El legado de Castañeda

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Sin mucho de que jactarse, acaba la tercera (mediocre) gestión de Castañeda. Foto: Trome

Luis Castañeda Lossio deja el cargo en medio de una desaprobación sin precedentes en su carrera política. Existe consenso en los analistas políticos y urbanos sobre la poca calidad de su tercera administración. Solidaridad Nacional se ha convertido cada vez más en un partido familiar, al que se le van hasta los más leales (Patricia Juárez renunció hace algunas semanas), donde su hijo y su hombre de extrema confianza son quienes mandan junto a él. Y el avance de los calendarios hace suponer que su camino en la política peruana está más cerca del cierre. ¿Cómo llegó a esta situación?

La tercera elección de Castañeda fue producto de la mediocre gestión de Susana Villarán. Las buenas ideas que la sucesora – antecesora del actual alcalde de la ciudad quiso plasmar se terminaron ahogando entre la ausencia de una visión política, falencias en la gestión y un aura de superioridad moral que se diluyó en dos tiempos: su ida a la reelección y el descubrimiento del financiamiento irregular de la campaña por el No por parte de Odebrecht.

Frente a ello, Castañeda volvió a la alcaldía con una sola idea fuerza: “vuelven las obras”. En efecto, el líder de Solidaridad Nacional interpretó que un sector mayoritario de limeños priorizaba la necesidad de infraestructura urbana antes que reformas de fondo, que podían afectar distintos tipos de intereses en una ciudad construida en base a la informalidad.  El alcalde retornante pensó que el voto conferido por la ciudadanía implicaba no hacer ningún cambio en la ciudad.

Pero la ciudad a la que Castañeda volvió a arribar para conducir sus riendas no era la misma que dejó cuando buscó – sin éxito – ocupar la Presidencia de la República.

Como Alan García, se volvió anacrónico en sus vínculos mediáticos, que habían sido tejidos en base a amistades con dueños y productores de medios de comunicación. Esta vez, cualquier error de su administración – tal como ocurrió con Villarán – fue amplificado y criticado en las redes sociales. Ya no podía optar por el laconismo verbal de sus dos primeras administraciones. Y cada vez que salía a dar una explicación, se enredaba más en su propio discurso. Todo ello alimentó una espiral de descrédito a su gestión. A ello se sumó el hecho que algunos medios pusieron mayor atención a su desempeño, en comparación a sus dos primeros mandatos al frente de la capital.

Asimismo, quedó falto de ideas para los sectores C y D a los que sus dos primeras gestiones buscó priorizar. Ya no había escaleras en los cerros ni hospitales de la solidaridad que crear. Pero tampoco suplió ello con un trabajo concentrado en otras necesidades. Su público, además, había cambiado en diez años, gracias al crecimiento económico que ha vivido el país. Y Castañeda no supo leer esa realidad.

Al mismo tiempo, malinterpretó el mensaje de las urnas. Si bien la ciudad no reeligió a Villarán, sí consideraba importante algunas de las reformas que la exalcaldesa planteó. En particular, caló la idea que el transporte urbano podía ser mejor. Y Castañeda hizo todo lo posible por no avanzar o mejorar cambios ya delineados, sino que optó por obstaculizarlos. Cuatro años después, la ciudad se ve más colapsada y males que creíamos desterrados – como los colectivos informales de los años 80s – volvieron a varias de las arterias de la ciudad. Y el ciudadano resiente ese descuido.

Si bien Castañeda nunca tuvo una gran popularidad en los sectores económicos más altos desde el inicio de su gestión, poco a poco fue labrando su impopularidad en aquellos lugares que fueron sus bastiones por años. Dos fueron los hechos claves en esta decepción: el incendio que afectó a la comunidad shipiba en Cantagallo – lo que hizo recordar el desvío de fondos para el proyecto Río Verde que terminó en un controvertido by pass – y el derrumbe de un puente en medio de la emergencia por el Niño Costero. El alcalde de Lima trató con indolencia a los ciudadanos y ellos se lo cobraron en aprobación.

Finalmente, la autoridad principal de la capital no pudo cumplir su promesa central. Las obras en la ciudad han sido escasas y las que ha podido hacer han estado marcadas por la controversia. Al mismo tiempo, ha quedado evidente que la infraestructura, sin un plan concreto que se vincule con políticas públicas, no sirve de mucho para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Eso significa que Castañeda es un cadáver político? No por ahora. Es notorio que buscará obstaculizar la gestión de Jorge Muñoz – la reunión con Alfredo Barnechea en medio de una bronca en Acción Popular y el hecho que el sucesor del saliente alcalde de Miraflores sea un hombre suyo (junto a su inseparable amigo Martín Bustamante quien ha sido electo como regidor) va en esa línea – y que buscará recomponer lo que queda Solidaridad Nacional.

Pero también es evidente que sus mejores tiempos han pasado y que varios de sus antiguos aliados (Renzo Reggiardo y José Luna) buscarán robarle el electorado que aún le queda. Porque, eso sí, aún prevalece un sector de limeños que priorizan el cemento y el pragmatismo antes que un plan de fondo para la ciudad más importante del país.

En un país precario en lo institucional como este, es obvio que Castañeda Lossio buscará una nueva oportunidad, como cualquier peruano que juega la Tinka cada semana. Pero como ha pasado con Toledo y García, es muy probable que su ciclo esté cerca a su final. Y el azar no basta para crear nuevas oportunidades, sobre todo, en momentos en los que el ánimo político nacional parece estar más cerca de jubilar a una generación que volver a creer en ella.

Partidor municipal: una campaña fría en Lima

En apenas cinco meses, los peruanos elegiremos a nuestros gobernadores regionales y alcaldes en todo el país. Una campaña en la que la principal autoridad organizadora afronta serias denuncias, algunas reglas electorales terminan degradando el proceso y, en Lima, el aluvión de candidatos no genera – hasta ahora – ningún respaldo que pase el 10% de intención de voto.

Adolfo Castillo ONPE
Adolfo Castillo, actual jefe de la ONPE, afronta el momento más grave de la institución en 18 años (Foto: La República)

ONPE BAJO LA LUPA

Durante las últimas dos semanas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha visto sacudida por las revelaciones de Susana Guerrero, exgerenta de Asuntos Legales de la entidad, quien dio cuenta de dos denuncias bastante serias.

La primera se vincula con el presunto trato especial en el proceso del inscripción del flamante partido Podemos por el Progreso del Perú, líderado por el excongresista José Luna Gálvez. Según Guerrero, a esta agrupación se le dieron facilidades que no recibieron otras agrupaciones que estaban en el mismo trance, como el Partido Morado de Julio Guzman. Peor aún, los personeros de Podemos Perú eran personajes vinculados, en su momento, a la fábrica de falsificación de firmas de Perú 2000, aunque fueron absueltos en el proceso judicial.

La ONPE señaló que no hubo parcialización con el partido de Luna, aunque si reconoció en un comunicado que “la subsanación de algunos espacios en blanco, realizados por el propio partido en el local de la ONPE, constituyó  un mal manejo operativo que ha sido subsanado en consonancia con la imparcialidad del trabajo del organismo electoral”.

El jueves, Caretas publicó un informe en el que Guerrero enfilaba sus baterías contra el gerente de gestión electoral Fernando Obregón Mansilla. La exfuncionaria no solo lo acusaba de cambios sospechosos, sino también de sus presuntos vínculos con Cavassa, quien hoy es procesado por el caso La Centralita, cuyo principal implicado es el exgobernador regional de Ancash César Álvarez.

El nombramiento del actual jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, no estuvo exento de controversia. Entidades como el Instituto de Defensa Legal cuestionaron su designación, tanto por la falta de transparencia en las reglas, así como por una acusación sobre plagio que el CNM no tomó en cuenta. De hecho, uno de los presuntos plagiados era Obregón. Castillo refirió que el libro fue escrito en coautoría con su hoy asesor. Antier, La República refirió que Obregón Mansilla tiene una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto cobro indebido de una asignación por movilidad. Castillo señaló hoy en RPP que no tiene vínculo alguno con Cavassa.

Para el periodista Miguel Ramírez, quien investigó la falsificación de firmas de Perú 2000, la ONPE debería ser auditada. Hace dos días, el Consejo Nacional de la Magistratura, entidad que designa y destituye al jefe de esta institución, inició una investigación a Castillo. En tiempos electorales, es una mala señal que la entidad encargada de organizar el proceso del 7 de octubre pase por estos apremios.

Marco Alvarez
Desde que inició su segunda gestión, el alcalde de San Borja Marco Álvarez Vargas llevó a su esposa a la mayor parte de sus actividades públicas. Hoy la señora Teresa Ramírez de Álvarez busca sucederlo (Foto: El Comercio)

REGLAS QUE DEGRADAN EL PROCESO

Varios politólogos alertaron en su momento que la prohibición de la reelección de gobernadores regionales y alcaldes ocasionaría más problemas que aportes. Como indicó Fernando Tuesta, una autoridad puede ser corrupta en un solo periodo de gobierno, por lo que esta prohibición no soluciona nada en torno a este problema. Peor aún, no se establece un estímulo claro para autoridades que sí han cumplido claramente con su deber, en un contexto en el que la reelección de estas autoridades ha decrecido.

Lo que se ha terminado incentivando con esta regla absurda es lo que, con acierto, Rosa María Palacios ha denominado como “el regreso de la Panaca”. Esposas, hijos, exesposas, hermanos, tenientes alcaldes, vicegobernadores y otros allegados a estas autoridades buscarán reemplazar a quienes ocupan los cargos actualmente, en un ejercicio que nos devuelve a las más oscuras épocas de patrimonialismo. El decoro más mínimo se ha perdido.

¿Casos emblemáticos? Luis Castañeda Pardo buscando suceder a Luis Castañeda Lossio en Lima. Augusto Miyashiro quiere prolongar la dinastía de veinte años de su padre en Chorrillos. Marlon Jiménez Mogollón quiere reemplazar a su padre en Puente Piedra, pero el actual alcalde Milton Jiménez irá en su lista como teniente alcalde (ni Putin). Teresa Ramírez buscará suceder a su esposo Marco Álvarez en la alcaldía de San Borja. La única forma de parar esta sucesión por herencia es que el Jurado Nacional de Elecciones interprete que esta es una forma de sacarle la vuelta a la ley o que, en caso que estas candidaturas pasen, su voto impida la reinstauración de la panaca como mecanismo de reemplazo de autoridades.

Peor aún, existen alcaldes y gobernadores regionales que van, abiertamente, a desafiar la norma. Consideran que, como fue aprobada luego de iniciar sus periodos en 2015, es una regla que no deben acatar. Para colmo de males, el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera ha salido a defender la legalidad, dejando este caso a las interpretaciones que dará en los próximos meses. Más allá que esta regla nos parezca un absoluto disparate, es evidente que tiene que cumplirse.

Pero si la responsabilidad de este entuerto es compartida entre el Congreso anterior y las actuales autoridades ediles, el otro lío es responsabilidad de este parlamento. Dentro de las modificaciones hechas en este periodo legislativo a la legislación electoral, se ha permitido que los candidatos puedan tener domicilio múltiple. Es decir, un candidato que tiene casas o predios en dos lugares diferentes puede postular en cualquiera de estos distritos o provincias. Ha sido el caso del actual alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, quien ahora busca ser burgomaestre de la vecina Villa María del Triunfo (y dejar a su hermano como alcalde de VES), así como del titular de la alcaldía de Magdalena Francis Allison, quien busca ser alcalde provincial de Cañete (teniendo casa en Asia).  Un horror absoluto.

Municipalidad Metropolitana de Lima
Por lo menos, 15 candidatos a suceder a Luis Castañeda Lossio. Ninguno genera mucho entusiasmo (Foto: La República)

LIMA: SIN FAVORITOS Y SIN ENTUSIASMO

Entre quince a veinte personas aspiran a ser el reemplazante de Luis Castañeda Lossio como Alcalde Metropolitano de Lima. Todas las encuestas realizadas hasta el día de hoy muestran que ninguno de los postulantes tiene más de 10%. ¿Por qué?

En primer lugar, porque la campaña electoral no va a calentar hasta después del Mundial. Es claro que, más allá de las protestas regionales que están ocurriendo en el sur del país y los escándalos en el Congreso, la atención mediática estará concentrada en lo que ocurra en Rusia. Si bien varios candidatos van a hacer caravanas, presentaciones y ajustes a sus planes de gobierno, los reflectores sobre ellos serán menores de los que tengan los dirigidos por Ricardo Gareca. Para mucha gente, la política no es tema porque no influye en su vida. Peor aún, luego de dos alcaldes a los que terminó sintiendo lejanos al final de su periodo.

En segundo término, porque no hay un postulante que aglutine un antivoto. Es decir, no hay nadie a quien oponerse, como ocurría en la campaña municipal de 2014 con Susana Villarán. Al no permitirse la reelección, la posibilidad de ataques a la (mediocre) tercera gestión de Luis Castañeda Lossio se reduce sustancialmente como elemento que garantice votos.

Tercero, porque el desgaste de las gestiones Villarán y Castañeda ha hecho que la plaza limeña se enfríe como trofeo político. A diferencia de lo que (optimistamente) Alberto Vergara señalaba en 2010 – “podríamos estar asistiendo a una descentralización de la política en la que el único premio codiciado por las figuras importantes ya no es la Presidencia de la República” -, hoy la soledad política en la que acabaron nuestros últimos periodos municipales (Villarán sin reflejos políticos, Castañeda con un partido literalmente familiar) desalienta a que actores con mayor recorrido político se animen a postular. Súmese a ello la salpicada que nuestros últimos burgomaestres limeños tienen con el caso Lava Jato (con mayores evidencias, por ahora, en el caso de la exalcaldesa).

Sin embargo, aún la Alcaldía Metropolitana logra tentar a excongresistas (Reggiardo, Beingolea), exministros (Cornejo, Urresti), alcaldes distritales (Muñoz, Velarde, Gómez Baca, Zurek) o ex funcionarios municipales (Guerra García, Columbus). Ningún proyecto político, hasta ahora, apunta a salir del lugar común. Reiteramos, por ahora.

Sin embargo, como indica Eduardo Dargent, la campaña limeña tiene algunos atractivos para el analista. Se podrá comprobar el efecto de los medios y las redes sociales en las campañas. se podrá verificar si es que determinado tipo de oferta política (seguridad, espacios públicos, inclusión de poblaciones vulnerables) es más cercana a un determinado sector socioeconómico. También podrá verse si es que la profusión de candidatos cercanos a un perfil parecido (Urresti y Reggiardo en seguridad, Muñoz y Velarde con liderazgos similares en distritos AB) puede terminar anulándose entre sí.

Finalmente, la elección limeña tiene un perfil propio. Es notorio que ningún alcalde de Lima, desde Billingurst, ha conseguido que su paso por el municipio más importante del país termine en una carrera presidencial. Por tanto, se trata de un espacio que ha conseguido relevar su importancia política, pero donde las expectativas de un elector decepcionado del elenco estable que presencia a diario se han rebajado sustancialmente.

 

Comunicore y el viejo truco de la prescripción

(Una de las portadas de Perú.21 con los informes de Daniel Yovera sobre el mayor caso de corrupción de la administración Castañeda)

En septiembre de 2005, la Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión de Luis Castañeda Lossio, se había comprometido a pagar una deuda de 35 millones de soles a Relima, la empresa encargada de la limpieza de la ciudad, en el plazo de 10 años.

Poco después que se terminara de formalizar las condiciones del pago, el 20 de diciembre de 2005, la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) compró la deuda a Relima por 14.5 millones de soles. En enero de 2006, la Municipalidad pagó en una sola armada la deuda original de 35 millones de soles a Comunicore. Luego de ello, la empresa desapareció del mapa.

Como dio a conocer el periodista Daniel Yovera durante un año en el diario Perú.21, así como por indicios proporcionados por otros medios, se encontraron otros hechos que apuntaban a que nos encontrábamos ante una operación bastante complicada e irregular: la transformación de Comunicore en otra empresa cuyos directivos eran personas con poca capacidad económica, versiones contradictorias sobre las partidas utilizadas para el pago de la deuda, el retiro sistemático de dinero de la cuenta de Comunicore por ciudadanos de escasos recursos económicos (desconociéndose el destino final del dinero),conversaciones sobre el supuesto rol de Castañeda y contactos de alto nivel de los funcionarios implicados en el caso.

Posteriormente, en 2011, un informe elaborado por una comisión de la MML encabezada por la regidora Marisa Glave aportó tres datos importantes: sobrevaloración de deudas para obtener el dinero suficiente para pagarle a Comunicore, la renovación del contrato con Relima por 10 años y la delegación de funciones por parte de Castañeda a Juan Blest, gerente financiero de la MML en su gestión y uno de sus hombres de confianza en todos los puestos en los que Castañeda ha tenido intervención.

Con bastante lentitud, avanzaron las investigaciones por cinco años en el Ministerio Público. Mientras que al alcalde de Lima una sentencia del Tribunal Constitucional le salvó de ir al banquillo de los acusados.

En paralelo, en 2014, una investigación conjunta de Óscar Castilla, Carlos Neyra y Yovera apuntó a otra pista: Comunicore se ligaría con el lavado de activos del narcotráfico.

Como se indicó en el informe presentado en la revista Poder, el dato más fuerte de dicha investigación fue proporcionado por Odilón Gaspar, gerente brasileño de Relima. En su declaración, confesó que él y Garro organizaron la operación de pago, pero con la información proporcionada por Juan Blest, gerente financiero de la MML y que, como ya hemos mencionado, es una persona de total confianza de Castañeda. El dato clave era que la Municipalidad estaba dispuesta a pagar todo en una sola armada. “Entonces vimos la oportunidad de un negocio personal”, indicó Gaspar Amado.

Curiosamente, la gente de Solidaridad Nacional intentó, en 2010, hacer aparecer la declaración de Gaspar Amado como una suerte de exculpación de Castañeda. Omitían, claro está, el hecho que la información proporcionada por Blest era la clave para la formación de la empresa. Y también que, como ha encontrado DTP, Juan Blest fue militante de Solidaridad Nacional entre 2004 y 2010. Peor aún, como encontró Yovera hace algunos años, sí hubo pagos a los gerentes de Relima.

En 2016, recién se inició el juicio oral por este caso, mientras que la investigación por lavado de activos sigue corriendo lentamente.

Hoy el Poder Judicial declaró, en primera instancia, el caso como prescrito, dejando sin castigo a los gerentes de la administración Castañeda. Una demora en la que el Ministerio Público tiene también una seria responsabilidad. Y era algo que Rosa María Palacios y Daniel Yovera advirtieron esta semana.

Y con ello, esta trama de negocios turbios cae en la impunidad. A menos que la Corte Suprema de Justicia corrija este mamarracho.

El fin del teflón de Castañeda

Hoy es el peor día para Luis Castañeda Lossio desde que ocupara el quinto puesto en la elección presidencial de 2011.

Por primera vez en sus tres gestiones de gobierno municipal, la desaprobación a su actuación como autoridad (50%) es mayor a la aprobación (45%). Peor aún, su aprobación se ha ido en picada en el último mes, perdiendo 8 puntos de popularidad.

Para complicar aún más la situación, solo el 26% de los encuestados se encuentra a favor de otorgarle un cuarto periodo como alcalde de Lima. Se incluyó esta pregunta ante la posibilidad de volver a la reelección de alcaldes, gracias a un proyecto de Ley que se debatirá en los próximos meses en el Congreso de la República.

Y si bien la mayor parte de limeños culpa a su precedesora por las protestas en Puente Piedra, un importante sector de ciudadanos de la ciudad tampoco lo exonera de responsabilidad. Para colmo de males, ayer un informe de Daniel Yovera para Cuarto Poder dejó en claro que se elevará el peaje en el tramo correspondiente al proyecto Línea Amarilla, una iniciativa privada original de OAS – traspasada a la empresa francesa Vinci – que fue aprobada en el segundo periodo de Castañeda. En momentos en que este tema ya ha generado dos marchas bastante fuertes en la ciudad, que el 65% de lo recaudado en Lima se vaya a elevar, es una peor noticia para el alcalde. Y allí no puede echarle la culpa a Susana Villarán.

¿Por qué cae Castañeda? Sin duda, en términos coyunturales, hay tres hechos que han acelerado el descenso en su popularidad: el incendio en Cantagallo y el drama de la comunidad shipiba que tuvo que ser resuelto por el gobierno central, la negociación por debajo de la mesa con OAS ligada al proyecto Línea Amarilla y el by pass de 28 de Julio y, por supuesto, las protestas en Puente Piedra.

Pero creo yo que hay algunos temas más de fondo en la desaprobación.

Castañeda llegó sin ninguna idea meridianamente fija a la Municipalidad Metropolitana, con una sola excepción: obras entendidas como construcción de infraestructura. Pero ha comenzado a ser evidente que las necesidades de la ciudad no se resuelven con cemento, que lo único que ha hecho en términos concretos es inaugurar todo lo que su antecesora ha dejado concesionado (y echarle la culpa de todos sus errores) y que su única obra propia en esta gestión – el bypass de 28 de Julio – tiene demasiadas controversias encima como para exhibirla.

Al mismo tiempo, el estilo poco transparente del alcalde ha comenzado ha ser cuestionado fuerte y permanentemente. La formación de colectivos políticos y profesionales que han hecho notorias las fallas de la administración Castañeda ha sido clave, al igual que la mirada de algunos medios respecto de la gestión. Si bien no se llega a los niveles de crítica que tenía la gestión Villarán encima, resulta claro que las faltas son tan inocultables que hasta periodistas que antes ni siquiera tocaban a Castañeda con el pétalo de una rosa ahora se permiten criticarlo. Y se ha formado un interesante grupo opositor en el que confluye tanto Diálogo Vecinal como la mayor parte de la bancada del APRA.

Una tercera cuestión clara es que el estilo Castañeda resulta anacrónico a estas alturas del partido. Si bien la ciudad requiere ordenar el tránsito, ha calado la idea que la infraestructura es solo una parte de la solución. Los peajes dentro de la ciudad son cuestionados. Las necesidades de la ciudad no son atendidas. Y el discurso del alcalde se reduce únicamente a dos elementos: cemento y echar la culpa de la gestión anterior. Y es claro que ambos elementos se están agotando como únicas respuestas, sobre todo, considerando que la administración actual de la MML tiene serios problemas de transparencia.

Finalmente, la situación debería preocupar a Solidaridad Nacional. Dado que el partido no ha construido ningún tipo de liderazgo alternativo – el que existía, José Luna, se marchó a hacer su proyecto propio con miras a ser alcalde de Lima en 2018 -, la suerte de SN está atada a su único candidato potable. Y aunque tienen mecenas, les será difícil construir a un postulante de fuste que pueda reemplazar a Castañeda.

Ahora que se rompió el teflón, todo le va a ser cuesta abajo al alcalde de Lima.

Balance de Lima en 2016

(Foto: El Comercio)

De acuerdo a las encuestas de Ipsos Perú y GFK, las más fiables del medio, Luis Castañeda Lossio termina el año con los peores índices de aprobación de su gestión – aún altos para estándares peruanos – y con el crecimiento sostenido de su desaprobación. Se encuentra cerca del punto en el que su visión sobre la ciudad genere una división de la ciudad en dos partes iguales.

Lo que hemos tenido durante el año es, básicamente, la comprobación del agotamiento relativo de un estilo de hacer política en la ciudad de Lima. A diferencia de sus dos gestiones anteriores donde, al margen de las merecidas críticas que tenía, el alcalde de la ciudad mostraba algunas ideas novedosas (escaleras para la movilidad de quienes viven en los cerros, centros de salud que cubrían deficiencias estatales en la oferta), hoy lo que notamos es escasez de ideas.

La mayor parte de las obras inauguradas por Castañeda Lossio provienen de la gestión de su antecesora. Peor aún, su única idea novedosa, el by pass de 28 de Julio, ha terminado en la polémica. No solo porque la obra ha terminado siendo inútil, sino también porque se descubrió que hubo conversaciones debajo de la mesa para hacerla con la controvertida constructora brasileña OAS. Para colmo de males del alcalde, la realización de este by pass trajo consigo a la ciudad la discusión respecto de la necesidad de este tipo de obras, en retirada en otras urbes a lo largo del planeta.

Entre tanto, las grandes reformas de la ciudad están paralizadas o en estado de catatonia. Salvo la renovación de buses y la implementación por tramos del corredor San Juan de Lurigancho – Brasil, la reforma del transporte urbano no ha vuelto a sonar. La política cultural de la MML es casi nula. Y frente a la emergencia más importante que vivió la ciudad en este año – el incendio en Cantagallo – desapareció de la solución, que terminó recayendo en el gobierno central.

Esta contraposición de visiones entre el cemento y la recuperación de espacios públicos se apreció en diversas partes de la ciudad: La Victoria, Comas, Lince. Pero fue en San Isidro donde se pelearon las batallas más mediáticas, con simpatizantes y detractores del alcalde en medio de protestas, inauguraciones y grupos contrapuestos en redes sociales. Sin embargo, no se vislumbra señales de armonización entre las necesidades de infraestructura y aquellas políticas que requieren menos cemento y más planeamiento.

Y todo indica que ello no se solucionará en los próximos dos años.

Que la Fuerza esté con los limeños.

Las posibles consecuencias políticas del terremoto Lava Jato

Desde hace un año y medio, un puñado de periodistas venimos advirtiendo que los casos de corrupción vinculados a compañías constructoras brasileñas terminarían, tarde o temprano, afectando a la política peruana en formas insospechadas. Y en la lista de empresas, sin duda alguna, Odebrecht ocupaba un lugar privilegiado.

Durante ese lapso de tiempo, medios como IDL – Reporteros y Convoca han señalado tanto a los posibles testaferos de la conocida constructora, como los sobrecostos de una de sus obras emblemáticas: la línea 1 del Metro de Lima. Desde este blog, modestamente, contamos la historia del Cristo del Pacífico donado por la empresa del vecino del este.

En las últimas semanas, directivos de Odebrecht – incluyendo al presidente de la compañía – han culminado de negociar acuerdos de delación premiada con la justicia de su país. Dichos convenios comprenderán no solo las operaciones ilegales vinculadas a Brasil, sino también las cometidas por la empresa – y reconocidas por la misma en un reciente comunicado – en diversas partes de América Latina.

Ayer por la tarde se conoció que la empresa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido a que parte del dinero utilizado para sobornos utilizó bancos estadounidenses. Y el impacto fue mayúsculo en el Perú cuando se conoció que, entre los coimeados, había compatriotas. IDL-Reporteros resume bien lo señalado por el acuerdo sobre nuestro país:

Según los documentos hechos públicos este 21 de diciembre por el Departamento de Justicia, entre los años 2005 y 2014 “Odebrecht pagó aproximadamente 29 millones de dólares en pagos corruptos a funcionarios gubernamentales peruanos para asegurarse los contratos de obras públicas. Odebrecht obtuvo beneficios de más de 143 millones como resultado de esos pagos corruptos”.

“Alrededor de 2008” según el departamento de Justicia de Estados Unidos, “Odebrecht se presentó a una licitación de transporte en Perú¨. Para ganar la licitación, “Odebrecht acordó pagar un millón 400 mil dólares a un alto funcionario del gobierno peruano […] Alrededor de 2009, Odebrecht ganó el contrato valorizado en aproximadamente 400 millones”.

¿Cuál fue esa obra?

En 2009, la única obra que le fue adjudicada a Odebrecht, a través del Consorcio Tren Eléctrico Lima (Odebrecht y Graña y Montero), fue la construcción del Metro de Lima Línea 1 tramo 1. El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2009 por el monto de 410 millones de dólares.

No fue lo único….

“Alrededor de 2005” dice el Departamento de Justicia estadounidense, “ Odebrecht participó en una licitación para un proyecto gubernamental de infraestructura. Durante el proceso de licitación, un empleado de Odebrecht fue convocado por el intermediario de un alto funcionario del gobierno peruano, que ofreció ayudar a que Odebrecht gane la licitación a cambio de coimas. […] luego de la conversación con el intermediario, el empleado de Odebrecht participó en varias reuniones, en algunas de las cuales estuvo presente el funcionario gubernamental. Odebrecht ganó la licitación y realizó pagos corruptos por aproximadamente 20 millones de dólares desde 2005 hasta 2008 a compañías específicas, indicadas por el intermediario, con fondos no registrados de la División de Operaciones Estructuradas”.

Las obras de infraestructura adjudicadas a Odebrecht en el 2005 fueron IIRSA Norte, por un monto de 258 millones de dólares; IIRSA Sur Tramo 2 por un monto de 263 millones de dólares; e IIRSA Sur Tramo 3, por 395 millones de dólares.

Pero no es el único acuerdo. Como señala la propia empresa, también se perfeccionó el acuerdo de colaboración con las autoridades brasileñas así como, oído a la música, con Suiza (por las mismas razones que Estados Unidos). Por tanto, estamos ante un caso transnacional de corrupción que se volverá aún más fuerte con convenios similares a los que arriben las demás constructoras involucradas en lo que se conoce como “caso Lava Jato”.  Por tanto, la cifra de 29 millones de dólares puede quedar bastante corta.

Para ponerlo en cristiano, lo revelado anoche es solo una parte de lo que puede ser una bomba nuclear en la política peruana. Y cuyas consecuencias van más allá del agotamiento de la dotación local de valeriana.

En primer lugar, todo indica que los principales involucrados son funcionarios de los tres últimos gobiernos, es decir, los de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Si bien aún se desconoce si es que los exmandatarios han tenido una implicación directa en el manejo de fondos ilícitos, pero sí resulta cierto que investigaciones presentadas por IDL-Reporteros, Convoca, La República, El Comercio y otros medios han apuntado a las conexiones de empresas brasileñas – y sus lobbistas – con varios de estos exfuncionarios. Esto en lo que se refiere al nivel nacional de gobierno.  Y, sin duda, sus partidos se verían seriamente afectados por el escándalo, en caso no se hagan los deslindes pertinentes. Por lo pronto, en el APRA ya comenzaron a curarse en salud ante lo que puede ser una serie de revelaciones donde el viejo partido podría ser el más afectado.

En segundo lugar, dado que las obras no solo involucraron al nivel nacional, sino también a niveles subnacionales. Por lo que funcionarios de gobiernos regionales y locales – incluyendo a la Municipalidad Metropolitana de Lima – deberán esclarecer cuáles son los vinculos que han tenido con estas empresas. Por tanto, el caso se vuelve aún más complejo.

Tercero. En principio, Fuerza Popular y Peruanos Por el Kambio podrían respirar tranquilos y obtener los beneficios de acciones de fiscalización contra miembros de los gobiernos anteriores. Sin embargo, podría existir información que comprometiera a políticos ligados actualmente a estas agrupaciones o, en el caso del fujimorismo, incluso a la década de 1990. Por tanto, en esa situación, se vería si es que su compromiso con la investigación en estos casos es real. De hecho, ya el fujimorismo bloqueó a fines del periodo parlamentario pasado la aprobación del informe elaborado por la comisión presidida por el congresista Juan Pari. Y para el gobierno puede ser la oportunidad para implementar las medidas planteadas por la Comisión Presidencial de Integridad.

En cuarto término, resultará indispensable fortalecer los organismos de indagación y procesamiento de casos de corrupción. Ya el Fiscal de la Nación anunció la semana pasada que se armará un equipo especial. Lo mismo debería hacer el presidente del Poder Judicial. Y el procurador anticorrupción Amado Enco indicó que pedirá la investigación sobre todas las obras de Odebrecht. Por la dimensión del caso, será necesario que el Estado brinde el aporte económico necesario para ello. Como indicó ayer José Ugaz en La Hora N, la información fuerte llegará a partir de agosto, por lo que la segunda mitad del año promete ser bastante caliente.

Quinto. En los casos que tienen que ver pagos de sobornos que pasaron por bancos de Estados Unidos, es claro que la justicia estadounidense tendrá competencia. Es decir, veremos desfilando a varios de nuestros políticos y exfuncionarios rumbo al país del norte. Aquí los mecanismos de cooperación judicial deberán ser expeditivos para la aprobación de las extradiciones.

Sin duda, los próximos meses y las siguientes revelaciones pondrán a prueba la real voluntad de las autoridades peruanas por sancionar la corrupción de varios de los exponentes de nuestra clase política. Lo que se viene es fuerte. Y hay que estar preparados para el vendaval.

Cronología del proyecto Río Verde y el By Pass de 28 de Julio

Rio Verde 1
(Las iniciativas para reubicar a ciudadanos shipibos de Cantagallo. El proyecto sí existió. Foto: Facebook del arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos)

1987: Se plantea un proyecto de recuperación de la ribera del río Rímac como parte del Plan del Centro de Lima.

2000: Inicio de la formación de un asentamiento shipibo en la zona de Cantagallo (Rímac).

2001: Otorgamiento de constancias de posesión a miembros de la comunidad shipiba en Cantagallo.

2007: Certificados de posesión del terreno en Cantagallo son entregados por la Municipalidad Distrital del Rímac.

12 de noviembre 2009: La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba la iniciativa privada para realizar el proyecto Línea Amarilla, para la construcción de obras viales (incluyendo un túnel bajo el río Rímac) en la Vía de Evitamiento. Es adjudicada a LAMSAC, empresa formada por la constructora brasileña OAS e Invepar. Por parte de la MML, el contrato es suscrito por la abogada Giselle Zegarra, gerenta de promoción de la inversión privada. La obra pasará por Cantagallo.

2010: Susana Villarán plantea en campaña electoral el proyecto Río Verde para recuperar parte de la ribera del Rímac y su incorporación al proyecto Línea Amarilla.

Octubre de 2010: Villarán gana las elecciones municipales en Lima.

2011 – 2013: Diálogo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la comunidad shipiba de Cantagallo. La idea era realizar la reubicación de los ciudadanos de la zona (donde también hay puestos comerciales) cumpliendo las reglas del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa.

2011 – 2012: Proceso de aprobación de cambio de zonificación del terreno de Campoy que se destinaría para la reubicación de ciudadanos que viven en Cantagallo. El procedimiento incluyó opiniones técnicas a Instituto Metropolitano de Planificación y Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que emiten informes favorables. Comisión de Desarrollo Urbano de la MML aprueba por unanimidad el cambio, con una limitación en la zona ribereña. Entre los votantes está José Danós, regidor metropolitano y esposo de la actual teniente alcaldesa Patricia Juárez.

15 de febrero de 2013: Suscripción de adenda al Contrato de Concesión de Línea Amarilla (denominado en ese momento Vía Parque Rímac). Se forma un fideicomiso para la adquisición de terreno para proyecto habitacional, creación de un parque en la ribera del Río Rímac y la construcción de un nuevo acceso a San Juan de Lurigancho. Como informa el portal Ojo Público, el problema fue que:

Sin embargo, no hizo a la comunidad parte del contrato de fideicomiso firmado entre la Municipalidad, la empresa Línea Amarilla S.A.C. y el Scotiabank Perú S.A.A., reclama Richard O’Diana, abogado del CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica). Esto hubiera podido dar a los habitantes de Cantagallo un mayor control sobre el destino del fideicomiso, asegura.

Mayo 2013  – Septiembre 2014: Proceso de negociación con la comunidad shipiba para el traslado. Finalmente, las tres asociaciones integrantes del asentamiento en Cantagallo aprueban irse a Campoy.

26 de agosto de 2014: Giselle Zegarra, quien había pasado a ser consultora de OAS, le pide al presidente de la empresa constructora Leo Pinheiro que cese la publicidad del proyecto Vía Parque Rímac, a solicitud del entonces candidato Luis Castañeda Lossio. Paneles y spots no se comprendían como publicidad electoral dado que no se mencionaba a alcaldesa Villarán – que iba a la reelección – y eran parte de una iniciativa privada.

27 de agosto de 2014: Pinheiro envía correo a Zegarra indicándole que disminuirán la pauta publicitaria de Vía Parque Rímac.

23 de septiembre de 2014: Luis Castañeda Lossio presenta como oferta electoral dos by pass: uno ubicado en la intersección de las avenidas 28 de Julio con Arequipa, República de Chile y Wilson y otro en la esquina de Paseo Colón con Wilson.

Octubre de 2014: Susana Villarán pierde las elecciones. Triunfa Luis Castañeda. Municipalidad Metropolitana de Lima tiene lista versión final del contrato del proyecto Río Verde.

7 de octubre 2014: Adquisición del terreno en Campoy, por parte del banco Scotiabank como Fiduciaria del Fideicomiso para el proyecto Río Verde.

14 de octubre de 2014: Vía Whatsapp, Zegarra pide reunión a Pinheiro en Lima para hablar sobre Línea Amarilla.

17 de octubre de 2014: Castañeda envía carta a Villarán para que no se firmen contratos sobre inversión pública en lo que queda de gestión.

21 de octubre de 2014: Respuesta de Villarán a misiva de Castañeda. Indica que la MML seguirá trabajando normalmente hasta el último día de su gestión.

23 de octubre de 2014: Vía Whatsapp, Zegarra y Pinheiro acuerdan reunión sobre Línea Amarilla para el 1° de noviembre, con presencia del alcalde electo Luis Castañeda Lossio. En dicha comunicación, Zegarra le pide a presidente de OAS que no se firme versión final del proyecto Río Verde, por solicitud de “Lucho”.

24 de octubre de 2014: Zegarra insiste con el pedido. Pinheiro le indica que “no harán nada sin consentimiento de ustedes”, en alusión a la gestión electa de Castañeda. Ese mismo día, el presidente de OAS recibe comunicación de Agenor Medeiros, director del área internacional de la empresa, indicando que “cualquier decisión tiene que estar alineada a la nueva administración”. De acuerdo con nuestras fuentes, la compañía brasileña nunca estuvo del todo convencida del componente Río Verde del proyecto. Nunca se firmó el contrato final sobre Río Verde:

5 – 7 de noviembre de 2014: Conversaciones entre Zegarra y Pinheiro sobre el monorriel que OAS construía en Sao Paulo. Una idea similar para Lima fue planteada por Castañeda Lossio en su campaña electoral.

14 de noviembre de 2014: Pinheiro es arrestado en Brasil por sus vínculos con el caso Lava Jato.

5 de diciembre de 2014: Luego de dos visitas a la zona de Cantagallo, la Defensoría del Pueblo envía un oficio a la MML alertando sobre afectaciones a habitantes por inicio de obras de Vía Parque Rímac. Insta para que se inicie construcción de proyecto en Campoy y emita norma sobre los avances y pendientes del proceso.

12 de diciembre de 2014: Empresa Trips hace, a pedido de OAS, estudio de demanda vehicular sobre by pass de 28 de Julio.

22 de diciembre de 2014: Decreto de Alcaldía reconoce importancia de proyecto de traslado de comunidad shipiba de Cantagallo hacia Campoy y ordena que los órganos pertinentes de la MML hagan las acciones pertinentes para cumplir con ello.

Enero – Noviembre 2015: Giselle Zegarra se convierte en consultora de la MML para proyecto Línea Amarilla.

5 de marzo de 2015: Se firma adenda al Contrato de Fideicomiso del proyecto Línea Amarilla. Se establece que se debe vender el terreno de Campoy y el producto de la venta debe revertir al fideicomiso. Para la teniente alcaldesa Patricia Juárez, esta cláusula de un contrato es “solo una recomendación”.

17 de marzo de 2015: En un solo día, se firman aceptación de propuesta económica, contrato sobre By Pass de 28 de Julio, así como la autorización de cierre de vías y de ejecución de obra. Asimismo, ese mismo día, se presenta Declaración de Impacto Ambiental al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, elaborada por militante de Solidaridad Nacional.

18 de marzo de 2015: Recién se aprueba expediente técnico de by pass de 28 de Julio.

20 de marzo de 2015: Se anuncia que fondos destinados a proyecto Río Verde serán destinados al by pass de 28 de Julio.

Marzo – Mayo 2015: Asociaciones shipibas de Cantagallo buscan negociación con Municipalidad Metropolitana de Lima. Se realiza, en abril, reuniones con teniente alcaldesa Patricia Juárez y otros funcionarios. Uno de ellos, Jorge Olazabal, gerente del Proyecto Río Verde, indica que no está en una situación de incertidumbre pero evita responder si el nuevo Master Plan incluye reubicación. Se hacen promesas, pero no se indica que terreno de Campoy está comprometido para venta. Luego de dos meses, se reclama por demoras.

Abril de 2015: Se inicia construcción de by pass de 28 de Julio.

14 de Mayo de 2015: Se destapa plagio en estudio de interferencia de vías. El Comercio descubre que empresa que realizó documento pertenece a exfuncionario municipal.

Julio de 2015: Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas da luz verde al by pass de 28 de Julio.

Abril de 2016: Se inicia circulación en By Pass de 28 de Julio. Obra no resuelve congestión vehicular en la zona.

Julio de 2016: Portal Spacio Libre inicia serie de investigación El By Pass de Lucho sobre diversas irregularidades documentadas sobre la obra de 28 de Julio.

8 de agosto de 2016: Empresa francesa Vinci adquiere mayoría de acciones de LAMSAC, concesionaria de Línea Amarilla, por los problemas económicos de OAS, debido a acusaciones de corrupción en Brasil.

19 de octubre de 2016: IDL-Reporteros publica informe sobre Whatsapp vinculados a Proyecto Río Verde entre Giselle Zegarra y Leo Pinheiro.

26 de octubre de 2016: Castañeda acude al Congreso pero no aclara conversación entre Zegarra y Pinheiro.

3 de noviembre de 2016: Nuevo informe de IDL-Reporteros revela mails entre Zegarra y Pinheiro sobre publicidad de Vía Parque Rímac.

4 de noviembre de 2016: Incendio en Cantagallo deja miles de damnificados. Se vuelve a poner sobre la mesa el traslado de sus habitantes. Castañeda no logra explicar mails destapados el día anterior por IDL-Reporteros. Se propone traslado temporal a zona de Martinete, donde hay carpas instaladas. Varios ciudadanos se niegan ante el temor de perderlo todo.

5 de noviembre de 2016: Daniel Yovera publica informe sobre adenda al fideicomiso que establece obligación de venta del terreno en Campoy donde se iban a trasladar a shipibos. Municipalidad de Lima responde con conferencia de prensa donde niega la venta, culpa a la gestión anterior por presuntas irregularidades e indica que terreno en Campoy no será suficiente para traslado. Se señalan preguntas no absueltas por la MML y que sus voceros habían indicado que se buscó la venta del terreno.

6 de noviembre de 2016: Varios arquitectos – entre ellos, Augusto Ortiz de Zevallos – señalan que terreno en Campoy era suficiente para la realización de conjunto habitacional para Río Verde y desmienten que solo sea un proyecto de ilusiones. Susana Villarán y Marisa Glave responden a versión de la MML.

7 de noviembre de 2016: Portal Spacio Libre indica que fideicomiso para By Pass de 28 de Julio tiene déficit de 11 millones de dólares. Ni el Proyecto Línea Amarilla ni obras complementarias del by pass concluyen hasta el día de hoy. Existe incertidumbre sobre el destino final de vecinos de Cantagallo. Comunidades shipibas evalúan quedarse en Cantagallo y buscarán cambio de zonificación, según indica Ojo Público.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.