La bronca Keiko – Kenji: hechos y consecuencias

Familia Fujimori
Detrás de la foto familiar, una bronca real. (Foto: Keiko Fujimori)

Con la renuncia de Kenji Fujimori y su facción de nueve congresistas a Fuerza Popular, se abre una nueva fase en la disputa de liderazgo al interior del fujimorismo. 

Lejos de las teorías conspiranoicas, la bronca que enfrenta a Alberto y Kenji Fujimori con Keiko es real.  Aquí algunos hitos que explican que esta disputa tiene largo tiempo y no es – como dirían en “Amor, Amor, Amor” – un armani.

Keiko Kenji 1
“Fraternidad” al máximo. (Foto: El Comercio)

LOS HECHOS

  • Febrero 2011: La enfermera de Alberto Fujimori, Gina Pacheco, aparece en la lista parlamentaria de Fuerza 2011, gracias al padrinazgo de Alejandro Aguinaga, médico del entonces reo. A Keiko no le cuadró la presencia de la también empresaria y la sacó de la lista a la mala. El Jurado Nacional de Elecciones la repuso.
  • Mayo 2011: Alberto Fujimori discrepa con la estrategia tejida por Jaime Yoshiyama para la segunda vuelta electoral. El exministro apostó por la “desfujimorización” y evitó que la candidata presidencial fuera al sur del país. También le frenó un spot televisivo al patriarca del clan.
  • Julio 2011: Fujimori resiente sus relaciones con Ana Herz de Vega, asesora de Keiko, considerada como una suerte de “segunda madre” y mujer de confianza de la excandidata. Según la periodista Rosa María Palacios, el sentenciado por asesinato y secuestro consideró que Vega frenó un arreglo con Alan García para ser indultado al final de su mandato.
  • Septiembre 2012 – Mayo 2013: Primer intento de indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. La estrategia fue planteada originalmente por el entorno del exdictador, conformado entonces por Aguinaga, Carlos Raffo y el empresario Germán Kruger.  Si bien Kenji jugaba en pared con Raffo, la mala estrategia del publicista hizo que, al final, los hermanos decidieran prescindir de sus servicios.
  • Abril 2013: La revista Velaverde publica un informe de la periodista Laura Grados que relata, por primera vez, disputas internas entre Keiko y Kenji. El benjamín de la familia ya buscaba contactar a congresistas de provincia que se sentían desplazados y maltratados por la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, tanto su liderazgo como su entorno – encabezado entonces por la periodista Rosario Enciso – eran vistos dentro de la bancada como demasiado bisoños. Al mismo tiempo, Ana Vega no tenía aún los anticuerpos que generó después en parte del fujimorismo.
  • Noviembre 2015: Un reportaje de Marco Sifuentes para la revista Poder revela las disputas de Ana Vega y Pier Figari frente a una parte de FP. Se indica que Octavio Salazar, Leila Chihuán, Julio Rosas y Pedro Spadaro habían querido separarse de la bancada debido a la asesora, pero el intento se logró abortar (Rosas se terminó yendo por las declaraciones “pro choice” de Keiko sobre el aborto en la Universidad de Harvard). Kenji también expresó la “animadversión” que Vega tenía hacia ella y su padre.
  • Diciembre 2015: Con la anuencia de Keiko Fujimori, Vega y Figari encargaron focus groups para evaluar la presencia de los “históricos” del partido en la lista parlamentaria para las elecciones 2016. Allí se recomendó la salida de Alejandro Aguinaga, Luisa María Cuculiza y Martha Chávez. La única histórica que quedaba bien parada era Luz Salgado, quien al final ingresó a la lista. Tanto Kenji como Alberto Fujimori hablaron a favor de los cuatro. Al final, Keiko decidió hacerle caso a su entorno.
  • Abril 2016: En plena segunda vuelta electoral, la cuenta de Kenji Fujimori lanzó una serie de tuits. El más relevante es que él sería candidato presidencial en 2021 si su hermana perdía. Meses después, el parlamentario atribuyó a sus entonces asesores Gustavo Ruiz y Rosario Enciso estos mensajes. Hoy ambos personajes ya no están en su entorno cercano.
  • Junio 2016: Kenji no acude a votar en la segunda vuelta electoral. El indicó que se debió a “factores personales”, que luego ha explicado como la presión que sentía porque sus declaraciones podrían haber contribuido a la derrota de Fuerza Popular.
  • Julio 2016: Keiko cede a Alexei Toledo – hasta ese entonces, el hombre fuerte de prensa dentro de la Bankada – como asesor a Kenji. Sin embargo, el desplazamiento de poder al interior del fujimorismo hace que Toledo y Jorge Morelli queden como consejeros exclusivos de Kenji Fujimori.
  • Noviembre 2016: Rosa María Palacios revela que un grupo de parlamentarias fujimoristas de provincia se comienzan a acercar a Kenji, al verse desplazadas dentro de la bancada, así como asediadas por procesos en la Comisión de Ética del Congreso de la República. Allí se indicó que la rebelión de “las chicas del baño” se daría cuando “Kenji de la señal”.
  • 2017: Hacia afuera, Toledo y Morelli vieron una oportunidad. Keiko y su entorno se colocaban en posiciones cada vez más conservadoras. Entendieron que Fuerza Popular se estaba volviendo un grupo demasiado duro ante la opinión pública. Allí fue que se generó la imagen de un Kenji más liberal en cuestiones valóricas, autocrítico frente incluso a la Constitución de 1993 (con su posición a favor de la unicameralidad) y que aprovechaba cada oportunidad que tenía (caso Sodalicio, Niño Costero) para hacerse sentir. Las ilustraciones de Mario Orihuela buscaban conectarlo con un público en redes sociales cada vez más harto de su hermana y su intransigencia.
  • Diciembre 2017: Horas antes de Nochebuena, Pedro Pablo Kuczynski otorga un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Morelli indica que la decisión se tomó en agosto. Tanto Ojo Público como Palacios dieron cuenta de reuniones en la celda de Fujimori en Ate, como de allegados al Presidente de la República, que confirmarían la aceleración del trámite luego del pedido de vacancia presidencial por parte del Keikismo. Fuerza Popular indica no estar de acuerdo con la forma en cómo se otorgó el indulto.

Kenji Avengers
Por ahora, Kenji jugará como “alfil de la gobernabilidad” de PPK (Foto: La República)

EL PRESENTE Y LO QUE SE VIENE

La estrategia de Kenji Fujimori resulta clara. Quiere presentar un rostro más amable del fujimorismo, mostrándose como un “garante de la gobernabilidad”. De hecho, hoy presentó un acuerdo en esa línea, casi convirtiendo a su facción en una suerte de bancada satélite del gobierno. No les sorprenda ver a los “kenjistas” asistiendo a inauguraciones de obras junto al Presidente de la República y sus ministros, cuestión que tenían expresamente prohibida por Vega y Figari. Y también va a buscar captar más adherentes a su facción. Por lo pronto, Roberto Vieira, parlamentario no agrupado, sería el congresista 11 de “Fuerza Ganadora”, como se bautizaría a este grupo aún informal. A ello se suma que tiene un equipo más afiatado de asesores de los que contaba hace 5 años (Morelli, Toledo y su propio padre).

Pero este juego tiene límites claros. Si Kenji quiere ser candidato presidencial en 2021, deberá calcular el momento en el que deberá hacer un deslinde más claro con un gobierno que todos los analistas serios ven como débil (Apuesten cuanto tiempo dura “el pacto Barbadillo – Choquehuanca”). La posibilidad de sacar obras para las regiones, donde sus congresistas se tomen fotos con PPK, con un gobierno pasmado, es limitada. Es claro que no tiene por ahora un partido con el qué ofrecer candidaturas regionales y municipales afines (a menos que concrete un acuerdo con Alianza País, cuya membresía ha sido brindada a Julio Gagó, considerado un “albertista”). Y la posibilidad de jalar más parlamentarios descontentos con su hermana estará supeditada al (muy probable) éxito de la demanda que varios congresistas han hecho al TC sobre la conformación de las “bancadas mixtas”.

Keiko Fujimori ha ejecutado un plan discreto, pero más efectivo. Queda bien con los “albertistas” al criticar el informe de la Defensoría del Pueblo en contra del indulto a su padre, pero el comunicado inicial de Fuerza Popular sobre las discrepancias con “la forma” en que se otorgó este beneficio pueden blindarla frente a lo que se puede venir tanto en la Sala Penal Nacional como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, con la salida de los disidentes, ella afianza su liderazgo propio, lejos de la égida de un patriarca cuyo legado criminal no ha quedado borrado con el indulto. Y, además, da un claro mensaje a quienes se quieren salir. Además, al conservar el control de Fuerza Popular, tiene una mayor capacidad de maniobra para definir candidatos regionales y municipales cercanos a sus congresistas leales. Y, por supuesto, mantiene el principal activo: ser la locomotora para la reelección de sus seguidores. La encuesta de GFK presentada el último domingo valida dicha hipótesis.

Claro está, Keiko también ha tenido pérdidas con esta escisión. Va a tener que ceder algunas presidencias de comisiones ordinarias, de acuerdo a la proporcionalidad. Tendrá menos votos para continuar con las acusaciones constitucionales contra el Fiscal de la Nación y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Tampoco podrá, salvo que cuente con votos apristas, continuar aprobando leyes por insistencia luego que sean observadas por el Poder Ejecutivo. Aunque también podría, con ello, ir salvando su imagen de “oposición obstruccionista” de a pocos.

Sin embargo, el futuro de esta bronca promete definirse en pasillos judiciales. Cuatro hitos marcan, sin duda, el devenir del fujimorismo: las resoluciones sobre el indulto y la gracia presidencial a dictarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Penal Nacional, respectivamente; la investigación a Keiko Fujimori por sus presuntos vínculos con Odebrecht y otras empresas vinculadas al caso Lava Jato; la indagación a Joaquín Ramírez – el hombre más cercano a la lideresa fujimorista – sobre lavado de activos; y lo que halle el Ministerio Público sobre las empresas montadas por Kenji y Hiro Fujimori Higuchi.

Para ponerlo más claro, Keiko espera que su padre termine de nuevo en prisión o en Tokio y su hermano comprometido con Limasa, mientras que Kenji está a la expectativa de lo que pueda deparar la declaración de Barata y lo que provenga de la DEA.  A tal grado están las cosas que, de acuerdo con nuestras fuentes, en la sesión donde se discutió la vacancia presidencial, un congresista fue a pechar a Kenji diciéndole “si no votas a favor, tu hermana se puede ir presa”. Dicha frase no inmutó al menor de los Fujimori Higuchi.

Como puede verse, esta disputa no tiene – más allá de algunos tuits – ningún trasfondo ideológico o discrepancias sustanciales en lo político. Responde a dos estilos de liderazgo distintos en un movimiento donde lo único que asegura cierto futuro como cabeza del mismo es tener un DNI con el apellido Fujimori.  Lo peor es que, con la debilidad del gobierno, buena parte del destino político del Perú continua signado a un pleito de familia.

“Todo el tema del indulto ha reconfigurado totalmente el escenario político”

José Alejandro Godoy Ideele

Estuve nuevamente en Ideele Radio para conversar con Glatzer Tuesta y Ernesto de la Jara sobre la coyuntura política posterior al indulto a Alberto Fujimori y el contexto en el que el Papa Francisco llega al país. Sin duda, el mapa político peruano se ha reconfigurado a partir de la pasada Navidad.

Pueden ver la entrevista a continuación:

 

La Mala Educación

Heduardo Keiko
(El fujimorismo al desnudo en la caricatura de Heduardo de hoy. Imagen: El Comercio)

A pesar que varios valiosos técnicos trabajaron en el Ministerio de Educación durante el fujimorato, no me queda duda alguna que muchas de las peores decisiones políticas que han afectado al sector durante las últimas décadas se tomaron en la década de 1990: la carencia de políticas deportivas, la ausencia de la educación física en los colegios, la desregulación de las universidades como norma y la pauperización en general de la calidad educativa. Todo ello, paradójicamente, en el periodo liderado por un exrector de una universidad pública que, con todas las dificultades, mantiene su calidad.

Lo mismo podríamos decir de los dos gobiernos apristas. La gestión de Mercedes Cabanillas pasará a la historia como una de las peores del ministerio ubicado hoy en San Borja. Y el legado de la administración Chang se puede resumir de la siguiente manera: resultados pésimos en las pruebas PISA, la creación de casi medio centenar de universidades cascarón y, por supuesto, un maltrato a los maestros tal que incluso Alan García tuvo que disculparse por llamarlos “comechados”.

En uno de los pocos gestos acertados de su mediocre administración, Ollanta Humala decidió darle prioridad a la educación peruana. Durante las gestiones de Patricia Salas y, sobre todo, la de Jaime Saavedra, se ha tenido un norte claro donde el acento está puesto en la calidad, la necesidad de regular sectores que habían sido desatendidos por décadas (universidades e institutos) y, sobre todo, se ha devuelto la esperanza al país que, con un trabajo de calidad, se puede tener una mejor educación en todos los niveles.

El miércoles pasado, el ministro Saavedra fue sometido a un pliego interpelatorio propuesto por fujimoristas y apristas del cual, hay que decirlo, respondió acertadamente la mayoría de preguntas. Para mayores señas, aquí la reseña de Jaime de Althaus, alguien a quien no se podría acusar de ser antifujimorista:

La acusación más grave, la de la compra de las computadoras, es algo que escapa a la capacidad de control del ministro y en lo que ni siquiera hubo perjuicio al Estado: de 19 proveedores de la lista de la OSCE se escogió al que ofrecía el menor precio. El asunto es que el proveedor luego depositó parte del dinero percibido en cuentas de personas vinculadas a la funcionaria Vilca, pero ese proveedor estaba autorizado por la OSCE. Y los pedidos de dinero a alcaldes a cambio de transferencias que “destapó” el congresista Becerril ya habían sido denunciados por el propio ministerio y al parecer eran falsos: alguien usaba el nombre del funcionario para pedir plata. Un papelón.

Lo que vino después solo puede ser calificado de una manera: vergonzoso. Intervenciones que aludían a un psicosocial de las pruebas PISA – en la OCDE se deben estar riendo del congresista Bienvenido Ramírez -, acusaciones de corrupción que pretendían ser novedosas pero que ya habían sido puestas por el propio Ministerio en conocimiento de las autoridades y el posterior anuncio de una moción de censura que parecía decidida antes de siquiera escuchar al ministro.

Hoy el diario Correo confirmó que lo que le interesa a la bancada de Fuerza Popular no es “la lucha contra la corrupción” o “los niños del Perú”. Los términos de la conversación por Telegram revelada hoy son lamentables. No hay una preocupación genuina por la educación peruana. Lo que denota claramente es que estamos ante un grupo que lo que busca es simplemente sacar al ministro de Educación porque le da la gana. “Somos el Congreso, tenemos mayoría y nos imponemos”. Es prácticamente el mismo modus operandi de la década de 1990. Y con modales igual de achorados. Si alguien tenía la remota esperanza de una renovación del fujimorismo, los sucesos de los últimos meses deberían haberlo desalentado.

Amen de la broncaza que ocasionará en la bancada fujimorista saber que hay un grupo de privilegiados que tiene contacto directo con la lideresa de Fuerza Popular, es claro que la bancada naranja defiende a un conjunto de universidades que deberían ser cerradas por su baja calidad, que no tiene a la educación como una de sus prioridades y, para ser directos, que lo único que le importa es el poder por el poder. No el beneficio del país. Tal cual fue en el gobierno del delincuente Alberto Fujimori Fujimori. A su hija le importa poco la formación de los peruanos. Solo tratar de dejar en ridículo a quien le ganó las elecciones.

Por ello, resulta indispensable defender los avances emprendidos en Educación. Sí, es cierto que se deben atender las brechas. Sí, también lo es que no solo la tecnocracia es la que debería primar en la visión del MINEDU (y del gobierno en general). Si, no se debe personalizar la reforma en un solo hombre – honesto y claramente con una visión -. Pero también resulta evidente que el fujimorismo no parará hasta petardear al gobierno hasta dejarlo maniatado, a fin de venderse como “única salvación para el país”. Peor aún, gobernarán como han manejado el Congreso hasta el día de hoy, es decir, como en una década infame para el Perú.

Es tiempo de defender la educación peruana. Desde el gobierno y el Congreso. En las aulas y en las calles.

Es momento de hacerle el pare a la prepotencia.

Es hora de ponerse el alma.

Vladivideos

Video Kouri Montesinos

Hace 16 años, en una tarde de septiembre, el país pudo ver lo que muchos sospechábamos.

En poco más de 50 minutos de grabación, apreciamos cómo Vladimiro Montesinos pudo comprar la conciencia de Alberto Kouri para pasar a las filas fujimoristas. Con escenas de regateo incluidas, se trató del soborno más célebre de la historia peruana.

Aquella noche fue frenética. La sesión del Congreso se suspendía mientras la oposición cantaba el Himno Nacional. Kouri apareció en el noticiero del canal de uno de los interlocutores de aquella reunión en el SIN con un notorio audífono dictándole las respuestas, que incluyeron una célebre excusa – “era dinero para comprar un camión que repartiría pescado”, mientras que, por vía telefónica, Martha Chávez pedía un peritaje a la escandalosa cinta.

El excongresista, quien cumpliría una pena de seis años de prisión por cohecho y enriquecimiento ilícito, fue solo el primero de una larga lista de personas a quienes veríamos en cintas filmadas por el equipo de Montesinos.

Militares celebrando con Montesinos que Fujimori había ganado la elección del 2000, casi en una misa negra castrense. La Fiscal de la Nación en un ágape, con organista incluido, por el cumpleaños de la hija menor del asesor presidencial. Parte de la bancada fujimorista coordinando con el asesor presidencial estrategias políticas. Varios oficiales de los institutos armados firmando el acta de sujeción a un régimen liderado por ladrones y violadores de derechos humanos. El líder de uno de los grupos empresariales más importantes del país coordinando entrevistas para apoyar la re-reelección. El dueño de una trasnacional chilena buscando una “guerra corta y sangrienta” para que su fábrica se quede en los Pantanos de Villa. El hombre que forjó la televisión peruana negociando favores judiciales a cambio de la cabeza de un periodista incómodo al régimen.

Y, por supuesto, más sobornos. Agustín Mantilla, Ernesto Gamarra, Ernesto Schutz, José Enrique y José Francisco Crousillat. Los dueños de Cable Canal de Noticias. Julio Vera Abad. Cerros de dinero – del erario público nacional – destinados a solventar la segunda reelección de Fujimori, las campañas inmundas contra la oposición, justificar aberraciones como la Ley de Amnistía y un status quo que pretendía preservar a un régimen delictivo a cambio de cuestiones como “la paz” o “el modelo”.

Como indica Antonio Zapata, el registro que ha llegado a nosotros es parcial. No solo porque Alberto Fujimori hizo una previa selección gracias a un falso fiscal. Sino porque Montesinos sabía que era filmado y, por tanto, calcula bien su discurso, a diferencia de sus interlocutores. Tal como menciona el historiador, estamos ante un registro que, a la vez, era casi una suerte de recibo y chantaje respecto de lo conversado y entregado como favor o cohecho.

Sin embargo, ello no hace que los Vladivideos pierdan su valor documental. Son un registro fidedigno de una época – entre 1998 y 2000 – en la que el contubernio, el trato debajo de la mesa y, en algunos casos, el delito puro y duro, se dieron la mano. Un material que no debe quedar en el olvido.

Puedes ver 160 Vladivideos gracias al LUM.

La tenaza fujimorista

Si todos pensábamos que el fujimorismo solo iba a limitarse a copar el Congreso con todos los asesores que pudiera, estamos equivocados. Esta semana, dos noticias que se generaron en la Plaza Bolívar dan cuenta que Fuerza Popular busca copar ciertas instancias de fiscalización, con resultados que no precisamente ayudarían a la transparencia en el país.

(Excongresista Juan José Díaz Dios ampayado en el séquito del Contralor Edgar Alarcón. Foto: Gerardo Caballero)

DIAZ DIOS COORDINADOR PARLAMENTARIO DE LA CONTRALORIA

Ayer el contralor Edgar Alarcón se presentó en la comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Pero la noticia no fue él, sino uno de sus acompañantes.

Dos fuentes distintas nos indicaron la mañana de ayer que el señor Juan José Díaz Dios había llegado acompañando a la cabeza de la Contraloría General de la República, como flamante director de Coordinación Parlamentaria de dicha entidad. El hecho fue notorio para los periodistas que cubren el Congreso de la República. Alarcón lo ratificó a su salida del Congreso.

Como indica la periodista Laura Grados:

El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, elegido en ese cargo por el Congreso pasado, nombró al excongresista fujimorista como coordinador de la Contraloría para el Legislativo. Se trata de un puesto político que consiste en coordinar acciones entre ambas instituciones y además da seguimiento a proyectos de ley relacionados a la institución que ahora representa. En síntesis, Díaz Dios es el lobista oficial de la Contraloría en el Parlamento (con la acepción legal de la palabra).

Existe varios problemas. Si bien Díaz Dios es alguien que conoce el Congreso por su propia experiencia parlamentaria, no reune un requisito fundamental para la Contraloría: imparcialidad política. De hecho, el periodista Enrique Patriau indicó ayer que el excongresista iba a ser asesor de la bancada fujimorista.  Así lucía su portada en Twitter hasta hace unas horas:

Diaz Dios le dijo a Patriau la tarde de ayer que no existía conflicto de interés porque el fujimorismo no es gobierno y no maneja dinero público. El problema es que el excongresista no solo va a llevar cosas de ida desde la Contraloría, sino también de vuelta desde el Congreso. Dado que él está identificado con una fuerza política, que además es la mayoría parlamentaria y tiene interés para usar las facultades de fiscalización de la Contraloría para ejercer su rol opositor, el conflicto sí es evidente.

El contralor Alarcón solo se ha limitado a decir que Diaz Dios “cumple con el perfil técnico y no tiene sentencias”. Esto último en alusión clara a otro de los baldones del exparlamentario: una acusación de su esposa por violencia de género, la cual le costó no ser incluido en la lista parlamentaria fujimorista de 2016.

La jugada no solo dice mucho del fujimorismo, sino también del contralor, a quien le ha llovido juego graneado desde el gobierno, abogados especialistas en inversión privada y expertos en Derecho respecto de sus declaraciones sobre determinados grandes proyectos de infraestructura y compras estatales. Todo indica que pretende blindarse frente a estos cuestionamientos. Curiosamente, con el grupo que más lo cuestionó cuando fue nombrado con los votos del humalismo.

(Congresista Alcorta en Big Brother mode on. Foto: Ojo)

ALCORTA CONTRA LAS ONGS

Así se reseñó parte de la sesión del lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso:

La formación de grupos de trabajo que aborden diversos temas de actualidad nacional e internacional como la crisis en Venezuela y el funcionamiento y recibo de considerables cantidades de dinero por las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el exterior, entre otros, se planteó hoy lunes 22 en sesión realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores. (…)

A su vez, Lourdes Alcorta Suero (FP) se refirió al funcionamiento de las ONG, de las cuales dijo que suelen recibir apoyo económico del exterior -señaló que habían recibido hasta mil 100 millones de dólares- sin que nadie conozca el destino que se dio a esos dineros. Precisó que esto también debería de ser informado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En realidad, el tema suena aún menos suave que estas palabras.

De acuerdo a la transcripción de la sesión del referido grupo de trabajo, a la que DTP tuvo acceso ayer, Alcorta comenzó atacando a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por un conflicto sobre pueblos indígenas vinculado al Lote 88 y, posteriormente, dio cuenta de un hecho que sí es cierto y fue denunciado por el portal Ojo Público hace algunas semanas: irregularidades en el manejo de fondos en AIDESEP durante la gestión de Alberto Pizango. El líder indígena ha negado estas acusaciones.

El también congresista fujimorista Miguel Castro Grandez se mandó con lo siguiente:

“Particularmente creo que es importante hacer una evaluación sobre el control de los ingresos. A mi particularmente me gustaría ser parte de una mesa de trabajo sobre este tema de las ONG, que creo que necesitan ser analizadas exhaustivamente. Han tenido mucha diferencia tanto en tema político como en temas de conflicto social”

Mercedes Araoz, segunda vicepresidenta de la República, indicó que estaba a favor de observar el tema, pero con algunas atingencias: “no es que queramos intervenir en el actuar de las ONG, creo que eso al contrario, muchas ONG participan en la actividad que tenemos hoy en día en complementando las actividades públicas y privadas, con muy buena intención”.

Luego, el controvertido congresista y pastor evangélico Julio Rosas se mandó con todo a favor de la posición de Alcorta e incluso fue más allá:

Sin embargo, nosotros como comisión podemos pedir la presencia del director de APCI, porque hay que tener claro de que las ONG, no solo en el Perú, sino en América Latina, en otros países reciben ingentes cantidades de dinero de Europa, Estados Unidos, que nadie tome más, y no solo las ONG para cumplir agendas internacionales, muchas veces ajenas a los intereses legítimos de un país, sino también organismos del Estado, como ministerios, cada oficina, o cada organismo también tiene una oficina de cooperación técnica internacional

Quién comenzó a advertir que la cosa se podría salir de cauce fue la parlamentaria del Frente Amplio María Elena Foronda:

“Entonces, si es una actitud más de fiscalización política a las ONG, yo no estaría de acuerdo.

Si es una tema de querer saber qué es lo que se está haciendo con el dinero de la cooperación internacional, solicitaría que se amplíe ese espectro. Insistiría en ese tema, que no es lo mismo ponerle el ojo a las ONG, que sí están haciendo trabajo en defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos ambientales y cuya intencionalidad puede ser otra.”

En la misma línea, fue el congresista oficialista Alberto de Belaúnde, recordando el antecedente directo de anterior ingerencia estatal frente a las ONG, más allá de los debidos controles que la APCI debe ejercer:

“suscribo también la preocupación manifestada por mi colega, la congresista María Elena Foronda, respecto a un posible interés político en cuanto al tema de las ONG.

Lo menciono para que tengamos cuidado en nuestra actuación, no digo que exista en la actualidad, pero es siempre un posible peligro, porque recordemos que lo mismo sucedió en el Congreso del 2006 y esto terminó con una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional buena parte de la ley dada en el Congreso, justamente por invadir fueros privados desde el espacio político“.

La formación del grupo de trabajo sobre las ONG se debatirá en la próxima sesión. Pero hay dos cuestiones que la congresista Alcorta debería aclarar.

Es público y notorio que el fujimorismo tiene una animadversión contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a quienes acusan de ser las que motivan la “persecución política” contra Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos. La señora Alcorta comparte una línea dura en esa materia. Eso es un claro conflicto de interés.

Y a ello le podríamos sumar las declaraciones dadas por la parlamentaria no solo sobre las ONGs vinculadas a derechos humanos, sino también a las que vincula con la “promoción del aborto”. Digamos, si ese grupo se llega a formar – cuestión que, en realidad, podría solucionarse con una sesión informativa del jefe de la APCI -, dados los antecedentes, Alcorta deberia abstenerse de presidirlo.

Y precisamente esta es una repetición de lo ocurrido en el Congreso pasado, donde Alcorta jugó en pared con el congresista Julio Rosas. Como documentó Laura Grados en un reportaje publicado por Utero.pe y La República, el Congreso de la República comenzó a presionar a la APCI para que fiscalice a las ONG feministas y las dedicadas a temas reproductivos:

El 24 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó a la APCI S/. 2.5 millones para la fiscalización de las ONG. Así aparece en una publicación en El Peruano, en donde se autoriza este monto. Según pudo saber Útero.Pe, APCI ha contratado alrededor de 150 funcionarios para esta función fiscalizadora.
Si bien el dinero fue transferido antes de que sesione la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, fue durante la primera reunión de este grupo de trabajo, en la que participó el legislador Julio Rosas como accesitario, en donde se decidió fiscalizar, principalmente, a las ONG enfocadas en aspectos relacionados con los derechos reproductivos de la mujer. Una semana antes, en una sesión de coordinación de temas en la comisión, la congresista Lourdes Alcorta ya había propuesto la fiscalización.
En la primera sesión oficial de la Comisión de RREE, del 18 de agosto pasado, se citó a la directora de APCI, Rosa Lucila Herrera. Hacia ella dirigió Rosas la ametralladora de preguntas sobre el financiamiento y específicamente detalles del trabajo que realizaban las ONG como Promsex o Católicas por el Derecho a Decidir.
Ese día, Herrera precisó que el trabajo de su despacho solo consiste en fiscalizar los proyectos de cooperación de las ONG, mas no a la institución en sí misma. “El Congreso estaba presionando después de que saliera lo que publicó un medio nacional, sobre una estadounidense que traficaba con tejidos de fetos. Por eso es que inmediatamente se mandó notificación a Promsex y a Inppares”, nos confió un funcionario de la APCI que prefiere no identificarse.
Consultamos con la directora de APCI al respecto y declaró que, efectivamente, después del mandato del Congreso, se ha priorizado la fiscalización de las ONG dedicadas a temas de derechos reproductivos. Promsex e Inppares, principalmente. De hecho, este lunes ha sido citada ante la Comisión de RREE para entregar información actualizada del trabajo.

Mucho ojo, entonces, con las amenazas que se pueden venir desde el Congreso contra la sociedad civil. Advertidos estamos.

La piñata humalista

(Foto: El Comercio)

Llamó la atención que, durante el debate sobre la política general de gobierno presentada por Fernando Zavala, el fujimorismo insistiera tanto respecto de un deslinde respecto de la administración de Ollanta Humala. Las explicaciones, a ciencia cierta, son varias.

En primer lugar, existe una clara costumbre nacional: hacer puré al gobierno pasado respecto de la situación encontrada. En varios casos con razón, en otros a niveles casi de justificación. Hasta el viernes, PPK había huido de dicha tradición nacional. Sus ministros lo hicieron en algunos campos, pero no en otros. Quizás porque lo que se había encontrado era un gobierno mediocre en varios sectores, pero también con cosas buenas en algunos de ellos. De allí la continuidad de un ministro (Educación) y algunos viceministros y directores, al mismo tiempo que se denunciaban los horrores en Salud y Relaciones Exteriores.

En segundo lugar, la sangre en el ojo que tiene el fujimorismo con Humala. Es claro que, para Fuerza Popular, Humala los paseó con las peticiones de indulto humanitario (una negada, la otra prácticamente frustrada) y que, de cuando en cuando, recordaba los niveles de corrupción nauseabundos en los que cayó el país durante la década de 1990.

Una tercera hipótesis la desliza Mirko Lauer en su columna de hoy:

Una es la percepción de que el antihumalismo podría ser la plataforma ideal para un acercamiento FP-PPK. Otra explicación es que la satanización del humalismo tendría como efecto una legitimación del pasado fujimorista, y de rebote de su actuación presente.

El problema para el fujimorismo es que la gente del gobierno no planea pisar ese palito. Así lo expresó el congresista oficialista Gino Costa hoy en “No Hay Derecho”:

Yo no creo que haya punto de comparación,  para decir que el gobierno de Ollanta Humala fue el peor, pero tendremos la oportunidad desde el Congreso y desde la justicia de hacer las cuentas, sobre los hechos de corrupción en el régimen pasado. Eso está pendiente de determinarse. Desde mi punto de vista, no hay punto de comparación con el régimen de Alberto Fujimori

Eso, por supuesto, no quita que el gobierno pasado deba ser investigado (y en forma exhaustiva). Pero quizás se apunta demasiado a Nadine Heredia en términos simbólicos y se va menos al caso que sí podría llegar al expresidente: Lava Jato. Probablemente, porque el mismo involucra a otros gobiernos.  Y si les sumamos el hecho que Ollanta Humala se peleó con todo el mundo, poca defensa le quedará, menos aún de periódicos que no le tenían ninguna estima (recuerden que el expresidente habló de “concentración de medios”).

Finalmente, una cuarta tiene que ver con las limitaciones del fujimorismo como oposición. A la poca reflexión sobre las causas de su derrota hace unos meses – donde sus blancos favoritos son Humala y el Grupo El Comercio -, se suma la imposibilidad de salir del esquema de guerra en el que el líder nacionalista los sumió. Y, como reseñó Eduardo Dargent el sábado, se adicionan tanto los CVs de los parlamentarios fujimoristas (un festival para cualquier periodista acuicioso) como la poca capacidad de colocar temas en agenda. De allí que pelearse con un enemigo de paja termine revelando, antes que la corrupción humalista (a investigar a fondo), las limitaciones de su grupo acusador.

¿Nuevo Fujimorismo?

A enero de 2016, Fuerza Popular tenía apenas 4169 militantes inscritos a nivel nacional. De hecho, la mayor parte de sus congresistas electos no pertenece formalmente a la agrupación liderada por Keiko Fujimori. ¿Cuál es la razón de su éxito? Aquí algunas respuestas.

El fujimorismo obtuvo 73 parlamentarios en la reciente elección general, lo que le permite obtener, en principio, la mayoría en las votaciones en el Congreso de la República. De acuerdo a las cifras publicadas por la Asociación Civil Transparencia, apenas 11 congresistas se encuentran inscritos en Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori.

Ello se condice con la cifra mencionada al inicio de este artículo. Con poco más de cuatro mil militantes, la agrupación obtuvo la mayor parte de congresistas y parlamentarios andinos, así como serias posibilidades de acceder a la Presidencia de la República. Además de las reglas electorales – que premian a la agrupación que obtuvo la primera votación en cada circunscripción -, ¿qué factores le han permitido al fujimorismo este éxito?

Un primer factor a analizar tiene que ver con la forma de organización del fujimorismo. Como ya ha comentado la politóloga Adriana Urrutia, no se puede hablar de una militancia orgánica. Ella señala que “Tienes un planeta central, que es el Comité Ejecutivo Nacional, y alrededor gravitan un conjunto de organizaciones que se distinguen por dos cosas. Tienes organizaciones de jóvenes, de mujeres. Y hay un segundo tipo de organización que son las organizaciones más territoriales, que operan a nivel regional y local”.

En las primeras encontraríamos a Factor K, la agrupación de jóvenes que ha venido organizando concursos de hip hop y bicicleteadas como forma de acercamiento a este sector de electores. Entre las segundas, están los comités en cada distrito o provincia que, según comenta el politólogo Paolo Sosa en el libro Anticandidatos, se asocian con los ciudadanos a través de la proporción de diversos servicios que van desde la oferta de menús hasta la transmisión de partidos de fútbol.

Una segunda cuestión se vincula con el reclutamiento de figuras conocidas tanto a nivel nacional como local para integrar la lista parlamentaria. En el primer caso contemplamos a aquellas personas que postulan en Lima, como los reelectos congresistas Lourdes Alcorta y Luis Galarreta – provenientes de las canteras del Partido Popular Cristiano -, la campeona mundial de motonáutica Paloma Noceda o el cantante lirico Francesco Petrozzi.

El segundo caso merecería más estudio. Fuerza Popular incorporó como candidatos en provincias a personas que han ejercido cargos de elección popular anteriormente, como a quienes no obtuvieron los resultados esperados en las elecciones regionales y municipales de 2014. Entre los primeros se encuentran el exvicepresidente regional del Callao Víctor Albrecht, el exalcalde provincial Juan Carlos del Águila o el exalcalde distrital Miki Dipas. Entre los segundos, el nombre más notorio es el de Osías Ramírez, parlamentario electo por Cajamarca y que reemplazará a su hermano, Joaquín, actual secretario general de Fuerza Popular e investigado por lavado de activos.

Esta experiencia de reclutamiento de candidatos resulta bastante parecida a la que tuvo, en su momento, Vamos Vecino, el intento más orgánico que tuvo el fujimorismo para forjar un partido en la década de 1990, con miras a las elecciones municipales de 1998. Figuras independientes o que habían renegado de sus anteriores partidos engrosaron las filas de candidatos del partido que tenía como símbolo a un tractor. Pero existe una diferencia sustancial: el espacio subnacional durante los años del postfujimorismo cobró crucial importancia, lo que lo vuelve más importante para el trabajo nacional.

De hecho, Keiko Fujimori hizo buena parte de su tarea en provincias. Constitución de comités distritales y provinciales, observación de líderes regionales para sus listas, incorporación de clanes familiares – los Elías en Ica, los Ramírez en Ica – y figuras ya conocidas en sus regiones – como Patricia Donayre en Loreto – han sido parte de su trabajo fuera de Lima. Y ello explica también el éxito obtenido.

Sin embargo, quedan aún serias interrogantes respecto del vínculo con los ciudadanos. ¿Qué mueve al votante fujimorista: recuerdo paterno, empatía con Keiko, clientelismo o representación de necesidades puntuales en cada región? Preguntas que ameritan estudios más prolongados y un análisis más fino, sobre todo, luego de la segunda vuelta electoral.

(Artículo publicado en la Revista Ideele N° 260. Resulta pertinente a la luz de los primeros pasos de la bancada fujimorista en el Congreso de la República)

¿Cómo explicar la conducta del fujimorismo?

“Poner a Becerrril y a Alcorta en un grupo de dialogo es como poner a Melcochita de animador en un velorio. Muy divertido, pero no corresponde”

Esta frase de Rosa María Palacios resume muy bien el ánimo actual existente en el fujimorismo.

Hasta la semana pasada, en ciertos sectores de nuestra derecha, existía el ánimo de sugerirle a Pedro Pablo Kuczynski que era conveniente la idea de tener una suerte de acuerdo con el fujimorismo. En los sectores más liberales, para emprender las “reformas de segunda generación” que el país necesita. Curiosa e ilusamente, le pedían juntarse a un movimiento populista de derecha para hacer reformas liberales. En los sectores más conservadores, su móvil es básico: atajar la posibilidad de un gobierno de izquierda o que personalidades de centro tuvieran un espacio en la nueva administración.

Salvo algunas excepciones que parecen haberse quedado en el 4 de junio de 2016, esa posibilidad parece estar liquidada. De hecho, PPK ha optado por la prudente distancia, conformar su equipo ministerial sin hacer guiños al fujimorismo y ha descartado la nueva arma de chantaje: pronunciarse sobre un posible indulto a Alberto Fujimori, un clásico contemporáneo de Fiestas Patrias.

En la misma línea, hasta hace días, se aplaudía casi unánimemente la selección de Luz Salgado como candidata fujimorista a la presidencia del Congreso de la República. Cierto es que ella le puso, sin mayores problemas, la banda presidencial a Valentín Paniagua, cuando el autócrata vacado por incapacidad moral se instaló en Tokio. Y que tuvo ciertos reconocimientos autocríticos sobre algunos aspectos del gobierno fujimorista (sobre todo, Montesinos y el intento de la segunda inconstitucional reelección del 2000).

Pero cualquier intento de vender a Salgado – una congresista de la vieja guardia – como un puente conciliador se fue por la borda el domingo. Una entrevista de Gerardo Caballero en El Comercio la mostró sin reacciones frente a las interrogantes sobre su asistencia a la tristemente célebre salita del SIN a tratar temas políticos con Vladimiro Montesinos. Y, sobre todo, soltó una frase infeliz sobre sus adversarios políticos:

Si fuéramos coherentes, tendríamos que recordar también la dictadura de Velasco Alvarado, la de Odría. Pero lo que hay contra el fujimorismo obedece a gente que fue metida a la cárcel, gente mezclada con Sendero y MRTA. Son gente a la que no le gustó que le rompiéramos un proyecto político.

Aunque Salgado, horas más tarde, buscó rectificar sus declaraciones, incendió la pradera por dos motivos. De un lado, porque motivó que el congresista Héctor Becerril, conocido por sus declaraciones destempladas, recurriera a cualquier recurso – incluso los vedados – para presentar a Verónika Mendoza como simpatizante de Sendero Luminoso, lo que podría costarle una querella de la parlamentaria saliente.

De otro lado, porque hasta personas más moderadas en sus posturas políticas han terminado dándole la espalda. El subdirector de El Comercio, Enrique Pasquel, quien en la segunda vuelta señalaba que PPK no debía confrontar con Fuerza Popular, lanzó una fuerte columna el domingo último, comentando las declaraciones de la probable presidenta del Congreso. Aquí lo más saltante:

Cuando Gerardo Caballero le pregunta sobre este tema, la candidata a la presidencia del Congreso explica de esta forma el fenómeno: “Lo que hay contra el fujimorismo obedece a gente que fue metida a la cárcel, gente mezclada con Sendero y MRTA. Son gente a la que no le gustó que le rompiéramos un proyecto político”. En otras palabras, para la congresista, hay que calificar como ‘proterrucos’ para oponerse a su partido. ¿No es esta una clara forma en la que el fujimorismo de hoy echa leña al fuego antifujimorista?

El hecho de que el partido naranja parezca incapaz de entender y reconocer las heridas que su gobierno causó a la sociedad peruana y la racional indignación que las mismas generan en distintos grupos, precisamente, refuerza el poderoso sentimiento en cuestión. Así las cosas, ¿cómo los ciudadanos pueden pasar la página y acercarse con confianza al fujimorismo? ¿Es acaso sensato confiar en quien es incapaz de reconocer completamente sus pecados?

Es claro que el fujimorismo perdería bastante confrontando todo el tiempo. Es decir, convirtiéndose en una oposición como la ejercida por el APRA y la Unión Nacional Odrísta durante la década de 1960. Sin embargo, sus voceros han preferido el lenguaje flamígero durante estos días, como hemos visto. ¿Por qué?

Una primera posible razón sea que Fuerza Popular aún no ha podido procesar del todo la derrota electoral. Sus modales para reconocer la victoria de Kuczynski no han sido precisamente moderados y, sin duda, los ataques al antifujimorismo denotan, antes que un adecuado procesamiento de la derrota, cólera y rabia. Y, por supuesto, aquello de lo que acusan a sus detractores: odio.

Una segunda razón, más plausible, se vincula con la posición opositora del Fujimorismo. Y allí Fuerza Popular ha advertido que tiene un rival claro en ese intento de ubicación. Al Frente Amplio le será más fácil ubicarse frente a PPK en temas económicos y sociales y, además, tiene capacidad de recoger ciertas demandas de la calle. Para un populismo de derechas, esto es una dura competencia en esa medida. De allí que la mayoría de dardos busquen denostar a la izquierda, sea como aliada del gobierno o como un grupo de “pro terroristas”.

Una tercera cuestión, tiene que ver con cómo enfrentar al antifujimorismo. Curiosamente, ha optado por el camino opuesto al adecuado: el de la moderación. Hace unas semanas, Steve Levitsky decía que la forma de vencer resistencias no iba por el concentrado de lodo que se ha visto en los últimos días:

El antifujimorismo sigue siendo un obstáculo electoral para Keiko. Si quiere ganar, será su responsabilidad, no la de sus rivales, combatirlo. Eso requiere una ruptura más creíble con el pasado —y posiblemente con su padre.

Pero los desafíos de Keiko van más allá de la mochila del viejo fujimorismo.  Keiko ya tiene su propia mochila —la de Ramírez, Chlimper, y otros nuevos fujimoristas cuyo comportamiento ha reforzado la imagen del fujimorismo como una mafia autoritaria.  En 2021, entonces, Keiko tendrá que distanciarse no solo del fujimorismo de 1990 sino también de varios fujimoristas de 2016.

El problema es que, como me hizo notar un periodista extranjero residente en el Perú, Keiko hizo el camino inverso al natural: se moderó al inicio de la campaña y se radicalizó al final. Hoy sigue en la misma línea. ¿El resultado? La performance pública de Keiko en el último mes ha sido más desaprobada que aprobada.

Finalmente, una explicación final tiene que ver con las divisiones al interior del fujimorismo. Es claro, público y notorio que Keiko Fujimori ha tenido que apagar incendios dentro de Fuerza Popular. Ha tenido que recurrir a una figura histórica para ser la presidenta del Congreso, a tránsfugas de otros partidos para ser voceros durante el primer año de mandato parlamentario y los congresistas reelectos pujan con los nuevos para repartirse las presidencias de comisiones. Al mismo tiempo, existen fuertes disputas por los puestos de trabajo a distribuir en los despachos de los parlamentarios electos y las comisiones que tendrán, así como los asesores de la bancada. En ese panorama, que genera muchas pugnas, se requiere un enemigo común para mantener la unidad. Y ello puede explicar mejor el tono rabioso de las últimas semanas.

Día de la Independencia

Es martes por la noche. Miles de personas pasan por la Plaza San Martin hacia la Plaza Dos de Mayo. Espacios públicos con nombres asociados a nuestra libertad y a la ratificación de la misma. Las voces roncas corean múltiples arengas, a la par que se divisa una importante cantidad de banderas peruanas.

En aquella fría noche de finales de mayo, libertad en las plazas de todo el Perú se oyó. Muchos de quienes, hace dieciséis años, marcharon para recuperar la democracia, volvían a hacerlo para preservarlo. En algunos casos, los acompañaban los compañeros de lucha de toda la vida. En otros, sus familias. La policía, alerta pero respetuosa, acompañaba con la escrupulosidad que su actuación debería tener frente a cualquier manifestación pacífica.

Allí muchos recordaron aquellas tropelías que pensaron se quedarían atrás en el tiempo, para siempre: asesinatos, desapariciones forzadas, compra de líneas editoriales de medios de comunicación, conexiones con el narcotráfico, corrupción de funcionarios, desvío de fondos de la privatización, compras amañadas de armamento, esterilizaciones forzadas.

Otros tantos, que estaban en edad de pediatría cuando aquellos hechos ocurrían, tenían sus propias razones para protestar. No solo se trataba de la memoria transmitida de padres a hijos. Era la vocación, ahora por ellos conocida, de tapar cualquier acusación tergiversando la verdad, manipulando audios, presionando a medios para expulsar periodistas incómodos, evitando que sus voceros vayan a programas que les harían las preguntas de rigor. Y, además, en un hito significativo en el primer productor mundial de cocaína del mundo, rechazaban que su país se convirtiera en un narco estado.

En esas horas en el Centro de Lima, aquellos miles prometieron defender la libertad ante cualquier amenaza a la misma. Sobre todo, en el domingo más cercano. Con el sufragio, siendo personeros, hasta la última mesa, hasta el último voto. Desde casa, muchos hicieron los mismos juramentos.

Hoy llegó el día donde la libertad será defendida por un conjunto de peruanos que no consideran que la seguridad se equipara con autoritarismo. Se pusieron el alma y van a votar con esperanza.

Somos libres, seámoslo siempre.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 05.06.2016)

El Fujimorismo y los medios

El programa Las Cosas Como Son, espacio contratado por la Universidad San Martín de Porres en Panamericana Televisión, difundió el domingo pasado un audio trucado para desacreditar la versión del piloto Jesús Vásquez, informante de la DEA que acusa al parlamentario Joaquín Ramírez por presuntos vínculos con el lavado de activos. La edición era tan burda que la maniobra fue casi inmediatamente desmentida.

Gracias a la periodista Mayra Albán, quien trabajó hasta el martes en LCCS, pudimos conocer la trama. El excandidato fujimorista al Congreso Jaime Verástegui envió al postulante a la vicepresidencia de su partido, José Chlimper, documentación para enlodar a Vásquez, así como el audio original de la conversación del piloto con otro interlocutor en torno al destape presentado por Cuarto Poder y Univisión.

Como admitió, Chlimper envió el audio al directivo de Panamericana Televisión Pedro Arbulú, quien a su vez lo remitió a la producción del referido programa. Cabe mencionar que Fernando Viaña, uno de los conductores del fenecido espacio, ya había trabajado con Arbulú y Ernesto Schutz Freundt en medio de las disputas por Panamericana en la década pasada. Mientras que el otro presentador, Hugo Guerra, ha seguido defendiendo en Twitter la supuesta revelación presentada, con el mismo énfasis con el que leyó los documentos enviados por Verástegui a Chlimper.

Veamos los ingredientes. Una denuncia seria que compromete aún más al ahora suspendido secretario general de Fuerza Popular con el lavado de activos. Un intento de desacreditación preparado por un excandidato de la agrupación en Estados Unidos. El “oportuno” envío del material por el compañero de fórmula presidencial de Keiko Fujimori al solícito directivo de un canal que deriva todo a un programa alquilado. Y, ante la vergüenza pública, el espacio fue dado de baja.

Fuera de las montañas de billetes que vimos en los vladivideos, así se manejó la prensa peruana – con notables excepciones – en el decenio fujimorista. ¿Queremos repetir la historia de políticos cazurros, dueños con vocación de felpudo y periodistas con kimono?

La respuesta la puede dar usted el próximo domingo, frente a la cédula de votación.

(Columna publicada en Exitosa Diario el 29.05.2016)