Los reales problemas del Caso El Frontón

El Frontón

La acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por un fallo emitido en el 2016 sobre el Caso El Frontón activó una falacia. Se ha señalado que esta resolución perjudicaba a los miembros de la Marina de Guerra procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, al declarar que lo ocurrido podría constituir un crimen de lesa humanidad y, por tanto, reabrir el caso. Se omite que, en realidad, el proceso judicial por los posibles delitos cometidos con posterioridad al legítimo debelamiento de un motín senderista en 1986 nunca se cerró.

La resolución emitida el año pasado, que corrige el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en el 2013, corresponde a un proceso de hábeas corpus iniciado en el 2009 por quienes hoy se encuentran en juicio oral ante la Sala Penal Nacional. El fin último de esa demanda habría sido que el caso prescriba.

Yerros hay en ambas resoluciones. El Tribunal Constitucional nunca debió pronunciarse – ni en el 2013 ni en el 2016 – sobre si estábamos ante un delito de lesa humanidad, cuestión que corresponde al Poder Judicial. Tampoco debió, como se hizo en la sentencia original, interpretar que el caso no se cerraba para los acusados como perpetradores directos, pero sí para los posibles autores intelectuales. Este punto contraría las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso. Y a ello se suma la errática corrección sobre el voto contradictorio del magistrado Juan Vergara Gotelli, cuyo sentido real no conoceremos, debido a un mal degenerativo.

En realidad, el Tribunal Constitucional debió declarar que el proceso por presuntas ejecuciones extrajudiciales no prescribía porque se trataba de posibles delitos que, de confirmarse, constituirían una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con las sentencias de la Corte IDH en los casos Barrios Altos, Gomes Lund y Gelman. Aún puede hacerlo, dado que se interpuso una queja contra su segunda resolución en el proceso de hábeas corpus.

Pero las discrepancias que puedan existir sobre una interpretación legal no deben procesarse a través de una acusación constitucional. Tampoco existen evidencias de prevaricato en este caso, como han indicado bien los abogados de los magistrados. Por ello, el Congreso de la República debería cerrar este procedimiento. Más aun cuando la acusación se habría contaminado con intereses políticos subalternos, que buscarían magistrados más afines en el Tribunal Constitucional o cerrar un caso incómodo para un partido criticado por los errores de sus dos gobiernos.

Dicho esto, el sistema de justicia debe ser más expeditivo en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000. Tanto las víctimas como los acusados se ven afectados por la demora en estos procesos, que deben culminar con sentencias absolutorias o condenatorias.

Como sociedad, debemos comprender que de confirmarse la ejecución de prisioneros rendidos, por más delincuentes que hubieran sido, sería una conducta punible. Peor aun, no investigar este caso podría impedir que los peruanos distingamos entre quienes deshonraron el uniforme de Grau y los marinos que nos defendieron adecuadamente frente al terror que amenazó al Perú.

(Publicado originalmente en el diario El Comercio)

Sin juego de local

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El sábado 16 de septiembre, Susel Paredes renunció a su puesto en el Ministerio del Interior, para postular a la alcaldía de Magdalena. Ella expresó que haría su campaña a través de “Vivo Por Magdalena”, movimiento en formación.

Sin embargo, su sueño podría frustrarse. Hace una semana, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen que impediría la participación de organizaciones provinciales y distritales en las Elecciones Municipales 2018. Esta nueva regla cuenta con el beneplácito de varios analistas políticos, como José Carlos Requena.

Ambos defienden sus posiciones con argumentos bastante plausibles. Lea ambos puntos de vista y saque su propia opinión.

Susel Paredes
Susel Paredes apuesta por ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para postular por su propia organización local (Foto: La República)

SUSEL PAREDES: ORGANIZACIONES LOCALES PARA LOS VECINOS NO REPRESENTADOS POR LOS PARTIDOS

Susel Paredes hizo un alto a su campaña para alertar sobre lo que considera un atropello. A su criterio, “lo que quiere el proyecto es monopolizar la participación en elecciones locales de los partidos políticos“. En su visión, Alianza Para el Progreso, partido que propuso la iniciativa, busca parar a la competencia directa con un proyecto que vulnera el derecho a la representación política.

Para la abogada, no son atendibles los argumentos de la Comisión de Constitución sobre la paulatina poca importancia de las organizaciones locales en los procesos municipales. “Hay alcaldes con décadas en el puesto y fueron electos por movimientos locales, como (Augusto) Miyashiro (Chorrillos) y el propio (Francis) Allison (Magdalena)”.

La reconocida activista no quiere postular por un partido nacional, porque su propuesta es vecinal: “Por eso voy a las casas a hablar con cada vecino. La calidad de la comunicación candidata – vecino es suprema. No hay otra que la supere”. Estima que la presencia de organizaciones locales ayudaría a los partidos políticos: “La competencia va a fortalecer las bases de los partidos locales. Si tú vas por los distritos buscando los locales de los partidos, vas a encontrar muy pocos que están activos“. Está a favor que los movimientos locales tengan continuidad luego de las elecciones municipales y rindan cuentas sobre los gastos de campaña.

Otra objeción que encuentra Paredes es que hay un cambio de reglas para las elecciones 2018, cuando ya existen precandidatos haciendo campaña. Ella ha ahorrado para afrontar la contienda sin necesidad de trabajar para el Estado o para privados, como gesto de ética política. También se resiste a pagar una cuota a un partido nacional para ser candidata.

La precandidata a la alcaldía de Magdalena apuesta a una vía legal para detener este cambio normativo: una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella estima que un amparo o una acción de inconstitucionalidad no le permitirían defenderse a cabalidad y espera que otros movimientos se sumen. Y deja una metáfora futbolística para los partidos en el Congreso: “Porque maten a Messi, Cueva no va a hacer más goles. Yo lo quiero vivo para demostrar que Cueva es mejor“.

José Carlos Requena
José Carlos Requena está a favor de desaparecer organizaciones que, a su criterio, complican el sistema político peruano (Foto: Encuentro.pe)

REQUENA: PARTIDOS NACIONALES FRENTE A ORGANIZACIONES QUE DISPERSAN EL SISTEMA POLITICO

En la orilla contraria, José Carlos Requena está a favor de la medida aprobada por la Comisión de Constitución para desaparecer las organizaciones políticas locales: “no son pasibles de una rendición de cuentas adecuada, desaparecen al terminar la elección y parte del éxito de un diseño institucional está basado en reglas más o menos rígidas. Lo que pierdes en representatividad, lo ganas en legitimidad“.

El socio de 50+1 Grupo de Análisis Político también le da la razón al Congreso sobre la decreciente importancia de estas organizaciones: “Con data de 2014, hicimos un mapeo sobre los distritos afectados por el Niño Costero y de 56 casos solo 4 correspondían a movimientos locales. Te hablo a nivel provincial. Si aterrizamos a nivel distrital, esa cifra puede ser menos significativa“.

Requena estima que, en realidad, la continuidad de las listas provinciales y distritales no aporta al fortalecimiento de la política peruana: “Las organizaciones locales le agregan desorden a nuestro sistema político“. También señala que ningún político de fuste ha salido de estos movimientos de carácter vecinal. “Lo único que hacen es promover los personalismos políticos en un escenario donde hay consenso en fortalecer los partidos“, señala en clara alusión a los eternos alcaldes Miyashiro y Allison, quienes dejarán sus puestos en 2018 por la prohibición de reelección de burgomaestres.

El analista político sí coincide con Paredes en una objeción: esta regla no debería aplicarse para las elecciones municipales 2018. “Para salvaguardar la integridad del proceso, lo más sensato sea guardar esta modificación para la siguiente elección, para evitar suspicacias“. Sin embargo, Requena estima que la posibilidad de cobro de cupos para poder acceder a una lista distrital o provincial también puede generarse en una organización local.

Finalmente, el analista se muestra contrario a tratar a Lima como una región para estos efectos, como plantea Enrique Cornejo, otro de los posibles afectados con esta disposición, pues su movimiento “Contigo Ciudadano” se considera de carácter provincial. “Estamos llenos de excepciones que no sé qué tanto bien hace un tratamiento especial“, concluye Requena.

(Publicado originalmente en La Mula)

 

 

El candado (leguleyo) de la Bankada

Bankada

Este jueves, Fuerza Popular aprobó una modificación del Reglamento del Congreso contraria al sentido al fallo del Tribunal Constitucional sobre el transfuguismo. Mientras hay movidas en todas las bancadas, Kenji Fujimori está más solo que nunca. La historia de una semana complicada en el parlamento. 

El martes 12, los fujimoristas Daniel Salaverry, Rolando Reátegui, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra, Héctor Becerril y el aprista Javier Velásquez Quesquén presentaron una iniciativa veloz para modificar algunos artículos del Reglamento del Congreso de la República.

Ellos se adelantaron por un día a la publicación del fallo del TC que declaraba inconstitucional el recorte de derechos a los congresistas que renunciaban o eran expulsados de su bancada de origen. La sentencia permitía la creación de nuevas bancadas o la adhesión a las ya existentes de estos parlamentarios.

Originalmente, el proyecto se discutiría al día siguiente. Sin embargo, la cuestión de confianza presentada por Fernando Zavala demoró los planes. Ello dio tiempo para que el bloque parlamentario Nuevo Perú presentara su solicitud para ser bancada. El Consejo Directivo presidido por Luis Galarreta accedió al pedido zurdo.

Con los votos fujimoristas y apristas, la propuesta de Fuerza Popular fue aprobada. Así, se creó un nuevo candado para evitar una diáspora en la bancada mayoritaria.

Tuesta
Fernando Tuesta estima que Fuerza Popular ha buscado blindar a su bancada de nuevas disidencias, vulnerando la sentencia del Tribunal Constitucional (Foto: La República)

LA LEGULEYADA HECHA REGLAMENTO

Desde hoy, los congresistas renunciantes a su grupo por separación de su alianza electoral o quienes sean expulsados y consideren que sus derechos fueron vulnerados tendrán la opción de formar un grupo mixto parlamentario. Pero a condición de una aprobación previa del grupo parlamentario original o, en segunda instancia, por el Consejo Directivo del Congreso.

Para el politólogo Fernando Tuesta, la norma escamotea lo señalado por el TC: “Fuerza Popular puede determinar que no existe violación de derechos y convertir en un calvario la salida de un congresista“. Todo queda en manos fujimoristas.

La norma tiene otro inconveniente: no contempla a los congresistas suspendidos, ni a los renunciantes por cuestiones de conciencia o discrepancias con la dirección del grupo parlamentario. Ello vulnera la sentencia del TC.

La abogada y periodista Rosa María Palacios recordó para este informe que fue difícil obtener un fallo en el Tribunal, dado que había dos votos claros en contra. Para ella, la resolución es adecuada porque distingue entre “transfuguismo ilegítimo” y disidencia. Pero estima que será difícil cuestionar la modificación al Reglamento del Congreso, debido a que el magistrado Augusto Ferrero Costa requirió los votos fujimoristas para acceder al TC.

Para Tuesta, el único objetivo de la medida es mantener la unión del fujimorismo en el Congreso: “Fuerza Popular sabe que es probable que su bancada se rompa, que es lo que le interesa más que normar una regulación sobre el transfuguismo“. Palacios coincide: “les interesa partir a todas las bancadas, menos la suya. Es una jugarreta de Galarreta“.

Kenji
Así lucía el avatar del congresista Kenji Fujimori en Twitter el último viernes. Una clara protesta, pero solitaria.

LA SOLEDAD DE KENJI FUJIMORI

Palacios estima que el perdedor político en esta pugna fue Kenji Fujimori. Él votó solitariamente en contra del cambio del Reglamento del Congreso y de la censura al gabinete Zavala. Ella explica por qué sus supuestos 23 leales votaron en bloque con el resto de su grupo:

“Les han ofrecido la reelección. Los blindaron en la Comisión de Ética o los van a limpiar a cambio de su lealtad. La posibilidad que Kenji les ofrezca un futuro diferente es remota, pues él pensaba hacerle un golpe de Estado a Keiko. Pero tiene que convencer a un consejo directivo copado por ella y a una asamblea que es el candidato del 2021. Y no tiene inscripción alternativa”

En la interna fujimorista se habla de una encuesta que les daría 100 congresistas en caso se censure a un segundo gabinete de PPK y se convoque a nuevas elecciones al Congreso. Se desconoce si las cifras son verdaderas.

La libertad de Alberto Fujimori, punto único de la agenda kenjista, se ha diluido. El comunicado partidario por el aniversario de la captura de Abimael Guzmán ni siquiera menciona al líder histórico.

Tuesta tiene una opinión similar: “Hay quienes votaron por temor. Pero tampoco estoy tan seguro de la lealtad de los kenjistas“. Las disidencias en votaciones han sido menores.

Una muestra de la soledad política de Kenji es el uso de “fujitrolls” para crearle memes falsos y así indisponerlo con el resto de la Bankada, como reportó Utero.pe.

Rosa Maria Palacios
Para Rosa María Palacios, la bancada de Alianza Para el Progreso se mantiene firme gracias a un liderazgo político tradicional cómo el de César Acuña (Foto: Rosa María Palacios.pe)

LAS OTRAS MOVIDAS

Tuesta estima que la creación de la bancada Nuevo Perú, siendo legal, tendrá un problema con el financiamiento partidario, pues recaerá por entero en el bloque liderado por Marco Arana: “No es poca cosa. Eso lo reciben gracias a que eran 20 parlamentarios originalmente y el Frente Amplio se queda con todo siendo la mitad“.

Por su parte, Peruanos Por el Kambio parece salvarse, momentáneamente, del riesgo de una escisión. Incluso han sumado a la independiente Patricia Donayre a sus filas: el gobierno suma a una aliada y ella recupera visibilidad política.

Mientras que la solidez partidaria de Acción Popular y el APRA les permite tener bancadas sin disidencias mayores, en Alianza Para el Progreso la clave estaría en su líder: “Acuña maneja las relaciones con sus congresistas en forma tradicional: los lleva a almorzar o de viaje a ver a (Luis) Iberico que es embajador en Roma. Él indica que se apoye al gobierno marcando cierta distancia“, concluye Palacios.

Finalmente, la posibilidad de una bancada evangélica liderada por Julio Rosas se ha diluido. No solo por la norma recién aprobada, sino porque los pastores y sus seguidores se convencieron que es mejor estar en todas las fuerzas políticas para obtener sus objetivos conservadores.

Así es la situación actual en el Congreso de la República.

(Publicado originalmente en La Mula)

 

 

 

 

El caso Sodalicio en el limbo

Figari Roma

Una investigación fiscal que avanza lentamente. Una moción para la indagación parlamentaria que no es debatida en el pleno del Congreso de la República. Una propuesta para una comisión de la verdad sobre abusos sexuales sin luz verde en Palacio de Gobierno. Mientras Luis Fernando Figari prosigue su exilio dorado en Roma, el Sodalicio de Vida Cristiana oscila entre el silencio estratégico ante los medios y el cabildeo discreto. Esta es la historia de la poca preocupación estatal sobre uno de los mayores escándalos eclesiales en nuestro país. 

Desde febrero de 2017, el Sodalicio de Vida Cristiana no emite pronunciamiento alguno sobre los abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por varios de sus dirigentes en la mayor parte de su historia. Canal S, espacio destinado en redes sociales para ello, se encuentra abandonado. Tampoco hay referencias en la página web de la institución sobre los avances en la implementación de las recomendaciones hechas por las comisiones investigadoras internas presididas por Manuel Sánchez Palacios e Ian Eliott. El tema ha desaparecido. 

El silencio es estrategia, refiere Pedro Salinas, periodista que ha dedicado la mayor parte de la década actual a indagar y denunciar los graves hechos cometidos en la entidad conservadora fundada por Luis Fernando Figari en 1971. Acontecimientos que han generado deserciones masivas, así como el repudio de buena parte de la opinión pública a la entidad.

Pero el Estado peruano no se viene comportando a la altura de las circunstancias con las víctimas. En las instancias que deberían investigar el caso, la lentitud y la lenidad son las características. Este informe alerta sobre la posibilidad de impunidad en el caso Sodalicio. Ello se sumaría al pronunciamiento de la Santa Sede que confina a Figari a una vida de recogimiento y meditación en una casa en Roma, con todas las comodidades del caso, sin posibilidad de venir al Perú a responder ante la justicia.

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Luis Fernando Figari aún no ha sido citado nuevamente a declarar en la nueva investigación que se le sigue ante el Ministerio Público (Foto: El Español)

MINISTERIO PÚBLICO: AVANCES LENTOS

A fines de marzo de 2017, parecía que el caso Sodalicio se encaminaba a una vía de justicia. El fiscal superior Frank Almanza decidió que la denuncia presentada por los exsodálites José Enrique Escardó, Óscar Osterling, Pedro Salinas, Martín y Vicente López de Romaña sobre secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir debía ser nuevamente investigada.

Almanza detectó que la indagación de la fiscal María del Carmen Peralta tenía graves deficiencias: testigos que no fueron llamados, peritajes descartados, interrogatorios conducidos en forma ineficiente y carencia de fundamentos adecuados.

Peralta fue suspendida en sus funciones durante un mes por el Ministerio Público, debido a estos errores y omisiones. Esta decisión ha sido apelada por la representación legal de los denunciantes, encabezada por el abogado Héctor Gadea, porque ha sido considerada como insuficiente.

Actualmente el caso se encuentra a cargo de la fiscal María del Pilar León Pizarro, titular de la 18° Fiscalía Provincial Penal de Lima. La investigación ha sido declarada compleja, por lo que ella tiene 8 meses para indagar.

Gadea nos confirmó que la fiscal viene tomando declaraciones a testigos y víctimas de los abusos cometidos en el Sodalicio. También ha hecho pedidos de documentación a la entidad católica sobre diversos aspectos de su manejo institucional. Él también refiere que las indagaciones avanzan de forma lenta y nos explica los motivos:

Una fiscalía común no se da abasto para un caso de tanta complejidad. Ello sobrepasa las capacidades institucionales de la misma. Esa es la explicación por la que solicitamos siempre que sea una fiscalía de criminalidad organizada la que esté a cargo del caso. Este tipo de instancia se dedica a casos puntuales, con bastantes recursos humanos y de infraestructura, con mayores plazos para que puedan ver una investigación de esta naturaleza. Las normas sobre criminalidad organizada brindan al Fiscal de la Nación la facultad de enviar un caso a este tipo de fiscalías”.

Hasta la fecha, el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde no ha enviado este caso a las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada. La fiscal León Pizarro pidió el traslado del caso, pero su pedido no ha sido atendido.

Salinas nos confirma que el caso se maneja con lentitud, aunque vislumbra algunos avances. “No me han vuelto a llamar a declarar, pero están comenzando a convocar a personas que estaban en la lista original que no fue tomada en cuenta por la fiscal Peralta. Algunas de estas personas declararon para el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados y otras no”. El periodista nos confirmó que la fiscal León ya ha solicitado el volumen sobre los abusos en la entidad católica conservadora.

 

Paola Ugaz, periodista que colaboró con Salinas para el mencionado libro y quien continúa con sus indagaciones sobre el Sodalicio, expresa sentimientos mixtos ante la actuación del Ministerio Público “Todo está muy lento. Están presentándose documentos y están convocando a varias personas. La situación sin duda ha mejorado, porque se ha incorporado a gente que la fiscal Peralta no llamó nunca, como los miembros de la Comisión de Ética“.

Para Ugaz, el punto crucial de la investigación fiscal es que se pruebe la existencia de una organización criminal. De la misma opinión es el congresista Alberto de Belaúnde, quien también nos refiere su preocupación por la lentitud con la que viene actuando el Ministerio Público. Sin embargo, el parlamentario oficialista señala una posible pista de indagación que podría ser atendida por las autoridades:

“Un abusador de las características de Figari no deja de serlo de la noche a la mañana. Si se investiga en serio, se podrían encontrar casos de abuso sexual que no hayan prescrito. Lo mismo con otros líderes de la organización”.

Actualmente, la investigación recae sobre Figari, el sacerdote Jaime Baertl, el exfuncionario de la Organización Internacional del Trabajo Virgilio Levaggi, así como en miembros actuales del Sodalicio como José Ambrozic, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Erwin Scheuch.

Si bien el Sodalicio no se ha pronunciado sobre esta nueva investigación, Gadea señala que la entidad católica no viene colaborando adecuadamente con las investigaciones. De hecho, el abogado nos refirió que el SVC viene buscando que la fiscal León Pizarro emita de una vez su informe, para que la investigación se cierre. La institución tampoco está entregando información solicitada por el Ministerio Público. “Uno es el discurso hacia la tribuna y otro hacia la fiscalía”, refiere Gadea.

Alberto de Belaunde - La Republica
Alberto de Belaúnde insistirá en su pedido para crear una comisión investigadora sobre el Sodalicio en el Congreso de la República (Foto: La República)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA: UNA MOCIÓN EN SUSPENSO

De Belaúnde presentó hace unos meses una moción multipartidaria para la creación de una comisión investigadora sobre el caso Sodalicio. En marzo pasado, fue rechazada por el Consejo Directivo del Congreso de la República. Para el parlamentario, esta decisión fue antireglamentaria, porque estas mociones deben ser vistas en el Pleno.

Si bien se logró que la moción pase a la agenda del Pleno, no ha sido discutida hasta el día de hoy. “Es potestad del presidente del Congreso de la República definir cuando se debate”, refiere el congresista oficialista. Sin embargo, el actual titular de dicho poder del Estado, Luis Galarreta, fue bastante duro como vocero de Fuerza Popular frente a este pedido de creación de la comisión investigadora.

De Belaúnde mantiene cierto optimismo sobre la aprobación de su pedido: “Yo creo que tarde o temprano este tema se va a poner en debate.  Estamos ante un caso de interés público, de carácter emblemático y lo que aprendamos de esta investigación, dará importantes lecciones para nuestro país y nos permitirá modificar el marco legal para que estos casos no se repitan”.

En la conversación que sostuvimos, resaltó la importancia del tema a partir de lo ocurrido con el sacerdote chileno Abel Pérez Ruiz, integrante de la congregación Marista, sindicado por 14 personas por abusos sexuales y que actualmente está en el Perú.

Salinas es más pesimista ante la posibilidad de una comisión investigadora, sobre todo, por las coincidencias entre el Sodalicio y Fuerza Popular

“No se va a mover absolutamente nada. Y si se mueve algo, va a ser un gesto de efecto para la tribuna. Porque en un congreso donde la mayoría la tiene el fujimorismo, que es un aliado táctico del Sodaliciono hay forma que se cree una comisión investigadora del caso. Digo que es un aliado tácito porque cada vez que hay marchas por la vida, contra la unión civil o cualquiera donde la Iglesia Católica – entendida como Opus Dei, Sodalicio y todo el grupo más conservador – y los evangélicos más recalcitantes, están ellos”. 

Diversos medios de comunicación han dado cuenta que uno de los asesores principales de Keiko Fujimori, Pier Figari, es pariente del sacerdote sodálite Juan Mendoza. Figari es conocido por ser uno de quienes “baja línea” al interior del grupo parlamentario mayoritario, junto a a la asesora Ana Vega. Y si bien Kenji Fujimori manifestó públicamente su posición contraria a enterrar el caso, su núcleo de más de veinte congresistas también tiene a parlamentarios evangélicos con más de una coincidencia con el Sodalicio.

La organización católica conservadora mantiene vínculos familiares con otros líderes partidarios. Luis Castañeda Lossio es tío de Germán Doig, fallecido vicario del Sodalicio acusado de abusos sexuales. Ugaz refiere que “con Solidaridad Nacional hay una afinidad. Tienes el caso de la entrega del terreno de Ancón al Sodalicio para que hagan un cementerio”. El exparlamentario del PPC Juan Carlos Eguren – hoy dedicado a la gestión de intereses – es tío del miembro del Consejo Directivo sodálite Carlos Neuenschwander. Ambos comparten las mismas posiciones conservadoras.

Un vínculo mayor es el existente entre el expresidente Alan García y el sacerdote Jaime Baertl, quien durante años fue el hombre fuerte de las finanzas de la institución. Baertl bautizó al hijo menor del exmandatario, cuando aún ocupaba Palacio de Gobierno. “La relación no se ha roto para nada. Baertl es cercanísimo a Alan García”, refiere Ugaz. Sin embargo, parlamentarios apristas sí se mostraron a favor de la investigación parlamentaria.

Congreso de la República - LR
Miembros del Sodalicio visitaron el Congreso de la República para para la comisión que investigaría a la institución. Sus reuniones no fueron registradas (Foto: La República) 

De hecho, el Sodalicio hizo gala de sus influencias políticas para parar la moción presentada por De Belaúnde. El congresista nos confirmó que miembros de la entidad católica acudieron al Congreso de la República para hacer presión en contra de su pedido y reveló un hecho bastante grave:

Lamentablemente no existe registro de sus visitas a las instalaciones del Congreso de la República. Ello no es difícil que pase. Basta que un miembro de la oficina del congresista que autoriza la entrada ingrese con ellos al edificio para que no quede registro alguno de la visita, lo cual está mal. Debe ser obligatorio que cualquier persona se registre y la información sea de acceso al público.

De acuerdo con la versión del parlamentario, “el actual responsable del Sodalicio en el Perú fue quien visitó a distintos congresistas de distintas bancadas dando el mensaje que este tema no debería ser visto por el Congreso y mintiendo al señalar que la comisión atacaría a la Iglesia Católica como institución”.

Según pudimos conocer por diversas fuentes que se mantienen en reserva, fueron varias personas ligadas al Sodalicio de Vida Cristiana quienes esgrimieron ante los congresistas de diversas bancadas que la comisión serviría como instrumento contrario al cardenal Juan Luis Cipriani y para revisar el Concordato, tratado entre el Perú y la Santa Sede que otorga beneficios de diverso tipo a la Iglesia Católica. De Belaunde desmintió que el grupo de trabajo hubiera tenido este último propósito.

Solicitamos reiteradamente al Sodalicio de Vida Cristiana una versión sobre estas visitas al Congreso de la República, sin obtener una respuesta oficial o extraoficial sobre las mismas hasta el cierre de este informe.

Australia Comision Abusos Sexuales
Australia ha formado una Comisión Real para investigar abusos sexuales a menores de edad. ¿Un modelo para exportar al Perú) (Foto: Reuters) 

PODER EJECUTIVO: UNA LLAVE AUN NO UTILIZADA

En febrero pasado, De Belaúnde viajó a Australia. Allí conoció la experiencia de la Comisión Real de Respuesta Oficial a los Abusos Sexuales a Menores, grupo de trabajo creado por el Poder Ejecutivo para investigar casos vinculados a diversas instituciones. “Lo que ha sucedido es que el 65% de denuncias registradas corresponden a la Iglesia Católica. Es un trabajo muy serio, mas de dos años”, refiere el parlamentario.

Para Salinas, el esquema australiano es interesante y podría ser tomado en cuenta en nuestro país: “Yo soy partidario de tener a Australia como referente. Se puede hacer una comisión de la verdad a nivel nacional, porque estas cosas no solo pasan en Lima. En esta investigación de largo aliento, se ha involucrado al cardenal George Pelt, el número 3 del Vaticano, quien manejaba las finanzas de la Santa Sede”.

De Belaúnde coincide en contar con una suerte de comisión de la verdad para investigar casos de abusos a menores“Esto podría salir con un Decreto Supremo del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, aún no ha existido la voluntad política para ello, admite el parlamentario oficialista.

Salinas se muestra escéptico sobre la posibilidad de creación de una comisión de este tipo por parte del actual gobierno. “Cuando tienes gente en el Poder Ejecutivo a cargo de la visita del Papa, yo no espero ningún tipo de ánimo fiscalizador”, sostiene el periodista.

Ugaz comparte la misma impresión: “Es un gobierno muy frágil“. Y también detalla que el Ministerio de Educación tampoco actuó para supervisar a los colegios del Sodalicio: “Ni siquiera se hizo una visita de campo. De hecho, cuando pasó la denuncia en el caso Juan Borea – promotor del colegio Héctor de Cárdenas acusado de tocamientos indebidos a menores – , la procuradora fue al plantel. En este caso, no pasó nada. Algunos padres de familia denuncian es que han vuelto los sodálites a los colegios vinculados a la organización, sobre todo al San Pedro”, refiere la periodista.

Hace dos meses, padres de familia que tenían a sus hijos en el Colegio San Pedro decidieron denunciar al plantel ante INDECOPI para que se les devuelva la cuota de ingreso y se les reintegren los gastos hechos para trasladar a los menores a otros colegios. La entidad administrativa ha declarado el caso como confidencial. Erickson Molina, patrocinante de los apoderados de los exalumnos del colegio sodálite, confirmó esta decisión y se excusó, por ello, en dar mayores detalles sobre el caso.

Quizás ahora se entiende mejor el silencio en las sedes de Camacho y San Borja de la golpeada, pero aún poderosa, institución conservadora.

(Publicado originalmente en La Mula)

 

 

 

Lava Jato: el duelo entre el Ministerio Público y el Congreso

(Foto: Andina)

Durante las últimas semanas, el Congreso de la República ha iniciado una ofensiva contra el Ministerio Público. ¿El motivo? La decisión de la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano colegiado de la entidad encargada de la investigación de delitos, de no autorizar al fiscal Hamilton Castro para declarar ante la Comisión Investigadora parlamentaria del caso Lava Jato.

En su columna del domingo, Enrique Pasquel, subdirector de El Comercio, resumió las principales declaraciones de los parlamentarios:

Mauricio Mulder, por ejemplo, dijo: “Sabe Dios qué se está negociando. Con los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que está plagado de fiscales que liberan bandas, ¿qué pasará con este tema?”. Luego, habló de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde se sumó al ataque y señaló: “Yo creo que hay que cambiar a ese fiscal, me parece que está muy mal”. Asimismo, Lourdes Alcorta acusó “falta de voluntad” de parte del Ministerio Público. Y, por citar un último caso, Héctor Becerril profetizó: “Cuando vaya la comisión [del Congreso] a Brasil y se encuentre con la información, seguramente vamos a saber por qué no quieren colaborar, qué esconden”. Y, así, siguieron sumando cocachos a la fiscalía.

¿Por qué la Fiscalía de la Nación y los demás fiscales supremos se oponen a la asistencia de Castro a la Comisión del Congreso? Muy simple. La reserva con la que el fiscal del caso Lava Jato se ha manejado no solo está dando resultados, sino que resulta clave para seguir avanzando en el mismo. En un foro político en el que existen varios partidos interesados en conocer a quien le pueden pegar luego – para aprovecharlo políticamente o salvar a sus líderes -, sin duda, presionar por esta información es una tentación para cualquiera.

A ello se suma que el Fiscal de la Nación no se sintió cómodo en la presentación que tuvo en el Congreso. Esto fue lo que indicó esta mañana para Ideele Radio:

“Nosotros no vamos a permitir el maltrato a los fiscales, a ninguno. Eso es clarísimo. Ciertamente yo me sentí ofendido ese día en la comisión, se nos hizo preguntas que no venían al caso. Además, no escuché ninguna propuesta, todo era crítica y ninguna propuesta”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La investigación comprende a personajes políticos, entonces sé que era inevitable que haya reacción obviamente, pero no de esa manera”, refirió.

En ese sentido, Sánchez Velarde dijo que el maltrato que recibió de parte de los miembros de esta comisión influyó en la decisión de la Junta de Fiscales Supremos, para que el fiscal Hamilton Castro no acuda a dicho grupo de trabajo.

Asimismo, Pablo Sánchez Velarde aludió a la amenaza de acusación constitucional que refirió el congresista Mauricio Mulder:

“La acusación constitucional [que plantearon presentar desde el Congreso] es una amenaza inaceptable, además, sin base constitucional, pero es parte del momento quizás que aconteció”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La presidenta del Congreso tuvo un ánimo conciliador. Luz Salgado es una persona que conoce mucho el trabajo constitucional y, ciertamente, planteó lo que dice la comisión, yo planteé lo que dijo la junta. Hemos tratado de conciliar, lo que queremos en el fondo es solucionar el problema, creo que es una formula bastante positiva de hacerlo”, afirmó.

De acuerdo a lo indicado por Ricardo Uceda en su columna de ayer, precisamente la reunión con Salgado habría puesto paños fríos y evitado que la sangre llegara al río.

Sánchez Velarde ha sido categórico en su respuesta final al Congreso: el fiscal Castro solo emitirá un informe escrito con aquello que pueda contar. No más, no menos. Esa sería la forma de solucionar el impasse.

Sin embargo, un sector del Congreso de la República insiste en citar a Castro. Ayer la Comisión de Constitución aprobó un informe en el que interpreta que ningún fiscal puede negarse a asistir al Congreso. Pero, como indica La República, constitucionalistas de diversas tendencias respaldan la posición del Ministerio Público, en base a la reserva de la investigación.

Finalmente, salvo que existan indicios sobre funcionarios con derecho a antejuicio, las recomendaciones y hallazgos del grupo de trabajo parlamentario sobre los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García (y sí se animan, los anteriores) terminarán siendo enviados para el Ministerio Público. Por tanto, tanta insistencia puede tener dos posibles causas: figuretismo o un afán por desvirtuar los pasos que se vienen.

Tristes querellas en la bancada Ppkausa

(Foto: Correo)

El señor de la foto se llama Moisés Guía Pianto y es congresista por Peruanos Por el Kambio representando a la región Junín. Y hoy protagonizó un incidente que pinta de cuerpo entero tanto la fragilidad del oficialismo parlamentario como el grado de fanatismo religioso presente en algunos representantes parlamentarios.

Hace un par de semanas, Utero.pe presentó una serie de datos que alertaban sobre la presencia de un segundo parlamentario disidente – el primero fue Roberto Vieira – en Peruanos Por el Kambio: pasado fujimorista, revindicación del reo de Barbadillo y una agenda conservadora a ultranza. Este diálogo entre Andy Livise, reportero del conocido portal, con el congresista da cuenta sobre sus ideas sobre la ficticia “ideología de género”:

Útero.Pe: ¿Cuál es su pedido?

Moisés Guía: Que se  respete el anterior proceso educativo y el nuevo entre a una mesa de diálogo. (…) Si eso nos complace y está dentro de los márgenes de nuestra ideología cristiana y pastoral, lo asumiremos como tal y la respetaremos. Caso contrario, tomaremos acciones.

Útero.Pe: ¿Y con respecto al decreto legislativo 1323?

Moisés Guía: No pedimos nada hasta no escucharlos.

Útero.Pe: ¿Entonces para qué se realiza la reunión si no están pidiendo nada?

Moisés Guía: Nosotros estamos pidiendo la verdades. Explicación del antes y el después de la reglamentación. Si no nos satisface como iglesia, nosotros haremos las preguntas necesarias.

En ese mismo post, se indicó que el congresista Guía Pianto venía organizando una conferencia denominada “Educación y Género”, para que las ministras de Justicia (Marisol Pérez – Tello) y Educación (Marilú Martens) expusieran ante miembros de las iglesias evangélicas los alcances del Decreto Legislativo N° 1323 que incluye la discriminación por orientación sexual y los crímenes de odio, así como el currículo educativo nacional.

De acuerdo a algunos asistentes a la ceremonia, las dos ministras respondieron con solvencia su posición frente a estos temas con las iglesias evangélicas. Pero la ceremonia pasó a otro cariz cuando Guía Pianto, una vez retiradas ambas funcionarias de la sala, se mandó con lo siguiente (vía El Comercio):

En una parte del conversatorio, al que asistieron las ministras de Educación, Marilú Martens, y de Justicia, Marisol Pérez Tello; Guía sostuvo que “es difícil poder convivir cuando tenemos una bancada dividida y los 18 ministros no reponden a una expectativa de identidad de género y no hay una respuesta política de Estado. Nos quieren engañar y mentir“.

“[Por lo anterior,] pido desde ahora que el 4 de marzo se declare la vacancia presidencial y la insurgencia popular, porque caso contrario estaremos nosotros confinados a poder sufrir las consecuencias”, concluye el oficialista.

Además de la evidente faltosería de un parlamentario oficialista frente al líder de su partido y Presidente de la República, lo que se muestra es la evidencia que un grupo de evangélicos (y un sector de católicos conservadores) busca vacar a PPK si es que no cambia sus posiciones. Y también la presencia fuerte de integristas religiosos en el Congreso de la República: a Guía Pianto se le suma Julio Rosas (APP), así como los fujimoristas Nelly Cuadros, Juan Carlos Gonzales y Marco Miyashiro.

Peor aún, hoy la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana María Romero publica en El Comercio un artículo bastante claro donde desmiente la existencia de la monserga de la “ideología de género”. Aquí los párrafos más saltantes:

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) hemos afirmado rotundamente que la “ideología de género” no existe en las políticas públicas.

Las leyes y políticas públicas vigentes se refieren a la “igualdad de género”. Es decir, a la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres para garantizar que las mujeres desde niñas se desarrollen en igualdad de condiciones que los varones, accedan al mismo tipo de educación, servicio de salud, posición laboral, nivel de sueldo y representación política, sin sufrir discriminación ni violencia alguna.

Lo peor es que, desde inicios de este gobierno, en Palacio de Gobierno están advertidos sobre la existencia de estos grupos fanáticos que buscan que “las leyes divinas” primen sobre la Constitución y la legislación peruana. Por ahora, las ministras de Educación, Salud, Justicia y Mujer se han plantado bastante bien frente a estas presiones. Pero lo cierto es que PPK y su equipo van a tener que enfrentar una andanada conservadora en los próximos meses, que tiene organización y plata, frente a la cual, van a tener que plantear una estrategia.

El destino de Guía Pianto es claro. Lo más probable es que sea separado de la bancada oficialista, que sufrirá su segunda baja. Un nuevo momento en el que Peruanos Por el Kambio deberá hacerse cuestionamientos serios sobre la consistencia de su grupo (dado que el filtro para entrar a la lista parece que nunca existió), pero que también puede servir para consolidar los lazos entre los 16 que quedan.  Hora clave para que el gobierno le preste más atención a su grupo parlamentario y a la disputa liberal – conservadora que atraviesa toda la política peruana.

Para mejorar las investigaciones parlamentarias

Congreso de la República - LR

Durante los últimos días, se ha comenzado a discutir si es que el caso Lava Jato debería pasar por una comisión del Congreso de la República y, a partir de ello, sobre el real aporte de las comisiones investigadoras parlamentarias al esclarecimiento de determinados hechos de interés nacional, en particular, casos de corrupción.

Quien lanzó la primera opinión en contra es el actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, al señalar que, de su experiencia como procurador para los casos de la organización criminal Fujimori – Montesinos, estos grupos de trabajo entorpecieron la actividad fiscal y judicial. Al mismo tiempo, al ser un foro político, resulta probable que las conclusiones buscan, antes que el esclarecimiento de los hechos, anular al rival de turno. O, en algunos casos, evitar que informes incómodos sean finalmente aprobados, por los intereses que se ven afectados.

Rápidamente, se ha desatado una campaña contra Ugaz en redes sociales que ha buscado presentarlo como abogado de Odebrecht, la principal constructora brasileña involucrada en el caso Lava Jato. En una entrevista brindada a Enrique Patriau, periodista de La República, el letrado ha aclarado que su estudio patrocinó a un socio peruano de la empresa, sobre temas técnicos. Se conoce, en el mundo periodístico y abogadil, que el estudio que veía los grandes temas de la polémica compañía es el Echecopar. La firma no se ha pronunciado hasta el momento sobre este caso. Resulta además curioso que varios de los opositores a la posición de Ugaz hayan sido bastante críticos con el trabajo de la Megacomisión que investigó el segundo gobierno de Alan García (y destapó el caso de los “narcoindultos”).

Pero volvamos al tema de fondo. La Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso regulan la existencia de comisiones investigadoras y, desde hace varias décadas, se ha considerado como un mecanismo de control y fiscalización parlamentario, en particular, para las bancadas opositoras o minoritarias. Por tanto, evitar su creación y funcionamiento parece ser relativamente utópico. Y, de hecho, ya se formó la comisión para el caso Lava Jato, que se instalará el miércoles 4 de enero.

Sin embargo, sí resulta indispensable hacer una evaluación de la actuación de estos grupos de trabajo. Hace unos meses, el congresista Alberto de Belaúnde propuso una revisión del trabajo de las comisiones investigadoras, así como una mejora de sus condiciones de trabajo. Así lo resumió en su columna en Exitosa:

En primer lugar, sería salu­dable que el nuevo Congreso establezca un grupo de traba­jo que analice las comisiones investigadoras 2001-2016. Cuánto costaron, en qué se invirtió el dinero, cuántos de los informes se debatieron efectivamente en el pleno, qué sucedió luego en sede judicial, etc. A raíz de ese es­tudio, se podrá tomar medi­das puntuales para potenciar la labor de investigación con­gresal que tan importante es en una democracia.

Adelantándome a ese po­sible estudio, propongo un par de mejoras. La prime­ra es aprobar un reglamen­to para el funcionamiento de estas comisiones, el cual se centre en el respeto del debido procedimiento a la hora de hacer su trabajo. De las sentencias judicia­les del caso Diez Canseco y del caso García se pue­de obtener parámetros de constitucionalidad que ga­ranticen que estas comisio­nes respeten el derecho de defensa, la presunción de inocencia, entre otros dere­chos indispensables en un Estado de Derecho.

Otro aspecto de mejo­ra está en establecer en el Reglamento del Congre­so un plazo determinado para discutir los informes de la comisión investiga­dora. Ese plazo no debe­ría ser de más de 15 días o un mes. De esta mane­ra, se asegura que el tra­bajo de la comisión no cai­ga “en saco roto” o que los investigados se beneficien con el paso del tiempo y el olvido de la opinión públi­ca sobre el tema de fondo.

Asimismo, como indica el abogado Alonso Gurmendi, dentro de la revisión se requiere evaluar si es que el trabajo de las comisiones ha culminado con implicados presos y en cuanto tiempo. Además, consideramos que las conclusiones de este tipo de grupos no solo deben circunscribirse a lo estrictamente penal o a la posibilidad de sanciones constitucionales, sino también a las reformas necesarias para evitar que los hechos que son materia de indagación se repitan.

En suma, las críticas planteadas deben ayudar a mejorar un mecanismo constitucional que debiera tener mejores frutos que aquellos que, hasta ahora, ha tenido.