El gobierno y el cambio climático

(Foto: Poder)

En lo que vamos de la actual administración, el gobierno ya ha tenido que enfrentar dos emergencias climáticas vinculadas al agua. Durante los últimos meses de 2016, se tuvo que hacer frente a la sequía en departamentos del norte y del sur del país. Y, durante las últimas semanas, los huaicos han sido fuertes en Ica, Arequipa y Lima. En el caso de la capital, además, existen problemas en el abastecimiento de agua debido a que el trabajo para limpiar el agua del río Rímac en La Atarjea es mayor.

Aunque nos encontramos ante fenómenos relativamente estacionales, es notorio que la intensidad de los mismos se ha hecho más fuerte debido al cambio climático. Y es algo de lo que se habla poco en la política peruana.

Se trata de una omisión grave. El Perú es uno de los países más vulnerables a este fenómeno. Indica el propio Ministerio del Ambiente:

Los efectos del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por la variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los países más afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosísima riqueza ecológica y megadiversidad climática (tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica el equilibrio ecológico del planeta.

El cambio climático, además de un impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos aspectos de la población. En el Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento más de seis veces desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se está produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en la vida de cada uno de sus pobladores.

En la campaña electoral, pocos candidatos tocaron el tema. Uno de ellos fue el actual Presidente de la República. En su plan de gobierno, Peruanos Por el Kambio daba el siguiente diagnóstico:

Asimismo, a la fecha, se ha comprobado la poca efectividad de instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Cambio Climático. Mientras tanto, nuestro país está rezagado en sus compromisos y necesidades de acción sobre tales temas. Esta situación impone la necesidad de contar con un sistema nacional de cambio climático y una política real de cambio climático, que sea capaz de diseñar y conducir acciones de mitigación de los efectos de esta problemática ambiental desde el más alto nivel del gobierno central, hasta las regiones y municipios.

El Perú, por ser un país de bosques, ocupa un lugar importante en las estrategias de control de los efectos de la alteración climática y ambiental y –como consecuencia de las negociaciones internacionales vinculadas a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– tiene la posibilidad de gestionar financiamientos que ayuden a conservar los bosques en pie y orientar un manejo responsable y sostenible de los recursos forestales.

Un importante incentivo para reducir la contaminación que producen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son los Bonos de Carbono, establecidos por el Protocolo de Kioto. Los Bonos de Carbono permiten al sector privado obtener una compensación económica por la reducción comprobada de las emisiones de GEI que realizan sus industrias. Esto funciona sobre todo entre países que pueden obligar a las empresas a reducir las emisiones de GEI y hacerles pagar multas si no lo hacen, como es el caso de la Unión Europea. Las emisiones de GEI se calculan en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir, y es un valor que puede venderse en el mercado de los bonos de carbono.

Como medidas puntuales, además de la lucha contra la minería ilegal – mediatizada hoy por la controversia frente a los flamantes Decretos Legislativos dados por el gobierno -, se contempla la ampliación de la cobertura del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y, sobre todo, la aprobación de una Ley Marco de Cambio Climático. Indica el Plan que:

La conservación de bosques y la creación de cultivos forestales para captura de CO2, el manejo sostenible de cuencas hidrográficas y la gestión adecuada del agua (almacenar, ahorrar y reciclar), el manejo adecuado de residuos sólidos generadores de metano, son todas medidas que contribuyen a la mitigación del cambio climático y que serán abordadas a través de una Ley Marco de Cambio Climático que permita transitar a una economía eficiente baja en uso de combustibles fósiles, y que promueva energías alternativas, que identifique medidas adecuadas al país para incentivar el crecimiento sostenible.

La Ley deberá contemplar la implementación del Programa Nacional de Conservación de Bosques, la creación de la Política Nacional de Cambio Climático y del Sistema Nacional de Cambio Climático. Asimismo, esta Ley deberá permitir el monitoreo sistemático de los efectos del cambio climático a través de las instituciones públicas especializadas como el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto del Mar del Perú, el Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la Autoridad Nacional del Agua; de este modo, el país podrá contar con una estrategia de adaptación y control de los efectos del cambio climático adecuada a nuestra realidad.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno no presenta este proyecto normativo, ni tampoco hemos visto muy activa a la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza, en torno a este tema. Al revisar la web del Congreso, encontramos que el Frente Amplio sí ha presentado iniciativas sobre esta materia, pero no han sido aún materia de una discusión más profunda.

Si bien es cierto que el gobierno debe atender las emergencias en los diversos puntos del país, también es cierto que resulta indispensable que acelere los esfuerzos para atacar un problema que, como nación resulta más que vital atender.

El problema de Yanacocha

(Foto: Revista Ideele)

Ayer se conoció un nuevo incidente entre la ciudadana Máxima Acuña y miembros de seguridad privada de la empresa minera Yanacocha. Ella denunció agresiones por parte de los agentes y fue atendida de urgencia en Cajamarca. La compañía indicó que estaba haciendo defensa posesoria de un terreno que les pertenece, pero el mismo se encuentra en litigio entre Acuña y su familia contra la transnacional de capitales estadounidenses y peruanos. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en Cajamarca, ha expresado que la medida tomada por la minera fue desproporcionada.

Yanacocha no se percata que su comportamiento es, per se, abusivo y absolutamente desproporcionado. Sino que, además, resulta incapaz de percatarse que ha chocado con una persona que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a sus acciones en la sierra cajamarquina y que, además, tiene notoriedad internacional por los premios obtenidos en los últimos años.

El problema, en realidad, va más allá de la familia Chaupe Acuña. Tiene que ver con un patrón de conducta en el que la empresa, claramente, ha sido un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en relaciones comunitarias.

Cajamarca es una región marcada por los pasivos ambientales de actividades mineras artesanales, previa a la llegada de la compa­ñía. Yanacocha, antes que entender este anteceden­te, privilegió una relación basada exclusivamente en obras como único vehículo de relación (cuasi cliente­lar) con su entorno.

La empresa nunca enten­dió que una política de buen vecino pasaba por compren­der las preocupaciones por el precio de los terrenos, los graves errores de sus contra­tistas (como el derrame de mercurio en Choropampa) y, sobre todo, los recursos hí­dricos en una zona agrícola y en una ciudad que no tiene acceso regular al agua. Los conflictos de QuilishConga se explican, sobre todo, por esta inquietud.

La actitud de Yanacocha fue cobrando un cariz cada vez más político. La presencia en el Congreso de Marco Arana y la reelección de Gregorio Santos como gobernador regional – así como su alta votación presidencial en Cajamarca – no se puede explicar sin considerarlas expresiones de votaciones plebiscitarias sobre la actuación de la empresa minera.

A tal punto llega la situación que personajes que no serían susceptibles de ser calificados de “antimineros” como Cecilia Blume y Aldo Mariátegui llegaron a señalar, en medio del conflicto por el proyecto Conga, que la compañía debía pedir perdón por sus actuaciones pasadas que habían generado resquemores y recelos en los ciudadanos de Cajamarca. Conga está paralizado tanto por los bajos precios de los minerales como por el hecho que sería inviable socialmente su puesta en marcha. Y eso lo sabe el actual gobierno.

En dos años, Yanacocha terminará la explotación de su principal yacimiento y deberá dar paso a un efectivo cierre de mina que solucione cualquier pasivo ambiental. Cualquier imagen final sobre su actuación estará marcada por lo que haga en dicha actividad final. Aunque, para muchos, es claro que su conducta – con excepciones de algunas acciones puntuales – será estudiada como el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer en los vínculos entre una minera y su entorno. Algo que los propulsores de una actividad económica tan importante para el país deberían comprender para no cometer los mismos horrores.

La Oroya: aristas de un problema complejo

La Oroya

Como ya lo había anunciado luego de su elección como Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski envío esta tarde al Congreso de la República un proyecto de Ley para modificar un artículo de la Ley del Sistema Concursal, a fin de ampliar el plazo para la toma de decisión sobre una liquidación de una empresa en operaciones (lo que en jerga de abogado se llama “liquidación en marcha”). Aunque la norma es de carácter general, el caso que la motiva es concreto: La Oroya.

Doe Run, la empresa que opera la planta metalúrgica de dicha ciudad – alrededor de la cual gira la economía y la vida social – se encuentra en esta circunstancia y el plazo de la liquidación vence el 27 de agosto. PPK fue a La Oroya hace algunas semanas y prometió solucionar el problema, incluso encabezando una marcha al Congreso de la República como mecanismo de presión. Como indicaron algunos periodistas y analistas, la jugada política del presidente era clara: responder con la calle a los 73 congresistas fujimoristas. Y, conociendo el populismo que encarna Fuerza Popular, es claro que la norma será aprobada lo antes posible.

Pero el problema es que la solución planteada es un parche en varios sentidos.

En primer lugar, porque los regímenes especiales de reestructuración patrimonial tienen varios problemas. Vean nomás lo que está pasando en los clubes de fútbol para darnos cuenta que, sin una adecuada administración, estas entidades corren el serio riesgo de salir del mercado, con el impacto que produciría ello. En el caso de Doe Run, este proceso es más complejo debido a la cantidad de personas que dependen económicamente de sus actividades.

En segundo lugar, porque será difícil encontrar en los dos años siguientes a alguien que se haga cargo de la operación en La Oroya. En el caso de Doe Run, no se ha podido conseguir un operador que se haga cargo de los pasivos ambientales que tiene la compañía, herencia de su explotación cuando era estatal y, además, aquellos surgidos ya en manos privadas. Ya Fernando Zavala ha cerrado las puertas a una rebaja de los estándares ambientales, por lo que la salida se hace aún más complicada en términos estrictamente de mercado. De hecho, como indica Actualidad Ambiental:

Esto es una falacia pues, aun si se volviera a los estándares de 1996 el CMLO no estaría en condiciones de operar, ya que de una revisión de los datos del INEI sobre la concentración de los puntos de monitoreo de Doe Run Peru destaca que dichas concentraciones se encuentran muy por encima incluso de los niveles establecidos en 1996.

En tercer lugar, porque la salida definitiva para La Oroya es cerrar la planta actualmente existente y reconvertir económicamente a los ciudadanos de la ciudad paulatinamente. Aquí no solo pesan razones económicas sino, fundamentalmente, cuestiones de salud. Dicha zona del país es una de las más contaminadas del planeta. Más conveniente sería, como plantea Juan Carlos Tafur, un traslado de la planta a la costa. A menos que se busque ganar tiempo para optar por esta vía, la modificación legal planteada por el gobierno resulta ser un mero escape del problema de fondo. Apunta así la SPDA:

Es necesario que la evaluación del pedido de extensión de la prórroga considere que se está ante un tema laboral, ambiental y sobretodo de salud.  Cualquier solución debería priorizar la salud de las personas y del ambiente, lo que obligaría a un plan serio de reconversión tecnológica o a aceptar una realidad innegable: un complejo minero como el de La Oroya en el siglo XXI no puede seguir operando con niveles de contaminación inaceptables en cualquier parte del mundo.  De ser este el caso, deberá plantearse una salida al problema social que se generaría si se acordara el cierre definitivo del complejo minero al perderse 2 mil puestos de trabajo y afectarse severamente la economía local.

Sin duda, el gobierno logrará un triunfo de corto plazo en La Oroya y un gesto más que fortalezca su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, si no resuelve el problema de fondo, en dos años el conflicto social aún latente volverá a estallarnos en la cara. Ya el año pasado tuvimos un muerto en las protestas. Y pueden ser más si es que no se atienden las aristas ambientales, laborales y de salud existentes en La Oroya. He aquí los primeros retos para Elsa Galarza y Gonzalo Tamayo en sus respectivas carteras.

La Oroya: más allá de la protesta

(Foto: Actualidad Ambiental)

Desde ayer La Oroya está en el centro de la noticia. Se inició un paro indefinido en dicha zona del país, con bloqueo de la Carretera Central incluido. En medio de los enfrentamientos con la policía, falleció una persona producto de una herida de bala. Ya desde el Ministerio del Interior se apresuraron a decir que el policía implicado ya fue separado, aunque se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas apoyen en el control de la zona. Nuevamente, el suceso violento gana a la agenda de fondo.

¿Y cuál es esta agenda? Para entender este tema, hay que hacer un poco de historia.

El conflicto se vincula con la permanencia de las operaciones del Centro Metalúrgico de La Oroya, uno de los principales centros mineros del país y, por cierto, también una de las ciudades más contaminadas del planeta. La República hace una pequeña reseña histórica:

Para conocer la historia del CMLO hay que remontarnos a 1922, cuando la compañía estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation construyó la fundición y las refinerías de La Oroya. Es aquí cuando empieza la esperanza por el desarrollo de la industria que generaría puestos de trabajo para la población, nos cuenta el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi.
Años después Cerro de Pasco Corporation fue expropiada durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, que constituyó Centromín Perú. En octubre de 1997, durante el gobierno fujimorista, Doe Run Company pagó solo US$ 247,9 millones por CMLO. Un año después, Doe Run Company también adquiere la mina Cobriza. Herrera recuerda que cuando ingresó DRP, tanto el gobierno como la empresa norteamericana se comprometieron a remediar los pasivos ambientales. Pero ambos incumplieron.
Es así que DRP empieza a pedir la prórroga del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Atingencias. Tanto la Cerro como Minero Perú generaron varios de los pasivos ambientales que Doe Run se comprometió a remediar. Pero Doe Run no solo no disminuyó dichos pasivos, sino que contribuyó a aumentarlos. Y, peor aún, pidió hasta tres prórrogas del PAMA, mientras ocurría lo que describía Hans Rothgiesser:

También comentaba que la empresa Doe Run ha estado repartiendo utilidades.  O sea, si hoy en día no tiene plata para asumir sus compromisos -los cuales adquirió libremente al firmar ese contrato- es porque no quieren.  Esto se hace aún más cachoso si consideramos que toda la semana la empresa Doe Run ha estado publicando anuncios de página completa en los periódicos de mayor circulación del país.  Aquí les linkeo uno de los muchos anuncios que han estado publicando, los cuales no se diseñan solos. ¿Con qué plata están pagando eso? Porque todo el Perú les ha oído decir que no tienen plata para cumplir sus obligaciones.

Tan rochosa fue la conducta de Doe Run que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía sacó a la empresa de su lista de miembros. Y mientras se desataban las controversias por el manejo financiero y ambiental de la compañía, después de varias idas y venidas, se declaró su liquidación. Básicamente, Doe Run compró una planta que estaba mal en términos ambientales, pero que daba réditos económicos. Y no se remediaba el tema de los impactos en el aire y la salud.

Y es aquí donde ingresa la disputa actual. Como reseña Actualidad Ambiental:

Los manifestantes buscan presionar al Gobierno para flexibilizar los estándares de calidad ambiental (ECA) del aire en la cuenca de La Oroya. El pedido de los pobladores de La Oroya es que el ECA se establezca en 250 microgramos de dióxido de azufre (SO2) por milímetro cúbico, y no a 80 ug/m3  como precisa actualmente la norma.

Estos requerimientos ambientales habrían ocasionado que la semana pasada no se presenten postores a la subasta internacional por las unidades de La Oroya (Junín) y Cobriza (Huancavelica) de Doe Run. La empresa tiene plazo hasta el 27 de agosto para mantener su liquidación en marcha. Luego de esa fecha, se realizará el remate de los activos y ceses colectivos para los trabajadores.

Las pérdidas acumuladas por Doe Run Perú en el primer trimestre del año (déficit de US$ 525 millones) superan en cuatro veces el capital social de la empresa (US$ 129 millones). Esta situación impide que Profit, actual administrador concursal, pueda iniciar una reestructuración como ocurrió en 2013.

Y es aquí donde entran dos aristas. De un lado, la ambiental. No solo porque la ciudad es de las más contaminadas del mundo, sino también porque será bastante difícil acceder a la demanda de quienes protestan. De hecho, ya el Ministro del Ambiente dijo que no flexibilizarán los estándares ambientales.

De otro lado, la laboral. Es evidente que estamos ante un grave problema social que no se remediará a corto plazo – La Oroya, a esta altura, no es rentable para ningún inversionista serio, debido a la cantidad de pasivos a asumir -, pero que requiere salidas de reconversión laboral en una ciudad que ha girado, durante casi un siglo, en torno a la labor minera.

Y son aquellas las que se deben atender en medio de un proceso complejo, donde los ciudadanos de La Oroya están divididos sobre el futuro de lo que, a la vez, es su principal fuente de trabajo y de penurias en salud.

La Oroya otra vez

La Oroya

Desde hace años sabemos que La Oroya es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y también conocemos que el Estado le prolonga la vida a la empresa Doe Run cada cierto tiempo. Y que, como en esta Semana Santa, cada cierto tiempo hay un paro de los trabajadores exigiendo que se reinicie la explotación de la metalúrgica.

¿Por qué nadie ha querido solucionar el problema? El principal obstáculo, creo yo, es no dejar descontentos a los ciudadanos de La Oroya que viven de la minería. Pero hace tres años, en Economía de los Mildemonios, se propuso una salida que el gobierno bien podría adoptar:

Lo que me pregunto yo es por qué canastos no mandan se ponen fuertes y le quitan la refinería. ¿Les preocupa la situación laboral de los trabajadores? Fácil.  Que el Estado los contrate para los trabajos que hay que hacer en infraestructura en la zona.  Total, sería solamente por los seis meses que duraría el proceso de poner en línea todas las otras empresas que estarían más que feliz de competir por la administración de La Oroya, asumiendo en serio los compromisos que Doe Run no supo honrar.

Para variar, ahorita en el Congreso de la Republica hay dando vueltas proyectos para poder darle una oportunidad más a Doe Run. Y si bien es cierto que desde el Poder Ejecutivo se han puesto duros con el tema, siempre es bueno recordar porque sería escandaloso darle una nueva oportunidad a la mencionada empresa. Así lo ha hecho César Ipenza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental:

DRP tiene 15 años en la Oroya, y tiene dos (02) ampliaciones de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), fundamentalmente relacionado a la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y la Modernización del Circuito de Cobre. Dicha planta es indispensable para proteger la salud de los pobladores y hasta que no se concluya, DRP no debería volver a operar. De reanudar sus actividades, además, la empresa estatal Activos Mineros no podría remediar los suelos ya contaminados, porque DRP seguiría contaminado, y sería una inversión sin mucho sentido.

Peor aún, como se señaló en un reportaje de Gema Pons para la revista Poder, la empresa ha tenido un manejo de sus deudas y fusiones tan enrevesado que podría hacer que el grupo Renco, matriz de Doe Run, no pague nada por la fundición de La Oroya.

En los últimos días ha circulado este video en el que varias personalidades comentan, brevemente, lo que viene ocurriendo en La Oroya. Véanlo, porque es necesario que se comience a hacer una mayor presión para evitar que esta empresa se salga con la suya, en detrimento de los derechos humanos de los ciudadanos de La Oroya y del Estado:

Doe Run: un complicado lío

Quien escribe este blog es de los convencidos de la importancia de la inversión privada y también de la actividad minera, para la generación de recursos en nuestro país. Sin embargo, ello no significa que, en nombre de ambas ideas – ciértamente importantes para el Perú – se tolere que una empresa privada se burle de las leyes peruanas y de las autoridades.

Este es el caso de Doe Run, una empresa que ha hecho de la burla al Derecho y a la institucionalidad el principal sustento de sus actividades. Augusto Álvarez Rodrich resume bien el problema existente con una empresa que ni siquiera es tolerada por sus pares:

‘Esto’ significa, en este caso, el incumplimiento de un conjunto de obligaciones tributarias y ambientales que han acabado por derrumbar cualquier atisbo de credibilidad de Doe Run en el gobierno, en los acreedores, en la comunidad preocupada por el cuidado del ambiente, en el sector empresarial y, en general, en el país. Esta compañía ya ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

La deuda acumulada por Doe Run con la Sunat es de S/.760 millones y las obligaciones impagas con proveedores suman alrededor de US$110 millones, mientras que, en el plano ambiental, se sigue postergando el cumplimiento cabal del PAMA, el cual requiere una inversión de unos US$150 millones.

El replanteamiento de todas estas obligaciones se ha venido negociando a través de sucesivas postergaciones. El nuevo plazo en el que la empresa debería reiniciar la operación y asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones vence en apenas cinco semanas, pero ya se prevé –por los comunicados que ha difundido Doe Run– que esto no se hará efectivo.

De hecho, Doe Run ha procurado ganar harto tiempo en cada negociación, con la anuencia de autoridades políticas que contrariaron a lo que los técnicos del Ministerio de Energía y Minas han venido señalando desde hace mucho tiempo (con negociación del Tio George incluida). En realidad, la visión política fue nula, como comentó Ricardo Uceda para Poder:

Hasta el final de la crisis, y aun ahora, el gobierno no tuvo en su poder estados financieros detallados ni auditados de Doe Run. Nunca hubo un plan B en serio, un estudio minucioso de una alternativa distinta a la postergación. A lo más, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha reconocido que la refinería habría que cerrarla, y que eso cuesta 500 millones de dólares.

–Doe Run está tres pasos adelante del gobierno –dice el ex ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría. Añade que los mismos ministros no tuvieron una posición coherente ante la empresa. “El Ministerio de Economía la ayudó. Del Ministerio de Energía y Minas nunca supimos qué quería. Y el Ministerio del Ambiente entraba y salía del tema según la ocasión”.

Para agravar más las cosas, están los temas ambientales y laborales. La ciudad donde opera Doe Run, La Oroya, es una de las cinco más contaminadas del mundo. Si bien es cierto que muchos de los pasivos ambientales vienen de la época en que operaba el Estado la actividad minera, lo cierto es que la empresa de Ira Rennert se ha hecho consuetudinariamente la loca con el cumplimiento del PAMA y de otras obligaciones de este tipo.

Pero al mismo tiempo, cada cierto tiempo, los trabajadores de Doe Run se van al paro y bloquean la Carretera Central, porque la actividad principal alrededor de la cual gira sus vidas es la minería en las condiciones deplorables ya mencionadas. Y así, mientras la gente de Doe Run pasaba harta plata como utilidades a Estados Unidos y colocaba avisos millonarios en varios medios, seguían reventando a la gente a la que emplean contaminando sus pulmones y azuzando cada paralización.

¿Y las soluciones? Algunas de las posibles las planteó El Comercio en un editorial de hace unos días:

Esto no puede continuar. En concordancia con lo que establece la ley, debe convocarse a la junta de acreedores de la empresa para el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Como se ha informado, Doe Run adeuda al Tribunal Fiscal, a la Sunat y a otros proveedores.

En segundo lugar, si esta junta no es viable, correspondería al Estado buscar otros mecanismos de solución, acorde a su papel supletorio dentro de una economía social de mercado.

Finalmente, si estas posibilidades tampoco prosperan, la refinería tendría que ser cerrada, como ha señalado el presidente García, pero para proceder a una nueva concesión o privatización que permita que otra empresa se haga cargo de La Oroya.

Con lo que hay que tener mucho cuidado es una intervención directa o una compra de la empresa. ¿El motivo? Lo advierte también El Comercio:

La decisión de la empresa Doe Run, de poner cada vez más condiciones para dilatar la reanudación de sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, escondería una intención: obligar al Estado Peruano a intervenir la empresa o a comprarla, para evitar mayores conflictos sociales.

Esa sería la mejor salida para la empresa y su principal accionista, Ira Rennert, que de esa manera se librarían de todas sus deudas y responsabilidades —que superarían los US$1.100 millones— y, además, podría cobrar los seguros que protegen a las transnacionales de la intervención estatal.

Por tanto, el gobierno tendrá que hilar bastante fino para evitar que una empresa se siga burlando de los peruanos y para que las leyes en el Perú se cumplan. Es inaceptable que Doe Run siga jugando a sacarle ventajas al Estado.