VERGUENZA PARLAMENTARIA

La sesión del Congreso del pasado jueves fue, literalmente, vergonzosa.

Ese día se tenían que votar dos temas importantes: la acusación constitucional al congresista fujimorista Ricardo Pando – otro especialista en contratar empleados fantasmas – y la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, una norma importante para comenzar a reformar en serio a este poder del Estado.

Pero ni una ni otra fueron aprobadas. Pando fue exculpado por el Congreso de la República y la Ley de Carrera Judicial va a seguir durmiendo el sueño de los justos. ¿El motivo? Los congresistas se fueron yendo de a pocos de la sesión.

Algunos, porque prefirieron un coctel ofrecido por la Embajada de Japón, otros, porque parece que no les interesa nada que castiguen a uno de sus pares o saquen una Ley que pueda darle independencia al PJ. Pero El Comercio registró el sábado un motivo más otoronguil, por lo menos, en lo que respecta al caso Pando:

Malo conocido
¿Por qué anteayer se frustró la acusación constitucional contra el legislador fujimorista Ricardo Pando si es que él había admitido que permitió un irregular contrato laboral en su despacho? Según pudo conocer El Comercio, pesó el hecho de que se haya disculpado y dicho que él no se benefició económicamente de la falta cometida, pero sobre todo que los legisladores se enteraron minutos antes de la votación final de quién reemplazaría a Pando si era desaforado: el ex alcalde de Huancayo Dimas Aliaga.

Humalista converso
¿Quien es Dimas Aliaga? Postuló sin éxito al Congreso en la lista fujimorista Alianza para el Futuro, pero cuando quiso volver a ser alcalde en Huancayo se presentó como independiente aunque patrocinado por el Partido Nacionalista. Cuando se supo que el humalismo podría ganar una curul más en el Congreso, muchos legisladores optaron por abstenerse o votar en contra de la acusación constitucional. La única bancada que acusó a Pando disciplinadamente fue la humalista. Eso explica también por qué no se ha pedido reconsiderar esa votación a pesar de los anuncios de los voceros apristas José Vargas y Aurelio Pastor.

Luis Gonzáles Posada ha dispuesto una serie de medidas para evitar que los congresistas sigan faltando a las sesiones, resoluciones que en principio parecen ser positivas, aunque habría que ver si es que el reemplazo de sus congresistas por parte de sus accesitarios sea compatible con la Constitución.

Sin embargo, más allá de que obliguen a los congresistas a acudir puntualmente a las sesiones parlamentarias, hay algunos temas adicionales que analizar.

A mi modo de ver, gran parte de la responsbabilidad por el bajo nivel de los parlamentarios tiene que ver con las reglas del juego de su elección. Por ello, vale la pena recordar algunas propuestas lanzadas desde aquí:

Tener la elección parlamentaria en fecha distinta a la de las elecciones, eliminar el voto preferencial, incrementar el número de parlamentarios en la Cámara Baja sobre la base de distritos electorales más pequeños y renovar el Congreso por tercios y mitades. A ello se suma la implementación de la valla electoral de 5% para las próximas elecciones.

Y claro, esto debe complementarse con la aprobación del voto facultativo para los comicios del 2011.

A ello debe sumarse un elemento adicional: la responsabilidad del elector para elegir a sus congresistas. Si se separa la elección presidencial de la parlamentaria, se puede contribuir a este propósito. Sin embargo, creo que la solución está también en la responsabilidad que cada uno de nosotros tengamos para optar por mejores alternativas.

Para traducirlo: si no queremos un Congreso así, votemos por mejores parlamentarios.

¿TENEMOS UNA VISION SOBRE EDUCACION?

En estas primeras semanas del año, aunque casi de manera imperceptible, el Ministerio de Educación ha anunciado una serie de iniciativas que, en teoría, podrían ayudar a la mejora de uno de los sectores en los que adolecemos de una pésima calidad en el servicio ofrecido a los ciudadanos.

De estos anuncios, cuatro han sido destacados: el Reglamento de la Ley de Carrera Magisterial, el anuncio que solo se tomará en cuenta a los egresados en el tercio superior de las facultades de Educación e Institutos Superiores para acceder a los puestos de docentes, las 5,000 becas para que los mejores estudiantes del país puedan acceder a la tarea magisterial y el cambio de currículo educativo para el 2009.

Sin embargo, vale hacernos la pregunta sobre la solidez de estas medidas y, sobre todo, sobre si la forma en como se vienen presentando nos demuestra la existencia de un proyecto educativo de carácter mayor.

Creo que todos convenimos en la necesidad de elevar la calidad de la educación. A estas alturas, es claro que no nos hemos adecuado a los cambios producidos durante estos años, ya no solo en materia de ciencia y tecnología, sino también en la importancia de formar ciudadanos con plena conciencia de sus derechos y que sean capaces de potenciar sus mejores capacidades en todos los planos de su vida. Es cierto que es imperiosa la necesidad de mejorar los paupérrimos niveles de aprendizaje en lenguaje y matemática, demostrada por diversos estudios internacionales en los últimos años, pero perder de vista este horizonte hace que se deje de lado lo que significa un proyecto educativo integral.

Y es allí donde encuentro la primera falla de este gobierno. Al margen que se haya hecho el gesto de “adoptar” el Proyecto Educativo Nacional elaborado por el Consejo Nacional de Educación – con el que Chang parece haberse peleado -, pareciera que no se tiene un proyecto definido en la materia con el cual se pueda definir toda la política educativa. Si no se va más allá del gesto, pues el PEN quedará puesto en una linda biblioteca junto a otras iniciativas de reforma que fueron elaboradas por técnicos convocados por el Estado y que se encuentran allí, listas para ser ejecutadas, pero sin voluntad existente para ello.

Con la inexistencia de un Proyecto en la práctica – por cierto, el PEN propuso una serie de medidas de emergencia, que habrá que revisar si es que han sido adoptadas -, pues los anuncios realizados simplemente serán parches coyunturales que, en efecto, pueden conseguir algunos logros limitados pero que no brindan una salida integral. De hecho, incluso varias de estos instrumentos han merecido críticas bien sustentadas por parte de expertos en educación, que señalan sus límites y reiteran la carencia de una visión que las comprenda en un todo único y armónico.

Pero, además, estas medidas no pueden darse en enfrentamiento con los docentes. Desafortunadamente, el Ministro Chang ha (mal)entendido que su principal tarea al frente de su sector es pelearse con la dirigencia del sindicato de maestros – que también tiene su cuota de responsabilidad en la pésima calidad educativa -, lo que es aplaudido por los medios más cercanos al gobierno, pero que refleja la poca visión politica que se tiene para hacer cambios. En medio de sus ataques, Chang termina enfrentándose con quienes deberían ser principales agentes de cambio: los demás docentes que pertenecen al sindicato, quienes desconfían de él, con legítima razón, al ver que el Ministro llega a extremos tales como retar al SUTEP para que haga una huelga en enero.

A esta mala imagen poco colabora la poca transparencia que tiene el Ministro en relación con una entidad de su propiedad. Y es que, de acuerdo a datos proporcionados por CONSUCODE, la Universidad San Martín de Porres ha quintuplicado sus ingresos con el Estado en el 2007. Un hecho que merece una investigación bastante seria y una explicación del Ministro que, en otras ocasiones, ha favorecido a la casa de estudios de la que sigue siendo dueño.

Tener una mejor educación no es solo un deber del Estado, sino también un derecho humano que todos debieramos coadyudar a conseguir. Esta reflexión de Constantino Carvallo, con la que cierro este post, quizás nos de mayores perspectivas sobre ello:

“El grave problema es que el país no tiene viabilidad, no solo económica, sino humana, moral, sin una profunda reforma de la educación. Entendida en sentido integral, ligada a la construcción de la igualdad, la paz y la posibilidad de la felicidad”.

Pero parece que, a pocas cuadras de este Tercer Piso, José Antonio Chang mira su despacho y sus papeles sobre el escritorio, sin entender ni una sola letra de lo que acabo de citar. Al igual que la comprensión lectora en el país, su comprensión sobre la tarea educativa se encuentra en el último lugar.

MAS SOBRE EL TEMA:
Luis Jaime Cisneros: Las cinco mil becas
Mirko Lauer: Preguntas de un decano
León Thratemberg: Vanguardia Docente
Fernando Villarán: ¿Qué puede hacer el gobierno en los años que faltan?

PERREA, ALAN, PERREA

La falacia de “El Perro del Hortelano”

Luego de poner en el debate sus ideas sobre el subdesarrollo del país, el Presidente de la República ha presentado sus Recetas para acabar con el Perro del Hortelano, nuevo artículo en el que, sobre la base del diagnóstico presentado hace algunas semanas, intenta dar algunas soluciones a los problemas supuestamente encontrados en su análisis.

No comentaré cada una de las propuestas hechas por el Presidente – algunas buenas en sí, otras no tanto -, pero me queda claro que las soluciones dadas por García se ubican en el terreno administrativo y parlamentario, sin tomar en cuenta otro tipo de variables que vayan más allá del plano de los cambios legales.

Volvamos ahora al error de saque del binomio articulista de Alan: el diagnóstico. Como ya otros blogs lo han mencionado, García tiene un público claro – el empresariado peruano -, una idea obsesiva – que Gorriti ha bautizado bien como Inversiones García – y un pensamiento que resulta ser poco compatible con una economía de mercado en la que se hablan de productos con valor agregado, revolución educativa, respeto al medio ambiente, responsabilidad social empresarial y fortalecimiento institucional. De ello no hay nada en la analogía del Perro del Hortelano.

Buscando como responder, sin redundar, a la nueva ideología oficial del gobierno, me topé con el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, recién salidito de la imprenta. El Informe tiene como tema este año el cambio climático. Como me considero aún ignorante en la materia ambiental, quizás mi amigo Alberto de Belaúnde pueda explicarles mejor que yo lo concerniente a un tema que va a cambiar las vidas de todos en los próximos años.

Pero vayamos a las cifras del Informe, que quizás le muestren al Presidente donde es que realmente estamos parados y cuáles son nuestros problemas centrales. Para que tengamos las cosas claras, la medición del PNUD ha tomado en cuenta a 175 países. Los datos más reveladores son los siguientes:

Perú se encuentra a media tabla en el Índice de Desarrollo Humano: Estamos en el puesto 87, dentro los países con Desarrollo Humano Medio. Nuestra tendencia, felizmente, ha sido hacia el alza.
Nuestro nivel de gasto en salud es bajísimo: 235 dólares per cápita es nuestro estimado, muy por debajo incluso de los estándares medios.
– Una cifra que alerta sobre las desigualdades. Entre 2004 y 2005, en el sector más pobre, solo 34 de cada 100 partos fueron atendidos por personal sanitario especializado; en el sector más rico, los 100 partos tuvieron a un médico especialista para la atención. Quizás ello explique porque nuestra tasa de mortalidad materna es alta: 240 para cada 100,000 habitantes.
– En 1990, Perú invertía el 2.8% de su PBI en educación. Entre 2002 y 2005, la inversión es de 2.4%, incluso con Acuerdo Nacional mediante.
Gasto en inversión y desarrollo: 0.1% del PBI. Es decir, no damos valor agregado a lo que tenemos.
Seguimos siendo de los países más desiguales del mundo. De acuerdo al Coeficiente de Gini, nuestro índice de desigualdad de ingresos es de 52. Chile también tiene un índice parecido, pero, de acuerdo a un Estudio de la PUC de Chile, han encontrado el factor determinante de la movilidad social: la educación.

En suma, vemos que nuestros indicadores sociales nos reflejan claramente donde están las fallas: no contamos con servicios básicos de calidad, la desigualdad es bastante fuerte y nuestro nivel de desarrollo, a pesar del crecimiento, sigue siendo medio. ¿Culpa de un perro del hortelano espanta inversiones?

Particularmente pienso que no. Sin duda, es necesario atraer mayores inversiones. Pero también cabe recordar que no nos encontramos en 1990 y que las condiciones para los inversionistas no implican dejar de lado el pago de tributos, las cuestiones ambientales, la protección a los trabajadores y una institucionalidad más fuerte.

Si el gobierno no acompaña las medidas planteadas por Inversiones García con reformas sustanciales en los servicios básicos, aquellos que la población sigue sintiendo como escasos y deficientes, pues nos dará un grave presente griego: el camino hacia otro outsider, que sea más radical incluso que Ollanta Humala, dado que el país no consiguió ponerse en un camino de modernidad inclusiva.

Y es que creo que ese es el debate de fondo que el país se juega en los próximos años. Un gran sector del país ya siente los beneficios del crecimiento y puede defender sus derechos. Otro sector es tan poco ciudadano que es discriminado por el mero hecho de hablar una lengua distinta al castellano. El cambio responsable que García prometió al país debía enmarcarse justamente en la ruta de una modernización inclusiva y democrática. Desafortunadamente, sus analogías caninas parecen seguir enfatizando el gran mal del Perú y para el que Orwell encontró una analogía perfecta: Algunos animales son más iguales que otros.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Receta de García en la mira de ex jefes de Gabinete
Augusto Alvarez Rodrich: La receta presidencial
Salomón Lerner Febres: García debe decir como distribuirá la riqueza
El blog del Morsa: Hugo Neira: perro faldero
Menos Canas: El protagonista
Blogiarquía: Entre síndromes, recetas, perros del hortelano y autoritarismos
Mirko Lauer: El librito rojo del presidente García
Juan Carlos Valdivia: Más vale tarde que nunca

(Caricatura: Quino. Cortesía de La Hora del Pucho)

EL IDIOMA DE LA INCLUSION

Para la luz de estos tiempos

Hasta hace unos, aproximadamente, dos meses, dos imágenes se me venían a la mente cuando escuchaba la palabra lingüística. La primera: cualquiera de mis profesores de lenguaje armando el arbolito – no el de Néctar – con las partes de la oración. Ya saben: sujeto, objeto directo, núcleo, objeto indirecto, etc. La segunda: Martha Hildebrandt haciendo de aduanera del habla culta y enfrentándose a su colega María Sumire por la Ley de Lenguas. Y quizás muchos de ustedes, amigos lectores, tengan la misma impresión que yo.

Pero quizás sea hora de ver a la lingüística como una herramienta que no solo sirve para torturarnos con lo que debemos o no decir, como cierta congresista con poco criterio pretende hacernos creer. Ayer, luego de las últimas ponencias del VIII Diálogo de Estudiantes de Lingüística, pude comprobar que las humanidades pueden hacernos ver, de mejor manera, uno de los temas que en la campaña electoral fue de los más tocados y hoy parece haberse diluido en medio del quehacer cotidiano y las propuestas cada vez menos pensadas de Alan: la exclusión.

Uno de los datos que más me sorprendió saber es que cada dos semanas desaparece una lengua. Es decir, sale de la esfera humana no solo una forma de expresarnos, sino también una forma de ser y de sentir lo que somos como personas. Seguramente no faltará quien crea que el deceso idiomático sea tan natural como la muerte de una persona (ya me imagino a Aldo M mandándose un post, digo, un editorial en ese estilo). Pero mis lectores más acuciosos se darán cuenta que la extinción de una lengua se basa en que se dejó de usar porque no fue adecuadamente valorada por quienes hablan el idioma oficial.

Si los seres humanos, de acuerdo a lo que dice la Constitución, somos iguales, pues las lenguas que empleamos para expresar lo que pensamos o sentimos también deberían serlo. Sin embargo, ello no ocurre así en la realidad. ¿Por qué? Quizás la mejor respuesta sea la que me dio una muy buena amiga hace unas semanas: la funcionalidad lingüística. ¿Y eso como se come? Pues nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene un idioma de funcionar en distintos contextos, sobre todo, cuando nos encontramos ante el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Un ejemplo jurídico nos podrá ayudar a entender la complejidad, aunque no lo crean. Ubiquémonos en cualquier localidad de nuestra sierra, quizás pensemos en Chungui, una de las localidades más afectadas por el conflicto armado. Los pobladores de dicha localidad, en su mayoría quechuahablantes, seguramente tendrán algunos pocos servicios básicos. Imaginemos que tienen un juez de paz en la zona, que, dado que no es abogado, tiene la ventaja de poder entender los problemas de la comunidad y, claro, de hablar quechua. Pero claro, no todos los conflictos pueden ser resueltos por el Juez de Paz. Para algunos de los procesos penales por violaciones de los derechos humanos, nuestros amigos de Chungui tendrán que viajar para acudir a las audiencias, seguramente a Huamanga. Pero, a pesar de ser la capital de departamento – o justamente por ello -, les será difícil encontrar a algún empleado judicial que hable su mismo idioma, un abogado que también comprenda lo que dicen. Quizás por suerte lo logren encontrar, pero, sabiendo como es el sistema judicial peruano, el caso terminará en la Corte Suprema en Lima, con gastos mayores de desplazamiento y claro, con opciones tan remotas como la clasificación de Perú al mundial de ubicar a un juez que se exprese en quechua y menos aún un traductor, tenemos todas las desventajas para acceder a la justicia.

¿Qué nos demuestra esto? Que en el fondo los peruanos hemos hecho del castellano una lengua que ha terminado avasallando a las otras, porque quienes no hablan el idioma en el que me estoy expresando no cuentan con las mismas oportunidades de acceder a los servicios básicos que brinda el Estado. Revísate cualquier parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad para que veas que drámatico es esto, pues, en muchos casos, debido a esa distancia, se cometieron crímenes abominables. Y es que en el Perú hemos entendido la tolerancia como un simple ejercicio de ver al otro como diferente, pero no como igual a mi. No ha existido el Nos-Otros tan necesario para la convivencia humana. Quizás ello explique en mucho porque durante 20 años nos matamos entre peruanos.

¿Y qué soluciones nos hemos planteado? Pues una fue la tan discutida Ley de Lenguas propuesta por María Sumire o los Programas de Educación Intercultural y Multilingüe del Ministerio de Educación, propuestas ambas que tienen varias cuestiones destacables, pero que adolecen de tener aún una mirada que sigue mirando a las culturas e idiomas “no occidentales” como mera pieza de observación arqueológica – osea, sin contacto, tal como veía Eliane Karp a los pueblos indígenas – o tratando de adherirle todas las características del castellano, es decir, un lenguaje escrito que muchas de estas expresiones idiomáticas carecen, lo que no implica una falta de desarrollo de las mismas.

Y, con lo bien intencionadas que sean estas propuestas y con todo lo que se puede afinarlas, no son suficientes. Hace falta justamente que volvamos a mirar la gran lección de la elección del 2006. El país requiere de reformas institucionales para que exista una mayor y mejor presencia del Estado en todo su territorio, que deben tomar en cuenta las distintas realidades regionales y, claro, tener a los actores de cada parte de la patria participando en el proceso de elaboración de estas políticas, pues ellos serán los principales beneficiados. Desafortundamente, como sabemos, esa no es la prioridad ni en Palacio de Gobierno ni – y es triste decirlo – tampoco en la mayor parte de gobiernos regionales ni locales.

Sin embargo, no quiero terminar este post como habitualmente lo hago, con esa saludable cuota de pesimismo, indignación e ironía que caracterizan a este blog. Si me animé a mandarme todo este rollo es justamente porque ayer entendí que este tema de las desigualdades idiomáticas tiene, en el fondo, que ver con relaciones de poder. Y, cuando uno mira hacia atrás, ve que el gran tema de Desde el Tercer Piso ha sido ese: como las relaciones de poder actuales han configurado el país que tenemos y que todos tenemos la obligación de comenzar a ayudar a cambiar.

Ayer comprendí cuanto nos puede ayudar una especialidad que generalmente es ignorada o poco comprendida en nuestro medio para poder tener otra entrada a un tema que todos tenemos presente. Muchas veces los abogados tenemos el ombliguismo de creer que tenemos las soluciones a todos los problemas. Tal vez nos hace falta entender que, en el fondo, de los pequeños y hermosos arroyos nacen los grandes ríos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Nila Vigil: Revitalizacion lingüística: enseñanza de lengua indígena como segunda lengua.
Jorge Acurio: Verdades y Disparates
Virginia Zavala: Lenguas sí, hablantes no

MALAS NOTICIAS PARA LA JUSTICIA

Dice el viejo y conocido refran que la mujer del César no solo tiene que serlo sino parecerlo. Ese dicho popular parece no ser la premisa que prima en la actuación de nuestro poco reformado sistema de justicia. Varios eventos ocurridos esta semana me confirman dicha impresión.

Para comenzar, un nuevo escándalo se ha suscitado alrededor de la cuestionada Corte Superior de Justicia de Lima, que ha tenido tres presidentes en el último año. Su actual mandamás, César Vega Vega, conocido por sus vínculos con el aprismo tuvo, de acuerdo con La Ventana Indiscreta, una reunión con el ex presidente Alejandro Toledo en casa de Adam Pollack.

¿Otro caso Silva Vallejo? Pues eso es lo que parece. Más allá de las elucubraciones sobre el juicio a Lady Bardales – por cierto, a los amigos de LVI, ¿cuando demostrarán realmente que la escolta presidencial fue pareja del ex Presidente? – lo cierto es que sí hay algo raro, pero con relación a otro caso vinculado a Toledo. Según informa hoy Perú.21, en sus extraños cambios de jueces, Vega Vega reemplazó al juez del caso Miguel Toledo (el sobrino violador). El sobrino se vio beneficiado por una sentencia realmente benigna.

Si bien los elementos de juicio no pueden señalar contundentemente que en dicha reunión social donde coincidieron Toledo y Vega Vega se trató el tema, lo cierto es que la OCMA ya investiga lo ocurrido en ese ágape.

Pero el reino del espanto judicial no culmina allí. Ayer, el Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley de la Justicia Militar. A estas alturas, nadie está en contra de la existencia de la misma, pero sí que se sujete a determinados parámetros constitucionales que, por cierto, ya han sido reiterados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, como lo señala un informe del Instituto de Defensa Legal y un artículo de Samuel Abad en El Comercio, la norma repite las mismas inconstitucionalidades de siempre. Dejo con la palabra a Samuel, que lo explica mejor que yo:

La Comisión de Defensa del Congreso ha sometido al pleno un proyecto que sigue permitiendo que los jueces militares sean oficiales en actividad designados por el Ejecutivo, que carecen de la garantía de inamovilidad, y mantiene a la Fiscalía Militar en el seno del fuero militar. Dicho proyecto desconoce la sentencia del TC e insiste en un modelo declarado inconstitucional, pues conforme a la Constitución los jueces son designados por el Consejo de la Magistratura, tienen inamovilidad y solo existe un Ministerio Público.

Así, seguimos teniendo un modelo que no ofrece garantías de imparcialidad a los propios miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Peor aún, el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar ha pretendido vender la norma como la defensa ante los “caviares” que quiere acabar con la Justicia Militar, cuando las organizaciones a las que tacha con calificativos ictiológicos siempre han defendido su existencia en el marco de un Estado Constitucional y de acuerdo con lo señalado por la CERIAJUS. Mi pregunta es: ¿por qué seguir insistiendo con un modelo que ya ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por el TC? ¿Por qué el Congreso se empeña en seguir haciendo papelones jurídicos de marca mayor?

Pero los papelones llegaron también al Colegio de Abogados de Lima. Luego del frustrado intento de reforma estatutaria que vulneraba los propios requisitos del Estatuto de la Orden, la compañera Luz Aurea Saenz se presentará a la reelección.

Parece que la señora Saenz sigue ignorando que su gestión ha seguido el mismo rumbo que las anteriores: el gremio de los abogados ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Y en ello, la actual Decana es corresponsable, dado que no hace cambios para mejorar la pobre percepción y la desafortunada actuación de la mayor parte de mis futuros colegas frente a la administración de justicia.

Como vemos, todas las instancias que deben estar comprometidas en el cambio del sistema de justicia están imbuidas de los mismos defectos: poca vocación por la defensa de la Ley y la justicia, intereses personales, ignorancia y mediocridad. Quizás sea por eso que la reforma judicial sea una quimera y que, luego del 7 de diciembre, tenga que enfrentarme a un monstruo desbocado y no a un verdadero sistema de justicia.

EL VERDADERO PERRO DEL HORTELANO

Hace una semana, el Presidente de la República nos planteó, en un artículo publicado en El Comercio, su opinión sobre las personas y situaciones que nos impedirían el crecimiento. Bajo el título de El síndrome del Perro del Hortelano, el primer mandatario indica que la oposición a una economía basada en la mera extracción de riquezas constituye el principal lastre para mantener el crecimiento económico que durante casi 6 años viene manteniendo del país.

Desde mi punto de vista, el Presidente comete dos serios errores de concepto. El primero de ellos es seguir pensando que una economía que solo extrae materias primas es la única receta para salir del subdesarrollo. Se deja de ver que los países que mayor desarrollo han obtenido son aquellos que han dado mayor valor agregado a sus productos de exportación. Debe tenerse este punto en cuenta cuando estamos ad portas de la aprobación del TLC con Estados Unidos y se requieren de mecanismos para que los beneficios de dicho instrumento lleguen a todos los peruanos.

El segundo de ellos tiene que ver con la satanización que se hace de las preocupaciones ambientales. El Presidente cree que la oposición a una extracción intensiva de madera o minerales es oponerse al desarrollo. Lo que denota, más bien, es no conocer las preocupaciones mundiales por tener un desarrollo sostenible, que permita a los países seguir creciendo y brindando mayores servicios a sus ciudadanos, pero sin descuidar el impacto que tiene sobre el entorno social y natural.

El verdadero perro del hortelano no está en los supuestos opositores de la inversión, a los que el Presidente sataniza a lo largo de su artículo. Por el contrario, para que dicha inversión pueda ser bien aprovechada, bien distribuida y en condiciones que garanticen el respeto de los derechos fundamentales se requiere contar con instituciones sólidas, un Estado que verdaderamente funcione y que sepa gastar los ingresos provenientes de una mayor recaudación tributaria. Y ello se puede hacer en colaboración con la sociedad civil, desde la cual se tienen ideas creativas para participar en dicho esfuerzo, de carácter nacional.

Sin embargo, el año y medio transcurrido nos ha demostrado que en Palacio de Gobierno ésta no es la preocupación más importante. Por el contrario, todo intento de reforma institucional ha sido dejado de lado por esta administración y los problemas acontecidos durante este periodo nos han demostrado que justamente se requiere de una mayor y mejor presencia estatal en la regulación de determinadas áreas económicas, en la cobertura de servicios básicos, en el combate contra la corrupción y en la generación de capacidades para que cada ciudadano pueda labrar su propio destino. Y, además, todo intento de incursión de organizaciones no gubernamentales es convenientemente satanizado tanto por el propio gobierno como por cierto sector de la prensa que no muestra interés en las reformas de fondo.

Es allí donde se encuentra el verdadero perro del hortelano que nos impide crecer: la inexistencia de una vocación reformista, la satanización de quienes si la tienen y el mantenimiento de una precaria institucionalidad que, aunque nos permite seguir creciendo a tasas altas, no nos lleva a contar con mayor desarrollo y ciudadanía para todos los peruanos. Aun se está a tiempo de cambiar.

SOBRE EL SINDROME DEL PERRO DEL HORTELANO:
Editorial de El Comercio: ¿Cómo superar el síndrome del perro del hortelano?
Antonio Brack: Sobre el perro del hortelano
Modesto Montoya: Ciencia sin perro lazarillo
Daniel Córdova: ¿Un cambio de rumbo?
Francisco Sagasti: Tesis del Perro del Hortelano es una cantaleta
Jorge Bruce: El perro y su amo
Nelson Manrique: El perro del hortelano y el plato de lentejas
Sinesio López: En defensa del perro del hortelano
Agencia Perú: Debate entre Jorge Bruce y Gonzalo Prialé
Luis Solari: ¿De hortelanos a falderos?
Enrique Bernales: Potencialidades desperdiciadas
Marco Sifuentes: Alan García columnista
Luis Rey de Castro: Alan García, el caballo y el perro
Bloguiarquía: Alan y el hortelano
Roberto Bustamante: Alan García, jalado en redacción

ZARES, ZARINAS E INSTITUCIONES

La creación de la Oficina Nacional Anticorrupción – que reemplazará al Consejo de este tipo creado en el gobierno anterior – y el nombramiento de la proba jueza Carolina Lizarraga como jefa de esta institución vuelve a poner sobre la mesa dos temas: la lucha contra la corrupción y la necesidad de crear instituciones ad hoc en el Estado.

Por un lado, y a pesar de las críticas de los perúposibilistas, la ahora ex magistrada reune una trayectoria profesional intachable, por lo que la designación de esta persona no es desacertada.

Sin embargo, habría que preguntarnos sobre el diseño de la institución en sí. La Oficina Nacional Anticorrupción es, al igual que el Consejo al que reemplaza, una institución de carácter preventivo. Sin embargo, se le ha vendido como la respuesta natural a la serie de compras desacertadas que este gobierno ha hecho en los últimos meses. La ONA se encarga de vigilar que se cumplan con los estándares legales y éticos de la función pública y busca el desarrollo de medidas preventivas.

No es propiamente, como se le quiere vender, un “zar” (o “zarina” en este caso) anticorrupción, pero si puede ser una funcionaria que colabore con labores de más largo aliento en la lucha contra este flagelo, dado que podría orientar una política pública sobre la materia que atraviese a todos los sectores. Claro, si la dejan trabajar y no la sacan a la primera de bastos del puesto, cuando comience a detectar problemas en el gobierno. O tiene perfil bajo, como tuvo el CNA en tiempos de Alejandro Toledo.

El problema, como señala Rosa María Palacios, es que el gobierno no tiene credibilidad en este tema tanto por su pasado como por su presente y la creación de esta oficina va a hacer poco por aumentarla, incluso si funciona como debiera. Y es que depende del buen funcionamiento de las instituciones ejecutivas que ya tenemos – CONSUCODE, Contraloría General de la República, sistema de justicia – la modificación de malas prácticas como la las normas de excepción en las compras públicas, y de las autoridades políticas mandar a su casa a los funcionarios corruptos y/o incompetentes. La ONA funcionará para otro tipo de labores igualmente importantes, pero cuya repercusión recién se percibirá en 2 o 3 años.

Pero yo anadiría otro problema que tiene que ver con los mecanismos ad hoc de este tipo. Si no se tienen en claros sus objetivos – y no se explican a la población, para evitar generar falsas expectativas – y no se hacen las coordinaciones entre las instituciones vinculadas al tema, podríamos terminar teniendo otro FORSUR, en el que las disputas internas y la falta de colaboración complotan para el buen funcionamiento de una entidad necesaria.

Menudo reto el que le espera a Carolina Lizárraga. Pero también a un gobierno que, más allá de los lavados de cara, tiene que emprender acciones para enfrentar un problema que afecta a la economía, a la política y la convivencia civilizada en nuestro país.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Blog del Morsa: Carolina Lizárraga: la nueva zarina de la anticorrupción
Jorge Bruce: Urgente: Zar antinarcismo