¿Cómo entender la sentencia de la Corte Interamericana sobre el indulto a Fujimori?

Keiko Alberto Fujimori
¿Preocupada por su libertad o por su futuro político? (Foto: Twitter Keiko Fujimori)

A muchos sorprendió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiera no pronunciarse directamente sobre el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori en la pasada Navidad. Sin duda, la Corte IDH ha tenido mayores momentos de activismo en su actuación, en los que decidía pronunciarse directamente sobre diversas materias en las que ha sentado jurisprudencia de avanzada.

Esos tiempos parecen estar lejos. Hoy la Corte apuesta por sentencias en las que deja a los Estados la decisión final sobre determinadas materias. Esta lógica corresponde a que el tribunal entiende que existe una mayor consolidación institucional en nuestros países – con las excepciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua – a la existente en los tiempos en los que sí debía tener una actuación más activista. Con todo, este tipo de decisiones ha merecido críticas (justificadas) por parte de abogados que conocen el sistema interamericano de derechos humanos y su lógica.

Sin embargo, la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Fujimori no es ascéptica. Al revisar bien sus fundamentos, queda claro que el tribunal brinda una “hoja de ruta” a la justicia constitucional peruana para tomar una decisión final sobre el caso del sujeto que gobernó el país entre 1990 y 2000. Y que dichos fundamentos no son precisamente favorables al autócrata.

La Corte Interamericana señala, en primer lugar, una serie de parámetros para pronunciarse sobre los “indultos humanitarios”. En particular, busca ponderar la relación entre la vida, la salud e integridad física de los reos con la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.

¿Cuáles son estos parámetros?

  • Si bien la justicia internacional no se ha pronunciado directamente sobre casos de “indulto humanitario”, la jurisprudencia en los sistemas americano y europeo de derechos humanos rechaza que los Estados apelen a figuras jurídicas que busquen suprimir los efectos de sentencias condenatorias o efectúen un otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena.
  • Los tribunales penales internacionales ad hoc y la Corte Penal Internacional no contemplan la figura del indulto, sino la reducción de pena sujeta a un examen exhaustivo en cada caso.
  • La obligación de sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia.
  • La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que se debe garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. En los casos de sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, las medidas a tomar deben ser las que menos restrinjan el derecho a la justicia de las víctimas, las que deben ser aplicadas en casos muy extremos y en una necesidad imperante.
  • En los casos de personas sentenciadas por graves violaciones a los derechos humanos, el otorgamiento de un indulto presidencial conlleva “una mayor afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sus familiares”.

Asimismo, la Corte Interamericana señaló una serie de hechos controvertidos alrededor del indulto humanitario. ¿Cuáles son?

  • Poca objetividad de la Junta Médica Penitenciaria, pues la integró un médico que trató anteriormente a Fujimori en Neoplásicas.
  • Diferencias sustanciales entre el acta de la Junta Médica Penitenciaria del 17 de diciembre de 2017 y el acta ampliatoria suscrita dos días después.
  • No existe documento alguno que señale cuáles son las “enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada progresiva, degenerativa e incurable” que justifican el indulto.
  • Ningún documento señala cómo las condiciones de la cárcel pueden colocar en grave riesgo la vida, la salud o la integridad del entonces reo Fujimori.
  • La resolución suprema que otorgó el indulto no menciona que Fujimori fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En estos casos, el Estado debe tener una mejor y mayor argumentación sobre el otorgamiento de esta gracia.
  • El contexto en el que se presentó la solicitud de indulto, vinculado a la vacancia presidencial de PPK y los “Mamanivideos”

En suma, con estos parámetros y hechos, el Poder Judicial o, en su defecto, el Tribunal Constitucional, deberían indicar que el indulto no cumple con la Convención Americana de Derechos Humanos y, con ello, enviar a nuevo a Fujimori a donde corresponde: un establecimiento penal en el que sus condiciones de salud estén garantizadas. Y si para el 29 de octubre de 2018 esto no es decidido por el Estado peruano, será la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tome la decisión, en el sentido arriba señalado.

Sin embargo, queda un elemento central en esta historia: la política. ¿Cómo queda el fujimorismo en torno a esta decisión? Rosa María Palacios enunció ayer una posible respuesta, que aún tiene un alto factor de espera:

Por otro lado, la decisión de la CIDH de criticar severamente el indulto “humanitario” a Alberto Fujimori, pero ordenar al Tribunal Constitucional que resuelva su inconstitucionalidad (el Presidente también podría, cumpliendo el mandato de la Corte, declararlo nulo) pone a Keiko Fujimori en aprietos. Ella ha perseguido a su hermano por sacar a su padre de la cárcel negociando con Kuczynski. Nunca quiso a su padre libre de esa forma y así lo reconoció en un comunicado de su partido. Pero si él regresara pronto a la cárcel –y todo parece indicar que la libertad se le acaba, como máximo, en octubre– ella será vista como la gran culpable y su hermano menor se encargará de recordárselo toda su campaña. ¿Qué hacer? Keiko Fujimori ha corrido a tomarse una foto con su padre, ahora sí, pidiendo su libertad. La cara de Alberto Fujimori lo dice todo. No confía en su hija.

La respuesta, por tanto, aún sigue abierta. Con la consiguiente incertidumbre para los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por quien gobernó el Perú en la década de 1990.

Despejando mitos sobre el indulto

Fujimori indultado
Foto: Peru.21

El indulto es irrevisable. Al ser una injerencia del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales, los indultos son excepcionales y contemporáneamente, están sujetos a reglas. Desde el caso Crousillat, pueden ser analizados por jueces constitucionales e incluso anulados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revisar el indulto, porque Fujimori no fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Para el sistema interamericano, basta que un delito sea una “grave violación de derechos humanos” para verificar si amnistías, indultos u otro mecanismo permiten la impunidad. Los casos Barrios Altos y La Cantuta son considerados por la Corte como tales. Y los jueces peruanos sí otorgaron la calificación accesoria de lesa humanidad.

Se han saltado los plazos para admitir un caso ante la Corte Interamericana. Este tribunal puede realizar audiencias de cumplimiento de sentencia a pedido de las víctimas y sus familiares. Por ello, el tribunal internacional revisará el indulto en febrero.

Se cerrarán los pleitos entre los Fujimori. Más allá de la foto de compromiso, el patriarca del clan no ha podido pacificar a sus hijos. Kenji busca concentrar más poder ofreciéndoles a los congresistas conseguir proyectos y obras con el gobierno, conociendo los problemas legales de su hermana, esgrimidos como argumento interno para que voten a favor de la vacancia de PPK. A su vez, Keiko sabe que el indulto puede ser anulado en San José y, con su padre de nuevo en la cárcel (o en Tokio), ella retomaría las riendas del fujimorismo. La bronca es real.

Será posible la gobernabilidad y la realización de reformas de mercado. La actual partición del fujimorismo hace inviable esta hipótesis. Y la mayoría de sus proyectos de ley no son precisamente garantes de la buena marcha macroeconómica del país. En sencillo: la reforma laboral y la pensionaria no les interesan.

El país se reconciliará. Junto con el trapicheo de la palabra reconciliación, el indulto a Fujimori, tanto en fondo y en forma, no ha contribuido a la unión nacional. ¿Quién fue el “genio” en Palacio de Gobierno que pensó en ello?

(Publicado originalmente en La República)

Los reales problemas del Caso El Frontón

El Frontón

La acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por un fallo emitido en el 2016 sobre el Caso El Frontón activó una falacia. Se ha señalado que esta resolución perjudicaba a los miembros de la Marina de Guerra procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, al declarar que lo ocurrido podría constituir un crimen de lesa humanidad y, por tanto, reabrir el caso. Se omite que, en realidad, el proceso judicial por los posibles delitos cometidos con posterioridad al legítimo debelamiento de un motín senderista en 1986 nunca se cerró.

La resolución emitida el año pasado, que corrige el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en el 2013, corresponde a un proceso de hábeas corpus iniciado en el 2009 por quienes hoy se encuentran en juicio oral ante la Sala Penal Nacional. El fin último de esa demanda habría sido que el caso prescriba.

Yerros hay en ambas resoluciones. El Tribunal Constitucional nunca debió pronunciarse – ni en el 2013 ni en el 2016 – sobre si estábamos ante un delito de lesa humanidad, cuestión que corresponde al Poder Judicial. Tampoco debió, como se hizo en la sentencia original, interpretar que el caso no se cerraba para los acusados como perpetradores directos, pero sí para los posibles autores intelectuales. Este punto contraría las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso. Y a ello se suma la errática corrección sobre el voto contradictorio del magistrado Juan Vergara Gotelli, cuyo sentido real no conoceremos, debido a un mal degenerativo.

En realidad, el Tribunal Constitucional debió declarar que el proceso por presuntas ejecuciones extrajudiciales no prescribía porque se trataba de posibles delitos que, de confirmarse, constituirían una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con las sentencias de la Corte IDH en los casos Barrios Altos, Gomes Lund y Gelman. Aún puede hacerlo, dado que se interpuso una queja contra su segunda resolución en el proceso de hábeas corpus.

Pero las discrepancias que puedan existir sobre una interpretación legal no deben procesarse a través de una acusación constitucional. Tampoco existen evidencias de prevaricato en este caso, como han indicado bien los abogados de los magistrados. Por ello, el Congreso de la República debería cerrar este procedimiento. Más aun cuando la acusación se habría contaminado con intereses políticos subalternos, que buscarían magistrados más afines en el Tribunal Constitucional o cerrar un caso incómodo para un partido criticado por los errores de sus dos gobiernos.

Dicho esto, el sistema de justicia debe ser más expeditivo en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000. Tanto las víctimas como los acusados se ven afectados por la demora en estos procesos, que deben culminar con sentencias absolutorias o condenatorias.

Como sociedad, debemos comprender que de confirmarse la ejecución de prisioneros rendidos, por más delincuentes que hubieran sido, sería una conducta punible. Peor aun, no investigar este caso podría impedir que los peruanos distingamos entre quienes deshonraron el uniforme de Grau y los marinos que nos defendieron adecuadamente frente al terror que amenazó al Perú.

(Publicado originalmente en el diario El Comercio)