Durante las últimas 24 horas, Pedro Pablo Kucznyski busca recuperar la iniciativa para colocar temas en la agenda o para abordarla. Anoche, en un mensaje a la Nación, presentó cinco medidas para enfrentar la corrupción. Y hoy tuvo un mensaje contemporizador sobre el conflicto en Las Bambas, señalando que sí habían motivos fundados para la protesta.
Queda claro que el gobierno ha sentido la pegada de la reducción en 8 puntos de su aprobación, según la encuesta de Ipsos Perú presentada el domingo por El Comercio. Y por ello ha buscado reaccionar cuando se reclamaba la voz del Presidente sobre los dos temas más serios que ha tenido que enfrentar durante su gestión.
Respecto de los temas anticorrupción, sin duda, la propuesta que más ha llamado la atención es la de la “muerte civil” para los sentenciados por corrupción. Una medida que hace años viene dando vueltas en algunos sectores de la clase política peruana y que no ha podido ser aprobada. Fue contemplada en el plan de gobierno de PPK y lo que se ha hecho es adelantar el timing de su presentación. Sin embargo, hay algunas cuestiones que deberán ser afinadas antes de su presentación el día de mañana, como refiere Rosa María Palacios:
Se trata, en sencillo, que ningún condenado por delito doloso contra la administración pública regrese a trabajar en ella. Es decir, que la condena acarree, de modo automático y como pena accesoria, una inhabilitación perpetua y no discutida en sede judicial. Esto requiere una revisión del Código Penal. De acuerdo a nuestras normas, cumplida la pena, desaparecen los antecedentes penales en concordancia con el principio de resocialización establecido en la Constitución. ¿Se mantendrá la perpetuidad de los antecedentes? De otro lado, muchos que delinquieron antes de la aprobación de la ley alegarán que no les es aplicable porque no puede ser retroactiva. ¿Qué rige para su aplicación? ¿el momento de la nueva contratación o el momento de la sentencia condenatoria? ¿Qué pasa con todos los servidores públicos que están trabajando en el sector público hoy y tienen o tuvieron condenas? ¿Deben abandonar sus puestos? ¿Y si han sido elegidos por voto popular? Como ven, es más fácil anunciarlo que negociarlo en el Congreso.
Una entidad que tendrá bastante peso será la Comisión Presidencial de Integridad, que deberá proponer una serie de medidas legislativas y de gestión sobre lucha contra la corrupción. Este grupo de trabajo será encabezado por el exDefensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, quien fue convocado ayer por Fernando Zavala a la PCM. Sin duda, una persona intachable y que le da al cargo un lustre importante. Tendrá 45 días para presentar estas medidas de urgencia. Se instalará el lunes. Será clave para saber que otras medidas se tienen sobre la materia, que no había sido colocada en la mesa por el gobierno. De hecho, ya la sociedad civil le planteará 10 puntos al gobierno, en una conferencia de prensa a realizarse mañana en el IDL.
Una cuestión que suena a parche es la depuración del Despacho Presidencial y de los cargos nombrados por los ministros. Sin embargo, es una salida necesaria. Si bien en Palacio de Gobierno han procurado tener cuidado con las designaciones, también es cierto que en varios casos parece haber existido poco celo respecto de estas colocaciones en puestos clave.
En esa línea, será necesario tener absoluto cuidado en una designación que resultará clave: la del nuevo Procurador Anticorrupción. Un nombramiento que es esperado, considerando que durante el gobierno pasado hubo algunos avances, pero también algunas presiones cuando se afectó a intereses de la administración pasada. Al mismo tiempo, como ha señalado el exprocurador Joel Segura, se requiere mayor presupuesto y mejores condiciones de trabajo para los abogados involucrados en esta dependencia.
Respecto de Las Bambas, la primera declaración del Presidente ha sido buena, pero se requiere, sin duda, un manejo más fino del tema. Resulta necesario que las relaciones entre empresas mineras y Policía sean transparentes y, sobre todo, neutrales. Hoy La República indica que hubo una reunión entre un coronel de la PNP con dos representantes de MMG Minerals para acordar el desbloqueo de la carretera con apoyo logístico de la compañía. Ello, sin duda, abona a la idea propugnada por organismos de derechos humanos para que los convenios entre la Policía y las empresas extractivas sean dejados de lado.
En segundo lugar, aún no se tiene clara cuál es la estrategia del gobierno para lidiar con los reclamos de fondo de las comunidades que circundan el proyecto Las Bambas. Es decir, la ampliación de los estudios de impacto ambiental, la construcción del mineroducto y el pago a las comunidades por las tierras para la explotación minera. Estas son cuestiones sobre las cuales el gobierno aún no se ha pronunciado y deberá ser claro para que todas las partes sepan cuáles son las reales expectativas frente a este caso.
Finalmente, se requiere saber cómo operará la Oficina Nacional de Diálogo a cargo de Rolando Luque. Más allá de los anuncios iniciales, resultará clave conocer cuál es la estrategia que tendrá esta entidad para poder enfrentar los conflictos sociales existentes en el país. Ahora que su jefe está más empoderado, resultará una entidad clave para medir el éxito del gobierno. Es el momento que comience a actuar con todas sus facultades.
José Alejandro Godoy 