SOSA, EL ESPIA Y ALAN GARCIA

 

Hoy, en el marco del juicio a Alberto Fujimori, asistió Jesús Sosa Saavedra, quien ha sido interrogado por el fiscal Avelino Guillén. La línea de preguntas de la mañana y la tarde ha procurado corroborar, en forma cronológica, la serie de revelaciones que dio a Ricardo Uceda, para la elaboración del libro Muerte en el Pentagonito.

El ex miembro de Colina comenzó con el pie en alto, al señalar que dos de los ex Comandantes Generales del Ejército que habían declarado en el proceso habían mentido. Las alusiones a Nicolás Hermoza Ríos y José Villanueva Ruesta Pedro Villanueva fueron bastante obvias.

Pero lo que viene resaltando la prensa es el testimonio de Sosa sobre la captura y asesinato del espía ecuatoriano Enrique Duchicela, ocurrido en 1988, a quien se le ejecutó por haber conseguido secretos militares peruanos. Sosa apunta alto en sus acusaciones:

“Fui llamado por el coronel Oswaldo Hanke para realizar este trabajo. (Hanke) me informó que esta era una orden expresa del presidente de la República, Alan García Pérez, me acuerdo que esto fue en mayo o junio de 1988″, dijo.

“Al término de la misión yo fui a conversar con el coronel Hanke a su despacho, estando allí por el videoteléfono lo llama el comandante general y es felicitado por haberse realizado con éxito la operación y le expresa las felicitaciones del presidente de la República (Alan García Pérez) lo cual me consta porque yo estaba en la oficina del coronel Hanke”, contó ‘Kerosene’.

Cabe mencionar que García, entrevistado por Uceda para su investigación, negó su participación en los hechos. Pero quedó una pregunta flotando para el periodista: ¿cómo informó el Ejército de los hechos al Presidente?

El proceso penal seguido por este hecho involucra tanto a Sosa, como a sus superiores inmediatos – Oswaldo Hanke y Harry Rivera – y tres suboficiales que participaron en la ejecución y posterior incineración de los restos del espía ecuatoriano. García ni siquiera ha sido llamado como testigo en dicho proceso. Luego de esta declaración, ¿seguirán sin llamarlo?

Quizás ahora se entiende mejor porque García no profirió palabra alguna sobre derechos humanos durante su mensaje del lunes.

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EL CASO SOTANOS SIE: OTRO BALDON PARA FUJIMORI

De como una investigación periodística inició uno de los casos más importantes contra el extraditable

Cuando se habla de las imputaciones por violaciones a los derechos humanos en contra de Alberto Fujimori, por lo general se hace referencia a los casos de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el Destacamento Colina, cuya conexión directa con el ex dictador es cada vez más probada.

Sin embargo, uno de los casos más graves por los que Fujimori podría ser extraditado tiene que ver con una vulneración de derechos fundamentales cometida durante su gobierno, bajo sus órdenes directas, por parte de otro escuadrón de la muerte, distinto a Colina en nombre, pero similar en modus operandi: la desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Técnica del Callao (Javier Roca y Kenneth Anzualdo) y de un panadero (Justiniano Najarro), en 1993.

El caso fue conocido para el gran público en 2004, con la aparición del libro Muerte en el Pentagonito. Su autor, el periodista Ricardo Uceda, relata hoy para El Comercio la historia de dichos crímenes y como fueron incluidos en el expediente de extradición.

Básicamente, el modus operandi fue el mismo: la detención a las personas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, su detención en los sotanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) y su posterior ejecución e incineración en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa – principal fuente de Uceda para esta investigación – y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

Con posterioridad a las investigaciones de Uceda, la Procuraduría Ad Hoc venía preparando el expediente Sotanos SIE, sobre la base de las torturas a Leonor La Rosa y Susana Higuchi, así como sobre los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Estos dos últimos casos eran los más sólidos de dicho expediente. También se imputó a Fujimori la desaparición forzada de un número determinado de personas.

Para poder especificar ante las autoridades chilenas la existencia de desapariciones concretas, se unieron dos voluntades. El entonces asesor de la Cancillería peruana para la extradición de Fujimori y ex secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza, y el abogado Víctor Quinteros, quien también trabajó en la CVR y participó en las investigaciones hechas por Uceda. Por indicaciones de Ciurlizza, Quinteros profundizó en lo investigado sobre las tres desapariciones forzadas antes mencionadas y, a los testimonios ya recogidos para la investigación periodística, sumó los cuadernos de registro de los detenidos, que resultaron compatibles con los casos de Najarro, Roca y Anzualdo y en los que, además de la comprobación de su detención, se comprobaron las visitas hechas por Vladimiro Montesinos a los prisioneros. Como se sabe, el único jefe directo de Montesinos era Fujimori, por lo que la teoría de dominio del hecho es claramente aplicable a este caso.

Estas averiguaciones condujeron a una ampliación del cuaderno de extradición, la cual fue aceptada por el gobierno chileno y que, de acuerdo al informe de la Fiscal Mónica Maldonado, debería ser parte de los casos por los que Fujimori debiera ser procesado en el Perú. Hay que indicar que este delito podría suponer hasta 35 años de cárcel para el ex gobernante.

Sin duda, el caso es sólido y podrían ser llamados a declarar tanto Jesús Sosa – hoy en la clandestinidad -, Leonor La Rosa y – ojo, apristas – Jesús “Chito” Ríos, quienes habrían participado en los seguimientos de los tres desaparecidos. Situación bastante complicada para alguien que, a través de su hija, manda mensajes al gobierno para que su situación, apenas llegue a Lima, sea la de la impunidad.

LA CONFIRMACION DE SOSA

Revelación sobre muerte de espía ecuatoriano es confirmada ante Poder Judicial.

La noticia más sorprendente del día es la declaración jurada enviada por Jesús Sosa Saavedra, miembro del tristemente célebre Grupo Colina, a la Segunda Sala de Terrorismo, en la que confiesa su participación en uno de los crímenes revelados por el periodista Ricardo Uceda en el libro Muerte en el Pentagonito.

Como es conocido, la investigación realizada por Uceda tuvo como principal fuente al ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, quien además de participar en las conocidas acciones de Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori, también participó en otras ejecuciones extrajudiciales y torturas durante la lucha contrasubversiva en la década de 1980.

Sin embargo, el caso revelado no tiene relación con la lucha contra el terrorismo, sino sobre un poco conocido caso de espionaje, ocurrido en 1988, durante el primer gobierno de Alan García.

Enrique Duchicela era un sargento de la Fuerza Aerea Ecuatoriana que cumplía funciones diplomáticas en nuestro país. Este oficial resultó ser el enlace con oficiales del SIE peruano que se encargaban de proporcionar información al vecino del norte, en momentos en que aún no habíamos resuelto nuestro diferendo limítrofe. El teniente EP Marco Barrantes fue identificado como uno de los vendedores de la información.

De acuerdo a lo señalado por el libro de Uceda, confirmado hoy por Sosa en su declaración, el jefe del SIE de aquel entonces, coronel Oswaldo Hanke, y su superior inmediato, el comandante Harry Rivera, encargaron al agente de inteligencia realizar una operación de seguimiento y captura del espía ecuatoriano. Ya se había detenido a Barrantes, quien se encontraba en los sótanos del Pentagonito.

Según Sosa, también habría tenido conocimiento del hecho el entonces Comandante General del Ejército Artemio Palomino Toledo.

Con posterioridad a su captura, Duchicela y Barrantes fueron eliminados por órdenes de Hanke y Rivera. Los cuerpos, de acuerdo a lo narrado por Uceda en su libro, posteriormente fueron cremados en un horno destinado para este tipo de operaciones. El Estado peruano nunca ha reconocido la desaparición o detención de ambas personas.

Como señala Uceda en su libro, hay varios temas a dilucidar:

La revelación de la pérdida (de documentos claves para la relación Perú – Ecuador), escondida en un expediente judicial hasta la aparición de este libro, habría producido un escándalo político en 1988. Las muertes evitaron el descrédito, la posible remoción de la cúpula militar. De otro lado, la desaparición de su espía indicó a Ecuador que el Perú sabía todo. Encajó el golpe, en la expectativa de devolverlo. Hasta hoy es un misterio cómo informó de esta sitación el comandante general del Ejército, Artemio Palomino, al Ministro de Defensa, Enrique López Albujar (asesinado por el MRTA en 1990), y al Presidente Alan García“.

Ni Palomino ni Alan García quisieron dar su versión de los hechos sobre este caso al periodista.

Actualmente vienen siendo procesados por este caso 5 personas: Hanke, Rivera y los suboficiales Julio Ramos Álvarez, Gumercindo Zambrano Salazar y Jorge Ortíz Mantas. Palomino no está comprendido en el proceso y Alan García no ha sido llamado como testigo. El Fiscal los acusa de secuestro y ha pedido 25 años de prisión para los implicados. No se ha ampliado el caso por torturas, desaparición forzada y asesinato.

Sosa es una personaje que sabe bastante. Quizás sea el momento en que, de una vez por todas, se presente ante el Poder Judicial y declare todo lo que conoce. Ello no le librará de la condena por los crímenes en los que participó, pero permitirá ir develando algunos de los cementerios secretos del Ejército Peruano.