Avelino Guillén: “El APRA tiene un peso importante en el sistema de justicia”

Avelino guillen. ex fiscal de la nacion
Foto: Piko Tamashiro

El exfiscal supremo que investigó a Alberto Fujimori comenta las conmutaciones e indultos otorgados por el gobierno de Alan García a sentenciados por tráfico ilícito de drogas. Recién llegado de Guatemala, en donde presenció el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, revela su creciente preocupación por el accionar del Ministerio Público: “Hay un alto número de casos de corrupción archivados”.

¿Cuál es su balance del trabajo de la megacomisión?

Este grupo de trabajo ha puesto en agenda varios hechos graves. Existe un avance importante en las investigaciones de los casos Sedapal y remodelación de colegios emblemáticos, pero el caso más grave es el de los indultos y conmutaciones. Los hallazgos han provocado una reacción desmesurada desde el APRA que acusa al gobierno de persecución. Es que Alan García será candidato en el 2016.

El Ministerio Público ha cerrado en dos instancias la investigación sobre los colegios emblemáticos.

Es preocupante, pues las conclusiones esgrimidas por la fiscalía difieren de los hallazgos de la megacomisión y de la contraloría. Antes que en las atribuciones para remodelar, la investigación fiscal debió centrarse en las irregularidades. El proceso puede ser reabierto con nuevas pruebas.

Esto refleja el cruce de funciones entre las instancias encargadas de investigar casos de corrupción.

Cuando el Congreso investiga a funcionarios que tienen la prerrogativa del antejuicio no pueden llevarse a cabo investigaciones paralelas que conduzcan a resultados diferentes.

¿Hay presiones del APRA para cerrar las investigaciones a funcionarios del gobierno anterior?

Es innegable que el APRA tiene un peso importante en el sistema de justicia. Estoy de acuerdo en que un magistrado tenga una tendencia política determinada, pero está mal que un juez o un fiscal se inscriban dentro de una estrategia partidaria o de una red con objetivos políticos. Preocupa el alto número de casos de corrupción archivados en el Ministerio Público.

INDULTOS Y CONMUTACIONES

Usted mencionó que el caso de los indultos podría tener mayores consecuencias para los exfuncionarios del gobierno aprista.

Se está demostrando la existencia de una red delictiva en el sector Justicia vinculada a pedidos de dinero para el otorgamiento de indultos y conmutaciones y se tiene que verificar hasta dónde llega la cadena de mando. La megacomisión debería evitar filtraciones y abocarse a recoger información: testimonios de colaboradores eficaces, levantamiento de secretos bancarios y de las comunicaciones de los implicados, y el registro de ingresos de los promotores a los penales. El masivo otorgamiento de conmutaciones a sentenciados por tráfico ilícito de drogas apunta a la existencia de un sistema judicial paralelo. El Ministerio de Justicia, a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, se convirtió en una suerte de cuarta instancia que decidió la suerte de implicados en casos graves de narcotráfico.

Entre ellos, personas que habían solicitado la rebaja de su pena o la revisión de su condena por la modalidad agravada en el Tribunal Constitucional y que obtuvieron su libertad vía conmutación.

El expediente que se elabora para las conmutaciones es muy endeble pues solo contiene la sentencia y los informes administrativos del Inpe. García dice que revisaba, a conciencia, las sentencias y, sobre esa base, determinaba cuáles eran excesivas. Yo me pregunto cómo una persona que no conocía nada del proceso podía rebajar penas a la mitad.

¿Qué otros perjuicios han ocasionado al Estado?

Los sentenciados por narcotráfico cuyas penas fueron conmutadas no han cumplido con pagar la reparación civil. Otros han vuelto a delinquir y, como ustedes han señalado, podría existir cierta direccionalidad en el otorgamiento de gracias presidenciales a militantes apristas. Contrataron indebidamente a promotores o facilitadores quienes decidían qué casos llegaban a la Comisión de Gracias Presidenciales, la que elaboraba los expedientes que se elevaban al presidente García.

La justificación de García y de Miguel Facundo Chinguel para el otorgamiento de gracias es la necesidad de reducir el hacinamiento en las prisiones.

Eso no se va a conseguir gracias a la salida masiva de condenados por la modalidad agravada de tráfico de drogas. Varios de los condenados son delincuentes capturados con varios kilos de estupefacientes o con laboratorios. García, como abogado, debió percatarse de la magnitud de las condenas al leer las sentencias. Su excusa se contradice con sus discursos públicos a favor de mayores penas para los criminales.

¿Hay algún delito que comprometa al expresidente García por este caso?

Para arribar a esa conclusión primero debe investigarse sólidamente.  Sin embargo, llama la atención la reacción desmesurada de García, incluyendo una querella contra el director de Diario16.

Y restan investigar en la megacomisión algunas aristas del caso Petroaudios.

En particular, hay que centrarse en la sustracción de pruebas vinculadas al caso Business Track, que puede ser tan grave como el caso de los indultos. Por ello es imprescindible la ampliación de la investigación por un plazo mínimo de 120 días.

ÁNCASH Y GUATEMALA

En Áncash se han removido a fiscales que investigaban una central de espionaje telefónico presuntamente vinculada con el presidente regional.

Esto me hace recordar el periodo de Blanca Nélida Colán al frente del Ministerio Público. En esa época, una vez que se intuía que un fiscal podía ir en determinada dirección se le reemplazaba inmediatamente. Es obligación de las altas autoridades del Ministerio Público respaldar a sus fiscales. ¿Qué mensaje damos si los magistrados que toman un caso importante son despedidos o cesados?

Y en un contexto en el que autoridades políticas de Áncash han sido asesinadas.

He escuchado a excolegas decir que el caso es tan complejo que debería traerse a Lima. Estoy en desacuerdo. En cada sede deben investigarse los delitos que corresponden a su jurisdicción.

Usted estuvo en Guatemala observando el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, que fue bloqueado por otro tribunal. ¿Cuál es su evaluación?

La defensa del general Ríos Montt carecía de estrategia. Al inicio, pretendió negar la existencia de un genocidio, decir que todo era un invento de la prensa y de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos. Esa argumentación fue devastada por la sólida actuación del Ministerio Público, que presentó más de cien testigos que confirmaron los crímenes cometidos. Ante ello buscaron paralizar el proceso, lo que fue evitado por la valiente actitud de la presidenta del tribunal, Jazmín Barrios.

¿Existen similitudes con el juicio a Alberto Fujimori?

Advertí algunos parecidos. Los defensores de Ríos Montt señalaron que no se podía condenar al general, pues sería reconocer que Guatemala era un país genocida. De forma parecida, los fujimoristas decían que castigar a Fujimori implicaba aceptar la existencia de terrorismo de Estado para combatir a la subversión. Es cierto que el Poder Judicial de Guatemala es más débil que el peruano, pero la posición firme del Ministerio Público ha permitido sostener adecuadamente la acusación.

¿Debe ser indultado Fujimori?

Estamos en una fase estrictamente política del proceso. La solicitud debería ser declarada infundada porque el reglamento de gracias presidenciales establece requisitos concurrentes y es fácilmente descartable la tesis de que las actuales condiciones carcelarias son desfavorables para su salud. Sin embargo, el peso político del fujimorismo hace que el gobierno entre en un limbo y en consideraciones de cálculo político.

¿Dios es mi copiloto?

Santos
Foto: Martín Acevedo

Una disposición interna del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) que prohibía imágenes religiosas en sus instalaciones conmocionó a la opinión pública. La intención súbita de promover la laicidad en un país que no ha debatido lo  suficiente la separación entre iglesia y Estado pareció artificial. La relación entre los jerarcas católicos y los gobiernos de turno ha sido principalmente de proximidad, aunque no ha estado libre de choques.

Cuando la presidenta del Concytec, Gisella Orjeda, dispuso el retiro de toda imagen religiosa de su institución, no previó que algunos de sus trabajadores pedirían al cardenal Juan Luis Cipriani su apoyo, ni calculó el debate sobre los límites de la laicidad estatal. El jueves 2 aclaró en un comunicado que “no interferirá con el ejercicio individual de la libertad religiosa de sus trabajadores”. La orden inicial sorprendió en una sociedad en la cual una significativa cantidad  de empleados públicos tiene alguna estampita en el lugar de trabajo.

El Perú reconoce la libertad de culto desde 1915, pero casi un siglo después, la separación entre la iglesia católica y Estado es aún tenue, dada la cercanía entre gobernantes y jerarcas religiosos, a pesar de algunos momentos de fricción.

APROVECHAMIENTOS RELIGIOSOS, DIVORCIOS Y BAILES

En el oncenio, el gobierno de Augusto B. Leguía detuvo la implementación del matrimonio civil y mantuvo la religión católica como oficial.  En 1923, el autócrata intentó consagrar al Perú al Sagrado Corazón de Jesús, con la aquiescencia del arzobispo de Lima, Emilio Lisson. Esta iniciativa generó protestas de universitarios encabezados por Víctor Raúl Haya de la Torre. Lisson abandonó el país en 1930 por sus cercanías con el régimen.

En la década siguiente, las mayores disputas entre la iglesia católica y el Estado ocurrieron por  la ley de divorcio de 1934, que causó la renuncia del primer ministro José de la Riva Agüero, quien no firmó la ley por sus convicciones religiosas.

En enero de 1951, en pleno apogeo del mambo, llegó a Lima Dámaso Pérez Prado, creador de este género. La moda musical no era del agrado del arzobispo Juan Gualberto Guevara, quien amenazó con excomulgar a quienes se atrevieran a bailarlo. Salvo los más cucufatos, los peruanos siguieron apreciando el arte del músico cubano.  A fines de esa década, el segundo matrimonio religioso del presidente Manuel Prado Ugarteche –previa anulación del primero– generó las protestas de mujeres vestidas de negro, quienes reclamaban la indisolubilidad de la unión católica.

VELASCO Y LA IGLESIA PROGRESISTA

En la década siguiente, la relación entre la iglesia católica y la dictadura de Juan Velasco Alvarado fue compleja. El general no era creyente pero mantuvo una buena convivencia con una institución que consideraba importante para el país. Cuando se agudizó el conflicto entre el ministro del Interior, Armando Artola, y el entonces obispo auxiliar de Lima, Luis Bambarén, Velasco apoyó al sacerdote. En mayo de 1971, el prelado fue detenido luego de celebrar una misa en una invasión en Pamplona, pero fue liberado por orden presidencial a las pocas horas. Días más tarde, Artola abandonó su puesto. Sin embargo, el ala progresista de la iglesia católica se distanciaría del velascato poco tiempo después de la nacionalización de los medios de comunicación en 1974, cuando fue evidente que estos eran controlados por la dictadura mediante una oficina central de información.

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y EL CONCORDATO

En la Constitución de 1979 se adoptó una fórmula propuesta por monseñor José Dammert y el obispo Luciano Metzinger, representantes de la iglesia más progresista de ese momento. Se instauró un régimen de independencia entre el Estado y la iglesia, con una especial colaboración con la iglesia católica por su rol en la historia peruana, sin dejar de lado la cooperación con otras religiones. Esta disposición no varió en la Constitución de 1993.  Pero antes que el texto constitucional entrara en vigencia, la dictadura de Francisco Morales Bermúdez –cercano a los jesuitas– suscribió un Concordato en 1980 con la Santa Sede sobre las condiciones de la relación entre la iglesia católica y el Perú.  Algunas disposiciones de este tratado son controvertidas, como las subvenciones para el clero y las prerrogativas especiales para los vicarios y obispos castrenses.  Grupos minoritarios ateos reclaman que el Estado peruano denuncie este tratado, por afectar principios constitucionales básicos.

En el retorno a la democracia, las relaciones de los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García con los representantes de la jerarquía católica fueron cordiales. Sin embargo, la iglesia criticó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el combate al terrorismo. Ambos presidentes, además, recibieron al papa Juan Pablo II en las dos visitas que hizo a nuestro país.

FUJIMORI, VARGAS ALZAMORA Y CIPRIANI

El presidente Alberto Fujimori (1990-2000) tuvo una mala relación con el arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora, desde el inicio de su mandato. El prelado sacó en procesión al Señor de los Milagros en plena segunda vuelta electoral de 1990, como protesta ante el posible avance evangélico representado por Cambio 90.  Vargas Alzamora y otros obispos criticaron el régimen por la pobre implementación del programa de emergencia social y la política de control de la natalidad. Conforme crecía el autoritarismo, sin perder ciertas formas, el arzobispo y un sector mayoritario de obispos de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) criticaron las violaciones a los derechos humanos y las esterilizaciones forzadas. Cuando falleció el cardenal jesuita en el 2000, algunas voces pidieron una investigación de su muerte, oficialmente atribuida a causas naturales.

La otra cara de la medalla en la década de los 90 fue monseñor Cipriani, entonces obispo de Ayacucho. El controvertido religioso del Opus Dei asumió posiciones distantes de la CEP frente a la pena de muerte, el caso La Cantuta o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El hoy cardenal integró el directorio del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) entre 1993 y 1998, organismo responsable de la creación de pequeñas y medianas obras de infraestructura en el país. Renunció por discrepancias sobre la política de control de la natalidad. Ya como arzobispo de Lima, criticó a los opositores de Fujimori y a los observadores internacionales de las elecciones del 2000. Hoy es uno de los principales simpatizantes del indulto humanitario para el reo.

TOLEDO: LEJOS DE CIPRIANI, CERCA DE LOS PROGRESISTAS

La misa por Fiestas Patrias del 2006 concentró en un instante las malas relaciones entre Alejandro Toledo y el arzobispo de Lima. En la homilía, Cipriani criticó duramente al presidente saliente por dos episodios: unas supuestas cartas falsas enviadas al Vaticano para desprestigiarlo y la versión de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre su actuación como obispo en Ayacucho. Toledo respondió que no era conveniente politizar la iglesia, mientras que sus ministros discreparon con el cardenal. Durante la campaña presidencial de 2011, recrudeció el enfrentamiento entre ambos personajes, cuando el líder de Perú Posible insinuó su apoyo a la despenalización del aborto y a la formación de uniones homosexuales. Toledo es amigo de monseñor Luis Bambarén y se solidarizó con el sacerdote Gastón Garatea cuando fue sancionado por Cipriani el año pasado.

EL CONSERVADOR GARCÍA

Si Toledo fue despedido con críticas por Cipriani, Alan García fue felicitado por el cardenal en su programa en RPP, al concluir su segundo mandato. El prelado limeño fue condecorado con la Orden del Sol en 2009. Ambos personajes inauguraron el controvertido Cristo del Pacífico, donado por la empresa brasileña Odebrecht. La única tensión con el gobierno aprista giró en torno a la decisión de Óscar Ugarte sobre el reparto de la píldora del día siguiente en los hospitales del Ministerio de Salud.

Esta buena relación del presidente con los sacerdotes, no fue común. En 2007, García criticó duramente a los sacerdotes que acompañaron los reclamos de las comunidades sobre actividades mineras. En julio del 2010, el Ministerio del Interior canceló la residencia del hermano Paul McAuley, quien respaldó a las comunidades del río Pastaza (Loreto) en sus protestas por contaminación producto de la extracción de petróleo. Ante las protestas en defensa de McAuley, la medida fue derogada.

En 2010, el gobierno promulgó una ley que consagraba al Señor de los Milagros como “patrono de la espiritualidad religiosa católica” en el Perú. En una sentencia del mes pasado, el Tribunal Constitucional indicó que la norma era constitucional, pues la procesión es una expresión cultural enraizada en la sociedad peruana. Sin embargo, el magistrado Carlos Mesía indicó que la norma rompía con la neutralidad religiosa estatal.

HUMALA: DISTANCIA RESPETUOSA

El presidente Ollanta Humala se proclamó como un conservador en materia familiar, a la salida de una reunión sostenida con Cipriani en plena campaña electoral de 2011. Pero los encuentros entre ambos personajes han sido escasos. El gobierno se ha mantenido al margen de la disputa entre el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú, alma mater de varios ministros. El cardenal, más allá de algunas exhortaciones a un mayor diálogo con la clase política y empresarial, no ha expresado mayores críticas directas al presidente. Sin embargo, Humala declinó ir a la misa de Navidad de diciembre pasado, luego que el arzobispo aprovechara el último Te Deum para reseñar su agenda particular sobre política reproductiva, educación católica y el cierre de procesos a militares por violaciones de los derechos humanos.

Cipriani tiene una buena red de contactos políticos. En el oficialismo, la persona más cercana a él es el congresista ayacuchano José Urquizo. A pesar de la separación nominal entre Estado e iglesia, el cardenal es un importante jugador político.

SE ESPERA REGLAMENTO SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA

“Creo en la pluralidad y libertad de culto”. Así se expresaba Ollanta Humala al visitar la sede de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, durante la campaña electoral de 2011. Sin embargo, su gobierno lleva un año y medio sin promulgar un nuevo reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, emitida durante el gobierno de Alan García.

El líder aprista mantuvo buenas relaciones con las iglesias evangélicas, hay que recordar que Mercedes Cabanillas pertenece a esa confesión. García asistió al culto de acción de gracias por Fiestas Patrias durante sus cinco años de gobierno y su bancada presentó un proyecto de ley sobre libertad religiosa, finalmente aprobado en 2010. La norma estableció la posibilidad de exoneración por razones de conciencia, señaló los requisitos básicos para la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas a cargo del Ministerio de Justicia e indicó las modalidades básicas de cooperación entre el Estado y los distintos credos.

Sin embargo, el reglamento de esta norma, expedido el último día de mandato de García, establecía que cada entidad religiosa debía tener no menos de 10,000 miembros adultos con firmas verificadas ante el Jurado Nacional de Elecciones para inscribirse en el registro. Distintas instituciones religiosas se quejaron ante el gobierno de Humala y el entonces ministro de Justicia Francisco Eguiguren planteó un anteproyecto de nuevo reglamento, sin que haya sido expedido hasta la fecha. No solo los distintos credos están preocupados por esta demora, sino también la embajada de Estados Unidos en Lima, dado el alto número de misioneros evangélicos y mormones que llegan al país.

Los apristas sentenciados por narcotráfico y conmutados

Alan Garcia
Foto: Yanina Patricio

En la lista de 3,247 conmutaciones de pena y 64 indultos humanitarios del segundo gobierno de Alan García –otorgados a sentenciados por tráfico ilícito de drogas– aparecen más de dos decenas de militantes apristas.

De la lista de personas sentenciadas por tráfico ilícito de drogas, cuyas penas fueron conmutadas durante el gobierno del presidente Alan García, entre julio del 2006 y julio del 2011, 25 militantes apristas fueron favorecidos por la gracia presidencial.

En la edición anterior de Velaverde, mencionamos a tres sentenciados a 15 años de prisión que pertenecían a las filas del APRA y recibieron este beneficio, pero eran más. Diecisiete ‘compañeros’ habían sido sentenciados a penas que variaban entre los cinco y los diez años de cárcel, mientras que cinco debieron permanecer entre tres a cinco años. En este último grupo se encuentra una ciudadana que, luego de ser favorecida con la reducción de su pena, pasó a formar parte de la Comisión de Gracias Presidenciales como promotora del mismo beneficio  otorgado por el gobierno de Alan García Pérez.

A estos 25 beneficiados se suman tres más. Dos ciudadanos que pertenecieron al Partido Aprista, pero cuyas penas fueron conmutadas después de que sus nombres fueron retirados del padrón de militantes. Una persona beneficiada con indulto humanitario dejó de aparecer como integrante de esta agrupación luego de recibir la gracia presidencial.

Las revelaciones implican a cada vez más miembros del APRA  –en particular, a los exmiembros de la comisión de gracias presidenciales, los abogados Miguel Facundo Chinguel y Manuel Huamán Montenegro– en un escándalo vinculado al narcotráfico, una de las principales amenazas a la seguridad interna.

Indultados 1

Indultados 2

Conmutaciones con estrella

Conmutaciones con Estrella

Tres personas sentenciadas por tráfico ilícito de drogas, militantes apristas, recibieron la conmutación de sus penas durante el gobierno de Alan García.

La navidad del 2009 fue grata para Euler Nilo Bedoya Ijuma. Ese día, 25 de diciembre, se expidió la Resolución Suprema Nº 303-2009-JUS que redujo su pena por tráfico ilícito de drogas (TID) a la mitad: siete años y seis meses.

La norma, suscrita por el expresidente Alan García y el exministro de Justicia Aurelio Pastor indicaba que su condena vencería el 15 de enero del 2010.

Bedoya había sido sentenciado a 15 años –junto a otras dos personas– por TID en modalidad agravada. Se le había incautado un balón de gas que contenía doce kilos de pasta básica de cocaína.

De acuerdo con el portal Infogob, del Jurado Nacional de Elecciones, Bedoya Ijuma, natural de Ucayali, está afiliado al APRA.

El 23 de abril del 2009, las Normas Legales incluyeron la Resolución Suprema Nº 088-2009-JUS. En ella se beneficiaba con la conmutación de pena a Amelia Emperatriz Reyes Alfaro, natural de Ascope, La Libertad.

Sentenciada originalmente a 15 años, su estancia en prisión se acortó a seis años gracias a la norma firmada por García y la exministra de Justicia, Rosario Fernández.

Al igual que Bedoya Ijuma, Reyes Alfaro había sido condenada por incurrir en la modalidad agravada de TID. El inmueble en donde fue capturada –junto a otras dos personas– era usado para la comercialización de estupefacientes. Además, algunos de sus ambientes se destinaban al consumo.

Reyes Alfaro también aparece inscrita como militante aprista, de acuerdo con Infogob.

Los otros dos procesados junto a Reyes Alfaro se beneficiaron con una conmutación presidencial en el 2010.

Un tercer caso de conmutación con carnet es el de Neycer Centurión Fernández, natural de Lajas, provincia de Chota, Cajamarca.

Condenado por TID, el martes 19 de enero del 2010 se publicó en El Peruano la Resolución Suprema Nº 013-2010-JUS, firmada por García y el ministro Pastor, mediante la cual se le rebajó su condena a siete años.

Según Infogob, Centurión Fernández era un militante aprista. Desde el 31 de marzo del 2010 su afiliación aparece como cancelada.

Los miembros de la megacomisión que investiga al gobierno aprista señalan que las indagaciones sobre indultos y conmutaciones otorgados entre los años 2006 y 2011 han abierto una auténtica caja de Pandora. Las sorpresas siguen apareciendo.

La resurrección pepecista

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Foto: PPC

El Partido Popular Cristiano (PPC) está nuevamente bajo los reflectores. Entrevistas a militantes y dirigentes revelan a un grupo orgulloso de su historia, ideología y capacidad de formación de cuadros, pero con disputas internas irresueltas. 46 años después de su fundación, los pepecistas sueñan con una victoria electoral que los lleve a lo más alto de la política nacional. Quieren creer que los auspiciosos resultados de la revocatoria municipal son el anticipo de tiempos mejores.

– Lo felicito, pues ha ganado en buena lid. Me tocó perder.

Con esa frase, Luis Bedoya Reyes, patriarca–fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), reconoció el triunfo de Raúl Castro Stagnaro, el actual presidente del partido, en las elecciones internas del 19 de noviembre del 2011. Bedoya se la jugó por la lista rival, encabezada por el congresista arequipeño Juan Carlos Eguren, quien quedó atrás por apenas 12 votos.

Ese día culminó una campaña electoral bastante dura en la que se enfrentaron dos tendencias muy marcadas.

Castro lideraba a los ‘institucionalistas’, con la idea de mantener el estilo tradicional pepecista de hacer política: contactos con estudios de abogados, un perfil más ‘diplomático’, poco dado a la confrontación con otros partidos.  Entre los rostros de esa facción figuran los  dirigentes nacionales y excongresistas como Hildebrando Tapia y Rafael Yamashiro.

Al frente, Eguren encabezaba a un bando respaldado por el denominado ‘frente reformista’, conjunto de militantes de 35 a 45 años que buscaban dar un nuevo impulso al partido. Algunos de ellos son el regidor metropolitano Óscar Ibáñez Yagui y los legisladores Marisol Pérez–Tello, Alberto Beingolea y Luis Galarreta.

La elección de Castro resultó toda una sorpresa. “Mientras nosotros pensábamos en el discurso de agradecimiento, Raúl contaba sus votos; nos confiamos y nos ganaron el último día”, dicen dos fuentes ‘reformistas’. Un pepecista equidistante de ambas tendencias, añade: “Raúl trajo imprevistamente a dirigentes del interior del país; esos votos le dieron la victoria”.

En público, el PPC pretende aparecer monolítico. Una máxima repetida por sus dirigentes es “libertad en la discusión y unidad en la decisión”. Según Pérez–Tello, cualquier diferencia con Castro ha sido superada y “el partido es uno solo”, más allá de la intensidad de los debates internos.

Pero en la confianza de una conversación con la grabadora apagada, los militantes admiten que persisten heridas no cicatrizadas.

Por ejemplo, un cercano al grupo de Castro cuestiona “el manejo” de los ‘reformistas’ en la conformación de la lista parlamentaria para las elecciones generales del 2011: “Quisieron dividir al PPC”. Aquella vez, ni Castro ni Lourdes Alcorta alcanzaron los votos necesarios en las primarias. Al final, Alcorta fue incluida gracias a la invitación personal del candidato presidencial,  Pedro Pablo Kuczynski, y ganó su reelección. “Quedó muy golpeada. No desea asistir a las celebraciones partidarias”, explica.

Castro, quien se quedó definitivamente fuera, obtuvo su revancha meses después convirtiéndose en la máxima autoridad del partido. Y según refieren los ‘reformistas’, ha apostado por “gobernar con su propia gente”.

La reciente campaña por la revocatoria ofreció una nueva oportunidad para que ambas partes reafirmaran posiciones. Mientras Castro se compró el pleito por el NO –siempre detrás de la figura estelar de Lourdes Flores Nano– y se plegó a los regidores pepecistas, algunos legisladores –especialmente los ‘reformistas’– mantuvieron un perfil bajo.

De hecho, Pérez–Tello y Galarreta admiten que la campaña permitió el “lucimiento” de los regidores, de quienes la población limeña no tenía casi ninguna información. Beingolea optó por dejar libre a su asesor principal, Carlos Chipoco, para que apoye el NO, mientras él se dedicaba “a los problemas nacionales”. Mención aparte merece Javier Bedoya. Favorable al SÍ, prefirió alejarse de los micrófonos y evitar declaraciones públicas. No ha tomado posición por ninguna de las dos facciones del PPC.

PPC Sectores

Socialcristianos con matices

Si algo enorgullece a los miembros del PPC es saberse parte de una organización “con ideología”. Suelen destacar su formación doctrinaria. “Inicialmente no quería postular a ningún cargo; quería concentrarme en la formación de cuadros jóvenes”, sostiene Beingolea. Pérez–Tello recuerda sus cursillos con profesores como Bedoya Reyes, Flores Nano, Mario Polar Ugarteche, Ernesto Alayza Grundy y Antonino Espinoza. El respaldo de organismos socialcristianos internacionales, como la Fundación Konrad Adenauer, ha sido fundamental en la formación de cuadros intermedios.

Dependiendo de la realidad de cada país, el socialcristianismo latinoamericano se ha ubicado en distintos puntos del espectro ideológico izquierda–derecha. El PPC es producto de las tensiones en la democracia-cristiana peruana durante la década de los años 60. Mientras que Héctor Cornejo Chávez, líder demócrata–cristiano, proclamaba que la revolución era inevitable y que, incluso, se podría optar por la violencia para cambiar las estructuras, Bedoya Reyes postulaba un cambio gradual y democrático. En 1966 Bedoya Reyes dio vida al PPC con el sector más moderado de los demócrata-cristianos locales.

Si bien el PPC se define socialcristiano, existen por lo menos tres tendencias en el partido, identificadas a partir de la percepción de sus propios dirigentes y militantes consultados por Velaverde (ver infografía).

El bloque conservador lo conforman los cuadros más afines a los sectores rígidos de las Fuerzas Armadas y al sector más tradicional de la Iglesia Católica. Defienden posiciones contrarias al aborto, a la legalización de las drogas, al matrimonio homosexual y son reticentes a los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Sus propios correligionarios identifican en este grupo al regidor metropolitano Jorge Villena, un activista ‘provida’: “Muchos en el partido tenemos esta posición y eso no nos hace un partido confesional. El humano es un ser moral y, por tanto, la política no debe dejar de lado los valores”, señala.  En su muñeca derecha, Villena lleva una pulsera naranja con el lema “yo amo la vida”.

En el bloque más liberal se ubican, sobre todo, los especializados en economía, entre ellos el presidente del BCR, Julio Velarde; el economista Percy Tabory y el regidor metropolitano Pablo Secada.

Secada, regidor pepecista que recibió importante atención mediática durante el proceso de la revocatoria, precisa que el sector liberal es “más abierto” en temas sociales y políticos que sus correligionarios conservadores.

La mayoría de los militantes adhiere a la doctrina social de la Iglesia Católica. Secada, la define del siguiente modo: “Los  socialcristianos tienen una visión que va más allá del individuo, que se preocupa por el bien colectivo de la sociedad”. En su caso, cualquier duda sobre la compatibilidad entre el liberalismo y el socialcristianismo le fue resuelta por Gary Becker, uno de sus profesores en la Universidad de Chicago. Becker le dijo que “la búsqueda de la equidad en países como el Perú puede tener cierto sentido de identidad comunal”.

La orientación socialcristiana hace que varios de los dirigentes del PPC asuman a su partido como de centro. “Un socialcristiano jala de los dos lados dependiendo del tema: tiene algo de liberal, tiene algo de conservador, algo de caviar”, señala una dirigente.

Según Galarreta, la revocatoria hizo que el PPC volviera al centro del espectro, aunque los demás partidos  le suelen atribuir un sesgo marcadamente derechista. Una reciente encuesta de la Universidad de Salamanca realizada a 98 congresistas arroja que el 55.8% ubica a Alianza por el Gran Cambio –donde el PPC es el socio mayor– hacia la derecha  y el 20.7% en el centro–derecha. Beingolea cree que aquella percepción que identifica al PPC con las banderas de la derecha responde a “la campaña del APRA y Alan García” para encasillarlos ahí.

PPC Fugas

El futuro

Al estigma del partido de derecha que defiende los intereses de “los ricos”, se suma la etiqueta de partido limeño. No es tan cierto. De acuerdo con Infogob, fuera de Lima Metropolitana hay 85 autoridades, entre ellas 12 alcaldes distritales, pertenecientes al PPC (ver cuadro). Desde luego, el número es menor frente a agrupaciones con una mayor presencia nacional, como el APRA.

El actual presidente regional de Ica, Alonso Navarro Cabanillas, es el segundo vicepresidente del PPC. Sin embargo, Navarro fue elegido por el Frente Regional Progresista Iqueño.

Los dirigentes del PPC explican la todavía limitada presencia nacional del partido: Villena apunta a la legislación más flexible que favorece la creación y supervivencia de los movimientos regionales y locales y que es mucho más estricta con las organizaciones nacionales. Pérez–Tello argumenta, en cambio, que el problema principal es económico: “Muchos tenemos que poner de nuestro bolsillo para realizar viajes de formación y visitar a nuestros dirigentes en provincias”.

Beingolea es de los dirigentes que más viajes realiza. “La imagen de partido limeño se debe a un mal sistema de comunicación que debemos cambiar”, admite.

En el PPC es conocido que Beingolea aspira a convertirse en el presidente del partido. Por lo pronto, en Lambayeque es muy reconocido: “Ha venido seis veces, entre el 2012 y marzo del 2013”, dice Germán Preciado Ruiz, secretario regional del PPC en ese departamento.

Luego del papel del partido en el proceso de revocatoria, un ambiente más optimista se respira en los predios pepecistas. El partido aún no ha decidido si se presentará a las elecciones complementarias de noviembre para nuevos regidores metropolitanos, pero los grandes retos obvios son las municipales del 2014 y las generales del 2016.

Habiendo Flores Nano reafirmado su posición –en público y en privado– de no postular ni a la alcaldía metropolitana ni a la presidencia, los entrevistados por Velaverde no se animan a decir qué figuras podrían asumir tales candidaturas.  Dirigentes del partido, incluido el propio Bedoya Reyes, le han solicitado dos cosas: que encabece la lista parlamentaria para jalar la mayor cantidad de votos posibles y que respalde la candidatura de un miembro del partido a una presidencia regional, todavía por definir. Ella sigue siendo la gran carta pepecista y el principal referente de la militancia.

Militancia heredada, no creada

En el PPC –a diferencia de lo que se percibe en el APRA– la militancia no se transmite familiarmente. No hay pepecistas de ADN. Un posible militante forja su interés en el partido ya sea en la universidad o en el trabajo. Así lo confirman los testimonios recogidos.

Villena concretó su inscripción luego de apoyar la campaña presidencial de Lourdes Flores en el 2001. “Conocí a Lourdes en el contexto de las marchas universitarias contra Fujimori. Era la más cercana a mis ideas”. El hoy regidor metropolitano fue secretario general de juventudes y luego secretario nacional de doctrina en los dos periodos en que Flores fue presidenta del PPC (2003–2007 y 2007–2011).

Pérez–Tello y Beingolea llegaron casi simultáneamente. Ambos tuvieron un primer acercamiento en la universidad, pero entonces no decidieron su inscripción por distintas circunstancias. “Un miembro del partido me recomendó que no militara hasta que tuviera tranquilidad económica. En el 2003 recién retomé el vínculo directo”, explica Pérez–Tello. Beingolea recuerda: “Hace diez años me presenté al local central, me inscribí y pregunté ¿qué hay que hacer?”.

Galarreta y Secada se inscribieron en años más recientes. El primero pertenecía a Renovación Nacional pero se apartó debido al acercamiento de Rafael Rey con el APRA. “Conocía a Marisol Pérez–Tello de la universidad y en el Congreso me hice amigo de Javier Bedoya y de Juan Carlos Eguren. Encontré un partido en el que el fundador, a diferencia de otros, cedió la presidencia. Esa alternancia continúa hasta hoy”, señala.

Por su parte, los primeros contactos de Secada con el partido se remontan a las elecciones del 2001. Para las del 2006, participó con otros independientes en la elaboración del plan de gobierno. “En el 2010 Lourdes me dijo que para llegar a ser congresista era necesario que me fogueara como regidor y me invitó a inscribirme. Recién me involucré más en la vida partidaria debido a mis labores en el concejo metropolitano y, principalmente, en la campaña contra la revocatoria”, declara.

Un scratch para Susana

Velaverde 1

Escriben: José Alejandro Godoy-Jacqueline Fowks *

Luis Favre entró de lleno a la campaña del NO con un equipo brasileño-peruano que experimentó la victoria con la candidatura de Ollanta Humala. En el otro lado de la cancha, los principales cuadros de Solidaridad Nacional y el Apra se alborotan por la vocería del SÍ.

Esta semana Susana Villarán tenía en su agenda de medios hasta tres entrevistas posibles. Si finalmente no ve a la alcaldesa respondiendo preguntas de los periodistas, será porque se ha cumplido la recomendación del publicista franco-argentino Luis Favre.

“No habrá entrevistas en los próximos días”. Ricardo Fort Meyer, asesor de Villarán, mandó esta indicación vía correo electrónico al equipo más cercano a la gestión municipal luego de sostener una reunión con la alcaldesa, el teniente alcalde Eduardo Zegarra y Favre, a quien Fort llama “el estratega”.  “Cuidemos este tema”, finaliza Fort en su comunicación.

Favre asesora en publicidad al NO y su palabra es –casi– decisiva. Generalmente despacha con Villarán, Zegarra y Fort. Este último transmite a los demás involucrados en la campaña las decisiones adoptadas en dichas reuniones. Pero Favre no es el único extranjero que ha pisado territorio peruano para salvar a la administración municipal de la revocación.

El bunker de la campaña del NO es una casa de techos altos y piso renovado en la plaza Bolognesi  598. Es además el lugar donde se inscriben quienes quieren ser personeros el 17 de marzo. Allí también opera el equipo de redes sociales supervisado por peruanos y brasileños que trabajaron con Favre en la campaña presidencial de Ollanta Humala. Sobre Favre, una persona cercana a Fuerza Social indicó que es bastante parco y duro cuando habla, pero que ha conseguido poner orden y disciplina en la campaña electoral.

Del personal de FX Comunicaçoes que asesoró la campaña de Ollanta Humala en 2011, han regresado a Lima dos brasileñas, una de ellas Sandra Recalde. Con la socióloga peruana Ina Karina Romero se han encargado de los focus groups, definición de los mensajes centrales y las estrategias en las distintas fases de campaña. Romero participó también en el grupo de jóvenes de la campaña de Gana Perú en 2011.

Junto a ellas se encuentra Juan Pessoa, director de la brasileña MPI Digital, quien trabajó con Favre la estrategia en redes sociales de la campaña presidencial nacionalista. Pessoa es pareja de Recalde y, según una fuente que trabajó con ambos en 2011, ella tiene un peso mayor en labores creativas y él es más operativo.  Pessoa intervino en las campañas de Lula da Silva en 2006 y de Dilma Rousseff en 2010. Entre los nacionales, hay cinco jóvenes en redes sociales y una asistente periodística.

Además, un profesional brasileño estuvo en Lima a fines de enero para dirigir a los artistas y personajes durante la grabación de los spots y la sesión de fotografías de los paneles del NO. Una actriz comentó que nunca en su carrera había recibido instrucciones tan puntuales para hablarle a la cámara.  Durante el tramo final de la campaña, los spots difundirán la idea de “marcar 40 veces NO”.

La participación de FX Comunicaçoes en el NO desplazó a la firma Newlink Perú, del economista Daniel Córdova, cercano a Anel Townsend y Susana Villarán porque participó en la campaña por la presidencia de Javier Pérez de Cuéllar en 1995.  Al inicio, colaboró el publicista Abel Aguilar, cercano al PPC y asesor de imagen de Pedro Pablo Kuczynski en 2011. Él sugirió que la campaña se denominara ‘Los Rostros del NO’.

El Comité Central de Campaña se reúne todos los martes y jueves a las 6 pm. Allí participan los grupos de izquierda que conforman la Confluencia por Lima, la Coordinadora Ciudadana por Lima (que incluye a organizaciones del Vaso de Leche, el Movimiento Sin Techo, estibadores y otros movimientos populares) y el Comité Juvenil por el NO. Pero también hay un petit comité todos los días a las 8 am., en el cual participan Townsend y la regidora Marisa Glave, para  acordar las actividades prioritarias. La ex congresista de Perú Posible despacha eventualmente con Salomón Lerner Ghitis en la oficina de este último, en Miraflores.

Con la llegada del equipo brasileño, la segunda fase –además de los famosos paneles y spots– tiene como objetivo “popularizar la campaña y ser más sinceros”.

Para evitar que el JNE denuncie una infracción por el uso de recursos públicos, se acordó también que la alcaldesa se transporte en un taxi amarillo. Se pretende dar un mensaje a uno de los sectores más hostiles: los taxistas desconfían de cualquier iniciativa de reordenamiento pues temen que implique altos costos como los denunciados por el regidor del Partido Popular Cristiano (PPC), Pablo Secada, en el programa Cajagas, lanzado durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.

En las actividades recientes de respaldo a Villarán han participado taxistas, comerciantes y miembros de la Asociación de los Sin Techo, entre otros.

Mientras tanto, las apariciones de Villarán en actividades de gestión son interdiarias y participa aisladamente en eventos de respaldo político o gremial. La mayor parte de los eventos del NO cuenta con la presencia de Townsend y, por lo menos, de  un regidor. Por su parte, los concejales de la confluencia mantienen activos los comités distritales –sobre todo, los fines de semana–. También buscan más adhesiones a la campaña con un respaldo simbólico o mediante dinero o especies.

Sin duda, el respaldo más importante que recibe Villarán proviene del PPC, que ha conformado un comando de campaña liderado por su presidente, Raúl Castro Stagnaro, y la excandidata Lourdes Flores Nano. El abogado Carlos Chipoco es el enlace entre el partido y el colectivo Los Rostros del NO.

El PPC reforzará el mensaje de los costos de la revocatoria, tanto en términos políticos como económicos. Para ello, comienza a aparecer en las actividades pepecistas ‘el Super No’, un muñeco que, a similitud del PPKuy, busca conectar con los jóvenes en forma más divertida.  Este símbolo fue diseñado originalmente por Abel Aguilar.

En los sectores socioeconómicos AB, las apariciones de los regidores se concentrarán en TV de señal abierta y radios, para contrarrestar la “guerra sucia”. El otro aporte del PPC será una importante dotación de personeros.

Mientras tanto, Perú Posible contribuirá con un software para los personeros en las mesas de votación, a fin de tener un conteo propio en una elección compleja. El partido ha dispuesto que sus militantes en Lima enseñen a votar, dada la confusa cédula. Además, realizan actividades con los demás partidos que apoyan el NO. Acción Popular y Somos Perú apoyarán con personeros el 17 de marzo.

Marco Tulio

El SÍ del APRA, Solidaridad y Marco Tulio

En la orilla contraria, mediante el apoyo al SÍ, el partido aprista pretende seducir y capturar, con miras al 2016, el “voto pragmático popular”, focalizado en los sectores D y E.  En Alfonso Ugarte ven muy difícil que pueda revertirse la tendencia favorable al SÍ.

El PAP admite que no existe un comando unificado a favor de la revocatoria. Las bases apristas se movilizan impulsadas por el exdirector de ‘Agua Para Todos’, Carlos Arana, mientras que Mauricio Mulder y -en menor medida- Nidia Vilchez son los voceros. Javier Velásquez Quesquén es el coordinador general. El publicista Hugo Otero da consejos puntuales para basar la campaña en “mensajes positivos”, incluyendo el lema ‘Revocatoria Sí, para que vivamos mejor’.

Hasta mediados de febrero, el Apra señalaba que no compraría espacios publicitarios en la televisión pues no contaban con fondos suficientes. Sin embargo, a partir del jueves 28, apareció un spot del SÍ parecido a la propaganda aprista contra el shock del Fredemo en 1990. Este spot ya había sido difundido en páginas de Facebook que respaldan la revocatoria. En la sesión del miércoles 27, a la comisión política se le presentó una pieza publicitaria a favor del SÍ, pero no admitieron que fuera de factura aprista.  Otero atribuyó el spot al colectivo 17M, cuyos dirigentes no son conocidos.

El promotor de la revocatoria Marco Tulio Gutiérrez también desmintió la autoría de estos spots, pues, dijo: “son los partidos políticos quienes lo han hecho”. Gutiérrez precisó que Solidaridad Nacional y el congresista José Luna Gálvez habían financiado la publicidad televisiva.

El APRA asegura que seguirán en su estrategia contra Favre, pues “la injerencia extranjera es mal vista en los sectores populares” y “permite golpear también a Humala”. En las últimas semanas, un pequeño grupo de militantes apristas ha lavado la bandera brasileña frente a la embajada de ese país, en Miraflores y el viernes 1 se sumó a las protestas un pequeño comité de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), central sindical cercana a Mulder.

En predios de Solidaridad Nacional (SN), también reconocen que no existe un comité coordinador del SÍ, razón por la cual cada quien aplica su propia estrategia. La movilización de las bases está a cargo de Luna –quien ha pedido licencia para dedicarse a la campaña– y la ex teniente alcaldesa de Magdalena Rosa Quartara. Ella cumplió esa misma tarea en la fallida campaña presidencial de 2011.

Luna es la principal carta de SN por el SÍ pues moviliza sectores populares a los que ha conquistado gracias a obras benéficas, y tiene fondos para la campaña.  En el PAP, donde Luna se formó, recuerdan su capacidad de conexión, gracias a las becas que daba en las instituciones educativas de su propiedad.  Luna y la vocera Patricia Juárez afirmaron que SN tiene 60 bases en Lima.

Los simpatizantes del SÍ recibieron volantes, pulseritas, gorros y bolsas de plástico el miércoles 26 en el Mercado de Frutas de San Luis.

Existen dos tipos de voceros en la organización política del ex alcalde Castañeda.  Unos son los ‘técnicos’, como los abogados Juárez y Luis Baca, quienes cuestionan la gestión de Villarán en base a su conocimiento del aparato municipal. Juárez ha sido secretaria general de la MML y Baca, director de EMMSA, entidad que maneja el mercado mayorista de Santa Anita. Otros son los ‘políticos’ como Fabiola Morales y Gustavo Pacheco.  Sin embargo, luego de de las últimas encuestas, surgieron controversias sobre el rol de los voceros. Por lo pronto, Baca y Pacheco no han declarado en la última semana.

SN ya organizó actividades profondos. A la rifa de un automóvil publicitada por Luna se sumó una cena en la que los militantes tenían que vender las tarjetas. Juárez indicó que su campaña es austera y que no cuentan con fondos para publicidad propia.

En cuanto a la participación de Luis Castañeda Lossio, en privado niegan que vuelva a aparecer durante la campaña. En público, Juárez indicó que el líder de su partido “aparecerá cuando él considere adecuado como un ciudadano común y corriente”, mientras que Luna admitió que coordinan con él las acciones a realizar.

Por su lado, Marco Tulio Gutiérrez señaló que los locales distritales del SÍ se abren por iniciativa de núcleos espontáneos, asumiendo cada cual su propio gasto, y él y Carlos Vidal, el otro promotor formal de la revocación, solo dedican “dos a tres horas diarias” a la campaña. Sus constantes apariciones en medios o con el ‘revocamóvil’ lo desmienten.  Gutiérrez promociona una cuenta bancaria para recaudar fondos: se trata de la misma cuenta en la que los clientes de su estudio jurídico pagan sus servicios.

Hasta el miércoles 27 de febrero, en el núcleo de Gutiérrez estaban: Vidal, el abogado Luis Tudela, la vocera María del Carmen Barragán, y Miguel Saldaña, representante de los revocadores ante el JNE para negociar los términos de la ‘exposición de ideas’ del 10 de marzo.

Sin embargo, Barragán se retiró aduciendo “motivos personales”.  Días antes, un diario local informó que el esposo de Barragán estaría vinculado a la supuesta sustracción de fondos de la Asociación de Padres de Familia de un colegio religioso, a fines de la década de 1990. En relación con la salida de Barragán, Gutiérrez afirmó que la Universidad San Juan Bautista, donde trabaja la abogada, no le podía dar una licencia.  Y sobre la denuncia, Marco Tulio señaló: “Lo que pasó hace tiempo, ya pasó. No ha sido condenada, eso no tiene ninguna relación con que ya no se pueda dedicar a la vocería públicamente. Lo que publican los diarios es basura”.

El rostro más emblemático de la revocatoria afirmó que no cuenta con fondos para poner publicidad en radio y televisión. Además, indicó que hay cierto nivel de comunicación con los voceros del APRA y SN a fin de evitar cruces en las actividades.  Mientras tanto, se multiplican las capacitaciones de personeros y diversifican las actividades de recaudación de fondos: conciertos, cenas, fiestas, polladas, parrilladas, alcancías, rifas. Todo sirve en esta campaña del verano para que cuadren las cuentas.

* Giovanna Castañeda y Kevin Carbonell contribuyeron a la crónica.