La Comisión de Reforma Política y la bicameralidad: algunos comentarios

Comision de Reforma Política
La Comisión de Reforma Política junto al presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar. Este miércoles, se conoció su informe y sus recomendaciones. (Foto: Andina)

El miércoles pasado se hizo público el informe de la Comisión de Reforma Política, grupo de trabajo liderado por Fernando Tuesta. La CRP tuvo el encargo del gobierno para elaborar una serie de propuestas para mejorar el maltrecho sistema político peruano, que han sido ordenadas en cuatro ejes centrales. El documento presentado, trabajado desde una perspectiva académica, es bastante sencillo de leer.

Antes de continuar con el análisis, una pequeña atingencia personal: conozco a todos los miembros de la Comisión, trabajo directamente con algunos de ellos y reconozco su valía profesional y personal. Ahora sí, pasemos al análisis.

Casi de inmediato, la atención se ha centrado en una de las propuestas: el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República. Una alternativa que ya se había debatido a propósito de las iniciales propuestas planteadas el año pasado por el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, hay que decir que hay diferencias sustanciales. El proyecto de bicameralidad presentado por el Poder Ejecutivo tenía serias fallas de diseño, varias de las cuales son corregidas por la alternativa planteada por la CRP. En realidad, existía consenso en la comunidad politológica peruana en que la aprobación de este proyecto, tal cual se presentó, en el referéndum de diciembre hubiera sido un avance parcial y limitado.

Pero a Vizcarra se le presentó la Virgen, en forma de “proyecto modificado por el Congreso de la República”. El aprofujimorismo le metió una serie de contrabandos – entre ellos, los referido a mecanismos de control del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo – que convertían a un proyecto perfectible en algo inaceptable. De allí que propuso que votaran No en el referéndum de diciembre último en este punto, lo que ocurrió con resultados ampliamente mayoritarios.

La propuesta de bicameralidad de la Comisión de Reforma Política mejora sustancialmente las iniciativas que discutimos en la segunda mitad del año pasado. Los aportes mayores me parecen los siguientes:

  • Cambio de fecha de elección del Congreso de la República, que ahora se hará junto con la segunda vuelta electoral presidencial.
  • Reforma del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que ahora estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia y ya no del pleno del Congreso.
  • Eliminar el número fijo de congresistas para la Cámara de Diputados. Aunque suene impopular – y volveremos a esto luego -, dado el tamaño de población de nuestro país, necesitamos un número mayor de congresistas. Para el Senado sí se mantendrá un número fijo de representantes (50 personas).
  • Eliminación del voto preferencial, pues habrán elecciones primarias obligatorias en los partidos con participación de la gente.
  • Inclusión de distritos especiales para peruanos en el exterior y pueblos indígenas. Esta es una medida que se ha tomado, con buenos resultados, en otras partes de América Latina. El número de representantes para cada uno sí puede ser mejor ajustado.
  • Paridad y alternancia en las listas para Senado y Cámara de Diputados. Es necesario mejorar la representación femenina en la política y esta es una medida que puede incentivarla.
  • Racionalización de los mecanismos de control parlamentario. Se elimina el voto de investidura al gabinete y se hacen ajustes a los mecanismos de interpelación y de censura.
  • Se elimina la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, que se había convertido en un “cajón de sastre” para sacar al Presidente si se tenían los votos para hacerlo.
  • Mejora en la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria y la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se estima un representante por cada bancada.
  • Mejora en las reglas sobre transfuguismo en el Congreso y para la conformación de bancadas.
  • Diferencias claras de funciones entre Senado y Cámara de Diputados.

Si bien existe aún debate sobre cuando y cómo se debe debatir estas propuestas, considerando el referéndum de diciembre último, es cierto que la propia CRP señala que hay un deadline. Según la legislación actual, no se pueden aprobar modificaciones a las reglas electorales hasta un año antes de su celebración. Así, el plazo es bastante ajustado para ello. Si el Poder Ejecutivo desea impulsar estos cambios, debe hacerlo ya.

En los términos planteados, me parece que la Comisión de Reforma Política establece una buena alternativa de nuevo Congreso de la República. Sin embargo, creo yo que, para que esos cambios pasen y para eliminar otros vicios parlamentarios, es necesario que esta propuesta sea completada por una modificación de la administración del Congreso.

Todos los escándalos que vemos sobre sueldos, asesores, gollerias, viajes y semanas de representación tienen que ver con ineficiencias administrativas que deben ser cambiadas. Este paquete complementario implicaría toda una serie de cambios en el Reglamento del Congreso y en sus normas internas. Y debe tener prioridad inmediata. Aquí está la base de la desaprobación. Pero nadie le brinda prioridad. ¿Cuáles son estos cambios administrativos urgentes?

  • Cambio del sistema de contrataciones laborales del Congreso de la República. Se debe cambiar la contratación de asesores en la línea de la propuesta de la Asociación Civil Transparencia, que consideraba una reducción en su número, así como adscribir la mitad al servicio parlamentario regular y la otra mitad contratada como personal de confianza. En todos los casos, el acceso debe hacerse por concurso público.
  • Sueldos parlamentarios: sincerar el monto y dejar la práctica de bonos o encubrimiento de aumento de sueldos. Si los congresistas desean un incremento, deberán justificarlo en términos técnicos.
  • Registro de visitas transparente. Hoy no cubre a las personas que van a las oficinas de los congresistas. Tiene que existir una obligación general de exhibición de estos datos.
  • Mejora y racionalización de la contratación de bienes y servicios.

Claro está, ninguno de estos cambios tendrán un impacto si es que el elenco estable del Congreso de la República continua emitiendo declaraciones tan infelices como las que ha proferido durante toda esta semana. Hemos tenido expresiones que irritan mucho en un país donde los sueldos son bajos y la precariedad laboral es la regla.

En resumen: creo en la bicameralidad. La reforma de la CRP es mejor que la presentada por Vizcarra y que la que rechazamos en diciembre. Pero debe ser complementada con cambios administrativos urgentes en el Congreso. De lo contrario, su viabilidad corre peligro. Y ello debe ser apuntalado por un liderazgo efectivo desde el Poder Ejecutivo.

 

Ni Fuerza, ni Popular. Razones para la debacle del fujimorismo.

Familia Fujimori
(Foto: Keiko Fujimori)

Fuerza Popular había cerrado un 2018 de horror: su lideresa fue encarcelada por actos de obstrucción a la justicia en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, su popularidad estaba en el subsuelo, su líder histórico vivía en el limbo de la Clínica Centenario y el partido se hallaba en reorganización. Dos años después, habían dilapidado sus reservas políticas, en la misma forma que Alberto Fujimori lo hizo con el erario público en su década de gobierno.

Transcurridas casi dos semanas del nuevo año, la situación ha empeorado. Keiko Fujimori seguirá en la cárcel, las voces que piden que Albeeto Fujimori vaya de retorno al Establecimiento Penal Barbadillo son mayores, Kenji Fujimori no tiene la más mínima intención de retornar a la política, perdieron a Chávarry en el Ministerio Público y la situación parlamentaria es de temer. Ya no cuentan con la presidencia del Congreso de la República, ni con la mayoría parlamentaria. Incluso el APRA, su aliado por varios años, comienza a tomar “respetable distancia”, como enuncia un conocido vals. Y, para remate, algunos analistas que tomaban te y galletitas con ellos comienzan a buscar al “Bolsonaro peruano”, pues comienza a considerar que el fujimorismo es “demasiado tibio” con sus rivales (léase, zurdos, socialdemócratas y liberales).

¿Cómo se llegó a esta situación si, como algunos señalaban, estábamos ante el partido más sólido del país?

Se han hecho varios estudios académicos en los últimos años sobre el fujimorismo. Varios de ellos han enfatizado bien en la construcción de una identidad no ideológica basada en el rescate de los supuestos logros de la década de 1990. Otros fueron más allá y aludieron a una supuesta representación “de los de abajo” (en realidad, sería más preciso decir, del mundo informal y, en varios casos, ilegal, lo que atraviesa a varios segmentos sociales). Y no han faltado quienes aludían a la fortaleza de Fuerza Popular, colocando a la agrupación como un ejemplo de la construcción de nuevos partidos políticos en un tiempo en el que se creía que los mismos desaparecerían.

Sin embargo, la realidad ha develado que el fujimorismo tenía varias de las debilidades de sus rivales. Como señala bien Eduardo Dargent, los triunfos de FP eran equivalentes a los que Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal tienen en el torneo futbolístico local tradicionalmente. Ello produce, a mi criterio, una sobrerrepresentación de lo que podían generar. Si a ello se le suma un triunfo parlamentario proveniente, en buena medida, de los efectos de las reglas electorales (sin dejar de lado a las simpatías que muchos han tenido con el fujimorismo), podemos estimar que en la agrupación liderada por Keiko Fujimori no apreciaron bien sus limitaciones.

De hecho, Fuerza Popular se asemeja más a lo que, con buen ojo, describió bien mi colega Mauricio Zavaleta como “coaliciones de independientes”. Un grupo armado para acceder al poder, sin mucha consistencia ideológica, sobre la base de reducción de costos para participar en la contienda electoral. Para ello, se cuenta con un líder carismático que jala votos, anchas billeteras que respaldan los gastos de campaña, candidatos atractivos en distintas provincias, medios de comunicación y redes sociales para difundir sus mensajes a sus electores. Ello explica porque en FP convivían personas a favor y en contra del enfoque de género o con visiones contrapuestas sobre la economía de mercado. Y también explica porque tantos parlamentarios tenían más anticuchos que las vendedoras de la entrada Sur del Estadio Nacional.

En esa línea, el fujimorismo arrastraba las debilidades de la mayoría de grupos con los que comparte asiento en el Congreso de la República. Y ello explica porque se ha terminado desgajando durante los últimos dos años y medio. ¿Qué tenía en común una exprocuradora con bandera de lucha contra la corrupción con una agrupación que estaba demasiado ligada con la misma? ¿Qué proyecto conjunto tenían los seguidores de Kenji con Ana Vega y Pier Figari, quienes buscaban borrar cualquier vestigio de Alberto Fujimori de la agrupación?

Pero la crisis en Fuerza Popular no solo se ha producido por estas carencias comunes a todas las agrupaciones políticas peruanas. Sin duda, la forma cómo Keiko Fujimori ha ejercido su liderazgo político ha tenido mucho que ver en el declive de su agrupación. Cayó mal en la ciudadanía el estilo obstruccionista, la confrontación, la poca lealtad con la familia (en un país donde una concepción conservadora de la misma sigue teniendo cierto peso) y, sobre todo, el afán de jugar con el tema anticorrupción.

Resultó claro que FP buscó presidir la Comisión Lava Jato con el único objetivo de perjudicar a sus enemigos políticos (varios de los cuales, por cierto, deberán responder a la acción de la justicia), pero una vez que el caso los comenzó a tocar, se notó la notoria vocación por el ocultamiento. La imagen de partido aliado con la corrupción la tienen impregnada desde que Marcelo Odebrecht señaló que hubo contribuciones a la campaña electoral de 2011. Y no se la han podido quitar. Peor aún, muchas de sus acciones devinieron en obstaculizadoras de la justicia, una de las razones por las que hoy reside en Chorrillos.

Así las cosas, Alberto Vergara terminó teniendo la razón sobre un posible aggiornamiento del fujimorismo. El politólogo y docente de la Universidad del Pacífico expresó su opinión en un artículo publicado en Poder en septiembre de 2012:

(…) todos olvidan que el fujimorismo no solo debe reconvertir su origen autoritario en un presente democrático (tarea ya complicada), sino que, sobre todo, debe limpiar su origen ladrón para construir un partido medianamente limpio. Ni el franquismo ni el pinochetismo fueron empresas para delinquir. Así, no solo debemos preguntarnos cómo se transforma a un movimiento antidemocrático en uno democrático, sino en cómo se transforma lo que fue una organización lumpen en un partido político. El gobierno fujimorista, no lo olvidemos, fue una suerte de ‘utopía mafiosa’ (Hugo Neira). Ver a un fujimorista indignado por los contratitos mal habidos de Alexis Humala será siempre una invitación a la carcajada. Y Humala no le ganó a Keiko Fujimori porque fuera mucho más democrático que ella, sino porque él no estaba teñido de la ladronería de los noventa. Este sigue siendo el principal pasivo para el fujimorismo, nadie quiere sacarse una foto con ellos y, por lo tanto, siguen siendo incapaces, a pesar de ciertos gestos de apertura, de sumar a otras fuerzas parlamentarias a la agenda fujimorista (o de sumar profesionales de renombre al partido).

A ese pasado, por cierto, le sumaron un presente bastante oscuro a la “pesada mochila” con la que ya cargaron en las campañas de 2011 y 2016.

Hacia adentro, el liderazgo de la señora Fujimori resultó ser aún más autoritario que el de su propio padre. Sus dos asesores principales se convirtieron en los “guardianes de la ortodoxia” keikista, a extremos tales que ameritarían una investigación por la posible vulneración de la no sujeción a mandato imperativo de los parlamentarios. Los congresistas que tenían problemas en sus hojas de vida – sobre todo, las mujeres – eran enviados a la Comisión de Ética, una vez que tenían algún viso de subordinación. Los chats en Whatsapp y Telegram se convertían en un vehículo supletorio de los “plenitos” en Morochucos o en Paseo Colón. Y hoy la Bankada, sin esa dirección, se mueve como pollo sin cabeza.

¿Tiene alguna solución esta situación para el fujimorismo? En su columna de ayer, Rosa María Palacios señala que, en el Perú, resulta difícil pronosticar el futuro político. Pero que resulta claro para ella que existen pocas probabilidades para que Keiko Fujimori emprenda los cambios que le salvarían lo que le queda de carrera política: confesar quienes fueron sus aportantes ocultos, tener ideas más allá de sacar de cárcel a papá o vengarse de sus enemigos, distanciarse de su maltrecha bancada y ser creible. A la vez, Alberto Fujimori está más cerca de la jubilación (nuevamente en la DIROES) que la retoma de un liderazgo. Y Kenji Fujimori, por ahora, ha decidido desmarcarse de las imposiciones paternas y fraternas.

Pero la caída del fujimorismo no quiere decir, necesariamente, que la democracia esté a salvo en el Perú. Sobre todo, cuando en nuestras élites siguen existiendo “demócratas precarios”. Insistiremos en la necesidad de vacunarnos frente a los peligros autoritarios en los próximos días.

¿Es Martín Vizcarra un gobernante autoritario?

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(Foto: El Comercio)

Hace un par de semanas, el expresidente estadounidense Barack Obama publicó en su cuenta en Facebook una lista con los libros que más le habían gustado en 2018. Entre ellos, resalta un volumen con un título bastante provocador: Cómo mueren las democracias, cuya edición en castellano ya se puede conseguir en Lima.

Este texto, escrito por los politólogos y docentes de la Universidad de Harvard Steve Levitsky – un viejo conocido del Perú – y Daniel Ziblatt, trata de explicar las razones por las que líderes populistas de diverso signo ideológico han constituido, tanto en el siglo XX como en la centuria actual, uno de los mayores peligros para la democracia.

En particular, ambos autores buscan explorar, a partir de lo ocurrido en diversas partes del mundo, cómo fue posible el ascenso de Donald Trump y cómo evitar que un liderazgo como el suyo sea nocivo para la preservación de uno de los sistemas políticos más consolidados del mundo. Y parten desde una premisa que Levistky ya ha explorado en otros libros y que a los peruanos nos parece conocida: las democracias ya no solo caen por efecto de una tanqueta, sino (y sobre todo en los últimos 25 años) a través del ejercicio tiránico del puesto.

En América Latina, Alberto Fujimori fue el triste precursor contemporáneo de una tendencia que luego siguieron Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y, en menor medida, Evo Morales (aunque anda dando pasos seguros a incorporarse al primer grupo) y Rafael Correa. Desde distintas orillas ideológicas, muchos temen que Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador vayan en esa dirección (aunque solo el primero parece dirigirse aceleradamente, por ahora, en ese rumbo).

En los últimos meses, sobre todo desde que lanzara el referéndum, nuestra “coalición conservadora criolla” ha buscado colocar como idea que el actual Presidente de la República es un gobernante autoritario y que está en un camino de copamiento institucional muy similar al que tuvo Fujimori en la década de 1990. Este grupo de personas esgrime razones muy variadas por las que Martín Vizcarra estaría en esta vía: “tapar la corrupción” de “sus aliados” (léase, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski), “encubrir su propia corrupción” (entiéndase, el caso del aeropuerto de Chinchero) o tratar de tapar “su incapacidad como gobernante”.

¿Es esto cierto? Lamento desilusionar a mis seguidores conservadores, pero la respuesta es negativa, en un doble sentido.

Vizcarra no se ha apoderado de ninguna institución pública. En toda su actuación, ha utilizado las armas que le otorga la Constitución para presentar sus iniciativas: referéndum, comisiones del Poder Ejecutivo, envío de proyectos de Ley al Congreso. Tampoco ha forzado mecanismos de corrupción para alcanzar sus objetivos. Ha hecho, hasta ahora, política pura y dura, dentro de los cauces institucionales. Y, además, no ha buscado la disolución del Congreso de la República.

Para salir de dudas, Levitsky y Ziblatt hacen un examen sobre los indicadores clave de un comportamiento autoritario, que se basa en cuatro aspectos: rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, tolerancia o fomento de la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición. En ninguna de las preguntas vinculadas a estos aspectos se obtendría una respuesta afirmativa. Compruébenlo ustedes mismos:

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(Fuente: Levitsky y Ziblatt 2018: 33 – 35)

No faltarán quienes digan: “Pero Keiko Fujimori, que es la lideresa de la oposición, está encarcelada”. Pero no es por acción del gobierno. Como lo han señalado ya dos instancias del Poder Judicial, hay serios indicios de comisión de delitos, así como de obstrucción de la justicia. Y, para mayor garantía, al negar el asilo a Alan García, Uruguay terminó confirmando ante la comunidad internacional que cumplimos con los estándares mínimos de una democracia.

También habrán los que indiquen: “pero el proyecto sobre el Ministerio Público constituye una intervención sobre otra institución”. La iniciativa, en particular, no genera un organismo interventor al estilo Blanca Nélida Colán, como se hizo en los noventa, por lo que vocación de control no tiene. Discusión distinta es la de si es la medida más conveniente o si pasaría un estándar de inconstitucionalidad. Y, claro, es necesario mencionar también, como apunta hoy Andrés Calderón, que tanto el MP como el Congreso de la República tienen la llave para salir del señor Chávarry con celeridad y con el menor costo institucional posible.

Descartada la intención autoritaria, quedan las tres críticas hechas desde nuestra “coalición conservadora criolla”. Y las tres no pasan una prueba de sustento.

Como bien refirió Marco Sifuentes en su columna de ayer: “Humala y Heredia fueron a prisión, como ahora Keiko; y la situación de García es de lejos mejor que las de Villarán y PPK, a quienes sí les allanaron las casas y les congelaron las cuentas”. Añado a ello: el proceso de Toledo sigue las rigideces de un tratado de extradición bastante formalista y que, antes de llegar a un juez federal en California, requiere un previo examen de los Departamentos de Estado y de Justicia. Nadie en su sano juicio defiende a estas personas y sus inconductas – muchas de ellas, con contenido penal -, por lo que esta cuestión queda sin sustento.

El caso Chinchero es más sencillo de explicar: un mal contrato no supone un delito. Y ese mal contrato proviene desde el gobierno de Humala. Tampoco hay evidencia que involucre al Presidente actual en ilícitos penales en torno a este tema.

Finalmente, no está mal que el Presidente de la República se compre el pleito anticorrupción. Por el contrario, se trata de una materia que, durante los últimos años, ha sido considerada como una de las dos más importantes para los peruanos. Por tanto, indicar que “se tiene que ocupar de otras cosas” resulta ser una falacia. En lo que sí coincidimos es en que el Poder Ejecutivo debe mejorar su performance sectorial, buena en algunos casos, discreta en otros.

A la luz de la lectura del libro de Levitsky y Ziblatt, queda una pregunta por dilucidar: ¿estamos en peligro de consagrar a un líder populista autoritario en 2021? Intentaremos responderla en un siguiente post, en los próximos días.

El legado de Castañeda

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Sin mucho de que jactarse, acaba la tercera (mediocre) gestión de Castañeda. Foto: Trome

Luis Castañeda Lossio deja el cargo en medio de una desaprobación sin precedentes en su carrera política. Existe consenso en los analistas políticos y urbanos sobre la poca calidad de su tercera administración. Solidaridad Nacional se ha convertido cada vez más en un partido familiar, al que se le van hasta los más leales (Patricia Juárez renunció hace algunas semanas), donde su hijo y su hombre de extrema confianza son quienes mandan junto a él. Y el avance de los calendarios hace suponer que su camino en la política peruana está más cerca del cierre. ¿Cómo llegó a esta situación?

La tercera elección de Castañeda fue producto de la mediocre gestión de Susana Villarán. Las buenas ideas que la sucesora – antecesora del actual alcalde de la ciudad quiso plasmar se terminaron ahogando entre la ausencia de una visión política, falencias en la gestión y un aura de superioridad moral que se diluyó en dos tiempos: su ida a la reelección y el descubrimiento del financiamiento irregular de la campaña por el No por parte de Odebrecht.

Frente a ello, Castañeda volvió a la alcaldía con una sola idea fuerza: “vuelven las obras”. En efecto, el líder de Solidaridad Nacional interpretó que un sector mayoritario de limeños priorizaba la necesidad de infraestructura urbana antes que reformas de fondo, que podían afectar distintos tipos de intereses en una ciudad construida en base a la informalidad.  El alcalde retornante pensó que el voto conferido por la ciudadanía implicaba no hacer ningún cambio en la ciudad.

Pero la ciudad a la que Castañeda volvió a arribar para conducir sus riendas no era la misma que dejó cuando buscó – sin éxito – ocupar la Presidencia de la República.

Como Alan García, se volvió anacrónico en sus vínculos mediáticos, que habían sido tejidos en base a amistades con dueños y productores de medios de comunicación. Esta vez, cualquier error de su administración – tal como ocurrió con Villarán – fue amplificado y criticado en las redes sociales. Ya no podía optar por el laconismo verbal de sus dos primeras administraciones. Y cada vez que salía a dar una explicación, se enredaba más en su propio discurso. Todo ello alimentó una espiral de descrédito a su gestión. A ello se sumó el hecho que algunos medios pusieron mayor atención a su desempeño, en comparación a sus dos primeros mandatos al frente de la capital.

Asimismo, quedó falto de ideas para los sectores C y D a los que sus dos primeras gestiones buscó priorizar. Ya no había escaleras en los cerros ni hospitales de la solidaridad que crear. Pero tampoco suplió ello con un trabajo concentrado en otras necesidades. Su público, además, había cambiado en diez años, gracias al crecimiento económico que ha vivido el país. Y Castañeda no supo leer esa realidad.

Al mismo tiempo, malinterpretó el mensaje de las urnas. Si bien la ciudad no reeligió a Villarán, sí consideraba importante algunas de las reformas que la exalcaldesa planteó. En particular, caló la idea que el transporte urbano podía ser mejor. Y Castañeda hizo todo lo posible por no avanzar o mejorar cambios ya delineados, sino que optó por obstaculizarlos. Cuatro años después, la ciudad se ve más colapsada y males que creíamos desterrados – como los colectivos informales de los años 80s – volvieron a varias de las arterias de la ciudad. Y el ciudadano resiente ese descuido.

Si bien Castañeda nunca tuvo una gran popularidad en los sectores económicos más altos desde el inicio de su gestión, poco a poco fue labrando su impopularidad en aquellos lugares que fueron sus bastiones por años. Dos fueron los hechos claves en esta decepción: el incendio que afectó a la comunidad shipiba en Cantagallo – lo que hizo recordar el desvío de fondos para el proyecto Río Verde que terminó en un controvertido by pass – y el derrumbe de un puente en medio de la emergencia por el Niño Costero. El alcalde de Lima trató con indolencia a los ciudadanos y ellos se lo cobraron en aprobación.

Finalmente, la autoridad principal de la capital no pudo cumplir su promesa central. Las obras en la ciudad han sido escasas y las que ha podido hacer han estado marcadas por la controversia. Al mismo tiempo, ha quedado evidente que la infraestructura, sin un plan concreto que se vincule con políticas públicas, no sirve de mucho para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Eso significa que Castañeda es un cadáver político? No por ahora. Es notorio que buscará obstaculizar la gestión de Jorge Muñoz – la reunión con Alfredo Barnechea en medio de una bronca en Acción Popular y el hecho que el sucesor del saliente alcalde de Miraflores sea un hombre suyo (junto a su inseparable amigo Martín Bustamante quien ha sido electo como regidor) va en esa línea – y que buscará recomponer lo que queda Solidaridad Nacional.

Pero también es evidente que sus mejores tiempos han pasado y que varios de sus antiguos aliados (Renzo Reggiardo y José Luna) buscarán robarle el electorado que aún le queda. Porque, eso sí, aún prevalece un sector de limeños que priorizan el cemento y el pragmatismo antes que un plan de fondo para la ciudad más importante del país.

En un país precario en lo institucional como este, es obvio que Castañeda Lossio buscará una nueva oportunidad, como cualquier peruano que juega la Tinka cada semana. Pero como ha pasado con Toledo y García, es muy probable que su ciclo esté cerca a su final. Y el azar no basta para crear nuevas oportunidades, sobre todo, en momentos en los que el ánimo político nacional parece estar más cerca de jubilar a una generación que volver a creer en ella.

La letra pequeña del mensaje de Vizcarra

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Abriendo juego. Vizcarra inicia su presidencia en la práctica (Foto: EFE)

El mensaje presidencial por Fiestas Patrias ha supuesto un parteaguas. Para todo efecto práctico, Martín Vizcarra ha inaugurado su periodo en forma efectiva. Luego de mucho tiempo, vimos a un jefe de Estado y de gobierno planteando medidas de agenda nacional en un discurso que se había convertido en la habitual gimnasia verbal de presentación de cifras, recuento de carreteras y algunos anuncios efectistas.

El Presidente de la República parece haber entendido – como no lo hizo su predecesor – que, para gobernar frente a un Congreso con mayoría opositora, resulta necesario hacer política. Y ello implica presentar iniciativas, comprometer a la ciudadanía con la aprobación de las mismas y jugar en pared con otras fuerzas políticas. En ello, el mensaje ha sido positivo.

Reformas políticas

Resulta claro que Vizcarra ha leído el evidente hartazgo de la ciudadanía con la clase política. La iniciativa para plantear un referéndum sobre la no reelección de congresistas, el financiamiento privado a los partidos y la bicameralidad manteniendo el número legal de congresistas busca, antes que un planteamiento técnico más fino, representar tres medidas que, en la cabeza de la gente, pueden presentar el inicio de algunos cambios en la representación.

Varios politólogos ya han señalado que la prohibición de autoridades, per se, no necesariamente implica una mejora de la calidad. De hecho, en el caso peruano, son los parlamentarios novatos quienes han protagonizado más escándalos y presentan los proyectos normativos más estrambóticos, además que la tasa de reelección de autoridades es bastante baja. Medidas menos sexys, pero más efectivas, para mejorar la calidad se podrían vincular con el fin de la inmunidad parlamentaria o el cambio de la fecha de las elecciones parlamentarias.

Sin embargo, más allá de lo que se decida sobre la reelección, la formación de partidos políticos más sólidos parece ser una medida más adecuada para una profesionalización de la política. Y en ello, salvo la alusión al financiamiento partidario (¿prohibición? ¿mejor regulación?), no se dijo mucho hoy. Pero también resulta cierto que la prohibición de la reelección es harto popular entre los ciudadanos y, por ello, Vizcarra la ha puesto en agenda, para pechar a un Congreso de la República que ha reaccionado como era de esperarse (léase, defendiendo el sueldo).

En torno a la bicameralidad, resulta evidente que Vizcarra ha sido tímido en esta iniciativa. Todos los expertos serios en temas políticos y electorales refieren que el Congreso peruano es pequeño en términos de representatividad numérica. Por tanto, el planteamiento presidencial juega a la popularidad antes que a la precisión técnica.

En suma, las medidas buscan arrinconar a un Congreso de la República que se sentía muy seguro en su rol de dirimente de las disputas políticas, pero que arrastra una muy baja popularidad. Vizcarra apuesta a un sentido común muy enraizado: primero la depuración, luego la necesidad de carrera política. Y en esa línea también se inscribió el reconocimiento al periodismo de investigación.

Reforma judicial

Precisamente, en la misma medida va la propuesta constitucional doble sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. De un lado, modificar su conformación, sin anunciar previamente cuál sería la nueva propuesta, permitirá discutir en serio las propuestas sobre la materia. De otro lado, revisar todos los nombramientos hechos por la recientemente expulsada conformación, permitiría la salida de César Hinostroza Pariachi y Ángel Romero de la Corte Suprema de Justicia.

Los seis proyectos de Ley presentados, en principio, son bastante adecuados para lo que se pide. Sin embargo, se pudo ser más ambicioso en cuestiones de transparencia, al solicitar que las elecciones judiciales también se adecuen a estos criterios, como viene requiriendo el Instituto de Defensa Legal hace varios años. Al mismo tiempo, serán necesarias modificaciones legales de fondo para reducir la posibilidad que las redes de corrupción que han copado parte del sistema de justicia puedan reproducirse.

Género, educación y derechos: luces y sombras. 

Sorprendió gratamente que el Presidente de la República se haya referido, con todas sus letras, al enfoque de género. Y que planteara que a fin de año se tendrá una Política Nacional de Igualdad de Género. Conmovió a todos que el mandatario hiciera alusión, con nombre y apellido, de los casos de feminicidio que más han impactado a la opinión pública. Al mismo tiempo, fue sensato recordar que la responsabilidad para acabar con el machismo también se encuentra en la sociedad peruana. Sin duda, este fue uno de los puntos más altos del mensaje y se refleja en las casi inmediatas reacciones de grupos conservadores.

Pero también es notorio que se ha dejado de lado a los derechos de los ciudadanos LGTBI, sea por cálculo político – midiendo que la coalición conservadora puede tener una baja importante con la salida de Cipriani en diciembre – o porque ha considerado que solo puede lidiar con algunas batallas en lugar de otras. Sin duda, aquí hay una importante deuda presidencial.

Fue importante que el presidente proponga, expresamente, un marco legal contra el racismo y que se siga incidiendo en un canal del Estado para todos los peruanos. También resultó clave el pedido para dejar de usar paulatinamente bolsas de plástico.

En términos educativos, fue destacado que se enfatizara en la necesidad de incorporar componentes en “formación de valores y pensamiento crítico”, además de la calidad académica. También fue importante que reafirmara su compromiso con la reforma universitaria.

Sin embargo, quedó en deuda en relación con los contenidos escolares sobre género y el periodo de violencia. En general, sobre este último punto, Vizcarra no hizo alusiones al tema, salvo al referirse a la lucha contra los remanentes terroristas en el VRAEM, lo que le valió algunos de los pocos aplausos fujimoristas. Temas como el LUM, la búsqueda de personas desaparecidas o la anulación del indulto a Fujimori no estuvieron en la mesa.

Finalmente, entre lo positivo, merece destacarse los anuncios hechos en materia de Defensa Civil, como el sistema de alerta temprana en la costa peruana, que se implementará para 2021.

Ausencias y vacíos

A las ausencias y vacíos ya comentados, se añade que el tratamiento económico del mensaje fue relativamente cansino. Aquí Vizcarra entró, salvo cuando enunció los proyectos mineros y el crecimiento del PBI a 4% en 2018, en la intrascendencia o el mero desarrollo de lo que se viene haciendo. Y, más allá de remarcar que no subirá impuestos o tasas impositivas para quienes menos ganan, tampoco soltó mucha prenda sobre lo que hará con las facultades delegadas por el Congreso de la República hace algunas semanas.

Lo mismo ocurrió con la descentralización, materia en la que se esperaba más de un mandatario y un presidente del Consejo de Ministros que provienen del mundo regional. Más allá de continuar con los GORE y MUNI Ejecutivo, así como con transferencias presupuestales, la audacia que Vizcarra ha tenido en temas políticos y judiciales no se notó en esta materia.

Otras ausencias notables son los derechos de las personas con discapacidad, la ciencia y la tecnología y, por cierto, las actividades vinculadas al Bicentenario de la Independencia.

Interrogantes (a modo de conclusión)

¿Cuáles serán los siguientes pasos de Vizcarra? ¿Cómo va a jugar políticamente con las bancadas ajenas al fujimorismo en el Congreso de la República? ¿Cuál va ser la postura política de Fuerza Popular más allá de las rabietas de hoy? ¿Cómo articulará el Presidente una coalición que pueda hacer frente a los grupos conservadores que le tienen pavor a la palabra género?

El Presidente ha planteado un rumbo y una agenda de discusión. Ello es positivo en medio de mandatarios que han preferido no arriesgar. Es momento, ahora, de ver la letra pequeña de cada uno de los anuncios.

¿Cómo entender la sentencia de la Corte Interamericana sobre el indulto a Fujimori?

Keiko Alberto Fujimori
¿Preocupada por su libertad o por su futuro político? (Foto: Twitter Keiko Fujimori)

A muchos sorprendió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiera no pronunciarse directamente sobre el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori en la pasada Navidad. Sin duda, la Corte IDH ha tenido mayores momentos de activismo en su actuación, en los que decidía pronunciarse directamente sobre diversas materias en las que ha sentado jurisprudencia de avanzada.

Esos tiempos parecen estar lejos. Hoy la Corte apuesta por sentencias en las que deja a los Estados la decisión final sobre determinadas materias. Esta lógica corresponde a que el tribunal entiende que existe una mayor consolidación institucional en nuestros países – con las excepciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua – a la existente en los tiempos en los que sí debía tener una actuación más activista. Con todo, este tipo de decisiones ha merecido críticas (justificadas) por parte de abogados que conocen el sistema interamericano de derechos humanos y su lógica.

Sin embargo, la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Fujimori no es ascéptica. Al revisar bien sus fundamentos, queda claro que el tribunal brinda una “hoja de ruta” a la justicia constitucional peruana para tomar una decisión final sobre el caso del sujeto que gobernó el país entre 1990 y 2000. Y que dichos fundamentos no son precisamente favorables al autócrata.

La Corte Interamericana señala, en primer lugar, una serie de parámetros para pronunciarse sobre los “indultos humanitarios”. En particular, busca ponderar la relación entre la vida, la salud e integridad física de los reos con la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.

¿Cuáles son estos parámetros?

  • Si bien la justicia internacional no se ha pronunciado directamente sobre casos de “indulto humanitario”, la jurisprudencia en los sistemas americano y europeo de derechos humanos rechaza que los Estados apelen a figuras jurídicas que busquen suprimir los efectos de sentencias condenatorias o efectúen un otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena.
  • Los tribunales penales internacionales ad hoc y la Corte Penal Internacional no contemplan la figura del indulto, sino la reducción de pena sujeta a un examen exhaustivo en cada caso.
  • La obligación de sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia.
  • La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que se debe garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. En los casos de sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, las medidas a tomar deben ser las que menos restrinjan el derecho a la justicia de las víctimas, las que deben ser aplicadas en casos muy extremos y en una necesidad imperante.
  • En los casos de personas sentenciadas por graves violaciones a los derechos humanos, el otorgamiento de un indulto presidencial conlleva “una mayor afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sus familiares”.

Asimismo, la Corte Interamericana señaló una serie de hechos controvertidos alrededor del indulto humanitario. ¿Cuáles son?

  • Poca objetividad de la Junta Médica Penitenciaria, pues la integró un médico que trató anteriormente a Fujimori en Neoplásicas.
  • Diferencias sustanciales entre el acta de la Junta Médica Penitenciaria del 17 de diciembre de 2017 y el acta ampliatoria suscrita dos días después.
  • No existe documento alguno que señale cuáles son las “enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada progresiva, degenerativa e incurable” que justifican el indulto.
  • Ningún documento señala cómo las condiciones de la cárcel pueden colocar en grave riesgo la vida, la salud o la integridad del entonces reo Fujimori.
  • La resolución suprema que otorgó el indulto no menciona que Fujimori fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En estos casos, el Estado debe tener una mejor y mayor argumentación sobre el otorgamiento de esta gracia.
  • El contexto en el que se presentó la solicitud de indulto, vinculado a la vacancia presidencial de PPK y los “Mamanivideos”

En suma, con estos parámetros y hechos, el Poder Judicial o, en su defecto, el Tribunal Constitucional, deberían indicar que el indulto no cumple con la Convención Americana de Derechos Humanos y, con ello, enviar a nuevo a Fujimori a donde corresponde: un establecimiento penal en el que sus condiciones de salud estén garantizadas. Y si para el 29 de octubre de 2018 esto no es decidido por el Estado peruano, será la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tome la decisión, en el sentido arriba señalado.

Sin embargo, queda un elemento central en esta historia: la política. ¿Cómo queda el fujimorismo en torno a esta decisión? Rosa María Palacios enunció ayer una posible respuesta, que aún tiene un alto factor de espera:

Por otro lado, la decisión de la CIDH de criticar severamente el indulto “humanitario” a Alberto Fujimori, pero ordenar al Tribunal Constitucional que resuelva su inconstitucionalidad (el Presidente también podría, cumpliendo el mandato de la Corte, declararlo nulo) pone a Keiko Fujimori en aprietos. Ella ha perseguido a su hermano por sacar a su padre de la cárcel negociando con Kuczynski. Nunca quiso a su padre libre de esa forma y así lo reconoció en un comunicado de su partido. Pero si él regresara pronto a la cárcel –y todo parece indicar que la libertad se le acaba, como máximo, en octubre– ella será vista como la gran culpable y su hermano menor se encargará de recordárselo toda su campaña. ¿Qué hacer? Keiko Fujimori ha corrido a tomarse una foto con su padre, ahora sí, pidiendo su libertad. La cara de Alberto Fujimori lo dice todo. No confía en su hija.

La respuesta, por tanto, aún sigue abierta. Con la consiguiente incertidumbre para los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por quien gobernó el Perú en la década de 1990.

Partidor municipal: una campaña fría en Lima

En apenas cinco meses, los peruanos elegiremos a nuestros gobernadores regionales y alcaldes en todo el país. Una campaña en la que la principal autoridad organizadora afronta serias denuncias, algunas reglas electorales terminan degradando el proceso y, en Lima, el aluvión de candidatos no genera – hasta ahora – ningún respaldo que pase el 10% de intención de voto.

Adolfo Castillo ONPE
Adolfo Castillo, actual jefe de la ONPE, afronta el momento más grave de la institución en 18 años (Foto: La República)

ONPE BAJO LA LUPA

Durante las últimas dos semanas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha visto sacudida por las revelaciones de Susana Guerrero, exgerenta de Asuntos Legales de la entidad, quien dio cuenta de dos denuncias bastante serias.

La primera se vincula con el presunto trato especial en el proceso del inscripción del flamante partido Podemos por el Progreso del Perú, líderado por el excongresista José Luna Gálvez. Según Guerrero, a esta agrupación se le dieron facilidades que no recibieron otras agrupaciones que estaban en el mismo trance, como el Partido Morado de Julio Guzman. Peor aún, los personeros de Podemos Perú eran personajes vinculados, en su momento, a la fábrica de falsificación de firmas de Perú 2000, aunque fueron absueltos en el proceso judicial.

La ONPE señaló que no hubo parcialización con el partido de Luna, aunque si reconoció en un comunicado que “la subsanación de algunos espacios en blanco, realizados por el propio partido en el local de la ONPE, constituyó  un mal manejo operativo que ha sido subsanado en consonancia con la imparcialidad del trabajo del organismo electoral”.

El jueves, Caretas publicó un informe en el que Guerrero enfilaba sus baterías contra el gerente de gestión electoral Fernando Obregón Mansilla. La exfuncionaria no solo lo acusaba de cambios sospechosos, sino también de sus presuntos vínculos con Cavassa, quien hoy es procesado por el caso La Centralita, cuyo principal implicado es el exgobernador regional de Ancash César Álvarez.

El nombramiento del actual jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, no estuvo exento de controversia. Entidades como el Instituto de Defensa Legal cuestionaron su designación, tanto por la falta de transparencia en las reglas, así como por una acusación sobre plagio que el CNM no tomó en cuenta. De hecho, uno de los presuntos plagiados era Obregón. Castillo refirió que el libro fue escrito en coautoría con su hoy asesor. Antier, La República refirió que Obregón Mansilla tiene una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto cobro indebido de una asignación por movilidad. Castillo señaló hoy en RPP que no tiene vínculo alguno con Cavassa.

Para el periodista Miguel Ramírez, quien investigó la falsificación de firmas de Perú 2000, la ONPE debería ser auditada. Hace dos días, el Consejo Nacional de la Magistratura, entidad que designa y destituye al jefe de esta institución, inició una investigación a Castillo. En tiempos electorales, es una mala señal que la entidad encargada de organizar el proceso del 7 de octubre pase por estos apremios.

Marco Alvarez
Desde que inició su segunda gestión, el alcalde de San Borja Marco Álvarez Vargas llevó a su esposa a la mayor parte de sus actividades públicas. Hoy la señora Teresa Ramírez de Álvarez busca sucederlo (Foto: El Comercio)

REGLAS QUE DEGRADAN EL PROCESO

Varios politólogos alertaron en su momento que la prohibición de la reelección de gobernadores regionales y alcaldes ocasionaría más problemas que aportes. Como indicó Fernando Tuesta, una autoridad puede ser corrupta en un solo periodo de gobierno, por lo que esta prohibición no soluciona nada en torno a este problema. Peor aún, no se establece un estímulo claro para autoridades que sí han cumplido claramente con su deber, en un contexto en el que la reelección de estas autoridades ha decrecido.

Lo que se ha terminado incentivando con esta regla absurda es lo que, con acierto, Rosa María Palacios ha denominado como “el regreso de la Panaca”. Esposas, hijos, exesposas, hermanos, tenientes alcaldes, vicegobernadores y otros allegados a estas autoridades buscarán reemplazar a quienes ocupan los cargos actualmente, en un ejercicio que nos devuelve a las más oscuras épocas de patrimonialismo. El decoro más mínimo se ha perdido.

¿Casos emblemáticos? Luis Castañeda Pardo buscando suceder a Luis Castañeda Lossio en Lima. Augusto Miyashiro quiere prolongar la dinastía de veinte años de su padre en Chorrillos. Marlon Jiménez Mogollón quiere reemplazar a su padre en Puente Piedra, pero el actual alcalde Milton Jiménez irá en su lista como teniente alcalde (ni Putin). Teresa Ramírez buscará suceder a su esposo Marco Álvarez en la alcaldía de San Borja. La única forma de parar esta sucesión por herencia es que el Jurado Nacional de Elecciones interprete que esta es una forma de sacarle la vuelta a la ley o que, en caso que estas candidaturas pasen, su voto impida la reinstauración de la panaca como mecanismo de reemplazo de autoridades.

Peor aún, existen alcaldes y gobernadores regionales que van, abiertamente, a desafiar la norma. Consideran que, como fue aprobada luego de iniciar sus periodos en 2015, es una regla que no deben acatar. Para colmo de males, el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera ha salido a defender la legalidad, dejando este caso a las interpretaciones que dará en los próximos meses. Más allá que esta regla nos parezca un absoluto disparate, es evidente que tiene que cumplirse.

Pero si la responsabilidad de este entuerto es compartida entre el Congreso anterior y las actuales autoridades ediles, el otro lío es responsabilidad de este parlamento. Dentro de las modificaciones hechas en este periodo legislativo a la legislación electoral, se ha permitido que los candidatos puedan tener domicilio múltiple. Es decir, un candidato que tiene casas o predios en dos lugares diferentes puede postular en cualquiera de estos distritos o provincias. Ha sido el caso del actual alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, quien ahora busca ser burgomaestre de la vecina Villa María del Triunfo (y dejar a su hermano como alcalde de VES), así como del titular de la alcaldía de Magdalena Francis Allison, quien busca ser alcalde provincial de Cañete (teniendo casa en Asia).  Un horror absoluto.

Municipalidad Metropolitana de Lima
Por lo menos, 15 candidatos a suceder a Luis Castañeda Lossio. Ninguno genera mucho entusiasmo (Foto: La República)

LIMA: SIN FAVORITOS Y SIN ENTUSIASMO

Entre quince a veinte personas aspiran a ser el reemplazante de Luis Castañeda Lossio como Alcalde Metropolitano de Lima. Todas las encuestas realizadas hasta el día de hoy muestran que ninguno de los postulantes tiene más de 10%. ¿Por qué?

En primer lugar, porque la campaña electoral no va a calentar hasta después del Mundial. Es claro que, más allá de las protestas regionales que están ocurriendo en el sur del país y los escándalos en el Congreso, la atención mediática estará concentrada en lo que ocurra en Rusia. Si bien varios candidatos van a hacer caravanas, presentaciones y ajustes a sus planes de gobierno, los reflectores sobre ellos serán menores de los que tengan los dirigidos por Ricardo Gareca. Para mucha gente, la política no es tema porque no influye en su vida. Peor aún, luego de dos alcaldes a los que terminó sintiendo lejanos al final de su periodo.

En segundo término, porque no hay un postulante que aglutine un antivoto. Es decir, no hay nadie a quien oponerse, como ocurría en la campaña municipal de 2014 con Susana Villarán. Al no permitirse la reelección, la posibilidad de ataques a la (mediocre) tercera gestión de Luis Castañeda Lossio se reduce sustancialmente como elemento que garantice votos.

Tercero, porque el desgaste de las gestiones Villarán y Castañeda ha hecho que la plaza limeña se enfríe como trofeo político. A diferencia de lo que (optimistamente) Alberto Vergara señalaba en 2010 – “podríamos estar asistiendo a una descentralización de la política en la que el único premio codiciado por las figuras importantes ya no es la Presidencia de la República” -, hoy la soledad política en la que acabaron nuestros últimos periodos municipales (Villarán sin reflejos políticos, Castañeda con un partido literalmente familiar) desalienta a que actores con mayor recorrido político se animen a postular. Súmese a ello la salpicada que nuestros últimos burgomaestres limeños tienen con el caso Lava Jato (con mayores evidencias, por ahora, en el caso de la exalcaldesa).

Sin embargo, aún la Alcaldía Metropolitana logra tentar a excongresistas (Reggiardo, Beingolea), exministros (Cornejo, Urresti), alcaldes distritales (Muñoz, Velarde, Gómez Baca, Zurek) o ex funcionarios municipales (Guerra García, Columbus). Ningún proyecto político, hasta ahora, apunta a salir del lugar común. Reiteramos, por ahora.

Sin embargo, como indica Eduardo Dargent, la campaña limeña tiene algunos atractivos para el analista. Se podrá comprobar el efecto de los medios y las redes sociales en las campañas. se podrá verificar si es que determinado tipo de oferta política (seguridad, espacios públicos, inclusión de poblaciones vulnerables) es más cercana a un determinado sector socioeconómico. También podrá verse si es que la profusión de candidatos cercanos a un perfil parecido (Urresti y Reggiardo en seguridad, Muñoz y Velarde con liderazgos similares en distritos AB) puede terminar anulándose entre sí.

Finalmente, la elección limeña tiene un perfil propio. Es notorio que ningún alcalde de Lima, desde Billingurst, ha conseguido que su paso por el municipio más importante del país termine en una carrera presidencial. Por tanto, se trata de un espacio que ha conseguido relevar su importancia política, pero donde las expectativas de un elector decepcionado del elenco estable que presencia a diario se han rebajado sustancialmente.