiones? Es cercano al exministro Luis Carranza, con quien ha escrito textos académicos y ha trabajado en los últimos meses en la Comisión Andina de Fomento.

Mauro Medina (Interior): Policía en situación de retiro desde 2010. Fue viceministro de Orden Interno durante la gestión de Daniel Urresti en Interior. Ha sido jefe de la Policía en Puno y Piura. Según nuestras fuentes, tiene fama de incorruptible, lo que ha sido confirmado por el exministro Fernando Rospigliosi. Se desconoce si retomará los esfuerzos de reforma hechos por Carlos Basombrío hasta diciembre de 2017.

Daniel Alfaro (Educación): Llegó al Ministerio de Educación de la mano de Jaime Saavedra, como director general de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística. Se retiró, de acuerdo a nuestros informantes, cuando su antecesor en el cargo, Idel Vexler, comenzó a desmantelar su equipo. Antes fue funcionario en el MINCETUR  y en el Ministerio de Cultura. También trabajó en la revista Semana Económica. Según nuestras fuentes, no es un conservador en temas de género. Algunos analistas del tema educativo le ven cercanía a los sectores que propugnan una mayor entrada de instituciones con fines de lucro. Otros lo ven como un técnico capacitado, cuyo fuego político está por verse.

Silvia Pessah (Salud): Candidata a ser el cuco de dos sectores que han pesado mucho en el sector. Por su experiencia en salud sexual y reproductiva y su mente abierta en estas materias, va a recibir fuertes embates conservadores. Mientras que algunos gremios médicos tienen resistencias contra ella por su actuación como viceministra en la gestión de Patricia García. La incógnita es si tendrá el peso político para hacer frente a estas críticas.

Christian Sanchez (Trabajo y Promoción del Empleo): Concentra dos grandes unanimidades: conoce el sector a fondo y es un experto y, a su vez, va a ser la ficha más a la izquierda del equipo ministerial. Sánchez firmó hace cuatro años un comunicado donde señalaba que, si bien era necesaria una reforma integral de la regulación laboral, tampoco consideraba que los sobrecostos laborales fueran tan elevados. Firmar este comunicado le costó su puesto en la SUNAFIL, a pedido de la Sociedad Nacional de Industrias. De allí que periodistas como Jaime de Althaus hayan saltado hasta el techo porque no se daría una reforma laboral entendida como una mayor flexibilización de derechos laborales y, sobre todo, en la protección frente al despido.

Gustavo Mostajo (Agricultura y Riego): Se trata de un técnico con experiencia en SENASA y como agregado agricola en Brasil. No se tiene mayores señas sobre su perfil más allá sobre su experiencia en este sector.

Salvador Heresi (Justicia y Derechos Humanos): El nombramiento más controvertido de todo el gabinete. La única explicación racional para su designación es, como apunta Juan Carlos Tafur, consolidar la unión entre la bancada oficialista y el Presidente de la República. A Heresi se le cuestionan amistades cercanas a casos de corrupción – entre ellos, el sentenciado por colusión Alex Kouri, para quien trabajó -, cierta tendencia a la farandulización (ver su campaña a la alcaldía de Lima en 2014) y un entorno con tendencias conservadoras. Sobre la papa caliente de su sector, el indulto a Alberto Fujimori, ha tenido posiciones disímiles: cuando PPK lo otorgó, estaba a favor; hoy se muestra más favorable a acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea cual fuere el sentido.

Daniel Córdova (Producción): La otra piñata del gabinete en redes sociales. Hace 8 años, intentó postular a la Presidencia de la República mediante una “ocupación hostil” del Partido Popular Cristiano, que se vio frustrada rápidamente. Fue candidato al Congreso con PPK en 2011, sin éxito. Se le ha criticado sus posibles conflictos de intereses por haber participado a la vez en el Instituto Invertir y la empresa de comunicación empresarial Newlink (que hoy es manejada por Cecilia Blume), que manejó la cuenta de Southern Perú luego del conflicto Tía María. El economista fue vocero de la empresa sobre los yacimientos de Toquepala. También se ha mencionado en su contra un carácter poco proclive a las críticas. Según nuestras fuentes, Córdova tiene una buena relación con Villanueva desde hace algunos años.

Rogers Valencia (Comercio Exterior y Turismo): Cusqueño, miembro de la Asociación Civil Transparencia. Es un promotor del sector Turismo y ha sido, hasta ayer, el viceministro del ramo. Un cambio de prioridades en un ministerio tradicionalmente dedicado a los TLCs.

Francisco Ísmodes (Energía y Minas): Ha sido gerente de la minera Milpo, una de las pocas que ha tenido cierta tranquilidad con sus proyectos y también ha trabajado en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Cercanos a él lo presentan como un “minero con sentido social”. Veremos como revitaliza el sector.

Edmer Trujillo (Transportes y Comunicaciones): Persona de suma confianza de Martín Vizcarra, con quien trabajó en Moquegua. Ya fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (esta última, su especialidad). Trujillo tiene el reto central de ver temas de infraestructura para impulsar la inversión pública y la reconstrucción del norte del país. Se le critica que es poco dado a hablar con los medios.

Javier Piqué del Pozo (Vivienda, Construcción y Saneamiento): Profesor de la UNI, ingeniero civil (con grado de Magister en el prestigioso MIT) y un experto en estructuras sismoresistentes. Quienes lo conocen, indican que tiene el don de caer bien tanto a sectores de izquierda como a los fujimoristas, además de ser una persona bastante correcta. También es un preocupado por la calidad de la educación universitaria y un partidario de la actual normativa sobre la materia.

Ana María Mendieta (Mujer y Poblaciones Vulnerables): Ha sido viceministra de la Mujer en las gestiones de Carmen Omonte y Marcela Huaita. Dentro de los sectores feministas, es una incognita sobre si será una aliada o si buscará pasar con perfil bajo en una cartera donde hay reclamos por una mayor actividad, luego de la salida de Ana María Romero en julio pasado.

Fabiola Muñoz (Ambiente): Ha sido directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal (Serfor). Su gestión fue criticada por algunas organizaciones no gubernamentales que velan por evitar el tráfico ilegal de madera.  Es abogada y tiene buenas credenciales académicas. La interrogante es si podrá devolver protagonismo a un sector que ha perdido terreno en los últimos meses.

Patricia Balbuena (Cultura): Vuelve al sector que dejó en 2016. Se desempeñó como viceministra de Interculturalidad, donde condujo los primeros procesos de consulta previa en el país. Profesora de la Escuela de Gobierno de la PUCP – disclaimer, donde también soy docente – y directora del programa Cuna Más hasta hace pocos días.

Liliana La Rosa Huertas (MIDIS): Actual decana nacional del Colegio de Enfermeras del Perú.  Ha trabajado en SERVIR, APCI y el Ministerio de Salud. También es docente de la Escuela de Gobierno de la PUCP.  Según Infogob, es militante del Frente Amplio, lo que hace más importante aún un manejo pulcro e imparcial del sector.

Panorama político de Marzo

PPK Flauta
Foto: Perú.21

Pedro Pablo Kuczynski: Jugando a la permanencia en la categoría de Presidente de la República. Busca seguir minando a Fuerza Popular con la hemorragia de parlamentarios causada por Kenji Fujimori. También juega a su favor que, en sectores institucionalistas, su vacancia se ve nuevamente como un mal menor frente a los atropellos del Congreso con la alianza apro – fujimorista. Los dardos envenenados en su contra, más que de Barata, vienen de su exsocio Gerardo Sepúlveda. Su destino político sigue siendo de pronóstico reservado.

Keiko Fujimori: En su peor momento político. La salida a cuentagotas de congresistas de su bancada afecta su imagen de lideresa. Si bien las declaraciones de Barata no la incriminan directamente, le han generado un daño tremendo a su imagen. Una bancada abiertamente obstruccionista no despierta adhesiones en casi nadie. De allí que muchos vean en el apoyo a la vacancia un salto hacia adelante para salvar su proyecto político.

Kenji Fujimori: Por ahora, es el ganador inicial de las disputas veraniegas. Va consolidando una bancada que le permite negociar obras con el gobierno, así como el mantenimiento del indulto a su padre, a cambio de no vacarlo. Aun no se vislumbra sus planes si es que papá vuelve a la DIROES o a Tokio. Y su bancada corre riesgos debido a la cantidad fuerte de acusaciones en su contra ante la Comisión de Ética, a punto de ser revividas por Fuerza Popular. Accesitarios se vuelve una palabra clave.

Alberto Fujimori: Un retorno sin gloria, lejos del baño de masas que esperaba. El exreo aguarda en La Molina el destino de su indulto. Un arqueo de cejas se debe haber producido anoche, cuando Carlos Bruce indicó que pertenecía a un sector del gobierno favorable a acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contrario a su liberación. Sigue siendo el mejor consejero de su hijo.

Martín Vizcarra: Un silencio que ha creado imágenes distintas sobre su persona. Los más institucionalistas lo imaginan como un Paniagua II. Los fujimoristas lo creen cooptable. Ayer tuvo una victoria, cuando el Ministerio Público archivó la investigación por el caso Chinchero, la mayor amenaza a una posible presidencia suya. La relación con Palacio, sino rota, está bastante deteriorada.

Mercedes Araoz: Preside un gabinete donde importa más la imagen que lo que se hace, al mismo tiempo que se mandan al desvío varias reformas importantes (en particular, en el sector Educación). Más efectivos como operadores políticos para el gobierno resultan Javier Barreda y Jorge del Castillo, otrora enfrentados en el APRA. A su favor, está la lealtad con el Presidente.

Luis Galarreta: Cumpliendo los peores presagios sobre su presidencia del Congreso. Los dos dardos institucionales aprobados en estos días – la modificación de las reglas sobre cuestión de confianza y la posible nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura – vuelven a la imagen del fujimorismo de la década de 1990. Es el mejor antídoto para vacar a PPK. Con esta imagen y las movidas de Kenji, Fuerza Popular corre el riesgo de quedarse sin mesa directiva en julio próximo.

Alan García: Liquidado electoralmente, apuesta como única salida el caos, contexto donde puede venderse como figura confiable. Si bien puede salir librado judicialmente del caso Lava Jato, la impresión en la opinión pública sobre su probidad es bastante clara (y negativa). Y, para colmo de males, el CEN que impuso con el apoyo de Mauricio Mulder acaba de ser declarado nulo por el Jurado Nacional de Elecciones.

Alejandro Toledo: Por aplicar la segunda parte de su plan para evitar la extradición. De un lado, presionar a PPK con el conocimiento de presuntos hechos irregulares en su administración. De otro lado, jugar con sus abogados – lobistas y sus contactos en Washington. Su caso es el mejor armado de todos los políticos en problemas.

Verónika Mendoza: Aparecer como la artífice de la vacancia le puede generar un serio problema si no prospera. Al mismo tiempo, las indecisiones de su bancada y su entorno sobre Venezuela la siguen enredando en un tema donde parecía haber zanjado posición hace algunas semanas. Anda en búsqueda de un perfil propio aún esquivo.

Pablo Sánchez Velarde: El Fiscal de la Nación anda más sosegado luego que el Consejo Nacional de la Magistratura archivara las acusaciones disparatadas en su contra. Las acciones de los fiscales de lavado de activos hacen que las demoras de sus pares sobre corrupción aún aparezcan con tímidas críticas. La pregunta es si irá o no a la reelección.

Marco Arana: Buscando un perfil más verde que rojo, como indica una bien dateada nota de Juan Carlos Tafur. Apuesta por sus banderas iniciales sobre recursos naturales y medio ambiente, buscando un espacio propio entre Mendoza y Gregorio Santos. No descarta una movida al centro.

Eloy Espinoza – Saldaña: Convertido en la piñata del Tribunal Constitucional dentro y fuera del mismo. Tanto el caso El Frontón como un error en su hoja de vida – enmendado posteriormente – lo han puesto en la picota, pero también han revelado un plan para que el TC termine sirviendo a los intereses de Keiko Fujimori.

Luis Castañeda Lossio: Buscando un legado, a partir de obras por inaugurar (Línea Amarilla) o en inicio (restauración del Teatro Segura). Percibiendo que, con sus candidatos a sucederlo en 10% de intención de voto como máximo, no es mal negocio postular a su hijo como su delfín en el cargo.

Roque Benavides: Fue el único en reconocer que recibió dinero de Odebrecht. Pero la imagen de CONFIEP ha quedado maltrecha por la falta de transparencia sobre su participación en la campaña electoral de 2011. Sin embargo, no han sido proactivos en proponer reformas contra la corrupción o modificaciones al sistema de financiamiento de campañas electorales, cuestiones que los han golpeado en las últimas semanas.

Juan Luis Cipriani: No sacó el provecho deseado de la visita del Papa Francisco y ha vuelto a tener un revés en la Conferencia Episcopal Peruana, que nunca presidirá. Sus objetivos están en seguir obteniendo logros en su visión sobre educación y salud en el Estado, así como conseguir que su jefe nombre un sucesor afín a su conservadurismo.

Julio Guzmán: Uno de los pocos ganadores en la coyuntura actual. Está en el segundo lugar de encuestas presidenciales, cada vez más cerca de Keiko Fujimori. Sus giras a provincias y la construcción de un partido le están generando réditos, al igual que la carencia de acusaciones en su contra. En el debe está una explicación sobre cómo viene financiando su carrera política.