¿Cómo entender la sentencia de la Corte Interamericana sobre el indulto a Fujimori?

Keiko Alberto Fujimori
¿Preocupada por su libertad o por su futuro político? (Foto: Twitter Keiko Fujimori)

A muchos sorprendió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiera no pronunciarse directamente sobre el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori en la pasada Navidad. Sin duda, la Corte IDH ha tenido mayores momentos de activismo en su actuación, en los que decidía pronunciarse directamente sobre diversas materias en las que ha sentado jurisprudencia de avanzada.

Esos tiempos parecen estar lejos. Hoy la Corte apuesta por sentencias en las que deja a los Estados la decisión final sobre determinadas materias. Esta lógica corresponde a que el tribunal entiende que existe una mayor consolidación institucional en nuestros países – con las excepciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua – a la existente en los tiempos en los que sí debía tener una actuación más activista. Con todo, este tipo de decisiones ha merecido críticas (justificadas) por parte de abogados que conocen el sistema interamericano de derechos humanos y su lógica.

Sin embargo, la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Fujimori no es ascéptica. Al revisar bien sus fundamentos, queda claro que el tribunal brinda una “hoja de ruta” a la justicia constitucional peruana para tomar una decisión final sobre el caso del sujeto que gobernó el país entre 1990 y 2000. Y que dichos fundamentos no son precisamente favorables al autócrata.

La Corte Interamericana señala, en primer lugar, una serie de parámetros para pronunciarse sobre los “indultos humanitarios”. En particular, busca ponderar la relación entre la vida, la salud e integridad física de los reos con la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.

¿Cuáles son estos parámetros?

  • Si bien la justicia internacional no se ha pronunciado directamente sobre casos de “indulto humanitario”, la jurisprudencia en los sistemas americano y europeo de derechos humanos rechaza que los Estados apelen a figuras jurídicas que busquen suprimir los efectos de sentencias condenatorias o efectúen un otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena.
  • Los tribunales penales internacionales ad hoc y la Corte Penal Internacional no contemplan la figura del indulto, sino la reducción de pena sujeta a un examen exhaustivo en cada caso.
  • La obligación de sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia.
  • La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que se debe garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. En los casos de sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, las medidas a tomar deben ser las que menos restrinjan el derecho a la justicia de las víctimas, las que deben ser aplicadas en casos muy extremos y en una necesidad imperante.
  • En los casos de personas sentenciadas por graves violaciones a los derechos humanos, el otorgamiento de un indulto presidencial conlleva “una mayor afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sus familiares”.

Asimismo, la Corte Interamericana señaló una serie de hechos controvertidos alrededor del indulto humanitario. ¿Cuáles son?

  • Poca objetividad de la Junta Médica Penitenciaria, pues la integró un médico que trató anteriormente a Fujimori en Neoplásicas.
  • Diferencias sustanciales entre el acta de la Junta Médica Penitenciaria del 17 de diciembre de 2017 y el acta ampliatoria suscrita dos días después.
  • No existe documento alguno que señale cuáles son las “enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada progresiva, degenerativa e incurable” que justifican el indulto.
  • Ningún documento señala cómo las condiciones de la cárcel pueden colocar en grave riesgo la vida, la salud o la integridad del entonces reo Fujimori.
  • La resolución suprema que otorgó el indulto no menciona que Fujimori fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En estos casos, el Estado debe tener una mejor y mayor argumentación sobre el otorgamiento de esta gracia.
  • El contexto en el que se presentó la solicitud de indulto, vinculado a la vacancia presidencial de PPK y los “Mamanivideos”

En suma, con estos parámetros y hechos, el Poder Judicial o, en su defecto, el Tribunal Constitucional, deberían indicar que el indulto no cumple con la Convención Americana de Derechos Humanos y, con ello, enviar a nuevo a Fujimori a donde corresponde: un establecimiento penal en el que sus condiciones de salud estén garantizadas. Y si para el 29 de octubre de 2018 esto no es decidido por el Estado peruano, será la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tome la decisión, en el sentido arriba señalado.

Sin embargo, queda un elemento central en esta historia: la política. ¿Cómo queda el fujimorismo en torno a esta decisión? Rosa María Palacios enunció ayer una posible respuesta, que aún tiene un alto factor de espera:

Por otro lado, la decisión de la CIDH de criticar severamente el indulto “humanitario” a Alberto Fujimori, pero ordenar al Tribunal Constitucional que resuelva su inconstitucionalidad (el Presidente también podría, cumpliendo el mandato de la Corte, declararlo nulo) pone a Keiko Fujimori en aprietos. Ella ha perseguido a su hermano por sacar a su padre de la cárcel negociando con Kuczynski. Nunca quiso a su padre libre de esa forma y así lo reconoció en un comunicado de su partido. Pero si él regresara pronto a la cárcel –y todo parece indicar que la libertad se le acaba, como máximo, en octubre– ella será vista como la gran culpable y su hermano menor se encargará de recordárselo toda su campaña. ¿Qué hacer? Keiko Fujimori ha corrido a tomarse una foto con su padre, ahora sí, pidiendo su libertad. La cara de Alberto Fujimori lo dice todo. No confía en su hija.

La respuesta, por tanto, aún sigue abierta. Con la consiguiente incertidumbre para los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por quien gobernó el Perú en la década de 1990.

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Partidor municipal: una campaña fría en Lima

En apenas cinco meses, los peruanos elegiremos a nuestros gobernadores regionales y alcaldes en todo el país. Una campaña en la que la principal autoridad organizadora afronta serias denuncias, algunas reglas electorales terminan degradando el proceso y, en Lima, el aluvión de candidatos no genera – hasta ahora – ningún respaldo que pase el 10% de intención de voto.

Adolfo Castillo ONPE
Adolfo Castillo, actual jefe de la ONPE, afronta el momento más grave de la institución en 18 años (Foto: La República)

ONPE BAJO LA LUPA

Durante las últimas dos semanas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha visto sacudida por las revelaciones de Susana Guerrero, exgerenta de Asuntos Legales de la entidad, quien dio cuenta de dos denuncias bastante serias.

La primera se vincula con el presunto trato especial en el proceso del inscripción del flamante partido Podemos por el Progreso del Perú, líderado por el excongresista José Luna Gálvez. Según Guerrero, a esta agrupación se le dieron facilidades que no recibieron otras agrupaciones que estaban en el mismo trance, como el Partido Morado de Julio Guzman. Peor aún, los personeros de Podemos Perú eran personajes vinculados, en su momento, a la fábrica de falsificación de firmas de Perú 2000, aunque fueron absueltos en el proceso judicial.

La ONPE señaló que no hubo parcialización con el partido de Luna, aunque si reconoció en un comunicado que “la subsanación de algunos espacios en blanco, realizados por el propio partido en el local de la ONPE, constituyó  un mal manejo operativo que ha sido subsanado en consonancia con la imparcialidad del trabajo del organismo electoral”.

El jueves, Caretas publicó un informe en el que Guerrero enfilaba sus baterías contra el gerente de gestión electoral Fernando Obregón Mansilla. La exfuncionaria no solo lo acusaba de cambios sospechosos, sino también de sus presuntos vínculos con Cavassa, quien hoy es procesado por el caso La Centralita, cuyo principal implicado es el exgobernador regional de Ancash César Álvarez.

El nombramiento del actual jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, no estuvo exento de controversia. Entidades como el Instituto de Defensa Legal cuestionaron su designación, tanto por la falta de transparencia en las reglas, así como por una acusación sobre plagio que el CNM no tomó en cuenta. De hecho, uno de los presuntos plagiados era Obregón. Castillo refirió que el libro fue escrito en coautoría con su hoy asesor. Antier, La República refirió que Obregón Mansilla tiene una denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto cobro indebido de una asignación por movilidad. Castillo señaló hoy en RPP que no tiene vínculo alguno con Cavassa.

Para el periodista Miguel Ramírez, quien investigó la falsificación de firmas de Perú 2000, la ONPE debería ser auditada. Hace dos días, el Consejo Nacional de la Magistratura, entidad que designa y destituye al jefe de esta institución, inició una investigación a Castillo. En tiempos electorales, es una mala señal que la entidad encargada de organizar el proceso del 7 de octubre pase por estos apremios.

Marco Alvarez
Desde que inició su segunda gestión, el alcalde de San Borja Marco Álvarez Vargas llevó a su esposa a la mayor parte de sus actividades públicas. Hoy la señora Teresa Ramírez de Álvarez busca sucederlo (Foto: El Comercio)

REGLAS QUE DEGRADAN EL PROCESO

Varios politólogos alertaron en su momento que la prohibición de la reelección de gobernadores regionales y alcaldes ocasionaría más problemas que aportes. Como indicó Fernando Tuesta, una autoridad puede ser corrupta en un solo periodo de gobierno, por lo que esta prohibición no soluciona nada en torno a este problema. Peor aún, no se establece un estímulo claro para autoridades que sí han cumplido claramente con su deber, en un contexto en el que la reelección de estas autoridades ha decrecido.

Lo que se ha terminado incentivando con esta regla absurda es lo que, con acierto, Rosa María Palacios ha denominado como “el regreso de la Panaca”. Esposas, hijos, exesposas, hermanos, tenientes alcaldes, vicegobernadores y otros allegados a estas autoridades buscarán reemplazar a quienes ocupan los cargos actualmente, en un ejercicio que nos devuelve a las más oscuras épocas de patrimonialismo. El decoro más mínimo se ha perdido.

¿Casos emblemáticos? Luis Castañeda Pardo buscando suceder a Luis Castañeda Lossio en Lima. Augusto Miyashiro quiere prolongar la dinastía de veinte años de su padre en Chorrillos. Marlon Jiménez Mogollón quiere reemplazar a su padre en Puente Piedra, pero el actual alcalde Milton Jiménez irá en su lista como teniente alcalde (ni Putin). Teresa Ramírez buscará suceder a su esposo Marco Álvarez en la alcaldía de San Borja. La única forma de parar esta sucesión por herencia es que el Jurado Nacional de Elecciones interprete que esta es una forma de sacarle la vuelta a la ley o que, en caso que estas candidaturas pasen, su voto impida la reinstauración de la panaca como mecanismo de reemplazo de autoridades.

Peor aún, existen alcaldes y gobernadores regionales que van, abiertamente, a desafiar la norma. Consideran que, como fue aprobada luego de iniciar sus periodos en 2015, es una regla que no deben acatar. Para colmo de males, el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera ha salido a defender la legalidad, dejando este caso a las interpretaciones que dará en los próximos meses. Más allá que esta regla nos parezca un absoluto disparate, es evidente que tiene que cumplirse.

Pero si la responsabilidad de este entuerto es compartida entre el Congreso anterior y las actuales autoridades ediles, el otro lío es responsabilidad de este parlamento. Dentro de las modificaciones hechas en este periodo legislativo a la legislación electoral, se ha permitido que los candidatos puedan tener domicilio múltiple. Es decir, un candidato que tiene casas o predios en dos lugares diferentes puede postular en cualquiera de estos distritos o provincias. Ha sido el caso del actual alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo, quien ahora busca ser burgomaestre de la vecina Villa María del Triunfo (y dejar a su hermano como alcalde de VES), así como del titular de la alcaldía de Magdalena Francis Allison, quien busca ser alcalde provincial de Cañete (teniendo casa en Asia).  Un horror absoluto.

Municipalidad Metropolitana de Lima
Por lo menos, 15 candidatos a suceder a Luis Castañeda Lossio. Ninguno genera mucho entusiasmo (Foto: La República)

LIMA: SIN FAVORITOS Y SIN ENTUSIASMO

Entre quince a veinte personas aspiran a ser el reemplazante de Luis Castañeda Lossio como Alcalde Metropolitano de Lima. Todas las encuestas realizadas hasta el día de hoy muestran que ninguno de los postulantes tiene más de 10%. ¿Por qué?

En primer lugar, porque la campaña electoral no va a calentar hasta después del Mundial. Es claro que, más allá de las protestas regionales que están ocurriendo en el sur del país y los escándalos en el Congreso, la atención mediática estará concentrada en lo que ocurra en Rusia. Si bien varios candidatos van a hacer caravanas, presentaciones y ajustes a sus planes de gobierno, los reflectores sobre ellos serán menores de los que tengan los dirigidos por Ricardo Gareca. Para mucha gente, la política no es tema porque no influye en su vida. Peor aún, luego de dos alcaldes a los que terminó sintiendo lejanos al final de su periodo.

En segundo término, porque no hay un postulante que aglutine un antivoto. Es decir, no hay nadie a quien oponerse, como ocurría en la campaña municipal de 2014 con Susana Villarán. Al no permitirse la reelección, la posibilidad de ataques a la (mediocre) tercera gestión de Luis Castañeda Lossio se reduce sustancialmente como elemento que garantice votos.

Tercero, porque el desgaste de las gestiones Villarán y Castañeda ha hecho que la plaza limeña se enfríe como trofeo político. A diferencia de lo que (optimistamente) Alberto Vergara señalaba en 2010 – “podríamos estar asistiendo a una descentralización de la política en la que el único premio codiciado por las figuras importantes ya no es la Presidencia de la República” -, hoy la soledad política en la que acabaron nuestros últimos periodos municipales (Villarán sin reflejos políticos, Castañeda con un partido literalmente familiar) desalienta a que actores con mayor recorrido político se animen a postular. Súmese a ello la salpicada que nuestros últimos burgomaestres limeños tienen con el caso Lava Jato (con mayores evidencias, por ahora, en el caso de la exalcaldesa).

Sin embargo, aún la Alcaldía Metropolitana logra tentar a excongresistas (Reggiardo, Beingolea), exministros (Cornejo, Urresti), alcaldes distritales (Muñoz, Velarde, Gómez Baca, Zurek) o ex funcionarios municipales (Guerra García, Columbus). Ningún proyecto político, hasta ahora, apunta a salir del lugar común. Reiteramos, por ahora.

Sin embargo, como indica Eduardo Dargent, la campaña limeña tiene algunos atractivos para el analista. Se podrá comprobar el efecto de los medios y las redes sociales en las campañas. se podrá verificar si es que determinado tipo de oferta política (seguridad, espacios públicos, inclusión de poblaciones vulnerables) es más cercana a un determinado sector socioeconómico. También podrá verse si es que la profusión de candidatos cercanos a un perfil parecido (Urresti y Reggiardo en seguridad, Muñoz y Velarde con liderazgos similares en distritos AB) puede terminar anulándose entre sí.

Finalmente, la elección limeña tiene un perfil propio. Es notorio que ningún alcalde de Lima, desde Billingurst, ha conseguido que su paso por el municipio más importante del país termine en una carrera presidencial. Por tanto, se trata de un espacio que ha conseguido relevar su importancia política, pero donde las expectativas de un elector decepcionado del elenco estable que presencia a diario se han rebajado sustancialmente.

 

Paradojas de la Memoria

 

Vera Lentz
(Foto: Vera Lentz)

No sorprende el nuevo embate contra el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Desde que, hace una década, el gobierno de Alemania ofreciera una donación para su creación, su historia ha sido azarosa. Lo cierto es que el espacio ha resultado incómodo en varios sentidos. Desde las organizaciones de derechos humanos y algunos periodistas como Juan Carlos Tafur, se le ve como demasiado light. Varios exmiembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hubieran preferido que estuviera la exposición “Yuyanapaq: para recordar” (con imágenes aún más fuertes) en su lugar. Los fujimoristas y los defensores oficiosos del mundo castrense creen que es un lugar tomado en contra de las Fuerzas Armadas, cuando las condenas a Sendero Luminoso son explícitas.  Y aún hay voces que dicen que no deberíamos tener un museo sobre hechos recientes. En medio de dicha batalla, el LUM crece año a año en visitas.

Tampoco sorprende que el gobierno actual se ponga de perfil sobre el tema. En realidad, para ningún gobierno desde que volvió la democracia al país en noviembre de 2000 – con la solitaria excepción de Valentín Paniagua -, afrontar el legado de violencia ha sido una prioridad. Es cierto que han existido algunos avances en algunas políticas públicas sobre la materia, pero no se ha contado con una mirada integral sobre la materia. Y, básicamente, se ha preferido “no hacer muchas olas” en relación con este tema. Incluso Paniagua no se mostró satisfecho con lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación dijo sobre el gobierno de Acción Popular, que no quedó bien parado en el examen del Informe Final entregado hace quince años. Y ello se agudiza más con una administración dedicada a la sobrevivencia, la vocación por la rodillera frente a Keiko Fujimori y una severa y lamentable tendencia a la media tinta.

¿Por qué tanto temor hacia la memoria en torno al periodo de violencia? Tengo algunas intuiciones al respecto.

La primera de ellas se vincula con los términos del debate sobre el conflicto armado interno que vivimos entre 1980 y 2000. Existe una narrativa sobre el periodo de violencia, construida durante la década de 1990, en la que se sostiene que debemos festejar una victoria militar sobre la subversión marxista, donde un rol central y destacado fue jugado por Alberto Fujimori y en el que cualquier vulneración de derechos por partes de agentes del Estado eran meros excesos o, en los interlocutores más avezados, “costos a pagar” por la pacificación. Y, a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se fue tejiendo otra narración, en la que, junto con la necesaria y justificada condena a las acciones subversivas y terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, se debía señalar que el Estado, en varios lugares y momentos, no cumplió con su deber de velar por los derechos de los ciudadanos. Por tanto, los actos execrables cometidos por militares y policías debían ser condenados, para separar a los héroes de quienes mancharon los uniformes de Grau y Bolognesi.

Así, en suma, la disputa giró en torno a las responsabilidades penales, políticas y sociales sobre lo ocurrido. Si bien existe un consenso más o menos claro sobre la responsabilidad de Sendero Luminoso y el MRTA, no ocurre lo mismo en relación con los actores armados estatales o los políticos que dirigieron al país en aquellos años.  Y, por ello, tanto el Informe Final de la CVR como el LUM incomodan. Porque confrontan al militante o simpatizante de Acción Popular, el APRA y el fujimorismo con lo que hicieron sus líderes. Porque delinean la ambigüedad que tuvo la izquierda en varios momentos frente a la violencia. Porque dejan en off side a quienes sostienen que la lucha contrasubversiva debería resolverse con métodos que dejarían a Rambo como un campeón del Derecho Internacional Humanitario. Y porque también colocan a la sociedad peruana en una encrucijada: los terroristas no vinieron de Marte y aprovecharon espacios educativos y contextos de modernización trunca para crecer. La pregunta “¿y qué hice yo al respecto?” surge, jode y no queremos responderla. Del mismo modo que exculpamos fácilmente a Paolo Guerrero – en lugar de asumir que, como todo deportista, debía tener mayor responsabilidad en lo que se metía en la boca -, nos ocurre con aquello que vivimos.

Un segundo temor tiene que ver con la necesidad de triunfos de la sociedad peruana. Y ello es una necesidad aún mayor en el mundo castrense. Buena parte de nuestros héroes provienen de guerras en las que perdimos o donde el sacrificio emprendido no tuvo vinculación directa con un triunfo con las armas. Existe, en el mundo militar, una vocación por fortalecer su moral interna, a través del reconocimiento del heroísmo, tanto a través de estatuas, como de museos e, incluso, de pensiones con cédula viva incluida. Y, peor aún, tenemos civiles más militaristas que los propios militares, que asumen que ello debería llevarnos a una Ley de Amnistía o a ocultar crímenes como La Cantuta, Putis o Accomarca. O a censurar películas como “La Casa Rosada” u obras de teatro como “La Cautiva”. Porque ello iría contra la necesidad de un triunfo que se dio, en realidad, a pesar de todos los errores y horrores cometidos por nuestros militares y policías. Precisamente, no se quiere entender que la derrota de la subversión se debió a que cambiaron de estrategia, no a comportarse como Martin Rivas y la banda liderada por Alberto Fujimori.

Una tercera cuestión por la que nos incomoda la memoria es porque va contra la narrativa de éxito de los años venideros. En el mundo de “El Perú Avanza”, cualquier cuestión que se oponga al triunfalismo económico de la última década y media debe ocultarse debajo de la alfombra. Los desencuentros que han formado parte de la sociedad peruana desde su declaración de independencia hace casi dos siglos deben convertirse en objeto a ocultar, en tema tabú, en cuestión a no tocar.

Y ello se conecta con cierto sentido común de parte de nuestras élites respecto al periodo de violencia. Como señaló el escritor y periodista Marco Avilés:

Pensemos en el cuarentón de la camioneta. También en quienes ahora dirigen el país, desde el Gobierno hasta las empresas. Son los jóvenes que durante la guerra vivieron encerrados en casa mientras afuera las bombas estallaban y la gente era secuestrada. No iban a fiestas ni a discotecas. Sus padres no los llevaron de vacaciones al Cusco. Tengo hermanas mayores y de niño vi el celo con que salían para intentar divertirse. Siempre en grupos. Siempre a lugares cercanos. Si no había condiciones de seguridad, se quedaban en casa. Un día mataron al compañero universitario de una prima cercana en un atentado. Empezaban los años noventa. En los meses siguientes, ella hizo todo lo posible para irse del país y nunca más volvió. Muchos se fueron. Otros no se fueron nunca. Se quedaron. Y terminaron de formarse en ese país aterrorizado, corrupto, donde se estafaban o mataban unos a otros. Veinte años después, cuando la paz es esto que vivimos, ellos están en el poder. Están en el Gobierno, en las empresas, dirigiendo sus propias familias. Quieren darles a sus hijos lo que nunca tuvieron: seguridad a cualquier precio. Sienten el derecho de tomar lo que antes les fue negado. Y lo hacen con ese mismo frenesí de los niños que salen al recreo después de haber pasado mucho tiempo castigados y encerrados. Quizá intuyen que la libertad será breve, pasajera. Que deben conseguirlo todo para hoy. Porque quizá el mañana no existe.

Y, en ese frenesí, cualquier alusión que no se condiga con esos recuerdos de niñez en casa y adolescencia en la que ir al cine era casi deporte de aventura no es la verdad. Se trata de una memoria sobre este periodo que parte desde el privilegio y que no se cuestiona si es que otros peruanos vivieron situaciones mucho peores.

Finalmente, hay una razón adicional y quizás sea la central. Todas estas discusiones nacen en Lima Moderna, donde la violencia se vivió en modo distinto a Ayacucho. Y donde tanto las víctimas como los victimarios resultaban ser relativamente lejanos. No nos encontramos en una localidad en Ayacucho o Huancavelica donde tienen que convivir, en la misma comunidad, los familiares de una víctima de Sendero Luminoso con los padres o hijos de quien se autodenominaba como “camarada” en aquellos años. El tema del periodo de violencia se utiliza únicamente para invalidar al adversario político o para pretender perpetuar una leyenda de un autócrata salvador y mesiánico.

Dejamos de lado a las víctimas y olvidamos que deben ser el centro de esta historia. Nos concentramos en quién mató más o quién fue más o menos héroe, antes que conmovernos con aquello que vivimos. Olvidamos la empatía con el soldado que regresó con una pierna amputada, con el ciudadano de Lucanamarca que vivió como los senderistas mataban a sus vecinos a machetazos, con el egresado de La Cantuta que se enteró que sus compañeros fueron incinerados luego de ser ejecutados, con el miembro de la comunidad asháninka que se salvó del genocidio senderista, con la madre de un desaparecido que fue visto por última vez en un cuartel hace 35 años, con aquel ciudadano que quiere recordar y con aquella víctima que, por ahora, prefiere no hacerlo.

De nada sirve decir “terrorismo nunca más” o “Grupo Colina nunca más” si es que no aprendemos, de verdad, las lecciones de aquellos años.

 

¿Cómo van los cambios en el Grupo El Comercio?

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(Foto: El Comercio)

Una semana después de la renuncia de Fernando Berckemeyer a la dirección de El Comercio, se decidió a su sucesor: Juan José Garrido Koecklin será el nuevo director del diario más importante del país desde el 1 de junio.

El nombre del economista y administrador sonó inmediatamente desde que se conoció la renuncia de Berckemeyer, el miércoles pasado. Fuentes cercanas al Grupo El Comercio nos indicaron que el directorio tiene especial predilección por “abogados y economistas” para encabezar sus proyectos periodísticos.

Aunque el semanario “Hildebrandt en Sus Trece” señaló que los otros candidatos propuestos por Berckemeyer fueron Juan Aurelio Arévalo (editor de Mundo) y Jaime Bedoya (Editor Central de Estilo y Proyectos Especiales), esta versión no ha podido ser confirmada por este blog.

Garrido Koecklin fue director de Perú.21 entre octubre de 2013 y noviembre de 2017. De acuerdo con la versión que puso en su Facebook hace algunos meses, dejó el tabloide serio del GEC debido a que “sentía que había cumplido un ciclo en el diario”, negando versiones sobre caída en las ventas o por un tema financiero que han circulado en varios corrillos periodísticos dentro y fuera de la corporación propiedad de la familia Miró Quesada, sin una confirmación oficial. La Memoria Anual 2017 del Grupo El Comercio no registra cifras exactas sobre ambos temas.

En términos de línea editorial, Garrido apuesta por un tono bastante liberal en línea económica, como ha sido la constante de El Comercio durante la era Berckemeyer. Incluso, en algunos temas, podría ser hasta más libertario que el director saliente. En temas valorativos, también mantendría una posición parecida a la de Berckemeyer en materias como la defensa de los derechos de la mujer o el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. De hecho, el nuevo director de EC no es creyente.

Donde sí podrían existir cambios es en materia política. Sin duda, Berckemeyer marcó distancias importantes con el fujimorismo, sobre todo, a partir de la segunda vuelta del año 2016. Su gestión tuvo que enfrentar embates de Fuerza Popular que buscaban aprovechar la posible vinculación de la constructora Graña y Montero – cuyo exprincipal directivo, José Graña Miró Quesada, es a la vez el principal accionista individual del GEC, con poco más del 6% de acciones – con el caso Lava Jato.

Si bien Garrido no dejó de hacer críticas a Fuerza Popular en su gestión en Perú.21, es claro que su tono frente a la agrupación liderada por Keiko Fujimori ha sido más contemporizador. Por tanto, algunas voces en la redacción del jirón Santa Rosa temen por un retroceso en la distancia con el fujimorismo, que costó construir luego de las cercanías que se tuvo durante la campaña electoral 2011, lo que generó un importante perjuicio al GEC en términos de ventas y prestigio. Aunque habría que decir que el hoy designado director de El Comercio no se la jugó por ningún candidato en 2016.

En redes sociales, muchos han criticado posiciones políticas y periodísticas de Garrido. La periodista y abogada Rosa María Palacios recordó que el nuevo director de El Comercio la había acusado de recibir dinero por parte de Nadine Heredia, afirmación de la que Garrido luego se rectificó. Otros usuarios han criticado columnas suyas, como una publicada en julio de 2017 donde dijo que había que clonar al exministro Bruno Giuffra (una afirmación que, a la luz de lo ocurrido con el empresario devenido en político en desgracia, por lo menos resulta naif). U otra pieza publicada en septiembre de 2015, donde alertaba de un supuesto intento de golpe de Estado que daría el propio presidente Ollanta Humala y que nunca ocurrió. Dicha columna, basada supuestamente en fuentes castrenses, fue duramente criticada en su momento por Gustavo Gorriti.

Garrido será el encargado de ejecutar uno de los planes más controvertidos del Grupo El Comercio: la convergencia de redacciones, causa de la renuncia de Berckemeyer. Según lo que pudimos conocer por fuentes cercanas al GEC, se buscan hacer tres núcleos: información común para todas las plataformas, audiovisual (fotógrafos, videoreporteros, diseñadores e infografistas para todos los medios impresos) y audiencias (web y redes sociales). Cada diario mantendría una redacción propia para información a profundidad, que los diferenciaría como productos independientes. La idea es que los tres núcleos estén implementados a fines de 2018.

Finalmente, una decisión aún por tomar es quien será la nueva cabeza de Perú.21, diario actualmente liderado por el periodista Dan Flores. Por ahora, el nombre que más suena es el de la periodista Cecilia Valenzuela, quien mantiene una columna en El Comercio. Se barajaron varias alternativas. De entrar Valenzuela, su proyecto enfatizaría sobre todo en notas de investigación, en su conocido estilo. Otros postulantes al puesto más bien buscaban un énfasis más digital, para recuperar a un público joven que paulatinamente está dejando de lado los diarios impresos.

Dentro y fuera del GEC existe incertidumbre sobre el futuro de los medios impresos del Grupo. Para algunas de las personas consultadas por este blog al interior de la corporación, la apuesta debió proseguir en potenciar equipos periodísticos de calidad, buscando beneficios a largo plazo, fortaleciendo tanto a los medios impresos como a la web. La apuesta de la convergencia, que ha ocasionado estos cambios, buscaría la recuperación a corto plazo de los dividendos para los miembros de la familia Miró Quesada.

Paradójicamente, la tendencia de los medios impresos que vienen recuperando poco a poco sus ganancias a nivel global es precisamente apostar por mejores periodistas en todas su plataformas. Precisamente, el camino inverso en el que parece haberse sumergido el Grupo El Comercio. ¿Vendrán tiempos mejores?

Algunas ideas sueltas sobre la “Marcha por la Vida”

Marcha Por la Vida
Movilización contra el aborto genera adeptos y detractores irreconciliables (Foto: El Comercio)

Mañana sábado, se realizará una nueva edición de la denominada “Marcha por la Vida” (MPLV), movilización convocada por grupos conservadores católicos y evangélicos en contra de la despenalización del aborto en el Perú. Tradicionalmente, esta manifestación ha congregado una importante cantidad de personas y genera polémica, dado que la materia que tiene como centro es, sin duda alguna, una de las que genera mayores pasiones en el mundo.

Antes de empezar, creo necesario hacer un disclaimer personal. Soy católico y no estoy de acuerdo con esta movilización. Mis razones las pueden leer aquí. Ahora sí, entremos en materia.

Un primer punto que debemos entender es que estamos ante una movilización que tiene una doble finalidad: religiosa y politica.

En lo religioso, sin duda, los sectores que se movilizan en contra del aborto pretenden dar una demostración de fuerza dentro de sus propias iglesias. En el caso de la Iglesia Católica, esta será la última “Marcha por la Vida” que encabece Juan Luis Cipriani como Arzobispo de Lima y, de hecho, varios de los golpes de efecto que se han querido dar desde hace meses hasta esta semana van en la línea de resaltar el liderazgo del Cardenal. Desde la necedad por hacer la misa del Papa Francisco en la Costa Verde – escenario donde normalmente termina esta manifestación -, pasando por el “monumento a la familia” inaugurado entre Magdalena y San Miguel, hasta la recurrencia a personajes del deporte bastante apreciados por el público en general (como Ricardo Gareca y Aldo Corzo), todo va en esa línea. Y no les sorprenda que mañana, a la salida de la entrevista que tendrá el Presidente de la República en RPP, Cipriani lo invite a la movilización ante cámaras.

En el caso de las iglesias evangélicas, como bien apunta el teólogo Juan Fonseca, son las denominaciones más recalcitrantes y autoritarias las que buscan dominar la escena. Y logran movilizar a sus seguidores en base a una premisa: “creen estar salvando a la humanidad de un inminente apocalipsis moral gracias a la eficaz campaña de terror anti-género impuesta por sus líderes”.

En lo político, estos grupos buscan que el Congreso de la República no apruebe nuevas causales de despenalización del aborto – que tiene una pena entre 3 a 6 meses de prisión – y que el Poder Ejecutivo no impuse proyectos en esta línea. Cabe recordar que solo se permite el aborto terapeutico para los casos en los que la vida de la madre corre peligro. La estategia es clara: dar un golpe de masas para inhibir a políticos tendientes a ir por donde la corriente les lleva. Más que a los convencidos, se apunta a los indecisos.

Segundo. Es claro que esta movilización no solo tiene como centro el aborto, sino que se pretende consagrar que solo existe un modelo de familia que debe ser amparado por el Estado: la familia héteroparental.

Una visión conservadora del mundo toma como premisa que la familia y las iglesias son instituciones fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Lo que se denomina como célula básica de la sociedad es percibida en una forma bastante restringida: una familia formada por hombre y mujer con fines reproductivos. Donde la mujer tiene un rol secundario, la reproducción asegura la transmisión de la propiedad vía herencia y la sexualidad solo se disfrutaría en tanto sirve para la “preservación de la especie”. De allí que la educación sexual, los métodos anticonceptivos y cualquier alusión a familias que salgan de este molde son practicamente penalizadas. Y, en el camino, se invisibiliza la violencia de género, en un país donde las mujeres claman todos los días por el respeto de sus derechos.

Esta visión, empero, tiende adeptos incluso en sectores que son creyentes meramente nominales. ¿El motivo? Buena parte de los padres de familia considera que los contenidos sobre sexualidad en los espacios educativos deben ser puestos al mínimo y desde una perspectiva que, en suma, se concentre en evitar que sus hijos tengan relaciones sexuales.

Una tercera cuestión que se debe considerar es que existe una estrategia bien trazada detrás de la MPLV. Veamos como ejemplo el uso del deporte. Ricardo Gareca es una persona que puede tener convicciones conservadoras (como la mayor parte de personajes del mundo del deporte en el Perú), pero a la que el Cardenal Cipriani ha rodeado hábilmente. El Arzobispado de Lima le donó un terreno a la Federación Peruana de Fútbol apenas clasificamos a Rusia 2018 para que construya un nuevo complejo, Gareca fue invitado a conocer al Papa Francisco en el Palacio Arzobispal y el técnico de la selección de fútbol brindó recientemente una charla en el Seminario de Santo Toribio, dominada por Cipriani y sus adeptos, donde habló maravillas del prelado.

Ojo, no todas las jugadas le salen al bando conservador, como el frustado intento de vincular a la Fuerza Aérea del Perú con una movilización frente a la que debían guardar neutralidad, como entidad estatal en un país laico y como institución no deliberante en materia política. O el descubrimiento de cartas en las que se pide movilizar alumnos (menores de edad) de colegios no religiosos. Pero sí debe reconocerse que hay una estrategia que no se puede ignorar.

Por ello – y este es mi último punto -, resulta importante que los sectores en contra de esta movilización entiendan que también deben trazar una estrategia política y no limitarse a quejas y parodias en redes sociales.

Ello implica saber que al otro lado hay una acción coordinada y fuerte. Por tanto, requiere, antes que diezmar fuerzas, articular una acción política efectiva. Identificar a los congresistas y políticos de todos los partidos que pueden ser aliados o personas a convencer para esta causa. Y, claro está, hacer la misma presión que vienen haciendo los grupos evangélicos y católicos conservadores. Para ello se requiere, obviamente, una organización y recursos.

También es necesario considerar que, si bien es bueno contrarrestar los argumentos (o la carencia de los mismos) de los activistas conservadores, en realidad el centro de las preocupaciones debe estar en el ciudadano. Y sobre todo, apostar a los indecisos o quienes se dejan llevar por los números en estas materias.

Además, resulta necesario tener empatía.  Sin duda, el gran defecto de los sectores conservadores es que no se colocan en el lugar del otro. Hablan de la familia bien constituída, pero no demuestran ni un gramo de química hacia personas homosexuales. Mientras que, en el caso del aborto, la mujer que es violada y que no quiere tener al hijo producto de tan execrable acto es vista como una pecadora peor que María Magdalena. Incluso estos sectores tampoco impulsan una legislación que haga más fácil la adopción. Este es un ángulo que el sector más liberal debería explotar más.

Finalmente, hay que tener claro el terreno que se está pisando. Un importante sector de peruanos es conservador: Sea por convicción pura y dura, por temores o por no quedar mal con la mayoría, hay una buena parte de compatriotas que sigue adscrito a una visión de familia “bien constituida” al menos en el discurso. Los políticos lo saben (y ello explica el silencio sobre este tema tanto del Presidente de la República como de su gabinete). Y es necesario saber que las redes sociales no lo son todo en este tema. Si los conservadores se han posicionado, es porque cuentan con una organización real. Y ello es lo que el sector más liberal en lo valórico debe construir en estos años.

 

Relevo en la dirección de El Comercio: renuncia Fernando Berckemeyer

Berckemeyer
Fernando Berckemeyer dejará, luego de tres años y medio, la dirección de El Comercio (Foto: CNN en Español)

Hoy Fernando Berckemeyer presentó su renuncia a la dirección del diario El Comercio. El anuncio fue comunicado a la redacción del periódico más importante del país esta tarde.

La causa central de la dimisión de Berckemeyer, que se hará efectiva en junio, es el proceso de convergencia de redacciones entre todos los diarios del Grupo El Comercio. Esto nos fue confirmado por fuentes al interior del periódico. Se trata de un tema que la propia nota del diario sobre la salida de su director ha colocado en extenso:

“Como ustedes saben – dijo Berckemeyer – los diarios del grupo se acercan a un nuevo proceso de reorganización de sus redacciones. Este es un proceso complejo y delicado, que, desde luego, supone una opción legítima ante los retos que enfrenta la industria de los diarios y que ha sido ya llevado a cabo por varios grupos de prensa en el mundo. Se trata también de un proceso que requiere para encabezarlo de una persona convencida de sus virtudes y posibilidades. Tras un periodo de conversaciones y reflexión conjunta, el directorio y yo hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para el Diario es que venga un nuevo director para enfrentar este nuevo reto en la historia de El Comercio.”

La decisión de la convergencia de redacciones ha generado temor dentro del GEC, debido a que supone, en la práctica, la fusión de diversos puestos. Ello implicará, sin duda, despidos de periodistas y trabajadores administrativos del diario. Según supimos hace algunas semanas por diversas fuentes, Berckemeyer estaba dispuesto a pelear por el presupuesto de su redacción.

Esta determinación empresarial se tomó en un contexto en el que las ganancias del Grupo El Comercio se han reducido sustancialmente en los últimos años. Ello se debe, fundamentalmente, a la contracción en ganancias por publicidad que han tenido los diversos medios del GEC. El creciente peso de la información a través de Internet, que no viene acompañada de los mismos ingresos que se tuvieron en años anteriores, es la principal causa de un fenómeno que viene ocurriendo en varias partes del mundo. Y ello fue más complicado para el Grupo con la adquisición de Epensa hace algunos años.

La salida de Berckemeyer, según indican nuestras fuentes en el GEC, se ha producido en términos bastante amistosos. Nuestras fuentes nos indicaron que el directorio no había tenido mayores discrepancias editoriales con el director de El Comercio. De hecho, no existen diferencias ideológicas mayores entre el liberal Berckemeyer y la instancia más alta del GEC, a pesar de la presencia de Martha Meier Miró Quesada, editora despedida en 2015.

No se ha confirmado quien será el sucesor de Berckemeyer al frente del diario más importante del país. Si bien algunas versiones daban el nombre de Juan José Garrido como posible nuevo director, las mismas no han sido corroboradas. Lo cierto es que la nueva cabeza periodística de El Comercio tendrá que enfrentar, antes que las disputas ideológicas que marcaron al diario durante buena parte del siglo XXI, una tormenta económica que va a transformar al grupo periodístico más importante del país.

¿Cómo enfrentar el legado de la violencia?

Abimael Morote
El abrazo del terror (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

La semana pasada, la opinión pública peruana se vio conmocionada por la decisión judicial que otorgó arresto domiciliario a Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo, integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso. Cada vez que un sentenciado por terrorismo sale de prisión – debido al cumplimiento de su pena y/o a la demora en los procesos pendientes contra los integrantes de la mayor banda criminal de nuestra historia – nuevamente se desatan pasiones que creíamos bastante dormidas.

Es innegable y comprensible el rechazo que despiertan estas decisiones. Sendero Luminoso fue una organización subversiva y terrorista que inició un conflicto armado interno que desangró a la sociedad peruana y que cobró una alta cantidad de víctimas mortales, la mayor en la historia republicana. Los miembros de su cúpula no han expresado – a diferencia de lo ocurrido con varios integrantes del MRTA – arrepentimiento alguno por sus crímenes. Y, peor aún, sus abogados, familiares y algunos jóvenes que se han adherido a sus ideas propugnan una inaceptable amnistía que saque de la cárcel a estos criminales. Estos sentimientos, sin duda, son legítimos.

Pero, además, salen a la luz otras manifestaciones con menos asidero. El incumplimiento de decisiones judiciales que, aunque controvertidas, se ajustan a derecho. La reivindicación de un indultado autócrata que se preció de “derrotar al terrorismo”, pero cuyo fantasma sobre su posible resurrección es agitado por sus sucesores. Ciudadanos que alucinan que la única forma de acabar con el terror es a lo Rambo, olvidando que los repudiados senderistas fueron capturados con las armas de la ley, gracias al GEIN y a valerosos policías y militares. Y, por supuesto, irresponsables congresistas que ya se ven proponiendo leyes de amnistía porque pretenden seguir confundiendo a nuestros héroes con la gente que deshonró el uniforme de Grau y Bolognesi.

En otras palabras, el miedo, la desesperación y los reflejos autoritarios terminan ganando a un sector de ciudadanos. Y, en su variante más dura, se llega al terruqueo.

Durante los últimos días, se han propuesto una serie de soluciones legales y policiales que miran una importante arista del problema: es necesario que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan bien su trabajo y culminen los casos Soras y Tarata a la brevedad posible, con las más altas penas para los involucrados, de acuerdo a su responsabilidad. Y lo mismo con el caso Perseo, que se concentra en la conexión entre los cabecillas senderistas y los miembros del Movadef.  Sin duda, ello cerraría el círculo que, con la salida de Morote y Liendo de la cárcel, se ha vuelto a abrir.

No es la única tarea legal en ciernes. Lo ocurrido con los casos Soras, Tarata y Perseo es lo mismo que viene ocurriendo con procesos recaídos sobre agentes del Estado. Los juicios orales en casos emblemáticos como Cabitos y Accomarca, por solo mencionar dos ejemplos, han durado más de cinco años. Ello es inaceptable tanto para los familiares de las víctimas – varios de los cuales han muerto en el camino – como para los mismos acusados (aunque, muchas veces, son sus abogados quienes han dilatado estos procesos). Cuando algunos políticos se llenan la boca diciendo que “hay casos que duran 30 años”, olvidan que han mediado juicios (inválidos) en el fuero militar, la Ley de Amnistía de 1995 y las demoras judiciales atribuibles tanto al sistema procesal peruano como a los abogados de los acusados. Es necesario, por tanto, que la Sala Penal Nacional recupere su especialidad exclusiva para estos casos y, de una vez por todas, los cierre con sentencia.

No hay que olvidar tampoco como llegamos a esta situación. Los defensores de las cadenas perpetuas a mansalva de la década de 1990 olvidan que estos juicios no cumplieron con las garantías del debido proceso. Y que tuvimos que anularlos ante sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Tal es así que el propio Fujimori – el principal responsable de esta situación – tuvo que crear una comisión ad hoc para indultar a personas que eran inocentes. Y los juicios realizados en democracia no solo cumplieron con las reglas del debido proceso, sino que aseguraron altas penas para los terroristas, en base a sus responsabilidades individuales. Podemos discutir las penas impuestas, pero lo cierto es que los procesos fueron ejemplares.

Pero la solución no queda únicamente en el plano estrictamente legal y policial (vinculado, sobre todo, al seguimiento necesario a los sentenciados por terrorismo que salen por cumplimiento de penas). Es cierto que el caso Perseo probablemente deje a los líderes de Movadef en una prisión que, por su edad, terminará en una suerte de cadena perpetua en la práctica. Pero lo cierto es hay un conjunto de jóvenes que se ha visto persuadido de una ideología fundamentalista. Por ello, conviene prestar atención al espacio educativo, como señaló Roberto Bustamante hace un lustro:

El asunto es que, como país, no terminamos de ocuparnos de las escuelas. Estas siguen siendo espacios violentos, que generan un sentimiento de desapego en muchos niños y niñas del Perú. ¿Qué clase de ciudadano sale de un colegio lleno de rejas, donde el profesor está esperando con una vara a que termine el recreo para golpear a los alumnos para que regresen al aula? ¿Qué pasa cuando el profesor le dice al alumno que su forma de hablar el español es “motosa” y que debe “aprender a hablar bien”?

No cabe duda que la enseñanza (crítica) sobre el periodo de violencia es necesaria. Como docente universitario, compruebo que los jóvenes requieren información sobre un lapso de tiempo que ven como lejano, pero sobre el que, en muchos casos, quieren conocer. Y ello no solo implica que los alumnos conozcan el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación o vayan al LUM. Sino que realmente nuestras escuelas y universidades sean lugares donde el docente no sea el único propietario del saber, sino que enseñe a aprender a sus alumnos, en forma democrática.

Por supuesto, también implica que nuestros partidos den una respuesta. Como refirió hace algunos años Martín Tanaka, ello implica denunciar “claramente lo que Sendero Luminoso es, un grupo terrorista, homicida. Y si ellos se paran delante tuyo y te gritan consignas a favor de Abimael Guzmán, lo que hay que hacer es pararse y gritarles también en la cara que repudiamos a los asesinos y terroristas”. Nada más, nada menos. El debate con el fundamentalismo resulta una tarea imposible.

Y también es necesario que nos asumamos como una sociedad post conflicto. Algo que significa apreciar que existen comunidades andinas y selváticas en las que conviven, en un mismo espacio, perpetradores y víctimas (así como sus familias). En donde el periodo de violencia fue aprovechado para venganzas privadas. Conociendo que la mayor parte de víctimas provino de los sectores más excluidos de nuestra patria. Y donde, en las ciudades (sobre todo en Lima), vivimos con el panorama descrito por Marco Avilés:

Pensemos en el cuarentón de la camioneta. También en quienes ahora dirigen el país, desde el Gobierno hasta las empresas. Son los jóvenes que durante la guerra vivieron encerrados en casa mientras afuera las bombas estallaban y la gente era secuestrada. No iban a fiestas ni a discotecas. Sus padres no los llevaron de vacaciones al Cusco. Tengo hermanas mayores y de niño vi el celo con que salían para intentar divertirse. Siempre en grupos. Siempre a lugares cercanos. Si no había condiciones de seguridad, se quedaban en casa. Un día mataron al compañero universitario de una prima cercana en un atentado. Empezaban los años noventa. En los meses siguientes, ella hizo todo lo posible para irse del país y nunca más volvió. Muchos se fueron. Otros no se fueron nunca. Se quedaron. Y terminaron de formarse en ese país aterrorizado, corrupto, donde se estafaban o mataban unos a otros. Veinte años después, cuando la paz es esto que vivimos, ellos están en el poder. Están en el Gobierno, en las empresas, dirigiendo sus propias familias. Quieren darles a sus hijos lo que nunca tuvieron: seguridad a cualquier precio. Sienten el derecho de tomar lo que antes les fue negado. Y lo hacen con ese mismo frenesí de los niños que salen al recreo después de haber pasado mucho tiempo castigados y encerrados. Quizá intuyen que la libertad será breve, pasajera. Que deben conseguirlo todo para hoy. Porque quizá el mañana no existe.

Asumir que somos una sociedad que tiene que convivir con un legado de dos décadas de violencia y miedo es el primer paso para superar aquellas marcas indelebles que aún los peruanos tenemos pendientes por procesar. Y ello no se superará en tanto sigamos negando aquello que, cada vez que volvemos a tener temor de volver a vivir un pasado de terror y muerte, nos vuelve a saltar en la cara.