El periodismo y Odebrecht (Segunda parte)

Durante esta semana, en redes sociales se ha discutido ampliamente sobre los vínculos que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht con periodistas y comunicadores durante los últimos años. En este debate intervinimos el martes con un post en este espacio. Este debate ha tenido matices de todo tipo, así como, por cierto, el uso de la información para darle de alma al rival ideológico de turno y, claro está, para intentar bajar la llanta a los medios que vienen investigando sobre el caso Lava Jato.

A continuación, algunas reflexiones finales sobre algunos de los tópicos discutidos en esta semana.

(Foto: IPYS)

EL CASO IPYS

Como ya es conocido, Odebrecht donó una suma importante de dinero al Instituto Prensa y Sociedad para la realización de la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo. El contrato se rescindió en 2015 de mutuo acuerdo entre las partes, una vez que se conoció la magnitud del involucramiento de la constructora en los casos de corrupción investigados en su país y que también comprenden a funcionarios peruanos.

Esta semana, Gustavo Gorriti y Augusto Álvarez Rodrich, expresidente y actual presidente del IPYS respectivamente, escribieron columnas de opinión en torno al caso. A diferencia de quienes han querido ver oposición entre ellas, creo que ambas tocan puntos importantes que se complementan.

La columna del jueves de AAR en La República aclara algunas cuestiones importantes sobre la participación que tuvo Odebrecht en los PNP: el contrato se publicó en forma transparente en la web de la entidad, se formó un comité de premios y se colocaron bases que impedían algún tipo de cortapisa en la presentación de temas y los recursos fueron utilizados tanto para los premios en efectivo como para la organización del certámen. Esta explicación fue complementada ayer en RPP TV con una entrevista hecha por Patricia del Río a Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda, director de la entidad no gubernamental.

En términos estrictamente legales, sin duda, la explicación deja en salvaguardia a IPYS, dado que los fondos han sido empleados correctamente y porque el otorgamiento de los galardones se dejó a cargo de jurados (varios de ellos provenientes del extranjero) que no tenían, en principio, vínculos con la empresa brasileña. Asimismo, como ha mencionado Uceda, algunos de los periodistas premiados han investigado a Odebrecht o a obras de la referida compañía, por lo que no existiría un filtro a favor de la cuestionada entidad. En estos aspectos, le doy la razón a Augusto.

Gorriti se enfoca, sobre todo, en los aspectos éticos de la donación. La posición de Gorriti es que no se pueden aceptar regalos, honorarios, pasajes, consultorías de empresas o realizar servicios de media training para las mismas, salvo circunstancias bastante excepcionales. Para el director de IDL – Reporteros, existía un conflicto de interés al recibir una donación de Odebrecht y, por ello, decidió que ninguno de los reportajes de su equipo se presentaría al PNP, debido a que ya existían investigaciones serias sobre la empresa brasileña.

Coincido con Gustavo en que recibir la donación de Odebrecht fue un error. Ya existían informaciones claras sobre los casos de presunta sobrevaloración de obras y la fama de la empresa era, para 2013 – 2014, bastante mala. De hecho, ya en la campaña de 2011 se discutió mucho sobre la cercanía de constructoras brasileñas a los entornos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, aunque, como ha podido conocer este blog, personajes como Jorge Barata se acercaron a todas las tiendas políticas, sin discriminación. Este mismo motivo hizo que otros periodistas declinaran presentar sus trabajos a los PNP.

También concuerdo con Gorriti cuando señala que es necesario preservar al IPYS como entidad encargada de la protección de la libertad de expresión e impulso del periodismo de investigación, razón por la cual se necesitan reformas y recambios. La salida de Mabel Cáceres e Iván Garcia ante este caso, así como la puesta en conocimiento de la lejanía que, desde hace algún tiempo, mantienen Gorriti y Rosa María Palacios de la entidad, abre una coyuntura clave para ello. Al margen del examen sobre personas y responsabilidades en este caso, la entidad debería tener una política por escrito sobre la posible recepción de donaciones privadas y, en caso las acepten, cuáles son los montos tope y el tratamiento a darle a estos donativos.

(Reportaje de Hildebrandt en sus Trece reveló algunos nombres de periodistas que hicieron trabajos para Odebrecht. Foto: Utero.pe)

CONSULTORIAS Y ASESORIAS

En su edición de ayer, Hildebrandt en sus Trece presentó un informe en el que, gracias a informantes de Odebrecht, pudo reconstruir y contrastar información sobre algunos periodistas y comunicadores que realizaron consultorías y asesorías para la empresa.

Pedro Tenorio, actual conductor de noticias en Latina y columnista en El Comercio, reconoció haber realizado trabajos en asesoría de prensa para una obra puntual de la compañía, cuando no se encontraba trabajando para ningún medio.  Mientras que el informe de Eloy Marchán también registra que Alfonso Baella Herrera hizo servicios sobre redes sociales para Odebrecht entre 2009 y 2014, cuestión que habíamos señalado en este blog el pasado martes. Luego de semanas sobre no pronunciarse sobre este tema, que ya era tocado en redes sociales, Baella reconoció que había hecho trabajos para la empresa, pero que no mantenía vínculos actuales con la misma. 

Más complicada es la situación del periodista Enrique Castillo, a quien el semanario indica como asesor de Jorge Barata, el alto representante de la compañía en Perú, quien viene declarando para acceder a los beneficios de la delación premiada en Brasil y se acogerá a la colaboración eficaz en nuestro país. Según nuestras fuentes, Castillo negó a directivos de Canal N cualquier vínculo con Odebrecht. El también columnista de Perú.21 se excusó en declarar para HEST porque estaba por emprender un viaje.

También se hizo alusión a los vínculos de la empresa ADN Consultores con Odebrecht. El periodista Mario Saldaña, socio de la misma, no recordó si había hecho servicios puntuales para la misma, pero el semanario indicó que sus fuentes dentro de Odebrecht referían la prestación de servicios para la licitación de la planta de tratamiento de Taboada. En entrevista ayer con Nicolás Lúcar, Saldaña negó haber prestado servicios para la controvertida compañia y refirió que lo había hecho “su exsocia”, sin mencionarla. Este blog registró en 2009 que la comunicadora Laura Cáceres Friedman, la exsocia de ADN, nos reconoció ser la encargada de relaciones públicas externas de Odebrecht para este tema.  En aquellos años, Cáceres era pareja del periodista Aldo Mariátegui, entonces director de Correo.

Finalmente, se mencionó a Juan Carlos Valdivia, columnista de Correo y del portal El Montonero, quien fue asesor para Odebrecht en relaciones institucionales entre 2010 y 2016, quien dejó dichos servicios por los escándalos de corrupción. Valdivia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho Raúl Vargas, director de RPP Noticias, quien colaboró en dos publicaciones editadas por los brasileños y fue jurado en el premio “Peruanos Construyendo Futuro”, organizado por la empresa.

En todos los nombres mencionados, hasta el momento no se registra ninguna colusión con actividades ilegales. Es decir, algún tipo de favorecimiento indebido o complicidad directa con los delitos realizados por directivos de la empresa en el Perú y en el extranjero.

Sin embargo, sí corresponde hacer una evaluación ética, no solo por la vinculación con una empresa que, como hemos mencionado anteriormente, ya tenía serios problemas de imagen desde, por lo menos, fines de la década pasada, sino también por este tránsito entre el periodismo y las consultorías.

Creemos que, al igual que en otras profesiones liberales como el Derecho, aquellos comunicadores que asesoran en diversos planos a empresas tienen la atribución de escoger a sus clientes. Y ello implica, por cierto, tener un filtro ético claro para saber elegir a las empresas con quienes se vinculan.

En el caso de aquellos columnistas que son consultores de empresas, resulta indispensable que sean claros en indicar que se dedican a dicha actividad y, en la medida de lo posible, referir su lista de clientes. Asimismo, sostengo que deberían evitar referirse a sus clientes o a aquellos proyectos de inversión en los que están involucrados. El full disclosure es lo mejor en estos casos.

Pero en el caso de quienes están comprometidos contractualmente con un medio – sea por laboralmente o por contrato de servicios – sí creo que no se puede estar en una pantalla o teclado y, al mismo tiempo, hacer labores de asesoría para empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Si bien para algunas se ha convertido en una fuente alternativa por los sueldos que paga el periodismo, creo que se debe apostar a la mejora de los sueldos en las empresas periodísticas, que deben colocar en sus códigos de ética que quienes tengan vínculo con ellas no se dediquen a este tipo de actividades, así como vigilar su observancia. Estar en los dos lados del mostrador es, a mi criterio, insostenible.

Sostengo que este caso nos debe servir para pensar aquello que Gorriti alguna vez sostuvo: esta suerte de mezcla entre asesores de empresas, periodistas, consultores de imagen y spin doctors empresariales y políticos. Es una mala práctica iniciada en el Perú durante los años 2000 que debe terminar para siempre.

Finalmente, creo que es mejor la transparencia en todos estos casos.

UN COMENTARIO FINAL

No me cabe duda que estas reflexiones son pertinentes. Pero también es cierto que el caso, como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, ha sido aprovechado por algunos partidos políticos – como el APRA y el Fujimorismo – asi como por sus simpatizantes y columnistas afines para tratar de demoler a varias personas que, desde hace tiempo alertan sobre este tipo de casos. O para intentar distraer la atención de sus propios vínculos con Odebrecht y otras empresas brasileñas.

De hecho, el día de ayer, el columnista de un diario en el que he colaborado, vía Twitter, intentó vincularme con estas empresas, con el sibilino “está circulando la versión que”. Como lo sostuve al responderle y ahora reitero aquí, no he tenido ningún vínculo con Odebrecht, ni con las empresas privadas comprometidas con el caso Lava Jato. Tampoco brindo servicios de asesoría de imagen o consultorías a entidades públicas o empresas. Y tampoco he participado en libros o foros auspiciados por Odebrecht o constructoras brasileñas.

Por nuestra parte, esta reflexión acaba por ahora. Creemos que es importante, en este momento, apuntar a que las investigaciones en el caso Lava Jato se lleven a cabo con la mayor pulcritud y, sobre todo, que todos los culpables caigan, sin importar la tienda política.

Ollanta, las Fuerzas Armadas y el Informe Bernales

(Los ascensos militares de Humala bajo la lupa. Foto: El Comercio)

En pocos círculos se ha discutido, hasta ahora, el informe presentado por la Comisión de evaluación de los ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas entre 2012 y 2016, conocido también como Informe Bernales (en alusión a que el grupo de trabajo era presidido por el abogado y exsenador Enrique Bernales).

La formación de la Comisión fue una salida que tuvo el Ministerio de Defensa – en el breve paso de Mariano Gonzáles – para poner paños fríos a los reclamos de oficiales en retiro (sobre todo, en el Ejército) sobre un tema que siempre resulta delicado en las instituciones castrenses.

La hipótesis del informe es que Ollanta Humala buscó el control político del Ejército, favoreciendo a oficiales cercanos a él – sobre todo, de su promoción -, para lo cual se variaron las normas sobre permanencia de los altos mandos castrenses en sus rangos.

Este tema comenzó a discutirse públicamente en 2015, cuando la promoción “Héroes de Pucará y Marcavalle” del Ejército Peruano comenzó a tener fuertes expectativas de ascenso al rango mayor de la institución: General de División. A tal punto llegaron las discrepancias que el entonces ministro Jakke Valakivi debió ir al Congreso a explicar los ascensos y que excomandantes generales del Ejército discrepaban en público respecto de los mismos.

Lo mismo ha ocurrido con el Informe Bernales. Como indicó Ricardo Uceda hace semanas, el clima castrense ha ido calentando junto con el verano:

Ahora mismo, en el Ejército, y a escala nacional, hay una confrontación de sectores que ha saltado a las redes, donde se atacan duramente. El informe, dice una parte, reivindica a fujimoristas. A su vez, hay páginas elocuentes respecto del supuesto humalismo de (Luis) Ramos Hume (actual comandante general del Ejército, nota de DTP). El ministerio está en una encrucijada. La gravedad de las aseveraciones del informe bien merece un examen público, aunque el debate en sí mismo no resuelve las cosas. Quizá, entre los promovidos por Humala o por los gobiernos anteriores hay institucionalistas con los que pueda hacerse una pirámide virtuosa.

Ayer Rosa María Palacios terció en el debate, señalando que la comisión Bernales postulaba que, en la práctica, el Presidente de la República no tenga la posibilidad de cambiar las recomendaciones de ascensos y pases al retiro de los institutos armados, lo que resultaba controvertido en términos constitucionales.

Para ahondar más la polémica, en su presentación del miércoles, Bernales indicó que Humala tenía un proyecto de permanencia en el poder de quince años. Y también señaló la bronca con el primer comandante general del Ejército de la era Humala. Citamos a La Republica:

“El general Paul da Silva era el comandante general del Ejército, pero a los nueve días de estar en el cargo durante el gobierno del ex presidente Humala fue destituido. La información que nos ha llegado es que se trató de presionar al general Da Silva para que diese información sobre cómo había sido el voto de los oficiales del Ejército en el proceso electoral del 2011 y quiénes habían votado por Ollanta Humala o Keiko Fujimori”, relató.

El problema es que la fuente de Bernales tiene una relación – por decir lo menos – complicada con el expresidente. Da Silva y Humala no se tragan por diferencias políticas. Y el proyecto de 15 años resultaba inviable, además de la debilidad de Humala, por el hecho que la oficialidad en actividad y en retiro se hallaba descontenta por el cierre de la cédula viva militar. De hecho, lo ven como un traidor. Lo que sí resulta cierto es que el favorecimiento a la promoción 1984 era, por decir lo menos, inocultable.

El otro punto de polémica del informe se centra en las recomendaciones para revisión de casos. Un informe de Ángel Páez hizo que la comisión Bernales retrocediera en la posibilidad del retorno al Ejército del exsecretario de Vladimiro Montesinos, Mario Ruiz Agüero. Otros dos informes presentados por el periodista de La República consignaron los problemas con los reingresos de Oswaldo Zapata Corrales – tio del controvertido Oscar López Meneses – y Gualberto Zevallos.

Y anoche Rosa María Palacios presentó nuevos problemas con la reincorporación de Zevallos, así como los casos de otros tres oficiales donde las recomendaciones del grupo de trabajo resultan bastante controvertidas. A ellos se suman los casos ya señalados de Ruiz y Zapata.

Por ahora, el ministro Jorge Nieto ha optado por el mutismo, pero también por una salida intermedia. Ya presentó un proyecto de Ley para modificar las normas sobre ascensos y tiempos mínimos en el grado, pero ha mantenido a Luis Ramos Hume al frente del Ejército. Aun no se ha pronunciado sobre los casos presentados por Páez y Palacios que complican las recomendaciones de la Comisión Bernales.

Todo indica que la verdad se ubica en un punto intermedio. Humala sí habría tenido proclividad por su promoción del Ejército, pero también es cierto que algunos oficiales de la misma merecían ascender. Al mismo tiempo, varios pases al retiro de aquellos años si resultan justificados y otros podrían tener una revisión. Y, finalmente, deberá analizarse con calma si es que las actuales disposiciones normativas son las más adecuadas para mantener la institucionalidad castrense.

Vaya que Nieto va a tener harta chamba en este inicio de año.

Horror en el Pentagonito

(Centro de detención, tortura e incineración en San Borja. Foto: El Comercio)

El martes 27 de septiembre, la Sala Penal Nacional condenó a 22 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y al exComandante General del Ejército Nicolas Hermoza Ríos por las desapariciones forzadas de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo y del profesor y panadero Justiniano Najarro.

Estos crímenes fueron conocidos, inicialmente, gracias a la investigación realizada para el libro Muerte en el Pentagonito, escrito por el periodista Ricardo Uceda. En estos casos, quedó claro un modus operandi: informantes de la Marina de Guerra y civiles adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército brindaban información para que agentes de esta última institucion capturaran a presuntos miembros o simpatizantes de Sendero Luminoso. Luego de ser privados de su libertad, eran llevados a las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército, ubicadas en San Borja, donde eran torturados y, finalmente, ejecutados extrajudicialmente, sin reportar a sus familiares su paradero final.

Si estos hechos, per se, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, el destino final de los cuerpos de los tres ciudadanos es aún más macabro. De acuerdo con la sentencia, existió en el Cuartel General del Ejército un horno crematorio donde los restos de estas personas fueron incinerados. Una forma aun mas truculenta de eliminar cuerpos en las distintas modalidades de desaparición forzada que se vieron durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.

En este caso, se encuentran tres patrones diferenciados. En primer lugar, la eliminación de los restos mediante hornos crematorios es una práctica que también fue llevada a la práctica en Ayacucho en los años en los que se registraron más muertos y desaparecidos durante el conflicto. De acuerdo a lo señalado por el libro de Uceda, cientos de cadaveres fueron desenterrados y, posteriormente, quemados para no dejar huella de su muerte.

En segundo lugar, estamos ante un patrón de desapariciones forzadas bastante común en Lima. Como ha revelado la investigación de Victor Quinteros “Los 55 de Lima”, durante el gobierno de Alberto Fujimori, las desapariciones forzadas selectivas respondieron a un patrón de búsqueda y desaparición de restos que buscaba dar, en teoría, golpes a Sendero Luminoso. Sin embargo, la organización terrorista no se vio afectada y, en la mayoría de los casos, las personas ultimadas eran inocentes.

Ademas, nos encontramos ante la plasmación selectiva de la estrategia que el Ejército Peruano llevó a cabo desde los primeros años en los que se combatió a la subversión en Ayacucho. Cuando la CVR señala que, en algunos lugares y momentos, miembros de las instituciones armadas cometieron crímenes de lesa humanidad, se refiere, precisamente, a este tipo de eventos. El colegiado encargado de juzgar el caso Sótanos SIE ha tenido la misma opinión y ha señalado que estos hechos merecen esta calificación accesoria.

No debe dejar de llamar la atención el hecho que los dos condenados por estos casos hayan sido las dos personas en las que el expresidente Alberto Fujimori depositó su confianza para el manejo de las Fuerzas Armadas y que, además, también han sido condenadas por los asesinatos cometidos por el Destacamento Colina. Sin embargo, dado que el caso no fue considerado por la justicia chilena como pasible de extradición, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 no podrá ser procesado en el país por estos hechos.

Finalmente, queda un tema importante por saldar en este caso. El Ejército Peruano deberá brindar toda su colaboración para encontrar los restos de los tres desaparecidos, más aún cuando los crímenes fueron cometidos en su principal instalación en Lima. Este caso problematiza, aún más, la búsqueda de miles de personas que el nuevo gobierno deberá impulsar mediante la implementación de la ley sobre la materia emitida en junio pasado. Urge, por tanto, que este tipo de situaciones sean contempladas en el necesario proceso de restitución de restos y cierre del periodo de duelo que el país debe afrontar. Sin duda, el Estado tiene una tarea urgente por atender, más allá que, en este caso, se llegó a alcanzar justicia.

(Publicado originalmente en la web del IDEHPUCP)

Montesinos y Hermoza condenados por muertes en el Pentagonito

(Dos de los hombres fuertes del fujimorato condenados nuevamente por violaciones a los derechos humanos. Foto: El Comercio)

Esta mañana, Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás Hermoza Ríos fueron condenados a 22 años de prisión por la desaparición forzada de Martín Roca Casas, Kenneth Anzualdo y Justiniano Najarro Rúa. El caso, conocido como “Sotanos SIE”, es una de las más macabras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000.

Estos tres ciudadanos fueron desaparecidos en 1993. Según se pudo conocer a través del libro “Muerte en el Pentagonito”, escrito por el periodista Ricardo Uceda, el modus operandi fue el siguiente: estas tres personas fueron detenidas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, luego fueron llevados a los sótanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) en San Borja y posteriormente, fueron ejecutados y sus restos incinerados en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa – principal fuente de Uceda para esta investigación – y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

La existencia del horno para eliminar restos humanos fue comprobada en octubre de 2004. De acuerdo con testigos de esta modalidad de ejecución, los restos eran dispersados en los jardines del Pentagonito.

Como indica Rocío Silva Santisteban, si bien intervino directamente Jesús Sosa, este no es un crimen atribuible al Destacamento Colina:

Según el abogado Víctor Quinteros, quien trabajó para la Procuraduría investigando este caso, se trataría de “miembros del Puesto de Inteligencia de Lima (PIL), integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) […] Para la época en que Kenneth (Anzualdo) es detenido, el grupo Colina llevaba más de un año desactivado, su desaparición sería más bien atribuida a un grupo constituido dentro del SIE, uno entre otros bajo el mando del coronel Enrique Oliveros, hoy prófugo de la justicia”. Esto significa que, además de Colina, hubo otros grupos o subgrupos encargados de asesinar sistemáticamente a peruanos por el solo hecho de ser sospechosos de subversión.

De los tres casos, la desaparición forzada de Anzualdo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarándose la responsabilidad del Estado peruano en este caso. Se pidió que el caso fuera procesado hasta encontrar a los responsables. Ello se ha cumplido con esta sentencia. Sin embargo, queda pendiente establecer donde están los restos del estudiante universitario, así como los de Roca y Najarro.

Queda pendiente, además, la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de prisión por su participación en estos hechos. Se establece una reparación civil de un millón de soles.

Sin duda, se alcanza  justicia en un caso emblemático, que nos vuelve a recordar el horror del que se pudo ser capaz en nombre de la lucha contra la subversión. Así como los crímenes de Sendero Luminoso son justamente repudiados, este caso también merece la condena de la sociedad peruana.

POST DATA: Aquí una entrevista que le hice a Víctor Quinteros en 2012, donde cuenta los detalles del caso Sótanos SIE:

EL CASO SOTANOS SIE: OTRO BALDON PARA FUJIMORI

De como una investigación periodística inició uno de los casos más importantes contra el extraditable

Cuando se habla de las imputaciones por violaciones a los derechos humanos en contra de Alberto Fujimori, por lo general se hace referencia a los casos de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el Destacamento Colina, cuya conexión directa con el ex dictador es cada vez más probada.

Sin embargo, uno de los casos más graves por los que Fujimori podría ser extraditado tiene que ver con una vulneración de derechos fundamentales cometida durante su gobierno, bajo sus órdenes directas, por parte de otro escuadrón de la muerte, distinto a Colina en nombre, pero similar en modus operandi: la desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Técnica del Callao (Javier Roca y Kenneth Anzualdo) y de un panadero (Justiniano Najarro), en 1993.

El caso fue conocido para el gran público en 2004, con la aparición del libro Muerte en el Pentagonito. Su autor, el periodista Ricardo Uceda, relata hoy para El Comercio la historia de dichos crímenes y como fueron incluidos en el expediente de extradición.

Básicamente, el modus operandi fue el mismo: la detención a las personas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, su detención en los sotanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) y su posterior ejecución e incineración en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa – principal fuente de Uceda para esta investigación – y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

Con posterioridad a las investigaciones de Uceda, la Procuraduría Ad Hoc venía preparando el expediente Sotanos SIE, sobre la base de las torturas a Leonor La Rosa y Susana Higuchi, así como sobre los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Estos dos últimos casos eran los más sólidos de dicho expediente. También se imputó a Fujimori la desaparición forzada de un número determinado de personas.

Para poder especificar ante las autoridades chilenas la existencia de desapariciones concretas, se unieron dos voluntades. El entonces asesor de la Cancillería peruana para la extradición de Fujimori y ex secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza, y el abogado Víctor Quinteros, quien también trabajó en la CVR y participó en las investigaciones hechas por Uceda. Por indicaciones de Ciurlizza, Quinteros profundizó en lo investigado sobre las tres desapariciones forzadas antes mencionadas y, a los testimonios ya recogidos para la investigación periodística, sumó los cuadernos de registro de los detenidos, que resultaron compatibles con los casos de Najarro, Roca y Anzualdo y en los que, además de la comprobación de su detención, se comprobaron las visitas hechas por Vladimiro Montesinos a los prisioneros. Como se sabe, el único jefe directo de Montesinos era Fujimori, por lo que la teoría de dominio del hecho es claramente aplicable a este caso.

Estas averiguaciones condujeron a una ampliación del cuaderno de extradición, la cual fue aceptada por el gobierno chileno y que, de acuerdo al informe de la Fiscal Mónica Maldonado, debería ser parte de los casos por los que Fujimori debiera ser procesado en el Perú. Hay que indicar que este delito podría suponer hasta 35 años de cárcel para el ex gobernante.

Sin duda, el caso es sólido y podrían ser llamados a declarar tanto Jesús Sosa – hoy en la clandestinidad -, Leonor La Rosa y – ojo, apristas – Jesús “Chito” Ríos, quienes habrían participado en los seguimientos de los tres desaparecidos. Situación bastante complicada para alguien que, a través de su hija, manda mensajes al gobierno para que su situación, apenas llegue a Lima, sea la de la impunidad.