CONFLICTIVIDAD SOCIAL

La portada de ayer de La República fue bastante elocuente: los conflictos sociales son cada vez mayores, más intensos y se vienen extendiendo por todo el país.

El foco más fuerte de protestas se encuentra en Pucallpa. Marco Sifuentes estuvo por allá y ha descrito mejor de lo que yo haria que es lo que viene pasando por la selva que básicamente se resume en dos frases: las exoneraciones no han servido para incentivar las inversiones y era lógico que se recorten, pero no se ha calculado el impacto social que la medida ha podido tener. Y claro, entre un gobierno que no prevee el efecto de la protesta, los distintos intereses regionales en juego y la ausencia de Estado, resulta la precariedad institucional. Tiene que ir una ministra a negociar y, luego de discutir hasta como se va a llamar el acta, acuerdan que se paraliza la eliminación de las exoneraciones y se buscarán soluciones al pliego de reclamos. Digamos, era lo que cabía como medida de damage control, pero no puede ser el modus vivendi del gobierno.

Para que tengamos una idea real de lo que pasa en el paìs, procuren darle una chequeada cada mes a los Reportes de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Allí están registrados los focos de protesta en marcha, los conflictos latentes y, más importantes, las causas reales de porque las personas vienen protestando. El mensaje que la Defensoría le manda al gobierno con este tipo de reportes es el siguiente: “Oiga, prevea los posibles efectos de sus medidas o mire lo que está ocurriendo en tal o cual zona del país”. ¿Y que hace el Estado frente a ello? Pues en la mayor parte de casos, nada, y luego tenemos corriendo a Jorge del Castillo o a otros ministros competentes a apagar los incendios en cada región del país donde no se tuvo capacidad de previsión.

Peor aún. Este gobierno ciego no tuvo mejor idea que petardear el Consejo Nacional de Descentralización y volarlo en mil pedazos. Claro, había que reformular la entidad, que se había convertido en un elefante blanco y burocrático. Pero tenía algo bueno: era la única instancia donde estaban representados gobiernos regionales y locales. Ahora lo han reemplazado por un órgano de línea de la PCM, la Secretaría de Descentralización, sin representación alguna de los gobiernos regionales y locales. Si antes se tenía un CND que no servía de mucho, ahora ni siquiera existe institucionalidad. Se prefiere el “trato directo” y ahora vemos las consecuencias. Los presidentes regionales medianamente responsables – como Vladimiro Huaroc y Yehude Simon – intentan armar una Asamblea de Presidentes Regionales para tener una agenda concertada, mientras otros eligen el protestar más fuerte para que el gobierno ceda a las presiones.

Y, claro, luego el Gobierno comienza a demonizar a los manifestantes, a llamar a los sindicatos “primos hermanos” de Sendero Luminoso, o a decir que hay una mano oscura que está detrás de todas las protestas sociales. Como bien nos lo ha recordado Martín Tanaka, el hecho que varias protestas se presenten de manera simultánea no implica concertación, porque cada grupo de protesta tiene su propia plataforma y, en el caso de las cuestiones regionales, su propia dinámica. Demonizar a Patria Roja como causante de todos los males genera dos efectos perversos: dar a ese grupo político más importancia de la que realmente tienen y, además, solo logra tranquilizar a los chicos del Club Empresarial de San Isidro o a cualquier incauto que quiera creerle al Gobierno. Más allá de mis diferencias y discrepancias abiertas con los radicales de izquierda, ni son terrucos, ni son los causantes de todos los males del país, como algunos medios y políticos quieren hacernos creer. Claro está, tampoco es que ayuden mucho para modernizar el país en serio.

Si de algo adoleció Alejandro Toledo fue de muñeca para hacer frente a estas protestas con inteligencia. Tal parece que el cambio de mando no hizo que los hábitos frente a los conflictos sociales cambiaran mucho en Palacio de Gobierno.

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