Tecnocracia y corrupción

Tres columnistas de distintas profesiones han comenzado un debate sobre la vinculación que tendría la prevalencia de la tecnocracia en el Estado peruano con los casos de corrupción referidos a las obras hechas por constructoras brasileñas en nuestro país.

Carlos Mélendez indica que estamos ante una “tercera generación” de casos de corrupción, luego de la “partidaria” (el primer gobierno aprista) y la “anti partido” (el fujimorato).  Esta tercera ola vendrá a partir de la debilidad institucional con la que se han conducido los tres gobiernos democráticos de los últimos quince años y que no han querido reforzar. En ello, se refuerzan las siguientes conductas:

La democracia tecnocrática vive obsesionada por “destrabar la tramitología” en beneficio de las inversiones, sin importar que estas puedan aportar tanto cemento como delitos. La práctica de sobornos en licitaciones se naturalizó, al punto de institucionalizarse como divisiones ad hoc dentro de los organigramas de corporaciones privadas. Así se creó un sistema corruptor de funcionarios públicos que gozaba de la complicidad activa o silente de lobbistas, relacionistas públicos, estudios de abogados y hasta de opinólogos. Lo más “inofensivo” consistió en donaciones a aventuras electorales del ‘outsider wannabe’ de turno.

Fernando Vivas no alude a la tercera ola, pero sí a lo que considera que es el fracaso de un proyecto de prevalencia tecnocrática en el Estado peruano, en detrimento de la política. Una forma de ver el mundo que se alimentó por la necesidad de atraer inversiones luego de la recesión de fines del fujimorato, así como por la debilidad de estos gobiernos. ¿Cómo sería este proyecto de Estado sin políticos?

A ver, mi respuesta tentativa: un país despolitizado donde la ‘accountability’ la asumen los gobernantes de turno, puertas giratorias entre sector público y privado, promoción de las APP y obras por impuestos, transferencia de riesgos privados al Estado (miren si no a Chinchero).  Y también programas sociales y regulación en educación y salud; que necesitamos un Perú sostenible y sin caldo de cultivo para los antisistema, faltaba más.

Desde su orilla, Jaime de Althaus retruca e indica que, en realidad, no existe tal prevalencia tecnocrática. Lo que tenemos son islas de eficiencia en algunos lados (y en otros, como Proinversión, se termina de caer el mito) así como una incipiente creación de una capa técnica en Educación. El proyecto no sería tecnocrático, sino la exportación de la transnacional PT-empresas brasileñas como variable geopolítica. Y no se toma en cuenta que la corrupción también afectó a los gobiernos regionales y locales, donde lo técnico pesa mucho menos.

¿Qué conclusiones sacar de esta discusión?

Coincido con Althaus en los matices señalados. Como indica Eduardo Dargent en su libro sobre tecnocracia, existen sectores donde hay mayores facilidades para que la tecnocracia se desarrolle y otros donde las dificultades son mayores. Estos profesionales se posicionan gracias al mayor costo político de una mala performance en sectores que comienzan a tener mayor vigilancia interna y externa, alta especialización de sus políticas públicas y un elevado consenso sobre determinadas medidas. Ello explica porque el MEF tiene una tecnocracia firme desde hace un cuarto de siglo y en Proinversión más bien las cosas anden a trompicones.

Un segundo factor que Althaus toma en cuenta y que debe analizarse es el hecho que la corrupción del caso Lava Jato tiene a una importante arista: los niveles subnacionales. Con menos estímulos para crecer técnicamente y con mayores dificultades para proponer proyectos de inversión, la llegada de una gran empresa que propone una asociación público privada o una concesión le soluciona la vida al alcalde o presidente regional de turnos. Con funcionarios menos duchos en tratar temas técnicos, es claro que esto puede ser un estímulo para la corrupción.

Sin embargo, hay cuestiones con las que discrepo con el antropólogo. La primera de ellas tiene que ver con el tema geopolítico. Es cierto que el PT enlazó claramente con las empresas constructoras brasileñas para exportar un proyecto de liderazgo en América del Sur y algunas partes de África que tenía un fuerte componente de infraestructura. De allí que Brasil tuviera interés en contar con gobiernos cercanos a ellos o montar “alianzas estratégicas”. Sin embargo, dicha política no comenzó con Lula, sino con su antecesor.

En realidad, el proyecto geopolítico viene desde Fernando Henrique Cardoso, quien es quien impulsa la Comunidad Sudamericana de Naciones e IIRSA (por eso se hacía el loco con el fraude de Fujimori en el 2000). Con el PT básicamente la cosa llego a niveles de trapicheo y poca división de los límites Estado – empresas. Recordemos que Lula, ya como expresidente, iba a varios países como conferencista y componedor de negocios de Odebrecht.

Una segunda discrepancia tiene que ver con el modus vivendi de la tecnocracia no aliente cierto sentido de corrupción. Y es allí donde coincido con Vivas y Meléndez.

Es claro que existen “puertas giratorias” en el Estado, dado que se recluta personal del sector privado para puestos públicos importantes, lo que conllevaría el riesgo de posibles conflictos de interés o favorecimientos a las empresas donde trabajaron o que, luego de trabajar para la administración pública, estas personas vuelvan – mediando un tiempo – a trabajar en empresas. Es claro que el fenómeno existe, pero no se sabe bien como regularlo.

También es cierto que prevalece un sentido común que va más allá de las puertas giratorias. Como indica Martín Tanaka:

Pienso que la tesis de la captura del Estado no distingue bien el puro interés particularista (“mercantilista” dirían algunos) de la acción de tecnócratas o funcionarios que operan sobre la base de principios, o ideologías, si se quiere: en este caso, favorables al desarrollo de los mercados. Esto ciertamente los hace cercanos al mundo empresarial, pero no a intereses particularistas. Esa tesis subestima el poder de las ideas o ideologías; los tecnócratas como tales toman decisiones favorables al desarrollo de los mercados no porque estén “comprados” por las empresas (aunque también puede suceder, por supuesto), sino porque creen estar haciendo lo correcto. En otras palabras, no solo habría que denunciar presiones indebidas del sector privado, también ganar la batalla en el terreno de las ideas.

Y, en esa línea, la tecnocracia peruana si tendría que repensar, a la luz de lo sucedido con estas empresas, cómo regula estos conflictos, la participación de gestores de intereses, cómo hace que la asociación público privada sea bien diseñada y cómo atrae a técnicos que, junto con su expertise, traigan consigo también una ética a prueba de balas. Quizás sea exagerado hablar de una tercera ola, pero también es claro que los tecnócratas peruanos deberán tener claro que deben compartir escenario con los políticos y preocuparse más por temas como la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

Cuatro claves para entender la crisis política en Brasil

(Dilma Rousseff, destituida hoy. Foto: Reuters)

Esta mañana, Dilma Rousseff fue destituida de su cargo como presidenta de Brasil. La ahora expresidenta no será inhabilitada por ocho años de la vida pública como se pedía. En medio de la crisis política que vive el país, existe mucha confusión sobre lo ocurrido. De allí que sea necesario aclarar varios puntos.

1. DILMA NO HA SIDO DESTITUIDA POR EL CASO LAVA JATO

Si bien es cierto que el gran caso de corrupción que involucra a las grandes constructoras brasileñas ha salpicado al Partido de los Trabajadores hasta la médula – comenzando por el antecesor de Dilma, Lula da Silva -, lo cierto es que a Rousseff no tiene aún una acusación concreta por este caso, ni en el Poder Judicial ni ante el Congreso brasileño. Eso sí, parte del gran telón de fondo del deterioro de su popularidad y de la debilidad de su gobierno, que finalmente concluyó hoy. Así lo reseñó Andrés Paredes hace unos meses:

Con la economía en retroceso, por el fin del auge de las materias primas y la clase política moviéndose en el lodo de las ganancias ilícitas del período de bonanza, Dilma careció de una actitud firme para enfrentar al monstruo de la corrupción y se comportó más parecido a una cómplice.

2. ROUSSEFF CAE POR UN TEMA FISCAL

Así lo resume el diario El País:

El origen remoto del proceso hay que buscarlo en un informe de tres abogados que denunciaron a la presidenta hace más de nueve meses por maquillar las cuentas públicas a base de hacer trampas con el presupuesto mediante un abstruso mecanismo de préstamos públicos. Los senadores brasileños se han pasado horas y días y meses discutiendo en un perpetuo Día de la Marmota sobre si el retraso por parte del Gobierno en reembolsar un pago efectuado por un banco público a un programa estatal se podía considerar delito o no.

En los últimos meses han surgido en el país centenares de especialistas en esta minucia contable, en una trinchera y en otra. Para la defensa, eso ni es delito ni es algo raro: todos los presidentes anteriores lo han hecho. Los acusadores han repetido que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República y ni siquiera para esto. Uno de sus más fervientes defensores, el ex ministro de Economía Nelson Barboza replicó el sábado: “Ustedes han decidido que hay un crimen y luego han buscado el delito”.

3. ¿HABIA FUNDAMENTO PARA DESTITUIR A ROUSSEFF?

Estábamos ante un tema harto discutible, no solo en determinar cuál era el posible delito sino, en caso se hubiera cometido, el tema debía llevar a una destitución. El referido diario español refiere que:

Más allá de estos dos casos concretos, en medio de la guerra de tecnicismos en el proceso de impeachment, crece entre los expertos brasileños en Derecho y entre los politólogos la discusión sobre el principio de proporcionalidad en la Ley del Impeachment, anterior a la actual Constitución brasileña de 1988. Independientemente de los argumentos de acusación y defensa, muchos defienden que la legislación ha de reformularse porque prevé la misma pena radical —la pérdida del mandato— para delitos dispares. Cometer un delito fiscal, aun siendo muy pequeño se castiga de la misma manera que tratar de subvertir el Gobierno de la República.

De hecho, este era el principal argumento que Rousseff podía tener a su favor, pero prefirió invocar las cuestiones más vinculadas a la posibilidad de un derrocamiento. Y era un argumento central porque, como toda institución excepcional, el impeachment seguido de destitución debía tener causas claras para su empleo.

No se puede hablar de un “golpe de Estado” como parte de la izquierda arguye, pero lo ocurrido si puede encajar, en lo que el politólogo peruano Óscar Vidarte define de otra manera:

“Más allá de un golpe de Estado, estamos frente a una “alteración al orden democrático”, en los términos que utiliza la Carta Democrática Interamericana. La historia recordará que, utilizando argucias jurídicas, legisladores acusados por corrupción, actuando en función de intereses políticos personales, y aprovechándose de un contexto de crisis política y económica, destituyeron a una presidenta elegida en elecciones libres por más de 54 millones de votos”.

4. LO QUE SE VIENE

En las próximas horas, Dilma deberá dejar definitivamente el cargo, que pasará definitivamente a manos de Michel Temer, vicepresidente y antiguo aliado, quien ya venía ejerciendo el cargo interinamente. Paredes indica que su posición también es endeble:

Es acusado por el oficialismo de urdir una conspiración contra Rousseff para llegar al poder, también está involucrado en la maraña de Lavajato y por si fuera poco, de lanzarse a la presidencia solo el 2% votaría por él.

Si Dilma es relevada, Temer sería el nuevo mandatario pero ejercería el poder desde una posición con poco consenso, casi nula popularidad y debilitado por acusaciones que podrían ser parte de una retaliación del PT.

De hecho, Temer ya había metido la pata al convocar un gabinete sin mujeres ni afrodescendientes, lo que tuvo un tono a “restauración conservadora” luego de 8 años de gobierno del PT. Pero, sin duda, los escándalos de corrupción que vienen siendo procesados pulcramente por el Poder Judicial brasileño lo pueden colocar al borde de la destitución o del adelanto de elecciones. Esta última medida ya había sido ofrecida por Dilma para salir de la crisis política, en caso no hubiera sido destituida. Paradójicamente, su sucesor podría terminar implementándola.

Mientras que, desde fuera, Temer no tiene mayores respaldos. Ya Ecuador y Bolivia llamaron en consulta a sus representantes diplomáticos en Brasilia, en protesta por la destitución. Y si bien los gobiernos de derecha no salieron a defender a Dilma, tampoco lo harían con Temer en caso sea destituido en un procedimiento similar. Quizás la única voz que salga a hablar en voz alta sea la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, capaz de enfrentarse al mismo tiempo al gobierno de Maduro como a la derecha brasileña.

Lo cierto es que la destitución no arregla la crisis política. Con buena parte de los liderazgos políticos brasileños cuestionados, una economía en recesión y la poca inteligencia con la que todos los partidos han movido sus fichas en este juego de tronos con sabor a samba, lo cierto es que Brasil pasó de ser candidato a potencia mundial a un remezón que ha tirado por los aires la imagen del aspirante a hegemón regional.