MAJAZ: UNA VISION EN LA ZONA

Ayer, por motivos de trabajo, estuve en Chulucanas, zona relativamente cercana a donde se produce el conflicto minero vinculado a las operaciones de Minera Majaz y el proyecto Río Blanco. Asi que pude tener cierto contacto con dicha problemática, por lo que aquí van mis impresiones sobre el particular.

Desde que llegas a Piura, se respira la sensación de que el tema está muy presente. De hecho, apenas sales del aeropuerto, a las 3 cuadras, comienzas ver pintas en favor del Proyecto Río Blanco. Y en la carretera que une Piura y Chulucanas, puedes ver las mismas pintas, además de carteles puestos por la minera asegurando las bondades del proyecto.

Luego de la conversación que tuve con dirigentes de organizaciones sociales en Chulucanas, me quedaron algunas ideas bastante claras.

1. La Iglesía Católica de Chulucanas no es un cuco antiminero. De hecho, los propios representantes de la Diócesis me indicaron que su posición no está dentro del extremismo “minas sí o sí – minería ni aunque me paguen”. Por el contrario, buscan tener un rol facilitador del diálogo y, de hecho, han logrado legitimidad. En la reunión de la Mesa de Diálogo celebrada el lunes pusieron a la Diocesis como candidata a mediar. Lejos está Monseñor Daniel Turley de la caricatura que intentó montar Aldo Mariátegui.

2. El problema es mas complejo que la minería: De hecho, lo que más preocupa en la zona es la serie de diferencias violentas que se producen entre los partidarios de minería y antiminería. Ello puede dañar en un futuro cercano el tejido social y es allí donde se busca hacer la mayor incidencia: en que la población tenga un proyecto común, haya o no proyecto Río Blanco y aprenda a convivir en la diferencia.

3. El caso de la minería artesanal informal y Tambogrande: Hace unos meses, Marco Sifuentes se mandó con un post sobre el daño que estaría generando la minería artesanal informal a Tambogrande, luego de que se rechazara el polémico proyecto de Minera Manhattan. Aprovechando dicha información, el gobierno señaló que esto era causa directa de la oposición a la minería, ya que la gente seguía siendo pobre. Habría que matizar dicha afirmación de Jorgito y decir que si la agricultura no ha tenido el efecto querido en el crecimiento se debe, fundamentalmente, a que los pocos proyectos de desarrollo que hay en la región no son tomados en cuenta por las autoridades regionales, que ha hecho de los Presupuestos Participativos poco menos que una formalidad.

4. La gente no confía en el Gobierno: Es más, me atrevería a decir que confían más incluso en los dueños de Majaz – que ahora son chinos – y quienes han dicho que no tienen mucho apuro en comenzar un proyecto que no tiene, por el momento, el apoyo mayoritario de la población. La impresión que se tiene es que el Gobierno apuesta, sí o sí, a mantener el crecimiento económico basado en la mera extracción de recursos naturales, antes que apostar por productos con valor agregado. Muestra de ello, por supuesto, el comentadísimo artículo de El Perro del Hortelano escrito por el excelentísimo señor Presidente de la República. Y claro, están conscientes de que le quieren endilgar a la empresa privada lo que le compete hacer al Estado.

5. Se reclama una urgente planificación del desarrollo de la región: Si una palabra pude escuchar más fue esa. Si, ya se que a nuestros “liberales” no les gusta, ya que les recuerda a los planes quinquenales de la URSS, pero cualquier empresa privada tiene metas y caminos a trazar y el Estado no puede ser la excepción. La región Piura – y todas las demás – requiere de un plan de desarrollo y de planificación territorial. Lo reclaman a gritos.

Sin duda, esta mañana llegué de Piura con una visión más completa de lo que ocurre con el problema con Majaz. Sin duda, ver el tema en la zona te permite tener una mirada distinta que la que podemos tener desde Lima. Lo que no cambian son las convicciones: la inversión privada es necesaria, pero no a cualquier costo.

MAJAZ: UN PLEITO DE ESTOS TIEMPOS

Cada cierto tiempo, cuando sale una nueva noticia sobre el ya endémico conflicto entre minería y comunidades, me viene a la mente la siguiente idea:

La minería es, sin duda, una de las actividades que ha sostenido el crecimiento económico tan bueno que hemos tenido en estos años, producto de los buenos precios internacionales, pero también de los proyectos de inversión impulsados por el capital privado. ¿Es necesaria esta inversión para generar desarrollo? Por supuesto que sí.

¿Pero es necesario ser totalmente condescendiente con el capital y permitir que cualquier tipo de inversionista venga? Creo que no. El mundo viene exigiendo cada vez más estándares de calidad, de respeto al medio ambiente y de responsabilidad social empresarial a las empresas. Las mineras no están exentas de dichas exigencias.

El nuevo capítulo de esta pugna se llama Proyecto Río Blanco, conocido también como Majaz. Se trata de un proyecto minero que quiere explotarse en el departamento de Piura, con la oposición de las comunidades agrícolas de la zona, que se consideran afectadas por el inicio de estas actividades. Los enfrentamientos entre ambos bandos han llegado hasta niveles de violencia que cobraron vidas humanas.

Son tres los problemas centrales que se enfrentan: el primero: si es que las comunidades pueden decidir cuales son las actividades económicas que se pueden desarrollar en la zona, a semejanza de lo ocurrido en Tambogrande; el segundo, si es que es compatible la convivencia entre minería y agricultura en la zona; el tercero, de optarse por la minería, cuáles serían las condiciones de explotación y beneficios que se tendría con el Proyecto Río Blanco.

La situación se ha complicado por dos hechos. El primero, es que Monterrico Minerals, la empresa que quiere invertir en minería, ha sido comprada por capitales chinos, lo que a muchos les recuerda lo que fue la pésima privatización de Hierro Perú, vendida a Shougang.

El segundo, que ha ocupado las portadas de los diarios, es la realización de una consulta popular convocada por los alcaldes de los tres distritos aledaños al proyecto, votación que no ha sido avalada por las autoridades electorales. El gobierno tardíamente acude a la zona, los alcaldes no quieren dialogar, los medios de comunicación dividen sus opiniones entre quienes están a favor de la consulta y los pro mineros a ultranza. En suma, un despelote que no augura nada bueno.

¿Qué hacer? Dejo en esto la palabra a Tanaka:

¿Qué hacer? Primero, es necesaria la información, la consulta y la participación de los vecinos en la toma de decisiones. Segundo, esto no es suficiente, porque siempre habrá algunos a favor y otros en contra: es necesario que en este debate se tome en cuenta los intereses de los afectados y también el “bien común”, y este debate es eminentemente político (debate sobre desarrollo local). Tercero, este debate debe expresarse en criterios de zonificación y desarrollo urbano transparentes (ordenamiento territorial; no es mina sí o no, sino en qué condiciones). Cuarto, debe haber una autoridad (ambiental) capaz de dirimir disputas, velar por el establecimiento de compensaciones adecuadas para los afectados, por el cumplimiento de los acuerdos, y capaz de imponer sanciones, drásticas, de ser necesario. Se necesita otra institucionalidad estatal.

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