Cinco escenarios del segundo año de PPK

Araoz PPK

Con el nombramiento de Mercedes Araoz como presidenta del Consejo de Ministros, comienza el segundo año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para todo efecto práctico. ¿Qué retos deberá afrontar esta administración en este segundo tramo? Ensayamos una respuesta, a partir de cinco escenarios centrales que deberá afrontar.

La economía

Sin duda, para un gobierno caracterizado por la fuerte presencia de tecnócratas, este es el escenario donde se sienten más cómodos, por dos razones. En primer lugar, porque buena parte de las obsesiones del equipo gubernamental pasan por el éxito en recuperar tasas de crecimiento relativamente altas en forma paulatina. Destrabe es una de las palabras más pronunciadas en los pasillos de todos los ministerios, sobre todo, aquellos ligados a los sectores productivos.

En segundo lugar, porque el escenario internacional suena mejor. Los precios del cobre y del zinc son más que favorables para nuestras exportaciones primarias y reactivarán, sin duda, proyectos mineros dormidos. La recuperación económica en simultáneo de Estados Unidos, Europa y China es otra buena noticia. En los salones de la CONFIEP y otros gremios empresariales se respira confianza, no solo por la buena marcha internacional, sino también por el nombramiento de Claudia Cooper en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, más allá de los entusiasmos empresariales, el ciudadano debe sentir que el gobierno trabaja para su bolsillo. Ello va desde calmar las ansiedades por controles de precios que sabemos a dónde nos llevan, hasta una adecuada fiscalización de los derechos del consumidor. Es en esta materia donde PPK y su equipo tienen una seria deuda. Y una “reforma laboral pro empleo”, como la que pretenderían encabezar mediante facultades legislativas, requeriría dotes políticas que hasta ahora parecen escasear en el gobierno.

Donde parece no existir aún un norte claro es en los necesarios ajustes que el modelo económico requiere. Como advirtió el politólogo Alberto Vergara en su columna en El Comercio, es evidente que la economía no crece como quisiéramos hace varios años. Más allá de las responsabilidades particulares del gobierno de Humala o de la gestión Thorne en el MEF, resultaría necesario hacer este trabajo de pensamiento en torno al modelo de desarrollo que requiere el Perú. Pero las reacciones de nuestra derecha liberal en lo económico ante el artículo del docente de la Universidad del Pacífico hacen pensar que, precisamente, las presiones irán por continuar con más de lo mismo. Y es probable que en jirón Junín las acaten.

Género

Una materia en la que el gobierno hizo grandes esfuerzos durante el primer año fue en la lucha por la igualdad de género. La gestión de Ana María Romero tuvo como una de sus prioridades la lucha para defender a las mujeres de cualquier tipo de violencia. Al mismo tiempo, se dieron algunas iniciativas a favor de los ciudadanos LGTBI, como el Decreto Legislativo 1323 que incorporó a los crímenes de odio en la legislación peruana.

Sin embargo, esos avances parecen estar en peligro. La nueva titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está más preocupada en el empoderamiento femenino a través del mercado antes que en afrontar situaciones de violencia de género. Si bien la presidenta del Consejo de Ministros está sensibilizada con estos temas y anunció que propondrá un proyecto que busque la igualdad salarial entre hombres y mujeres, habrá que esperar a su discurso de investidura para conocer cuáles serán las prioridades del gobierno en esta materia. Y el tema LGTBI ha desaparecido de la agenda gubernamental. A ello se suma el nombramiento de Idel Vexler y Fernando D’Alessio en ministerios claves como Educación y Salud, siendo conocidas sus simpatías conservadoras.

Al mismo tiempo, confluyen dos escenarios. El gobierno se siente lo suficientemente débil como para encarar varias batallas y uno de los campos en los que indica que arriará banderas en lo referido a la igualdad de género. Y, de otro lado, los sectores conservadores buscan aprovechar la visita del Papa Francisco para obtener cualquier declaración que salvaguarde sus intereses. Si a ello se suma la división interna del gobierno en torno a temas confesionales, tenemos un escenario bastante complicado en esta materia.

El fujimorismo

Uno de los problemas que el gobierno nunca pudo resolver fue su relación con el fujimorismo. Las indecisiones en torno a este vínculo terminaron irritando a todos: detractores de Fuerza Popular que consideran inviable pactar con una mafia, resignados a la real politik que señalaban que “es necesario algún tipo de entendimiento para que avance alguna reforma” y entusiastas con un “cogobierno que le cierre el paso a la izquierda en 2021”.

Con el nombramiento de Araoz y la salida de ministros incómodos para el fujimorismo, cierta tregua política parece haberse alcanzado. Se da por sentado que, más allá de algunas modificaciones, la Ley de Presupuesto 2018 será aprobada. Y el gobierno procura que el clima político se enfríe hasta el verano, aprovechando la visita papal en enero.

Sin embargo, no se advierte aún una estrategia en el gobierno respecto a la bancada mayoritaria. Mejor dicho, hasta el momento no se modifica el status quo de la relación con Fuerza Popular y tampoco queda claro qué es lo que quiere hacer el gobierno. Por ahora, se prefiere mantener la indefinición, pero dos escenarios pueden cambiar las cosas: la aceleración de la crisis en el fujimorismo por el factor Kenji Fujimori y un posible indulto humanitario a Alberto Fujimori.

El indulto

Precisamente este es uno de los temas donde el gobierno tampoco tiene una definición clara. En Palacio de Gobierno, sin duda, se prefiere evitar que Fujimori muera en la cárcel, para evitar las consecuencias políticas de la posible creación de un “mártir”. Sin embargo, varias cuestiones complican una decisión en Palacio de Gobierno.

De un lado, es evidente que Keiko Fujimori no quiere un indulto humanitario a su padre. Ella oscila entre la posibilidad remota de una sentencia judicial que revierta en parte la condena sobre violaciones a los derechos humanos y el silencio claro sobre una gracia que su hermano sí está dispuesto a impulsar y, sobre todo, a tranzar con el gobierno.

De otro lado, el sector más movilizado en torno a reafirmar la culpabilidad de Fujimori en los casos de crímenes de lesa humanidad y corrupción tiene una capacidad de incidencia en el gobierno. No solo porque tiene perfiles mediáticos importantes o una personalidad con capacidad de influencia como Mario Vargas Llosa, sino también porque tiene un elemento que el sector favorable al indulto no puede esgrimir: capacidad de movilización en las calles.

Las élites están divididas sobre este tema, lo que lleva a que la decisión se siga postergando en Palacio de Gobierno. Eso sí, por ahora, está descartada la existencia de informes médicos o que la venida del Papa sea el momento perfecto para llevar a cabo esta complicada determinación.

Conflictos sociales

Por ahora, con excepción del conflicto alrededor de la posibilidad de una consulta previa en el Lote 192, las posibilidades de disputas en torno a proyectos mineros y de energía son reducidas. Los yacimientos más polémicos –Conga y Tía María– no se llevarán a cabo en este gobierno, más allá de los deseos de algunos entusiastas analistas. Por ahora, el gobierno tiene un flanco menos que cubrir en esta materia.

Sin embargo, la prolongada huelga de maestros mostró las debilidades estatales para afrontar conflictos donde lo laboral se mezcla con la política. Se desconoce el rol que tuvo el viceministerio de Gobernanza Territorial en este conflicto en particular, así como el papel que cumplirá en otras disputas de diverso tipo.

Precisamente, es el flanco laboral el que deberá cuidar más el Poder Ejecutivo. La huelga magisterial demostró que gremios con posibilidad de movilización tienen la capacidad de ponerlo contra las cuerdas. Si va por una reforma laboral, sin duda, se vendrán varias movilizaciones que podrían replicar lo visto en las marchas contra la “Ley Pulpín”. Sin política, cualquier cambio o proyecto importante se podría debilitar. Ya lo demostró el primer año de gestión.

(Publicado originalmente en Ideele. El autor hace la salvedad que trabajó en la Presidencia del Consejo de Ministros entre marzo y junio de 2017)

El caso Príncipe

(Presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado en celebración amical con el abogado aprista Moisés Tambini del Valle y su hija, la notaria Mónica Tambini de Kouri. Foto: Utero.pe)

Como consta por escrito en este blog, nos encontramos entre quienes consideramos asquerosa la campaña emprendida por el clan Orellana contra la abogada Julia Príncipe, quien se desempeñó durante años como Procuradora contra el Lavado de Activos. Y también consideramos que fue una torpeza del gobierno anterior despedirla en la forma cómo lo hizo, bajo sospecha de presiones políticas.

De allí que, en su momento, hayamos visto como un gesto importante que sea nombrada como Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la entidad que, hasta el momento, se encarga de designar a los Procuradores, es decir, a los abogados del Estado en los casos en los que habría perjuicio contra alguna entidad estatal o contra el sistema en su conjunto (terrorismo, corrupción y lavado de activos).

Pero también creemos que la encargada de una entidad de este tipo – y, además, posible nueva Procuradora General del Estado en algunas semanas – debe tener mucho cuidado respecto de los temas amicales. Y sobre todo, hacer públicos los posibles conflictos de intereses.

Hace unas semanas, el portal Utero.pe publicó unas fotografías del cumpleaños 80 del abogado Moisés Tambini del Valle. La trayectoria de este personaje da cuenta de algunas cercanías complicadas: expatrocinante de Alan García, exdiputado durante el primer gobierno aprista, actual presidente del Tribunal Electoral del APRA, vinculaciones de algunos de sus familiares con el condenado por narcotráfico Fernando Zevallos y actual yerno del protagonista del primer vladivideo, Luis Alberto Kouri.

Pero más importante aún: Tambini ocupó, hace una década, el mismo cargo que la doctora Príncipe. Y para cualquier analista imparcial de cualquier tienda, le quedaba claro que la labor de los procuradores fue debilitada durante aquellos años (y, en general, en la segunda administración de García).

En las fotos mostradas por Utero.pe, se aprecia a la doctora Príncipe departiendo en una reunión donde también estuvieron presentes Alan García y Jorge del Castillo, así como el exFiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales.  Las imágenes se mostraron en momentos en los que las disputas entre la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público alrededor del caso Lava Jato eran cotidianas, así como en un enfrentamiento con el exprocurador Julio Arbizu respecto de las trayectorias de ambos.

La doctora Príncipe guardó silencio sobre dichas imágenes hasta el viernes, cuando la periodista Milagros Leiva le preguntó por las mismas. Y, según sus palabras, “no se reconocía en la foto” del cumpleaños del abogado aprista.

Ayer, nuevamente, Laura Grados en Utero.pe presentó nuevas imágenes aún más claras sobre la cercanía amical entre Príncipe y Tambini. La presidenta del CDJE aparece en celebraciones con bastante familiaridad con el abogado y con miembros de su familia, como la notaria Mónica Tambini de Kouri.  Las fotos aparecieron 48 horas después que Príncipe dijera que, hasta ahora, no existían indicios que comprometieran a Alan García en el caso Lava Jato, lo que aumentó las suspicacias.

Ello implicó que, en la noche del domingo, la doctora Príncipe tuviera que emitir un rápido comunicado sobre el tema, que pueden ver a continuación:

Considero que la doctora Príncipe debió pronunciarse sobre este vínculo apenas el mismo fue conocido. Pasaron varias semanas hasta que se ocupara del tema y recién pudimos tener un pronunciamiento público respecto del mismo anoche, sin posibilidad de preguntas. La cuestión es delicada porque, en efecto, sí creemos que existe un potencial conflicto de interés al mantener cercanía con una persona de tanta confianza con Alan García y con otros posibles investigados en el caso Lava Jato. Por tanto, el mismo debió ser hecho público por la propia abogada.

Asimismo, resulta claro que, como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Príncipe debe cuidar sus declaraciones sobre los posibles implicados en el caso. Si bien ella, por su puesto, no tiene injerencia directa en los casos de la Procuraduría Ad Hoc para Lava Jato, deberá tener bastante precisión en los términos a emplear, para evitar suspicacias. En el caso del expresidente García, además, existe una preocupación en un sector de la ciudadanía: que no sea investigado a fondo en este caso y que, como ocurrió con hechos ocurridos en su primer gobierno, salve cualquier responsabilidad mediante artilugios legales.

La doctora Príncipe mantiene aún una buena imagen pública en varios sectores. Urge, por tanto, que aclare este vínculo que, para decirlo claro, no se ve bien. Y que, más aún, alimenta suspicacias que no deberían estar presentes en un cargo tan delicado.

PPK y el proyecto Chaglla

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Esta mañana, el periodista Fernando Vivas, en su columna habitual de los miércoles en El Comercio, presentaba un dato que llamó la atención de varios:

Un aparte para el presidente Kuczynski. Es indispensable, para su legimitación como líder de una nación indignada, que explique hasta dónde llega su responsabilidad al haber avalado la decisión de Toledo de ejecutar un proyecto como la IIRSA Sur que resultó lesivo para el país. Ya sabemos que Toledo tuvo motivaciones ruines. Necesitamos saber qué errores de ingenuidad o cálculo llevaron a su primer ministro y hoy presidente a obedecerlo.

De paso, podría explicar por qué en mayo del 2013, con logo partidario, lanzó un video en el que promueve con sumo entusiasmo la central de Chaglla, un proyecto de Odebrecht. Necesitamos saber qué lazos estableció con esa empresa y sus inversiones en el Perú al visitar la obra. Odebrecht hizo en pro de Chaglla un lobby tan ambicioso que hasta invitó a Mario Vargas Llosa. Pero el escritor, que sabe resistir lobbies, no escribió nada al respecto. PPK hizo un video. Sería bueno que nos cuente por qué.

En efecto, como pudimos verificar, el actual Presidente de la República hizo un video en el que, desde el estudio de su domicilio en San Isidro, acompañado de algunas fotos de la estancia en el lugar, explicaba porque esta central le parecía importante.

Si bien a lo largo del video – que estuvo ausente unas horas del canal de Youtube de PPK – no mencionó a Odebrecht, en las fotos se veía al hoy mandatario con casco de la empresa, junto a algunas personas vinculadas a la central hidroeléctrica o a la compañía. Aquí pueden verlo:

Dichas fotos, por cierto, también aparecen en la página oficial de Facebook de PPK.

Desde el Tercer Piso buscó la versión oficial sobre este dato proporcionado por Vivas.

De acuerdo con lo versión obtenida por este blog, el actual Presidente de la República visitó la central de Chaglla en 2013 sin que mediara una invitación de la empresa Odebrecht. En efecto, PPK menciona al final del video arriba mencionado que se había “autoinvitado”.

El video ya referido fue grabado como parte de las actividades del Instituto País, el think tank que tuvo el hoy mandatario entre sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Asimismo, se nos indicó que el Presidente había grabado otros videos para su canal personal en You Tube donde se refería a otros proyectos que consideraba importantes para el país. Un ejemplo de ello es un corto sobre Camisea y su importancia para el desarrollo peruano, así como su participación en dicho proyecto. Lo mismo sobre el gas y el panorama energético del Perú.

Fuentes familiarizadas con el pensamiento presidencial nos indicaron que PPK no ha tenido relación alguna con la empresa Odebrecht en términos contractuales. Sí se nos confirmó la versión aparecida en medios sobre la participación de Kuczynski y Jorge Barata en el directorio de la Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural. De acuerdo con la información proporcionada, dicha ONG fue formada a iniciativa del constructor Mario Suito – de hecho, la dirección de la misma corresponde a su empresa – y participaron diversas personalidades en el directorio. Este es, de acuerdo con lo informado, el único vínculo expreso entre el Presidente de la República y los directivos de la empresa brasileña inmersa en casos de corrupción.

Actualmente, la Central Hidroeléctrica de Chaglla, que entró en funcionamiento el año pasado, forma parte de los activos de Odebrecht que la empresa brasileña busca vender.

Todo indica que el sesgo pro empresarial del Presidente de la República terminó jugándole, en este caso, una mala pasada, al igual que el retiro por horas del video que, finalmente, volvieron a colocar en su canal de You Tube. Dado que este es un flanco débil del mandatario, resulta necesario e indispensable que, junto con la Declaración de Intereses publicada la semana pasada, pueda hacer explícito cualquier tipo de contacto con empresas.

Como señaló Eduardo Dargent, “poco importa si durante su gobierno PPK ha mantenido distancia o no de sus antiguos vínculos empresariales. Si esos vínculos aparecen aunque sea indirectamente, el tema ganará fuerza“. Precisamente, la buena pregunta planteada por Vivas al final de su columna de hoy indica que Palacio de Gobierno deberá tener mucho más cuidado con este tipo de nexos y gestos.

Embajadores Criollos

Durante sus primeros seis meses de mandato, Pedro Pablo Kuczynski se había cuidado hasta cierto punto en el nombramiento de lo que, en jerga política, se denomina como “embajadores políticos”.

Como es conocido, la Ley del Servicio Diplomático permite que el Presidente de la República pueda designar hasta el veinte por ciento del número de jefes de misión diplomática con personas que no pertenezcan al cuerpo de embajadores de carrera, la misma que se inicia con estudios de postgrado en la Academia Diplomática del Perú.

Hasta hoy, el único “embajador político” designado por PPK era Hugo Otero, publicista en las cuatro campañas presidenciales de Alan García y quien también asesoró a PPK durante la campaña electoral de 2011. La designación de Otero era un claro guiño al APRA, que no ha sido devuelto por García, dado que la bancada aprista ha votado en varias posiciones importantes con el fujimorismo. Los arqueos de cejas fueron menores, además, porque el experto en marketing electoral ya había ocupado ese puesto en Chile en el segundo gobierno aprista.

Sin embargo, un dato aparecido ayer en la revista Caretas y que también contó el periodista Umberto Jara sí ha causado alguna conmoción: la nueva embajadora en Argentina será, de acuerdo a ambas versiones, María del Carmen Miró Quesada Arias, miembro del directorio del Grupo El Comercio.  Pero la conmoción no tiene que ver tanto con su parentesco o con el puesto que ocupará hasta este mes cuando se releve al colegiado más importante del conglomerado mediático más fuerte del país.

Como ha registrado Utero.pe, las columnas de “Maki” Miró Quesada oscilan entre la navieté y el racismo. Peor aún, como comenta la nota de Andy Livise, la docente de francés y experta en temas de arte y decoración, una de sus columnas más abiertamente discriminadoras tiene que ver, precisamente, con nuestros connacionales residentes en el país de Borges. Ya esto convierte al nombramiento, aún no aprobado por el presidente Mauricio Macri, en un tremendo error. Habla la imagen:

(Foto: Matteo Stiglich)

Livise también muestra una paradoja. Miró Quesada Arias – quien ha sido agregada cultural en Paris hace unos años – escribió en contra de la designación de quien también ocupó el puesto similar al que tendría en unas semanas sin ser diplomática de carrera: Cristina Velita, quien fue embajadora en Francia durante el gobierno de Ollanta Humala. Y los “argumentos” iban más por “la falta de clase” antes que por sus calificaciones para el cargo.

A todas luces, el nombramiento es un desacierto. No solo por la poca empatía que la señora Miró Quesada Arias ha mostrado hacia nuestros compatriotas que residen en el país en el que nos representará, sino porque la designación pareciera responder a premiar la amistad de coctel antes que a una eficiente muestra de nuestra imagen y competencia en el exterior. El canciller Ricardo Luna, quien se ha desempeñado hasta el momento con corrección en el cargo, debería explicarle a la ciudadanía las razones de esta designación.

Asimismo, la designación de la señora Miró Quesada Arias resulta contradictoria con los mensajes que ha dado el gobierno para la mejora del Servicio Diplomático de la República y su profesionalismo. De hecho, Luna deshizo los nombramientos de embajadores hechos por el gobierno de Humala en sus últimos seis meses en el cargo. Una tradición no escrita en Torre Tagle señala que no es conveniente hacer estos nombramientos en los últimos tramos de gobierno, por lo que Luna tuvo un gesto inicial de profesionalismo con sus colegas.

Además, el plan de gobierno de PPK indica que uno de sus objetivos en política exterior es “la implementación de la simplificación administrativa y mejora institucional del cuerpo diplomático”. En esa medida, como hace planteamos hace cuatro años en este mismo espacio, es necesario revisar si la disposición de contar con “embajadores políticos” tiene sentido en una carrera diplomática profesional.

Por estas razones, el gobierno debería nombrar a una persona con mayores credenciales para representarnos en un país con el que tenemos estrechos lazos y donde se encuentra una de las mayores poblaciones peruanas en el exterior.

Tristes querellas en la bancada Ppkausa

(Foto: Correo)

El señor de la foto se llama Moisés Guía Pianto y es congresista por Peruanos Por el Kambio representando a la región Junín. Y hoy protagonizó un incidente que pinta de cuerpo entero tanto la fragilidad del oficialismo parlamentario como el grado de fanatismo religioso presente en algunos representantes parlamentarios.

Hace un par de semanas, Utero.pe presentó una serie de datos que alertaban sobre la presencia de un segundo parlamentario disidente – el primero fue Roberto Vieira – en Peruanos Por el Kambio: pasado fujimorista, revindicación del reo de Barbadillo y una agenda conservadora a ultranza. Este diálogo entre Andy Livise, reportero del conocido portal, con el congresista da cuenta sobre sus ideas sobre la ficticia “ideología de género”:

Útero.Pe: ¿Cuál es su pedido?

Moisés Guía: Que se  respete el anterior proceso educativo y el nuevo entre a una mesa de diálogo. (…) Si eso nos complace y está dentro de los márgenes de nuestra ideología cristiana y pastoral, lo asumiremos como tal y la respetaremos. Caso contrario, tomaremos acciones.

Útero.Pe: ¿Y con respecto al decreto legislativo 1323?

Moisés Guía: No pedimos nada hasta no escucharlos.

Útero.Pe: ¿Entonces para qué se realiza la reunión si no están pidiendo nada?

Moisés Guía: Nosotros estamos pidiendo la verdades. Explicación del antes y el después de la reglamentación. Si no nos satisface como iglesia, nosotros haremos las preguntas necesarias.

En ese mismo post, se indicó que el congresista Guía Pianto venía organizando una conferencia denominada “Educación y Género”, para que las ministras de Justicia (Marisol Pérez – Tello) y Educación (Marilú Martens) expusieran ante miembros de las iglesias evangélicas los alcances del Decreto Legislativo N° 1323 que incluye la discriminación por orientación sexual y los crímenes de odio, así como el currículo educativo nacional.

De acuerdo a algunos asistentes a la ceremonia, las dos ministras respondieron con solvencia su posición frente a estos temas con las iglesias evangélicas. Pero la ceremonia pasó a otro cariz cuando Guía Pianto, una vez retiradas ambas funcionarias de la sala, se mandó con lo siguiente (vía El Comercio):

En una parte del conversatorio, al que asistieron las ministras de Educación, Marilú Martens, y de Justicia, Marisol Pérez Tello; Guía sostuvo que “es difícil poder convivir cuando tenemos una bancada dividida y los 18 ministros no reponden a una expectativa de identidad de género y no hay una respuesta política de Estado. Nos quieren engañar y mentir“.

“[Por lo anterior,] pido desde ahora que el 4 de marzo se declare la vacancia presidencial y la insurgencia popular, porque caso contrario estaremos nosotros confinados a poder sufrir las consecuencias”, concluye el oficialista.

Además de la evidente faltosería de un parlamentario oficialista frente al líder de su partido y Presidente de la República, lo que se muestra es la evidencia que un grupo de evangélicos (y un sector de católicos conservadores) busca vacar a PPK si es que no cambia sus posiciones. Y también la presencia fuerte de integristas religiosos en el Congreso de la República: a Guía Pianto se le suma Julio Rosas (APP), así como los fujimoristas Nelly Cuadros, Juan Carlos Gonzales y Marco Miyashiro.

Peor aún, hoy la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana María Romero publica en El Comercio un artículo bastante claro donde desmiente la existencia de la monserga de la “ideología de género”. Aquí los párrafos más saltantes:

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) hemos afirmado rotundamente que la “ideología de género” no existe en las políticas públicas.

Las leyes y políticas públicas vigentes se refieren a la “igualdad de género”. Es decir, a la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres para garantizar que las mujeres desde niñas se desarrollen en igualdad de condiciones que los varones, accedan al mismo tipo de educación, servicio de salud, posición laboral, nivel de sueldo y representación política, sin sufrir discriminación ni violencia alguna.

Lo peor es que, desde inicios de este gobierno, en Palacio de Gobierno están advertidos sobre la existencia de estos grupos fanáticos que buscan que “las leyes divinas” primen sobre la Constitución y la legislación peruana. Por ahora, las ministras de Educación, Salud, Justicia y Mujer se han plantado bastante bien frente a estas presiones. Pero lo cierto es que PPK y su equipo van a tener que enfrentar una andanada conservadora en los próximos meses, que tiene organización y plata, frente a la cual, van a tener que plantear una estrategia.

El destino de Guía Pianto es claro. Lo más probable es que sea separado de la bancada oficialista, que sufrirá su segunda baja. Un nuevo momento en el que Peruanos Por el Kambio deberá hacerse cuestionamientos serios sobre la consistencia de su grupo (dado que el filtro para entrar a la lista parece que nunca existió), pero que también puede servir para consolidar los lazos entre los 16 que quedan.  Hora clave para que el gobierno le preste más atención a su grupo parlamentario y a la disputa liberal – conservadora que atraviesa toda la política peruana.

El lío del Aeropuerto de Chinchero

(Una de las obras más esperadas seguirá en compás de espera. Foto: Andina)

Si hay un proyecto que divide a los ciudadanos de Cusco, es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Un importante sector de cusqueños lo quieren, debido a que puede impulsar aún más el turismo en la región, que tiene en dicha actividad a una de sus mayores fuentes de ingresos, dado que ahora si podrían venir vuelos internacionales directamente a dicha parte del país. Pero también tiene sus detractores, sobre todo, en lo que se refiere al posible impacto que tendría en algunas comunidades indígenas, así como en la misma localidad.

Más allá de esta discusión, lo cierto es que la obra se ha convertido en un anhelo regional, más aún después que el Aeropuerto Velasco Astete quedara corto para la demanda turística en dicha zona. De allí que, por lo menos desde el gobierno de Alejandro Toledo, el anuncio de su construccción sea casi un mantra de cada mensaje a la Nación de 28 de julio.

La obra se licitó en el gobierno de Humala, ganando el consorcio Kuntur Wasi. Y un error en el diseño del contrato generó un problema que explica Luis Davelouis:

Kuntur Wasi ganó la licitación del aeropuerto de Chinchero con una propuesta económica que equivalía a la mitad de la que presentaron sus competidores. Nada mal, ¿no? Sin embargo, hoy, la necesidad de destrabar el proyecto mediante una adenda se origina porque –gracias a un “error” en el diseño del contrato– KW puso una tasa de interés –por sus molestias– que elevaba el costo del proyecto de US$500 millones –lo planteado originalmente– a casi US$1,200 millones.

Este tema se pateó para este gobierno, lo que implicaba dos posibles caminos: resolver el contrato o generar algún tipo de mejora al mismo. Y esta segunda opción es la que, en principio, adoptaron en Palacio.

La posición de la actual administración se resume en esta foto de PPK y esta pizarrita:

(Foto: TV Perú)

Para explicarlo más detenidamente: el gobierno sostiene que la adenda al contrato de concesión de Chinchero supone un ahorro en intereses para el país y que se mantendría un esquema público privado de la siguiente manera: el Estado asumirá los riesgos de la mayor parte de las obras de infraestructura (antes solo asumía el del movimiento de tierras) y Kuntur irá ganando paulatinamente a partir del dinero que se entregará por avance de obra. A cambio, el Estado dejará de pagar las tasas de interés pactadas inicialmente (porque el Estado tenía cinco años de gracia para pagar) y que encarecían el proyecto.

Esto ha supuesto una primera pregunta por parte de algunos periodistas económicos: ¿En lugar de adoptar esta solución no se pudo resolver el contrato con Kuntur y hacer una obra pública? De hecho, las primeras declaraciones del ministro de Economía Alfredo Thorne iban en el sentido que eso era lo que, en la práctica, había ocurrido con el contrato.

Según explican voceros del gobierno en público y en privado, era bastante difícil resolver el contrato por el consiguiente pago de penalidades, así como por el atraso de la obra, lo que implicaba costos para el PBI de este año (ya ajustado por el caso Odebrecht) y un posible conflicto social en Cusco por las demoras. A ello se suma que el expediente técnico pertenece a la empresa y, por tanto, un nuevo concurso supondría un mayor retraso. Por esta razón, adoptaron esta decisión. Para algunos, no es la óptima, pero es lo mejor que podrían sacar en las actuales condiciones.

Pero no han sido los únicos cuestionamientos. Hoy Verónika Mendoza publicó un comunicado en el que, además de cuestionar que esto no se trate como obra pública, ha criticado la experiencia que tiene Kuntur Wasi para la construcción de aeropuertos, así como el hecho que una hermana del Presidente del Consejo de Ministros ocupe un puesto importante en una de las entidades que conforman el consorcio. Palacio de Gobierno no se ha pronunciado sobre este último punto, que ha circulado en redes sociales.

A ello se suma lo planteado por la renunciante presidenta de OSITRAN, Patricia Benavente. Ella dejó el cargo debido a que firmó una opinión (no vinculante) en contra de la adenda al contrato. Para la experta, son dos los riesgos importantes: que Kuntur Wasi abandone la concesión una vez que cobre todo lo que el Estado le habrá pagado por cada avance de obra y que todas las empresas que tengan asociaciones público privadas comiencen a pedir cambios similares.

Finalmente, el editor de Economía & Negocios de El Comercio Gonzalo Carranza cuestiona las matemáticas del MEF e indica que, en realidad, el ahorro es menor:

De hecho, las últimas semanas no han sido las ideales para confiar en las matemáticas ministeriales. Miremos el aeropuerto de Chinchero: tanto Thorne como Martín Vizcarra hablan de un ahorro de US$589 millones, producto de restar aritméticamente los montos a pagar en el contrato original y en la adenda, los cuales se desembolsaban en plazos y modalidades muy diferentes.

Pero lo que te enseñan en cualquier clase de matemática financiera es que uno debe traer dichos montos a valor presente y compararlos de ese modo. El Ejecutivo no ha divulgado el resultado de ese cálculo, pero la renunciante presidente de Ositran, Patricia Benavente, afirmó en una entrevista con “Semana Económica” que ese ejercicio arrojaría un ahorro de US$15 millones. Una diferencia del tamaño de un aeropuerto que merece una explicación.

Por ello, desde el Congreso han pedido explicaciones sobre el tema. Y el gobierno ha terminado cediendo suspendiendo temporalmente el contrato. Tiempo suficiente para analizar si estamos ante una buena forma de realizar esta obra y si es que, realmente, la solución planteada por el gobierno es la única que se tiene. O si hay demasiada desesperación por destrabar inversiones que lo están haciendo a tontas y a locas.

El gobierno y el cambio climático

(Foto: Poder)

En lo que vamos de la actual administración, el gobierno ya ha tenido que enfrentar dos emergencias climáticas vinculadas al agua. Durante los últimos meses de 2016, se tuvo que hacer frente a la sequía en departamentos del norte y del sur del país. Y, durante las últimas semanas, los huaicos han sido fuertes en Ica, Arequipa y Lima. En el caso de la capital, además, existen problemas en el abastecimiento de agua debido a que el trabajo para limpiar el agua del río Rímac en La Atarjea es mayor.

Aunque nos encontramos ante fenómenos relativamente estacionales, es notorio que la intensidad de los mismos se ha hecho más fuerte debido al cambio climático. Y es algo de lo que se habla poco en la política peruana.

Se trata de una omisión grave. El Perú es uno de los países más vulnerables a este fenómeno. Indica el propio Ministerio del Ambiente:

Los efectos del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por la variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los países más afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosísima riqueza ecológica y megadiversidad climática (tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica el equilibrio ecológico del planeta.

El cambio climático, además de un impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos aspectos de la población. En el Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento más de seis veces desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se está produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en la vida de cada uno de sus pobladores.

En la campaña electoral, pocos candidatos tocaron el tema. Uno de ellos fue el actual Presidente de la República. En su plan de gobierno, Peruanos Por el Kambio daba el siguiente diagnóstico:

Asimismo, a la fecha, se ha comprobado la poca efectividad de instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Cambio Climático. Mientras tanto, nuestro país está rezagado en sus compromisos y necesidades de acción sobre tales temas. Esta situación impone la necesidad de contar con un sistema nacional de cambio climático y una política real de cambio climático, que sea capaz de diseñar y conducir acciones de mitigación de los efectos de esta problemática ambiental desde el más alto nivel del gobierno central, hasta las regiones y municipios.

El Perú, por ser un país de bosques, ocupa un lugar importante en las estrategias de control de los efectos de la alteración climática y ambiental y –como consecuencia de las negociaciones internacionales vinculadas a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– tiene la posibilidad de gestionar financiamientos que ayuden a conservar los bosques en pie y orientar un manejo responsable y sostenible de los recursos forestales.

Un importante incentivo para reducir la contaminación que producen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son los Bonos de Carbono, establecidos por el Protocolo de Kioto. Los Bonos de Carbono permiten al sector privado obtener una compensación económica por la reducción comprobada de las emisiones de GEI que realizan sus industrias. Esto funciona sobre todo entre países que pueden obligar a las empresas a reducir las emisiones de GEI y hacerles pagar multas si no lo hacen, como es el caso de la Unión Europea. Las emisiones de GEI se calculan en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir, y es un valor que puede venderse en el mercado de los bonos de carbono.

Como medidas puntuales, además de la lucha contra la minería ilegal – mediatizada hoy por la controversia frente a los flamantes Decretos Legislativos dados por el gobierno -, se contempla la ampliación de la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y, sobre todo, la aprobación de una Ley Marco de Cambio Climático. Indica el Plan que:

La conservación de bosques y la creación de cultivos forestales para captura de CO2, el manejo sostenible de cuencas hidrográficas y la gestión adecuada del agua (almacenar, ahorrar y reciclar), el manejo adecuado de residuos sólidos generadores de metano, son todas medidas que contribuyen a la mitigación del cambio climático y que serán abordadas a través de una Ley Marco de Cambio Climático que permita transitar a una economía eficiente baja en uso de combustibles fósiles, y que promueva energías alternativas, que identifique medidas adecuadas al país para incentivar el crecimiento sostenible.

La Ley deberá contemplar la implementación del Programa Nacional de Conservación de Bosques, la creación de la Política Nacional de Cambio Climático y del Sistema Nacional de Cambio Climático. Asimismo, esta Ley deberá permitir el monitoreo sistemático de los efectos del cambio climático a través de las instituciones públicas especializadas como el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto del Mar del Perú, el Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la Autoridad Nacional del Agua; de este modo, el país podrá contar con una estrategia de adaptación y control de los efectos del cambio climático adecuada a nuestra realidad.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno no presenta este proyecto normativo, ni tampoco hemos visto muy activa a la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza, en torno a este tema. Al revisar la web del Congreso, encontramos que el Frente Amplio sí ha presentado iniciativas sobre esta materia, pero no han sido aún materia de una discusión más profunda.

Si bien es cierto que el gobierno debe atender las emergencias en los diversos puntos del país, también es cierto que resulta indispensable que acelere los esfuerzos para atacar un problema que, como nación resulta más que vital atender.