LERNER VS. TOLEDO

Por lo general, el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres, no es de las personas que da declaraciones sin que tenga un motivo especial para hacerlo. Y menos aún, que se mande con una revelación sin tener sustento sobre las mismas. En ello y en su trayectoria, ha residido buena parte de su credibilidad.

Por ello es que lo que ha mencionado hoy, durante un viaje a Alemania para la presentación de la versión del Informe Final de la CVR en alemán, va a causar gran conmoción. Vía El Comercio:

El ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner, reveló hoy en Berlín que el ex presidente Alejandro Toledo privó deliberadamente a las víctimas de la guerra sucia librada en su país entre 1980-2000 de ayudas por valor de 70 millones de euros.

Lerner desveló ese dato sin pretenderlo, al agradecer en rueda de prensa a la ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, Heidemarie Wieczoreck-Zeul la ayuda que ofreció Alemania a las víctimas de los crímenes y atropellos de la guerra sucia investigada por la CVR.

“Agradezco la importante ayuda que Alemania ofreció al Perú para que el gobierno pudiera hacer frente a las indemnizaciones recomendadas por la Comisión. Y lo agradezco aunque esa ayuda nunca se consumó porque el gobierno la rechazó, lo que profundamente lamento“, dijo Lerner a la ministra, que respondió asintiendo con la cabeza.

Lerner explicó que Alemania se ofreció a condonar al Perú un año de deuda por resarcimiento a las víctimas identificadas por la CVR.

Se trataba de un monto de 70 millones de dólares, cantidad que el gobierno de Toledo quería diluir en los presupuestos para disponer de ella libremente y sin condicionamientos. La negativa de Berlín a condonar deuda entregando un cheque en blanco contrarió al Ejecutivo peruano, quien pese a la necesidad de las víctimas rechazó la oferta. Así lo confirmaron a Efe fuentes del Ministerio de Cooperación que tuvieron acceso a la correspondencia mantenida por el entonces presidente del parlamento Wolfgang Thierse y miembros del Gabinete de Toledo.

Vayamos por partes.

Los miembros de la CVR eran suficientemente conscientes que el monto de las reparaciones, dada la magnitud del conflicto y el número de víctimas, sería bastante alto, por lo que pensaron en fórmulas alternativas para que el Estado peruano pudiera obtener financiamiento para esta tarea. De hecho, en el Tomo IX del Informe Final, se señaló que:

Dado el alcance y duracíón del PIR, así como la necesidad de que el país mantenga y consolide su estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazo, el financiamiento interno no será suficiente para cubrir los costos del PIR. En este sentido, la CVR hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que solidarice con las víctimas de la violencia, participando activamente en el financiamiento complementario del PIR, cuyas acciones no pueden ni deben ser consideradas como parte de las políticas sociales.

Además de los aportes directos y de la reorientación de programas ya existentes, la Comisión cree factible que la cooperación internacional pueda contribuir al financiamiento del PIR a través de diversos canales, uno de los cuales – innovativo – sería implementar un mecanismo de conversión de deuda externa a favor de proyectos vinculados directamente a la política de reparaciones. Hasta ahora, dicho mecanismo se ha utilizado exitosamente para financiar proyectos sociales.

El gobierno alemán estuvo interesado en esta iniciativa y estuvo dispuesto a dar un monto bastante significativo.

¿Por qué Toledo se negó a aceptar el ofrecimiento alemán? Pues ninguna de las opciones lo deja bien parado. O el ex Presidente nunca entendió que las reparaciones eran distintas de los programas sociales, o simplemente – como a buena parte de la clase política – le importó poco el tema.  Quizás algo que el ex mandatario, hoy en Lima, pueda aclarar a la prensa, dado que su credibilidad como “respetuoso de los derechos humanos” queda sensiblemente mellada luego de esta revelación desde Berlín.

Dada su actual posición frente a los derechos humanos. dudo que Alan García esté muy interesado en el asunto. Pero tal vez los mandatarios europeos, a los que tanto admira, tal vez podrían persuadirlo de la importancia de un mecanismo como este, ahora que estarán de visita por Lima.  Ya que el gobierno habla tanto de las víctimas de la violencia, quizás sea momento que haga algo real para mejorar su situación. Y quizás en eso sí pueda superar a su antecesor, al que parece seguir en algunas cosas y estar en modo inferior en otras. 

Como siempre, tarde o temprano, la verdad sale a la luz.  

 

AL GOBIERNO NO LE IMPORTAN LOS DDHH

Si existe una materia a la cual el Ejecutivo se encuentra jalado con 05 es en lo referido a los derechos humanos. No se trata solo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – tema en el que, a pesar de algunas iniciativas aisladas, las mejorías son pocas – o de no vulnerar derechos fundamentales básicos – y ya se tienen más muertos en las protestas que durante los 5 años de Toledo -, sino de contar con una política integral y transversal a todos los sectores sobre esta materia y de tener gestos que contribuyan a afianzar una cultura de respeto a estos derechos. Esa no ha sido, ni por asomo, la tónica de la gestión de Alan García.

Pero hay actitudes que pueden resultar patéticas y, aún más, signos de deterioro mayor, sobre todo, cuando estos se producen en torno a personal de confianza de la propia Presidencia de la República.

Luis Alberto Salgado fue, hasta hace 48 horas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y la instancia más importante en el organigrama estatal sobre esta materia. Con Salgado, desde este blog, hemos mantenido discrepancias – como en los casos Cantoral y Castro Castro o su intolerancia frente a las críticas – y también coincidencias – como su posición contraria a la pena de muerte -, y con las enormes distancias que podía tener con varias de sus posiciones, reconozco que se trataba de los pocos funcionarios de alto nivel que intentaba hacer algo por los derechos humanos dentro del estado de cosas antes descrito.

Pues bien, el viernes 14 de marzo salió publicada en El Peruano la renuncia de Salgado, sorpresiva desde donde se le mire. Primero, porque es militante aprista y bastante cercano al Presidente de la República. Segundo, porque en los casos que hacen referencia al periodo 1985 – 1990, Salgado había hecho gala de su carnet antes que de su apego a la verdad. Y tercero, porque se venía un caso caliente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: las leyes de Justicia Militar que violan derechos fundamentales.

Pero la historia de la renuncia de Salgado es bastante truculenta, según lo que cuenta el Instituto de Defensa Legal. De acuerdo con las versiones que desde dentro de Palacio han podido obtener Gustavo Gorriti y su equipo, quedarían claros los siguientes hechos.

1. Salgado no renunció por voluntad propia, lo renunciaron. Fue la Ministra de Justicia Rosario Fernandez quien le informó que García había decidido prescindir de sus servicios. Ante esto, Salgado presentó su carta.

2. Baruch Ivcher habria sido la causa de la destitución de Salgado. ¿Cuál es el tema que involucra a Salgado? Pues dos tópicos: la posibilidad de que Ivcher no haya renunciado a su ciudadanía israelí en 1984 y, por tanto, el despojo de su nacionalidad en 1997 haya sido un capítulo intricado de pasaportes que harían palidecer el koseki de Alberto Fujimori; de otro lado, la improcedencia de la demanda interpuesta por Ivcher para evitar pagar impuestos de Frecuencia Latina, hecho en el que pretendia basarse sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo declaro víctima de una vulneración – que si existió – pero sobre el cual ya había cobrado 20 millones de soles por todo concepto de reparación.

Salgado se habría mostrado preocupado por estos asuntos y, como funcionario meridiamente diligente, estaría examinando el caso Ivcher para cautelar los intereses del Estado frente a un empresario que parece hacer el mercenariazgo su modus vivendi.

Si Salgado salió por esta razón, significa que el Presidente de la República prefiere las lealtades partidarias y la lucha por la verdad en materia de derechos humanos a cambio de la complacencia editorial de uno de los canales de televisión màs importantes del paìs. El juego de García es claro: mientras menos me critiquen, mejor. El juego de Ivcher también: a Toledo lo presioné con reportajes desfavorables para que me pague la indemnización, a García lo complazco para que evite que pague mis impuestos.

Peor aún, la influencia gubernamental, según Gorriti, habría llegado a extremos tales como estos:

Había informaciones de que el secretario de la presidencia Luis Nava hacía gestiones en ese sentido, sobre todo en el ámbito aplicable del ministerio del Interior, pero no se sabía si lo hacía por iniciativa propia o por orden presidencial. Ahora se conoce más.

La acción presidencial representa también un ataque directo a la revista Caretas, que ha llevado a cabo una campaña de investigación y denuncia sobre los intentos de Ivcher de hacerse pagar decenas de millones de soles (20 de los cuales ya han sido embolsillados) por sus presuntos sacrificios en favor de la democracia. Con ese gesto, García demuestra una posición que, como presidente de la República, está obligado a explicar.

La otra hipótesis: ¿Lo votaron por el tema de la justicia militar? Eso es lo que señalan medios como Expreso y La Razón, quienes acusan a Salgado de “caviarizarse”. En realidad, estos medios no le perdonan a Salgado que haya manifestado sobre este tema lo siguiente: “Personalmente, coincido con que los magistrados militares deben ser nombrados por el CNM y en que tienen que ser oficiales en retiro”. Es es justamente la posición que no defiende actualmente el gobierno del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ser esta la verdadera razón de su salida – o sumada a la anterior – sería igualmente grave y diría mucho de cuanto pesan las botas en Palacio de Gobierno.

¿Y quién es el reemplazante de Salgado? Se llama Miguel Facundo Chinguel, otro conspicuo miembro del Partido Aprista Peruano, pero que tiene en su haber un antecedente bastante grave frente a los derechos humanos: Denunció a la Fiscal Cristina Olazabal, a miembros de organizaciones de derechos humanos y hasta Fernando Olivera de participar en una asociación ilícita para delinquir, solo por que la Fiscal Olazabal citó a Alan García como testigo en los casos Accomarca y Cayara, ocurridos bajo su primer gobierno. La denuncia incluso quiso comprender al entonces Presidente Alejandro Toledo.

Estos antecendentes hacen tener suspicacias sobre la conducta que Facundo Chinguel tenga sobre la judicializaciòn de los casos de derechos humanos ocurridos bajo el primer gobierno aprista y que la Sala Penal Nacional procesará este año, con o sin el concurso del renunciante Pablo Talavera.

Toda esta actuación no hace más que abonar las suspicacias sobre la verdadera responsabilidad penal de Alan García en estos sucesos. El Presidente, que tanto se jacta que la CVR “sólo” encontró responsabilidad política en estos sucesos – hecho que en un país más proclive a la causa de los derechos humanos hubiera hecho que por decencia AGP ni siquiera intente postular – debería dar una explicación apenas baje del avión que lo transporta de Pekín.

Porque esta serie de acontecimientos solo produce una sensación de melancolía bastante próxima al asco.

REPARACIONES: CON SUMO CUIDADO

Si por algo hay que felicitar al Gobierno en sus pocos esfuerzos por hacer cumplir las recomendaciones de la CVR es por el inicio del Programa de Reparaciones Colectivas.

En su etapa piloto, el Programa, parte del Plan Integral de Reparaciones, entregará a 450 comunidades afectadas por la violencia la suma de S/. 100,000.00 para que realicen proyectos en beneficio de la población.

Hace algunos meses, alerté sobre la posibilidad del malgasto de estos fondos, considerando el fracaso del shock de inversiones. Hoy, tengo más elementos para encender las alarmas.

En una nota hecha por La República, el Secretario Ejecutivo de la CMAN (el ente estatal encargado de diseñar los programas de reparaciones, Jesús Aliaga Baldeón, indica un preocupante bajo nivel de ejecución: solo 18 comunidades vienen ejecutando los planes de desarrollo planteados. Dos factores son los que demoran las obras: un SNIP poco flexible – aunque necesario para evitar obras inadecuadas – y, aquí está lo más sustantivo, la falta de proyectos viables.

Sobre este último punto, algo dijo la Defensora del Pueblo Beatriz Merino en su discurso por los 4 años de la CVR:

“Mediante un sistemático seguimiento del proceso de reparaciones, la Defensoría del Pueblo ha realizado visitas de supervisión a dichas regiones con el propósito de sostener reuniones con representantes de los Gobiernos Regionales y Locales, de las organizaciones de víctimas, así como de miembros de las comunidades afectadas.

No obstante estos avances, hemos observado que la mayoría de las comunidades seleccionadas requiere de mayor asesoría técnica, a fin de que puedan cumplir con los requisitos exigidos para la elaboración y ejecución de los proyectos de desarrollo.

Las comunidades necesitan una permanente asistencia para ejecutar eficazmente el Programa de reparaciones colectivas.

Por ello es necesario que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales brinden un mayor apoyo técnico a las comunidades beneficiarias, haciendo que dicho proceso sea más participativo y descentralizado.”

Esto nos demuestra que la tarea más urgente que tiene este gobierno es la Reforma del Estado. Tarea que es más imprescindible cuando lo que está en juego son la reconstrucción de vidas, como con las víctimas del conflicto armado interno o con los damnificados del terremoto de hace dos semanas.

COMIENZAN LAS REPARACIONES

Sin duda alguna, la mejor noticia de las últimas semanas y una de las pocas iniciativas que el Gobierno podrá tener en sus activos durante su primer año de gobierno. Vía El Comercio:

El presidente de la República, Alan García, destacó hoy que las reparaciones colectivas a las víctimas de la violencia política son justas y abren paso al perdón y la reconciliación de todos los peruanos. García ofreció estas declaraciones al presidir la ceremonia de reparaciones a comunidades afectadas por violencia política en el marco del Programa Integral para Reparaciones Colectivas denominado “Justicia para los Pueblos Heroicos del Perú”.

En el acto se entregaron 40 millones de soles a 400 comunidades campesinas que podrán emplear esos recursos para iniciar las obras que satisfagan al menos sus necesidades básicas. También se ofreció un pergamino al pueblo de Pacccha, reconocido como una de las primeras comunidades que enfrentó a Sendero Luminoso.

La ceremonia se llevó a cabo este mediodía en el Estadio Municipal de Huanta y empezó con un desfile de delegaciones comunales. Al momento de tomar la palabra, el presidente García anunció que a fines de año, la región Ayacucho estará libre de analfabetismo y ratificó el compromiso del Gobierno de trabajar a favor de los más pobres.

Lo cierto es que este es el comienzo real de la aplicación del Plan Integral de Reparaciones, propuesto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para que las víctimas de la violencia entre 1980 y 2000 comiencen a ser reconocidos como ciudadanos. Siempre hay que recordar que la violencia se concentró en los lugares más pobres, excluidos y olvidados del Perú, principal conclusión de la CVR y que la clase política aun no termina de asimilar.

Como bien lo recordó el ex presidente de la CVR Salomón Lerner Febres, las reparaciones no deben limitarse al ámbito colectivo, sino que también deben ser individualizadas. En las palabras de Lerner, entiendo, no solo está el deseo de que se entreguen indemnizaciones o becas a cada uno de los afectados, sino que el reconocimiento del daño causado no sólo sea en bloque, sino que cada ciudadano se sienta reparado por el país.

Sin embargo, a pesar de este gran paso que comienza a darse el día de hoy, es momento para aprovechar en decirle al gobierno que el tema de la reconciliación nacional no sólo queda en el Plan de Reparaciones – que, por cierto, no debe confundirse con los programas de ayuda social del gobierno – sino que comprende también una serie de reformas institucionales en los campos de la presencia del Estado, la administración de justicia, las Fuerzas Armadas y la educación. También comprende la lucha contra la impunidad, a través del procesamiento judicial de violaciones a los derechos humanos (casi completa frente a las cúpulas de SL y el MRTA, avanzando a trompicones frente a las cometidas por agentes del Estado) y, por cierto, en la preservación de una memoria histórica que nos haga entender que esto fue una tragedia nacional, en la que los excluidos fueron los más afectados, donde los grupos subversivos fueron los principales responsables, pero los agentes del Estado y los gobiernos de turno pusieron poco de su parte para evitar vulnerar los derechos fundamentales de los peruanos.

Para nunca más vivirlo, para nunca más borrarlo.

REFORMA DEL ESTADO, DEMOCRACIA Y REPARACIONES

La atención de la opinión pública durante las últimas semanas se ha centrado en las denuncias periodísticas referidas a las adquisiciones que dos ministerios realizaron a finales del año pasado. Si bien dichas operaciones cumplieron con los requisitos legales vigentes sobre la materia, adolecieron de una falta de pericia y calidad en el gasto realizado.

La mayor parte de los comentarios sobre este tema se han centrado, como ya parece ser costumbre, en la anécdota de los cambios de funcionarios, los despidos masivos de personal encargado de estas compras o en las repercusiones políticas de corto plazo. Sin embargo, este tema tiene aristas interesantes que pueden repercutir sustancialmente en la manera cómo se consolida el sistema democrático en nuestro país.

Actualmente, vivimos una época de crecimiento económico cuyo antecedente más cercano se halla en los años cincuenta y sesenta, cuando la economía mundial alcanzó su máxima expansión en términos de crecimiento económico y mejora de la calidad de vida. Nuestro país crece a tasas sostenidas superiores al 5% desde hace 5 años, nuestras reservas internacionales se incrementan y nuestra caja fiscal tiene mayores recursos para gastar. Ello, lamentablemente, se contradice con el alto nivel de pobreza – que afecta a la mitad de nuestros compatriotas – y, sobre todo, con la exclusión presente, patentizada en el bajo nivel de servicios básicos que brinda el Estado y reflejada por los hallazgos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La consolidación de la democracia no sólo pasa por la realización de elecciones libres o contar con mejores congresistas, sino, fundamentalmente, en que el Estado brinde mayores y mejores servicios a sus ciudadanos, sobre todo, a quienes menos tienen.

Lo ocurrido durante esta semana es una muestra patente de la incapacidad que tiene el Estado de poder administrar de manera adecuada sus recursos. Y esto ocasiona un problema significativo: el Estado tiene la necesidad de gastar mayores recursos para mejorar la seguridad ciudadana, la salud, la educación, el sistema de justicia y la atención al ciudadano en general. Y si no lo hace de manera adecuada, los frutos de la actual bonanza macroeconómica se habrán desperdiciado de mala manera, como parece ocurrir con el publicitado “shock de inversiones”.

¿Cómo afecta esto a la democracia? De varias maneras. En primer lugar, se carecen de planes de mediano y largo plazo para reformar el Estado, optándose por parches como la renegociación de contratos o establecer comisiones ad hoc para cada licitación. En segundo lugar, cuando se tienen estos planes, no se toma en cuenta al destinatario final, el ciudadano. En tercer lugar, una mala gestión de los recursos deja a los más pobres y excluidos sin acceso a los servicios básicos, el gobierno democrático es visto como ineficiente y, sin duda, este sector de la sociedad podrá estar más proclive a optar por salidas de corte autoritario que le brinden una solución “inmediata” o “pragmática”.

Finalmente, no hay que perder de vista que, en el mejor de los escenarios, dentro de los próximos meses comenzarán a implementarse los planes de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno, que vienen siendo elaborados por la CMAN. Dados estos antecedentes, considero que, como espacio preoupado por un real cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, debiera estar alerta a este tipo de situaciones, para evitar que el dinero destinado a reparar el daño causado por acción u omisión durante los años de violencia se malgaste u ocurran situaciones de sobrevaluación como las que hemos presenciado durante esta semana. Complementar mi mirada desde los derechos humanos con una visión de reforma del Estado que integre reformas institucionales con criterios de eficiencia en la administración y gasto estatales dará mejores resultados para un trabajo de fiscalización que considero necesario.

Estas son aun unas nociones pequeñas sobre este tema. No soy experto en reforma del Estado o en políticas públicas, pero algo he podido aprender durante estos meses en las que he seguido estos temas. Quizá sea un eje que pueda considerar en un futuro a mediano plazo como tema de reflexión.

Por ahora, como diría Bayly, lo dejo allí.