El legado de Castañeda

Castañeda 1
Sin mucho de que jactarse, acaba la tercera (mediocre) gestión de Castañeda. Foto: Trome

Luis Castañeda Lossio deja el cargo en medio de una desaprobación sin precedentes en su carrera política. Existe consenso en los analistas políticos y urbanos sobre la poca calidad de su tercera administración. Solidaridad Nacional se ha convertido cada vez más en un partido familiar, al que se le van hasta los más leales (Patricia Juárez renunció hace algunas semanas), donde su hijo y su hombre de extrema confianza son quienes mandan junto a él. Y el avance de los calendarios hace suponer que su camino en la política peruana está más cerca del cierre. ¿Cómo llegó a esta situación?

La tercera elección de Castañeda fue producto de la mediocre gestión de Susana Villarán. Las buenas ideas que la sucesora – antecesora del actual alcalde de la ciudad quiso plasmar se terminaron ahogando entre la ausencia de una visión política, falencias en la gestión y un aura de superioridad moral que se diluyó en dos tiempos: su ida a la reelección y el descubrimiento del financiamiento irregular de la campaña por el No por parte de Odebrecht.

Frente a ello, Castañeda volvió a la alcaldía con una sola idea fuerza: “vuelven las obras”. En efecto, el líder de Solidaridad Nacional interpretó que un sector mayoritario de limeños priorizaba la necesidad de infraestructura urbana antes que reformas de fondo, que podían afectar distintos tipos de intereses en una ciudad construida en base a la informalidad.  El alcalde retornante pensó que el voto conferido por la ciudadanía implicaba no hacer ningún cambio en la ciudad.

Pero la ciudad a la que Castañeda volvió a arribar para conducir sus riendas no era la misma que dejó cuando buscó – sin éxito – ocupar la Presidencia de la República.

Como Alan García, se volvió anacrónico en sus vínculos mediáticos, que habían sido tejidos en base a amistades con dueños y productores de medios de comunicación. Esta vez, cualquier error de su administración – tal como ocurrió con Villarán – fue amplificado y criticado en las redes sociales. Ya no podía optar por el laconismo verbal de sus dos primeras administraciones. Y cada vez que salía a dar una explicación, se enredaba más en su propio discurso. Todo ello alimentó una espiral de descrédito a su gestión. A ello se sumó el hecho que algunos medios pusieron mayor atención a su desempeño, en comparación a sus dos primeros mandatos al frente de la capital.

Asimismo, quedó falto de ideas para los sectores C y D a los que sus dos primeras gestiones buscó priorizar. Ya no había escaleras en los cerros ni hospitales de la solidaridad que crear. Pero tampoco suplió ello con un trabajo concentrado en otras necesidades. Su público, además, había cambiado en diez años, gracias al crecimiento económico que ha vivido el país. Y Castañeda no supo leer esa realidad.

Al mismo tiempo, malinterpretó el mensaje de las urnas. Si bien la ciudad no reeligió a Villarán, sí consideraba importante algunas de las reformas que la exalcaldesa planteó. En particular, caló la idea que el transporte urbano podía ser mejor. Y Castañeda hizo todo lo posible por no avanzar o mejorar cambios ya delineados, sino que optó por obstaculizarlos. Cuatro años después, la ciudad se ve más colapsada y males que creíamos desterrados – como los colectivos informales de los años 80s – volvieron a varias de las arterias de la ciudad. Y el ciudadano resiente ese descuido.

Si bien Castañeda nunca tuvo una gran popularidad en los sectores económicos más altos desde el inicio de su gestión, poco a poco fue labrando su impopularidad en aquellos lugares que fueron sus bastiones por años. Dos fueron los hechos claves en esta decepción: el incendio que afectó a la comunidad shipiba en Cantagallo – lo que hizo recordar el desvío de fondos para el proyecto Río Verde que terminó en un controvertido by pass – y el derrumbe de un puente en medio de la emergencia por el Niño Costero. El alcalde de Lima trató con indolencia a los ciudadanos y ellos se lo cobraron en aprobación.

Finalmente, la autoridad principal de la capital no pudo cumplir su promesa central. Las obras en la ciudad han sido escasas y las que ha podido hacer han estado marcadas por la controversia. Al mismo tiempo, ha quedado evidente que la infraestructura, sin un plan concreto que se vincule con políticas públicas, no sirve de mucho para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Eso significa que Castañeda es un cadáver político? No por ahora. Es notorio que buscará obstaculizar la gestión de Jorge Muñoz – la reunión con Alfredo Barnechea en medio de una bronca en Acción Popular y el hecho que el sucesor del saliente alcalde de Miraflores sea un hombre suyo (junto a su inseparable amigo Martín Bustamante quien ha sido electo como regidor) va en esa línea – y que buscará recomponer lo que queda Solidaridad Nacional.

Pero también es evidente que sus mejores tiempos han pasado y que varios de sus antiguos aliados (Renzo Reggiardo y José Luna) buscarán robarle el electorado que aún le queda. Porque, eso sí, aún prevalece un sector de limeños que priorizan el cemento y el pragmatismo antes que un plan de fondo para la ciudad más importante del país.

En un país precario en lo institucional como este, es obvio que Castañeda Lossio buscará una nueva oportunidad, como cualquier peruano que juega la Tinka cada semana. Pero como ha pasado con Toledo y García, es muy probable que su ciclo esté cerca a su final. Y el azar no basta para crear nuevas oportunidades, sobre todo, en momentos en los que el ánimo político nacional parece estar más cerca de jubilar a una generación que volver a creer en ella.

Panorama político de Marzo

PPK Flauta
Foto: Perú.21

Pedro Pablo Kuczynski: Jugando a la permanencia en la categoría de Presidente de la República. Busca seguir minando a Fuerza Popular con la hemorragia de parlamentarios causada por Kenji Fujimori. También juega a su favor que, en sectores institucionalistas, su vacancia se ve nuevamente como un mal menor frente a los atropellos del Congreso con la alianza apro – fujimorista. Los dardos envenenados en su contra, más que de Barata, vienen de su exsocio Gerardo Sepúlveda. Su destino político sigue siendo de pronóstico reservado.

Keiko Fujimori: En su peor momento político. La salida a cuentagotas de congresistas de su bancada afecta su imagen de lideresa. Si bien las declaraciones de Barata no la incriminan directamente, le han generado un daño tremendo a su imagen. Una bancada abiertamente obstruccionista no despierta adhesiones en casi nadie. De allí que muchos vean en el apoyo a la vacancia un salto hacia adelante para salvar su proyecto político.

Kenji Fujimori: Por ahora, es el ganador inicial de las disputas veraniegas. Va consolidando una bancada que le permite negociar obras con el gobierno, así como el mantenimiento del indulto a su padre, a cambio de no vacarlo. Aun no se vislumbra sus planes si es que papá vuelve a la DIROES o a Tokio. Y su bancada corre riesgos debido a la cantidad fuerte de acusaciones en su contra ante la Comisión de Ética, a punto de ser revividas por Fuerza Popular. Accesitarios se vuelve una palabra clave.

Alberto Fujimori: Un retorno sin gloria, lejos del baño de masas que esperaba. El exreo aguarda en La Molina el destino de su indulto. Un arqueo de cejas se debe haber producido anoche, cuando Carlos Bruce indicó que pertenecía a un sector del gobierno favorable a acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contrario a su liberación. Sigue siendo el mejor consejero de su hijo.

Martín Vizcarra: Un silencio que ha creado imágenes distintas sobre su persona. Los más institucionalistas lo imaginan como un Paniagua II. Los fujimoristas lo creen cooptable. Ayer tuvo una victoria, cuando el Ministerio Público archivó la investigación por el caso Chinchero, la mayor amenaza a una posible presidencia suya. La relación con Palacio, sino rota, está bastante deteriorada.

Mercedes Araoz: Preside un gabinete donde importa más la imagen que lo que se hace, al mismo tiempo que se mandan al desvío varias reformas importantes (en particular, en el sector Educación). Más efectivos como operadores políticos para el gobierno resultan Javier Barreda y Jorge del Castillo, otrora enfrentados en el APRA. A su favor, está la lealtad con el Presidente.

Luis Galarreta: Cumpliendo los peores presagios sobre su presidencia del Congreso. Los dos dardos institucionales aprobados en estos días – la modificación de las reglas sobre cuestión de confianza y la posible nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura – vuelven a la imagen del fujimorismo de la década de 1990. Es el mejor antídoto para vacar a PPK. Con esta imagen y las movidas de Kenji, Fuerza Popular corre el riesgo de quedarse sin mesa directiva en julio próximo.

Alan García: Liquidado electoralmente, apuesta como única salida el caos, contexto donde puede venderse como figura confiable. Si bien puede salir librado judicialmente del caso Lava Jato, la impresión en la opinión pública sobre su probidad es bastante clara (y negativa). Y, para colmo de males, el CEN que impuso con el apoyo de Mauricio Mulder acaba de ser declarado nulo por el Jurado Nacional de Elecciones.

Alejandro Toledo: Por aplicar la segunda parte de su plan para evitar la extradición. De un lado, presionar a PPK con el conocimiento de presuntos hechos irregulares en su administración. De otro lado, jugar con sus abogados – lobistas y sus contactos en Washington. Su caso es el mejor armado de todos los políticos en problemas.

Verónika Mendoza: Aparecer como la artífice de la vacancia le puede generar un serio problema si no prospera. Al mismo tiempo, las indecisiones de su bancada y su entorno sobre Venezuela la siguen enredando en un tema donde parecía haber zanjado posición hace algunas semanas. Anda en búsqueda de un perfil propio aún esquivo.

Pablo Sánchez Velarde: El Fiscal de la Nación anda más sosegado luego que el Consejo Nacional de la Magistratura archivara las acusaciones disparatadas en su contra. Las acciones de los fiscales de lavado de activos hacen que las demoras de sus pares sobre corrupción aún aparezcan con tímidas críticas. La pregunta es si irá o no a la reelección.

Marco Arana: Buscando un perfil más verde que rojo, como indica una bien dateada nota de Juan Carlos Tafur. Apuesta por sus banderas iniciales sobre recursos naturales y medio ambiente, buscando un espacio propio entre Mendoza y Gregorio Santos. No descarta una movida al centro.

Eloy Espinoza – Saldaña: Convertido en la piñata del Tribunal Constitucional dentro y fuera del mismo. Tanto el caso El Frontón como un error en su hoja de vida – enmendado posteriormente – lo han puesto en la picota, pero también han revelado un plan para que el TC termine sirviendo a los intereses de Keiko Fujimori.

Luis Castañeda Lossio: Buscando un legado, a partir de obras por inaugurar (Línea Amarilla) o en inicio (restauración del Teatro Segura). Percibiendo que, con sus candidatos a sucederlo en 10% de intención de voto como máximo, no es mal negocio postular a su hijo como su delfín en el cargo.

Roque Benavides: Fue el único en reconocer que recibió dinero de Odebrecht. Pero la imagen de CONFIEP ha quedado maltrecha por la falta de transparencia sobre su participación en la campaña electoral de 2011. Sin embargo, no han sido proactivos en proponer reformas contra la corrupción o modificaciones al sistema de financiamiento de campañas electorales, cuestiones que los han golpeado en las últimas semanas.

Juan Luis Cipriani: No sacó el provecho deseado de la visita del Papa Francisco y ha vuelto a tener un revés en la Conferencia Episcopal Peruana, que nunca presidirá. Sus objetivos están en seguir obteniendo logros en su visión sobre educación y salud en el Estado, así como conseguir que su jefe nombre un sucesor afín a su conservadurismo.

Julio Guzmán: Uno de los pocos ganadores en la coyuntura actual. Está en el segundo lugar de encuestas presidenciales, cada vez más cerca de Keiko Fujimori. Sus giras a provincias y la construcción de un partido le están generando réditos, al igual que la carencia de acusaciones en su contra. En el debe está una explicación sobre cómo viene financiando su carrera política.

Comunicore y el viejo truco de la prescripción

(Una de las portadas de Perú.21 con los informes de Daniel Yovera sobre el mayor caso de corrupción de la administración Castañeda)

En septiembre de 2005, la Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la gestión de Luis Castañeda Lossio, se había comprometido a pagar una deuda de 35 millones de soles a Relima, la empresa encargada de la limpieza de la ciudad, en el plazo de 10 años.

Poco después que se terminara de formalizar las condiciones del pago, el 20 de diciembre de 2005, la empresa Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) compró la deuda a Relima por 14.5 millones de soles. En enero de 2006, la Municipalidad pagó en una sola armada la deuda original de 35 millones de soles a Comunicore. Luego de ello, la empresa desapareció del mapa.

Como dio a conocer el periodista Daniel Yovera durante un año en el diario Perú.21, así como por indicios proporcionados por otros medios, se encontraron otros hechos que apuntaban a que nos encontrábamos ante una operación bastante complicada e irregular: la transformación de Comunicore en otra empresa cuyos directivos eran personas con poca capacidad económica, versiones contradictorias sobre las partidas utilizadas para el pago de la deuda, el retiro sistemático de dinero de la cuenta de Comunicore por ciudadanos de escasos recursos económicos (desconociéndose el destino final del dinero),conversaciones sobre el supuesto rol de Castañeda y contactos de alto nivel de los funcionarios implicados en el caso.

Posteriormente, en 2011, un informe elaborado por una comisión de la MML encabezada por la regidora Marisa Glave aportó tres datos importantes: sobrevaloración de deudas para obtener el dinero suficiente para pagarle a Comunicore, la renovación del contrato con Relima por 10 años y la delegación de funciones por parte de Castañeda a Juan Blest, gerente financiero de la MML en su gestión y uno de sus hombres de confianza en todos los puestos en los que Castañeda ha tenido intervención.

Con bastante lentitud, avanzaron las investigaciones por cinco años en el Ministerio Público. Mientras que al alcalde de Lima una sentencia del Tribunal Constitucional le salvó de ir al banquillo de los acusados.

En paralelo, en 2014, una investigación conjunta de Óscar Castilla, Carlos Neyra y Yovera apuntó a otra pista: Comunicore se ligaría con el lavado de activos del narcotráfico.

Como se indicó en el informe presentado en la revista Poder, el dato más fuerte de dicha investigación fue proporcionado por Odilón Gaspar, gerente brasileño de Relima. En su declaración, confesó que él y Garro organizaron la operación de pago, pero con la información proporcionada por Juan Blest, gerente financiero de la MML y que, como ya hemos mencionado, es una persona de total confianza de Castañeda. El dato clave era que la Municipalidad estaba dispuesta a pagar todo en una sola armada. “Entonces vimos la oportunidad de un negocio personal”, indicó Gaspar Amado.

Curiosamente, la gente de Solidaridad Nacional intentó, en 2010, hacer aparecer la declaración de Gaspar Amado como una suerte de exculpación de Castañeda. Omitían, claro está, el hecho que la información proporcionada por Blest era la clave para la formación de la empresa. Y también que, como ha encontrado DTP, Juan Blest fue militante de Solidaridad Nacional entre 2004 y 2010. Peor aún, como encontró Yovera hace algunos años, sí hubo pagos a los gerentes de Relima.

En 2016, recién se inició el juicio oral por este caso, mientras que la investigación por lavado de activos sigue corriendo lentamente.

Hoy el Poder Judicial declaró, en primera instancia, el caso como prescrito, dejando sin castigo a los gerentes de la administración Castañeda. Una demora en la que el Ministerio Público tiene también una seria responsabilidad. Y era algo que Rosa María Palacios y Daniel Yovera advirtieron esta semana.

Y con ello, esta trama de negocios turbios cae en la impunidad. A menos que la Corte Suprema de Justicia corrija este mamarracho.

El fin del teflón de Castañeda

Hoy es el peor día para Luis Castañeda Lossio desde que ocupara el quinto puesto en la elección presidencial de 2011.

Por primera vez en sus tres gestiones de gobierno municipal, la desaprobación a su actuación como autoridad (50%) es mayor a la aprobación (45%). Peor aún, su aprobación se ha ido en picada en el último mes, perdiendo 8 puntos de popularidad.

Para complicar aún más la situación, solo el 26% de los encuestados se encuentra a favor de otorgarle un cuarto periodo como alcalde de Lima. Se incluyó esta pregunta ante la posibilidad de volver a la reelección de alcaldes, gracias a un proyecto de Ley que se debatirá en los próximos meses en el Congreso de la República.

Y si bien la mayor parte de limeños culpa a su precedesora por las protestas en Puente Piedra, un importante sector de ciudadanos de la ciudad tampoco lo exonera de responsabilidad. Para colmo de males, ayer un informe de Daniel Yovera para Cuarto Poder dejó en claro que se elevará el peaje en el tramo correspondiente al proyecto Línea Amarilla, una iniciativa privada original de OAS – traspasada a la empresa francesa Vinci – que fue aprobada en el segundo periodo de Castañeda. En momentos en que este tema ya ha generado dos marchas bastante fuertes en la ciudad, que el 65% de lo recaudado en Lima se vaya a elevar, es una peor noticia para el alcalde. Y allí no puede echarle la culpa a Susana Villarán.

¿Por qué cae Castañeda? Sin duda, en términos coyunturales, hay tres hechos que han acelerado el descenso en su popularidad: el incendio en Cantagallo y el drama de la comunidad shipiba que tuvo que ser resuelto por el gobierno central, la negociación por debajo de la mesa con OAS ligada al proyecto Línea Amarilla y el by pass de 28 de Julio y, por supuesto, las protestas en Puente Piedra.

Pero creo yo que hay algunos temas más de fondo en la desaprobación.

Castañeda llegó sin ninguna idea meridianamente fija a la Municipalidad Metropolitana, con una sola excepción: obras entendidas como construcción de infraestructura. Pero ha comenzado a ser evidente que las necesidades de la ciudad no se resuelven con cemento, que lo único que ha hecho en términos concretos es inaugurar todo lo que su antecesora ha dejado concesionado (y echarle la culpa de todos sus errores) y que su única obra propia en esta gestión – el bypass de 28 de Julio – tiene demasiadas controversias encima como para exhibirla.

Al mismo tiempo, el estilo poco transparente del alcalde ha comenzado ha ser cuestionado fuerte y permanentemente. La formación de colectivos políticos y profesionales que han hecho notorias las fallas de la administración Castañeda ha sido clave, al igual que la mirada de algunos medios respecto de la gestión. Si bien no se llega a los niveles de crítica que tenía la gestión Villarán encima, resulta claro que las faltas son tan inocultables que hasta periodistas que antes ni siquiera tocaban a Castañeda con el pétalo de una rosa ahora se permiten criticarlo. Y se ha formado un interesante grupo opositor en el que confluye tanto Diálogo Vecinal como la mayor parte de la bancada del APRA.

Una tercera cuestión clara es que el estilo Castañeda resulta anacrónico a estas alturas del partido. Si bien la ciudad requiere ordenar el tránsito, ha calado la idea que la infraestructura es solo una parte de la solución. Los peajes dentro de la ciudad son cuestionados. Las necesidades de la ciudad no son atendidas. Y el discurso del alcalde se reduce únicamente a dos elementos: cemento y echar la culpa de la gestión anterior. Y es claro que ambos elementos se están agotando como únicas respuestas, sobre todo, considerando que la administración actual de la MML tiene serios problemas de transparencia.

Finalmente, la situación debería preocupar a Solidaridad Nacional. Dado que el partido no ha construido ningún tipo de liderazgo alternativo – el que existía, José Luna, se marchó a hacer su proyecto propio con miras a ser alcalde de Lima en 2018 -, la suerte de SN está atada a su único candidato potable. Y aunque tienen mecenas, les será difícil construir a un postulante de fuste que pueda reemplazar a Castañeda.

Ahora que se rompió el teflón, todo le va a ser cuesta abajo al alcalde de Lima.

Puente Piedra: Susana compromete el peaje, Castañeda aumenta desidia

(Las protestas en Puente Piedra tienen la culpa repartida entre ambas gestiones. Foto: El Comercio)

Hoy por la mañana, todos los noticieros y canales de noticias por cable reportaron imágenes como esta:

(Foto: El Comercio)

¿Qué ocurrió? Una protesta en Puente Piedra terminó en una serie de actos vandálicos que comprendieron, centralmente, la quema de la nueva garita de peaje instalada en el ingreso a ese distrito por parte de Rutas de Lima, la empresa concesionaria de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Autopista Ramiro Prialé.

La protesta que terminó en hechos que deberían ser condenados e investigados exhaustivamente tenía como centro dos demandas: un nuevo aumento del peaje que los usuarios de la Panamericana Norte deben pagar, así como la construcción de la garita hoy vandalizada, en un distrito que no tiene vías alternas para el acceso en las zonas cercanas a la carretera.

¿Y esto a que se debe? La clave está tanto en el contrato de concesión suscrito por la gestión de Susana Villarán como en la desidia que el actual alcalde Luis Castañeda Lossio ha tenido frente a este caso.

DTP pudo revisar el contrato de concesión suscrito entre la MML y Rutas de Lima – anteriormente con capitales mayoritarios de Odebrecht y hoy con mayoría de acciones por parte del fondo canadiense Brookfield -. Allí se establece que la recuperación de la inversión de la concesionaria se realizará a través del pago del peaje de los treinta años durante los cuales se tendrá la concesión de la obra. ¿Se pudo haber tenido mejores condiciones para la concesión? A esta altura, no nos cabe ninguna duda.

El tema complicado se encuentra en la claúsula 10.3, donde se indica que se debe implementar una nueva unidad de peaje en Chillón (a la entrada de Puente Piedra) con nuevas tarifas ajustadas, una vez que se hayan culminado con las obras obligatorias en la Panamericana Norte.

Precisamente, esta es la discusión que existe con varios alcaldes de Lima Norte, dado que ellos y varios de sus vecinos consideran que las obras obligatorias no han sido concluidas y, por tanto, ni la construcción de la garita en Chillón ni la subida de la tarifa aún eran necesarias. De hecho, hoy el alcalde de Ancón – quien pertenece a Solidaridad Nacional – indicó que hace 5 meses había pedido una reunión para ver este tema, sin que esta fuera concedida.

Y es aquí donde viene la responsabilidad de Castañeda. Desde agosto, los ciudadanos de Puente Piedra han solicitado una reunión para hablar sobre este tema. Mientras que regidores de Diálogo Vecinal y el APRA han hecho ya varios pedidos de información sobre la situación de este peaje y de las obras obligatorias de la Panamericana Norte, sin que hayan sido respondidas las demandas.

El alcalde solo musita que “está atado de manos”. Pero no explica a los ciudadanos si es que ha hecho esfuerzos claros por renegociar el contrato – algo que siempre se puede hacer – y, por supuesto, para indicarnos si es que las obras obligatorias del contrato (que pueden revisar en el anexo 1 del mismo) ya han sido cumplidas.

Por tanto, estamos aquí ante una corresponsabilidad. En la gestión de Villarán por establecer esta cláusula en el contrato – sobre todo, al no considerar que se afectaba claramente a quienes viven entre las dos garitas de Chillón – y en la gestión Castañeda, por la considerable desidia frente a este tema, más aún, cuando inaugura obras de la concesión como si fueran suyas.

Al final, quienes están perdiendo son los ciudadanos de Lima Norte.

Balance de Lima en 2016

(Foto: El Comercio)

De acuerdo a las encuestas de Ipsos Perú y GFK, las más fiables del medio, Luis Castañeda Lossio termina el año con los peores índices de aprobación de su gestión – aún altos para estándares peruanos – y con el crecimiento sostenido de su desaprobación. Se encuentra cerca del punto en el que su visión sobre la ciudad genere una división de la ciudad en dos partes iguales.

Lo que hemos tenido durante el año es, básicamente, la comprobación del agotamiento relativo de un estilo de hacer política en la ciudad de Lima. A diferencia de sus dos gestiones anteriores donde, al margen de las merecidas críticas que tenía, el alcalde de la ciudad mostraba algunas ideas novedosas (escaleras para la movilidad de quienes viven en los cerros, centros de salud que cubrían deficiencias estatales en la oferta), hoy lo que notamos es escasez de ideas.

La mayor parte de las obras inauguradas por Castañeda Lossio provienen de la gestión de su antecesora. Peor aún, su única idea novedosa, el by pass de 28 de Julio, ha terminado en la polémica. No solo porque la obra ha terminado siendo inútil, sino también porque se descubrió que hubo conversaciones debajo de la mesa para hacerla con la controvertida constructora brasileña OAS. Para colmo de males del alcalde, la realización de este by pass trajo consigo a la ciudad la discusión respecto de la necesidad de este tipo de obras, en retirada en otras urbes a lo largo del planeta.

Entre tanto, las grandes reformas de la ciudad están paralizadas o en estado de catatonia. Salvo la renovación de buses y la implementación por tramos del corredor San Juan de Lurigancho – Brasil, la reforma del transporte urbano no ha vuelto a sonar. La política cultural de la MML es casi nula. Y frente a la emergencia más importante que vivió la ciudad en este año – el incendio en Cantagallo – desapareció de la solución, que terminó recayendo en el gobierno central.

Esta contraposición de visiones entre el cemento y la recuperación de espacios públicos se apreció en diversas partes de la ciudad: La Victoria, Comas, Lince. Pero fue en San Isidro donde se pelearon las batallas más mediáticas, con simpatizantes y detractores del alcalde en medio de protestas, inauguraciones y grupos contrapuestos en redes sociales. Sin embargo, no se vislumbra señales de armonización entre las necesidades de infraestructura y aquellas políticas que requieren menos cemento y más planeamiento.

Y todo indica que ello no se solucionará en los próximos dos años.

Que la Fuerza esté con los limeños.

Cronología del proyecto Río Verde y el By Pass de 28 de Julio

Rio Verde 1
(Las iniciativas para reubicar a ciudadanos shipibos de Cantagallo. El proyecto sí existió. Foto: Facebook del arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos)

1987: Se plantea un proyecto de recuperación de la ribera del río Rímac como parte del Plan del Centro de Lima.

2000: Inicio de la formación de un asentamiento shipibo en la zona de Cantagallo (Rímac).

2001: Otorgamiento de constancias de posesión a miembros de la comunidad shipiba en Cantagallo.

2007: Certificados de posesión del terreno en Cantagallo son entregados por la Municipalidad Distrital del Rímac.

12 de noviembre 2009: La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba la iniciativa privada para realizar el proyecto Línea Amarilla, para la construcción de obras viales (incluyendo un túnel bajo el río Rímac) en la Vía de Evitamiento. Es adjudicada a LAMSAC, empresa formada por la constructora brasileña OAS e Invepar. Por parte de la MML, el contrato es suscrito por la abogada Giselle Zegarra, gerenta de promoción de la inversión privada. La obra pasará por Cantagallo.

2010: Susana Villarán plantea en campaña electoral el proyecto Río Verde para recuperar parte de la ribera del Rímac y su incorporación al proyecto Línea Amarilla.

Octubre de 2010: Villarán gana las elecciones municipales en Lima.

2011 – 2013: Diálogo entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la comunidad shipiba de Cantagallo. La idea era realizar la reubicación de los ciudadanos de la zona (donde también hay puestos comerciales) cumpliendo las reglas del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa.

2011 – 2012: Proceso de aprobación de cambio de zonificación del terreno de Campoy que se destinaría para la reubicación de ciudadanos que viven en Cantagallo. El procedimiento incluyó opiniones técnicas a Instituto Metropolitano de Planificación y Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que emiten informes favorables. Comisión de Desarrollo Urbano de la MML aprueba por unanimidad el cambio, con una limitación en la zona ribereña. Entre los votantes está José Danós, regidor metropolitano y esposo de la actual teniente alcaldesa Patricia Juárez.

15 de febrero de 2013: Suscripción de adenda al Contrato de Concesión de Línea Amarilla (denominado en ese momento Vía Parque Rímac). Se forma un fideicomiso para la adquisición de terreno para proyecto habitacional, creación de un parque en la ribera del Río Rímac y la construcción de un nuevo acceso a San Juan de Lurigancho. Como informa el portal Ojo Público, el problema fue que:

Sin embargo, no hizo a la comunidad parte del contrato de fideicomiso firmado entre la Municipalidad, la empresa Línea Amarilla S.A.C. y el Scotiabank Perú S.A.A., reclama Richard O’Diana, abogado del CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica). Esto hubiera podido dar a los habitantes de Cantagallo un mayor control sobre el destino del fideicomiso, asegura.

Mayo 2013  – Septiembre 2014: Proceso de negociación con la comunidad shipiba para el traslado. Finalmente, las tres asociaciones integrantes del asentamiento en Cantagallo aprueban irse a Campoy.

26 de agosto de 2014: Giselle Zegarra, quien había pasado a ser consultora de OAS, le pide al presidente de la empresa constructora Leo Pinheiro que cese la publicidad del proyecto Vía Parque Rímac, a solicitud del entonces candidato Luis Castañeda Lossio. Paneles y spots no se comprendían como publicidad electoral dado que no se mencionaba a alcaldesa Villarán – que iba a la reelección – y eran parte de una iniciativa privada.

27 de agosto de 2014: Pinheiro envía correo a Zegarra indicándole que disminuirán la pauta publicitaria de Vía Parque Rímac.

23 de septiembre de 2014: Luis Castañeda Lossio presenta como oferta electoral dos by pass: uno ubicado en la intersección de las avenidas 28 de Julio con Arequipa, República de Chile y Wilson y otro en la esquina de Paseo Colón con Wilson.

Octubre de 2014: Susana Villarán pierde las elecciones. Triunfa Luis Castañeda. Municipalidad Metropolitana de Lima tiene lista versión final del contrato del proyecto Río Verde.

7 de octubre 2014: Adquisición del terreno en Campoy, por parte del banco Scotiabank como Fiduciaria del Fideicomiso para el proyecto Río Verde.

14 de octubre de 2014: Vía Whatsapp, Zegarra pide reunión a Pinheiro en Lima para hablar sobre Línea Amarilla.

17 de octubre de 2014: Castañeda envía carta a Villarán para que no se firmen contratos sobre inversión pública en lo que queda de gestión.

21 de octubre de 2014: Respuesta de Villarán a misiva de Castañeda. Indica que la MML seguirá trabajando normalmente hasta el último día de su gestión.

23 de octubre de 2014: Vía Whatsapp, Zegarra y Pinheiro acuerdan reunión sobre Línea Amarilla para el 1° de noviembre, con presencia del alcalde electo Luis Castañeda Lossio. En dicha comunicación, Zegarra le pide a presidente de OAS que no se firme versión final del proyecto Río Verde, por solicitud de “Lucho”.

24 de octubre de 2014: Zegarra insiste con el pedido. Pinheiro le indica que “no harán nada sin consentimiento de ustedes”, en alusión a la gestión electa de Castañeda. Ese mismo día, el presidente de OAS recibe comunicación de Agenor Medeiros, director del área internacional de la empresa, indicando que “cualquier decisión tiene que estar alineada a la nueva administración”. De acuerdo con nuestras fuentes, la compañía brasileña nunca estuvo del todo convencida del componente Río Verde del proyecto. Nunca se firmó el contrato final sobre Río Verde:

5 – 7 de noviembre de 2014: Conversaciones entre Zegarra y Pinheiro sobre el monorriel que OAS construía en Sao Paulo. Una idea similar para Lima fue planteada por Castañeda Lossio en su campaña electoral.

14 de noviembre de 2014: Pinheiro es arrestado en Brasil por sus vínculos con el caso Lava Jato.

5 de diciembre de 2014: Luego de dos visitas a la zona de Cantagallo, la Defensoría del Pueblo envía un oficio a la MML alertando sobre afectaciones a habitantes por inicio de obras de Vía Parque Rímac. Insta para que se inicie construcción de proyecto en Campoy y emita norma sobre los avances y pendientes del proceso.

12 de diciembre de 2014: Empresa Trips hace, a pedido de OAS, estudio de demanda vehicular sobre by pass de 28 de Julio.

22 de diciembre de 2014: Decreto de Alcaldía reconoce importancia de proyecto de traslado de comunidad shipiba de Cantagallo hacia Campoy y ordena que los órganos pertinentes de la MML hagan las acciones pertinentes para cumplir con ello.

Enero – Noviembre 2015: Giselle Zegarra se convierte en consultora de la MML para proyecto Línea Amarilla.

5 de marzo de 2015: Se firma adenda al Contrato de Fideicomiso del proyecto Línea Amarilla. Se establece que se debe vender el terreno de Campoy y el producto de la venta debe revertir al fideicomiso. Para la teniente alcaldesa Patricia Juárez, esta cláusula de un contrato es “solo una recomendación”.

17 de marzo de 2015: En un solo día, se firman aceptación de propuesta económica, contrato sobre By Pass de 28 de Julio, así como la autorización de cierre de vías y de ejecución de obra. Asimismo, ese mismo día, se presenta Declaración de Impacto Ambiental al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, elaborada por militante de Solidaridad Nacional.

18 de marzo de 2015: Recién se aprueba expediente técnico de by pass de 28 de Julio.

20 de marzo de 2015: Se anuncia que fondos destinados a proyecto Río Verde serán destinados al by pass de 28 de Julio.

Marzo – Mayo 2015: Asociaciones shipibas de Cantagallo buscan negociación con Municipalidad Metropolitana de Lima. Se realiza, en abril, reuniones con teniente alcaldesa Patricia Juárez y otros funcionarios. Uno de ellos, Jorge Olazabal, gerente del Proyecto Río Verde, indica que no está en una situación de incertidumbre pero evita responder si el nuevo Master Plan incluye reubicación. Se hacen promesas, pero no se indica que terreno de Campoy está comprometido para venta. Luego de dos meses, se reclama por demoras.

Abril de 2015: Se inicia construcción de by pass de 28 de Julio.

14 de Mayo de 2015: Se destapa plagio en estudio de interferencia de vías. El Comercio descubre que empresa que realizó documento pertenece a exfuncionario municipal.

Julio de 2015: Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas da luz verde al by pass de 28 de Julio.

Abril de 2016: Se inicia circulación en By Pass de 28 de Julio. Obra no resuelve congestión vehicular en la zona.

Julio de 2016: Portal Spacio Libre inicia serie de investigación El By Pass de Lucho sobre diversas irregularidades documentadas sobre la obra de 28 de Julio.

8 de agosto de 2016: Empresa francesa Vinci adquiere mayoría de acciones de LAMSAC, concesionaria de Línea Amarilla, por los problemas económicos de OAS, debido a acusaciones de corrupción en Brasil.

19 de octubre de 2016: IDL-Reporteros publica informe sobre Whatsapp vinculados a Proyecto Río Verde entre Giselle Zegarra y Leo Pinheiro.

26 de octubre de 2016: Castañeda acude al Congreso pero no aclara conversación entre Zegarra y Pinheiro.

3 de noviembre de 2016: Nuevo informe de IDL-Reporteros revela mails entre Zegarra y Pinheiro sobre publicidad de Vía Parque Rímac.

4 de noviembre de 2016: Incendio en Cantagallo deja miles de damnificados. Se vuelve a poner sobre la mesa el traslado de sus habitantes. Castañeda no logra explicar mails destapados el día anterior por IDL-Reporteros. Se propone traslado temporal a zona de Martinete, donde hay carpas instaladas. Varios ciudadanos se niegan ante el temor de perderlo todo.

5 de noviembre de 2016: Daniel Yovera publica informe sobre adenda al fideicomiso que establece obligación de venta del terreno en Campoy donde se iban a trasladar a shipibos. Municipalidad de Lima responde con conferencia de prensa donde niega la venta, culpa a la gestión anterior por presuntas irregularidades e indica que terreno en Campoy no será suficiente para traslado. Se señalan preguntas no absueltas por la MML y que sus voceros habían indicado que se buscó la venta del terreno.

6 de noviembre de 2016: Varios arquitectos – entre ellos, Augusto Ortiz de Zevallos – señalan que terreno en Campoy era suficiente para la realización de conjunto habitacional para Río Verde y desmienten que solo sea un proyecto de ilusiones. Susana Villarán y Marisa Glave responden a versión de la MML.

7 de noviembre de 2016: Portal Spacio Libre indica que fideicomiso para By Pass de 28 de Julio tiene déficit de 11 millones de dólares. Ni el Proyecto Línea Amarilla ni obras complementarias del by pass concluyen hasta el día de hoy. Existe incertidumbre sobre el destino final de vecinos de Cantagallo. Comunidades shipibas evalúan quedarse en Cantagallo y buscarán cambio de zonificación, según indica Ojo Público.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.