Los reales problemas del Caso El Frontón

El Frontón

La acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por un fallo emitido en el 2016 sobre el Caso El Frontón activó una falacia. Se ha señalado que esta resolución perjudicaba a los miembros de la Marina de Guerra procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, al declarar que lo ocurrido podría constituir un crimen de lesa humanidad y, por tanto, reabrir el caso. Se omite que, en realidad, el proceso judicial por los posibles delitos cometidos con posterioridad al legítimo debelamiento de un motín senderista en 1986 nunca se cerró.

La resolución emitida el año pasado, que corrige el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en el 2013, corresponde a un proceso de hábeas corpus iniciado en el 2009 por quienes hoy se encuentran en juicio oral ante la Sala Penal Nacional. El fin último de esa demanda habría sido que el caso prescriba.

Yerros hay en ambas resoluciones. El Tribunal Constitucional nunca debió pronunciarse – ni en el 2013 ni en el 2016 – sobre si estábamos ante un delito de lesa humanidad, cuestión que corresponde al Poder Judicial. Tampoco debió, como se hizo en la sentencia original, interpretar que el caso no se cerraba para los acusados como perpetradores directos, pero sí para los posibles autores intelectuales. Este punto contraría las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso. Y a ello se suma la errática corrección sobre el voto contradictorio del magistrado Juan Vergara Gotelli, cuyo sentido real no conoceremos, debido a un mal degenerativo.

En realidad, el Tribunal Constitucional debió declarar que el proceso por presuntas ejecuciones extrajudiciales no prescribía porque se trataba de posibles delitos que, de confirmarse, constituirían una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con las sentencias de la Corte IDH en los casos Barrios Altos, Gomes Lund y Gelman. Aún puede hacerlo, dado que se interpuso una queja contra su segunda resolución en el proceso de hábeas corpus.

Pero las discrepancias que puedan existir sobre una interpretación legal no deben procesarse a través de una acusación constitucional. Tampoco existen evidencias de prevaricato en este caso, como han indicado bien los abogados de los magistrados. Por ello, el Congreso de la República debería cerrar este procedimiento. Más aun cuando la acusación se habría contaminado con intereses políticos subalternos, que buscarían magistrados más afines en el Tribunal Constitucional o cerrar un caso incómodo para un partido criticado por los errores de sus dos gobiernos.

Dicho esto, el sistema de justicia debe ser más expeditivo en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000. Tanto las víctimas como los acusados se ven afectados por la demora en estos procesos, que deben culminar con sentencias absolutorias o condenatorias.

Como sociedad, debemos comprender que de confirmarse la ejecución de prisioneros rendidos, por más delincuentes que hubieran sido, sería una conducta punible. Peor aun, no investigar este caso podría impedir que los peruanos distingamos entre quienes deshonraron el uniforme de Grau y los marinos que nos defendieron adecuadamente frente al terror que amenazó al Perú.

(Publicado originalmente en el diario El Comercio)

El candado (leguleyo) de la Bankada

Bankada

Este jueves, Fuerza Popular aprobó una modificación del Reglamento del Congreso contraria al sentido al fallo del Tribunal Constitucional sobre el transfuguismo. Mientras hay movidas en todas las bancadas, Kenji Fujimori está más solo que nunca. La historia de una semana complicada en el parlamento. 

El martes 12, los fujimoristas Daniel Salaverry, Rolando Reátegui, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra, Héctor Becerril y el aprista Javier Velásquez Quesquén presentaron una iniciativa veloz para modificar algunos artículos del Reglamento del Congreso de la República.

Ellos se adelantaron por un día a la publicación del fallo del TC que declaraba inconstitucional el recorte de derechos a los congresistas que renunciaban o eran expulsados de su bancada de origen. La sentencia permitía la creación de nuevas bancadas o la adhesión a las ya existentes de estos parlamentarios.

Originalmente, el proyecto se discutiría al día siguiente. Sin embargo, la cuestión de confianza presentada por Fernando Zavala demoró los planes. Ello dio tiempo para que el bloque parlamentario Nuevo Perú presentara su solicitud para ser bancada. El Consejo Directivo presidido por Luis Galarreta accedió al pedido zurdo.

Con los votos fujimoristas y apristas, la propuesta de Fuerza Popular fue aprobada. Así, se creó un nuevo candado para evitar una diáspora en la bancada mayoritaria.

Tuesta
Fernando Tuesta estima que Fuerza Popular ha buscado blindar a su bancada de nuevas disidencias, vulnerando la sentencia del Tribunal Constitucional (Foto: La República)

LA LEGULEYADA HECHA REGLAMENTO

Desde hoy, los congresistas renunciantes a su grupo por separación de su alianza electoral o quienes sean expulsados y consideren que sus derechos fueron vulnerados tendrán la opción de formar un grupo mixto parlamentario. Pero a condición de una aprobación previa del grupo parlamentario original o, en segunda instancia, por el Consejo Directivo del Congreso.

Para el politólogo Fernando Tuesta, la norma escamotea lo señalado por el TC: “Fuerza Popular puede determinar que no existe violación de derechos y convertir en un calvario la salida de un congresista“. Todo queda en manos fujimoristas.

La norma tiene otro inconveniente: no contempla a los congresistas suspendidos, ni a los renunciantes por cuestiones de conciencia o discrepancias con la dirección del grupo parlamentario. Ello vulnera la sentencia del TC.

La abogada y periodista Rosa María Palacios recordó para este informe que fue difícil obtener un fallo en el Tribunal, dado que había dos votos claros en contra. Para ella, la resolución es adecuada porque distingue entre “transfuguismo ilegítimo” y disidencia. Pero estima que será difícil cuestionar la modificación al Reglamento del Congreso, debido a que el magistrado Augusto Ferrero Costa requirió los votos fujimoristas para acceder al TC.

Para Tuesta, el único objetivo de la medida es mantener la unión del fujimorismo en el Congreso: “Fuerza Popular sabe que es probable que su bancada se rompa, que es lo que le interesa más que normar una regulación sobre el transfuguismo“. Palacios coincide: “les interesa partir a todas las bancadas, menos la suya. Es una jugarreta de Galarreta“.

Kenji
Así lucía el avatar del congresista Kenji Fujimori en Twitter el último viernes. Una clara protesta, pero solitaria.

LA SOLEDAD DE KENJI FUJIMORI

Palacios estima que el perdedor político en esta pugna fue Kenji Fujimori. Él votó solitariamente en contra del cambio del Reglamento del Congreso y de la censura al gabinete Zavala. Ella explica por qué sus supuestos 23 leales votaron en bloque con el resto de su grupo:

“Les han ofrecido la reelección. Los blindaron en la Comisión de Ética o los van a limpiar a cambio de su lealtad. La posibilidad que Kenji les ofrezca un futuro diferente es remota, pues él pensaba hacerle un golpe de Estado a Keiko. Pero tiene que convencer a un consejo directivo copado por ella y a una asamblea que es el candidato del 2021. Y no tiene inscripción alternativa”

En la interna fujimorista se habla de una encuesta que les daría 100 congresistas en caso se censure a un segundo gabinete de PPK y se convoque a nuevas elecciones al Congreso. Se desconoce si las cifras son verdaderas.

La libertad de Alberto Fujimori, punto único de la agenda kenjista, se ha diluido. El comunicado partidario por el aniversario de la captura de Abimael Guzmán ni siquiera menciona al líder histórico.

Tuesta tiene una opinión similar: “Hay quienes votaron por temor. Pero tampoco estoy tan seguro de la lealtad de los kenjistas“. Las disidencias en votaciones han sido menores.

Una muestra de la soledad política de Kenji es el uso de “fujitrolls” para crearle memes falsos y así indisponerlo con el resto de la Bankada, como reportó Utero.pe.

Rosa Maria Palacios
Para Rosa María Palacios, la bancada de Alianza Para el Progreso se mantiene firme gracias a un liderazgo político tradicional cómo el de César Acuña (Foto: Rosa María Palacios.pe)

LAS OTRAS MOVIDAS

Tuesta estima que la creación de la bancada Nuevo Perú, siendo legal, tendrá un problema con el financiamiento partidario, pues recaerá por entero en el bloque liderado por Marco Arana: “No es poca cosa. Eso lo reciben gracias a que eran 20 parlamentarios originalmente y el Frente Amplio se queda con todo siendo la mitad“.

Por su parte, Peruanos Por el Kambio parece salvarse, momentáneamente, del riesgo de una escisión. Incluso han sumado a la independiente Patricia Donayre a sus filas: el gobierno suma a una aliada y ella recupera visibilidad política.

Mientras que la solidez partidaria de Acción Popular y el APRA les permite tener bancadas sin disidencias mayores, en Alianza Para el Progreso la clave estaría en su líder: “Acuña maneja las relaciones con sus congresistas en forma tradicional: los lleva a almorzar o de viaje a ver a (Luis) Iberico que es embajador en Roma. Él indica que se apoye al gobierno marcando cierta distancia“, concluye Palacios.

Finalmente, la posibilidad de una bancada evangélica liderada por Julio Rosas se ha diluido. No solo por la norma recién aprobada, sino porque los pastores y sus seguidores se convencieron que es mejor estar en todas las fuerzas políticas para obtener sus objetivos conservadores.

Así es la situación actual en el Congreso de la República.

(Publicado originalmente en La Mula)

 

 

 

 

Un gran lío en el Tribunal Constitucional

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(Un amparo remeció al pleno del Tribunal Constitucional. Foto: TC)

Esta semana terminó de reventar una bronca de proporciones en el Tribunal Constitucional. Una demanda de amparo planteada por las universidades pertenecientes al grupo Laureate sobre temas tributarios motivó rencillas en la Casa de Pilatos que terminaron ventilándose ante la prensa. Esta es la historia.

A inicios de julio, el semanario Hildebrandt en sus Trece publicó que cuatro magistrados del TC (Ernesto Blume, Carlos Ramos Nuñez, Manuel Miranda – actual presidente de la entidad – y Eloy Espinoza – Saldaña) votaron a favor de conceder que la UPC y la Universidad Privada del Norte pudieran acogerse a un beneficio tributario aprobado en 1996.  El juez José Luis Sardón se abstuvo, al haber sido docente y autoridad de la UPC, mientras que los magistrados Óscar Urviola y Marianella Ledesma decidieron votar en contra.

Pero lo que llamó la atención fue lo que trascendió del voto singular de Ledesma. Así lo reseñó la periodista Rebeca Diz:

“Con indignación, voto en contra de la posición en mayoría del TC, porque considero con certeza, y sin ningún margen de duda, que por puros motivos subjetivos y amparándose en normas que han sido citadas de modo incompleto, carentes de veracidad e irrelevantes para este caso, han otorgado un millonario beneficio tributario tanto a la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC) como a la Universidad Privada del Norte (UPN)”, arranca diciendo Ledesma en su voto singular.

La magistrada, después de argumentar que “no existe una ley tributaria que autorice” la decisión de sus colegas y que con el fallo están “consagrando la ‘muerte’ del legislador para la justicia en nuestro país hayan firmado una sentencia como la presente que no tiene base jurídica y que sólo constituye un homenaje a la retórica, por decir lo menos (…)”.

Entre líneas la magistrada hace saber a la ciudadanía las presiones dentro del TC para evacuar un fallo favorable al holding empresarial. “… No he visto caso alguno, hasta el momento, desde que he ingresado al Tribunal Constitucional, que haya merecido tal debate e insistentes ponencias a fin de alcanzar la exoneración de un beneficio tributario. Posiblemente la historia de este millonario beneficio tributario podría terminar con el veredicto de la mayoría del TC, sin embargo, estoy segura de que no será así. Este caso no termina en las paredes del TC, sino que serán la opinión pública, la sociedad y el ámbito académico los que darán el mejor veredicto de lo que puede contener este caso. La diferencia entre ambos veredictos ya no será sobre cómo se ganan los casos a cualquier costo, sino sobre lo que realmente importa: la justicia”, dice la magistrada.

Semanas más tarde, en vísperas de Fiestas Patrias, salió la sentencia publicada en la web del Tribunal Constitucional. Los argumentos jurídicos eran claros: la mayoría de cuatro votó por otorgar los beneficios tributarios a las mencionadas casas de estudio al señalar que la SUNAT los había prolongado de facto. Ledesma argumentó que dichos beneficios solo podían extenderse por una Ley expresa del Congreso de la República, por lo que la interpretacion de sus colegas era errada. Hasta allí, una discusión clara sobre Derecho Constitucional Tributario (a nuestro criterio, la opinión de Ledesma era la correcta).

Pero los líos se desataron por la parte extrajurídica del caso. En efecto, la llamada de atención de Ledesma figuraba en su fundamento de voto, publicado por el TC:

Los magistrados aludidos no se quedaron callados. En forma escueta, el presidente del TC exponía así su rechazo a lo planteado por Ledesma:

Más fuerte fue lo apreciado por sus otros tres colegas. Primero, el magistrado Blume Fortini dijo lo siguiente en su fundamento de voto:

Posteriormente, Eloy Espinoza – Saldaña llegó a pedir una sanción, tanto por la filtración de la sentencia como por el voto singular de Ledesma:

Y Carlos Ramos terminó diciendo estas frases bastante duras:

Si lo visto ya no tenia precedentes en la historia constitucional peruana – nunca antes los magistrados del TC se mandaban puyazos a través de sus votos singulares o fundamentos de voto -, la cuestión escaló en los últimos días. Ante diversos medios de comunicación, Ledesma denunció que la pretendían vacar como magistrada, ante un pedido de su colega, Ernesto Blume. Dicho pedido, en principio, se vería el martes 16 de agosto. La magistrada señaló que no era responsable de la filtración de la información sobre la sentencia y que lo expresado en su voto respondía a su conciencia, por lo que una vacancia podría ser tomado como una suerte de censura de sus expresiones.

Esta mañana, Blume fue a Ampliación de Noticias (el programa estelar de RPP) para justificar su pedido de vacancia. Tanto Fernando Carvallo como Patricia del Río le inquirieron por las razones por las que promovía la salida de la magistrada Ledesma. El juez del Tribunal Constitucional no pudo señalar con claridad la motivación de su pedido. Los dos periodistas le hicieron notar que no se toleraban opiniones disidentes al interior del TC y que, además, él sería juez y parte al resolver la solicitud de vacancia que él mismo había planteado. Sin embargo, Blume no incidió en el que podía ser el argumento más fuerte del caso: la filtración del voto, que si puede ser una causal de sanción al interior del organismo.

Hace unas horas, El Comercio señaló que Blume ha retirado el pedido de vacancia contra Ledesma “por razones de índole institucional”. Con ello, en el papel, ha quedado resuelta la permanencia de la magistrada, pero probablemente será amonestada. Pero, sin duda, algo se ha quebrado en el colegiado que debe ver muchas de las cuestiones legales más importantes del país. Y si a ello se suma la polémica sobre la interpretación dada por cuatro magistrados en un tema bastante controvertido – beneficios tributarios para universidades con fines de lucro -, una de las instituciones más importantes del país vuelve a estar en la noticia, no precisamente por buenas razones.

Bendita píldora

El último lunes, el Tribunal Constitucional dio una sentencia que ha mi modo de ver sienta un importante precedente entre lo que debe ser la relación entre Iglesia y Estado y las políticas de salud reproductiva.

El TC deja en claro que la Anticoncepción Oral de Emergencia, es decir, lo que en jerga conocemos como píldora del día siguiente no es un método abortivo, ni mucho menos, sino que tiene facultades anticonceptivas. ¿En qué se basa? Los informes de las siguientes entidades: Defensoría del Pueblo, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Colegio Médico del Perú y los Ministerios de Salud y Justicia.

Es decir, tanto organismos especializados en salud como entes encargados de vigilar la defensa de los derechos ciudadanos y las políticas de población, tanto en nuestro país como en el extranjero, han podido demostrar que toda la campaña de desinformación dada desde las Iglesias y médicos vinculados a ellas (como Luis Solari o Fernando Carbone) es falsa.

Hago un paréntesis para mencionar algo. Soy católico, apostólico y romano (a pesar de Cipriani) e intento llevar mi vida de acuerdo a los valores que el Evangelio da. Hecha esta profesión de fe, continuo con la idea.

Pues bien, si bien la mayoría de peruanos son católicos o cristianos (por lo menos, de la boca para afuera) y a muchos de ellos les importa que diga la Iglesia a la que pertenece sobre los temas más mundanos (por lo menos, personalmente, es una opinión que tomo en cuenta), las instituciones eclesiales no son entes que deban impedir que se tome una determinada medida o consideración que compete tomar al Estado.

L.Q.Q.D., somos un Estado laico, donde la Iglesia y el Estado toman caminos separados y muchas veces enfrentados.

Si alguien no quiere ponerse un condón o tomar – en los casos que sea necesario – la píldora del día siguiente por cuestiones religiosas, es una decisión personal. Pero el hecho de que la tenga y que tenga una institución detrás apoyándola – por más importante que pudiera ser – no debe llevarnos a imponer algo que contrae la libertad de los demás y el derecho que toda persona tiene a la salud reproductiva y a decidir cuando quiere o no tener hijos.

Pensar que por permitir o avalar los métodos anticonceptivos nos vamos a ir a una ola de libertinaje o de pecado es un pensamiento arcaico. Cada persona decide, en base a los valores que le han inculcado, cuando comienza su vida sexual. Y si decide iniciarla y optar por un método artificial nadie tiene porque inmiscuirse en esa decisión. Y teniendo en cuenta los derechos antes mencionados como las posibles consecuencias de salud que puede tener, el Estado tiene la obligación y el deber tanto de dar información como de proporcionar los métodos de planificación familiar, siempre que no sean abortivos.

Y, para los médicos católicos, entiendo perfectamente el conflicto ético que les suscita ir en contra de lo que la Iglesia señala. Pero en este caso, recuerden que hicieron un juramento de ser profesionales y proteger la salud sin importar cuales fuera sus creencias.

Finalmente, algunos optamos por esperar hasta la mujer ideal. Pero eso no implica que pretendamos que el resto de la gente lo haga o que el Estado o cualquier institución se inmiscuya en nuestras sábanas. Quizás sea la hora de abordar el tema, sin escándalos ni cucufaterías, dentro de la propia Iglesia Católica. Tal vez encontremos que las opiniones sobre la anticoncepción artificial residen más en nuestros propios prejuicios antes que en las enseñanzas que dio un flaco que estuvo por aquí hace 2000 años.

MAS SOBRE EL TEMA:
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la AOE.
A FAVOR:
UterodeMarita.com: La Inquisición estudia uso del condón.
El Blog del Morsa: Controversias: La píldora del día siguiente.
Blog del Paki: AOE con TC.
OcraM comenta esta entrada.
EN CONTRA:
Danza Invisible: La AOE en el candelero: interrogantes.
Pueblo Vruto: Sí a la píldora, no a la vida.