Fujimorismo sin reflejos

Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori bajo la lupa (Foto: Ojo Público)

Esta ha sido una semana complicada para el fujimorismo.

Todo comenzó cuando el Ministerio Público decidió abrir una investigación a Hiro y Sachie Fujimori por presunto lavado de activos de la empresa Limasa, una compañía que se encuentra bajo sospecha en base a sus extrañas transacciones financieras, que incluyen a socios japoneses. Rosa María Palacios resumió hace algunos meses el problema de fondo con estas operaciones:

Lo que se teme es que estos dineros provengan de una fuente ilícita, tanto en el caso de los socios peruanos, cuanto con el de los japoneses. La sospecha es que este sea dinero en posesión de Alberto Fujimori, sustraído del erario peruano y administrado, desde que éste abandonara Japón hace más de 10 años, por su hijo Hiro Fujimori. En teoría, las capitalizaciones de préstanos con allegados peruanos, sólo serían un cambio de testaferros, donde, poco a poco, va entrando capital.  Sin embargo, por la vía de la sociedad japonesa, estaría regresando al Perú, limpio legalmente, dinero que salió en maletines. Reitero, en teoría. Así, Hiro Fujimori no podría justificar por sí mismo ese capital, pero la trasnacional japonesa, sí. Cabe decir que para la trasnacional Sankyo se trata de una cifra pequeña, (un millón cuatrocientos setenta mil dólares de préstamo, luego capitalizado en parte) pero para los Fujimori, injustificable con sus propios  patrimonios, supuestamente modestos.

Las sospechas se basan en otros indicios. El asesor corporativo de Sanyko con base en Canadá, Daniel Scott Matson, a su vez, socio de los Fujimori, estuvo el 28 de febrero pasado, en plena campaña electoral, de visita en la Diroes. ¿Qué tendría que conversar por tres horas con Alberto Fujimori? Nadie lo sabe.  Ni siquiera una visita de cortesía al padre preso de un socio justificaría tan larga estancia. De otro lado, la página web, que anunciaba que la antes almacenera Limasa, convertida luego en Integrated Global Logistics, era una empresa trasnacional a partir del 2014, ha desparecido así como el anunció de nuevos negocios vinculados al almacenaje aduanero ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Qué pasó con la supuesta expansión del negocio? Misterio.

La fiscalía también ha pedido comprender a Kenji Fujimori en las pesquisas, previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria. El congresista respondió con un gesto para la tribuna, renunciando a este beneficio en este caso. Pero existen otros casos en los que queda claro que se podrían seguir las investigaciones sin llegar a este supuesto.

El segundo golpe fiscal vino ayer. Keiko Fujimori ha sido comprendida en la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez y a su familia por lavado de activos. La lideresa de Fuerza Popular aparece en esta indagación, debido a que la Fiscalía estima que estaría utilizando al clan Ramírez para lavar dinero de la corrupción.

Recordemos que el exsecretario general de FP y su familia vienen siendo investigados al no poder explicar su patrimonio en forma fehaciente.

Y el último clavo vino desde el extranjero. Hoy se conoció que se amplió, en primera instancia, la extradición contra Alberto Fujimori por dos casos: el asesinato de seis personas en Pativilca cometido por el Destacamento Colina (sobre el que Fujimori tenía el mando) y la presunta autorización de la compra de un terreno en Chavimochic con fondos públicos, utilizando para ello al prófugo expresidente de Popular y Porvenir Augusto Miyagusuku.

La reacción del fujimorismo ha sido asumir la teoría de la persecución. La misma ha sido esgrimida incluso por la propia Keiko Fujimori, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, así como por congresistas y hasta por sus entusiastas fujitrolls. Todos estos casos no serían, en opinión de Fuerza Popular, un pretexto para tapar el caso Lava Jato.

Pero esa premisa tiene tres problemas.

El primero es que el caso Lava Jato sí podría complicar al fujimorismo. De un lado, ya en lo histórico, si es que finalmente los vinculados a empresas brasileñas hacen públicos sus tratos con el gobierno de Fujimori. Ya IDL-Reporteros reveló que una sobrevaloración de 500 millones de soles en los contratos obtenidos durante la década de 1990. De otro lado, por los tratos que pudieron haber tenido estas empresas con la bancada fujimorista y con la propia Keiko Fujimori, una arista de investigación que no debe descartarse.

Lo segundo es que los tres casos antes nombrados sí tienen elementos de juicio para iniciar una indagación (en los dos primeros ejemplos) y un proceso penal (en el tercero). Y todos terminan llevando a la misma pregunta: ¿de qué viven los Fujimori?

Y una tercera cuestión. Si realmente el fujimorismo cree que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, ¿no deberían empezar por casa?

Sin duda, Fuerza Popular buscaba emplear el caso Lava Jato para poder señalar que la corrupción de la década de 1990 fue menor. El problema es que tanto hechos pasados como relativamente presentes interpelan a la agrupación mayoritaria respecto de ese compromiso. Y en tanto la respuesta, desde la cabeza del partido hasta sus más fervientes trolls en redes, siga apelando a la teoría de la conspiración, el compromiso enunciado de combatir la corrupción seguirá siendo una palabra vacía que se la lleva el viento. Y, peor aún, recuerda cómo en la década infame se procesaban estas denuncias, lo que remarca la inexistencia de una real autocrítica sobre aquellos tiempos.

Estas son algunas pistas sobre Odebrecht durante el Fujimorato

Hoy Mirko Lauer tiene una columna imperdible sobre el caso Lava Jato. Resalto este párrafo que es pertinente para lo que contaremos hoy:

El fondo de la pugna está en la capacidad de Lava Jato para causar daño político, como se ha demostrado en el Brasil. Quien tenga el control real del proceso controlará las consecuencias políticas de los descubrimientos (o de los ocultamientos, si fuera el caso). Quizás por eso hay voces que quieren separar al Congreso del proceso.

Pues bien. Hoy se instaló la Comisión Lava Jato. Y, al margen de la controversia existente sobre si una comisión del Congreso de la República debe abocarse a un tema que ya ve el Ministerio Público, existe cierto consenso sobre buena parte del periodo que debe analizarse: los gobiernos de Toledo, García y Humala, las gestiones municipales metropolitanas de Castañeda y Villarán y varias administraciones regionales.

Pero no le falta razón a Antonio Zapata al señalar que el trabajo de la Comisión – que no tiene la premura de hacer un juicio estrictamente penal – sería incompleto si no comprende un periodo anterior al de la democracia ininterrumpida de los últimos 16 años:

Odebrecht está en el Perú desde 1979, ha ejecutado grandes obras bajo ocho gobiernos, incluyendo al de Alberto Fujimori, uno de los más corruptos de la historia peruana. ¿Cuál sería la razón para que solamente se investigue a los tres últimos presidentes? Es más, políticamente esas fechas permiten que Keiko Fujimori se presente como la única limpia y desde ahí demoler a todos sus adversarios. Incluyendo a PPK, porque fue ministro de economía y primer ministro de Toledo. También a la izquierda, porque la gestión de Susana Villarán estará bajo la lupa.

Esa maniobra se sustenta en las fechas. Si se investiga desde Toledo en adelante, es obvio que el fujimorismo queda limpio. Pero, si se incluye a Alberto Fujimori en la colada, a todos se les verá el fustán.

Por ello, resulta útil darse una vuelta por la página web de Odebrecht. Y encontrarse con obras como las siguientes, que podrían ser materia de indagación. Miren las fechas.

Pero no es lo único que los miembros de la Comisión Lava Jato podrían indagar. En el informe final de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990 – 2000, presidida por el fallecido exparlamentario Javier Diez Canseco se encuentra este cuadro:

Como pueden ver, una sucursal de Odebrecht ocupa el primer lugar de las constructoras favorecidas durante el fujimorato. Pero también se encuentran las hoy investigadas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

Ojo, no es la única alusión a esta sucursal de Odebrecht en el Perú en la indagación del referido grupo de trabajo. En el informe sobre las actividades de la constructora JJC se indican los montos exactos de contratación durante el periodo:

Asimismo, en la página 10 del informe sobre JJC, se refiere, en la página 10 que “La Constructora Norberto Odebretch Suc. Trujillo, alcanza su porcentaje máximo en 1999 (23.36%)” – es decir, cuando el régimen ya estaba en altas cimas de la corrupción -. Y este es el porcentaje de distribución de obras, donde son importantes lo que le corresponde a Odebrecht y a Andrade Gutiérrez:

Finalmente, un cuadro importante recogido por la Comisión Diez Canseco se refiere a los consorcios en los que participaron las constructoras que ganaron más durante el fujimorato:

¿Será motivo suficiente para que el fujimorista Victor Albrecht, exhombre de confianza de Alex Kouri, y flamante presidente de la Comisión Lava Jato, incluya estos temas en las indagaciones?

Vladivideos

Video Kouri Montesinos

Hace 16 años, en una tarde de septiembre, el país pudo ver lo que muchos sospechábamos.

En poco más de 50 minutos de grabación, apreciamos cómo Vladimiro Montesinos pudo comprar la conciencia de Alberto Kouri para pasar a las filas fujimoristas. Con escenas de regateo incluidas, se trató del soborno más célebre de la historia peruana.

Aquella noche fue frenética. La sesión del Congreso se suspendía mientras la oposición cantaba el Himno Nacional. Kouri apareció en el noticiero del canal de uno de los interlocutores de aquella reunión en el SIN con un notorio audífono dictándole las respuestas, que incluyeron una célebre excusa – “era dinero para comprar un camión que repartiría pescado”, mientras que, por vía telefónica, Martha Chávez pedía un peritaje a la escandalosa cinta.

El excongresista, quien cumpliría una pena de seis años de prisión por cohecho y enriquecimiento ilícito, fue solo el primero de una larga lista de personas a quienes veríamos en cintas filmadas por el equipo de Montesinos.

Militares celebrando con Montesinos que Fujimori había ganado la elección del 2000, casi en una misa negra castrense. La Fiscal de la Nación en un ágape, con organista incluido, por el cumpleaños de la hija menor del asesor presidencial. Parte de la bancada fujimorista coordinando con el asesor presidencial estrategias políticas. Varios oficiales de los institutos armados firmando el acta de sujeción a un régimen liderado por ladrones y violadores de derechos humanos. El líder de uno de los grupos empresariales más importantes del país coordinando entrevistas para apoyar la re-reelección. El dueño de una trasnacional chilena buscando una “guerra corta y sangrienta” para que su fábrica se quede en los Pantanos de Villa. El hombre que forjó la televisión peruana negociando favores judiciales a cambio de la cabeza de un periodista incómodo al régimen.

Y, por supuesto, más sobornos. Agustín Mantilla, Ernesto Gamarra, Ernesto Schutz, José Enrique y José Francisco Crousillat. Los dueños de Cable Canal de Noticias. Julio Vera Abad. Cerros de dinero – del erario público nacional – destinados a solventar la segunda reelección de Fujimori, las campañas inmundas contra la oposición, justificar aberraciones como la Ley de Amnistía y un status quo que pretendía preservar a un régimen delictivo a cambio de cuestiones como “la paz” o “el modelo”.

Como indica Antonio Zapata, el registro que ha llegado a nosotros es parcial. No solo porque Alberto Fujimori hizo una previa selección gracias a un falso fiscal. Sino porque Montesinos sabía que era filmado y, por tanto, calcula bien su discurso, a diferencia de sus interlocutores. Tal como menciona el historiador, estamos ante un registro que, a la vez, era casi una suerte de recibo y chantaje respecto de lo conversado y entregado como favor o cohecho.

Sin embargo, ello no hace que los Vladivideos pierdan su valor documental. Son un registro fidedigno de una época – entre 1998 y 2000 – en la que el contubernio, el trato debajo de la mesa y, en algunos casos, el delito puro y duro, se dieron la mano. Un material que no debe quedar en el olvido.

Puedes ver 160 Vladivideos gracias al LUM.

A 24 años de la captura de Abimael Guzmán

abimael-guzman-c333.png
(Histórica portada de La República sobre la captura del mayor criminal de la historia peruana)

Hoy se conmemoran 24 años desde que miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) capturaran, en una vivienda de Surquillo, a Abimael Guzmán Reynoso, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, así como a buena parte de la cúpula de la organización criminal responsable del periodo de violencia más prolongado de la historia peruana.

Las menciones al hecho en redes sociales se han detenido en tres puntos centrales. Primero, una condena clara y absoluta al terrorismo y a Sendero Luminoso, hecho en el que coinciden casi todos los peruanos. Segundo, el uso por parte de algunas personas del lema “terrorismo nunca más” para poder aminorar las responsabilidades de agentes del Estado en violaciones a los derechos humanos o para negar que lo ocurrido, además de acciones terroristas, fuera un conflicto armado interno (ya los abogados Renata Bregaglio y Alonso Gurmendi han señalado que ambos términos no son incompatibles). Tercero, la disputa sobre la real participación de Alberto Fujimori en la captura (ver un post de archivo de Marco Sifuentes al respecto).

La indignación y las preguntas pendientes

Respecto del primer tópico, resulta claro señalar, sin peros de ningún tipo, la clara condena que debe existir hacia los actos cometidos por Sendero Luminoso. Son crímenes contra la humanidad y que dañaron a toda la sociedad peruana, más allá de sus víctimas específicas. Todo ello en nombre de una ideología que, en el fondo, era una interpretación bastante retorcida del marxismo y que confinaba al ser humano a convertirse en un mero instrumento intercambiable de un proyecto mesiánico dispuesto a bañar en sangre nuestra patria, en nombre de un supuesto cambio social. En suma, la imposición de una tiranía polpotiana.

Pero quedarnos en la mera indignación no basta. Es importante acercarnos a los hechos ocurridos durante las dos últimas décadas del siglo XX con varias preguntas en la cabeza. ¿Por qué un mediocre profesor de filosofía pudo implantar una derivación sanguinaria del “marxismo de manual” a cientos de peruanos? ¿Qué motivó que, durante años, políticos de diversas tendencias no pudieran entender el fenómeno? ¿Qué llevó a un grupo de peruanos a adoptar una ideología fundamentalista para desatar masacres, atentados, matanzas, violaciones, reclutamiento forzado de menores de edad en buena parte de nuestro territorio?

De hecho, esta última pregunta es la que me resiste a ver la fecha de hoy como una celebración casi castrense y me acerca a la idea de un hito conmemorativo que nos vuelva a interrogar sobre las razones por las cuales se inoculó en la sociedad peruana un grupo terrorista como Sendero Luminoso. A fin de cuentas, estos sujetos no vinieron de Marte para atacarnos.

No usar “terrorismo nunca más” para avalar otros crímenes

Respecto del segundo punto, es claro que ningún peruano de bien quisiera que el terrorismo vuelva a nuestro territorio. Y también es nítido que algunos de los reclamos por una mejor educación sobre el tema – léase, una vacuna para que los jóvenes no se vuelvan senderistas como en el pasado – vienen de quienes no quisieran ver en un aula escolar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, documento oficial del Estado peruano respecto del periodo de violencia. Y ello resulta ser un brutal sinsentido.

El Informe Final de la CVR es nítido en su condena a Sendero Luminoso. Lo llama grupo subversivo y terrorista. No le otorga carácter de beligerante. Indica que su cúpula cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad. Condena su ideología por su fundamentalismo y por ser contraria a la democracia y al respeto de los derechos humanos. Señala en que es inviable una amnistía a sus miembros, como reclama el MOVADEF. Establece que debe investigarse si, en las violaciones de los derechos de la comunidad asháninka, existen elementos para calificar lo ocurrido como genocidio. Y es bastante abundante en señalar todas sus atrocidades.

Entonces, ¿qué molesta a este grupo de dicho documento? Que llame al fenómeno “conflicto armado interno” y que se establezca que, en determinados lugares y en determinados momentos, miembros de las Fuerzas Armadas cometieron crímenes de lesa humanidad. Respecto del primer punto, como ya hemos mencionado, dicha calificación que engloba todos los actos cometidos durante el periodo de violencia no es incompatible de señalar, como terroristas, las acciones cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA. Y en torno a lo segundo, es claro que ello ocurrió. Los hechos cometidos por el Destacamento Colina o matanzas como las de Accomarca son ejemplos de ello. Negarlo es caer en el mismo juego en el que incurren los activistas del MOVADEF para justificar las atrocidades senderistas.

Se tiene que ser congruente. No se puede condenar a Sendero Luminoso y tomar con pinzas las graves vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado. Y viceversa.

Un aspecto final en torno a esta materia. No se puede reclamar a la educación peruana que sea una mera inoculadora de una suerte de vacuna contrasubversiva a través de la enseñanza de la historia de lo ocurrido entre 1980 y 2000. Ciertamente esta tarea es un deber ético. Pero la formación en torno a este periodo debe pasar también por una visión que incorpore la educación crítica como parte de la pedagogía. Precisamente, si se critica el marxismo de manual del que bebió el senderismo, no se puede simplemente recitar un texto – sea el Informe Final de la CVR o cualquier otro -, sino que debe hacerse reflexionar al alumno respecto de lo ocurrido.

El tema Fujimori

Finalmente, cualquier fuente meridianamente informada conoce que el señor Alberto Fujimori se encontraba pescando en Loreto mientras se producía la captura de Guzmán y su cúpula. También conoce que los cambios claves en la estrategia contrasubversiva – nueva visión en las Fuerzas Armadas, apoyo a los comités de autodefensa y creación del GEIN – se produjo durante el primer gobierno de Alan García. Se sabe también que el Grupo Especial de Inteligencia quiso ser infiltrado por miembros de Colina y que, al final, fue víctima de su éxito, pues fue disuelto (como el Congreso) por el hoy encarcelado expresidente.

Peor aún, como mostró el periodista Gustavo Gorriti hace algunos años, personajes cercanos a Fujimori impidieron un intento de captura de Guzmán en 1990. Aquí un informe del extinto programa Sin Rodeos sobre este hecho grave, sobre el que el expresidente no se ha pronunciado hasta el momento:

Colofón

En suma, los peruanos debemos condenar claramente a Sendero Luminoso y a su tenebroso líder, pero no podemos quedarnos solamente en ello. Debemos conocer lo ocurrido, entender porque la sociedad peruana terminó pariendo a un grupo como este y tomar las lecciones debidas para que no se repita. Entre ellas, que las matanzas indiscriminadas y selectivas no ayudaron a derrotar al terrorismo sino que, por el contrario, fue una estrategia contrasubversiva desacertada. Y por supuesto, honrar a los héroes que permitieron la captura del mayor criminal de nuestra historia republicana y no a un felón encarcelado por asesino y ladrón.

A casi un cuarto de siglo de un hecho fundamental en nuestra historia, es momento de conmemorarlo como el inicio del fin del mayor desencuentro de la sociedad peruana consigo misma.

Las aristas políticas del indulto

(Humala ante la última decisión histórica de su gobierno. Foto: Perú.21)

Ayer, en este espacio, señalamos las razones jurídicas y factuales por las que una solicitud de indulto – sea comun o humanitario – a Alberto Fujimori, no debería prosperar. Hoy me referiré a los temas estrictamente políticos.

Los partidarios del otorgamiento del indulto han mencionado dos argumentos centrales. El primero de ellos es una cuestión de supuesta “real politik”, en la que mataría dos pájaros de un solo tiro: le allanaría “el terreno de la gobernabilidad” a su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski y él (junto a su esposa) estarían a salvo de posibles comisiones investigadoras en el Congreso de la República.

El problema es que esta hipótesis es insostenible por dos razones.

La primera, es que una posible salida de la cárcel de Alberto Fujimori supondría, en la práctica, un empoderamiento del exgobernante dentro de Fuerza Popular. En resumidas cuentas, el partido tendría el liderazgo nítido de su fundador, con lo que Keiko quedaría desplazada. Y ello, más bien, alentaría una línea dura contra todo lo que no sea ellos. Y ello incluye a Kuczynski, representante de una centro derecha democrática con la que el fujimorismo no simpatiza.

La segunda, es la poca fiabilidad del fujimorismo para una alianza política. Los representantes del gobierno que empezó con “el bacalao” como excusa para no asistir a un debate y que terminó en una renuncia enviada por fax cuando su líder máximo se fugó del país no son, precisamente, la gente más confiable para cualquier trato. En criollo: son capaces de hacerle el avión a Humala, investigándolo a pesar de que ya tienen a su líder en libertad.

De hecho, en términos estrictamente legales, no es necesaria una comisión investigadora para involucrar a Humala en temas que ameriten la apertura de un proceso de antejuicio político. Solo se requiere de una denuncia constitucional para iniciar este procedimiento. Asimismo, sus familiares no están protegidos por este beneficio, por lo que las investigaciones contra Nadine Heredia deberán seguir su curso en el Ministerio Público. Lo mismo con el “miembro de su familia” que habría recibido una coima de Odebrecht, como se sugiere desde Brasil respecto de la posible delación premiada que prestaría el encarcelado propietario de la constructora.

El segundo argumento sugerido es “la reconciliación nacional”. Es decir, que el indulto a Fujimori supondría un paso para la unión entre peruanos. Y aquí existen dos problemas.

Para comenzar, cuando se habla de reconciliación, se entiende que la misma se focaliza en la relación del Estado y la sociedad con las víctimas, no con los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000. De hecho, este es el argumento que se ha esgrimido durante años para no otorgar – acertadamente – una amnistía a los miembros de Sendero Luminoso.

De hecho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue bastante explícita en señalar que cualquier mecanismo de impunidad no es compatible con ese objetivo: “ni la amnistía, el canje o la impunidad son mecanismos o instrumentos válidos para estabilizar y fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho”.

En la misma línea, la CVR se mostró en contra de la “amnistía general” propuesta por el MOVADEF para liberar a los sentenciados por terrorismo que pertenecieron a Sendero Luminoso: ” Nadie está por encima de la justicia y nadie tiene licencia para torturar o asesinar a aquél que está en situación de indefensión. La reconciliación exige, en este caso concreto, que el senderismo pague por sus crímenes”.

Asi, un indulto a Fujimori no tomaría en cuenta los derechos de las víctimas. Las mismas que no han sido reparadas en su integridad, tanto con el pago de la indemnización que debe el expresidente, como por el hecho que los restos de algunas de las personas a las que asesinó el Destacamento Colina – en particular, en el caso La Cantuta – aún no han sido restituidos a sus deudos.

Y el segundo punto por el que el argumento de la “reconciliación” se cae tiene que ver con lo que significa el hecho en términos políticos. Es claro que la principal división existente en la política peruana tiene que ver con el fujimorismo y el legado de la década de 1990. Clivaje manifestado claramente en la última elección presidencial, donde, por estrecho margen, Pedro Pablo Kuczynski ganó la Presidencia de la República, gracias a – entre otros factores – la desconfianza existente sobre las credenciales democráticas de Fuerza Popular y sus líderes. Indultar al autócrata condenado por serios casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos ahondaría dicha confrontación.

Finalmente, hay un tema que Humala deberá sopesar: el juicio histórico sobre su gobierno. Como ya han mencionado personas de líneas distintas como Juan Carlos Tafur, Gustavo Gorriti y Martín Tanaka, en términos de políticas públicas, este gobierno no se va mal, pero su manejo político ha sido desastroso. Precisamente, uno de los temas que se encuentra dentro de sus aspectos positivos, se encuentra la negativa del indulto humanitario, tanto por la decisión del fondo, como por la forma en que la misma fue presentada al país. Por ello, en este tema, deberá controlar su tanática vocación por el autosabotaje.

Y precisamente, es la historia quien lo juzgará por esta última decisión de su gobierno.

Un indulto que no debe otorgarse

(Insiste con el indulto. Foto: El Comercio)

El viernes por la noche, la periodista y abogada Rosa María Palacios señalaba la existencia de versiones sobre la presentación de una solicitud de indulto por parte de Alberto Fujimori. Aquel mismo día, algunos cientos de personas – varias de ellas, movilizadas en buses – asistieron a una movilización convocada por bases fujimoristas para reclamar por la liberación de su líder.

Dichos rumores se confirmaron ayer al mediodía cuando, mediante un tuit, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, confirmó que el exgobernante presentó dicho pedido y que el mismo será resuelto de acuerdo “a la Constitución y a la Ley”.

Según pudo conocer este blog a través de diversas fuentes, el mismo viernes 22 hubo una primera reunión de ministros para conversar sobre este tema. Se seguirá con el procedimiento regular, es decir, que el tema pasará a la Comisión de Gracias Presidenciales, instancia técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que evalúa la solicitud. Según El Comercio, mañana se hará una primera evaluación para ver si el pedido cumple con los requisitos formales para su tramitación.  Tanto EC como La República coinciden en señalar que el autócrata no especificó en su solicitud si pide un indulto común o humanitario.

(Los objetivos de la presión fujimorista. Foto: Trome)

Con esta movida, Fujimori busca presionar a dos gobiernos en Fiestas Patrias. Al saliente, encabezado por Ollanta Humala, para que otorgue la gracia presidencial en los cuatro días que le quedan de mandato. Al entrante, que será liderado por Pedro Pablo Kuczynski desde el jueves, para que introduzca el tema en agenda. Los argumentos se parecen mucho a algunos juramentos de la bancada fujimorista del viernes: “gobernabilidad” y “reconciliación”.

Las cuestiones sobre a quien presionan con el indulto se dividen. Palacios, en su columna, estima que es a Humala, dado que el actual presidente sería chantajeado con la posibilidad de darle un mayor trato en las investigaciones que se le vendrán en el siguiente Congreso. El subdirector de El Comercio, Enrique Pasquel, señala que es a PPK, con el argumento de las facilidades a sus iniciativas en un Congreso que hoy dominan políticamente.

Ya PPK ha señalado, en varias ocasiones, que no indultará a Fujimori, pero que si podría firmar una Ley que contemple el arresto domiciliario para reos mayores de determinada edad. Una norma que tendría que ser, a la vez, genérica para no tener nombre propia y contar con candados para evitar la salida de presos cuyo repudio es compartido por toda la población, como es el caso de Abimael Guzmán.

Nuestra posición es clara: el señor Alberto Fujimori debe cumplir con el íntegro de la pena establecida por la justicia peruana y no existen razones para indultarlo.

Un indulto común no procedería en el caso de Fujimori. Como calificación complementaria a su condena por asesinato, secuestro agravado y lesiones graves, se estableció que los casos La Cantuta y Barrios Altos constituían crímenes de lesa humanidad. De acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esto tiene consecuencias importantes para evitar que se establezca algún mecanismo para que un condenado por estos hechos sea sustraido de la acción de la justicia. En corto: se impiden amnistías o indultos para este tipo de casos. El abogado de Fujimori ha buscado quitar esta calificación en varias instancias judiciales, sin éxito.

Asimismo, la Ley N° 26478 impide el otorgamiento del indulto a los condenados por secuestro y sus distintas modalidades agravadas. Ello coloca un segundo candado a este tipo de casos.

En cuanto al indulto humanitario, hasta donde se tiene conocimiento, el señor Fujimori no ha tenido un deterioro sustancial de su salud durante los últimos tres años. Es decir, no se encuentra en una situación de gravedad terminal que amerite esta causa. Ya el gobierno actual, en mayo de 2013, rechazó una petición similar en esta línea, precisamente, porque no se cumplían los requisitos exigidos por el Reglamento de Gracias Presidenciales: a) una enfermedad terminal; b) una enfermedad grave no terminal en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y c) trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos. En estas dos últimas situaciones, la norma también exige que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo la vida, salud e integridad del reo.

(El viernes, cientos de personas marcharon en el Centro pidiendo la liberación de Fujimori. La marcha no tuvo mucho rebote en prensa. Foto: Utero.pe)

A esto se suman razones políticas. Dudo mucho que el fujimorismo facilite la gobernabilidad del país a cambio de un indulto a su líder histórico. Por el contrario, ante lo que leerían como debilidad de cualquiera de los dos gobiernos a quien se dirige la solicitud, irían por más. Asimismo, ninguna decisión basada en la reconciliación puede olvidar que dicha palabra, en realidad, se dirige más hacia el compromiso que tiene el Estado para con las víctimas de graves delitos como los que han merecido la condena de Fujimori, antes que congraciarse con un delincuente comprobado.

Finalmente, si se otorgara un indulto a Fujimori a pesar de los elementos arriba anotados, el Perú se convertiría en el hazmerreir internacional, lo que ocasionaría graves consecuencias respecto de nuestra imagen como país, dado que se nos vería como poco serios en el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de derechos humanos. Y ello, para quienes ven el mundo en términos estrictamente de negocios, sería perjudicial para nuestra credibilidad.

A fin de cuentas, el señor Fujimori ha terminado demostrando que su agenda es única: salir de prisión como sea. Y, en el camino, arrastra por los suelos la imagen del grupo político que hoy su hija lidera. Dada la asociación directa con el padre, esto será muy difícil de desprender como asociación. Y ello deja en mal pie a Fuerza Popular como supuesto actor a favor de la gobernabilidad nacional.

El silencio de los Fujimori

Las finanzas de la familia Fujimori siempre se han debatido en un halo de secretismo.

Para comenzar, un patriarca que nunca pudo explicar cómo pagaba las universidades de sus hijos en Estados Unidos con solo dos mil soles mensuales como único ingreso legal. Gastos resumidos en esta infografía de La República:

En este caso, los miembros de la familia no se han quedado precisamente callados. Todo lo contrario. Lo que tenemos es un conjunto de versiones contradictorias entre sí, que no terminan de respondernos la interrogante central: ¿de dónde se pagaron los estudios universitarios en Estados Unidos de los cuatro hijos del expresidente?

Una segunda pregunta se vincula con los fondos que permitieron la estadía de Alberto Fujimori en Japón, país cuyo costo de vida es bastante alto. Oficialmente, siempre se dijo que “empresarios amigos” ayudaban a su manuntención, pero, dados los antecedentes comprobados de su gobierno – y escritos en sendas sentencias judiciales – esta versión resulta insuficiente. El expresidente ha guardado un inescrutable silencio sobre la materia.

Vayamos a un tercer punto. ¿De qué vive Keiko Fujimori? ¿Es suficiente el diezmo entregado por Fuerza Popular cada mes para mantener un tren de vida de clase media acomodada, así como los viajes constantes de la lideresa del partido al interior del país? ¿Tan bien le va a Mark Vito Villanela con sus negocios inmobiliarios?

Pero lo que ha llamado más la atención, en las últimas semanas, es la prodigiosa actividad empresarial de los cuatro hermanos Fujimori Higuchi.  Una serie de reportajes de Daniel Yovera y Edmundo Cruz – con la colaboración de Laura Grados, Elizabeth Prado y Jorge Weston – en Poder y La República, así como un informe de Christopher Acosta en Latina ponen sobre la mesa un modus operandi bastante peculiar que se basa en:

a) Capitalización de deudas para ir cubriendo quienes son los socios reales.

b) Un solo estudio, ligado políticamente a los Fujimori, haciendo las constituciones de sociedades e interviniendo algunos de sus abogados como socios. En todos los casos, con los hijos del expresidente y allegados como principales protagonistas.

c) Plata de una trasnacional japonesa entrando a una de las empresas.

d) A pesar de los ingresos de dinero, las dos empresas protagonistas de la historia – LIMASA y ALINSA – tienen deudas con proveedores de bienes y servicios.

e) Ningún descargo emitido por los hermanos Fujimori.

Todo este sistema de operación empresarial se hace bastante sospechoso por las razones esgrimidas por Rosa María Palacios:

El esquema no es ilegal pero abre muchas interrogantes. La primera, para la Unidad de Inteligencia Financiera, es ¿de dónde sale el dinero de estos préstamos de socios peruanos que luego se capitalizan? No hay hipotecas o prendas inscritas. ¿Puede un empresa con pocos días de constituida conseguir estas líneas de crédito bancarias? Difícil. La segunda, ¿Por qué seguir un esquema tan complicado – que puede tener implicancias tributarias para las empresas  acreedoras – si lo mismo se puede conseguir con los aportes directos de los accionistas o la venta las acciones de Limasa a nuevos socios, cuyos capitales – y el origen de estos- son más fáciles de identificar?

Lo que se teme es que estos dineros provengan de una fuente ilícita, tanto en el caso de los socios peruanos, cuanto con el de los japoneses. La sospecha es que este sea dinero en posesión de Alberto Fujimori, sustraído del erario peruano y administrado, desde que éste abandonara Japón hace más de 10 años, por su hijo Hiro Fujimori. En teoría, las capitalizaciones de préstanos con allegados peruanos, sólo serían un cambio de testaferros, donde, poco a poco, va entrando capital.  Sin embargo, por la vía de la sociedad japonesa, estaría regresando al Perú, limpio legalmente, dinero que salió en maletines. Reitero, en teoría. Así, Hiro Fujimori no podría justificar por sí mismo ese capital, pero la trasnacional japonesa, sí. Cabe decir que para la trasnacional Sankyo se trata de una cifra pequeña, (un millón cuatrocientos setenta mil dólares de préstamo, luego capitalizado en parte) pero para los Fujimori, injustificable con sus propios  patrimonios, supuestamente modestos.

Las sospechas se basan en otros indicios. El asesor corporativo de Sanyko con base en Canadá, Daniel Scott Matson, a su vez, socio de los Fujimori, estuvo el 28 de febrero pasado, en plena campaña electoral, de visita en la Diroes. ¿Qué tendría que conversar por tres horas con Alberto Fujimori? Nadie lo sabe.  Ni siquiera una visita de cortesía al padre preso de un socio justificaría tan larga estancia. De otro lado, la página web, que anunciaba que la antes almacenera Limasa, convertida luego en Integrated Global Logistics, era una empresa trasnacional a partir del 2014, ha desparecido así como el anunció de nuevos negocios vinculados al almacenaje aduanero ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Qué pasó con la supuesta expansión del negocio? Misterio.

Lo mismo se podría decir de la empresa ALINSA, donde se encuentra como socio un amigo personal del propio reo de Barbadillo y cuya página web también salió de circulación en estos días.

Al parecer, luego de las horrorosas respuestas en el caso Ramírez, los Fujimori pretenden que el caso pase piola, sin pronunciarse sobre el mismo. El problema es que, con la información obtenida, sumada a las interrogantes anteriores sobre su pasado financiero, el dique del silencio va a terminar rompiéndose más temprano que tarde. Y puede reventarles en la cara.

Mejor hablen ahora. Callar les puede salir aún más caro.