Horror en el Pentagonito

(Centro de detención, tortura e incineración en San Borja. Foto: El Comercio)

El martes 27 de septiembre, la Sala Penal Nacional condenó a 22 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y al exComandante General del Ejército Nicolas Hermoza Ríos por las desapariciones forzadas de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo y del profesor y panadero Justiniano Najarro.

Estos crímenes fueron conocidos, inicialmente, gracias a la investigación realizada para el libro Muerte en el Pentagonito, escrito por el periodista Ricardo Uceda. En estos casos, quedó claro un modus operandi: informantes de la Marina de Guerra y civiles adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército brindaban información para que agentes de esta última institucion capturaran a presuntos miembros o simpatizantes de Sendero Luminoso. Luego de ser privados de su libertad, eran llevados a las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército, ubicadas en San Borja, donde eran torturados y, finalmente, ejecutados extrajudicialmente, sin reportar a sus familiares su paradero final.

Si estos hechos, per se, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, el destino final de los cuerpos de los tres ciudadanos es aún más macabro. De acuerdo con la sentencia, existió en el Cuartel General del Ejército un horno crematorio donde los restos de estas personas fueron incinerados. Una forma aun mas truculenta de eliminar cuerpos en las distintas modalidades de desaparición forzada que se vieron durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.

En este caso, se encuentran tres patrones diferenciados. En primer lugar, la eliminación de los restos mediante hornos crematorios es una práctica que también fue llevada a la práctica en Ayacucho en los años en los que se registraron más muertos y desaparecidos durante el conflicto. De acuerdo a lo señalado por el libro de Uceda, cientos de cadaveres fueron desenterrados y, posteriormente, quemados para no dejar huella de su muerte.

En segundo lugar, estamos ante un patrón de desapariciones forzadas bastante común en Lima. Como ha revelado la investigación de Victor Quinteros “Los 55 de Lima”, durante el gobierno de Alberto Fujimori, las desapariciones forzadas selectivas respondieron a un patrón de búsqueda y desaparición de restos que buscaba dar, en teoría, golpes a Sendero Luminoso. Sin embargo, la organización terrorista no se vio afectada y, en la mayoría de los casos, las personas ultimadas eran inocentes.

Ademas, nos encontramos ante la plasmación selectiva de la estrategia que el Ejército Peruano llevó a cabo desde los primeros años en los que se combatió a la subversión en Ayacucho. Cuando la CVR señala que, en algunos lugares y momentos, miembros de las instituciones armadas cometieron crímenes de lesa humanidad, se refiere, precisamente, a este tipo de eventos. El colegiado encargado de juzgar el caso Sótanos SIE ha tenido la misma opinión y ha señalado que estos hechos merecen esta calificación accesoria.

No debe dejar de llamar la atención el hecho que los dos condenados por estos casos hayan sido las dos personas en las que el expresidente Alberto Fujimori depositó su confianza para el manejo de las Fuerzas Armadas y que, además, también han sido condenadas por los asesinatos cometidos por el Destacamento Colina. Sin embargo, dado que el caso no fue considerado por la justicia chilena como pasible de extradición, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 no podrá ser procesado en el país por estos hechos.

Finalmente, queda un tema importante por saldar en este caso. El Ejército Peruano deberá brindar toda su colaboración para encontrar los restos de los tres desaparecidos, más aún cuando los crímenes fueron cometidos en su principal instalación en Lima. Este caso problematiza, aún más, la búsqueda de miles de personas que el nuevo gobierno deberá impulsar mediante la implementación de la ley sobre la materia emitida en junio pasado. Urge, por tanto, que este tipo de situaciones sean contempladas en el necesario proceso de restitución de restos y cierre del periodo de duelo que el país debe afrontar. Sin duda, el Estado tiene una tarea urgente por atender, más allá que, en este caso, se llegó a alcanzar justicia.

(Publicado originalmente en la web del IDEHPUCP)

Montesinos y Hermoza condenados por muertes en el Pentagonito

(Dos de los hombres fuertes del fujimorato condenados nuevamente por violaciones a los derechos humanos. Foto: El Comercio)

Esta mañana, Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás Hermoza Ríos fueron condenados a 22 años de prisión por la desaparición forzada de Martín Roca Casas, Kenneth Anzualdo y Justiniano Najarro Rúa. El caso, conocido como “Sotanos SIE”, es una de las más macabras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000.

Estos tres ciudadanos fueron desaparecidos en 1993. Según se pudo conocer a través del libro “Muerte en el Pentagonito”, escrito por el periodista Ricardo Uceda, el modus operandi fue el siguiente: estas tres personas fueron detenidas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, luego fueron llevados a los sótanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) en San Borja y posteriormente, fueron ejecutados y sus restos incinerados en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa – principal fuente de Uceda para esta investigación – y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

La existencia del horno para eliminar restos humanos fue comprobada en octubre de 2004. De acuerdo con testigos de esta modalidad de ejecución, los restos eran dispersados en los jardines del Pentagonito.

Como indica Rocío Silva Santisteban, si bien intervino directamente Jesús Sosa, este no es un crimen atribuible al Destacamento Colina:

Según el abogado Víctor Quinteros, quien trabajó para la Procuraduría investigando este caso, se trataría de “miembros del Puesto de Inteligencia de Lima (PIL), integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) […] Para la época en que Kenneth (Anzualdo) es detenido, el grupo Colina llevaba más de un año desactivado, su desaparición sería más bien atribuida a un grupo constituido dentro del SIE, uno entre otros bajo el mando del coronel Enrique Oliveros, hoy prófugo de la justicia”. Esto significa que, además de Colina, hubo otros grupos o subgrupos encargados de asesinar sistemáticamente a peruanos por el solo hecho de ser sospechosos de subversión.

De los tres casos, la desaparición forzada de Anzualdo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarándose la responsabilidad del Estado peruano en este caso. Se pidió que el caso fuera procesado hasta encontrar a los responsables. Ello se ha cumplido con esta sentencia. Sin embargo, queda pendiente establecer donde están los restos del estudiante universitario, así como los de Roca y Najarro.

Queda pendiente, además, la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de prisión por su participación en estos hechos. Se establece una reparación civil de un millón de soles.

Sin duda, se alcanza  justicia en un caso emblemático, que nos vuelve a recordar el horror del que se pudo ser capaz en nombre de la lucha contra la subversión. Así como los crímenes de Sendero Luminoso son justamente repudiados, este caso también merece la condena de la sociedad peruana.

POST DATA: Aquí una entrevista que le hice a Víctor Quinteros en 2012, donde cuenta los detalles del caso Sótanos SIE:

EL CASO SOTANOS SIE: OTRO BALDON PARA FUJIMORI

De como una investigación periodística inició uno de los casos más importantes contra el extraditable

Cuando se habla de las imputaciones por violaciones a los derechos humanos en contra de Alberto Fujimori, por lo general se hace referencia a los casos de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el Destacamento Colina, cuya conexión directa con el ex dictador es cada vez más probada.

Sin embargo, uno de los casos más graves por los que Fujimori podría ser extraditado tiene que ver con una vulneración de derechos fundamentales cometida durante su gobierno, bajo sus órdenes directas, por parte de otro escuadrón de la muerte, distinto a Colina en nombre, pero similar en modus operandi: la desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Técnica del Callao (Javier Roca y Kenneth Anzualdo) y de un panadero (Justiniano Najarro), en 1993.

El caso fue conocido para el gran público en 2004, con la aparición del libro Muerte en el Pentagonito. Su autor, el periodista Ricardo Uceda, relata hoy para El Comercio la historia de dichos crímenes y como fueron incluidos en el expediente de extradición.

Básicamente, el modus operandi fue el mismo: la detención a las personas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, su detención en los sotanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) y su posterior ejecución e incineración en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa – principal fuente de Uceda para esta investigación – y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

Con posterioridad a las investigaciones de Uceda, la Procuraduría Ad Hoc venía preparando el expediente Sotanos SIE, sobre la base de las torturas a Leonor La Rosa y Susana Higuchi, así como sobre los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Estos dos últimos casos eran los más sólidos de dicho expediente. También se imputó a Fujimori la desaparición forzada de un número determinado de personas.

Para poder especificar ante las autoridades chilenas la existencia de desapariciones concretas, se unieron dos voluntades. El entonces asesor de la Cancillería peruana para la extradición de Fujimori y ex secretario ejecutivo de la CVR, Javier Ciurlizza, y el abogado Víctor Quinteros, quien también trabajó en la CVR y participó en las investigaciones hechas por Uceda. Por indicaciones de Ciurlizza, Quinteros profundizó en lo investigado sobre las tres desapariciones forzadas antes mencionadas y, a los testimonios ya recogidos para la investigación periodística, sumó los cuadernos de registro de los detenidos, que resultaron compatibles con los casos de Najarro, Roca y Anzualdo y en los que, además de la comprobación de su detención, se comprobaron las visitas hechas por Vladimiro Montesinos a los prisioneros. Como se sabe, el único jefe directo de Montesinos era Fujimori, por lo que la teoría de dominio del hecho es claramente aplicable a este caso.

Estas averiguaciones condujeron a una ampliación del cuaderno de extradición, la cual fue aceptada por el gobierno chileno y que, de acuerdo al informe de la Fiscal Mónica Maldonado, debería ser parte de los casos por los que Fujimori debiera ser procesado en el Perú. Hay que indicar que este delito podría suponer hasta 35 años de cárcel para el ex gobernante.

Sin duda, el caso es sólido y podrían ser llamados a declarar tanto Jesús Sosa – hoy en la clandestinidad -, Leonor La Rosa y – ojo, apristas – Jesús “Chito” Ríos, quienes habrían participado en los seguimientos de los tres desaparecidos. Situación bastante complicada para alguien que, a través de su hija, manda mensajes al gobierno para que su situación, apenas llegue a Lima, sea la de la impunidad.