Sodalicio: el Informe de la Comisión de Expertos

(Luis Fernando Figari, reconocido como abusador por el propio Sodalicio. Foto: TV Perú)

Ayer por la tarde, el Sodalicio de Vida Cristiana publicó el informe de la Comisión de Expertos sobre Abusos y Respuestas, que fuera anunciado por el Superior General de la entidad, Alessandro Moroni. Luego de su lectura, creo que se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

1. Si quedaba alguna duda que el trabajo de la fiscal María del Pilar Peralta fue deficiente, hoy este documento lo confirma. Luis Fernando Figari es responsable de siete casos de abuso sexual según el propio SCV. En el informe se detallan tanto sus inconductas sexuales como los mecanismos de control y sometimiento, así como su estilo de liderazgo. Sin duda, el informe confirma que el fundador del Sodalicio era un monstruo (y eso que el informe solo menciona al paso la existencia de una servidumbre casi en condiciones de esclavitud a favor de Figari en sus casas de Santa Clara). Algo que no solo deberían escuchar bien en el Ministerio Público, sino también en el Vaticano.

2. La Comisión responsabiliza en forma abierta por abusos sexuales a otros cuatro exmiembros del SCV: Jeffrey Daniels, Germán Doig, Daniel Murguia y Virgilio Levaggi.

En este último caso, contactamos a Levaggi en octubre y negó los dos casos que se le adjudicaba. Se le suma un tercer caso de un menor de edad. La pregunta es si la OIT lo mantendrá como funcionario. Consultamos a la entidad laboral por una respuesta oficial y, hasta el cierre de este post, no hemos recibido respuesta.

El caso de Daniels es, sin duda, el más ominoso de todos. El SCV encuentra que las 12 personas que denunciaron abusos sexuales ante la Comisión eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos. Y ello es aún más grave cuando Daniels era el encargado de las Agrupaciones Marianas, dirigidas a adolescentes, así como por el claro encubrimiento de la institución en este caso.

En lo que se refiere a Doig y a Murguía, se confirma lo que se decía de ellos. Y, en el caso de Doig, con un mayor número de víctimas a las que se consigna en “Mitad Monjes, Mitad Soldados”.

A mi modo de ver, esto hace que sea mucho más fácil de demostrar la sistematicidad de los casos de abuso sexual dentro del SCV, cuestión que haría más factible la calificación de estos crímenes como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

3. Resulta preocupante que 3 miembros del Sodalicio aparezcan entre los victimarios de abusos sexuales y que la sancion, hasta ahora, solo sea apartarlos del apostolado o, en un caso, de la vida comunitaria. Esperemos que Sandro Moroni cumpla su palabra de enviar estos casos a la Fiscalía. En realidad, estas personas deberían ser expulsadas del SCV y sus nombres dados a conocer. Es inaceptable que solo se tome una sanción de apartamiento.

Y, de hecho, ya habían trascendido los casos de Ricardo Treneman, Javier Leturia y Luis Ferroggiaro, actuales miembros de la entidad, por posibles inconductas sexuales. ¿Son ellos a quienes señala el informe de la Comisión?

4. La comisión también habla de abusos físicos y psicológicos. Pero sólo se indica como medidas correctivas la salida de puestos directivos o de labores de apostolado. Aquí también debería proceder la expulsión y, por supuesto, la colocación de los nombres. Más aún, cuando la serie de informes “Los Abusos del Sodalicio” ha expuesto a varios de los maltratadores.

5. La comisión reconoce la existencia de una cultura de encubrimiento, pero no señala responsables. Esta es la omision más fuerte del informe y que los firmantes deberán explicar ante la opinión pública. Como indica Paola Ugaz:

El informe tiene un gran vacío: no hay ninguna información sobre la cúpula que encubrió por 45 años lo que pasó en el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

No se menciona a Jaime Baertl, el encargado de las finanzas de la congregación, ni a todos los que estuvieron y vieron lo que ocurrió cuando eran jerarcas del Sodalicio y lo siguen siendo. Solo se habla de cuatro responsables, uno de los cuales está muerto y otro confinado en Roma.

La verdad es que el superior general del SVC, Alessandro Moroni, tiene miedo de acusar a Baertl porque si lo hace se le cerraría el caño del dinero.

Asimismo, se detallan una serie de medidas implementadas o en vías de implementación. El SCV, por transparencia, debería colocar todos sus nuevos protocolos para el tratamiento de denuncias, así como el disciplinario.

6. Finalmente, es necesario que Alessandro Moroni deje de comunicarse exclusivamente a través de los videos elaborados por Carlos Raffo. Quedan varias preguntas pendientes respecto de este informe, así como en torno a las medidas que tomará el SCV. Es hora que den la cara y no se amparen en la lectura de un telepronter.

Caso Sodalicio: la afrenta del encubrimiento

(Los abusadores sexuales Luis Fernando Figari y Germán Doig junto a un pontífice que se hizo de la vista gorda en casos de pederastia. Foto: Utero.pe)

Anoche, se conoció la resolución de la Congregación para la Vida Consagrada de la Santa Sede sobre las acusaciones sobre abusos físicos, psicológicos y sexuales atribuidos a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, entidad conservadora fundada hace 45 años en Lima.

El dictamen de esta sección de la Curia Romana ha causado estupor e indignación en creyentes y no creyentes que han venido siguiendo el caso del Sodalicio. Y, a mi modo de ver, la resolución tiene dos problemas bastante serios.

El primero de ellos tiene que ver con el tenor de la calificación de los hechos que señala la resolución.

Si bien es cierto que la Congregación para la Vida Consagrada reconoce la existencia de “un estilo de gobierno excesiva o impropiamente autoritario”, así como la “utilización de estrategias y métodos de persuación impropios” y un caso comprobado de abuso sexual contra una persona que era mayor de 16 años en aquella época, otros de los términos usados son aberrantes e infamantes.

Para comenzar, no se puede calificar como “anómala” la reacción de la opinión pública o la exhibición de los casos presentados ante la opinión pública gracias a las revelaciones hechas por Pedro Salinas, Paola Ugaz y José Enrique Escardó durante los últimos años. Precisamente, la presentación periodística del caso hizo que un sector de la opinión pública conociera estos abusos y que, del mismo, la mayoría abrumadora considere a Figari responsable de lo ocurrido. Y menos aún se puede señalar que la prensa buscó “obstaculizar la verdad”, cuando, para decirlo claro, el Sodalicio no hubiera movido siquiera un dedo sobre su fundador si es que los casos no salían en los medios de comunicación.

También se habla de “testimonios genéricos” y “no verificados”. Pero, como dice Pedro Salinas, el discasterio nunca se acercó a las tres víctimas de abusos sexuales cometidos por Figari que presentaron sus denuncias ante el Tribunal Eclesiástico en Lima y, peor aún, solo reconocieron a una víctima de abuso sexual porque esta persona fue con su plata a Roma para dar su testimonio. Empatía cero, tan igual como ha ocurrido con el SCV y el Ministerio Público.

También relativizan el tema de la edad y de la violencia. Precisamente, lo que queda claro con la investigación de Salinas y Ugaz y los testimonios presentados durante los últimos años, tanto a la opinión pública como a las comisiones formadas por el Sodalicio, es que Figari construyó un sistema de sujeción a su persona y a la entidad que “normalizaba” inconductas aberrantes: desde las órdenes absurdas hasta los abusos sexuales, disfrazados de técnicas de yoga o expresiones de afecto que “daban mayor cercanía hacia Dios”. Peor aún, con la existencia de antecedentes como los de los casos Karadima y Maciel, donde estos sacerdotes aprovecharon su posición de dominio y una formación que “lavaba el cerebro” para someter a sus víctimas.

Pero si ya esto hace que la lectura de la resolución genere una mezcla de melancolía y asco, el fallo final genera arcadas: confinar a Figari a un retiro dorado, en el que además le conculcan su derecho a la libertad de expresión – que lo tiene, así sea un monstruo (¿o acaso temen que eche a más gente?) – y donde el Sodalicio tenga que mantener “un estilo decoroso de vida” de por vida, sin posibilidades de venir al Perú, es una afrenta. Y, para decirlo claro, es encubrimiento.

Para decirlo con todas sus letras, Luis Fernando Figari no debería estar en una casa de “retiro y oración” como los sacerdotes que muestra la excelente película “El Club”, del chileno Pablo Larraín. O como fue el destino final de Marcial Maciel y Fernando Karadima.  Luis Fernando Figari debería estar en un penal peruano, esperando el juicio por los abusos que cometió, una vez que el Ministerio Público rectifique la aberrante resolución de la fiscal María del Pilar Peralta, plagada de serios errores y omisiones que hemos registrado. Y que la Santa Sede haga esto, es francamente, una burla que, en cualquier país serio, motivaría una nota de protesta inmediata por parte de nuestra Cancillería.

Pero también es una burla tanto a las víctimas como a las personas que han venido bregando para que en este caso se haga justicia. Precisamente, esta ignominiosa resolución sale en la misma semana en la que, se conoció que 4,500 menores de edad  en Australia sufrieron abusos por parte de sacerdotes católicos durante los últimos 35 años. Una monstruosidad frente a la cual el Vaticano no envío la documentación requerida por parte del gobierno australiano. ¿Y se dice así que se tendrá “tolerancia cero” frente a los abusos? Ello para no hablar del amor al prójimo que es, precisamente, uno de los fundamentos de la fe católica.

Capítulo aparte para la reacción del Sodalicio frente a esta resolución. En su mensaje de ayer, Sandro Moroni indica que van a acatar lo dispuesto, sin mencionar en ningún momento la palabra “expulsión” para este execrable sujeto. Y recién ahora se animarán a publicar, a partir del martes, el informe encargado a expertos internacionales, el segundo encargado por el SCV sobre este tema. Y para mayor añadidura, recién presentarán información sobre abusos sexuales al Ministerio Público. Es decir, es claro que no presentaron todo lo que sabían a la fiscal Peralta. ¿Eso cómo se llama?

Y esto es aún más grave porque Moroni no solo conocía de los casos contra Figari y el fallecido Germán Doig. También conoció lo ocurrido con Jeffrey Daniels, exiliado en Estados Unidos, una de cuyas víctimas, Alvaro Urbina, ha dado su testimonio en público. Y porque él y José Ambrozic, número 1 y número 2 del SCV respectivamente, señalaron que conocían los abusos presuntamente cometidos por Virgilio Levaggi, funcionario de la Organización Internacional del Trabajo que, según pudo conocer este blog, ha pedido un periodo sabático al interior de la misma.

Además, porque la actitud del Sodalicio parece responder a una sola misión: concentrar todas las culpas en Figari y no hacer reformas de verdad. Porque un real cambio implicaría fondear los libros de Figari y Doig, erradicar la doctrina sodálite con acentos fascistas y dejar de lado el lenguaje en el que toda crítica a sus métodos anteriores es un ataque a la Iglesia Católica. Y por supuesto, expulsar a todos los abusadores y encubridores en la organización, donde la lista está encabezada por Jaime Baertl, Enrique Elías, Óscar Tokumura, Alfredo Draxl, Miguel Salazar, José Antonio Eguren, Fernando Vidal, Luis Ferroggiaro y, por supuesto, Moroni y Ambrozic.

Y por supuesto, merecen una mención aquellos periodistas que, blandiendo sus creencias, todo el día señalan que “con sus hijos no se metan” – y algunos ni siquiera son padres – y han sido incapaces de decir una palabra frente a este caso o simplemente han ensayado salidas de compromiso. No tener ni una sola voz de apoyo hacia las víctimas solo se puede definir de una manera: miserables y sepulcros blanqueados. No incluyo, por cierto, a quienes siendo católicos como quien escribe estas líneas, sí han expresado claramente su condena a estos hechos y, por supuesto, frente a la ominosa resolución de ayer.

Por esta razón, se hace más imperiosa la aprobación de una comisión investigadora del caso Sodalicio en el Congreso, propuesta por el parlamentario Alberto de Belaúnde. Como señala claramente la moción, se requiere una clara respuesta institucional por parte del Estado para esclarecer estos hechos y tomar las medidas legislativas para evitar que casos como estos (y la impunidad que parece acompañarlos) no se repita. Es necesario que el pleno del Congreso apruebe esta moción apenas retorne de su receso.

Finalmente, es necesario que los católicos hagamos sentir nuestra voz frente a este tema. La jerarquía eclesial no va a dejar su estilo de toda la vida frente a estos casos si es que nos quedamos de brazos cruzados o silbamos al techo. Es hora que en nuestras parroquias y grupos digamos claramente que no solo es intolerable el abuso, sino también el encubrimiento y los retiros dorados. Y es hora de encarar a los grupos que musitan “con mis hijos no te metas” pero no dicen una palabra frente a los pederastas que tienen cerca de menores. Es hora de limpiar la Iglesia Católica en serio.

Caso Sodalicio: una actualización

Sodalicio
(El Sodalicio aún no sale de la crisis. Foto: La República)

Lejos de los reflectores públicos, el caso del Sodalicio corre por dos vías paralelas: la judicial y la eclesial. En ambas, con resultados distintos. Transcurridos algunos meses, es necesario hacer una actualización respecto de lo ocurrido en este caso.

(Virgilio Levaggi, actual funcionario de la Organización Internacional del Trabajo en Centroamérica, ha sido implicado en el caso Sodalicio debido a su accidentado paso en dicha organización. Foto: Listín Diario)

EL AMBITO LEGAL: EL NUEVO IMPLICADO Y LOS DELITOS POR LOS QUE SE ACUSA A PARTE DE LA CUPULA SODALITE

En mayo pasado, cinco exmiembros del Sodalicio de Vida Cristiana presentaron una denuncia penal contra varios personajes ligados a la institución: Luis Fernando Figari, Jaime Baertl Gómez, Virgilio Levaggi Vega, José Ambrozic Velezmoro, José Antonio Eguren Anselmi, Eduardo Regal  Villa, Óscar Tokumura y Edwin Scheuch Pool. Dicha denuncia, que amplía las indagaciones ya iniciadas sobre Figari por abusos sexuales, fue aceptada a inicios de este mes. Se centra en tres delitos: asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves.

Cabe mencionar que Baertl, Ambrozic, Regal, Tokumura y Scheuch se encuentran dentro de la institución y Eguren, además de pertenecer a la misma, es el actual Arzobispo de Piura.

De ellos, el menos conocido, durante estos años, ha sido Levaggi, quien hace 29 años salió de la organización en circunstancias aún no esclarecidas. El ingresó a la institución luego de ser captado en el colegio Antonio Raimondi, donde cursó estudios escolares.

De acuerdo a la denuncia, publicada por el portal La Mula, Levaggi Vega fue encargado de Instrucción y Relaciones Públicas del Sodalicio durante varios años. Y ha sido sindicado como parte de una organización donde se cometían los abusos físicos y psicológicos ya descritos tanto en el libro “Mitad Monjes, Mitad Soldados”, publicado por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, como en los reportajes que ambos han presentado en el diario La República durante varios meses.

Pero, además, hay una acusación más grave contra Levaggi. Esto se señala en la denuncia presentada ante el Ministerio Público:

Actualmente, Levaggi es el director regional de la Organización Internacional del Trabajo para Centro América, Haití y República Dominicana. Si bien no ha emitido declaraciones públicas al respecto, este blog pudo conocer que un reconocido estudio especializado en temas penales ya se ha hecho cargo de su defensa. Oficialmente, la OIT no se ha pronunciado respecto de esta acusación.

El abogado Héctor Gadea, patrocinante de los denunciantes, explicó hace unos meses a La Mula en qué consisten los cargos contra varios miembros y exintegrantes de la cúpula sodálite. Esto fue lo que mencionó sobre lesiones psíquicas:

Sobre este tema, Gadea explicó que existen pericias psicológicas de parte, acreditadas por profesionales “sobre las consecuencias que ha dejado en su vida”el cautiverio por el que pasaron muchos exsodálites. Mencionó que durante la investigación fiscal podrán recoger estas pruebas, y al mismo tiempo pedir unas nuevas para hacer otra constatación.

Asimismo, en relación con el secuestro, manifestó que:

“Acá es clave la sistematización con la que obró el Sodalicio a lo largo de sus historia: la captación de menores de edad a través de la infiltración en colegios, para efectos de diezmar la voluntad de adolescentes que no tienen la libertad definida. Eran chicos de 13 años que, cuando entraban formalmente a los 18, ya no se podía concebir el entrar como un acto libre”.

Finalmente, sobre la asociación ilícita, el informe de Víctor Liza señaló lo siguiente:

Gadea explicó que “esta es una imputación que nosotros hacemos”, en el sentido de que como manifestó Salinas en la conferencia, “Figari no actuó solo”. Sin embargo, puso en claro que esto lo tendrá que determinar un juez después de un proceso judicial en el que ellos ejerzan su derecho de defensa”. De obtener el visto bueno:

“La ley dispone algunas de las consecuencias accesorias que se encuentran en el artículo 105 del Código Penal, entre las que se encuentra la disolución de la asociación en la cual se cometieron los delitos”.

Además de la posible disolución, Figari y compañía podrían purgar hasta 15 años de prisión de ser hallados culpables de este delito, relacionado con el secuestro.

Las indagaciones fiscales prosiguen. Pero la misma celeridad no se tiene en la Iglesia Católica y, menos aún, en el Sodalicio.

(Alessandro Moroni, superior del Sodalicio, en otro tono sobre las acusaciones contra la institución. Foto: El Comercio)

LA FALTA DE REACCION ECLESIAL

En abril, la Comisión Ética para la Justicia y Reconciliación, grupo de trabajo nombrado por el Sodalicio de Vida Cristiana, emitió su informe final. Dicho documento indica que dentro de la institución se cometieron abusos contra los derechos fundamentales de las personas, los mismos que fueron encubiertos por la organización. El principal responsable es Luis Fernando Figari – repudiado públlicamente por la Comisión -, quien creó una organización a su medida, sin cuestionamiento alguno. Resulta indubitable que existieron abusos sexuales, físicos y psicológicos, poca transparencia en el manejo de las finanzas de la organización y discriminación racial y social contra varios de sus miembros. Otro de los daños relatados es el impedimento de formación profesional de varios de sus miembros, a la par que se empleaba su mano de obra en forma gratuita.

Los miembros de la de la Comisión recomendaron reparaciones de diverso tipo a las víctimas, así como un pedido de perdón individual y el apartamiento de la actual dirigencia de la conducción del Sodalicio. Finalmente, se envió el informe al Vaticano para que intervenga la organización. Un documento tan contundente que ha terminado descolocando al propio superior actual del SVC, Alessandro Moroni, quien ha viajado a Roma para pedir la intervención de la institución, no sin antes decir que no estaba de acuerdo con todo lo afirmado en el informe.

De hecho, la actitud de Moroni y de la organización ha permanecido, sobre todo, contra los exmiembros del SVC que interpusieron la denuncia contra varios directivos. En particular, se han negado las reparaciones ofrecidas por la propia institución. Así lo ha denunciado Óscar Osterling:

QUIEN OFRECIÓ DINERO COMO REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS, desde aproximadamente el 20 de Noviembre de 2015, FUE EL SODALICIO.

QUIEN DESARROLLÓ LOS PROTOCOLOS DE REPARACIÓN A LAS VICTIMAS, FUE EL SODALICIO.

QUIEN DESCONOCIÓ y no quiso aplicar LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA, FUE EL SODALICIO.

QUIEN CONTRATÓ UNA NUEVA COMISIÓN (sería interesante saber cuánto ha pagado el Sodalicio a estas personas) PARA DESCONOCER LA ANTERIOR (que trabajó ad honorem), FUE EL SODALICIO

Y EL QUE AHORA ES JUEZ Y PARTE DEL PROCESO DE REPARACIÓN ES EL SODALICIO

Y EL QUE AHORA SE PRESENTA COMO VÍCTIMA, AL QUE SUPUESTAMENTE UNOS “OPORTUNISTAS LE QUIEREN SUSTRAER EL DINERO”, ES EL SODALICIO.

Y LOS OPORTUNISTAS, en teoría, somos nosotros, LAS VÍCTIMAS.

Y, como ha indicado Salinas, el delegado nombrado por el Vaticano, Joseph Tobin, anda en una actitud bastante complaciente, lo que sin duda tendrá repercusiones en la entidad y en la imagen de la propia Iglesia Católica:

Como sea. Ese espaldarazo vaticano ha sido interpretado por los sodálites como “estamos haciendo las cosas bien” y “ya estamos a punto de pasar la página del escándalo”. Y obvio. No es así. Para cualquier mortal que no tiene la mente formateada ni enajenada es evidente que, mientras el Sodalitium como institución no manifieste públicamente un arrepentimiento sincero y pida perdón a cada una de las víctimas y repare efectivamente a aquellas que han sufrido daño permanente, su credibilidad se va a mantener por los suelos. Y ello significa en los hechos que si Roma no los disuelve lo que va a ocurrir es que ellos mismos se van a encargar de hacerlo. Sin quererlo, evidentemente, pero se van a difuminar o se van a reducir dramáticamente. De hecho, algo de eso ya está pasando. Eso sí. Seguirán siendo ricos, patrimonialmente hablando, pero su recientemente adquirida reputación de institución de características sectarias en la que la manipulación y el “vale todo” forman parte de su modus operandi, no se borrará con nada. Salvo que cambien de verdad. Con honestidad y transparencia. Pero la honestidad y la transparencia, ya saben, son para ellos valores inasibles e inexplorados. Misteriosos y ajenos. Tal cual.

Para nosotros el camino que debe emprenderse es claro: la disolución. En Roma y en Camacho deberían entenderlo.