Corrupción empresarial: Perú pierde por goleada

Schutz Montesinos

Mientras que los peruanos mantenemos la esperanza intacta para clasificar a Rusia 2018, no ocurre lo mismo frente a lo que esperamos de los empresarios al enfrentar a la corrupción.

Según la Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción, elaborada por Ipsos Perú para Proética, de cada 100 empresarios, 71 son percibidos como corruptos. 85% de los encuestados considera que el empresario que entrega una coima es cómplice del funcionario sobornado. Solo 32% considera que las empresas y gremios empresariales están involucrados en la lucha anticorrupción.

A diferencia de otras materias, la CONFIEP no tiene una posición clara y fuerte en este tema“, sostiene Francisco Durand, sociólogo y politólogo. “La lucha penal contra la corrupción se ha concentrado en los funcionarios públicos“, expresa el exprocurador Julio Arbizu.

Ambos expertos analizan episodios que pudieron ser cruciales y quedaron, como muchos partidos de la selección de fútbol, en un mero “casi”.

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Los pedidos de favores de Dionisio Romero Seminario a Vladimiro Montesinos quedaron en la impunidad total (Foto: El Comercio)

PROCESANDO LOS 90: GOLES QUE NO HACES, TE LOS HACEN

Desde su experiencia en la Procuraduría Anticorrupción, Arbizu sostiene que se armaron mejor los casos vinculados a funcionarios públicos pertenecientes a la organización criminal Fujimori – Montesinos que aquellos que implicaban a grandes empresarios ligados a la misma.

La respuesta penal privilegió a los autores de delitos vinculados con administración de fondos, en detrimento de aquellos donde existía una interrelación entre funcionarios y empresarios. Se buscó desarticular una organización que capturó el Estado desde dentro“, refiere el abogado, quien trabaja actualmente en Honduras.

Otros factores que incidieron, a su criterio, para la sensación de impunidad en estos casos, fueron la creación de la Sala Penal Anticorrupción C, donde se produjeron sendas absoluciones y prescripciones, así como la incidencia de abogados penalistas con importantes conexiones en el Poder Judicial.

Durand coincide con Arbizu en los factores arriba anotados. Añade las dificultades de la Comisión Investigadora sobre Delitos Económicos y Financieros (CIDEF) del Congreso de la República, presidida por Javier Diez Canseco, a la que asesoró: “Había una gran cantidad de indicios que debieron llevar a comprobaciones. Existían muchos casos de empresarios que no fueron investigados por el Poder Judicial. Fue imposible acotar la información“, manifiesta el científico social. Y estos personajes mantuvieron su poder estructural en la sociedad peruana.

Faenon
Un faenón impune que no permitió la mejora en la regulación de la gestión de intereses (Captura de pantalla: América Televisión)

PETROAUDIOS Y GESTIÓN DE INTERESES: FOUL JUDICIAL, POCA REACCIÓN LEGISLATIVA

Otro partido perdido fue el caso Petroaudios. Los principales procesados, Rómulo León Alegría y Alberto Quimper, quedaron absueltos. ¿El motivo? Los audios y correos electrónicos que suscitaron el escándalo quedaron fuera del proceso judicial. Arbizu comenta:

Hay, sin duda, un tema de valoración probatoria. Fue lamentable que no se consolidara una línea jurisprudencial a partir de los hallazgos del caso Fujimori – Montesinos, haciendo un balance entre interés público y la pretendida invalidez de algunas pruebas”

El Poder Judicial tampoco investigó los presuntos casos de corrupción vinculados a empresas mexicanas que suscitaron el espionaje industrial a cargo de la empresa Business Track.

A raíz del escándalo, medios leídos por los empresarios como El Comercio y Semana Económica propusieron una mejor regulación de la gestión de intereses, cuestión que duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República. Para Durand, es necesario cambiar la legislación en esta materia:

“La evidencia indica que los lobbies son claves para ganar contratos de obras públicas, para lograr adendas que inflan presupuestos y hacer gestiones convenientes, como amnistías tributarias y ambientales. En el Perú hay pocas firmas registradas en esta función, pero existen muchos lobbistas que cumplen estas funciones informalmente”. 

Ninguno de los gestores de interés que aparecían en la Encuesta del Poder 2016 estaban registrados. Durand sostiene que se prefiere el shadow lobby, a diferencia de Estados Unidos, donde la actividad es transparente y reconocida, aunque con algunos cuestionamientos.

Arbizu Durand
Francisco Durand y Julio Arbizu convienen que las reglas que privilegian buenos tratos para el empresariado pueden derivar en corrupción o en la normalización de tratos indebidos. (Captura: Otra Mirada) 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES (COMO EN NUESTRO FÚTBOL)

Más allá de los casos emblemáticos, existen otros factores que colaboran para nuestro triste récord judicial al procesar crímenes de “cuello blanco”.

Para Arbizu, una circunstancia clave es que los gobiernos post Fujimori han sido proclives a reducir los controles para la actividad empresarial. Un campo grave está en las contrataciones y adquisiciones del Estado.

En 2012, concluimos que los delitos de peculado y de colusión – este último, vinculado a contratos estatales – constituían el 70% de casos de corrupción.  Mostró la precariedad estatal sobre manejo de fondos y adquisiciones, pero se produjo una mayor flexibilización de controles“, indica el abogado.

Durand incide en las relaciones sociales en el Perú. “La élite del poder, básicamente limeña y de clase alta, es un núcleo muy reducido con prácticas de exclusión. Este es el grupo que predomina en grandes empresas, estudios de abogados, firmas de consultoría y determinados sectores de la administración pública“, sostiene el sociólogo. Esto normalizaría determinadas prácticas que, sin ser ilegales, muestran favoritismos.

Para el experto en temas empresariales, los grupos emergentes que aparecen en su libro “Los Doce Apóstoles de la economía Peruana”, también incurren en estas conductas. Ejemplos son los nexos entre universidad y política en el caso de los Acuña o la forma como el grupo Gloria buscó reducir el impacto de la crisis láctea.

¿Lava Jato será otro partido perdido para Perú? Esa pregunta, a diferencia de la clasificación peruana al mundial de fútbol, no se resolverá este martes. Pero, como en algunos días más, el resultado depende de nosotros mismos. Y este es un caso que debemos ganar para revertir un marcador abultado en contra.

(Publicado originalmente en La Mula)

 

 

 

Caso Odebrecht: la pista de los Humala

(Ollanta Humala y Jorge Barata en tiempos mejores. Foto: Perú.21)

Hace poco más de un mes, el diario Folha de Sao Paulo señalaba la existencia de una versión policial que indicaba la transferencia de 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala en 2011 por parte de la empresa Odebrecht. En ese momento, se indicó que esto era parte de la revelación de las delaciones premiadas y que el dinero había sido entregado por una orden de Lula da Silva.

Dos semanas atrás, la periodista y abogada Rosa María Palacios confirmó la existencia de esta versión, atribuida a fuentes fiscales. Allí resaltó que, en principio, la entrega de plata para la campaña en forma encubierta no es delito, debido a que la legislación peruana no lo comprende como tal. Una cuestión que ha sido ratificada por politólogos y expertos en temas electorales.

Hoy El Comercio obtuvo la primicia de los detalles sobre cómo se transmitió el dinero, de acuerdo a la versión, de primera mano, de Jorge Barata, principal cabeza de Odebrecht en nuestro país.

De acuerdo al reportaje de Graciela Villasis, la empresa brasileña puso a disposición de la campaña de Humala una suma de 3 millones de dólares en efectivo, a solicitud del PT. El dinero habría sido entregado por los asesores en estrategia electoral y marketing Valdemar Garreta y Luis Favre así como, en una suma de 300,000 dólares, a la propia Nadine Heredia en un departamento que el entonces candidato tiene en Miraflores. Barata indicó que esta suma venía del Departamento de Operaciones Estructuradas, que funcionó como “la caja chica” para el pago de sobornos.

Por ahora Humala y Heredia no han brindado declaraciones ni tampoco han emitido referencias en redes sociales sobre este tema. La única referencia es la que ha dado el flamante abogado de la pareja, el exministro Wilfredo Pedraza, quien no ha negado los aportes, pero ha indicado que no se vinculan con temas de corrupción y que los mismos sí habrían sido declarados. Lo mismo indica el comunicado del Partido Nacionalista Peruano. Lo cierto es que el portal Convoca ha encontrado versiones en Brasil que sí apuntan a un posible pago de un soborno.

Quien sí ha negado su participación en la entrega de dinero para dicha campaña es Luis Favre. En comunicación con El Comercio, el asesor en marketing político negó haber llevado dinero de Odebrecht, así como ratificó no haber sido contratado por ninguna empresa brasileña. Favre también negó haber sido socio de FX Comunicacoes, empresa que lo contrató para intervenir en la campaña.

Sin duda, la hipótesis a la que van a tratar de someterse los Humala es que este fue un aporte de campaña. En principio, han señalado que fue registrado, pero en la ONPE solo se indica que hay un conjunto de aportes en efectivo sin identificar. E incluso en el caso que no hayan declarado los mismos, esta omisión solo acarrearía una sanción administrativa: la pérdida del financiamiento público. Y este no es aplicable al PNP, debido a que no tiene representación parlamentaria.

El problema es que hay tres hechos que podrían complicar la situación de Humala y Heredia.

El primero tiene que ver con el origen de los fondos. Aquí el Ministerio Público sí tiene una premisa más clara: el Departamento de Operaciones Encumbradas sí manejaba fondos ilegales. La pregunta es si sólo manejaba cuestiones vinculadas para soborno. Así se podría caer, por sí sola, la premisa de “solo fondos de campaña”.

La segunda tiene que ver, como indica El Comercio, con cuestiones tributarias. Podría darse el delito de defraudación si es que se corrobora que los montos entregados por Odebrecht no se destinaron a la campaña, sino que acabaron en los bolsillos del matrimonio Humala – Heredia. Complejidad adicional para la indagación: ambos están casados bajo el régimen de separación de patrimonios.

Y una tercera línea sería la posibilidad de la entrega de dinero anticipada para que luego sea retribuida con otras. Es decir, un soborno, colusión o tráfico de influencias hacia el futuro. Aquí se puede apuntalar mejor la investigación respecto del Gaseoducto del Sur Peruano, donde están comprendidos Barata y Heredia, debido a la declaración de un colaborador eficaz que indica la existencia de conexiones entre ambos para la obra. Por su parte, el periodista Oscar Libón anotó hace unos días un dato clave: el origen legal de la obra se produjo luego de una reunión en Palacio entre Humala, Barata y Marcelo Odebrecht.

Pero hay una complicación legal adicional. Hoy César Romero en La República indica que la filtración de la declaración de Barata sobre este financiamiento podría tener problemas. No tanto por la publicación, sino porque todo indica que es el fiscal Germán Juárez quien habría enviado esta información a los medios, para tratar de apuntalar mediáticamente un caso que estaba complicado, debido a que solo se basaba en las agendas de Heredia – que, como hemos dicho antes, tenían que ser cotejadas con otros elementos – y en la declaración de Martín Belaúnde Lossio y otro testigo ya descartado, que apuntaban tanto a la hipótesis venezolana (más difícil de probar) como a un financiamiento brasileño en 2006 que todo indica era inexistente. Según Romero:

De acuerdo a lo planificado con el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, Juárez debía utilizar esa información para allanar los inmuebles de Nadine Heredia y Ollanta Humala en busca de más información y eventualmente para evaluar un pedido de prisión preventiva de la pareja presidencial.
Pero, eso no sucedió. Al contrario, todos los detalles de la declaración de Barata fueron filtrados en las últimas días a diversos medios de comunicación. Un acto que puede poner en peligro toda la colaboración de Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil que insiste en la reserva de la información, hasta que sea usada oficialmente.

Hasta aquí lo legal. Políticamente, la situación de los Humala – Heredia es complicada. No tienen defensores en ninguna bancada parlamentaria y, de hecho, hasta dos expresidentes del Consejo de Ministros suyos, Ana Jara y Pedro Cateriano, han manifestado su contrariedad por esta revelación. Un amplio sector de periodistas siempre los creyó capaces de todo y lo publicado hoy abona su hipótesis que eran un peligro. Y la conexión tan directa con el PT, sin duda, va a terminar afectando una relación bilateral que ya se había enfriado en tiempos de Dilma. Evidentemente, si aún existía una breve esperanza que el PNP resucite, la misma será echada por la borda con todo ello.

A diferencia del caso Toledo, aún esta novela tiene para rato en términos de investigación.

Fujimorismo sin reflejos

Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori bajo la lupa (Foto: Ojo Público)

Esta ha sido una semana complicada para el fujimorismo.

Todo comenzó cuando el Ministerio Público decidió abrir una investigación a Hiro y Sachie Fujimori por presunto lavado de activos de la empresa Limasa, una compañía que se encuentra bajo sospecha en base a sus extrañas transacciones financieras, que incluyen a socios japoneses. Rosa María Palacios resumió hace algunos meses el problema de fondo con estas operaciones:

Lo que se teme es que estos dineros provengan de una fuente ilícita, tanto en el caso de los socios peruanos, cuanto con el de los japoneses. La sospecha es que este sea dinero en posesión de Alberto Fujimori, sustraído del erario peruano y administrado, desde que éste abandonara Japón hace más de 10 años, por su hijo Hiro Fujimori. En teoría, las capitalizaciones de préstanos con allegados peruanos, sólo serían un cambio de testaferros, donde, poco a poco, va entrando capital.  Sin embargo, por la vía de la sociedad japonesa, estaría regresando al Perú, limpio legalmente, dinero que salió en maletines. Reitero, en teoría. Así, Hiro Fujimori no podría justificar por sí mismo ese capital, pero la trasnacional japonesa, sí. Cabe decir que para la trasnacional Sankyo se trata de una cifra pequeña, (un millón cuatrocientos setenta mil dólares de préstamo, luego capitalizado en parte) pero para los Fujimori, injustificable con sus propios  patrimonios, supuestamente modestos.

Las sospechas se basan en otros indicios. El asesor corporativo de Sanyko con base en Canadá, Daniel Scott Matson, a su vez, socio de los Fujimori, estuvo el 28 de febrero pasado, en plena campaña electoral, de visita en la Diroes. ¿Qué tendría que conversar por tres horas con Alberto Fujimori? Nadie lo sabe.  Ni siquiera una visita de cortesía al padre preso de un socio justificaría tan larga estancia. De otro lado, la página web, que anunciaba que la antes almacenera Limasa, convertida luego en Integrated Global Logistics, era una empresa trasnacional a partir del 2014, ha desparecido así como el anunció de nuevos negocios vinculados al almacenaje aduanero ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Qué pasó con la supuesta expansión del negocio? Misterio.

La fiscalía también ha pedido comprender a Kenji Fujimori en las pesquisas, previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria. El congresista respondió con un gesto para la tribuna, renunciando a este beneficio en este caso. Pero existen otros casos en los que queda claro que se podrían seguir las investigaciones sin llegar a este supuesto.

El segundo golpe fiscal vino ayer. Keiko Fujimori ha sido comprendida en la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez y a su familia por lavado de activos. La lideresa de Fuerza Popular aparece en esta indagación, debido a que la Fiscalía estima que estaría utilizando al clan Ramírez para lavar dinero de la corrupción.

Recordemos que el exsecretario general de FP y su familia vienen siendo investigados al no poder explicar su patrimonio en forma fehaciente.

Y el último clavo vino desde el extranjero. Hoy se conoció que se amplió, en primera instancia, la extradición contra Alberto Fujimori por dos casos: el asesinato de seis personas en Pativilca cometido por el Destacamento Colina (sobre el que Fujimori tenía el mando) y la presunta autorización de la compra de un terreno en Chavimochic con fondos públicos, utilizando para ello al prófugo expresidente de Popular y Porvenir Augusto Miyagusuku.

La reacción del fujimorismo ha sido asumir la teoría de la persecución. La misma ha sido esgrimida incluso por la propia Keiko Fujimori, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, así como por congresistas y hasta por sus entusiastas fujitrolls. Todos estos casos no serían, en opinión de Fuerza Popular, un pretexto para tapar el caso Lava Jato.

Pero esa premisa tiene tres problemas.

El primero es que el caso Lava Jato sí podría complicar al fujimorismo. De un lado, ya en lo histórico, si es que finalmente los vinculados a empresas brasileñas hacen públicos sus tratos con el gobierno de Fujimori. Ya IDL-Reporteros reveló que una sobrevaloración de 500 millones de soles en los contratos obtenidos durante la década de 1990. De otro lado, por los tratos que pudieron haber tenido estas empresas con la bancada fujimorista y con la propia Keiko Fujimori, una arista de investigación que no debe descartarse.

Lo segundo es que los tres casos antes nombrados sí tienen elementos de juicio para iniciar una indagación (en los dos primeros ejemplos) y un proceso penal (en el tercero). Y todos terminan llevando a la misma pregunta: ¿de qué viven los Fujimori?

Y una tercera cuestión. Si realmente el fujimorismo cree que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, ¿no deberían empezar por casa?

Sin duda, Fuerza Popular buscaba emplear el caso Lava Jato para poder señalar que la corrupción de la década de 1990 fue menor. El problema es que tanto hechos pasados como relativamente presentes interpelan a la agrupación mayoritaria respecto de ese compromiso. Y en tanto la respuesta, desde la cabeza del partido hasta sus más fervientes trolls en redes, siga apelando a la teoría de la conspiración, el compromiso enunciado de combatir la corrupción seguirá siendo una palabra vacía que se la lleva el viento. Y, peor aún, recuerda cómo en la década infame se procesaban estas denuncias, lo que remarca la inexistencia de una real autocrítica sobre aquellos tiempos.

El caso Príncipe

(Presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado en celebración amical con el abogado aprista Moisés Tambini del Valle y su hija, la notaria Mónica Tambini de Kouri. Foto: Utero.pe)

Como consta por escrito en este blog, nos encontramos entre quienes consideramos asquerosa la campaña emprendida por el clan Orellana contra la abogada Julia Príncipe, quien se desempeñó durante años como Procuradora contra el Lavado de Activos. Y también consideramos que fue una torpeza del gobierno anterior despedirla en la forma cómo lo hizo, bajo sospecha de presiones políticas.

De allí que, en su momento, hayamos visto como un gesto importante que sea nombrada como Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la entidad que, hasta el momento, se encarga de designar a los Procuradores, es decir, a los abogados del Estado en los casos en los que habría perjuicio contra alguna entidad estatal o contra el sistema en su conjunto (terrorismo, corrupción y lavado de activos).

Pero también creemos que la encargada de una entidad de este tipo – y, además, posible nueva Procuradora General del Estado en algunas semanas – debe tener mucho cuidado respecto de los temas amicales. Y sobre todo, hacer públicos los posibles conflictos de intereses.

Hace unas semanas, el portal Utero.pe publicó unas fotografías del cumpleaños 80 del abogado Moisés Tambini del Valle. La trayectoria de este personaje da cuenta de algunas cercanías complicadas: expatrocinante de Alan García, exdiputado durante el primer gobierno aprista, actual presidente del Tribunal Electoral del APRA, vinculaciones de algunos de sus familiares con el condenado por narcotráfico Fernando Zevallos y actual yerno del protagonista del primer vladivideo, Luis Alberto Kouri.

Pero más importante aún: Tambini ocupó, hace una década, el mismo cargo que la doctora Príncipe. Y para cualquier analista imparcial de cualquier tienda, le quedaba claro que la labor de los procuradores fue debilitada durante aquellos años (y, en general, en la segunda administración de García).

En las fotos mostradas por Utero.pe, se aprecia a la doctora Príncipe departiendo en una reunión donde también estuvieron presentes Alan García y Jorge del Castillo, así como el exFiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales.  Las imágenes se mostraron en momentos en los que las disputas entre la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público alrededor del caso Lava Jato eran cotidianas, así como en un enfrentamiento con el exprocurador Julio Arbizu respecto de las trayectorias de ambos.

La doctora Príncipe guardó silencio sobre dichas imágenes hasta el viernes, cuando la periodista Milagros Leiva le preguntó por las mismas. Y, según sus palabras, “no se reconocía en la foto” del cumpleaños del abogado aprista.

Ayer, nuevamente, Laura Grados en Utero.pe presentó nuevas imágenes aún más claras sobre la cercanía amical entre Príncipe y Tambini. La presidenta del CDJE aparece en celebraciones con bastante familiaridad con el abogado y con miembros de su familia, como la notaria Mónica Tambini de Kouri.  Las fotos aparecieron 48 horas después que Príncipe dijera que, hasta ahora, no existían indicios que comprometieran a Alan García en el caso Lava Jato, lo que aumentó las suspicacias.

Ello implicó que, en la noche del domingo, la doctora Príncipe tuviera que emitir un rápido comunicado sobre el tema, que pueden ver a continuación:

Considero que la doctora Príncipe debió pronunciarse sobre este vínculo apenas el mismo fue conocido. Pasaron varias semanas hasta que se ocupara del tema y recién pudimos tener un pronunciamiento público respecto del mismo anoche, sin posibilidad de preguntas. La cuestión es delicada porque, en efecto, sí creemos que existe un potencial conflicto de interés al mantener cercanía con una persona de tanta confianza con Alan García y con otros posibles investigados en el caso Lava Jato. Por tanto, el mismo debió ser hecho público por la propia abogada.

Asimismo, resulta claro que, como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Príncipe debe cuidar sus declaraciones sobre los posibles implicados en el caso. Si bien ella, por su puesto, no tiene injerencia directa en los casos de la Procuraduría Ad Hoc para Lava Jato, deberá tener bastante precisión en los términos a emplear, para evitar suspicacias. En el caso del expresidente García, además, existe una preocupación en un sector de la ciudadanía: que no sea investigado a fondo en este caso y que, como ocurrió con hechos ocurridos en su primer gobierno, salve cualquier responsabilidad mediante artilugios legales.

La doctora Príncipe mantiene aún una buena imagen pública en varios sectores. Urge, por tanto, que aclare este vínculo que, para decirlo claro, no se ve bien. Y que, más aún, alimenta suspicacias que no deberían estar presentes en un cargo tan delicado.

Alan finalmente responde por Jorge Cuba

Hoy el expresidente Alan García hizo una visita relámpago a Lima para declarar en torno al proyecto del Gaseoducto Sur Peruano, hoy bajo la mira del Ministerio Público por posibles actos de corrupción vinculados al caso Lava Jato.

Pero, en realidad, la principal preocupación era que el exgobernante del país despeje cualquier duda respecto a sus vínculos con Jorge Cuba Hidalgo, el exviceministro de Comunicaciones de su segundo periodo que es investigado por ser el receptor y negociador de sobornos vinculados a la Línea 1 del Metro de Lima.

Como es conocido, el 29 de enero pasado, Desde el Tercer Piso presentó un indicio serio sobre la relación entre Cuba y García: descubrimos que el encarcelado funcionario había sido investigador del Instituto Latinoamericano para la Deuda Externa, que presidió AGP entre 1991 y 1992. Dos artículos de Cuba fueron publicados en los dos Cuadernos editados por la entidad académica, en la que también participó Roxanne Cheesman (actual pareja de García y compañera de promoción de Cuba en la PUCP) y el exministro Enrique Cornejo.

Hoy, a la salida de la Fiscalía, luego que leyera una declaración, los periodistas Giovanna Castañeda (El Comercio) y Carlos Aguilar (La República), le preguntaron a Alan por Cuba. El expresidente, en medio del tumulto, solo atinó a decir “pésimo, pésimo”.

Pero luego, con más calma, el líder aprista brindó dos entrevista a canales de cable. Y allí tuvo versiones contradictorias sobre Cuba. A RPP le dijo lo siguiente sobre el exviceministro:

“Lo que él hizo fue una puñalada en la espalda. Lo que siento además de un golpe moral dentro de mí, es una vergüenza. A pesar de que no los conozco, ha sido a través de mis votos, de mi presidencia, que se han burlado del país”

Sin embargo, Angélica Valdés de Canal N fue más directa en sus preguntas, por lo que a García no le quedó otra que responder sobre este tema. Aquí una transcripción de sus respuestas (pueden ver la entrevista completa aquí):

Angélica Valdez: ¿Al señor Cuba lo conocía por el exministro Cornejo o no lo conocía de antes?

Alan García: Yo había escuchado del señor Cuba, inclusive, en una revista que hice una vez sobre la deuda externa. El envió una colaboración, pero hace muchismos años, hace treinta años. Pero no es de mi círculo ni era del APRA, ni lo conocía. Yo no participé en el nombramiento porque mi ministro propone a sus viceministros.

AV: Pero usted como Presidente le daba obviamente el visto bueno, ¿no?

AGP: Sí, pero viene el ministro y dice “necesito estos dos viceministros para hacer las obras”. Él tiene que saber que gente utiliza. Lo que nadie puede es conocer que esta persona tiene ruindad en el alma y que iba a estar pidiendo dinero. Eso no se puede conocer. Una vez conocido, que le caiga toda la fuerza de la Ley.

AV: Yo le hago esta pregunta sobre el señor Cuba, porque han estado trascendiendo rumores sobre la vinculación que tendría con su pareja, la señora Cheesman.

AGP: (Contrariado) No, en lo absoluto. Que le parece.

AV: Que ha firmado unos libros o que había tenido alguna vinculación con un familiar de él.

AGP: En lo absoluto. Yo se a qué se refieren. Es una revista de la deuda externa de los años noventa. Edité yo una revista con análisis en la que participaron estudiosos internacionales y también algunos nacionales. Yo escribí un artículo, hay un artículo del señor Cornejo, hay un artículo del señor Cuba. Hay 25 artículos, pero ninguna relación.

Varias preguntas quedan sueltas:

1. ¿Por qué primero negó a Cuba y luego tuvo que admitir que hizo un artículo para “una revista”?

2. ¿Por qué no recordaba que Cuba era investigador del Instituto que él presidió y donde su actual pareja era también parte del equipo de analistas? No era sólo que “Cuba mandó un artículo” ni era un simple colaborador externo. Ello, más aún, cuando el expresidente era parte del equipo editorial de los Cuadernos “Deuda Externa Latinoamericana” y el IDEL era una entidad bastante pequeña:

3. ¿Por qué continuar con la monserga que toda la responsabilidad la tiene “el ministro”, es decir, Enrique Cornejo? De hecho, sus compañeros han querido seguir con esta versión durante los 18 días en los que demoró en responder sobre el dato presentado en DTP.

4. ¿Por qué solo hace referencia a un artículo del señor Cuba cuando él escribió dos artículos que aparecieron en los dos números de “Deuda Externa Latinoamericana”?

5. ¿Niega rotundamente el doctor García que su actual pareja es comadre del señor Cuba, como lo indicó la periodista Rosa María Palacios hace unos días, basada en la versión de un testigo del bautizo?

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Corrupción e ideología

(Foto: El Comercio)

Durante las últimas semanas, algunos columnistas han impulsado un debate que podría sintetizarse en una pregunta: ¿Quién está más embarrada con el caso Lava Jato: la izquierda o la derecha? Martín Tanaka resume las posiciones:

En este momento inicial, la reacción es un tanto infantil: cada quien pretende esconder sus responsabilidades, y echarle la culpa a los otros. Digamos, para una parte de la izquierda este es el fracaso del modelo económico neoliberal, y para una parte de la derecha, del foro de Sao Paulo. En realidad, la naturaleza del problema hace que esta vez las culpas no estén claramente de un lado, como en la coyuntura del año 2000, sino repartidas por todas partes.

Las versiones que acusan a la izquierda parten de un hecho fundamental: el liderazgo del Partido de los Trabajadores de un proyecto político que buscaba consolidar un importante bloque de izquierda en América Latina (vean este documento publicado en el blog de la periodista Jacqueline Fowks para que vean que esto es real). Y dado que el PT es el partido más embarrado con la corrupción en Brasil, lo que habría fracasado al final es un proyecto de injerencia continental con fuertes visos de trapicheo.

El problema es que quedarse en echarle la culpa solo al Foro de Sao Paulo tiene problemas. De un lado, porque el proyecto geopolítico brasileño de expansión de su presencia continental no nació con el PT, sino con Fernando Henrique Cardoso (quien plantea la Comunidad Sudamericana de Naciones y el IIRSA). De otro lado, porque si bien Lula terminó siendo el lobbista de más alto rango de Odebrecht y el Partido de los Trabajadores tiene mucho que explicar sobre sus años en el gobierno, también es cierto que buena parte de la clase política brasileña está involucrada en los casos de corrupción. Ejemplo claro: Aecio Neves, el candidato opositor a Dilma Rousseff en las elecciones de 2014, es uno de los nuevos involucrados en Lava Jato.

Resulta también sugestivo culpar al modelo económico o a los tecnócratas. Como señalamos la semana pasada, es clara la existencia de “puertas giratorias” entre el sector público y el sector privado, que pueden tener aspectos positivos (conocimiento del sector), como también negativos (favorecimiento a empresas o posible uso de información privilegiada). A ello se suman sentidos comunes que, en nombre del “destrabe”, pueden consentir gestiones de intereses que sean impropias o tolerar “un poquito de corrupción”. Y por supuesto, es claro que Proinversión no ha sido la entidad modelo que se pensaba.

Pero también es cierto que ningún modelo económico, en sí mismo, es una garantía contra la corrupción, pero tampoco un imán de corruptos per se. En principio, una economía abierta debería generar mayores incentivos para la competencia, siempre y cuando las instituciones funcionen adecuadamente. Por lo que el problema pasa por realizar algunos ajustes tanto en lo económico como, sobre todo, en lo institucional.

Por tanto, si bien resulta importante que tanto izquierdas como derechas reflexionen sobre aquellos aspectos que los ha hecho permeables a la corrupción, también es cierto que dicha autocrítica no implique un ataque para descalificar al otro lado per se. Resulta indispensable que el procesamiento de lo ocurrido en el caso Lava Jato implique que tengamos una izquierda y una derecha modernas como producto del mismo. Y ello no se podrá hacer si es que seguimos en esta competencia por echarse la culpa.

Devolviendo el regalo a Odebrecht

Cuando, en junio de 2011, el entonces presidente Alan García anunció el emplazamiento de una estatua de Cristo donado por la Asociación Odebrecht, fuimos varias las voces que señalamos, en diversos medios de comunicación, la inconveniencia de esta edificación.

Nos parecía contraproducente que el gobierno de un Estado laico utilice símbolos religiosos para elevar su popularidad. Ya lo había hecho con la promulgación de una ley que reconocía al Señor de los Milagros como “Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica de la República del Perú”.

Peor aún, el entonces ministro de Cultura buscó justificar la obra señalando que el doctor García buscaba darle una sorpresa a la ciudad y, posteriormente, señalando que se haría un homenaje a los caídos en las batallas de San Juan y Chorrillos de la Guerra del Pacífico. Olvidó que ya existía un monumento al Soldado Desconocido en honor a quienes defendieron la ciudad del invasor extranjero.

Desde el punto de vista urbanístico, ya se hacían varios cuestionamientos, no solo por colocar una estatua que se asemejaba mucho al Cristo de Corcovado, sino también por el retorno de monumentos colosales que hacían recordar a aquellos colocados por satrapías donde primaba el ego del gobernante. Sumemos a ello que se trataba de una obra que no pasó por un concurso público para su edificación.

Pero el punto más importante era que el principal donante de la obra era la asociación perteneciente a una compañía constructora brasileña que ya tenía varios cuestionamientos para junio de 2011. Obra para la cual el expresidente García dijo que había donado 100,000 soles – luego se desdijo e indicó que solo fueron 25,000 dólares -, lo que ya daba serios indicios del aconchabamiento existente entre aquel gobierno y Odebrecht. Todo ello en un contexto de cambio de mando, cuando ya se indicaba que el mandatario entrante, Ollanta Humala, también tenía fuertes nexos con el vecino del este. Y cuando ya sabíamos que las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez habían contribuido para la campaña electoral del hoy caído en desgracia Alejandro Toledo.

Peor aún, la Megacomisión presidida por el hoy exparlamentario Sergio Tejada encontró indicios bastante serios de la relación entre Odebrecht y el segundo gobierno aprista, a partir de dicha donación. Confirmó que el estudio Nava & Huesa – vinculado al exministro Luis Nava Guibert – había sido patrocinante de la compañía brasileña durante dicho periodo gubernamental. Se encontró que el único donante de la obra había sido la Asociación Odebrecht, se confirmaron las 16 visitas de Jorge Barata – el hombre fuerte de la compañía en el Perú – y que el señor García participó en la sesión que conformó el Patronato del Cristo del Pacífico y fue propuesto como “promotor” de la obra.

Peor aún, todos los trámites para el levantamiento de una obra en un escenario como el Morro Solar apenas demoraron un mes. De hecho, en un solo día se aprobaron once trámites administrativos. Una celeridad digna de mejor causa.

Y para completar el cuadro, todos los trámites para la edificación del Cristo del Pacífico se realizan cuando se encontraban en plena licitación de obras de los Tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que ganó Odebrecht en lo que se refiere al primer tramo.

Si ya esto hacía que la obra fuera controversial, las revelaciones sobre Odebrecht a partir del caso Lava Jato solo pueden generar una salida: el retiro de la controvertida estatua, convertida, a más de cinco años de su colocación, en una afrenta para el país.

La chapa de “Cristo de lo Robado” ahora se ajusta con facilidad. Y cualquier persona – con mayor razón, los creyentes – pediría que dicho monumento a la cutra deje de adornar las costas de la capital del Perú.

(Publicado originalmente en La Mula)