¿Es Martín Vizcarra un gobernante autoritario?

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(Foto: El Comercio)

Hace un par de semanas, el expresidente estadounidense Barack Obama publicó en su cuenta en Facebook una lista con los libros que más le habían gustado en 2018. Entre ellos, resalta un volumen con un título bastante provocador: Cómo mueren las democracias, cuya edición en castellano ya se puede conseguir en Lima.

Este texto, escrito por los politólogos y docentes de la Universidad de Harvard Steve Levitsky – un viejo conocido del Perú – y Daniel Ziblatt, trata de explicar las razones por las que líderes populistas de diverso signo ideológico han constituido, tanto en el siglo XX como en la centuria actual, uno de los mayores peligros para la democracia.

En particular, ambos autores buscan explorar, a partir de lo ocurrido en diversas partes del mundo, cómo fue posible el ascenso de Donald Trump y cómo evitar que un liderazgo como el suyo sea nocivo para la preservación de uno de los sistemas políticos más consolidados del mundo. Y parten desde una premisa que Levistky ya ha explorado en otros libros y que a los peruanos nos parece conocida: las democracias ya no solo caen por efecto de una tanqueta, sino (y sobre todo en los últimos 25 años) a través del ejercicio tiránico del puesto.

En América Latina, Alberto Fujimori fue el triste precursor contemporáneo de una tendencia que luego siguieron Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y, en menor medida, Evo Morales (aunque anda dando pasos seguros a incorporarse al primer grupo) y Rafael Correa. Desde distintas orillas ideológicas, muchos temen que Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador vayan en esa dirección (aunque solo el primero parece dirigirse aceleradamente, por ahora, en ese rumbo).

En los últimos meses, sobre todo desde que lanzara el referéndum, nuestra “coalición conservadora criolla” ha buscado colocar como idea que el actual Presidente de la República es un gobernante autoritario y que está en un camino de copamiento institucional muy similar al que tuvo Fujimori en la década de 1990. Este grupo de personas esgrime razones muy variadas por las que Martín Vizcarra estaría en esta vía: “tapar la corrupción” de “sus aliados” (léase, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski), “encubrir su propia corrupción” (entiéndase, el caso del aeropuerto de Chinchero) o tratar de tapar “su incapacidad como gobernante”.

¿Es esto cierto? Lamento desilusionar a mis seguidores conservadores, pero la respuesta es negativa, en un doble sentido.

Vizcarra no se ha apoderado de ninguna institución pública. En toda su actuación, ha utilizado las armas que le otorga la Constitución para presentar sus iniciativas: referéndum, comisiones del Poder Ejecutivo, envío de proyectos de Ley al Congreso. Tampoco ha forzado mecanismos de corrupción para alcanzar sus objetivos. Ha hecho, hasta ahora, política pura y dura, dentro de los cauces institucionales. Y, además, no ha buscado la disolución del Congreso de la República.

Para salir de dudas, Levitsky y Ziblatt hacen un examen sobre los indicadores clave de un comportamiento autoritario, que se basa en cuatro aspectos: rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, tolerancia o fomento de la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición. En ninguna de las preguntas vinculadas a estos aspectos se obtendría una respuesta afirmativa. Compruébenlo ustedes mismos:

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(Fuente: Levitsky y Ziblatt 2018: 33 – 35)

No faltarán quienes digan: “Pero Keiko Fujimori, que es la lideresa de la oposición, está encarcelada”. Pero no es por acción del gobierno. Como lo han señalado ya dos instancias del Poder Judicial, hay serios indicios de comisión de delitos, así como de obstrucción de la justicia. Y, para mayor garantía, al negar el asilo a Alan García, Uruguay terminó confirmando ante la comunidad internacional que cumplimos con los estándares mínimos de una democracia.

También habrán los que indiquen: “pero el proyecto sobre el Ministerio Público constituye una intervención sobre otra institución”. La iniciativa, en particular, no genera un organismo interventor al estilo Blanca Nélida Colán, como se hizo en los noventa, por lo que vocación de control no tiene. Discusión distinta es la de si es la medida más conveniente o si pasaría un estándar de inconstitucionalidad. Y, claro, es necesario mencionar también, como apunta hoy Andrés Calderón, que tanto el MP como el Congreso de la República tienen la llave para salir del señor Chávarry con celeridad y con el menor costo institucional posible.

Descartada la intención autoritaria, quedan las tres críticas hechas desde nuestra “coalición conservadora criolla”. Y las tres no pasan una prueba de sustento.

Como bien refirió Marco Sifuentes en su columna de ayer: “Humala y Heredia fueron a prisión, como ahora Keiko; y la situación de García es de lejos mejor que las de Villarán y PPK, a quienes sí les allanaron las casas y les congelaron las cuentas”. Añado a ello: el proceso de Toledo sigue las rigideces de un tratado de extradición bastante formalista y que, antes de llegar a un juez federal en California, requiere un previo examen de los Departamentos de Estado y de Justicia. Nadie en su sano juicio defiende a estas personas y sus inconductas – muchas de ellas, con contenido penal -, por lo que esta cuestión queda sin sustento.

El caso Chinchero es más sencillo de explicar: un mal contrato no supone un delito. Y ese mal contrato proviene desde el gobierno de Humala. Tampoco hay evidencia que involucre al Presidente actual en ilícitos penales en torno a este tema.

Finalmente, no está mal que el Presidente de la República se compre el pleito anticorrupción. Por el contrario, se trata de una materia que, durante los últimos años, ha sido considerada como una de las dos más importantes para los peruanos. Por tanto, indicar que “se tiene que ocupar de otras cosas” resulta ser una falacia. En lo que sí coincidimos es en que el Poder Ejecutivo debe mejorar su performance sectorial, buena en algunos casos, discreta en otros.

A la luz de la lectura del libro de Levitsky y Ziblatt, queda una pregunta por dilucidar: ¿estamos en peligro de consagrar a un líder populista autoritario en 2021? Intentaremos responderla en un siguiente post, en los próximos días.

La letra pequeña del mensaje de Vizcarra

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Abriendo juego. Vizcarra inicia su presidencia en la práctica (Foto: EFE)

El mensaje presidencial por Fiestas Patrias ha supuesto un parteaguas. Para todo efecto práctico, Martín Vizcarra ha inaugurado su periodo en forma efectiva. Luego de mucho tiempo, vimos a un jefe de Estado y de gobierno planteando medidas de agenda nacional en un discurso que se había convertido en la habitual gimnasia verbal de presentación de cifras, recuento de carreteras y algunos anuncios efectistas.

El Presidente de la República parece haber entendido – como no lo hizo su predecesor – que, para gobernar frente a un Congreso con mayoría opositora, resulta necesario hacer política. Y ello implica presentar iniciativas, comprometer a la ciudadanía con la aprobación de las mismas y jugar en pared con otras fuerzas políticas. En ello, el mensaje ha sido positivo.

Reformas políticas

Resulta claro que Vizcarra ha leído el evidente hartazgo de la ciudadanía con la clase política. La iniciativa para plantear un referéndum sobre la no reelección de congresistas, el financiamiento privado a los partidos y la bicameralidad manteniendo el número legal de congresistas busca, antes que un planteamiento técnico más fino, representar tres medidas que, en la cabeza de la gente, pueden presentar el inicio de algunos cambios en la representación.

Varios politólogos ya han señalado que la prohibición de autoridades, per se, no necesariamente implica una mejora de la calidad. De hecho, en el caso peruano, son los parlamentarios novatos quienes han protagonizado más escándalos y presentan los proyectos normativos más estrambóticos, además que la tasa de reelección de autoridades es bastante baja. Medidas menos sexys, pero más efectivas, para mejorar la calidad se podrían vincular con el fin de la inmunidad parlamentaria o el cambio de la fecha de las elecciones parlamentarias.

Sin embargo, más allá de lo que se decida sobre la reelección, la formación de partidos políticos más sólidos parece ser una medida más adecuada para una profesionalización de la política. Y en ello, salvo la alusión al financiamiento partidario (¿prohibición? ¿mejor regulación?), no se dijo mucho hoy. Pero también resulta cierto que la prohibición de la reelección es harto popular entre los ciudadanos y, por ello, Vizcarra la ha puesto en agenda, para pechar a un Congreso de la República que ha reaccionado como era de esperarse (léase, defendiendo el sueldo).

En torno a la bicameralidad, resulta evidente que Vizcarra ha sido tímido en esta iniciativa. Todos los expertos serios en temas políticos y electorales refieren que el Congreso peruano es pequeño en términos de representatividad numérica. Por tanto, el planteamiento presidencial juega a la popularidad antes que a la precisión técnica.

En suma, las medidas buscan arrinconar a un Congreso de la República que se sentía muy seguro en su rol de dirimente de las disputas políticas, pero que arrastra una muy baja popularidad. Vizcarra apuesta a un sentido común muy enraizado: primero la depuración, luego la necesidad de carrera política. Y en esa línea también se inscribió el reconocimiento al periodismo de investigación.

Reforma judicial

Precisamente, en la misma medida va la propuesta constitucional doble sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. De un lado, modificar su conformación, sin anunciar previamente cuál sería la nueva propuesta, permitirá discutir en serio las propuestas sobre la materia. De otro lado, revisar todos los nombramientos hechos por la recientemente expulsada conformación, permitiría la salida de César Hinostroza Pariachi y Ángel Romero de la Corte Suprema de Justicia.

Los seis proyectos de Ley presentados, en principio, son bastante adecuados para lo que se pide. Sin embargo, se pudo ser más ambicioso en cuestiones de transparencia, al solicitar que las elecciones judiciales también se adecuen a estos criterios, como viene requiriendo el Instituto de Defensa Legal hace varios años. Al mismo tiempo, serán necesarias modificaciones legales de fondo para reducir la posibilidad que las redes de corrupción que han copado parte del sistema de justicia puedan reproducirse.

Género, educación y derechos: luces y sombras. 

Sorprendió gratamente que el Presidente de la República se haya referido, con todas sus letras, al enfoque de género. Y que planteara que a fin de año se tendrá una Política Nacional de Igualdad de Género. Conmovió a todos que el mandatario hiciera alusión, con nombre y apellido, de los casos de feminicidio que más han impactado a la opinión pública. Al mismo tiempo, fue sensato recordar que la responsabilidad para acabar con el machismo también se encuentra en la sociedad peruana. Sin duda, este fue uno de los puntos más altos del mensaje y se refleja en las casi inmediatas reacciones de grupos conservadores.

Pero también es notorio que se ha dejado de lado a los derechos de los ciudadanos LGTBI, sea por cálculo político – midiendo que la coalición conservadora puede tener una baja importante con la salida de Cipriani en diciembre – o porque ha considerado que solo puede lidiar con algunas batallas en lugar de otras. Sin duda, aquí hay una importante deuda presidencial.

Fue importante que el presidente proponga, expresamente, un marco legal contra el racismo y que se siga incidiendo en un canal del Estado para todos los peruanos. También resultó clave el pedido para dejar de usar paulatinamente bolsas de plástico.

En términos educativos, fue destacado que se enfatizara en la necesidad de incorporar componentes en “formación de valores y pensamiento crítico”, además de la calidad académica. También fue importante que reafirmara su compromiso con la reforma universitaria.

Sin embargo, quedó en deuda en relación con los contenidos escolares sobre género y el periodo de violencia. En general, sobre este último punto, Vizcarra no hizo alusiones al tema, salvo al referirse a la lucha contra los remanentes terroristas en el VRAEM, lo que le valió algunos de los pocos aplausos fujimoristas. Temas como el LUM, la búsqueda de personas desaparecidas o la anulación del indulto a Fujimori no estuvieron en la mesa.

Finalmente, entre lo positivo, merece destacarse los anuncios hechos en materia de Defensa Civil, como el sistema de alerta temprana en la costa peruana, que se implementará para 2021.

Ausencias y vacíos

A las ausencias y vacíos ya comentados, se añade que el tratamiento económico del mensaje fue relativamente cansino. Aquí Vizcarra entró, salvo cuando enunció los proyectos mineros y el crecimiento del PBI a 4% en 2018, en la intrascendencia o el mero desarrollo de lo que se viene haciendo. Y, más allá de remarcar que no subirá impuestos o tasas impositivas para quienes menos ganan, tampoco soltó mucha prenda sobre lo que hará con las facultades delegadas por el Congreso de la República hace algunas semanas.

Lo mismo ocurrió con la descentralización, materia en la que se esperaba más de un mandatario y un presidente del Consejo de Ministros que provienen del mundo regional. Más allá de continuar con los GORE y MUNI Ejecutivo, así como con transferencias presupuestales, la audacia que Vizcarra ha tenido en temas políticos y judiciales no se notó en esta materia.

Otras ausencias notables son los derechos de las personas con discapacidad, la ciencia y la tecnología y, por cierto, las actividades vinculadas al Bicentenario de la Independencia.

Interrogantes (a modo de conclusión)

¿Cuáles serán los siguientes pasos de Vizcarra? ¿Cómo va a jugar políticamente con las bancadas ajenas al fujimorismo en el Congreso de la República? ¿Cuál va ser la postura política de Fuerza Popular más allá de las rabietas de hoy? ¿Cómo articulará el Presidente una coalición que pueda hacer frente a los grupos conservadores que le tienen pavor a la palabra género?

El Presidente ha planteado un rumbo y una agenda de discusión. Ello es positivo en medio de mandatarios que han preferido no arriesgar. Es momento, ahora, de ver la letra pequeña de cada uno de los anuncios.

Una primera mirada al gabinete Villanueva

Vizcarra y Gabinete
Foto de Promoción (Fuente: Facebook Martín Vizcarra)

Se trata de un equipo ministerial con menos peso político del que se pensaba. Casi por completo está centrado en César Villanueva, un Presidente del Consejo de Ministros al que se vislumbra como un contemporizador (aunque también puede pecar de pretender quedar bien con todos – y con ello, mal con nadie -). Los demás ministros – con excepción de Salvador Heresi – tienen un perfil más bien técnico.

Si bien no es un “gabinete de guerra”, tampoco es un equipo que, en términos generales, haya tenido el beneplácito total del fujimorismo. Si pudiéramos encontrar un símil para el nuevo equipo ministerial, sería parecido a un típico gabinete de Ollanta Humala: ortodoxos en sectores económicos, liberales y socialdemócratas en carteras sociales, militares y policías en retiro para las carteras ligadas a seguridad.

Dos notas distintivas frente a la administración pasada. La primera es que se trata de un gabinete más variopinto en orígenes sociales. Varios son provincianos y al menos cinco llegan desde universidades nacionales (2 UNI, 2 Villarreal y 1 San Marcos). Los ministros que han pasado por la PUCP siguen siendo mayoría (6) y la cuota de la Universidad del Pacífico ha disminuído (2). La segunda, es que hay menos gerentes privados y gestores de intereses – con excepción de Daniel Córdova – y más tecnócratas, varios de ellos con experiencia en el Estado.

Otro esfuerzo que deberá tener el nuevo gabinete es el diálogo entre las distintas tendencias a su interior. Un ejemplo lo ilustra: David Tuesta es un ortodoxo que piensa más allá de la caja en varios temas (por ejemplo, pensiones). ¿Cómo compatibilizar esto con un ministro de Trabajo como Christian Sánchez que es más cercano a una línea progresista en temas laborales y con un titular de la Producción como Córdova que es más cercano a intereses de empresas?

El elenco se terminó de armar en la noche del domingo. Según se puede ver en la web de la Presidencia de la República, durante todo el Domingo de Resurrección desfilaron por Palacio los nuevos ministros de Interior, Justicia, Cultura, Vivienda, Educación y Comercio Exterior y Turismo. Tal vez por ello, algunos antecedentes que ya saltan en las redes sociales no han sido bien examinados.

Por ahora, el equipo despierta más incógnitas que entusiasmos. En suma, las prioridades estarán más claras cuando César Villanueva exponga la política general del gobierno ante el Congreso de la República. Allí también veremos el talante real de Fuerza Popular frente al nuevo gabinete.

Dicho todo esto, pasemos a ver la lista de ministros, cartera por cartera.

César Villanueva (Presidencia del Consejo de Ministros): Es quien tiene más experiencia política que todos: gobernador regional en San Martín en dos ocasiones, efímero PCM en tiempos de Humala, congresista por las filas de Alianza Para el Progreso. De entrada, ya cosecha tres posibles cuestionamientos: haber sido artífice de la vacancia de PPK y negar que iba a ser cabeza de un gabinete de Vizcarra, un presunto vínculo con Jorge Barata que se ha apurado en desmentir y sus ambiguas declaraciones sobre el enfoque de género brindadas ayer por la mañana. Ser concertador no puede ser sinónimo de tratar de caerle bien a todo el mundo.

Néstor Popolizio (Relaciones Exteriores): Un diplomático de carrera para un ministerio que había tenido a una antecesora para el olvido. Las críticas a su nombramiento han llegado por un recuerdo sobre noticias que lo vinculaban a un presunto traslado de dinero desde Torre Tagle al Servicio de Inteligencia Nacional en 1998 – del que parece haber salido bien librado – y su manejo poco feliz de un incidente diplomático con Francia, cuando se tejió el rumor que la familia Humala – Heredia se iba a asilar en la embajada de dicho país. Su primer reto se viene ahora, con la Cumbre de las Américas (ver más en la columna de Óscar Vidarte de hace una semana).

José Huerta Torres (Defensa): General de Brigada en situación de retiro, perteneciente al arma de Artillería. Llegó a ser Inspector General del Ejército entre 2001 y 2002 (es decir, el número 3 de su institución). Era el actual viceministro de Políticas para la Defensa, nombrado durante la gestión de Jorge Kisic. Se le cuestiona por haber firmado la famosa acta de sujeción en 1999, donde se comprometía a la alta oficialidad de la época a respaldar al régimen de Fujimori y a la Ley de Amnistía de 1995. Además de responder por este tema (que ya lo coloca en un serio entredicho), su principal reto se viene al enfrentar el tema pensionario militar policial, donde el gobierno anterior tenía una posición clara en llevar la norma de homologación de pensiones con los sueldos actuales de oficiales y suboficiales ante el Tribunal Constitucional.

David Tuesta (Economía): Doctor en Economía por la PUCP. Durante varios años, ha sido el líder de estudios económicos en el BBVA Continental. Recientemente, integró la Comisión de Protección Social, que entregó un informe para la reforma del sistema de pensiones y de la salud pública, donde se combinan componentes públicos y privados. ¿Reimpulsará este estudio y sus conclusiones? Es cercano al exministro Luis Carranza, con quien ha escrito textos académicos y ha trabajado en los últimos meses en la Comisión Andina de Fomento.

Mauro Medina (Interior): Policía en situación de retiro desde 2010. Fue viceministro de Orden Interno durante la gestión de Daniel Urresti en Interior. Ha sido jefe de la Policía en Puno y Piura. Según nuestras fuentes, tiene fama de incorruptible, lo que ha sido confirmado por el exministro Fernando Rospigliosi. Se desconoce si retomará los esfuerzos de reforma hechos por Carlos Basombrío hasta diciembre de 2017.

Daniel Alfaro (Educación): Llegó al Ministerio de Educación de la mano de Jaime Saavedra, como director general de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística. Se retiró, de acuerdo a nuestros informantes, cuando su antecesor en el cargo, Idel Vexler, comenzó a desmantelar su equipo. Antes fue funcionario en el MINCETUR  y en el Ministerio de Cultura. También trabajó en la revista Semana Económica. Según nuestras fuentes, no es un conservador en temas de género. Algunos analistas del tema educativo le ven cercanía a los sectores que propugnan una mayor entrada de instituciones con fines de lucro. Otros lo ven como un técnico capacitado, cuyo fuego político está por verse.

Silvia Pessah (Salud): Candidata a ser el cuco de dos sectores que han pesado mucho en el sector. Por su experiencia en salud sexual y reproductiva y su mente abierta en estas materias, va a recibir fuertes embates conservadores. Mientras que algunos gremios médicos tienen resistencias contra ella por su actuación como viceministra en la gestión de Patricia García. La incógnita es si tendrá el peso político para hacer frente a estas críticas.

Christian Sanchez (Trabajo y Promoción del Empleo): Concentra dos grandes unanimidades: conoce el sector a fondo y es un experto y, a su vez, va a ser la ficha más a la izquierda del equipo ministerial. Sánchez firmó hace cuatro años un comunicado donde señalaba que, si bien era necesaria una reforma integral de la regulación laboral, tampoco consideraba que los sobrecostos laborales fueran tan elevados. Firmar este comunicado le costó su puesto en la SUNAFIL, a pedido de la Sociedad Nacional de Industrias. De allí que periodistas como Jaime de Althaus hayan saltado hasta el techo porque no se daría una reforma laboral entendida como una mayor flexibilización de derechos laborales y, sobre todo, en la protección frente al despido.

Gustavo Mostajo (Agricultura y Riego): Se trata de un técnico con experiencia en SENASA y como agregado agricola en Brasil. No se tiene mayores señas sobre su perfil más allá sobre su experiencia en este sector.

Salvador Heresi (Justicia y Derechos Humanos): El nombramiento más controvertido de todo el gabinete. La única explicación racional para su designación es, como apunta Juan Carlos Tafur, consolidar la unión entre la bancada oficialista y el Presidente de la República. A Heresi se le cuestionan amistades cercanas a casos de corrupción – entre ellos, el sentenciado por colusión Alex Kouri, para quien trabajó -, cierta tendencia a la farandulización (ver su campaña a la alcaldía de Lima en 2014) y un entorno con tendencias conservadoras. Sobre la papa caliente de su sector, el indulto a Alberto Fujimori, ha tenido posiciones disímiles: cuando PPK lo otorgó, estaba a favor; hoy se muestra más favorable a acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea cual fuere el sentido.

Daniel Córdova (Producción): La otra piñata del gabinete en redes sociales. Hace 8 años, intentó postular a la Presidencia de la República mediante una “ocupación hostil” del Partido Popular Cristiano, que se vio frustrada rápidamente. Fue candidato al Congreso con PPK en 2011, sin éxito. Se le ha criticado sus posibles conflictos de intereses por haber participado a la vez en el Instituto Invertir y la empresa de comunicación empresarial Newlink (que hoy es manejada por Cecilia Blume), que manejó la cuenta de Southern Perú luego del conflicto Tía María. El economista fue vocero de la empresa sobre los yacimientos de Toquepala. También se ha mencionado en su contra un carácter poco proclive a las críticas. Según nuestras fuentes, Córdova tiene una buena relación con Villanueva desde hace algunos años.

Rogers Valencia (Comercio Exterior y Turismo): Cusqueño, miembro de la Asociación Civil Transparencia. Es un promotor del sector Turismo y ha sido, hasta ayer, el viceministro del ramo. Un cambio de prioridades en un ministerio tradicionalmente dedicado a los TLCs.

Francisco Ísmodes (Energía y Minas): Ha sido gerente de la minera Milpo, una de las pocas que ha tenido cierta tranquilidad con sus proyectos y también ha trabajado en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Cercanos a él lo presentan como un “minero con sentido social”. Veremos como revitaliza el sector.

Edmer Trujillo (Transportes y Comunicaciones): Persona de suma confianza de Martín Vizcarra, con quien trabajó en Moquegua. Ya fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (esta última, su especialidad). Trujillo tiene el reto central de ver temas de infraestructura para impulsar la inversión pública y la reconstrucción del norte del país. Se le critica que es poco dado a hablar con los medios.

Javier Piqué del Pozo (Vivienda, Construcción y Saneamiento): Profesor de la UNI, ingeniero civil (con grado de Magister en el prestigioso MIT) y un experto en estructuras sismoresistentes. Quienes lo conocen, indican que tiene el don de caer bien tanto a sectores de izquierda como a los fujimoristas, además de ser una persona bastante correcta. También es un preocupado por la calidad de la educación universitaria y un partidario de la actual normativa sobre la materia.

Ana María Mendieta (Mujer y Poblaciones Vulnerables): Ha sido viceministra de la Mujer en las gestiones de Carmen Omonte y Marcela Huaita. Dentro de los sectores feministas, es una incognita sobre si será una aliada o si buscará pasar con perfil bajo en una cartera donde hay reclamos por una mayor actividad, luego de la salida de Ana María Romero en julio pasado.

Fabiola Muñoz (Ambiente): Ha sido directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal (Serfor). Su gestión fue criticada por algunas organizaciones no gubernamentales que velan por evitar el tráfico ilegal de madera.  Es abogada y tiene buenas credenciales académicas. La interrogante es si podrá devolver protagonismo a un sector que ha perdido terreno en los últimos meses.

Patricia Balbuena (Cultura): Vuelve al sector que dejó en 2016. Se desempeñó como viceministra de Interculturalidad, donde condujo los primeros procesos de consulta previa en el país. Profesora de la Escuela de Gobierno de la PUCP – disclaimer, donde también soy docente – y directora del programa Cuna Más hasta hace pocos días.

Liliana La Rosa Huertas (MIDIS): Actual decana nacional del Colegio de Enfermeras del Perú.  Ha trabajado en SERVIR, APCI y el Ministerio de Salud. También es docente de la Escuela de Gobierno de la PUCP.  Según Infogob, es militante del Frente Amplio, lo que hace más importante aún un manejo pulcro e imparcial del sector.

Panorama político de Marzo

PPK Flauta
Foto: Perú.21

Pedro Pablo Kuczynski: Jugando a la permanencia en la categoría de Presidente de la República. Busca seguir minando a Fuerza Popular con la hemorragia de parlamentarios causada por Kenji Fujimori. También juega a su favor que, en sectores institucionalistas, su vacancia se ve nuevamente como un mal menor frente a los atropellos del Congreso con la alianza apro – fujimorista. Los dardos envenenados en su contra, más que de Barata, vienen de su exsocio Gerardo Sepúlveda. Su destino político sigue siendo de pronóstico reservado.

Keiko Fujimori: En su peor momento político. La salida a cuentagotas de congresistas de su bancada afecta su imagen de lideresa. Si bien las declaraciones de Barata no la incriminan directamente, le han generado un daño tremendo a su imagen. Una bancada abiertamente obstruccionista no despierta adhesiones en casi nadie. De allí que muchos vean en el apoyo a la vacancia un salto hacia adelante para salvar su proyecto político.

Kenji Fujimori: Por ahora, es el ganador inicial de las disputas veraniegas. Va consolidando una bancada que le permite negociar obras con el gobierno, así como el mantenimiento del indulto a su padre, a cambio de no vacarlo. Aun no se vislumbra sus planes si es que papá vuelve a la DIROES o a Tokio. Y su bancada corre riesgos debido a la cantidad fuerte de acusaciones en su contra ante la Comisión de Ética, a punto de ser revividas por Fuerza Popular. Accesitarios se vuelve una palabra clave.

Alberto Fujimori: Un retorno sin gloria, lejos del baño de masas que esperaba. El exreo aguarda en La Molina el destino de su indulto. Un arqueo de cejas se debe haber producido anoche, cuando Carlos Bruce indicó que pertenecía a un sector del gobierno favorable a acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contrario a su liberación. Sigue siendo el mejor consejero de su hijo.

Martín Vizcarra: Un silencio que ha creado imágenes distintas sobre su persona. Los más institucionalistas lo imaginan como un Paniagua II. Los fujimoristas lo creen cooptable. Ayer tuvo una victoria, cuando el Ministerio Público archivó la investigación por el caso Chinchero, la mayor amenaza a una posible presidencia suya. La relación con Palacio, sino rota, está bastante deteriorada.

Mercedes Araoz: Preside un gabinete donde importa más la imagen que lo que se hace, al mismo tiempo que se mandan al desvío varias reformas importantes (en particular, en el sector Educación). Más efectivos como operadores políticos para el gobierno resultan Javier Barreda y Jorge del Castillo, otrora enfrentados en el APRA. A su favor, está la lealtad con el Presidente.

Luis Galarreta: Cumpliendo los peores presagios sobre su presidencia del Congreso. Los dos dardos institucionales aprobados en estos días – la modificación de las reglas sobre cuestión de confianza y la posible nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura – vuelven a la imagen del fujimorismo de la década de 1990. Es el mejor antídoto para vacar a PPK. Con esta imagen y las movidas de Kenji, Fuerza Popular corre el riesgo de quedarse sin mesa directiva en julio próximo.

Alan García: Liquidado electoralmente, apuesta como única salida el caos, contexto donde puede venderse como figura confiable. Si bien puede salir librado judicialmente del caso Lava Jato, la impresión en la opinión pública sobre su probidad es bastante clara (y negativa). Y, para colmo de males, el CEN que impuso con el apoyo de Mauricio Mulder acaba de ser declarado nulo por el Jurado Nacional de Elecciones.

Alejandro Toledo: Por aplicar la segunda parte de su plan para evitar la extradición. De un lado, presionar a PPK con el conocimiento de presuntos hechos irregulares en su administración. De otro lado, jugar con sus abogados – lobistas y sus contactos en Washington. Su caso es el mejor armado de todos los políticos en problemas.

Verónika Mendoza: Aparecer como la artífice de la vacancia le puede generar un serio problema si no prospera. Al mismo tiempo, las indecisiones de su bancada y su entorno sobre Venezuela la siguen enredando en un tema donde parecía haber zanjado posición hace algunas semanas. Anda en búsqueda de un perfil propio aún esquivo.

Pablo Sánchez Velarde: El Fiscal de la Nación anda más sosegado luego que el Consejo Nacional de la Magistratura archivara las acusaciones disparatadas en su contra. Las acciones de los fiscales de lavado de activos hacen que las demoras de sus pares sobre corrupción aún aparezcan con tímidas críticas. La pregunta es si irá o no a la reelección.

Marco Arana: Buscando un perfil más verde que rojo, como indica una bien dateada nota de Juan Carlos Tafur. Apuesta por sus banderas iniciales sobre recursos naturales y medio ambiente, buscando un espacio propio entre Mendoza y Gregorio Santos. No descarta una movida al centro.

Eloy Espinoza – Saldaña: Convertido en la piñata del Tribunal Constitucional dentro y fuera del mismo. Tanto el caso El Frontón como un error en su hoja de vida – enmendado posteriormente – lo han puesto en la picota, pero también han revelado un plan para que el TC termine sirviendo a los intereses de Keiko Fujimori.

Luis Castañeda Lossio: Buscando un legado, a partir de obras por inaugurar (Línea Amarilla) o en inicio (restauración del Teatro Segura). Percibiendo que, con sus candidatos a sucederlo en 10% de intención de voto como máximo, no es mal negocio postular a su hijo como su delfín en el cargo.

Roque Benavides: Fue el único en reconocer que recibió dinero de Odebrecht. Pero la imagen de CONFIEP ha quedado maltrecha por la falta de transparencia sobre su participación en la campaña electoral de 2011. Sin embargo, no han sido proactivos en proponer reformas contra la corrupción o modificaciones al sistema de financiamiento de campañas electorales, cuestiones que los han golpeado en las últimas semanas.

Juan Luis Cipriani: No sacó el provecho deseado de la visita del Papa Francisco y ha vuelto a tener un revés en la Conferencia Episcopal Peruana, que nunca presidirá. Sus objetivos están en seguir obteniendo logros en su visión sobre educación y salud en el Estado, así como conseguir que su jefe nombre un sucesor afín a su conservadurismo.

Julio Guzmán: Uno de los pocos ganadores en la coyuntura actual. Está en el segundo lugar de encuestas presidenciales, cada vez más cerca de Keiko Fujimori. Sus giras a provincias y la construcción de un partido le están generando réditos, al igual que la carencia de acusaciones en su contra. En el debe está una explicación sobre cómo viene financiando su carrera política.

El lío del Aeropuerto de Chinchero

(Una de las obras más esperadas seguirá en compás de espera. Foto: Andina)

Si hay un proyecto que divide a los ciudadanos de Cusco, es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Un importante sector de cusqueños lo quieren, debido a que puede impulsar aún más el turismo en la región, que tiene en dicha actividad a una de sus mayores fuentes de ingresos, dado que ahora si podrían venir vuelos internacionales directamente a dicha parte del país. Pero también tiene sus detractores, sobre todo, en lo que se refiere al posible impacto que tendría en algunas comunidades indígenas, así como en la misma localidad.

Más allá de esta discusión, lo cierto es que la obra se ha convertido en un anhelo regional, más aún después que el Aeropuerto Velasco Astete quedara corto para la demanda turística en dicha zona. De allí que, por lo menos desde el gobierno de Alejandro Toledo, el anuncio de su construccción sea casi un mantra de cada mensaje a la Nación de 28 de julio.

La obra se licitó en el gobierno de Humala, ganando el consorcio Kuntur Wasi. Y un error en el diseño del contrato generó un problema que explica Luis Davelouis:

Kuntur Wasi ganó la licitación del aeropuerto de Chinchero con una propuesta económica que equivalía a la mitad de la que presentaron sus competidores. Nada mal, ¿no? Sin embargo, hoy, la necesidad de destrabar el proyecto mediante una adenda se origina porque –gracias a un “error” en el diseño del contrato– KW puso una tasa de interés –por sus molestias– que elevaba el costo del proyecto de US$500 millones –lo planteado originalmente– a casi US$1,200 millones.

Este tema se pateó para este gobierno, lo que implicaba dos posibles caminos: resolver el contrato o generar algún tipo de mejora al mismo. Y esta segunda opción es la que, en principio, adoptaron en Palacio.

La posición de la actual administración se resume en esta foto de PPK y esta pizarrita:

(Foto: TV Perú)

Para explicarlo más detenidamente: el gobierno sostiene que la adenda al contrato de concesión de Chinchero supone un ahorro en intereses para el país y que se mantendría un esquema público privado de la siguiente manera: el Estado asumirá los riesgos de la mayor parte de las obras de infraestructura (antes solo asumía el del movimiento de tierras) y Kuntur irá ganando paulatinamente a partir del dinero que se entregará por avance de obra. A cambio, el Estado dejará de pagar las tasas de interés pactadas inicialmente (porque el Estado tenía cinco años de gracia para pagar) y que encarecían el proyecto.

Esto ha supuesto una primera pregunta por parte de algunos periodistas económicos: ¿En lugar de adoptar esta solución no se pudo resolver el contrato con Kuntur y hacer una obra pública? De hecho, las primeras declaraciones del ministro de Economía Alfredo Thorne iban en el sentido que eso era lo que, en la práctica, había ocurrido con el contrato.

Según explican voceros del gobierno en público y en privado, era bastante difícil resolver el contrato por el consiguiente pago de penalidades, así como por el atraso de la obra, lo que implicaba costos para el PBI de este año (ya ajustado por el caso Odebrecht) y un posible conflicto social en Cusco por las demoras. A ello se suma que el expediente técnico pertenece a la empresa y, por tanto, un nuevo concurso supondría un mayor retraso. Por esta razón, adoptaron esta decisión. Para algunos, no es la óptima, pero es lo mejor que podrían sacar en las actuales condiciones.

Pero no han sido los únicos cuestionamientos. Hoy Verónika Mendoza publicó un comunicado en el que, además de cuestionar que esto no se trate como obra pública, ha criticado la experiencia que tiene Kuntur Wasi para la construcción de aeropuertos, así como el hecho que una hermana del Presidente del Consejo de Ministros ocupe un puesto importante en una de las entidades que conforman el consorcio. Palacio de Gobierno no se ha pronunciado sobre este último punto, que ha circulado en redes sociales.

A ello se suma lo planteado por la renunciante presidenta de OSITRAN, Patricia Benavente. Ella dejó el cargo debido a que firmó una opinión (no vinculante) en contra de la adenda al contrato. Para la experta, son dos los riesgos importantes: que Kuntur Wasi abandone la concesión una vez que cobre todo lo que el Estado le habrá pagado por cada avance de obra y que todas las empresas que tengan asociaciones público privadas comiencen a pedir cambios similares.

Finalmente, el editor de Economía & Negocios de El Comercio Gonzalo Carranza cuestiona las matemáticas del MEF e indica que, en realidad, el ahorro es menor:

De hecho, las últimas semanas no han sido las ideales para confiar en las matemáticas ministeriales. Miremos el aeropuerto de Chinchero: tanto Thorne como Martín Vizcarra hablan de un ahorro de US$589 millones, producto de restar aritméticamente los montos a pagar en el contrato original y en la adenda, los cuales se desembolsaban en plazos y modalidades muy diferentes.

Pero lo que te enseñan en cualquier clase de matemática financiera es que uno debe traer dichos montos a valor presente y compararlos de ese modo. El Ejecutivo no ha divulgado el resultado de ese cálculo, pero la renunciante presidente de Ositran, Patricia Benavente, afirmó en una entrevista con “Semana Económica” que ese ejercicio arrojaría un ahorro de US$15 millones. Una diferencia del tamaño de un aeropuerto que merece una explicación.

Por ello, desde el Congreso han pedido explicaciones sobre el tema. Y el gobierno ha terminado cediendo suspendiendo temporalmente el contrato. Tiempo suficiente para analizar si estamos ante una buena forma de realizar esta obra y si es que, realmente, la solución planteada por el gobierno es la única que se tiene. O si hay demasiada desesperación por destrabar inversiones que lo están haciendo a tontas y a locas.

Panorama político pre Fiestas Patrias

Husares

VICTOR TICONA: El Presidente del Poder Judicial, por primera vez en año y medio, dejó el perfil bajo que ha caracterizado su gestión para impulsar una investigación a los magistrados que dieron las dos sentencias sobre violencia de género que han generado una fuerte reacción ciudadana. Queda en sus manos convocar a un pleno jurisprudencial para abordar los criterios con los que los jueces procesan esta materia.

CESAR ACUÑA: Busca jugar un rol equidistante del nuevo gobierno y de la oposición. La negativa para ser parte del nuevo gabinete apunta a ello. Tendrá que apagar dos incendios: el de la furia de Luis Iberico por quedar fuera del equipo ministerial – era bolo fijo en Defensa – y el suyo propio, al aceptar que no fue autor ni coautor del libro del docente Otoniel Alvarado.

JUAN LUIS CIPRIANI: Con perfil bastante bajo para sus estándares. Solo se pronunció sobre el proceso electoral en los tramos finales. No cabe duda que el año pasado – con sus propios plagios y las denuncias de abusos en el Sodalicio como principales cruces – fue su peor hora. Comenzando a hacer el cabildeo para tener a alguien afín como sucesor en el Arzobispado de Lima, que dejará por temas de edad en año y medio.

JULIO GUZMAN: Alternando las giras dentro y fuera del país, junto a la presentación de su libro testimonial sobre su frustrada candidatura presidencial, como puntas de lanza del Partido Morado. Futuro escrito en un gran signo de interrogación: puede ser alguien con opciones para el 2021, pero también convertirse en un postulante con pocas posibilidades.

MERCEDES ARAOZ: Fuera del gabinete por la decisión de PPK para no incorporar a congresistas de su partido. Con un perfil más activo en temas de género en comparación al rol que tuvo durante el segundo gobierno de Alan García. Queda por definir el rol que jugará en el nuevo gobierno, más allá de sus funciones parlamentarias. Bagua y las pensiones militares seguirán siendo sus flancos débiles, recordados desde la oposición.

MARISOL PEREZ TELLO: Como ministra de Justicia y Derechos Humanos está en la cancha que le es más afín (de hecho, le habían propuesto antes el Ministerio de Ambiente). Por el alto perfil político que tendrá, queda casi descartado que sea, como propuso Luis Bedoya Reyes, la nueva presidenta del PPC. Su partido queda en futuro incierto, dado el empate existente entre las fuerzas en pugna.

ALFREDO BARNECHEA: De vacaciones momentáneas de la política, mientras se acentúa la división en Acción Popular entre Mesías Guevara y Víctor Andrés García Belaúnde. La pregunta es si ejercerá un mayor liderazgo al interior de la agrupación.

ALAN GARCIA: Plan sabático. Se va a la Universidad Complutense de Madrid por temas académicos, lo que implica su mudanza, rumoreada desde abril. Solo volverá a Lima por cortas temporadas, debido a cuestiones familiares. En medio, dejará el cargo de Presidente del APRA, en tanto que Enrique Cornejo anda recorriendo el país para ser el nuevo secretario general del partido.

LUZ SALGADO: Con perfil más bajo hasta el momento de su elección como presidenta del Congreso, necesario luego de su entrevista llena de exabruptos en El Comercio. A pesar de la misma, sigue cosechando adhesiones inesperadas a su nuevo puesto, como la de Diego García – Sayán hoy en La República. Veremos cuál versión prima al final: la dureza de los noventa o la relativa serenidad del 2000.

MARTIN VIZCARRA: Convertido en uno de los hombres fuertes del flamante gobierno. Ocupa un ministerio, colocó a una persona de confianza en otro donde PPK tiene la mira puesta – por los temas de agua – y, sin duda, será el nexo con las regiones. A la espera de la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones.

ALFREDO THORNE: Poniendo paños fríos a las expectativas sobre su gestión y, al mismo tiempo, mandando mensajes respecto de la excesiva dependencia de la economía peruana de los precios internacionales. ¿Asumirá el Plan de Diversificación Productiva impulsado por Piero Ghezzi?

FERNANDO ZAVALA: Culminada su ronda de entrevistas con las bancadas, sabe mejor que terreno pisa. Con un perfil bastante prudente y componedor, ha buscado armar un equipo alineado con sus propias preferencias. Su rol estelar se iniciará en la quincena de agosto, cuando vaya al Congreso para presentar su política de gobierno.

VERONIKA MENDOZA: Lidiando con dos cuestiones al mismo tiempo. De un lado, consolidar una voz opositora de izquierda, donde sus congresistas serán sus principales voceros. De otro lado, hilar fino dentro de un conglomerado donde un solo partido tiene inscripción legal. Decisiones pospuestas en el Frente Amplio hasta septiembre, en lo que se refiere al estatus del resto de grupos zurdos.

KEIKO FUJIMORI: Por viajar a Estados Unidos de vacaciones y en plena mudanza de oficinas – para evitar cualquier nexo con Joaquín Ramírez -, la lideresa de Fuerza Popular está plenamente convencida que su derrota es culpa de otros (el Grupo El Comercio y el gobierno), pero no suya. Alienta los exabruptos de las últimas semanas en el entendido que ello fortalecerá la cohesión interna de su bancada. Sin planes de mediano plazo por ahora.

NADINE HEREDIA: Midiendo declaraciones y apariciones públicas. Comenzó el gobierno siendo uno de sus principales activas y el pésimo manejo político de sus temas judiciales la terminó convirtiendo en su peor pasivo. Confía en salir airosa en el terreno penal, pero el daño a su imagen está hecho.

OLLANTA HUMALA: Su torpeza política hace que lo bueno de su gobierno ni siquiera sea resaltado. El aislamiento político en que termina hace que solo figuras académicas o mediáticas salgan a remarcar los éxitos en varias políticas de Estado. Sin futuro conocido en términos políticos luego del 28 de julio, dado que lo que tenía como estructura partidaria, simple y llanamente, se rompió en mil pedazos.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI: Dando muestras de un estilo. Campechano, relajado, pero a la vez, técnico y firme cuando haya que serlo. Por ahora, gozando de la luna de miel que no tendrá a partir de 28 de julio. Sin mayores errores en su etapa de presidente electo. Mucho control en adelante con algunas reacciones y declaraciones, cuestión que le jugó mal en su etapa como candidato.

PPK hacia adentro

¿Cuál es el objetivo de las exageradas exigencias de dis­culpas desde tienda fujimorista? Mi hipótesis es que Fuerza Popular muestra una posición dura frente a una negociación en la que quieren obtener un acuer­do de gobernabilidad conservador, con el apoyo del sector de periodistas y analistas que respaldaron a Keiko Fujimori.

Con el pretexto de “consolidar las reformas económicas que nos han permitido crecer”, lo que se plantea es una coa­lición que tergiversa el sentido de las palabras. “Gobernabi­lidad” es excluir a la izquierda, “reconciliación” es contraban­dear una ley de amnistía para Alberto Fujimori, “garantizar el modelo” es no hacer ningún cambio y “no hacer olas” es evitar las banderas liberales en lo político y lo social que Pedro Pablo Kuczynski colocó en su plan de go­bierno.

Esta coalición de facto ya gobernó el país entre 2006 y 2011. Alan Gar­cía permitió que estos intereses, empresarios mercantilistas, militares con vocación de impunidad, perio­distas macartistas, jerarcas religiosos a la derecha de Tor­quemada acrecentaran su poder, siendo su línea de con­tención frente al ‘perro del hortelano’.

El presidente electo no debe responder afirmativamen­te a este pacto por el status quo. No solo porque sería con­traproducente para una administración que debe hacer re­formas desde su inicio, sino porque conduciría su Gobierno al fracaso. García puede jactarse de algunas obras de in­fraestructura y buenas cifras económicas, pero la decep­ción frente a su segundo Gobierno se tradujo en la exigua votación obtenida en abril último.

En la campaña de segunda vuelta, PPK fue claro en anun­ciar que haría un pacto con la ciudadanía. Ello implica con­tentar tanto al norte en busca de seguridad y que votó en masa por el fujimorismo como al sur que se sigue sintien­do excluido de los servicios básicos del Estado. Y que ten­ga en cuenta, además, al importante voto cívico que le dio el triunfo ajustado hace dos semanas.

Este escenario, difícil para cualquier gobernante, supo­ne tener un presidente del Consejo de Ministros con refle­jos políticos y temple. En esa medida, Martín Vizcarra es el hombre indicado para hacer frente tanto a los conflictos sociales como al asedio conservador.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 19.06.2016)