El periodismo y Odebrecht (Segunda parte)

Durante esta semana, en redes sociales se ha discutido ampliamente sobre los vínculos que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht con periodistas y comunicadores durante los últimos años. En este debate intervinimos el martes con un post en este espacio. Este debate ha tenido matices de todo tipo, así como, por cierto, el uso de la información para darle de alma al rival ideológico de turno y, claro está, para intentar bajar la llanta a los medios que vienen investigando sobre el caso Lava Jato.

A continuación, algunas reflexiones finales sobre algunos de los tópicos discutidos en esta semana.

(Foto: IPYS)

EL CASO IPYS

Como ya es conocido, Odebrecht donó una suma importante de dinero al Instituto Prensa y Sociedad para la realización de la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo. El contrato se rescindió en 2015 de mutuo acuerdo entre las partes, una vez que se conoció la magnitud del involucramiento de la constructora en los casos de corrupción investigados en su país y que también comprenden a funcionarios peruanos.

Esta semana, Gustavo Gorriti y Augusto Álvarez Rodrich, expresidente y actual presidente del IPYS respectivamente, escribieron columnas de opinión en torno al caso. A diferencia de quienes han querido ver oposición entre ellas, creo que ambas tocan puntos importantes que se complementan.

La columna del jueves de AAR en La República aclara algunas cuestiones importantes sobre la participación que tuvo Odebrecht en los PNP: el contrato se publicó en forma transparente en la web de la entidad, se formó un comité de premios y se colocaron bases que impedían algún tipo de cortapisa en la presentación de temas y los recursos fueron utilizados tanto para los premios en efectivo como para la organización del certámen. Esta explicación fue complementada ayer en RPP TV con una entrevista hecha por Patricia del Río a Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda, director de la entidad no gubernamental.

En términos estrictamente legales, sin duda, la explicación deja en salvaguardia a IPYS, dado que los fondos han sido empleados correctamente y porque el otorgamiento de los galardones se dejó a cargo de jurados (varios de ellos provenientes del extranjero) que no tenían, en principio, vínculos con la empresa brasileña. Asimismo, como ha mencionado Uceda, algunos de los periodistas premiados han investigado a Odebrecht o a obras de la referida compañía, por lo que no existiría un filtro a favor de la cuestionada entidad. En estos aspectos, le doy la razón a Augusto.

Gorriti se enfoca, sobre todo, en los aspectos éticos de la donación. La posición de Gorriti es que no se pueden aceptar regalos, honorarios, pasajes, consultorías de empresas o realizar servicios de media training para las mismas, salvo circunstancias bastante excepcionales. Para el director de IDL – Reporteros, existía un conflicto de interés al recibir una donación de Odebrecht y, por ello, decidió que ninguno de los reportajes de su equipo se presentaría al PNP, debido a que ya existían investigaciones serias sobre la empresa brasileña.

Coincido con Gustavo en que recibir la donación de Odebrecht fue un error. Ya existían informaciones claras sobre los casos de presunta sobrevaloración de obras y la fama de la empresa era, para 2013 – 2014, bastante mala. De hecho, ya en la campaña de 2011 se discutió mucho sobre la cercanía de constructoras brasileñas a los entornos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, aunque, como ha podido conocer este blog, personajes como Jorge Barata se acercaron a todas las tiendas políticas, sin discriminación. Este mismo motivo hizo que otros periodistas declinaran presentar sus trabajos a los PNP.

También concuerdo con Gorriti cuando señala que es necesario preservar al IPYS como entidad encargada de la protección de la libertad de expresión e impulso del periodismo de investigación, razón por la cual se necesitan reformas y recambios. La salida de Mabel Cáceres e Iván Garcia ante este caso, así como la puesta en conocimiento de la lejanía que, desde hace algún tiempo, mantienen Gorriti y Rosa María Palacios de la entidad, abre una coyuntura clave para ello. Al margen del examen sobre personas y responsabilidades en este caso, la entidad debería tener una política por escrito sobre la posible recepción de donaciones privadas y, en caso las acepten, cuáles son los montos tope y el tratamiento a darle a estos donativos.

(Reportaje de Hildebrandt en sus Trece reveló algunos nombres de periodistas que hicieron trabajos para Odebrecht. Foto: Utero.pe)

CONSULTORIAS Y ASESORIAS

En su edición de ayer, Hildebrandt en sus Trece presentó un informe en el que, gracias a informantes de Odebrecht, pudo reconstruir y contrastar información sobre algunos periodistas y comunicadores que realizaron consultorías y asesorías para la empresa.

Pedro Tenorio, actual conductor de noticias en Latina y columnista en El Comercio, reconoció haber realizado trabajos en asesoría de prensa para una obra puntual de la compañía, cuando no se encontraba trabajando para ningún medio.  Mientras que el informe de Eloy Marchán también registra que Alfonso Baella Herrera hizo servicios sobre redes sociales para Odebrecht entre 2009 y 2014, cuestión que habíamos señalado en este blog el pasado martes. Luego de semanas sobre no pronunciarse sobre este tema, que ya era tocado en redes sociales, Baella reconoció que había hecho trabajos para la empresa, pero que no mantenía vínculos actuales con la misma. 

Más complicada es la situación del periodista Enrique Castillo, a quien el semanario indica como asesor de Jorge Barata, el alto representante de la compañía en Perú, quien viene declarando para acceder a los beneficios de la delación premiada en Brasil y se acogerá a la colaboración eficaz en nuestro país. Según nuestras fuentes, Castillo negó a directivos de Canal N cualquier vínculo con Odebrecht. El también columnista de Perú.21 se excusó en declarar para HEST porque estaba por emprender un viaje.

También se hizo alusión a los vínculos de la empresa ADN Consultores con Odebrecht. El periodista Mario Saldaña, socio de la misma, no recordó si había hecho servicios puntuales para la misma, pero el semanario indicó que sus fuentes dentro de Odebrecht referían la prestación de servicios para la licitación de la planta de tratamiento de Taboada. En entrevista ayer con Nicolás Lúcar, Saldaña negó haber prestado servicios para la controvertida compañia y refirió que lo había hecho “su exsocia”, sin mencionarla. Este blog registró en 2009 que la comunicadora Laura Cáceres Friedman, la exsocia de ADN, nos reconoció ser la encargada de relaciones públicas externas de Odebrecht para este tema.  En aquellos años, Cáceres era pareja del periodista Aldo Mariátegui, entonces director de Correo.

Finalmente, se mencionó a Juan Carlos Valdivia, columnista de Correo y del portal El Montonero, quien fue asesor para Odebrecht en relaciones institucionales entre 2010 y 2016, quien dejó dichos servicios por los escándalos de corrupción. Valdivia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho Raúl Vargas, director de RPP Noticias, quien colaboró en dos publicaciones editadas por los brasileños y fue jurado en el premio “Peruanos Construyendo Futuro”, organizado por la empresa.

En todos los nombres mencionados, hasta el momento no se registra ninguna colusión con actividades ilegales. Es decir, algún tipo de favorecimiento indebido o complicidad directa con los delitos realizados por directivos de la empresa en el Perú y en el extranjero.

Sin embargo, sí corresponde hacer una evaluación ética, no solo por la vinculación con una empresa que, como hemos mencionado anteriormente, ya tenía serios problemas de imagen desde, por lo menos, fines de la década pasada, sino también por este tránsito entre el periodismo y las consultorías.

Creemos que, al igual que en otras profesiones liberales como el Derecho, aquellos comunicadores que asesoran en diversos planos a empresas tienen la atribución de escoger a sus clientes. Y ello implica, por cierto, tener un filtro ético claro para saber elegir a las empresas con quienes se vinculan.

En el caso de aquellos columnistas que son consultores de empresas, resulta indispensable que sean claros en indicar que se dedican a dicha actividad y, en la medida de lo posible, referir su lista de clientes. Asimismo, sostengo que deberían evitar referirse a sus clientes o a aquellos proyectos de inversión en los que están involucrados. El full disclosure es lo mejor en estos casos.

Pero en el caso de quienes están comprometidos contractualmente con un medio – sea por laboralmente o por contrato de servicios – sí creo que no se puede estar en una pantalla o teclado y, al mismo tiempo, hacer labores de asesoría para empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Si bien para algunas se ha convertido en una fuente alternativa por los sueldos que paga el periodismo, creo que se debe apostar a la mejora de los sueldos en las empresas periodísticas, que deben colocar en sus códigos de ética que quienes tengan vínculo con ellas no se dediquen a este tipo de actividades, así como vigilar su observancia. Estar en los dos lados del mostrador es, a mi criterio, insostenible.

Sostengo que este caso nos debe servir para pensar aquello que Gorriti alguna vez sostuvo: esta suerte de mezcla entre asesores de empresas, periodistas, consultores de imagen y spin doctors empresariales y políticos. Es una mala práctica iniciada en el Perú durante los años 2000 que debe terminar para siempre.

Finalmente, creo que es mejor la transparencia en todos estos casos.

UN COMENTARIO FINAL

No me cabe duda que estas reflexiones son pertinentes. Pero también es cierto que el caso, como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, ha sido aprovechado por algunos partidos políticos – como el APRA y el Fujimorismo – asi como por sus simpatizantes y columnistas afines para tratar de demoler a varias personas que, desde hace tiempo alertan sobre este tipo de casos. O para intentar distraer la atención de sus propios vínculos con Odebrecht y otras empresas brasileñas.

De hecho, el día de ayer, el columnista de un diario en el que he colaborado, vía Twitter, intentó vincularme con estas empresas, con el sibilino “está circulando la versión que”. Como lo sostuve al responderle y ahora reitero aquí, no he tenido ningún vínculo con Odebrecht, ni con las empresas privadas comprometidas con el caso Lava Jato. Tampoco brindo servicios de asesoría de imagen o consultorías a entidades públicas o empresas. Y tampoco he participado en libros o foros auspiciados por Odebrecht o constructoras brasileñas.

Por nuestra parte, esta reflexión acaba por ahora. Creemos que es importante, en este momento, apuntar a que las investigaciones en el caso Lava Jato se lleven a cabo con la mayor pulcritud y, sobre todo, que todos los culpables caigan, sin importar la tienda política.

Preguntas y respuestas sobre la sentencia a Fujimori

EC Condena Fujimori

Luego de varios días, pude terminar de leer la sentencia a Alberto Fujimori. Y recopilando varias de las preguntas que he escuchado o que me han hecho en estos días, he compuesto el siguiente post:

1. ¿CUAL ES EL VALOR DE LA SENTENCIA?

Se trata de la primera vez que un ex jefe de Estado es procesado y sentenciado en su país por violaciones de los derechos humanos. Es la primera vez que un gobernante peruano es condenado por estas materias. Y es la primera oportunidad en que se procesa a un presidente respetando las garantías del debido proceso.

Debe anotarse, además, que se trata de una resolución judicial que tiene un lenguaje claro y sencillo de entender, lo que permite que cualquier ciudadano pueda comprender que es lo que dice.

2. ¿QUE SE HA DEMOSTRADO EN EL PROCESO?

Sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, el mejor resumen lo ha hecho Martín Tanaka:

Poniéndolo en términos simples, el razonamiento es algo así: Fujimori gobernó concentrando el poder; en cuanto a la estrategia contrasubversiva, concentró el poder en el servicio de inteligencia nacional y en inteligencia del ejército, en Vladimiro Montesinos y Hermoza Ríos en particular; Montesinos diseñó una estrategia que contemplaba una estrategia “pública” (“soldado amigo”, respeto a los DDHH), y una clandestina, de asesinatos selectivos, a cargo del grupo Colina.

El funcionamiento de este grupo requirió un gran despliegue organizativo dentro de las estructuras del ejército, que no podía ser ajeno al conocimiento del presidente. Además, este grupo funcionó entre agosto de 1991 y finales de 1992, y llevó a cabo once acciones, asesinando a cuando menos 49 personas. Todos esos casos fueron de conocimiento público, y la actitud del condenado fue defender a los responsables, minimizar, ocultar, distorsionar los hechos. Es decir, no es creíble la versión de que él no sabía nada y que su estrategia velaba por el respeto a los DDHH. Su actitud es la de quien avala las acciones llevadas a cabo, en tanto eran parte de una estrategia. En otras palabras, no es que Fujimori haya ordenado matar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, es que esos asesinatos se dieron en el marco de una estrategia aprobada, avalada, defendida por éste.

En cuanto a los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, la responsabilidad de Fujimori se basa en dos situaciones distintas. Para el caso de Gorriti, se demostró que Fujimori, en el marco del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, dispuso la detención de personas opositoras al régimen y a sus planes, a través de personal militar y de inteligencia, mediante una orden firmada por Hermoza Ríos y elaborada en el SIN. En el caso de Dyer, fue una orden del SIN, con conocimiento de Fujimori, la que dispuso su detención sin mandato judicial, siendo entregado al jefe de Contrainteligencia del SIN y sometido a una investigación irregular por  terrorismo en la que no se le encontró vinculación alguna con Sendero Luminoso, amen de las vinculaciones con el narcotráfico que insinuó el propio Fujimori en una presentación ante la prensa.

3. ¿POR QUE FUJIMORI ES CONDENADO COMO AUTOR MEDIATO?

La autoría mediata se presenta en aquellos casos en los que el responsable es aquella persona que, a través de un ejecutor inmediato, comete un delito. Uno de los desarrollos de este tipo de imputación es la “autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder”, postulada por el penalista alemán Claus Roxín, que tiene como presupuesto central la existencia de una estructura jerárquica en la que el superior es responsable por las acciones delictivas se presenten.

Para que este tipo de responsabilidad se aplique, además de la existencia del aparato de poder, debe establecerse la existencia de varios elementos: a) poder de mando, b) desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico, c) fungibilidad del ejecutor inmediato y d) predisposición a la realización del hecho ilícito.

En el caso de Fujimori, lo que se logra establecer es lo siguiente:

3. En ese ámbito el encausado Fujimori Fujimori con su entorno asesor y de apoyo, utilizando los servicios secretos –de inteligencia– del Estado, que por su función se han caracterizado por el compartimentaje de sus órganos o unidades, por la subordinación jerárquica de su estructuras, y por el secreto y la paraclandestinidad de sus agentes y acciones, fue delineando, a la vez que definiendo, objetivos y estrategias especiales de enfrentamiento de la subversión terrorista, particularmente de los núcleos que habían comenzado a operar en las áreas urbanas del país, sobretodo en la Capital de la República y zonas aledañas.
4. En este dominio, el objetivo central de gobierno como la política definida, las estrategias generales, y las órdenes de ejecución fueron dispuestas o transmitidas por el acusado y retransmitidas por los demás estamentos del aparato de poder organizado de muy diversas formas, plenamente compatibles con los esquemas informales o paraformales que caracterizan a los códigos de comunicación y manuales de actuación propios del sistema de inteligencia, estratégica u operativa.
5. En tal contexto y praxis el hilo conductor subyacente fue la eliminación de presuntos terroristas y sus órganos o bases de apoyo. La estrategia específica acordada para ello fue la identificación, ubicación, intervención y eliminación física de los integrantes y simpatizantes de los grupos terroristas. En el nivel táctico, el patrón operativo para la aplicación de tal estrategia partía de recolectar información sobre los focos subversivos así como sus componentes, para, luego, eliminarlos con operaciones especiales de inteligencia a cargo de unidades especializadas del SIE. Las cuales serían adscritas y supervisadas por el SIN, con el apoyo logístico y coordinación de la Comandancia General del Ejército.
6. Los delitos de asesinato y lesiones graves ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta fueron acciones ejecutivas de tales objetivos, estrategia y patrón táctico de operaciones especiales de inteligencia contra la subversión terrorista, de notoria ilegalidad y clandestinidad que no son avalables por el ordenamiento jurídico nacional e internacional del cual se apartan plenamente o lo subordinan sistemáticamente.
7. Los delitos de secuestro contra los agraviados Gorriti y Dyer respondieron también a disposiciones dadas y/o avaladas directamente por el acusado para el control ilícito de la disidencia o crítica políticas a su régimen de facto, en una coyuntura de inestabilidad democrática donde se practicó por la fuerza el desconocimiento de garantías y derechos fundamentales.

4. ¿CUALES SON LAS PRUEBAS?

Como lo hemos señalado desde aquí a lo largo de todo el proceso, no hay una prueba directa en la que Fujimori ordene expresamente los hechos imputados. Se trata de trabajar a partir de indicios, pero que sean lo suficientemente sólidos y verificables para atribuir a Fujimori la autoría mediata por los cuatro casos. Estos son los indicios:

BARRIOS ALTOS: Necropsias que comprueban los asesinatos y lesiones graves, investigación de la DINCOTE sobre el caso, nota de inteligencia entregada por Máximo San Román que señala que Montesinos y Colina fueron los autores de los crímenes, sentencias dictadas a miembros del grupo Colina en el marco de procesos de conclusión anticipada o colaboración eficaz, artículos periodísticos que reportan desde el inicio que el caso fue imputado a escuadrón de la muerte, investigación hecha por la CVR, documentos desclasificados de Estados Unidos que señalan los obstáculos a la investigación, testimonios de sobrevivientes, testimonios de policías que llegaron primero a la zona de los hechos, declaraciones de miembros del Grupo Colina y de testigos referenciales que señalan que Montesinos transmitió la orden para la matanza así como las facilidades logísticas que les dio el Ejército, documentación sobre pagos a agentes de Colina, investigaciones de Ricardo Uceda y Edmundo Cruz, video de Martin Rivas con Umberto Jara.

LA CANTUTA: Pruebas balísticas, actas de levantamiento de restos y de reconocimiento de objetos personales, informe de resultados presentado por agente Marco Flores Alván, documentos periodísticos sobre protección de Fujimori a Hermoza y Montesinos y reacciones de Hermoza frente a investigaciones parlamentarias, documentos presentados por Rafael Merino Bartet que indican la operación de encubrimiento montada en el SIN, documentos desclasificados de Estados Unidos que dan cuenta del encubrimiento, investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sentencias dictadas a miembros del grupo Colina en el marco de procesos de conclusión anticipada o colaboración eficaz, testimonios de militares que permitieron incursion de destacamento Colina, testimonios de miembros de Colina, testimonio de Nicolás Hermoza que señala que Fujimori y Montesinos conocían de los hechos, sentencias de Justicia Militar.

GORRITI: Testimonio del propio agraviado, declaraciones de detenidos durante el 5 de abril, documentos entregados por Rafael Merino Bartet sobre detención e incautación de computadora de periodista, testimonios de militares que intervinieron en su detención, declaración de Hermoza Ríos señalando que firmó las órdenes de detención elaboradas en el SIN.

DYER: Testimonio del agraviado quien incluso señala que vio a Fujimori desde su celda en el SIE, testimonio del jefe de Contrainteligencia del SIN que reconoce la detención ilegal por orden de Montesinos y conocimiento de Fujimori, declaración de Ricardo Uceda que corrobora el conocimiento, documentos que prueban que Dyer no estuvo relacionado con el terrorismo, video de Fujimori imputándole falsamente vinculaciones con el narcotráfico y evasión tributaria,

5. ¿COMO QUEDO LA TESIS DE QUE EN LA CANTUTA EL PLAN ORIGINAL NO ERA MATAR A LOS DETENIDOS?

Esta tesis fue difundida por Ricardo Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito y señalada también por una de sus fuentes, el ex agente de Colina Jesús Sosa Saavedra. Se debatío en el juicio, pero fue descartada por las siguientes razones:

Empero, si se revisa la admisión del mayor EP Martin Rivas al periodista Umberto Jara, éste involucra en la operación al general EP Pérez Documet e indica que la muerte de los agraviados fue consecuencia inevitable de los hechos. Además, el teniente EP Portella Núñez precisó que si bien tuvo lugar esa llamada telefónica que atendió el mayor EP Martin Rivas, no pudo escuchar su contenido, y menos pudieron hacerlo quienes estaban en el vehículo, además en ningún momento, al regresar, el mayor EP Martin Rivas mencionó el contenido de la llamada ni hizo algún comentario. Vera Navarrete, asimismo, acota que no escuchó la conversación telefónica de Martín Rivas pero sí le ordenó detenerse para hacerlo.

Asimismo, el AIO Chuqui Aguirre expresó que no tuvo conocimiento de la orden para impedir la ejecución –Sosa Saavedra sólo le comentó que se había olvidado de las palas y de la cal y que tuvo un problema con Martin Rivas–. El AIO Atuncar Cama es más enfático, pues expresó que Sosa Saavedra le refirió que la operación en La Cantuta, donde irían, era para matar a los subversivos, y fue por eso incluso que bajaron de la “ferretería” los picos, las palas y la cal –sobre la presencia de cal, en el caso La Cantuta, tiene dudas Lecca Esquén–. Por lo demás, operativos con resultado muerte ya habían realizado antes, y cuando los convocaban para una misión tenían entendido que se mataría personas, a tal punto que por ello la norma era llevar picos, palas y cal: así declaran Alarcón Gonzáles y Sauñe Pomaya.

El Informe de Resultado, que copió el asistente administrativo del Destacamento Colina Flores Alván [la existencia de un Informe de Resultado es afirmada por los AIO como consecuencia de una operación y, en el caso concreto,es mencionado por Sosa Saavedra], de un lado, precisa que el papel de laDIFE sólo fue apoyar con el concurso de un Teniente –a quien denomina“Dante” y no “Medina”– y el acceso al campus universitario para permitir la operación especial de inteligencia; y, de otro lado, que luego de la capturase interrogó a los detenidos y se obtuvo determinada información. Destaca el mayor EP Martin Rivas un problema vinculado al reconocimiento por los intervenidos del Teniente “Dante” y de un agente, a quien denomina“Colina”, “…lo que ponía en riesgo la integridad física de nuestro personal”.Ese Informe, entonces, descarta parte de la versión extrajudicial de Martin Rivas, que por cierto no avaló ningún AIO, acerca de la extensión de la participación de la DIFE, y en ningún momento explica con amplitud y contundencia acerca de una circunstancia excepcional vinculada al incumplimiento de una orden, dato relevante que impide aceptar que éstafue sólo detener.

En consecuencia, si se tiene en cuenta la línea de crímenes seriales perpetrados por los integrantes del Destacamento Colina, los entrenamientos y preparativos propios de su lógica de intervención militar a objetivos de inteligencia, lo vasto del operativo en cuestión –importó la movilización de varias dependencias del Ejército–, las maniobras de encubrimiento ulteriores –que partieron de la más alta instancia del Ejército y,luego, como se verá en otro capítulo de esta sentencia, del SIN y del régimen en su conjunto–, la ausencia de represalias inmediatas al mayor EP Martin Rivas, la continuación de las operaciones del Destacamento, y lo sostenido por varios agentes que descartan una posibilidad en contrario, resulta evidente que la orden, desde un principio, fue matar a los agraviados de La Cantuta.

6. ¿POR QUE SE HA DICHO TAN CONCLUYENTEMENTE QUE LAS PERSONAS ASESINADAS EN BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA NO FUERON TERRORISTAS?

Quienes han cuestionado esta tesis – entre ellos, Aldo Mariátegui – han dicho que hay investigaciones periodísticas que prueban que, en el caso de los estudiantes de La Cantuta, tendrían vinculos con Sendero Luminoso.

En este extremo, la Sala considera que no hay evidencia suficiente que rompa la presunción de inocencia, por lo que no se tiene por demostrado que estas personas hayan pertenecido a Sendero Luminoso. En último caso, el hecho de la pertenencia o no de las víctimas a una organización subversiva no constituye un atenuante para los crímenes de Fujimori.

Si tienen más preguntas, pueden hacerlas en los comentarios.

El Comercio, el Petrogate y Hugo Guerra – Segunda parte

Cuidadoso lector, recordará usted que en un post anterior de este blog contamos la historia de lo que había ocurrido en el diario El Comercio en torno al Petrogate. A fin de afinar su memoria, le suministramos una ayuda al recuerdo:

1. La Unidad de Investigación de El Comercio, dirigida hasta hace unas semanas por Fernando Ampuero, venía trabajando el tema del Petrogate en semanas previas a la difusión de los petroaudios. En ello tenían el apoyo del entonces director del diario Alejandro Miró Quesada Cisneros.

2. Una vez que se produjo el relevo en El Comercio, el nuevo director, Francisco Miró Quesada paralizó la publicación de los audios. Los audios llegaron por otra mano a Fernando Rospigliosi, quien a su vez se los dio a América Televisión. Y otro lote llegó a Perú.21. Ambos medios, como recordamos, están dentro del grupo El Comercio.

3. Ante el peso de las evidencias presentadas en Cuarto Poder, El Comercio recién se animó a publicar lo investigado dos días después del escándalo. Quien firmó las notas fue el periodista Pablo O’Brien.

4. Se desata una sorda pugna entre, de un lado, Francisco Miro Quesada y el editor de Opinión de El Comercio Hugo Guerra, y, de otro lado, Augusto Álvarez Rodrich, director de Perú.21, en torno a si se debían difundir conversaciones grabadas ilícitamente.

5. En medio de la pugna, Fernando Ampuero es despedido de El Comercio y la Unidad de Investigación del diario comienza a ser investigada internamente para saber la fuente de los petroaudios. Lo único bueno resulta ser la designación del periodista Miguel Ramírez como nuevo director de la UI.

Pues bien, retomemos la historia en este punto. Hoy en Caretas salen dos artículos que revelan más entretelones de esta pelea, que, como veremos al final, importa mucho más que el mero “periodismo sobre periodistas” (como elegantemente lo ha bautizado Rosa María Palacios).

El primero, firmado por Fernando Ampuero, tiene un detalle más que interesante sobre el papel de uno de los personajes ya mencionados:

Imaginemos, por el contrario, al editor de un diario que debe afrontar casos de corrupción que involucran a funcionarios de gobierno. Imaginemos que ese editor, de quien sabemos que ha trabajado en los últimos años con ministros de Estado y hasta con el vicepresidente de la República del actual régimen, observa la paja y no la viga de un negociado. No dijo que no haya que mirar la paja, que es también condenable. Digo solamente que la viga maestra, la corrupción, debería captar mayor atención. Pero si en ese trance, invocando la decencia, el editor decide poner el énfasis en la paja y no en la viga, ¿qué pensará usted, suspicaz lector? Indudablemente concluirá que el editor de ese diario ha optado por ser un servil ayayero del gobierno de turno, por defender intereses ocultos y, lo peor de todo, por no cumplir con su deber de hacer buen periodismo.

A quien Ampuero alude pero no menciona es a Hugo Guerra, de quien, en nuestro post anterior sobre el tema, hemos señalado claramente que es el defensor de los intereses del Primer Vicepresidente de la República, tanto en temas de derechos humanos como de presupuesto del sector Defensa. Y de quien el ex jefe de investigación del decano no se equivoca: en efecto, el Estudio de Abogados del cual es socio Guerra ha sido contratado por la Comisión Organizadora de APEC, en tres ocasiones, para dar servicios legales (ver aquí, aquí y aquí). Recordemos que esta comisión es presidida por Giampietri y, además, está exenta en sus contrataciones de los controles de CONSUCODE, gracias a las Leyes de Presupuesto 2007 y 2008. Hecho que, como bien señala el escritor y periodista, despierta las alarmas del suspicaz lector.

El segundo hecho vinculado a Guerra es relatado en la columna de Gustavo Gorriti:

El lunes 3, Hugo Guerra, el recientemente retornado subdirector de facto de El Comercio, pidió a Pablo O’Brien, a través de intermediarios, la entrega de todos los petroaudios en su poder. O’Brien es el periodista que por más tiempo investigó el caso de corrupción que terminó en los petroaudios. Por razones que reseñaré aquí, O’ Brien nunca llegó a publicar su investigación.

Al recibir la petición, orden más bien, de Hugo Guerra, O’ Brien contestó que ya no tenía los audios, que los había devuelto a la o las fuentes que los entregaron.

El martes 4, O’Brien recibió la indicación de acercarse a la oficina de recursos humanos del periódico, para recoger su carta de despido. Con ello continuó la purga de la unidad de investigación, iniciada con el despido de su editor, Fernando Ampuero.

Es decir, Guerra le pide a O’Brien los audios, él no se los da porque ya no los tiene y lo botan del diario. Menudo pago a quien investigó el caso desde el inicio. De hecho, El Comercio no solo venía investigando el caso del petróleo, sino una pista más grande. Señala Gorriti:

La investigación de El Comercio – a cargo de Pablo O’ Brien – sobre la relación de grupos mexicanos (Banco Azteca y Cemex fundamentalmente) con algunos funcionarios de este gobierno, empezó desde septiembre u octubre de 2007. Esos casos llevaron a los de hospitales y el de los petroaudios. Periodistas de América TV y de Perú.21 tuvieron acceso a la información del caso varios días y posiblemente semanas antes de hacerlo público.

El golpe de estado en la dirección de El Comercio impidió que la investigación fuera publicada. Mientras tanto, AméricaTV y Perú21 corroboraban la información. Cuando lo lograron, la publicaron.

En otras palabras, y tal como lo hemos dicho desde hace algún tiempo, tenemos un mega caso de corrupción, con cuatro aristas claras:

1. El Petrogate en sí, con Rómulo León Alegría, Alberto Quimper, los noruegos y Fortunato Canaán de protagonistas.

2. El tema de hospitales, con Canaán, Rómulo, Garrido Lecca y la OEI de protagonistas.

3. Obras en provincias, donde aparecen, nuevamente, Canaán, León Alegría y la OEI. Hablamos, hasta ahora, de Ancash y Moquegua.

4. Los negocios mexicanos, con Rómulo León y Garrido Lecca de protagonistas. Pero como actores secundarios aparecen Jaime Carbajal y José Antonio Chang.

Salta a la vista una pregunta. ¿Por qué Hugo Guerra quiere los audios? No hay que olvidar que: 1. trabaja en la universidad del Ministro socio de Garrido Lecca y 2. su estudio de abogados ha sido contratado por el Vicepresidente de la República, a quien defiende columna tras columna. Y la otra interrogante:  ¿Qué intereses hay detrás de todo esto y de que no haya salido la investigación sobre los negocios mexicanos en El Comercio?

En medio de esta pugna, aparentemente de periodistas, aparece claro que aun queda mucho por investigar.

MAS SOBRE EL TEMA:

Utero de Marita: ¿De dónde salieron los audios?

Los Principios Rectores del Grupo Periodístico El Comercio

La OEI emite comunicado de descargos sobre su participación en el tema Hospitales

El Comercio, el Petrogate y Hugo Guerra

Hace un par de semanas Pepitas.com había dado un detalle bastante importante sobre el tema de la investigación de los Petroaudios:

Ahora bien. Lo cierto es que fue Fernando Rospigliosi quien finalmente difundió los audios, pero aquí también hay toda una historia que contar. Los famosos audios habrían pasado antes por varias manos: Inicialmente,  los audios habrían sido entregados -hace unos 10 días- al grupo El Comercio. Pero, según nuestras fuentes, los directivos -luego de analizar el contenido y la trascendencia de los mismo- decidieron no publicarlo porque temían aparecer como los desestabilizadores del régimen. “Temían comprometer el techo del régimen”.

En boca de otra fuente pude corroborar esta información. Y, de hecho, El Comercio, cuando sacó la segunda tanda de audios, señaló lo siguiente:

Nuevas conversaciones reveladoras, que El Comercio ha venido examinando en las últimas semanas, agravan la situación de Rómulo León y Alberto Quimper, involucrados en el supuesto negociado de la concesión de lotes petrolíferos a favor de la empresa Discover Petroleum, que por el momento ha costado la cabeza del titular de Energía y Minas, Juan Valdivia, y la del presidente del directorio de Petro-Perú, César Gutiérrez.

Ello implica que El Comercio recién dio a conocer la información que tenía una vez que Fernando Rospigliosi la hizo pública en Cuarto Poder. Hoy Gustavo Gorriti cuenta la historia completa (vía Útero de Marita):

El contencioso central fue el escándalo de los petroaudios. La unidad de investigación de El Comercio tuvo los audios desde, por lo menos, mediados de septiembre pasado. Pese a la insistencia de la Unidad de Investigación de El Comercio por publicarlos, el diario no lo hizo. Finalmente, como se sabe, los audios fueron difundidos por otros dos medios del grupo El Comercio: América TV y también por Peru21.

El grupo familiar que domina ahora El Comercio está en contra de que se haya utilizado audios obtenidos ilegalmente y se haya propalado información que, en su concepto, desestabilizó la gobernabilidad y provocó la caída de un gabinete.

De hecho, quienes hayan leído con cuidado los editoriales de El Comercio y Peru21 durante la última semana se habrán percatado de una polémica solapada entre ambos diarios respecto de los audios. Peru21 sostiene, mencionando los principios rectores del grupo editorial, que la revelación de la corrupción era lo más importante; mientras que El Comercio enfatiza el peligro del chuponeo.

La bronca, en realidad, tiene nombres y apellidos: Augusto Alvarez Rodrich, director de Perú.21, vs. Hugo Guerra, flamante editor de Opinión de El Comercio. Sobre Guerra, volvermos más adelante.

Lo cierto es que esto ha ocasionado investigaciones y bajas. De un lado, Caretas informa que la Unidad de Investigación de El Comercio es escudriñada por el director Francisco Miró Quesada, para saber si por allí se filtraron los audios (aunque todo indica que a cada medio llegaron paquetes distintos). Y la Unidad en cuestión ya sufrió una importante baja: Fernando Ampuero, jefe de la UI, dejó El Comercio.

Pues conocer esto deja en claro que:

1. La Unidad de Investigación dirigida por Ampuero venía trabajando el tema.

2. Francisco Miró Quesada paralizó la publicación de los audios.

3. Ante el peso de las evidencias presentadas por Fernando Rospigliosi, recién se animan a publicar lo investigado, principalmente, por Pablo O’Brien.

4. El nuevo director de El Comercio y su flamante editor de Opinión resultan ser más conservadores que “los Alejos” en tratamiento periodístico de la noticia. Siendo Álvarez Rodrich del mismo grupo editorial, pero en otro diario, supo tener mucho más claro cuáles eran las opciones que le permitían publicar, las cuales, a mi modo de ver, eran válidas.

Un comentario final, esta vez sobre Hugo Guerra. Resulta para mi bastante penoso el giro que ha dado a sus últimas columnas. Quizás el punto donde se fue más notorio su cambio fue en torno a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Luego de haber defendido el trabajo de la CVR durante varios años, Guerra dedicó recientemente un artículo escrito casi en los mismos términos escritos por el Almirante Giampietri. De hecho, defiende a este personaje de esta manera:

Entre tanto, tampoco es permisible que se reabran mañosamente casos ya esclarecidos como el del sofocamiento de la rebelión senderista en El Frontón para jaquear al presidente Alan García y al vicepresidente Luis Giampietri, siguiendo el plan desestabilizador de pedir su revocatoria y dar paso al caos político.

Pues la defensa de Giampietri – que, y eso Guerra lo sabe, no fue mencionado como responsable directo de lo del Frontón por la CVR – no es mera coincidencia. Hace unos meses, Guerra escribió un artículo defendiendo que se gaste tan igual que en Defensa como en Salud y Educación, algo que solo defienden los militares más arcaicos. En dicho artículo, hace esta alusión:

Luego, es imperativo recuperar poderío aéreo con alta tecnología; modernizar y multiplicar la artillería; repotenciar la fuerza de submarinos; garantizar el suministro de armamento, municiones y combustible y garantizar el despliegue preventivo para compensar la asimetría con los vecinos. El financiamiento de esto debe salir del canon propuesto por el vicepresidente Giampietri; aunque también debe evaluarse la posibilidad de desarrollar una industria militar propia captando capitales privados que se escapan de la crisis financiera.

Se trata de la controvertida medida de Giampietri para crear un canon a favor de las Fuerzas Armadas. Algo que, curiosidades de la vida, también fue rechazado por Augusto Álvarez Rodrich.

La cercanía de Giampietri y Guerra se ha hecho más evidente aún a raíz del puesto del periodista como Director de Cátedra Perú, una entidad de la Universidad San Martín de Porres, que viene apoyando las actividades de la Cumbre de APEC, cuya organización es presidida por el Almirante.

Lo que me hace preguntar: ¿Cuál será la posición de El Comercio frente a las bravatas del Almirante?