Despejando mitos sobre el indulto

Fujimori indultado
Foto: Peru.21

El indulto es irrevisable. Al ser una injerencia del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales, los indultos son excepcionales y contemporáneamente, están sujetos a reglas. Desde el caso Crousillat, pueden ser analizados por jueces constitucionales e incluso anulados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revisar el indulto, porque Fujimori no fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Para el sistema interamericano, basta que un delito sea una “grave violación de derechos humanos” para verificar si amnistías, indultos u otro mecanismo permiten la impunidad. Los casos Barrios Altos y La Cantuta son considerados por la Corte como tales. Y los jueces peruanos sí otorgaron la calificación accesoria de lesa humanidad.

Se han saltado los plazos para admitir un caso ante la Corte Interamericana. Este tribunal puede realizar audiencias de cumplimiento de sentencia a pedido de las víctimas y sus familiares. Por ello, el tribunal internacional revisará el indulto en febrero.

Se cerrarán los pleitos entre los Fujimori. Más allá de la foto de compromiso, el patriarca del clan no ha podido pacificar a sus hijos. Kenji busca concentrar más poder ofreciéndoles a los congresistas conseguir proyectos y obras con el gobierno, conociendo los problemas legales de su hermana, esgrimidos como argumento interno para que voten a favor de la vacancia de PPK. A su vez, Keiko sabe que el indulto puede ser anulado en San José y, con su padre de nuevo en la cárcel (o en Tokio), ella retomaría las riendas del fujimorismo. La bronca es real.

Será posible la gobernabilidad y la realización de reformas de mercado. La actual partición del fujimorismo hace inviable esta hipótesis. Y la mayoría de sus proyectos de ley no son precisamente garantes de la buena marcha macroeconómica del país. En sencillo: la reforma laboral y la pensionaria no les interesan.

El país se reconciliará. Junto con el trapicheo de la palabra reconciliación, el indulto a Fujimori, tanto en fondo y en forma, no ha contribuido a la unión nacional. ¿Quién fue el “genio” en Palacio de Gobierno que pensó en ello?

(Publicado originalmente en La República)

Los reales problemas del Caso El Frontón

El Frontón

La acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por un fallo emitido en el 2016 sobre el Caso El Frontón activó una falacia. Se ha señalado que esta resolución perjudicaba a los miembros de la Marina de Guerra procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, al declarar que lo ocurrido podría constituir un crimen de lesa humanidad y, por tanto, reabrir el caso. Se omite que, en realidad, el proceso judicial por los posibles delitos cometidos con posterioridad al legítimo debelamiento de un motín senderista en 1986 nunca se cerró.

La resolución emitida el año pasado, que corrige el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en el 2013, corresponde a un proceso de hábeas corpus iniciado en el 2009 por quienes hoy se encuentran en juicio oral ante la Sala Penal Nacional. El fin último de esa demanda habría sido que el caso prescriba.

Yerros hay en ambas resoluciones. El Tribunal Constitucional nunca debió pronunciarse – ni en el 2013 ni en el 2016 – sobre si estábamos ante un delito de lesa humanidad, cuestión que corresponde al Poder Judicial. Tampoco debió, como se hizo en la sentencia original, interpretar que el caso no se cerraba para los acusados como perpetradores directos, pero sí para los posibles autores intelectuales. Este punto contraría las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso. Y a ello se suma la errática corrección sobre el voto contradictorio del magistrado Juan Vergara Gotelli, cuyo sentido real no conoceremos, debido a un mal degenerativo.

En realidad, el Tribunal Constitucional debió declarar que el proceso por presuntas ejecuciones extrajudiciales no prescribía porque se trataba de posibles delitos que, de confirmarse, constituirían una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con las sentencias de la Corte IDH en los casos Barrios Altos, Gomes Lund y Gelman. Aún puede hacerlo, dado que se interpuso una queja contra su segunda resolución en el proceso de hábeas corpus.

Pero las discrepancias que puedan existir sobre una interpretación legal no deben procesarse a través de una acusación constitucional. Tampoco existen evidencias de prevaricato en este caso, como han indicado bien los abogados de los magistrados. Por ello, el Congreso de la República debería cerrar este procedimiento. Más aun cuando la acusación se habría contaminado con intereses políticos subalternos, que buscarían magistrados más afines en el Tribunal Constitucional o cerrar un caso incómodo para un partido criticado por los errores de sus dos gobiernos.

Dicho esto, el sistema de justicia debe ser más expeditivo en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000. Tanto las víctimas como los acusados se ven afectados por la demora en estos procesos, que deben culminar con sentencias absolutorias o condenatorias.

Como sociedad, debemos comprender que de confirmarse la ejecución de prisioneros rendidos, por más delincuentes que hubieran sido, sería una conducta punible. Peor aun, no investigar este caso podría impedir que los peruanos distingamos entre quienes deshonraron el uniforme de Grau y los marinos que nos defendieron adecuadamente frente al terror que amenazó al Perú.

(Publicado originalmente en el diario El Comercio)

Morales Bermúdez y el juicio de la Historia

Tradicionalmente, los libros de historia han dedicado poco espacio a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez. Se menciona sucintamente que derrocó a Juan Velasco Alvarado y que, ante el fracaso del experimento reformista militar, desmontó algunas de las reformas emprendidas y, finalmente, entregó el poder a los civiles. Su oposición al gobierno de Fujimori hizo que algunos le dieran un aura de demócrata que nunca tuvo. Y allí se quedan los textos escolares e, incluso, universitarios.

Revisando textos sobre el denominado “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, uno encuentra que Morales Bermúdez era un militar muy distinto a su precedesor en el gobierno y a varios de sus compañeros de armas con quienes compartió el poder. Nieto de un expresidente (Remigio Morales Bermúdez, quien gobernó el país entre 1890 y 1894) e hijo de un militar asesinado por el APRA, el futuro gobernante de facto estudio en la Inmaculada, fue primer puesto de su promoción en la Escuela Militar y se dedicó a la especialización en Economía. Incluso fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Belaúnde, para luego ocupar el mismo cargo durante el gobierno de Velasco. No participó inicialmente en el golpe militar, pero luego se plegó al mismo.

Paulatinamente, el militar fue escalando en posiciones y ganó la confianza del dictador, por lo que, a la salida de Edgardo Mercado Jarrín de la Presidencia del Consejo de Ministros, ocupó ese puesto en enero de 1975. Ocho meses después, cuando parecía que Velasco no ejecutaría la sucesión en la que le había prometido ocupar el puesto principal, encabezó un levantamiento en Tacna, apoyado por otros generales que consideraban que el tiempo físico de Velasco había pasado. No faltan quienes atribuyeron a aquella asonada exitosa adelantada algunos efectos de las copas.

Las primeras declaraciones de Morales Bermúdez aludían a que la reforma se volviera revolución de verdad. Y así parecia al colocar a los generales más a la izquierda en el círculo más cercano a Palacio de Gobierno. Pero poco a poco se fue deshaciendo de ellos. Y aunque no desmontó gran cosa de las reformas velasquistas, si detuvo sus avances. De hecho, varia gente cercana a Velasco comenzó a engrosar las listas de deportados.

Pero el descontento fue creciendo. Un paro nacional en julio de 1977 hace ver a los militares que el desgaste era demasiado y los obliga a presentar un cronograma ordenado para la salida del poder. Morales Bermúdez hace guiños hacia el APRA y el PPC para que algunas prerrogativas militares se mantengan en la Constitución de 1979. Al mismo tiempo, comienza a enterrar el viejo antiaprismo del Ejército Peruano. Son estos gestos los que han hecho crecer la fama de demócrata de FMB, pero es claro que el poder lo entregó por la fuerza de las circunstancias.

Retirado del servicio activo, fue candidato a la Presidencia de la República en 1985, con poca fortuna. Sus apariciones en la prensa durante los últimos treinta años se centraron en tres temas: la lucha antisubversiva, sus denuncias contra la cooptación que hizo el fujimorato del Ejército y la defensa de su gobierno. Había logrado cierta imagen de prestigio en algunos sectores.

Pero esta semana, los fantasmas de su gobierno volvieron. Una sentencia en Italia recordó que su dictadura participó en algunas de las acciones del Plan Cóndor, aquella maquinaria de la muerte para secuestrar y matar personas, implementadas por las dictaduras sudamericanas de la década de 1970. Y un proceso judicial actual en el Perú sobre el secuestro y posterior deportación de opositores a su gobierno continúa a paso lento. Todo ello cuando, retirado de la vída pública, el dictador vive un cómodo retiro en su casa de San Isidro.

En términos reales, será muy difícil que sea extraditado a Italia para que cumpla la cadena perpetua impuesta. El paso de los años y la previsible contemplación de sus canas que tendrá el gobierno actual harán inviable ello. Pero, para el futuro, no solo quedará como un autócrata, sino también, por su permisividad frente a secuestros de argentinos en su gobierno, como un criminal.

Finalmente la página en la historia peruana que ocupará Francisco Morales Bermúdez parece haberse completado.

Crisis en la Defensoría: los hechos y por qué es importante atenderla

Hoy a la 1 p.m., los trabajadores de la Defensoría del Pueblo realizarán plantones en las diversas oficinas existentes en todo el país. ¿El motivo? Una crisis institucional sin precedentes en la entidad que ha cumplido dos décadas de existencia.

Como registramos el lunes pasado, el clima laboral se ha enturbiado debido a la no renovación de los contratos de trabajadores bajo la modalidad CAS que se encuentran laborando en áreas sensibles de la Defensoría del Pueblo, a la par que se contratan asesores de alta dirección sin concurso público, varios de los cuales se vinculan con la materia fetiche del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez: la defensa del consumidor.

Desde el Tercer Piso tiene nueva información sobre la complicada situación de la Defensoría del Pueblo.

Según hemos podido verificar, al menos 4 asesores de la gestión Gutiérrez han escrito artículos en publicaciones impresas y virtuales de Gaceta Jurídica, la editorial de propiedad del Defensor del Pueblo. Es el caso de Mayte Remy Castagnola, Martín Cabrera Marchán, Luis Miguel Zavaleta Revilla y José Álvaro Quiroga León. Si bien Gaceta Jurídica es una de las editoriales más importantes en el mundo de los abogados, resulta curioso que la mitad de los asesores haya escrito para la editorial de su nuevo jefe.

Frente a las críticas esgrimidas en las últimas horas en la Defensoría del Pueblo, el primer adjunto de la entidad, José Elice, envío este correo a los trabajadores para intentar reducir las protestas:

Algunos de los argumentos presentados por Elice fueron reproducidos en un comunicado público ayer por la tarde. Sin embargo, allí no se indicó lo referido a la contratación de asesores. Según pudo conocer este blog, este nuevo personal de confianza se ha convertido en una suerte de filtro entre el Defensor del Pueblo y los Defensores Adjuntos, quienes son los encargados cada una de las áreas de trabajo de la institución. Fuentes con conocimiento de lo que ocurre al interior de la entidad refieren que las reuniones entre Gutiérrez y los Adjuntos son escasas, al igual que la comunicación entre ambas partes.

En la actualidad, la mayor parte de las Adjuntías se encuentran en encargatura, dado que no se ha convocado a un concurso público para nombrar a estos funcionarios. Gutiérrez no pudo responder al Congreso de la República cuándo se harían estas nuevas designaciones. De acuerdo con las versiones recabadas para este informe, algunos de los Adjuntos dejarán la institución a fin de año. Lo mismo ocurriría en algunas de las Oficinas Defensoriales ubicadas fuera de Lima.

A la par, quienes encabezarán la protesta de hoy han respondido con un pronunciamiento donde señalan imprecisiones en las cifras presupuestales del comunicado de la Defensoría y, señalan un punto más importante: es la labor de los trabajadores de las Adjuntías y Oficinas Defensoriales a nivel nacional la que sostiene la institución y, sobre todo, la principal fuente con la que cuenta para su trabajo.

De acuerdo con nuestras fuentes, Gutiérrez tampoco ha tenido una reunión con todo el personal y el acceso para una reunión es mucho más difícil que el que se tenía con sus antecesores en el cargo. Ayer por la tarde, tanto Elice como la encargada de la Adjuntía de Derechos de la Mujer, la excongresista Rosa Mavila, pasaron por cada una de las oficinas procurando tranquilizar los ánimos con miras a evitar el plantón.

¿Por qué un caso como este debería importarnos más?

La Defensoría del Pueblo cumple con una labor importante: defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

En cumplimiento de tal labor, en muchos casos, esta entidad ha sido el único contacto con el Estado que han tenido muchos grupos en todo el país: víctimas del periodo de violencia, militares y policias cuyos derechos son vulnerados, mujeres, ciudadanos LGTBI, personas con discapacidad, víctimas de trata de personas, pueblos indígenas, presos, ciudadanos en protesta social por diversas causas.

Para que la Defensoría cumpla adecuadamente con su labor, requiere dos cosas: un personal calificado para sus funciones y calidades morales claras. Lamentablemente, en los cuatro meses de gestión del señor Gutiérrez, ello se viene perdiendo. Peor aún, no ha presentado un plan de trabajo ni tampoco el informe de lo realizado por la institución en 2015 ante el Congreso de la República. Un papelón que no había ocurrido en dos décadas de funcionamiento.

Sin la Defensoría del Pueblo, muchas entidades estatales no cumplirían adecuadamente con su labor. Y es la primera puerta que muchos ciudadanos tocan, debido a que atiende sus demandas y ayuda a que el Estado perciba a los ciudadanos como tales. Matarla lentamente, como lo está haciendo la actual gestión, es el peor daño que se le puede hacer. Del cuál, por cierto, es corresponsable el Congreso de la República, por hacer una mala elección.

Crisis en la Defensoría del Pueblo

Walter Gutierrez C
(Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo actual. La entidad ha entrado en crisis. Foto: La República)

Ayer, en las páginas del diario La República, apareció un comunicado sobre la crisis en la Defensoría del Pueblo.

El aviso era bastante claro. Las áreas más afectadas por la no renovación de contratos CAS son aquellas en las que la Defensoria del Pueblo ha tenido mayor filo durante los veinte años de funcionamiento de la entidad: derechos humanos, asuntos constitucionales, conflictos sociales y pueblos indígenas. Cuestiones bastante incómodas para buena parte del Estado, pero que, por mandato constitucional, la entidad se preocupó en hacer seguimiento, a fin que la acción estatal sea más efectiva en estas materias.

Curiosamente, esto empata con el discurso de Gutiérrez, más preocupado por las cuestiones vinculadas a la defensa del consumidor y los servicios públicos. Áreas importantes, pero que no son el centro de sus acciones. Y que, además, ya venían siendo cubiertas desde el inicio de las funciones de la institución.

Esta cuestión preocupa aún más cuando la Defensoría del Pueblo aún no ha podido concretar un sustancial incremento presupuestal que le permita cubrir sus actividades. Pero hace otro tipo de contrataciones que merecerían mayor atención.

Al mismo tiempo que la administración Gutiérrez se volaba al personal de las áreas más incómodas para varias entidades del Estado, como denuncia hoy La República, se producía la contratación de asesores nuevos para la Defensoría del Pueblo, en algunos casos, sin concurso público. Y si ya esto resulta siendo algo por investigar, lo es más cuando se ve la efectividad de la medida. Así lo comenta el periodista Wilber Huacasi:

Tamaña cantidad de asesores no estaría generando resultados a nivel institucional. Un jefe de una oficina descentralizada contactado por La República y que decidió mantener en reserva su identidad para evitar represalias, explicó que en la actualidad hay mucha desorganización. “No nos comunican nada. Cada oficina está actuando por su lado. Ni para las renovaciones de contratos nos envían documentos formales”, apuntó.

Pero no son las únicas contrataciones con roche en la Defensoría. Hace unos meses, Laura Grados en Utero.pe reportó tres jales polémicos:

a) A José Elice se le nombró como primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo. Elice, cuya especialidad son los temas parlamentarios, formó parte de Reflexión Democrática, organización no gubernamental presidida por el conocido empresario minero Roque Benavides. RD contribuyó con la campaña de 22 candidatos parlamentarios en 2011, lo que generó suspicacias por la posible formación de una “bancada minera” en el Congreso de la República.

b) Hugo Suero fue nombrado como secretario general de la Defensoría del Pueblo, a pesar de venir con varios cuestionamientos cuando fue gerente del Poder Judicial. Suero ya no está en el cargo.

c) Delia Muñoz, nombrada como jefa de asesores de la entidad. Muñoz ha sido procuradora Supranacional, es decir abogada del Estado ante los casos que se siguen ante el sistema interamericano de derechos humanos. Los argumentos de la abogada en varios de los casos que siguió no fueron suficientes para que el Estado peruano continúe siendo aquel que tiene más sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para culminar el papelón, hace unas semanas, Gutiérrez debía presentar el informe anual de lo hecho por la Defensoría del Pueblo en 2015. Sin embargo, ocurrió lo señalado por el diario de los Mohme:

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se presentó esta mañana ante las comisiones de Constitución y Justicia del Congreso, con el fin de sustentar, para su aprobación, el informe defensorial del 2015. Sin embargo, el funcionario centró su exposición en los nuevos lineamientos de su gestión, debido a que recién había asumido el cargo en setiembre.

(…)

Debido a que el abogado Gutiérrez había incumplido con el mandato legal, los parlamentarios se vieron obligados a volver a citarlo para otra fecha, a fin de que exponga el informe defensorial pendiente.

Al retirarse del Congreso, Gutiérrez informó que había acudido al Congreso con el fin de regularizar la presentación del informe del 2015. Cuando La República le recalcó que no había sustentado tal informe, el funcionario reconoció que el Congreso había reprogramado su presentación.

Nosotros advertimos las consecuencias de la mala elección de Walter Gutiérrez. Lamentamos no habernos equivocado ni por un ápice.

Horror en el Pentagonito

(Centro de detención, tortura e incineración en San Borja. Foto: El Comercio)

El martes 27 de septiembre, la Sala Penal Nacional condenó a 22 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y al exComandante General del Ejército Nicolas Hermoza Ríos por las desapariciones forzadas de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo y del profesor y panadero Justiniano Najarro.

Estos crímenes fueron conocidos, inicialmente, gracias a la investigación realizada para el libro Muerte en el Pentagonito, escrito por el periodista Ricardo Uceda. En estos casos, quedó claro un modus operandi: informantes de la Marina de Guerra y civiles adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército brindaban información para que agentes de esta última institucion capturaran a presuntos miembros o simpatizantes de Sendero Luminoso. Luego de ser privados de su libertad, eran llevados a las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército, ubicadas en San Borja, donde eran torturados y, finalmente, ejecutados extrajudicialmente, sin reportar a sus familiares su paradero final.

Si estos hechos, per se, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, el destino final de los cuerpos de los tres ciudadanos es aún más macabro. De acuerdo con la sentencia, existió en el Cuartel General del Ejército un horno crematorio donde los restos de estas personas fueron incinerados. Una forma aun mas truculenta de eliminar cuerpos en las distintas modalidades de desaparición forzada que se vieron durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.

En este caso, se encuentran tres patrones diferenciados. En primer lugar, la eliminación de los restos mediante hornos crematorios es una práctica que también fue llevada a la práctica en Ayacucho en los años en los que se registraron más muertos y desaparecidos durante el conflicto. De acuerdo a lo señalado por el libro de Uceda, cientos de cadaveres fueron desenterrados y, posteriormente, quemados para no dejar huella de su muerte.

En segundo lugar, estamos ante un patrón de desapariciones forzadas bastante común en Lima. Como ha revelado la investigación de Victor Quinteros “Los 55 de Lima”, durante el gobierno de Alberto Fujimori, las desapariciones forzadas selectivas respondieron a un patrón de búsqueda y desaparición de restos que buscaba dar, en teoría, golpes a Sendero Luminoso. Sin embargo, la organización terrorista no se vio afectada y, en la mayoría de los casos, las personas ultimadas eran inocentes.

Ademas, nos encontramos ante la plasmación selectiva de la estrategia que el Ejército Peruano llevó a cabo desde los primeros años en los que se combatió a la subversión en Ayacucho. Cuando la CVR señala que, en algunos lugares y momentos, miembros de las instituciones armadas cometieron crímenes de lesa humanidad, se refiere, precisamente, a este tipo de eventos. El colegiado encargado de juzgar el caso Sótanos SIE ha tenido la misma opinión y ha señalado que estos hechos merecen esta calificación accesoria.

No debe dejar de llamar la atención el hecho que los dos condenados por estos casos hayan sido las dos personas en las que el expresidente Alberto Fujimori depositó su confianza para el manejo de las Fuerzas Armadas y que, además, también han sido condenadas por los asesinatos cometidos por el Destacamento Colina. Sin embargo, dado que el caso no fue considerado por la justicia chilena como pasible de extradición, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 no podrá ser procesado en el país por estos hechos.

Finalmente, queda un tema importante por saldar en este caso. El Ejército Peruano deberá brindar toda su colaboración para encontrar los restos de los tres desaparecidos, más aún cuando los crímenes fueron cometidos en su principal instalación en Lima. Este caso problematiza, aún más, la búsqueda de miles de personas que el nuevo gobierno deberá impulsar mediante la implementación de la ley sobre la materia emitida en junio pasado. Urge, por tanto, que este tipo de situaciones sean contempladas en el necesario proceso de restitución de restos y cierre del periodo de duelo que el país debe afrontar. Sin duda, el Estado tiene una tarea urgente por atender, más allá que, en este caso, se llegó a alcanzar justicia.

(Publicado originalmente en la web del IDEHPUCP)

En defensa de todos los derechos, señor Gutiérrez

(El Defensor del Pueblo planteó un reto. Aquí lo tomamos y le respondemos. Foto: El Comercio)

El señor Defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, publicó hace unos días un artículo en el diario El Comercio en el que buscaba justificar porqué el enfoque de su gestión se basaría en involucrarse más en los derechos del consumidor y en la prestación de servicios públicos. Al final de su columna, no dudó en hacer un reto para debatir en torno a sus ideas sobre la institución que dirige. Aquí recojemos el guante y, como él sostiene, no arrugamos.

La defensa de Gutiérrez sobre su rol como Defensor del Pueblo se basa en un único argumento: el artículo 162 de la Constitución indica que, dentro de sus funciones, además de defender los derechos constituciionales y fundamentales de la persona, debe “supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”. Y, por tanto, la entidad debe tener un énfasis especial en estas dos últimas materias.

Tal vez el señor Defensor del Pueblo pueda revisar, con exahustividad, la página web de su institución. Se percatará allí que existe una Adjuntía para Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indigenas. Señala la descripción de dicho órgano lo siguiente:

Se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad con tarifas justas, mediante la supervisión de la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado, electricidad, telefonía y transporte público, así como los derechos de los ciudadanos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, mediante la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal.

Es decir, la Defensoría del Pueblo ya toca los temas indicados por el señor Gutiérrez en su artículo del viernes pasado. Y lo hace desde el inicio de sus funciones, hace veinte años. Por tanto, no se puede hablar de un enfoque novedoso.

Pero hay más. Al hacer click en la parte sobre servicios públicos, uno podrá comprobar que la Defensoría del Pueblo ha elaborado informes sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, protección adecuada de las víctimas en accidentes de tránsito, transporte urbano, derecho al agua en zonas rurales, telefonía rural, cobros indebidos en los servicios de electricidad y teléfono. En las notas de prensa de la institución, también podremos detectar las diversas alertas sobre estos problemas, dirigidas a diversas entidades del Estado. Y ello para no hablar de los temas vinculados a la jubilación, considerando que la Oficina de Normalización Previsional es una de las entidades más quejadas del aparato público peruano.

Y, como vemos, al hablar de electricidad y teléfono, hablamos de servicios públicos que son prestados por entidades privadas. Es decir, por el mercado al que el flamante Defensor también quiere tocar, de acuerdo con su artículo publicado en El Comercio.

De hecho, para facilitarle la tarea, la propia Defensoría señala claramente los casos en los que puede intervenir en estas materias. Se los colocamos aquí al señor Gutiérrez:

En materia de servicios públicos supervisamos la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones y transporte de pasajeros. La Defensoría del Pueblo puede intervenir en casos como los siguientes:

  • Por corte o suspensión del servicio por falta de pago si la deuda estuviera en procedimiento de reclamo.
  • Por problemas en la calidad del servicio: interrupciones prolongadas o no programadas o defectos no atendidos por la empresa prestadora del servicio.
  • Por falta de información oportuna y adecuada por parte de la empresa prestadora del servicio, especialmente sobre el procedimiento de reclamos.
  • Cuando la empresa operadora no reciba un reclamo o no brinde una respuesta dentro de los plazos establecidos.
  • Cuando una empresa aseguradora (SOAT) o una AFOCAT no cumpla con la obligación de cubrir gastos médicos de los accidentados o indemnizaciones por daños causados a consecuencia de un accidente de tránsito.

Es cierto que, para ojos de los ciudadanos, entidades como INDECOPI o los organismos reguladores demoran bastante en resolver los reclamos respecto a cobros indebidos o malos servicios de las entidades que prestan servicios públicos. La Defensoría puede exhortar a estas instituciones a hacer mejor su labor y ayudar a detectar cuáles son los puntos más importantes en los que vienen fallando. Pero no puede sustituirse en la labor que compete, estrictamente, a estas entidades y, menos aún, entrar a temas de derecho del consumidor que tienen ya un ente rector sobre la materia.

Indica el señor Gutiérrez en su artículo que “En ningún momento he afirmado que se van a abandonar las líneas de trabajo desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en estos 20 años”. El problema es que los hechos parecen fundamentar lo contrario. Antes que pronunciarse sobre las importantes sentencias en los casos Accomarca, Bagua y Sótanos SIE, que se vinculan nítidamente con los derechos de todos los peruanos (campesinos, pueblos indígenas, policías y ciudadanos en general), el Defensor del Pueblo ha preferido referirse a una declaración al vuelo del Presidente de la República sobre el consumo de la marihuana, que no se encuentra penalizado por ninguna norma.

Peor aún, el señor Gutiérrez nunca llegó a presentar su plan de trabajo, donde nos dijera cuáles son las formas en las que se proseguirá con el trabajo en las áreas vinculadas a la defensa de los derechos fundamentales. Algo en lo que, hasta el momento, no ha sido muy prolijo en señalarnos en sus escasas declaraciones públicas y, menos aún, en las notas de prensa que viene emitiendo la Defensoría del Pueblo.

Hubiera sido importante que el Defensor del Pueblo hubiera estado ayer en la ceremonia pública de reconocimiento a la labor hecha por su predecesor, Eduardo Vega Luna. Y no por un mero gesto de cortesía. Era importante que escuchara la voz de representantes de víctimas del periodo de violencia, miembros de la comunidad LGTBI, integrantes de pueblos indígenas, colectivos diversos, organizaciones de mujeres, sindicatos y, en general, miembros de la pluralidad de grupos vulnerables que existen en nuestro país. Ese otro Perú que, precisamente, ha visto en la Defensoría del Pueblo a la única entidad pública que les hace caso, que vela por sus demandas, que se compra sus pleitos y que defiende, como señala su mandato, los derechos humanos de todos los peruanos.

Precisamente, a ese otro Perú es al que el Defensor no se ha dirigido. Ha preferido enarbolar las banderas de quienes tienen acceso al mercado y cuyas necesidades son otras. Ha buscado ser defensor del consumidor y no ha tenido el gesto de acercarse a los ciudadanos que, durante veinte años, han requerido los servicios de una entidad que se ha ganado, con justicia, su buena imagen ante la opinión pública.

Por tanto, urge que el flamante Defensor del Pueblo nos indique claramente cuál su plan de trabajo para el quinquenio que tiene por delante. He allí su reto importante. El debate sobre sus funciones es importante, pero lo es más aún que pueda tener claras sus prioridades. Y ellas deberían estar centradas en los derechos de todos, sobre todo, de quienes son más excluidos en nuestra sociedad. Esperamos que no arrugue.

Montesinos y Hermoza condenados por muertes en el Pentagonito

(Dos de los hombres fuertes del fujimorato condenados nuevamente por violaciones a los derechos humanos. Foto: El Comercio)

Esta mañana, Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás Hermoza Ríos fueron condenados a 22 años de prisión por la desaparición forzada de Martín Roca Casas, Kenneth Anzualdo y Justiniano Najarro Rúa. El caso, conocido como “Sotanos SIE”, es una de las más macabras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000.

Estos tres ciudadanos fueron desaparecidos en 1993. Según se pudo conocer a través del libro “Muerte en el Pentagonito”, escrito por el periodista Ricardo Uceda, el modus operandi fue el siguiente: estas tres personas fueron detenidas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, luego fueron llevados a los sótanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) en San Borja y posteriormente, fueron ejecutados y sus restos incinerados en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa – principal fuente de Uceda para esta investigación – y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

La existencia del horno para eliminar restos humanos fue comprobada en octubre de 2004. De acuerdo con testigos de esta modalidad de ejecución, los restos eran dispersados en los jardines del Pentagonito.

Como indica Rocío Silva Santisteban, si bien intervino directamente Jesús Sosa, este no es un crimen atribuible al Destacamento Colina:

Según el abogado Víctor Quinteros, quien trabajó para la Procuraduría investigando este caso, se trataría de “miembros del Puesto de Inteligencia de Lima (PIL), integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) […] Para la época en que Kenneth (Anzualdo) es detenido, el grupo Colina llevaba más de un año desactivado, su desaparición sería más bien atribuida a un grupo constituido dentro del SIE, uno entre otros bajo el mando del coronel Enrique Oliveros, hoy prófugo de la justicia”. Esto significa que, además de Colina, hubo otros grupos o subgrupos encargados de asesinar sistemáticamente a peruanos por el solo hecho de ser sospechosos de subversión.

De los tres casos, la desaparición forzada de Anzualdo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarándose la responsabilidad del Estado peruano en este caso. Se pidió que el caso fuera procesado hasta encontrar a los responsables. Ello se ha cumplido con esta sentencia. Sin embargo, queda pendiente establecer donde están los restos del estudiante universitario, así como los de Roca y Najarro.

Queda pendiente, además, la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de prisión por su participación en estos hechos. Se establece una reparación civil de un millón de soles.

Sin duda, se alcanza  justicia en un caso emblemático, que nos vuelve a recordar el horror del que se pudo ser capaz en nombre de la lucha contra la subversión. Así como los crímenes de Sendero Luminoso son justamente repudiados, este caso también merece la condena de la sociedad peruana.

POST DATA: Aquí una entrevista que le hice a Víctor Quinteros en 2012, donde cuenta los detalles del caso Sótanos SIE:

Sobre villanos y tumbas

(El inaceptable mausoleo senderista nos debe llevar a una reflexión de fondo. Foto: El Comercio)

Ha causado conmoción – como es natural – la emisión de imágenes de una ceremonia en Comas en la que miembros del MOVADEF y familiares de integrantes del grupo subversivo y terrorista Sendero Luminoso revindican heroicamente a miembros de la agrupación ejecutados extrajudicialmente luego del develamiento del motín en el penal El Frontón, hechos producidos en 1986.

Como se ha conocido después – en particular, a partir de una buena explicación de Augusto Thorndike ayer en Cuarto Poder – las imágenes vistas corresponden a un documental hecho por personas cercanas a Sendero Luminoso. En dicho material gráfico, en efecto, se ven varias ceremonias realizadas en los últimos meses en las que se busca revindicar a los miembros de SL que murieron en lo que se conoce como “la matanza de los penales”.

El escándalo estalló debido a que, lo que comenzó como una devolución legítima de restos a sus familiares parar un entierro digno (ordenada por el Ministerio Público), terminó convirtiéndose en el pretexto para edificar un mausoleo – con la lenidad del alcalde de Comas – y la realización de ceremonias que, por lo visto, deberían ser materia de investigación por la DINCOTE, bajo la clara posibilidad que estemos ante la modalidad agravada del tipo penal de apología del delito en casos de terrorismo (artículo 316, numeral 2, del Código Penal actual).

El hecho motiva varias reflexiones respecto de estos hechos.

Hay que señalar que no todas las personas que murieron como producto de las ejecuciones extrajudiciales producidas luego del develamiento de los motines de El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho son miembros de Sendero Luminoso. Pero también es claro señalar que la fecha es utilizada por el senderismo para proclamar un supuesto genocidio que no existió. Es cierto que hubo un delito por el que sus responsables deben pagar, pero la fecha no debería ser revindicada por los terroristas y sus familiares.

También es notorio que toda persona tiene derecho a la dignidad humana, fuera de si es un criminal o no, por lo que debería tener un entierro decente. En esa línea, la actitud de la fiscal Luz Carmen Ibañez – quien actualmente tiene a su cargo varios casos sobre masacres cometidas por la cúpula de Sendero Luminoso – fue la correcta, al entregar estos restos a sus familiares. Y sigue yendo en una línea adecuada, al indicar que ya se iniciaron investigaciones por presunta apología al terrorismo por los actos que todos hemos visto.

Pero dicho esto, es evidente que la sociedad peruana tiene el derecho y la obligación de rechazar ceremonias como las realizadas por los familiares de los senderistas y los miembros del MOVADEF. Resulta claro que la mayor parte de peruanos rechazamos los actos cometidos por Sendero Luminoso, los condenamos y creemos que sus líderes deben pagar con las más altas penas de cárcel aquellos actos que convirtieron al país en un baño de sangre, en nombre de una ideología totalitaria y retorcida. Y por ello, la indignación es clara y comprensible. Y es claro que un mausoleo del senderismo como lugar de revindicación de criminales resulta intolerable en una sociedad democrática.

Sin embargo, quedarnos en la mera rabia no es la manera de enfrentar estas situaciones. Comencemos por el tratamiento periodístico. Ayer Thorndike y el equipo de Cuarto Poder transmitieron el caso con sobriedad: sin música de fondo, sin permitir que las arengas senderistas fueran replicadas en televisión abierta, explicando al público lo que había pasado, utilizando los documentos oficiales del Estado (como el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación) y diciendo las palabras justas y adecuadas. En su explicación, el periodista fue pedagógico, al indicar claramente que hubo tanto motines provocados por Sendero Luminoso en tres penales de Lima (justamente, para provocar una mala reacción de las fuerzas del orden), como ejecuciones extrajudiciales condenables. Y, por supuesto, fue claro en condenar al terrorismo por sus acciones, así como los actos efectuados por sus familiares. No se tiene que caer en el sensacionalismo o la gritería para tocar adecuadamente este tema.

En segundo término, tenemos el tema estrictamente policial y judicial. Es claro en este caso hay varios indicios que apuntan a la comisión de apología del delito. Y las imágenes mostradas por Cuarto Poder son, sin duda, una clara prueba para poder iniciar una investigación e individualizar a los responsables. En esto, la administración de justicia debe ser clara y rápida.

Finalmente, es claro que existe un problema por enfrentar. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha negado una vez la inscripción al MOVADEF. En estos días, muy probablemente, ratificará una segunda negativa. Pero también es notorio que este grupo está presente, buscando convencer a jóvenes más allá de los familiares de los senderistas, en base a respuestas fáciles (y de manual) sobre el país. Y, por ello, las medidas pasan por ir más allá de lo estrictamente policial. Hace cuatro años, el politólogo Eduardo Dargent comentaba lo siguiente:

Sin duda los partidos deberían combatir políticamente estas ideas en la sociedad. Lamentablemente, nuestros débiles partidos no ganan elecciones regionales ni locales y, más importante, son casi inexistentes en instituciones educativas donde se reproduce esta ideología. Echarles toda la responsabilidad sería injusto e ingenuo. También es importante difundir todo aquello que recuerde los horrores a los que lleva una ideología genocida. Entre otros, los trabajos de Carlos Iván Degregori, el informe de la CVR, especialmente los casos horrendos que justificaron la calificación de Sendero como grupo con potencial genocida, o ese texto de Ponciano del Pino que describe la infernal vida cotidiana en comunidades controladas por S.L. Pero esta agenda, aunque fundamental, es de más largo plazo.

Creo que una batalla importante de mediano plazo que compete al Estado y a todos aquellos vinculados a la Educación pasa por ganar la Universidad Nacional y la Escuela Pública, lugares donde grupos, aunque minoritarios, todavía difunden esta forma de pensamiento. Carlos Iván Degregori planteaba una continuidad entre una educación memorista y autoritaria en la escuela y la atracción a ideologías dogmáticas difundidas en manuales marxistas de tercer nivel en la universidad. Con discursos patrioteros o pura indignación, ese discurso no dejará de ser atractivo. El reto es tomar medidas realistas para echarle más pluralismo, debate y calidad a la oferta educativa pública.

Esta es una tarea que el ministro Jaime Saavedra debería afrontar cuanto antes. ¿La tecnocracia que le ha dado buenos resultados ya estará pensando en un plan sobre el tema? Esperamos, claramente, una respuesta. Y, ciertamente, una política que vaya más allá de la gritería o del aprovechamiento para atacar políticamente al rival de turno como lo vienen haciendo varios congresistas y algunos periodistas.

Bagua: heridas abiertas

El 5 de junio de 2009 ocurrió el peor estallido de un conflicto social en el Perú en lo que va del siglo. 33 peruanos, entre policías y civiles, fallecieron. El mayor PNP Felipe Bazán aún se encuentra desaparecido. Y el país aún no cierra del todo las heridas de lo ocurrido en Bagua en aquella fecha.

Siete años después de los acontecimientos, recién ha concluido el juicio oral de uno de los procesos judiciales que se siguen por estos sucesos. En la sentencia, se absolvió a 52 personas – entre nativos y mestizos – por no habérseles encontrado pruebas de haber participado en la muerte de 12 policías en la denominada “Curva del Diablo”. Como ha indicado el Instituto de Defensa Legal, que patrocinó a varios de los imputados, no existía evidencia alguna que involucrara a estas personas en estos lamentables sucesos. Queda, así, de un lado, la sensación que se hizo justicia con los absueltos.

Sin embargo, queda también el sentimiento que no se ha terminado de saldar la deuda con los deudos de las 33 víctimas y del policía desaparecido. Como explica bien el comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:

Finalmente, queremos repetir las palabras del Presidente de la Sala Dr. Gonzalo Zabarburú, en el sentido que en este Juicio Oral  no están los responsables de los crímenes. Por lo que mantenemos la demanda de Justicia para las víctimas del 05 de Junio del 2009, tanto civiles como policías; así como la ubicación del Mayor Felipe Bazán Soles.

En esa línea, los familiares de los policías y de los civiles fallecidos demandan justicia. Y, entre ellos, no son pocos quienes reclaman que los responsables políticos de la tragedia, en particular, el expresidente Alan García y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas rindan cuenta ante la justicia por estos sucesos. Una cuestión que sin duda debe atenderse, más aún ahora que ambos exfuncionarios dejaron de tener derecho a antejuicio político. Y, más allá de estos dos nombres, el Ministerio Público debería hacer una investigación a fondo por los responsables de cada una de las muertes ocurridas en aquellos años. Los sucesos de Bagua no deberían quedar impunes.

Pero además, el caso debiera replantear una reflexión en la clase política respecto de la lejanía que se tiene frente a los pueblos indígenas. Con las excepciones de Mercedes Araoz y Javier Barreda en la última campaña electoral, la autocrítica por parte de los partidos ha sido escasa. Garcia, hasta ahora, sigue sin afrontar la responsabilidad política por este caso. Y, más allá de la consulta previa, resulta importante saber cuál será la política pública del actual gobierno respecto a nuestros compatriotas indígenas, así como para enfrentar conflictos sociales. Más allá del acertado nombramiento de Rolando Luque en la Oficina de Diálogo de la PCM, resulta clave saber qué es lo que el gobierno hará en esta materia.

Finalmente, la sentencia de ayer volvió activar viejos reflejos de defensores oficiosos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes condenaron alegremente la sentencia sin leerla. Sin duda, los miembros de estas instituciones tienen derechos humanos que deben respetarse en todo momento. Pero usar sus legítimas demandas de justicia – a atenderse con celeridad – para tratar de irse contra organizaciones que no responden a sus preferencias políticas resulta bajo, porque a la larga, es jugar con la memoria de personas inocentes. Sin duda, debe haber justicia en el caso, pero no usarse el mismo para nuevamente establecer la vieja disputa de “militares contra indígenas y ONGs”. Las víctimas merecen nuestro respeto.