Corrupción empresarial: Perú pierde por goleada

Schutz Montesinos

Mientras que los peruanos mantenemos la esperanza intacta para clasificar a Rusia 2018, no ocurre lo mismo frente a lo que esperamos de los empresarios al enfrentar a la corrupción.

Según la Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción, elaborada por Ipsos Perú para Proética, de cada 100 empresarios, 71 son percibidos como corruptos. 85% de los encuestados considera que el empresario que entrega una coima es cómplice del funcionario sobornado. Solo 32% considera que las empresas y gremios empresariales están involucrados en la lucha anticorrupción.

A diferencia de otras materias, la CONFIEP no tiene una posición clara y fuerte en este tema“, sostiene Francisco Durand, sociólogo y politólogo. “La lucha penal contra la corrupción se ha concentrado en los funcionarios públicos“, expresa el exprocurador Julio Arbizu.

Ambos expertos analizan episodios que pudieron ser cruciales y quedaron, como muchos partidos de la selección de fútbol, en un mero “casi”.

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Los pedidos de favores de Dionisio Romero Seminario a Vladimiro Montesinos quedaron en la impunidad total (Foto: El Comercio)

PROCESANDO LOS 90: GOLES QUE NO HACES, TE LOS HACEN

Desde su experiencia en la Procuraduría Anticorrupción, Arbizu sostiene que se armaron mejor los casos vinculados a funcionarios públicos pertenecientes a la organización criminal Fujimori – Montesinos que aquellos que implicaban a grandes empresarios ligados a la misma.

La respuesta penal privilegió a los autores de delitos vinculados con administración de fondos, en detrimento de aquellos donde existía una interrelación entre funcionarios y empresarios. Se buscó desarticular una organización que capturó el Estado desde dentro“, refiere el abogado, quien trabaja actualmente en Honduras.

Otros factores que incidieron, a su criterio, para la sensación de impunidad en estos casos, fueron la creación de la Sala Penal Anticorrupción C, donde se produjeron sendas absoluciones y prescripciones, así como la incidencia de abogados penalistas con importantes conexiones en el Poder Judicial.

Durand coincide con Arbizu en los factores arriba anotados. Añade las dificultades de la Comisión Investigadora sobre Delitos Económicos y Financieros (CIDEF) del Congreso de la República, presidida por Javier Diez Canseco, a la que asesoró: “Había una gran cantidad de indicios que debieron llevar a comprobaciones. Existían muchos casos de empresarios que no fueron investigados por el Poder Judicial. Fue imposible acotar la información“, manifiesta el científico social. Y estos personajes mantuvieron su poder estructural en la sociedad peruana.

Faenon
Un faenón impune que no permitió la mejora en la regulación de la gestión de intereses (Captura de pantalla: América Televisión)

PETROAUDIOS Y GESTIÓN DE INTERESES: FOUL JUDICIAL, POCA REACCIÓN LEGISLATIVA

Otro partido perdido fue el caso Petroaudios. Los principales procesados, Rómulo León Alegría y Alberto Quimper, quedaron absueltos. ¿El motivo? Los audios y correos electrónicos que suscitaron el escándalo quedaron fuera del proceso judicial. Arbizu comenta:

Hay, sin duda, un tema de valoración probatoria. Fue lamentable que no se consolidara una línea jurisprudencial a partir de los hallazgos del caso Fujimori – Montesinos, haciendo un balance entre interés público y la pretendida invalidez de algunas pruebas”

El Poder Judicial tampoco investigó los presuntos casos de corrupción vinculados a empresas mexicanas que suscitaron el espionaje industrial a cargo de la empresa Business Track.

A raíz del escándalo, medios leídos por los empresarios como El Comercio y Semana Económica propusieron una mejor regulación de la gestión de intereses, cuestión que duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República. Para Durand, es necesario cambiar la legislación en esta materia:

“La evidencia indica que los lobbies son claves para ganar contratos de obras públicas, para lograr adendas que inflan presupuestos y hacer gestiones convenientes, como amnistías tributarias y ambientales. En el Perú hay pocas firmas registradas en esta función, pero existen muchos lobbistas que cumplen estas funciones informalmente”. 

Ninguno de los gestores de interés que aparecían en la Encuesta del Poder 2016 estaban registrados. Durand sostiene que se prefiere el shadow lobby, a diferencia de Estados Unidos, donde la actividad es transparente y reconocida, aunque con algunos cuestionamientos.

Arbizu Durand
Francisco Durand y Julio Arbizu convienen que las reglas que privilegian buenos tratos para el empresariado pueden derivar en corrupción o en la normalización de tratos indebidos. (Captura: Otra Mirada) 

PROBLEMAS ESTRUCTURALES (COMO EN NUESTRO FÚTBOL)

Más allá de los casos emblemáticos, existen otros factores que colaboran para nuestro triste récord judicial al procesar crímenes de “cuello blanco”.

Para Arbizu, una circunstancia clave es que los gobiernos post Fujimori han sido proclives a reducir los controles para la actividad empresarial. Un campo grave está en las contrataciones y adquisiciones del Estado.

En 2012, concluimos que los delitos de peculado y de colusión – este último, vinculado a contratos estatales – constituían el 70% de casos de corrupción.  Mostró la precariedad estatal sobre manejo de fondos y adquisiciones, pero se produjo una mayor flexibilización de controles“, indica el abogado.

Durand incide en las relaciones sociales en el Perú. “La élite del poder, básicamente limeña y de clase alta, es un núcleo muy reducido con prácticas de exclusión. Este es el grupo que predomina en grandes empresas, estudios de abogados, firmas de consultoría y determinados sectores de la administración pública“, sostiene el sociólogo. Esto normalizaría determinadas prácticas que, sin ser ilegales, muestran favoritismos.

Para el experto en temas empresariales, los grupos emergentes que aparecen en su libro “Los Doce Apóstoles de la economía Peruana”, también incurren en estas conductas. Ejemplos son los nexos entre universidad y política en el caso de los Acuña o la forma como el grupo Gloria buscó reducir el impacto de la crisis láctea.

¿Lava Jato será otro partido perdido para Perú? Esa pregunta, a diferencia de la clasificación peruana al mundial de fútbol, no se resolverá este martes. Pero, como en algunos días más, el resultado depende de nosotros mismos. Y este es un caso que debemos ganar para revertir un marcador abultado en contra.

(Publicado originalmente en La Mula)

 

 

 

PPK y el proyecto Chaglla

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Esta mañana, el periodista Fernando Vivas, en su columna habitual de los miércoles en El Comercio, presentaba un dato que llamó la atención de varios:

Un aparte para el presidente Kuczynski. Es indispensable, para su legimitación como líder de una nación indignada, que explique hasta dónde llega su responsabilidad al haber avalado la decisión de Toledo de ejecutar un proyecto como la IIRSA Sur que resultó lesivo para el país. Ya sabemos que Toledo tuvo motivaciones ruines. Necesitamos saber qué errores de ingenuidad o cálculo llevaron a su primer ministro y hoy presidente a obedecerlo.

De paso, podría explicar por qué en mayo del 2013, con logo partidario, lanzó un video en el que promueve con sumo entusiasmo la central de Chaglla, un proyecto de Odebrecht. Necesitamos saber qué lazos estableció con esa empresa y sus inversiones en el Perú al visitar la obra. Odebrecht hizo en pro de Chaglla un lobby tan ambicioso que hasta invitó a Mario Vargas Llosa. Pero el escritor, que sabe resistir lobbies, no escribió nada al respecto. PPK hizo un video. Sería bueno que nos cuente por qué.

En efecto, como pudimos verificar, el actual Presidente de la República hizo un video en el que, desde el estudio de su domicilio en San Isidro, acompañado de algunas fotos de la estancia en el lugar, explicaba porque esta central le parecía importante.

Si bien a lo largo del video – que estuvo ausente unas horas del canal de Youtube de PPK – no mencionó a Odebrecht, en las fotos se veía al hoy mandatario con casco de la empresa, junto a algunas personas vinculadas a la central hidroeléctrica o a la compañía. Aquí pueden verlo:

Dichas fotos, por cierto, también aparecen en la página oficial de Facebook de PPK.

Desde el Tercer Piso buscó la versión oficial sobre este dato proporcionado por Vivas.

De acuerdo con lo versión obtenida por este blog, el actual Presidente de la República visitó la central de Chaglla en 2013 sin que mediara una invitación de la empresa Odebrecht. En efecto, PPK menciona al final del video arriba mencionado que se había “autoinvitado”.

El video ya referido fue grabado como parte de las actividades del Instituto País, el think tank que tuvo el hoy mandatario entre sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Asimismo, se nos indicó que el Presidente había grabado otros videos para su canal personal en You Tube donde se refería a otros proyectos que consideraba importantes para el país. Un ejemplo de ello es un corto sobre Camisea y su importancia para el desarrollo peruano, así como su participación en dicho proyecto. Lo mismo sobre el gas y el panorama energético del Perú.

Fuentes familiarizadas con el pensamiento presidencial nos indicaron que PPK no ha tenido relación alguna con la empresa Odebrecht en términos contractuales. Sí se nos confirmó la versión aparecida en medios sobre la participación de Kuczynski y Jorge Barata en el directorio de la Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural. De acuerdo con la información proporcionada, dicha ONG fue formada a iniciativa del constructor Mario Suito – de hecho, la dirección de la misma corresponde a su empresa – y participaron diversas personalidades en el directorio. Este es, de acuerdo con lo informado, el único vínculo expreso entre el Presidente de la República y los directivos de la empresa brasileña inmersa en casos de corrupción.

Actualmente, la Central Hidroeléctrica de Chaglla, que entró en funcionamiento el año pasado, forma parte de los activos de Odebrecht que la empresa brasileña busca vender.

Todo indica que el sesgo pro empresarial del Presidente de la República terminó jugándole, en este caso, una mala pasada, al igual que el retiro por horas del video que, finalmente, volvieron a colocar en su canal de You Tube. Dado que este es un flanco débil del mandatario, resulta necesario e indispensable que, junto con la Declaración de Intereses publicada la semana pasada, pueda hacer explícito cualquier tipo de contacto con empresas.

Como señaló Eduardo Dargent, “poco importa si durante su gobierno PPK ha mantenido distancia o no de sus antiguos vínculos empresariales. Si esos vínculos aparecen aunque sea indirectamente, el tema ganará fuerza“. Precisamente, la buena pregunta planteada por Vivas al final de su columna de hoy indica que Palacio de Gobierno deberá tener mucho más cuidado con este tipo de nexos y gestos.

Tecnocracia y corrupción

Tres columnistas de distintas profesiones han comenzado un debate sobre la vinculación que tendría la prevalencia de la tecnocracia en el Estado peruano con los casos de corrupción referidos a las obras hechas por constructoras brasileñas en nuestro país.

Carlos Mélendez indica que estamos ante una “tercera generación” de casos de corrupción, luego de la “partidaria” (el primer gobierno aprista) y la “anti partido” (el fujimorato).  Esta tercera ola vendrá a partir de la debilidad institucional con la que se han conducido los tres gobiernos democráticos de los últimos quince años y que no han querido reforzar. En ello, se refuerzan las siguientes conductas:

La democracia tecnocrática vive obsesionada por “destrabar la tramitología” en beneficio de las inversiones, sin importar que estas puedan aportar tanto cemento como delitos. La práctica de sobornos en licitaciones se naturalizó, al punto de institucionalizarse como divisiones ad hoc dentro de los organigramas de corporaciones privadas. Así se creó un sistema corruptor de funcionarios públicos que gozaba de la complicidad activa o silente de lobbistas, relacionistas públicos, estudios de abogados y hasta de opinólogos. Lo más “inofensivo” consistió en donaciones a aventuras electorales del ‘outsider wannabe’ de turno.

Fernando Vivas no alude a la tercera ola, pero sí a lo que considera que es el fracaso de un proyecto de prevalencia tecnocrática en el Estado peruano, en detrimento de la política. Una forma de ver el mundo que se alimentó por la necesidad de atraer inversiones luego de la recesión de fines del fujimorato, así como por la debilidad de estos gobiernos. ¿Cómo sería este proyecto de Estado sin políticos?

A ver, mi respuesta tentativa: un país despolitizado donde la ‘accountability’ la asumen los gobernantes de turno, puertas giratorias entre sector público y privado, promoción de las APP y obras por impuestos, transferencia de riesgos privados al Estado (miren si no a Chinchero).  Y también programas sociales y regulación en educación y salud; que necesitamos un Perú sostenible y sin caldo de cultivo para los antisistema, faltaba más.

Desde su orilla, Jaime de Althaus retruca e indica que, en realidad, no existe tal prevalencia tecnocrática. Lo que tenemos son islas de eficiencia en algunos lados (y en otros, como Proinversión, se termina de caer el mito) así como una incipiente creación de una capa técnica en Educación. El proyecto no sería tecnocrático, sino la exportación de la transnacional PT-empresas brasileñas como variable geopolítica. Y no se toma en cuenta que la corrupción también afectó a los gobiernos regionales y locales, donde lo técnico pesa mucho menos.

¿Qué conclusiones sacar de esta discusión?

Coincido con Althaus en los matices señalados. Como indica Eduardo Dargent en su libro sobre tecnocracia, existen sectores donde hay mayores facilidades para que la tecnocracia se desarrolle y otros donde las dificultades son mayores. Estos profesionales se posicionan gracias al mayor costo político de una mala performance en sectores que comienzan a tener mayor vigilancia interna y externa, alta especialización de sus políticas públicas y un elevado consenso sobre determinadas medidas. Ello explica porque el MEF tiene una tecnocracia firme desde hace un cuarto de siglo y en Proinversión más bien las cosas anden a trompicones.

Un segundo factor que Althaus toma en cuenta y que debe analizarse es el hecho que la corrupción del caso Lava Jato tiene a una importante arista: los niveles subnacionales. Con menos estímulos para crecer técnicamente y con mayores dificultades para proponer proyectos de inversión, la llegada de una gran empresa que propone una asociación público privada o una concesión le soluciona la vida al alcalde o presidente regional de turnos. Con funcionarios menos duchos en tratar temas técnicos, es claro que esto puede ser un estímulo para la corrupción.

Sin embargo, hay cuestiones con las que discrepo con el antropólogo. La primera de ellas tiene que ver con el tema geopolítico. Es cierto que el PT enlazó claramente con las empresas constructoras brasileñas para exportar un proyecto de liderazgo en América del Sur y algunas partes de África que tenía un fuerte componente de infraestructura. De allí que Brasil tuviera interés en contar con gobiernos cercanos a ellos o montar “alianzas estratégicas”. Sin embargo, dicha política no comenzó con Lula, sino con su antecesor.

En realidad, el proyecto geopolítico viene desde Fernando Henrique Cardoso, quien es quien impulsa la Comunidad Sudamericana de Naciones e IIRSA (por eso se hacía el loco con el fraude de Fujimori en el 2000). Con el PT básicamente la cosa llego a niveles de trapicheo y poca división de los límites Estado – empresas. Recordemos que Lula, ya como expresidente, iba a varios países como conferencista y componedor de negocios de Odebrecht.

Una segunda discrepancia tiene que ver con el modus vivendi de la tecnocracia no aliente cierto sentido de corrupción. Y es allí donde coincido con Vivas y Meléndez.

Es claro que existen “puertas giratorias” en el Estado, dado que se recluta personal del sector privado para puestos públicos importantes, lo que conllevaría el riesgo de posibles conflictos de interés o favorecimientos a las empresas donde trabajaron o que, luego de trabajar para la administración pública, estas personas vuelvan – mediando un tiempo – a trabajar en empresas. Es claro que el fenómeno existe, pero no se sabe bien como regularlo.

También es cierto que prevalece un sentido común que va más allá de las puertas giratorias. Como indica Martín Tanaka:

Pienso que la tesis de la captura del Estado no distingue bien el puro interés particularista (“mercantilista” dirían algunos) de la acción de tecnócratas o funcionarios que operan sobre la base de principios, o ideologías, si se quiere: en este caso, favorables al desarrollo de los mercados. Esto ciertamente los hace cercanos al mundo empresarial, pero no a intereses particularistas. Esa tesis subestima el poder de las ideas o ideologías; los tecnócratas como tales toman decisiones favorables al desarrollo de los mercados no porque estén “comprados” por las empresas (aunque también puede suceder, por supuesto), sino porque creen estar haciendo lo correcto. En otras palabras, no solo habría que denunciar presiones indebidas del sector privado, también ganar la batalla en el terreno de las ideas.

Y, en esa línea, la tecnocracia peruana si tendría que repensar, a la luz de lo sucedido con estas empresas, cómo regula estos conflictos, la participación de gestores de intereses, cómo hace que la asociación público privada sea bien diseñada y cómo atrae a técnicos que, junto con su expertise, traigan consigo también una ética a prueba de balas. Quizás sea exagerado hablar de una tercera ola, pero también es claro que los tecnócratas peruanos deberán tener claro que deben compartir escenario con los políticos y preocuparse más por temas como la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

El periodismo y Odebrecht (Segunda parte)

Durante esta semana, en redes sociales se ha discutido ampliamente sobre los vínculos que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht con periodistas y comunicadores durante los últimos años. En este debate intervinimos el martes con un post en este espacio. Este debate ha tenido matices de todo tipo, así como, por cierto, el uso de la información para darle de alma al rival ideológico de turno y, claro está, para intentar bajar la llanta a los medios que vienen investigando sobre el caso Lava Jato.

A continuación, algunas reflexiones finales sobre algunos de los tópicos discutidos en esta semana.

(Foto: IPYS)

EL CASO IPYS

Como ya es conocido, Odebrecht donó una suma importante de dinero al Instituto Prensa y Sociedad para la realización de la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo. El contrato se rescindió en 2015 de mutuo acuerdo entre las partes, una vez que se conoció la magnitud del involucramiento de la constructora en los casos de corrupción investigados en su país y que también comprenden a funcionarios peruanos.

Esta semana, Gustavo Gorriti y Augusto Álvarez Rodrich, expresidente y actual presidente del IPYS respectivamente, escribieron columnas de opinión en torno al caso. A diferencia de quienes han querido ver oposición entre ellas, creo que ambas tocan puntos importantes que se complementan.

La columna del jueves de AAR en La República aclara algunas cuestiones importantes sobre la participación que tuvo Odebrecht en los PNP: el contrato se publicó en forma transparente en la web de la entidad, se formó un comité de premios y se colocaron bases que impedían algún tipo de cortapisa en la presentación de temas y los recursos fueron utilizados tanto para los premios en efectivo como para la organización del certámen. Esta explicación fue complementada ayer en RPP TV con una entrevista hecha por Patricia del Río a Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda, director de la entidad no gubernamental.

En términos estrictamente legales, sin duda, la explicación deja en salvaguardia a IPYS, dado que los fondos han sido empleados correctamente y porque el otorgamiento de los galardones se dejó a cargo de jurados (varios de ellos provenientes del extranjero) que no tenían, en principio, vínculos con la empresa brasileña. Asimismo, como ha mencionado Uceda, algunos de los periodistas premiados han investigado a Odebrecht o a obras de la referida compañía, por lo que no existiría un filtro a favor de la cuestionada entidad. En estos aspectos, le doy la razón a Augusto.

Gorriti se enfoca, sobre todo, en los aspectos éticos de la donación. La posición de Gorriti es que no se pueden aceptar regalos, honorarios, pasajes, consultorías de empresas o realizar servicios de media training para las mismas, salvo circunstancias bastante excepcionales. Para el director de IDL – Reporteros, existía un conflicto de interés al recibir una donación de Odebrecht y, por ello, decidió que ninguno de los reportajes de su equipo se presentaría al PNP, debido a que ya existían investigaciones serias sobre la empresa brasileña.

Coincido con Gustavo en que recibir la donación de Odebrecht fue un error. Ya existían informaciones claras sobre los casos de presunta sobrevaloración de obras y la fama de la empresa era, para 2013 – 2014, bastante mala. De hecho, ya en la campaña de 2011 se discutió mucho sobre la cercanía de constructoras brasileñas a los entornos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, aunque, como ha podido conocer este blog, personajes como Jorge Barata se acercaron a todas las tiendas políticas, sin discriminación. Este mismo motivo hizo que otros periodistas declinaran presentar sus trabajos a los PNP.

También concuerdo con Gorriti cuando señala que es necesario preservar al IPYS como entidad encargada de la protección de la libertad de expresión e impulso del periodismo de investigación, razón por la cual se necesitan reformas y recambios. La salida de Mabel Cáceres e Iván Garcia ante este caso, así como la puesta en conocimiento de la lejanía que, desde hace algún tiempo, mantienen Gorriti y Rosa María Palacios de la entidad, abre una coyuntura clave para ello. Al margen del examen sobre personas y responsabilidades en este caso, la entidad debería tener una política por escrito sobre la posible recepción de donaciones privadas y, en caso las acepten, cuáles son los montos tope y el tratamiento a darle a estos donativos.

(Reportaje de Hildebrandt en sus Trece reveló algunos nombres de periodistas que hicieron trabajos para Odebrecht. Foto: Utero.pe)

CONSULTORIAS Y ASESORIAS

En su edición de ayer, Hildebrandt en sus Trece presentó un informe en el que, gracias a informantes de Odebrecht, pudo reconstruir y contrastar información sobre algunos periodistas y comunicadores que realizaron consultorías y asesorías para la empresa.

Pedro Tenorio, actual conductor de noticias en Latina y columnista en El Comercio, reconoció haber realizado trabajos en asesoría de prensa para una obra puntual de la compañía, cuando no se encontraba trabajando para ningún medio.  Mientras que el informe de Eloy Marchán también registra que Alfonso Baella Herrera hizo servicios sobre redes sociales para Odebrecht entre 2009 y 2014, cuestión que habíamos señalado en este blog el pasado martes. Luego de semanas sobre no pronunciarse sobre este tema, que ya era tocado en redes sociales, Baella reconoció que había hecho trabajos para la empresa, pero que no mantenía vínculos actuales con la misma. 

Más complicada es la situación del periodista Enrique Castillo, a quien el semanario indica como asesor de Jorge Barata, el alto representante de la compañía en Perú, quien viene declarando para acceder a los beneficios de la delación premiada en Brasil y se acogerá a la colaboración eficaz en nuestro país. Según nuestras fuentes, Castillo negó a directivos de Canal N cualquier vínculo con Odebrecht. El también columnista de Perú.21 se excusó en declarar para HEST porque estaba por emprender un viaje.

También se hizo alusión a los vínculos de la empresa ADN Consultores con Odebrecht. El periodista Mario Saldaña, socio de la misma, no recordó si había hecho servicios puntuales para la misma, pero el semanario indicó que sus fuentes dentro de Odebrecht referían la prestación de servicios para la licitación de la planta de tratamiento de Taboada. En entrevista ayer con Nicolás Lúcar, Saldaña negó haber prestado servicios para la controvertida compañia y refirió que lo había hecho “su exsocia”, sin mencionarla. Este blog registró en 2009 que la comunicadora Laura Cáceres Friedman, la exsocia de ADN, nos reconoció ser la encargada de relaciones públicas externas de Odebrecht para este tema.  En aquellos años, Cáceres era pareja del periodista Aldo Mariátegui, entonces director de Correo.

Finalmente, se mencionó a Juan Carlos Valdivia, columnista de Correo y del portal El Montonero, quien fue asesor para Odebrecht en relaciones institucionales entre 2010 y 2016, quien dejó dichos servicios por los escándalos de corrupción. Valdivia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho Raúl Vargas, director de RPP Noticias, quien colaboró en dos publicaciones editadas por los brasileños y fue jurado en el premio “Peruanos Construyendo Futuro”, organizado por la empresa.

En todos los nombres mencionados, hasta el momento no se registra ninguna colusión con actividades ilegales. Es decir, algún tipo de favorecimiento indebido o complicidad directa con los delitos realizados por directivos de la empresa en el Perú y en el extranjero.

Sin embargo, sí corresponde hacer una evaluación ética, no solo por la vinculación con una empresa que, como hemos mencionado anteriormente, ya tenía serios problemas de imagen desde, por lo menos, fines de la década pasada, sino también por este tránsito entre el periodismo y las consultorías.

Creemos que, al igual que en otras profesiones liberales como el Derecho, aquellos comunicadores que asesoran en diversos planos a empresas tienen la atribución de escoger a sus clientes. Y ello implica, por cierto, tener un filtro ético claro para saber elegir a las empresas con quienes se vinculan.

En el caso de aquellos columnistas que son consultores de empresas, resulta indispensable que sean claros en indicar que se dedican a dicha actividad y, en la medida de lo posible, referir su lista de clientes. Asimismo, sostengo que deberían evitar referirse a sus clientes o a aquellos proyectos de inversión en los que están involucrados. El full disclosure es lo mejor en estos casos.

Pero en el caso de quienes están comprometidos contractualmente con un medio – sea por laboralmente o por contrato de servicios – sí creo que no se puede estar en una pantalla o teclado y, al mismo tiempo, hacer labores de asesoría para empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Si bien para algunas se ha convertido en una fuente alternativa por los sueldos que paga el periodismo, creo que se debe apostar a la mejora de los sueldos en las empresas periodísticas, que deben colocar en sus códigos de ética que quienes tengan vínculo con ellas no se dediquen a este tipo de actividades, así como vigilar su observancia. Estar en los dos lados del mostrador es, a mi criterio, insostenible.

Sostengo que este caso nos debe servir para pensar aquello que Gorriti alguna vez sostuvo: esta suerte de mezcla entre asesores de empresas, periodistas, consultores de imagen y spin doctors empresariales y políticos. Es una mala práctica iniciada en el Perú durante los años 2000 que debe terminar para siempre.

Finalmente, creo que es mejor la transparencia en todos estos casos.

UN COMENTARIO FINAL

No me cabe duda que estas reflexiones son pertinentes. Pero también es cierto que el caso, como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, ha sido aprovechado por algunos partidos políticos – como el APRA y el Fujimorismo – asi como por sus simpatizantes y columnistas afines para tratar de demoler a varias personas que, desde hace tiempo alertan sobre este tipo de casos. O para intentar distraer la atención de sus propios vínculos con Odebrecht y otras empresas brasileñas.

De hecho, el día de ayer, el columnista de un diario en el que he colaborado, vía Twitter, intentó vincularme con estas empresas, con el sibilino “está circulando la versión que”. Como lo sostuve al responderle y ahora reitero aquí, no he tenido ningún vínculo con Odebrecht, ni con las empresas privadas comprometidas con el caso Lava Jato. Tampoco brindo servicios de asesoría de imagen o consultorías a entidades públicas o empresas. Y tampoco he participado en libros o foros auspiciados por Odebrecht o constructoras brasileñas.

Por nuestra parte, esta reflexión acaba por ahora. Creemos que es importante, en este momento, apuntar a que las investigaciones en el caso Lava Jato se lleven a cabo con la mayor pulcritud y, sobre todo, que todos los culpables caigan, sin importar la tienda política.

El periodismo y Odebrecht

Hace un par de semanas, en Chicharrón de Prensa, el periodista Jaime Cordero – editor de la revista h – y yo dialogábamos con los dos conductores del espacio sobre un tema que, hasta ahora, ha sido tabú o solo se ha utilizado para tratar de enlodar a quien no piensa como uno: la relación entre la prensa y Odebrecht. Menciono solo a una de las constructoras brasileñas involucradas en el caso Lava Jato porque ha sido la más agresiva en contar con buenas relaciones con el periodismo peruano.

En la conversa con Luis Davelouis y Man Ray, Cordero señalaba que había que hacer una primera diferenciación: los periodistas y comunicadores que, en el legítimo ejercicio de su derecho al trabajo, trabajaron en Odebrecht. Personas que, como indicaba Jaime, deberán ahora tener que explicar la chamba que hicieron durante todos los años en que se decían varias acusaciones sobre la mencionada empresa.

Y un segundo grupo: aquellos periodistas que hicieron algún tipo de trabajo para Odebrecht (a modo de consultorías, asesorías o trato comercial), sin que informaran a sus lectores, televidentes y escuchas que, a la par que les presentaban las noticias, no hacían pública esta relación. Aquí también entrarían columnistas de opinión de medios impresos y digitales que no hacían lo propio (o, peor aún, escribían a favor de la empresa).

Lamento decepcionar a los que esperaban nombres de estos segundos. No tengo una supuesta lista que estaría circulando sobre periodistas que hicieron consultorías para Odebrecht. Ni menos aún un nombre. Con una sola excepción.

Durante las últimas semanas, quien habla como otros usuarios de Twitter – entre ellos, la cuenta @fujitrolls – hemos presentado evidencia que la empresa de Alfonso Baella Herrera, conductor de ATV+ y columnista del diario Expreso, hacía trabajos de servicio digital tanto para Odebrecht como para el Gasoducto Sur Peruano, cuyo consorcio integraba la empresa brasileña. Baella no ha respondido a sus seguidores en redes sociales – ni tampoco en sus espacios periodísticos sobre esta relación comercial.

De hecho, hace dos semanas, cuando aparecieron las primeras fotografías y capturas de pantalla sobre los vínculos de Baella Herrera con la empresa brasileña  – que incluyen a una hermana suya trabajando para la referida compañía -, le enviamos a su correo corporativo un breve cuestionario acerca de estos vínculos comerciales que no eran transparentes para el público (Baella Consulting no coloca su lista de clientes en su página web). Hasta el momento seguimos esperando las respuestas del conductor y analista político.

Sin duda, el trato comercial de Baella con Odebrecht no supone un delito, pero sí es cierto que, por respeto a sus lectores y televidentes, debió hacer pública esta relación. Y lo mismo cabe para todos aquellos periodistas y opinadores que han tenido algún tipo de consultoría, asesoría de imagen o media training para la empresa brasileña o para alguna de las constructoras que hoy están sumidas en el escándalo que hoy vemos todos los días en las noticias.

Por nuestra parte, nunca hemos tenido ningún trabajo de este tipo para ninguna empresa o entidad pública. Y resulta indispensable que todos quienes tenemos alguna labor de opinión o difusión de información hagamos este tipo de disclaimer.

Más difusa – como indicó Cordero hace dos semanas – es la línea vinculada a los concursos de periodismo. Hace dos semanas, el periodista Eduardo Abusada contó cómo fue la presentación de un libro recopilatorio de los trabajos ganadores en uno de los certámenes convocados directamente por Odebrecht, denominado “Peruanos Construyendo Futuro”. El problema con este concurso era que se pedían trabajos “sobre personas que mejoraron su desarrollo personal o de su comunidad a partir de las obras en las que Odebrecht ha participado, a lo largo de estos años, en nuestro país”. En otras palabras, un cherry encubierto para la empresa por parte de los trabajos participantes. Algo que también recae en el campo ético y que también suscita varios dilemas morales sobre la realización de trabajos directamente ligados a una empresa y que, además, pueden recibir un premio en efectivo por ello.

Esta tarde, el Instituto Prensa y Sociedad hizo una aclaración en relación con el auspicio dado por Odebrecht a la primera edición de sus Premios Nacionales de Periodismo. IPYS aclaró que rescindió dicho contrato de donación en 2015, una vez que se conocieron las evidencias de corrupción en Brasil y que el concurso no se vio comprometido en su orientación por este y los demás auspicios privados que tuvieron. Hasta aquí, todo bien con la aclaración.

Pero, sin duda, cabe preguntarse si fue una buena idea que, en 2014, se aceptara este apoyo de la empresa brasileña, cuando ya existían algunas evidencias sobre su conducta. A mi criterio, con el respeto y aprecio que tengo por varios de los integrantes de IPYS, fue un error. Felizmente, el mismo fue corregido para los años siguientes.

Sumemos a ello el tema de la publicidad. Sin duda, una de las suspicacias que se tienen frente al público es que existen condicionamientos comerciales frente al contenido informativo que se presenta. Y ello va tanto para grandes medios como para portales de investigación y noticias. De hecho, hace unas semanas también circuló la publicidad que apareció en el portal Utero.pe en 2009. En su momento, Marco Sifuentes, entonces editor del blog, aclaró las diferencias entre los espacios publicitarios y los periodísticos. A tal punto que se había publicado una noticia sobre una supuesta coima de un exabogado de Odebrecht al exministro Allison en aquellos meses. Este tipo de aclaraciones y la existencia de códigos de ética – como los que tienen Semana Económica, El Comercio e incluso Utero.pe – resultan pertinentes para todos los medios.

Finalmente, una pregunta que le hice a Luis Davelouis y que hago extensiva a los amigos periodistas económicos: ¿no debieron alertar en sus páginas sobre estos casos de corrupción empresarial? Sí, es cierto que hay medios – sobre todo, en Internet, como Ojo Público, Convoca e IDL Reporteros – que están sacando continuamente cosas sobre casos de inconductas empresariales, pero uno esperaría que los medios más grandes y establecidos hagan lo mismo. Aquí, sin duda, también cabe una reflexión sobre el rol que tiene el periodismo económico respecto de uno de sus objetos de interés: los conglomerados.

Sin duda, es necesario que el periodismo vuelva a marcar una distancia saludable de las empresas. Y que cercanías como las que Odebrecht tuvo no vuelvan a repetirse. Asimismo, se requiere una mayor transparencia sobre consultorías hechas por periodistas y columnistas – aunque lo ideal, como dice Gustavo Gorriti, es que no las hagan -, así como una clara política sobre publicidad. Y, por supuesto, que los certámenes por encargo no sean la regla, así como unos líneamientos más claros sobre los auspicios a recibir para los galardones más renombrados. Así como el empresariado y la clase política requieren reflexionar sobre su rol a la luz de este escándalo, es bueno que el periodismo lo haga.

Registro de intereses

Veamos dos estampas recientes de nuestra vida nacional.

La primera: esta es la lista de congresistas que tenían algún tipo de vínculo con universidades y que se opusieron, en la Comisión de Educación, a la Ley Universitaria:

(Imagen: Paola Ugaz – IEP – La Mula)

Y la situación no ha cambiado mucho en este Congreso

La segunda: durante el gobierno de Ollanta Humala, tuvimos dos ministros cuyas empresas habían hecho consultorías para el Estado respecto a temas de inversión privada. En el caso de René Cornejo, los tratos efectuados con la empresa Helios le terminaron costando el puesto. Mientras que, en lo que se refiere a René Mayorga, si bien la aparición de varias visitas de abogados de la consultora de la que era socio al Ministerio de Energía y Minas no le costó la cabeza, sí terminó complicando la imagen de la administración anterior.

Ayer la Comisión Presidencial de Integridad presentó su informe con un conjunto de 100 recomendaciones para mejorar la lucha contra la corrupción y la transparencia en el Estado.

De todas las medidas presentadas ayer, la que más ha destacado la prensa es la primera:

Antes del 31 de enero de 2017, los altos funcionarios, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de confianza deberán presentar ante su entidad una Declaración Jurada de Intereses que contenga información relativa a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo.

Cada entidad, bajo responsabilidad, publicará esta declaración en su portal web.

Posteriormente, la declaración jurada de intereses deberá ser presentada a su respectiva entidad anualmente, así como al asumir y cesar en el cargo.

La Comisión ha presentado, en forma complementaria, un anexo que contiene el formato de la misma, donde se hace el detalle de esta información. Asimismo, se incluye información sobre los familiares directos, cónyuge y conviviente, sobre quienes se deberá detallar también el empleo actual con el que cuentan.

Sin duda, este es un buen primer paso en la línea de la transparencia de cualquier posible conflicto de interés en el que pueda incurrir un funcionario público de alto perfil. Y resulta un acierto que la Comisión de Integridad haya colocado, encabezando la lista de sus recomendaciones, esta medida.

A pesar de aplaudir esta primera iniciativa, tal vez haya que ir pensando en una posible sanción al incumplimiento de esta medida. Hace cinco años, la periodista Fabiola Torres reportó en El Comercio que en un país vecino ya tiene no solo un registro de intereses, sino también sanciones por omisiones y faltas:

Un referente puede ser Colombia, donde los congresistas están obligados a llevar un libro de registro de sus intereses privados. Allí dejan constancia sobre su participación en sociedades anónimas o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro, de la cual forman parte en su país o en el exterior. Si se prueba que han omitido información y logrado un beneficio personal, pueden ser sancionados hasta con la pérdida de la investidura.

Por ello, resulta indispensable que el gobierno implemente estas medidas lo más pronto posible. Sobre todo la que hemos comentado hoy. Dado que uno de sus flancos débiles es la conexión que varios altos funcionarios han tenido con empresas privadas, resulta indispensable que esta medida sea de ejecución inmediata. Lo mismo en el Congreso, donde resulta necesario saber si es que nuestros parlamentarios – y sus asesores, a quien muchas veces los lobistas contactan – tienen alguna conexión que puede afectar el correcto ejercicio de sus funciones.

Hora de transparentarlo todo.