Despejando mitos sobre el indulto

Fujimori indultado
Foto: Peru.21

El indulto es irrevisable. Al ser una injerencia del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales, los indultos son excepcionales y contemporáneamente, están sujetos a reglas. Desde el caso Crousillat, pueden ser analizados por jueces constitucionales e incluso anulados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revisar el indulto, porque Fujimori no fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Para el sistema interamericano, basta que un delito sea una “grave violación de derechos humanos” para verificar si amnistías, indultos u otro mecanismo permiten la impunidad. Los casos Barrios Altos y La Cantuta son considerados por la Corte como tales. Y los jueces peruanos sí otorgaron la calificación accesoria de lesa humanidad.

Se han saltado los plazos para admitir un caso ante la Corte Interamericana. Este tribunal puede realizar audiencias de cumplimiento de sentencia a pedido de las víctimas y sus familiares. Por ello, el tribunal internacional revisará el indulto en febrero.

Se cerrarán los pleitos entre los Fujimori. Más allá de la foto de compromiso, el patriarca del clan no ha podido pacificar a sus hijos. Kenji busca concentrar más poder ofreciéndoles a los congresistas conseguir proyectos y obras con el gobierno, conociendo los problemas legales de su hermana, esgrimidos como argumento interno para que voten a favor de la vacancia de PPK. A su vez, Keiko sabe que el indulto puede ser anulado en San José y, con su padre de nuevo en la cárcel (o en Tokio), ella retomaría las riendas del fujimorismo. La bronca es real.

Será posible la gobernabilidad y la realización de reformas de mercado. La actual partición del fujimorismo hace inviable esta hipótesis. Y la mayoría de sus proyectos de ley no son precisamente garantes de la buena marcha macroeconómica del país. En sencillo: la reforma laboral y la pensionaria no les interesan.

El país se reconciliará. Junto con el trapicheo de la palabra reconciliación, el indulto a Fujimori, tanto en fondo y en forma, no ha contribuido a la unión nacional. ¿Quién fue el “genio” en Palacio de Gobierno que pensó en ello?

(Publicado originalmente en La República)

Abusos contra menores: hora de una CVR

Abusos

En 2013, Australia conformó una Comisión Real para investigar las responsabilidades institucionales frente a los abusos sexuales contra menores de edad. Hasta diciembre de 2017, este grupo de trabajo indagó cómo escuelas, iglesias, clubes deportivos, instancias de gobierno y otras entidades respondieron frente a denuncias en este tipo de casos.

La Comisión recogió testimonios para identificar las fallas en los sistemas de estas instituciones frente a denuncias de abusos, con miras a plantear cambios legislativos y modificaciones en políticas públicas. También se brindó espacios para que las víctimas relataran sus experiencias, así como para recoger sus necesidades de apoyo, defensa legal y reparación frente a estos hechos. El recojo de información, mediante citas privadas y envío de comunicaciones, estuvo sujeto a protocolos escritos. Se realizaron audiencias públicas sobre casos institucionales.

Este viernes 15 de diciembre, la Comisión Real emitirá su informe final, que contendrá tanto los datos recogidos como una serie de recomendaciones dirigidas al estado australiano para una mejor atención de estas denuncias, así como un mejor trato hacia las víctimas de abusos. Durante su trabajo, este equipo fue emitiendo informes parciales de casos, que daban cuenta de la magnitud del problema.

La experiencia australiana, así como nuestro propio camino en la justicia transicional, ha llevado a que algunas personas sugieran la necesidad de un grupo de trabajo similar al creado en Oceanía para nuestro país. Me sumo a la idea por los siguientes motivos.

En primer lugar, porque los hogares y escuelas peruanos son un espacio de violencia para los menores. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2015, 81.3% de adolescentes y 73.8% de niños entre 9 a 11 años han sido víctimas de violencia física o psicológica alguna vez en su vida. Asimismo, el 34.6% de adolescentes indica que ha sido víctima de violencia sexual, incluyendo bromas de contenido sexual, tocamientos indebidos y visión forzada de pornografía.

En segundo término, recientes denuncias dan cuenta de un problema que atraviesa a todos los sectores sociales. Los abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana y las denuncias sobre tocamientos presuntamente ejecutados por el educador Juan Borea han conmovido a nuestras élites, así como la reciente revelación hecha por el periodista Pedro Salinas sobre un caso sistemático de violación al interior de los Scouts. En los noticieros, es frecuente la aparición de casos de este tipo en los sectores socioeconómicos más pobres.

Tercero, es momento que el Estado y la sociedad asuman que estamos ante un problema grave. Un signo de la poca importancia que damos a este tema está en el hecho de que el Congreso de la República no nombre hasta ahora a los miembros de la comisión investigadora sobre abusos a menores, sin protesta alguna. Y es claro que, dado el estado actual de nuestra representación parlamentaria, se espera poco de este grupo de trabajo.

Por tanto, resulta indispensable que el Poder Ejecutivo haga suya esta iniciativa. Es momento que el Estado peruano cumpla con su obligación de proteger a quienes necesitan de más cuidado en nuestra sociedad. Y, para ello, resulta necesario, dar la oportunidad a las víctimas de hacer sentir su voz y que todo el país conozca la verdad sobre un problema que nos afecta a todos. En Palacio de Gobierno tienen la palabra.

(Publicado originalmente en el diario La República)

Los reales problemas del Caso El Frontón

El Frontón

La acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por un fallo emitido en el 2016 sobre el Caso El Frontón activó una falacia. Se ha señalado que esta resolución perjudicaba a los miembros de la Marina de Guerra procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, al declarar que lo ocurrido podría constituir un crimen de lesa humanidad y, por tanto, reabrir el caso. Se omite que, en realidad, el proceso judicial por los posibles delitos cometidos con posterioridad al legítimo debelamiento de un motín senderista en 1986 nunca se cerró.

La resolución emitida el año pasado, que corrige el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en el 2013, corresponde a un proceso de hábeas corpus iniciado en el 2009 por quienes hoy se encuentran en juicio oral ante la Sala Penal Nacional. El fin último de esa demanda habría sido que el caso prescriba.

Yerros hay en ambas resoluciones. El Tribunal Constitucional nunca debió pronunciarse – ni en el 2013 ni en el 2016 – sobre si estábamos ante un delito de lesa humanidad, cuestión que corresponde al Poder Judicial. Tampoco debió, como se hizo en la sentencia original, interpretar que el caso no se cerraba para los acusados como perpetradores directos, pero sí para los posibles autores intelectuales. Este punto contraría las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso. Y a ello se suma la errática corrección sobre el voto contradictorio del magistrado Juan Vergara Gotelli, cuyo sentido real no conoceremos, debido a un mal degenerativo.

En realidad, el Tribunal Constitucional debió declarar que el proceso por presuntas ejecuciones extrajudiciales no prescribía porque se trataba de posibles delitos que, de confirmarse, constituirían una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con las sentencias de la Corte IDH en los casos Barrios Altos, Gomes Lund y Gelman. Aún puede hacerlo, dado que se interpuso una queja contra su segunda resolución en el proceso de hábeas corpus.

Pero las discrepancias que puedan existir sobre una interpretación legal no deben procesarse a través de una acusación constitucional. Tampoco existen evidencias de prevaricato en este caso, como han indicado bien los abogados de los magistrados. Por ello, el Congreso de la República debería cerrar este procedimiento. Más aun cuando la acusación se habría contaminado con intereses políticos subalternos, que buscarían magistrados más afines en el Tribunal Constitucional o cerrar un caso incómodo para un partido criticado por los errores de sus dos gobiernos.

Dicho esto, el sistema de justicia debe ser más expeditivo en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000. Tanto las víctimas como los acusados se ven afectados por la demora en estos procesos, que deben culminar con sentencias absolutorias o condenatorias.

Como sociedad, debemos comprender que de confirmarse la ejecución de prisioneros rendidos, por más delincuentes que hubieran sido, sería una conducta punible. Peor aun, no investigar este caso podría impedir que los peruanos distingamos entre quienes deshonraron el uniforme de Grau y los marinos que nos defendieron adecuadamente frente al terror que amenazó al Perú.

(Publicado originalmente en el diario El Comercio)

Devolviendo el regalo a Odebrecht

Cuando, en junio de 2011, el entonces presidente Alan García anunció el emplazamiento de una estatua de Cristo donado por la Asociación Odebrecht, fuimos varias las voces que señalamos, en diversos medios de comunicación, la inconveniencia de esta edificación.

Nos parecía contraproducente que el gobierno de un Estado laico utilice símbolos religiosos para elevar su popularidad. Ya lo había hecho con la promulgación de una ley que reconocía al Señor de los Milagros como “Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica de la República del Perú”.

Peor aún, el entonces ministro de Cultura buscó justificar la obra señalando que el doctor García buscaba darle una sorpresa a la ciudad y, posteriormente, señalando que se haría un homenaje a los caídos en las batallas de San Juan y Chorrillos de la Guerra del Pacífico. Olvidó que ya existía un monumento al Soldado Desconocido en honor a quienes defendieron la ciudad del invasor extranjero.

Desde el punto de vista urbanístico, ya se hacían varios cuestionamientos, no solo por colocar una estatua que se asemejaba mucho al Cristo de Corcovado, sino también por el retorno de monumentos colosales que hacían recordar a aquellos colocados por satrapías donde primaba el ego del gobernante. Sumemos a ello que se trataba de una obra que no pasó por un concurso público para su edificación.

Pero el punto más importante era que el principal donante de la obra era la asociación perteneciente a una compañía constructora brasileña que ya tenía varios cuestionamientos para junio de 2011. Obra para la cual el expresidente García dijo que había donado 100,000 soles – luego se desdijo e indicó que solo fueron 25,000 dólares -, lo que ya daba serios indicios del aconchabamiento existente entre aquel gobierno y Odebrecht. Todo ello en un contexto de cambio de mando, cuando ya se indicaba que el mandatario entrante, Ollanta Humala, también tenía fuertes nexos con el vecino del este. Y cuando ya sabíamos que las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez habían contribuido para la campaña electoral del hoy caído en desgracia Alejandro Toledo.

Peor aún, la Megacomisión presidida por el hoy exparlamentario Sergio Tejada encontró indicios bastante serios de la relación entre Odebrecht y el segundo gobierno aprista, a partir de dicha donación. Confirmó que el estudio Nava & Huesa – vinculado al exministro Luis Nava Guibert – había sido patrocinante de la compañía brasileña durante dicho periodo gubernamental. Se encontró que el único donante de la obra había sido la Asociación Odebrecht, se confirmaron las 16 visitas de Jorge Barata – el hombre fuerte de la compañía en el Perú – y que el señor García participó en la sesión que conformó el Patronato del Cristo del Pacífico y fue propuesto como “promotor” de la obra.

Peor aún, todos los trámites para el levantamiento de una obra en un escenario como el Morro Solar apenas demoraron un mes. De hecho, en un solo día se aprobaron once trámites administrativos. Una celeridad digna de mejor causa.

Y para completar el cuadro, todos los trámites para la edificación del Cristo del Pacífico se realizan cuando se encontraban en plena licitación de obras de los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que ganó Odebrecht en lo que se refiere al primer tramo.

Si ya esto hacía que la obra fuera controversial, las revelaciones sobre Odebrecht a partir del caso Lava Jato solo pueden generar una salida: el retiro de la controvertida estatua, convertida, a más de cinco años de su colocación, en una afrenta para el país.

La chapa de “Cristo de lo Robado” ahora se ajusta con facilidad. Y cualquier persona – con mayor razón, los creyentes – pediría que dicho monumento a la cutra deje de adornar las costas de la capital del Perú.

(Publicado originalmente en La Mula)

Pinceladas sobre el nuevo Gabinete

El primer equipo ministerial que acompaña a Pedro Pablo Kuczynski tiene una fuerte impronta tecno­crática. Pero, a diferencia de sus predecesores, el equipo es encabezado por dos economistas con vo­cación política. Esto le brinda solvencia profesional en la mayoría de carteras y coherencia a un gabinete de cen­tro derecha.

Ello no ha sido óbice para que se cuenten con voces ní­tidamente políticas en el gabinete. Allí destacan Carlos Basombrío (Interior), Marisol Pérez Tello (Justicia y De­rechos Humanos) y Jorge Nieto Montesinos (Cultura). No solo serán gestores de despachos complicados, sino que son quienes, a primera vista, aparecen como voceros cuan­do el fujimorismo y la izquierda arrecien con sus críticas, dependiendo de la materia.

En los sectores sociales, además de Jaime Saavedra, existen muchas expectativas frente a lo que pueda hacer Patricia García en Salud. La combinación de postgrado en salud pública con especiali­dad en una enfermedad tan sensible como el VIH puede marcar una impronta de me­jora de la calidad en la gestión con calidez humana, algo que se extraña en nuestros hos­pitales y clínicas.

Tres nombramientos son disonantes. Ana María Romero, en su anterior gestión en el Ministerio de la Mujer, obser­vó la Ley de Igualdad de Oportunidades y su visión sobre la familia es conservadora. Se tienen dudas sobre el com­promiso de Cayetana Aljovín con los programas sociales. Además de la paridad, debe aspirarse a contar con minis­tras involucradas en disminución de desigualdades. Mien­tras que el nombramiento apresurado de Mariano Gon­zález en Defensa revela la dejadez sobre el sector, donde las demandas urgentes están en bienestar del personal y la actualización de la política de seguridad.

En líneas generales, la calidad de los titulares de secto­res productivos es pareja. La interrogante está en Produc­ción. ¿Tendrá Bruno Giuffra las capacidades para ejecutar el Plan de Diversificación Productiva y lidiar con las pre­siones de empresarios pesqueros?

Finalmente, el nuevo Canciller marca desde ya sus te­mas prioritarios: Chile, relaciones vecinales y Alianza del Pacífico. Quedan dos preguntas: ¿Cuál será su posición sobre derechos humanos? ¿Podrá resolver los conflictos entre los diplomáticos y MINCETUR sobre competen­cias comerciales?

(Columna publicada en Exitosa Diario el 17.07.2016)

Desigualdades

La Municipalidad Metropolitana de Lima no apoyó la Marcha del Orgullo LGTBI. Por el contrario, im­pidió que la misma cerrara en la Plaza San Martín, con argumentos que, en el fondo, escondían la ho­mofobia de sus funcionarios.

El ‘Estado Mundial de la Infancia 2016’, publicado por UNICEF, destaca los avances del Perú en políticas a favor de niños y adolescentes, pero resalta que las cifras sobre servicios básicos, educación y salud son mejores en Lima que en zonas rurales.

En la misma línea, el director del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca, señaló que el principal reto para la gestión del ministro Jaime Saavedra está en las brechas educativas existentes en el país.

El anuncio de un libro de los periodistas Luis Felipe Ga­marra y Luis Davelouis sobre historias de liderazgo en el Perú desató una fuerte po­lémica en Facebook, debido a la ausencia – salvo una ex­cepción – de mujeres en las entrevistas presentadas. Más allá de adjetivos, se plantea­ron puntos interesantes so­bre las razones por las cua­les no hubo casos femeninos en el volumen: definición de éxito, uso del tiempo, brechas de clase y salariales funda­das en el género.

Catorce militares fueron llevados a juicio oral por las violaciones sexuales sistemáticas cometidas en las bases militares de Manta y Vilca (Huancavelica), en el periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000. Las víc­timas son mujeres, pobres, quechuahablantes y habitan­tes de zonas rurales.

La enumeración de eventos arriba mencionada corres­ponde a acontecimientos producidos en esta semana. To­dos tienen tres aspectos comunes: nos muestran las des­igualdades aún existentes en el país, aluden a aspectos claves de la vida cotidiana y afectan a grupos especial­mente vulnerables.

¿Qué nos muestra? Además de las tareas pendientes en diversas materias, nos abre el abanico de temas en los que nuestros políticos tendrían que ponerse de acuerdo para el próximo quinquenio (la economía no es la única arista). Pero evidencia que la responsabilidad de acortar es­tas diferencias no solo está en el Estado, sino también en la sociedad. Tenemos una tarea pendiente para no invisi­bilizar estos tópicos y abordarlos seriamente. Comence­mos por casa.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 10.07.2016)

Televisión Pública

Normalmente asociamos a TV Perú con espacios destinados a la difusión cultural, varios de ellos bastante bien producidos. Hoy quiero presen­tarle cuatro ejemplos de buenas prácticas en el canal del Estado, para llevarlo a una reflexión final.

En el plano informativo, los noticieros de TV Perú son bastante sobrios y plurales. Un ejemplo de ello es el tra­tamiento de la infeliz denuncia del Ministerio de Defensa contra periodistas del programa Panorama. Se presenta­ron dos informes, con el mismo tiempo, en los que se ex­ponían las dos versiones del tema. Siendo un caso sensi­ble para el Gobierno, el canal se comportó a la altura de las circunstancias.

Asimismo, la televiso­ra tiene un espacio dedi­cado a los temas inter­nacionales. En medio de una señal abierta cada vez más localista, contar con una hora de análisis más allá de nuestras fronteras constituye un imperati­vo que ni siquiera nues­tros canales de noticias en cable logran cubrir.

Ayer, la televisora estatal lanzó un nuevo canal, que bus­ca acercar la cultura a los niños y jóvenes a través de espa­cios vinculados a nuestro contexto y enlatados de bastan­te calidad. Así, el IRTP cumple una doble misión: dotar de contenidos distintos a públicos habitualmente desatendi­dos en nuestra programación y brindar un producto diferenciado a una de sus señales digitales.

Culmino con Nuestra Historia, una ficción creada por Eduardo Adrianzén en la que se narra la historia de varias familias limeñas enlazadas con el contexto político y so­cial del país entre 1978 y 2000. Además de esta premisa inicial que la emparenta con series similares en España y Chile, aparecen rostros que vemos más en teatro que en la pantalla chica y se usa un soundtrack que va más allá del circuito comercial musical.

Estas decisiones exitosas nos muestran que se puede tener una televisión pública de calidad. Ha sido posible gracias a la gestión de María Luisa Málaga, con un traba­jo respetado por los dos últimos Gobiernos. ¿Se imagina el potencial de TV Perú con una institucionalidad que pro­teja su independencia y con mayor presupuesto? Espe­remos que esta interrogante esté en la mente del próxi­mo Gobierno.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 03.07.2016)