INSEGURIDAD CIUDADANA

Las últimas protestas violentas ocurridas en el país durante la semana pasada han puesto en evidencia que el gobierno, además de no tener una política eficiente para el manejo de conflictos, no cuenta con medios adecuados para asegurar la seguridad de todos los peruanos.

Independientemente de quien haya causado la muerte de cuatro personas durante dichas manifestaciones – en particular, los dos campesinos fallecidos en Ayacucho – lo cierto es que la Policía Nacional no ha sido capaz de controlar el uso de la fuerza, sea de sus propios miembros, sea de quienes el Ministro del Interior sindica como las personas que cometieron los asesinatos. Peor aún, la existencia de dos informes contradictorios de la propia PNP hace difícil establecer con claridad que fue lo que realmente pasó, con todos los perjuicios que ello conlleva.

¿Qué nos indica esto? Que no contamos con una Policía suficientemente organizada para afrontar lo que van a ser una serie de protestas sociales, sea por el tema de las cumbres internacionales o por los problemas existentes en el país. Y ello tiene que ver con la ausencia de una reforma policial consistente y que no ha sido retomada luego de los impulsos iniciales a inicios de esta década.

Peor aún, la ausencia de un liderazgo claro en el Ministerio del Interior nos demuestra a las claras que el capricho presidencial al mantener a Luis Alva Castro viene causando efectos perjudiciales. Y no solo se trata de la muerte de ciudadanos, sino de la falta de estrategia para afrontar la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso – y, sobre todo, la carencia de apoyo real, como lo señaló un reciente artículo de Gustavo Gorriti en Caretas – o los temas de gestión referidos a la compra de patrulleros o al manejo de nombramientos dentro de un sector bastante caliente.

En un país tan poco institucionalizado como el Perú, lo que hagan las personas que se encuentran a cargo de puestos de relevancia determina finalmente cual es el destino real de las políticas públicas. Lamentablemente, cuando una persona que no se destaca por su competencia está al frente de estas instituciones, termina perjudicando tanto al gobierno al que dice servir como a un país que requiere que el orden se imponga, con respeto a los derechos humanos y con inteligencia.

(Artículo aparecido originalmente en Prensaperuana.com)

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QUIEN CURA A ALVA CASTRO, QUIEN LO CURA

A estas alturas del partido, asociar al Ministro del Interior con la incapacidad es casi como señalar una tautología. Luis Alva Castro, convertido en el mayor lastre del gabinete del Castillo, sigue siendo el rey del yerro, con el aval presidencial que impide que se le saque del cargo, además, claro, de una oposición que dista de serlo en muchos temas y forzar lo que debiera ser una interpelación acompañada de una moción de censura.

Durante el año pasado Alva Castro había hecho suficientes méritos para dejar un cargo que siempre le quedó grande. Nunca tuvo idea de una política de seguridad ciudadana, no supo comprar patrulleros y la transparencia en general no ha sido una regularidad de su gestión. Sin duda, era candidato para salir en diciembre pero más puede el carnet que la capacidad, en el extraño criterio que tiene Alan García para mantener ministros incompetentes y cuestionados en el cargo.

Pero durante este año el mochero ha hecho nuevas “hazañas” que ameritan una nueva petición para que su jefe le cante Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas.

La más importante tiene que ver con la huelga agraria de la semana pasada, en la que fallecieron cuatro personas. Y aquí hay que hacer notar dos graves problemas.

El primero tiene que ver con el menosprecio por la vida humana con el que el gobierno ha encarado estos fallecimientos – dos de ellos por heridas de bala en la cabeza – y que vuelven a reflejar los graves problemas de falta de ciudadanía existentes en el país. Wilfredo Ardito y Nelson Manrique han comentado más ampliamente este tema y señalan que poco le faltaba a Alan para decir que los muertos se habían suicidado. ¿Y Alva Castro? Pues entretenido con los patrulleros que Corea del Sur nos ha regalado, a falta de capacidad para poder adquirirlos con transparencia.

El segundo está referido a la falta de preparación policial para enfrentar conflictos sociales que amenazan el orden interno. Anota Fernando Rospigliosi:

Es muy fácil bloquear una carretera y muy difícil desbloquearla. Pero hay algunos puntos que son conocidos. Con algo de prevención se pudo haber impedido, por lo menos, algunos de los estragos causados por la obstrucción de las vías.

Tampoco se ha hecho nada por dotar a la Policía de instrumentos no letales para enfrentar estos problemas de orden público. Antes no había dinero, pero ahora las arcas del Estado están colmadas.

¿Y en que gasta el Ministerio del Interior los recursos necesarios para implementar una política de control del orden interno que no vulnere los derechos humanos? Pues en más publicidad para ensalzar la desastrosa gestión de Alva Castro. Propaganda que, por cierto, está exonerada de cualquier proceso de selección. Así, en principio, el MININTER gastará más de seis millones de soles en compra de publicidad, cuestión que ya ha hecho el año pasado. Lo peor es que, además de sospechoso, estamos ante la reincidencia en este tipo de exoneraciones para levantar la imagen de un Ministro cuestionado.

Pero no es lo único mal que huele en Corpac. Como lo ha informado la Unidad de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, una de las personas que está fungiendo de asesor informal de Alva Castro es Freddy Ghilardi, quien tiene el dudoso honor de haber sido el primer presidente regional en ser vacado por malos manejos durante su gestión en Ancash. Ghilardi, por cierto, es miembro del partido de gobierno y hace algunos meses estaba voceado para ocupar la Dirección General de Gobierno Interior, la oficina que controla el nombramiento de gobernadores y tenientes gobernadores, generalmente miembros del partido de gobierno.

Pero si ya por esto Alva Castro merecería una severa interpelación, lo que ha contado Gustavo Gorriti esta semana merece activar todas las alarmas pues demuestra el nivel de irresponsabilidad del Ministro en un tema sensible para todos: la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso.

Como menciona Gorriti, el actual jefe de la lucha contrasubversiva es Luis Valencia Hirano, una de las tres personas que capitaneo el GEIN y el único de sus líderes que permanece en actividad. Sin embargo, tanto él como los miembros de su equipo no fueron considerados para los ascensos – incluso, como indica el periodista, se prefirió a alguien cuyo mayor mérito fue servir en el Comité de Damas de la Policía – y, peor aún, el MININTER no paga desde octubre los viáticos a los policías de la DINCOTE en el Alto Huallaga ni les ha dado los fondos especiales para operaciones.

No hay duda. La incompetencia puede ser más mortífera que una bala. Esta desastrosa gestión lo confirma.

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Perú.21: Oposición buscará censurar a Alva Castro por muertes

LA CIUDAD DE LA FURIA Y EL ALCALDE MUDO


Nací en el Centro de Lima hace 26 años y algunos meses atrás. Para mayores señas, a la espalda de Palacio de Justicia, en una clínica de nombre francés. Mi infancia la pasé en medio de casonas coloniales, edificios que en ese entonces tenían 30 años y ya expresaban cierto deterioro y las migraciones que en ese tiempo aún eran abundantes. Luego de 11 años, Pueblo Libre me acogió entre museos, edificios y parques, hasta hace una década, cuando pasé a la zona este de la ciudad.

Hago este recuento biográfico porque he podido ver, durante todo mi recorrido vital, como ha ido evolucionando la ciudad en la que nací, crecí y en la que seguramente seguiré viviendo durante mucho tiempo. Durante estos días he estado en varias zonas de la capital y he sido testigo de esos cambios. Hoy, nuestra casa es mucho más grande y, en realidad, a estas alturas, podríamos hablar de varias Limas antes que una sola. Tenemos varios centros en lugar de uno, con dinámicas políticas y económicas diferenciadas, y hasta los climas cambian de un lado a otro de la ciudad.

Sin embargo, esta diversidad – que no es otra cosa que la expresión de lo que es el Perú – necesita una visión política para solucionar los problemas comunes de todos. Ello debería ser responsabilidad del alcalde metropolitano.

Sin embargo, Luis Castañeda Lossio no ha contado con esa visión sobre la ciudad que tanto se requiere. Más allá del cemento de necesarias obras de infraestructura vial, cualquier vecino puede preguntarse que es lo que ha hecho el alcalde para comenzar a solucionar los grandes problemas de la ciudad.

Un informe preparado para Perú.21 nos da muestras claras de como viene desempeñándose el actual burgomaestre. En lo que se refiere al transporte público, uno de los más caóticos de América Latina, se indica que:

Respecto al transporte público, la evaluación de Ciudad Nuestra califica de positiva la creación del Metropolitano. No obstante, se mencionan como temas pendientes la creación de una autoridad única de transporte metropolitano -dependiente del municipio- que ponga orden en Lima. La ausencia de este ente está causando conflictos de competencia, desorden y falta de autoridad en la definición y aplicación de políticas.

Asimismo, falta la preparación de programas piloto de rutas racionalizadas y de empresas reestructuradas con los programas de renovación y chatarreo de la flota de transporte público , así como la eliminación progresiva de combis y colectivos.

Similar panorama ocurre con la seguridad ciudadana, otro de los problemas mencionados como los más importantes por los limeños en las encuestas. Si bien el combate a la delincuencia tiene responsabilidad bastante grande de la Policía Nacional, los modelos de combate a este flagelo en el mundo vienen teniendo un rol cada vez más activo de los gobiernos locales, sobre todo, de los alcaldes metropolitanos. Castañeda, en esta materia, no ha querido asumir dicha responsabilidad, que sus antecesores si quisieron poner en práctica.

Pero, además de los dos problemas más álgidos de la ciudad, preocupa el estilo de un alcalde que no rinde cuenta a los regidores metropolitanos y menos aún a los vecinos. El mencionado informe menciona:

El punto más crítico abordado por el mencionado estudio es el del buen gobierno. El informe cuestiona la casi nula participación del burgomaestre Luis Castañeda Lossio en las sesiones del Concejo Metropolitano y la restricción que enfrentan los propios regidores para acceder a la información pública relevante.

Asimismo, la evaluación considera que de parte de la administración edil hay “poca transparencia y subestimación del interés ciudadano por la información completa y oportuna”, y que un tema tan importante como la discusión presupuestal en el Concejo Metropolitano “es limitada y se lleva a cabo sin la información necesaria”.

De hecho, hasta hace unos pocos meses, las sesiones del Consejo Metropolitano no eran públicas y la pagina web de la Municipalidad de Lima es un canto a la vacuidad. La misma que exhibe Castañeda cuando da una declaración sobre un punto controvertido de su gestión. Como bien ha anotado hoy Alvarez Rodrich, a Castañeda se le escucha más en “Los Chistosos”.

Pero la situación de nuestra ciudad no es de chiste. Aun quedan varios problemas por resolver y que no solo dependen de la ausencia de un alcalde al que hay que encontrar llamando a “Los Cazafantasmas”. También depende de lo que nosotros los vecinos hagamos por nuestra casa: manejar mejor, no ensuciarla, cuidar los parques que aun tenemos, no hacer construcciones fuera de las normas y, por supuesto, querer nuestra ciudad.

Mientras tanto, la ciudad variopinta, rara, bizarra, la horrible, la de la flor de la canela, provinciana, sigue esperando esa visión de futuro y que los limeños debemos dejar de tratar mal. Más que otro vals que le canté a lo que se fue, necesitamos vecinos dispuestos a jugarse por su ciudad.

MAS SOBRE EL TEMA:
Ciudad Nuestra: Evaluación de la gestión metropolitana de Lima durante 2007
Editorial de El Comercio: Lima de Aniversario
Augusto Alvarez Rodrich: La obra del mudo
Eduardo Villanueva: Lima: aniversario en manos de un incapaz
Roberto Bustamante: Lima, la horrible ciudad carretera
Encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP sobre Aniversario de Lima
César Hildebrandt: Castañeda apaga velitas
La República: Las tareas pendientes del alcalde de Lima
Carlos Basombrío: Lima ya no es tan horrible
Cinencuentro: ¡Buenos días, Lima!
Cucharas Bravas: Lima engorda
Blogiarquía: Comentarios a la Encuesta PUCP por el aniversario de Lima

OCOBAMBA: LAS PISTAS Y EL PASADO

Conforme pasan las horas, las explicaciones sobre el atentado a la comisaría de Ocobamba se complejizan. A estas alturas, va quedando claro que los refuerzos solicitados por el comisario Héctor Zegarra nunca llegaron y que la negligencia sobre el particular ha sido mayúscula, dado que si existieron informes de inteligencia informando sobre el ataque.

Igualmente preocupante es la hipótesis que comienza a manejarse en algunos medios de prensa. Tanto La República como Cuarto Poder han hablado de la posibilidad de la existencia de un nuevo grupo subversivo, autodenominado Los Revolucionarios de la Región Apurímac, una organización que estaría dedicada exclusivamente a un sólo objetivo: la defensa de los intereses del narcotráfico. Ello explicaría porque los ataques de los últimos años en la zona del VRAE apuntan a objetivos militares o policiales y no a población civil.

De hecho, se ha acentuado la coincidencia en los análisis de los especialistas en temas de seguridad sobre el peligro que supone el narcotráfico en nuestro país. Rubén Vargas, Santiago Pedraglio y Fernando Rospigliosi han advertido en las últimas horas sobre las aristas que tiene el narcotráfico en la zona del VRAE. Ocobamba, una zona de tránsito de la droga, no es más que un punto a tomar en cuenta en una larga cadena. Dejo a Rospi para la explicación macro:

Este suceso es uno más que muestra hacia dónde estamos yendo: a una espiral de violencia y corrupción que terminará envolviendo a toda la sociedad. El asesinato de varios mexicanos en Lima en los últimos meses, con el típico estilo de los sicarios; la muerte a manos del Ejército de nueve ‘mochileros’ que transportaban droga -dos en Puriyaco, Huancavelica, y siete en Putis, Ayacucho- el mes pasado, son parte de esta creciente ola de violencia.

De hecho, ya otros síntomas de violencia vinculados al negocio de la droga se sienten en otras regiones del país. En mi reciente visita a Piura, por lo menos dos personas me indicaron la existencia de violencia vinculada a la microcomercialización de drogas y asaltos en motocicleta vinculados a esta actividad. Lo mismo ocurre en algunas zonas del departamento de La Libertad, donde el clan Sánchez Paredes hace de las suyas.

Pero el tema va más allá de los peligros de mexicanización que Rospigliosi y Carlos Basombrío han hecho referencia en sus respectivas columnas. El narcotráfico, como bien se ha puntualizado, no busca la destrucción del Estado, sino la infiltración en el mismo para sus actividades ilegales. De hecho, ya durante este casi año y medio de gobierno han habido denuncias de personas vinculadas al Partido Aprista con el negocio de la droga, que hacen recordar a los casos Del Pomar y Langberg.

En una conferencia sobre Periodismo y Etica a la que asistí hace un mes, Miguel Ramírez, la persona que más ha investigado el caso Fernando Zevallos, nos decía que las investigaciones sobre narcotráfico no sólo eran las más peligrosas por la violencia que podría emplear esta gente para amedrentar, sino también por los vínculos que tenían en las altas esferas del poder. Denle una chequeada a un reportaje de Marco Sifuentes sobre Moisés Tambini, para que vean cuanta gente está presente en el cumpleaños de Lupe Zevallos.

Volvamos ahora a Ocobamba. Revisando el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la parte referida a la historia de la violencia en la Región Sur Central, me topo con lo que ocurrió en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, esta última donde se ubica Ocobamba. De la lectura de esta parte del Informe (Tomo IV, páginas 122 a 134), puedo concluir que la zona, desde hace varios años, ha sido harto convulsionada:
– Andahuaylas y Chincheros están muy cerca de una de las zonas más convulsionadas del conflicto armado: Chungui y Oreja de Perro. De hecho, fue en Ocobamba donde hubieron miembros de Sendero Luminoso adoctrinando a los escolares de estas zonas que iban hacia Apurímac para asistir al colegio que no tenían en sus localidades.
– En 1965, Ocombamba fue una de las zonas donde se registraron acciones del ELN, una de las guerrillas que hizo acciones armadas durante dicho año.
– La primera acción armada de SL en la zona fue el ataque a la comisaría de Ocobamba, en 1981, hace 26 años. Las incursiones fueron más o menos frecuentes.
– En 1983 se instaló una base militar en Ocombamba. Como en otras zonas del país, la población vivió entre dos fuegos. Sin embargo, el aprendizaje de las Fuerzas Armadas fue más rápido y el rechazo campesino también, por lo que hacia 1988 se podría decir que el conflicto se redujo considerablemente en la zona, aunque no dejaron de haber ciertas acciones armadas.
– Pueden ver en el anexo de casos registrados en Apurímac (páginas 163 a 184) las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto y reportadas a la CVR en la zona.

Un caso con varias aristas, que nos hacen ver que el país que nos lego el conflicto sigue allí, a la vuelta de la esquina.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Gobierno invertirá S/. 200 millones en el VRAE
Augusto Alvarez Rodrich: De Chuschi a Ocobamba
Sonia Medina Calvo, procuradora antidrogas: El narcotráfico busca comprar todo
Romulo Pizarro: Fueron narcotraficantes los que atacaron comisaría de Ocobamba
Ideele Radio: Lucha antidrogas: una necesidad inmediata, más allá del protagonismo mediático.

AL QUE SEÑALAN, SE DEBE IR

A estas alturas del partido, queda claro que Luis Alva Castro es el más serio candidato para dejar el Gabinete, en opinión de la mayoría de los ciudadanos.

Claro, porque para el Presidente sería perder a su Primer Ministro de recambio.

Alva Castro solo ha podido exhibir un solo logro en su gestión: el desalojo del Mercado de Santa Anita. Pero un desalojo, por más compleja que haya sido la situación existente, no marca el destino de una política de Estado y termina siendo, como buena parte de las cosas en este gobierno, un mero gesto.

Sin embargo, el Ministro no ha podido hacer una real política de Estado en Seguridad Ciudadana. A estas alturas, es vox populi que en el edificio de Corpac ni se le siente y que no tiene un real manejo de su sector, librado a la buena voluntad de su viceministro y a las “artes” de su cuestionada Secretaria General, involucrada en el papelón más grande de su gestión: la compra de los patrulleros chinos. Y no hablemos de la cuestionada compra de pertrechos y municiones, que sigue destapando, cual Pandora, sus secretos.

Hoy, en su columna, Fernando Rospigliosi da cuenta de un hecho que, puede parecer simple, pero que en la lógica policial es casi un pecado:

Cabe señalar también que entre los muchos desatinos cometidos por Alva Castro, está el de haber conformado el comando policial -recientemente reorganizado- exclusivamente con miembros de la ex Guardia Republicana (GR). En efecto, el director general de la Policía, el jefe de Estado Mayor y el inspector general, así como el jefe de la región Lima provienen de la Guardia Republicana.

Al margen de las calidades personales de esos oficiales, es importante mantener el equilibrio entre las antiguas instituciones que conformaron la Policía Nacional: la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Existen culturas institucionales distintas, habilidades diferentes y también recelos y rencillas. Eso va a durar todavía varios años y hay que manejarlo con cuidado. No lo están haciendo.

Alva Castro ha hecho primar, además de equivocadas designaciones, el criterio de antigüedad, cuando lo que debe predominar es el de la capacidad y las pericias específicas. Aparte del asunto del comando policial, acaba de cambiar al jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), un eficiente oficial de la ex PIP, que estaba en lo suyo, al puesto de director de Operaciones, que no es su campo.

Por menos que esto, Pilar Mazzetti dejó el cargo. Pero claro, como muchas cosas en este gobierno, el doble rasero viene primando.

UN DESPROPOSITO GUBERNAMENTAL

Como ya es costumbre con todos los gobiernos que piden facultades para legislar, Alan García ha dictado una serie de Decretos Legislativos cuando el plazo otorgado por el Congreso de la República para dictar normas en materia de seguridad y criminalidad organizada está por culminar.

Una mirada rápida a estas normas permite señalar algunos aspectos positivos, como la criminalización del reclutamiento forzado de personas por parte de organizaciones subversivas – algo que Sendero Luminoso realizó contra el pueblo asháninka durante el conflicto armado interno – o las normas referidas a colaboración eficaz y a la criminalización de temas vinculados a tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, las alarmas se han encendido en varios medios de comunicación por lo que parecen ser dos medidas realmente excesivas, contenidas en el Decreto Legislativo 982, que modifica el Código Penal.

La primera, tiene que ver con la participación de los presidentes regionales y alcaldes en las movilizaciones y reclamos sociales. Veamos que es lo que dice un nuevo párrafo del artículo 200° del Código Penal, referido a extorsión:

“El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de decisión que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42° de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”

Aunque la Ministra María Zavala argumenta que esta es una medida para desarollar el artículo 42 de la Constitución – que restringe el derecho de huelga a este tipo de funcionarios – lo que se viene haciendo con esta norma es una interpretación bastante extensiva de la norma, por dos motivos claros:

1. No es el Presidente Regional o la autoridad quienes eligen hacer la paralización o se declaran en huelga – lo que implica que dejen de trabajar – sino que, en estos casos, se decide encabezar la protesta social.
2. No se puede calificar como extorsión a una paralización. Como se pregunta Yehude Simon, ¿Qué pasa si el gobierno recorta el canon o no lo reparte? ¿Los Presidentes Regionales tienen que quedarse callados, al igual que los alcaldes?

Peor aún, el gobierno parece haber desoido en esto a su propio equipo técnico. Carlos Caro Coria, quien encabezó el grupo de trabajo que elaboró la mayor parte de estas normas, ha declarado a Perú.21:

Tras saludar la aprobación del paquete de normas porque representan el primer paso en la lucha contra la criminalidad organizada, añadió que declarar que hay extorsión por participar en una huelga era un error que se ha dado, más que por el resguardo de la Constitución, por motivaciones políticas.

Léase, el gobierno esta frikeado por las protestas.

Pero luego viene lo peor. En otro artículo de la norma, se señala que estará exento de responsabilidad penal:

“El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de manera reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

La Ministra de Justicia intenta justificar esto diciendo que la policía no actua por temor a los procesos en los que se le involucra. Lo que olvida la Ministra son tres cosas:
1. El uso de la fuerza es siempre la última solución a este tipo de casos.
2. No era necesaria una norma como esta, dado que se podía señalar la legítima defensa, en los casos realmente necesarios, lo que podia amparar a miembros de Fuerzas Armadas y Policiales cuando realmente hubieran tenido que usar las armas en cumplimiento de su deber.
3. El país ha pasado por un conflicto armado interno en el que muchas de las muertes fueron ocasionadas por excesos y/o violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Esta norma puede ser un escudo para la impunidad en posibles casos futuros, que esperamos no se presenten.

Sin duda, se necesita ejercer la Ley y el orden e imponer el principio de autoridad, pero ello no da carta blanca a las Fuerzas del Orden para que hagan lo que se les de la gana. Peor aún, podría interpretarse que tirar a matar es la única forma de detener movilizaciones y paros que pueden ser perfectamente legítimos.

El gobierno deberá repensar estas normas. Y el Congreso, que tiene la obligación constitucional de revisarlas, sin duda, deberá enviar estos dos dispositivos al archivo. Parece que este gobierno tiene el síndrome de Richelieu: “todo el mal que hace lo hace bien, y todo el bien que hace lo hace mal”.

VIA PERU 21, REVISA LAS NORMAS COMPLETAS.

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UNA RENUNCIA ANUNCIADA Y LOS CAMBIOS EN INTERIOR

La salida de Pilar Mazzetti era sólo cuestión de tiempo.

El escandaloso tema de la compra de patrulleros, confundido entre la inoperancia de su equipo de licitaciones, la defensa y posterior despido de los funcionarios involucrados, la velocidad por hacer gasto público debido al shock de inversiones y el costo político que este tema le ocasionó al gobierno, eran hechos más que suficientes para que la Ministra del Interior asumiera el costo político que le correspondía en este caso.

Sin embargo, esta renuncia – disfrazada de puesta a disposición del cargo – le ha costado más al gobierno de lo que pensaba.

Por un lado, ha quedado evidente que no se tiene mucha pericia en el gasto público, cuestión que puede ser aprovechada por quienes defienden que la empresa privada se encargue de lo que el Estado “no puede hacer”, en lugar de capacitar a los funcionarios estatales en gestión pública y criterios mínimos de manejo administrativo.

Por otro lado, la salida ha sido lo más diferida posible, lo que ha aumentó el riesgo de desgaste sobre el gabinete encabezado por Jorge del Castillo. Al mismo tiempo, las contradicciones que existían en el APRA sobre la permanencia de Mazzetti – a quien defendían un día y a la mañana siguiente la llevaban a una interpelación que hubiera terminado en una censura – demuestra que la pugna de poder y de apetitos particulares se encuentra a la hora del día.

Pero, una vez superado este capítulo y definido su reemplazante (roguemos al Señor que, sea hombre o mujer, sea una persona honesta, competente y con vocación de reforma) el gobierno deberá pensar en hacer serios cambios en una cartera que es mucho más compleja que la seguridad ciudadana o la Policía.

Es necesario reformar el Sector Interior por completo.

La última crisis que hemos vivido en estas semanas nos demuestra que el problema de este sector no se encuentra sólo en la Policía Nacional y que los cambios deberían comenzar por dotar a este Ministerio por mecanismos de transparencia necesarios – comenzando por un portal electrónico amigable y fácil de manejar – y una gerencia moderna. Ello es parte de la tan anunciada reforma del Estado.

En segundo lugar, debemos notar que el Ministerio tiene a su cargo varias funciones: la prevención de conflictos sociales a través de la Dirección de Gobierno Interior (convertida casi siempre en el lugar donde se colocan a los operadores políticos de los gobiernos de turno), la supervisión y autorización de sorteos y rifas, la defensa civil frente a desastres naturales a través del INDECI y todo lo concerniente a migraciones y naturalización. ¿Qué tan bien están funcionando estas entidades que dependen del sector? ¿Están vacunadas contra la corrupción, sea ésta grande o pequeña? Son temas que el Ministro deberá tener en cuenta.

Finalmente, no descuidar la reforma policial y la mejora de la seguridad ciudadana.

Los últimos reportes sobre el escalafón policial nos demuestran que la pirámide jerárquica ha vuelto a engordar en lo correspondiente a generales y coroneles, justamente en la cúspide, donde no debiera haber mayores aumentos sino tenderse a una disminución. Este es un síntoma que lo avanzado durante las gestiones ministeriales de Fernando Rospigliosi y Gino Costa ha retrocedido en términos alarmantes.

Y en cuanto a seguridad ciudadana, la tendencia debiera ser, como primeros pasos, a tener mapas del delito en cada ciudad del país, políticas de prevención hacia la delincuencia juvenil y mejorar la interconexión entre las comisarías. Aquí hay una prioridad de gasto mayor a la de comprar patrulleros, que el sector Interior debiera tomar en cuenta.

Ojalá el gobierno tenga la sabiduría suficiente para elegir a un buen reemplazante de Pilar Mazzetti y el nuevo titular del sector cuente con un equipo competente y, sobre todo, con la vocación reformista que no tuvo su antecesora.