ALAN GARCIA Y UN COMBINADO CON SABOR A LANGOY

Nota preliminar: Desde hace unas semanas estoy escribiendo una columna en el portal Prensa Peruana.com, página liderada por Willie Vásquez (a.k.a. el Paki) y que viene siendo un importante esfuerzo por hacer prensa seria y bien hecha desde Internet. Esta fue la razón principal por la que me animé a participar en esta experiencia. Esta es la columna correspondiente a esta semana, que se explica por si misma. Disfrútenla y también leánla en Prensa Peruana.com.

Revisando algo sobre historia de los chifas en el Perú, me topé con el langoy, que no es otra cosa que la mezcla de las sobras de los clientes para revenderlas a los consumidores de más bajos recursos. Quizás lo más cercano que vemos ahora en un restaurante de este tipo es el famoso combinado, que ya no se hace a base de sobras, sino que termina siendo uno de los platos favoritos de muchos (me incluyo). Pero, dependiendo del cocinero y de la limpieza del establecimiento, hay combinados que parecen langoy, por el sabor y el olor que tienen.

Algo de este tipo de toques culinarios se encuentra en las actitudes recientes del Presidente de la República en torno a los derechos humanos, que han coincidido con su antes, durante y después de su gira asiática, en especial, su visita a China.

De un lado, en una noticia que ha debido merecer mayor atención, Alan García despidió al secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, por no estar de acuerdo con las investigaciones que este funcionario estaba haciendo sobre el caso del empresario Baruch Ivcher, en referencia a la aparición de su pasaporte israelí y a su intención de no pagar 54 millones de soles en impuestos.

A García no le importó que su funcionario fuera diligente, que quisiera salvaguardar los intereses del Estado y menos aún que fuera militante aprista desde hace más de 30 años. Prefirió que el canal de Ivcher no lo toque, pues teme que su popularidad baje aún más con los problemas económicos que todos comenzamos a sentir o con los indicios de corrupción que aparecen de cuando en cuando. La subordinación a los intereses de un empresario que hizo de una causa que muchos consideramos justa un tributo al mercenariazgo dice mucho de un gobierno que tiene como guías a la billetera, la cortina de humo y la falta de escrúpulos.

Sino, no se explicaría porque el reemplazo de Salgado es un abogado cuestionado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y hasta por los propios apristas, cuestión que agria más las relaciones entre estos organismos y el gobierno, que están casi al borde de la ruptura.

Pero García no se ha quedado tranquilo con ese despido y ha pasado a una defensa de la política de China Popular que ni siquiera el más fanático de los sinólogos – o el más cínico de nuestros analistas políticos – se atrevería a hacer. Luego de comer su galleta de la fortuna y su wantan frito, Alan menospreció todas las acusaciones que se han hecho sobre la represión a las manifestaciones que los monjes budistas del Tibet han hecho pidiendo respeto a su autonomía, o la situación de los periodistas y bloggers presos por decir lo que piensan en un país donde el pensamiento único – Gustavo Gorriti dixit – parece ser el “marxismo – leninismo – maoísmo – pensamiento Von Hayek” y al que nuestro presidente, cada vez más parecido a las estatuas de Buda de Capón, alaba cada vez que puede.

El Presidente dijo esto en China y se ha encargado de adornarlo aún más en un artículo que bien podría haberse titulado “el perro del hortelano son ahora los defensores de los derechos humanos”. Bajo el pretexto de una supuesta conspiración internacional de intereses económicos para hacer sabotaje a los próximos Juegos Olímpicos, García ha descartado declaraciones de personas que tienen poco de “caviares” como Steven Spielberg o de comunistas, como los miembros de Reporteros Sin Fronteras. Para él, lo que importa es firmar su TLC con China, que venga la plata y amparar violaciones de derechos fundamentales bajo una dosis de relativismo cultural que no veía desde los tiempos de Fernando de Tragzegnies en la cancillería peruana. Casi tan descarado como Juan Luis Cipriani criticando al Centro Carter en las fraudulentas elecciones del 2000, cuando señaló que lo único que quería de los Estados Unidos era su dinero.

Resulta curioso y lamentable como la imagen del Presidente de la República se ha desfigurado y no lo digo por los efectos que el sobrepeso genera. Los peruanos elegimos a un presidente que debía hacer cambios sociales para reducir las brechas que la exclusión ha generado en nuestro país, reformas que debían hacerse en democracia. Hoy tenemos a un gobernante aconchavado con lo más conservador del empresariado, de los poderes fácticos y de la prensa, sin vocación de reformar nada y con un menosprecio por la institucionalidad cada vez más clamoroso.

Sin duda, una fórmula que nos va a dejar una fuerte indigestión el 28 de julio de 2011.

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Utero de Marita: Abugattas denuncia interferencia del gobierno chino en Perú
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INSEGURIDAD CIUDADANA

Las últimas protestas violentas ocurridas en el país durante la semana pasada han puesto en evidencia que el gobierno, además de no tener una política eficiente para el manejo de conflictos, no cuenta con medios adecuados para asegurar la seguridad de todos los peruanos.

Independientemente de quien haya causado la muerte de cuatro personas durante dichas manifestaciones – en particular, los dos campesinos fallecidos en Ayacucho – lo cierto es que la Policía Nacional no ha sido capaz de controlar el uso de la fuerza, sea de sus propios miembros, sea de quienes el Ministro del Interior sindica como las personas que cometieron los asesinatos. Peor aún, la existencia de dos informes contradictorios de la propia PNP hace difícil establecer con claridad que fue lo que realmente pasó, con todos los perjuicios que ello conlleva.

¿Qué nos indica esto? Que no contamos con una Policía suficientemente organizada para afrontar lo que van a ser una serie de protestas sociales, sea por el tema de las cumbres internacionales o por los problemas existentes en el país. Y ello tiene que ver con la ausencia de una reforma policial consistente y que no ha sido retomada luego de los impulsos iniciales a inicios de esta década.

Peor aún, la ausencia de un liderazgo claro en el Ministerio del Interior nos demuestra a las claras que el capricho presidencial al mantener a Luis Alva Castro viene causando efectos perjudiciales. Y no solo se trata de la muerte de ciudadanos, sino de la falta de estrategia para afrontar la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso – y, sobre todo, la carencia de apoyo real, como lo señaló un reciente artículo de Gustavo Gorriti en Caretas – o los temas de gestión referidos a la compra de patrulleros o al manejo de nombramientos dentro de un sector bastante caliente.

En un país tan poco institucionalizado como el Perú, lo que hagan las personas que se encuentran a cargo de puestos de relevancia determina finalmente cual es el destino real de las políticas públicas. Lamentablemente, cuando una persona que no se destaca por su competencia está al frente de estas instituciones, termina perjudicando tanto al gobierno al que dice servir como a un país que requiere que el orden se imponga, con respeto a los derechos humanos y con inteligencia.

(Artículo aparecido originalmente en Prensaperuana.com)

MAS SOBRE EL TEMA:
Fernando Rospigliosi: ¿País ingobernable?

PROTESTAS Y PROPUESTAS

Desmadre. Así podría resumirse con una palabra lo ocurrido a inicios de semana en el interior del país, con el paro agrario y sus consecuencias en términos de pérdida de vidas humanas.

Tres cosas quedan meridianamente claras.

La primera, como hay que reiterarlo cada cierto tiempo en el país, es que la violencia no es el camino para procesar las demandas sociales. Lamentablemente, entre infiltados, radicales que pretenden ganar a río revuelto y el propio calor de la protesta, terminamos con hechos violentos que me hacen pensar hasta que punto el país no ha sabido procesar las secuelas del conflicto armado interno, lo que replica en un punto central: no sabemos procesar nuestros conflictos sociales de manera pacífica.

Ello, por cierto, se da en un contexto en el que la intermediación política a través de los partidos es escasa en provincias. De hecho, cuando se habla de partidos, no debiera verse las firmas obtenidas para inscribirse, sino su real capacidad de recoger las demandas ciudadanas y de presencia efectiva en cada región. Hasta el dia de hoy, los partidos, incluyendo al APRA, no han sabido estar a la altura de dicha circunstancia. Y de hecho, me parece estar escuchándome a mi mismo en el año 2002 o 2003 cuando me refiero a este tema.

La segunda es la carencia de una política agraria inclusiva en el país. A estas alturas, nadie recuerda porque se produjo el paro y hay que traer a la memoria dichas razones: no modificar la Ley de Aguas, tener mejores compensaciones frente a los efectos del TLC con Estados Unidos y solucionar el tema de los fertilizantes.

Roberto Bustamante, Santiago Pedraglio y Fernando Eguren han coincidido en que la gestión del Ministro Ismael Benavides y del Presidente de la República en el tema agrario se acerca al esquema exportador, dejando de lado a los pequeños agricultores o a quienes se dedican a cultivos de subsistencia. Cuestión poco inteligente, a mi modo de ver, ya que son estos agricultores quienes soportaron lo peor del conflicto armado interno y, además, cuentan con la menor presencia del Estado.

Tan preocupante es el panorama que incluso Caretas, medio cercano en varios temas a la actual gestión gubernamental, señala:

A pesar de las señales positivas, el sector todavía no parece invitado a la fiesta en la que otros se divierten de lo lindo. Un buen ejemplo es la importación de bienes de capital estimulada por la rebaja total de aranceles. Mientras que rubros como las Manufacturas, Transportes y Telecomunicaciones se dispararon en el 2007 con cifras que en los últimos dos casos bordean los US$ 1,000 millones, la importación de bienes de capital en Agricultura se incrementó apenas de US$ 45 millones a US$ 70 millones en los últimos dos años. A ello se le añade la inflación de provincias, según varios expertos desestimada en las mediciones. Así se calcula mejor la temperatura que, de tanto calentarse, dejó el lamentable saldo de los últimos días.

Y un tercer componente tiene que ver con la inadecuada respuesta del Estado. A estas alturas, sigue quedando claro que el cargo le queda grande a Luis Alva Castro. El hecho de que se han registrado disparos por la espalda en dos de las personas que fallecieron nos da una idea de que no se han respetado los protocolos de actuación policial en respeto a los derechos humanos. También es claro que no se tenian los policías suficientes para controlar la seguridad en las carreteras – una amiga mía estuvo varada durante todo el lunes, con el consiguiente peligro que pasó durante esas horas – y, mientras tanto, el Ministro se divertía con los patrulleros.

Pero en la cuestión policial no solo quedan los yerros del Gobierno. Ayer Alan se mandó un discurso destinado a echar más gasolina al fuego y en el que quedó claro que no quiere ningún tipo de disenso hacia sus políticas, medidas o palabras. En otras palabras, en lugar de colaborar con un clima pacífico, se pretende seguir abonando a la tesis del “perro del hortelano”.

Como que hace falta agua fría para controlar algunas temperaturas sociales en el país.

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Susana Villaràn: ¿Cuàntos muertos faltan?
Fernando Vivas: Mejora tu lucha
Utero de Marita: Alan recargado
El Blog del Morsa: El Comercio y el paro agrario
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Menoscanas: Reclamos habituales
El Paki: Algunos apuntes sobre el paro agrario

MARCHA CONTRA LAS FARC: UNA EVALUACION

Me ha sorprendido gratamente el éxito que ha tenido la movilización mundial contra las FARC, rechazando los actos vulneratorios de los derechos humanos que esta organización ha cometido y sigue perpetrando, en particular, en lo que se refiere a la gran cantidad de personas que mantienen secuestradas durante varios años.

Sin duda, esto constituye un mensaje claro para los miembros de esta organización, quienes aún consideraban que gozaban de un respaldo para su supuesta causa en favor de la justicia social. A estas alturas, seguir pretendiendo que la violencia es un medio adecuado para resolver los problemas refleja no entender lo que sucede en el mundo.

Pero la protesta ha evidenciado también los límites y crisis de algunas organizaciones, tanto en Bogota como en Lima.

Mi amigo Eduardo Dargent, quien se encuentra en Colombia, ha relatado como se produjo la manifestación en Bogotá y como reaccionó el Polo Democrático, la principal agrupación opositora a Álvaro Uribe. Copio uno de sus párrafos:

Sin embargo, a raíz de la marcha, entraron en unas discusiones bizantinas sobre si había que marchar o no que fueron de caricatura (ojo, no digo bizantinas por el tema de la convocatoria, que creo sí debia discutirse, sino por la pésima impresión que creo dejaron). Cuestionaban que la forma en que se convocó la marcha terminaba apoyando a Uribe y a la opción belicista. Además, señalaban que se centraba la violencia en las FARC y no se incluía otros tipos de violencia tan o más dañinas.

El Polo se equivocó de cabo a rabo. Apoyar la marcha contra las FARC no significaba avalar los tratos de Uribe con los paramilitares o las acciones del Ejército colombiano que hayan vulnerado derechos humanos. Participar en la misma – hicieron una movilización paralela – no solo les hubiera otorgado el favor de una población cansada de la violencia, sino que, en términos meramente políticos, les hubiera permitido descolocar a Uribe y tener mayores argumentos para criticar los límites de su plan de pacificación para Colombia.

Aquí en Lima, algunos la supieron ver y otros no. Alan García supo montarse sobre la ola – de manera legítima, pues también es muy cercano a Colombia – y se anotó un gol apoyando la protesta. Claro, si ese mismo entusiasmo lo tuviera para saldar las cuentas del conflicto interno, otro sería el país y otra sería mi percepción sobre Alan.

Quienes no la supieron ver son mis amigos de las organizaciones de derechos humanos. Marco Sifuentes ha citado las declaraciones de Miguel Jugo y Francisco Soberón para justificar la ausencia, las cuales, por cierto, han sido aprovechadas convenientemente por Rafael Rey.

No creo que exista, como señala el Ministro de la Producción, una complicidad con las FARC o el marxismo. De haberla, los chicos de la Coordinadora no se mandarían con un comunicado como este:

SENTENCIA HISTÓRICA CONTRA ABIMAEL GUZMÁN

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) saluda la ratificación de sentencia a cadena perpetua impuesta contra Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre, responsables de la masacre de Lucanamarca que acabó con la vida de 69 pobladores. Así mismo respaldamos la máxima pena de cárcel impuesta por la Segunda Sala Penal Transitoria a las líderes terroristas Laura Zambrano y María Pantoja, autoras y responsables de execrables crímenes de lesa humanidad en agravio de miles de peruanos y peruanas.

Si la CNDDHH fuera “pro terruca” como dicen sus enemigos, ¿haría un comunicado de este tipo?

Lo que si ha existido y de modo claro, es una falta de cálculo y, también, algo de desinterés por esta movilización. Quien deseaba ir se podía enterar por diversos medios: los diarios, la televisión, la radio, los blogs – de hecho, aquí informamos sobre la realización de esta actividad – y del Facebook (donde se inició esta movilización). Y cualquiera que sigue la prensa peruana sabe que hay lobos dispuestos a hacer piñata a la Coordinadora por quitame estas pajas. ¿No calcularon ese efecto?

Sin duda, en Lima y en Bogotá deberán hacer una severa autocrítica.

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ANDINA: Aprodeh emite comunicado solidarizándose con Colombia
Editorial de El Comercio: Terrorismo disfrazado de insurgencia
El Fondo del Vaso: ¿Por qué las ONG no marcharon en la protesta contra las FARC?
Blogiarquía: Las FARC y el 4 de febrero
Cuaderno de Borrador: ¿Por qué no más FARC?
Habla Sonia Luz: Millones de Voces

POR UNA COLOMBIA SIN FARC

Gracias a mis amigos Eduardo Dargent y Alberto de Belaúnde, me entero de esta convocatoria, que transmito a continuación:

La Embajada de Colombia en Lima, como facilitadora en la unificación de esfuerzos y acciones que se han generado para marchar el próximo 4 de febrero, en solidaridad con la causa del grupo UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS FARC, convoca a la colonia colombiana en el Perú, a los amigos de Colombia, a los medios de comunicación y a todo el país a:

LA MARCHA QUE SE REALIZARÁ EL 4 DE FEBRERO A LAS 11 A .M.
SALIENDO DE LA PLAZA BOLIVAR (frente al Congreso), PASANDO POR LA PLAZA DE ARMAS PARA TERMINAR EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO

Se agradece usar vestimenta de color blanco

La convocatoria llega en un momento oportuno, pues el chavismo y los sectores más cavernarios de nuestra izquierda no llaman a los actos de las FARC como lo que son: violaciones de los derechos humanos.

Solidarizarnos con el drama que ocurre en Colombia no es poca cosa. Nosotros sabemos lo que es enfrentar a quienes piensan que desde la violencia y el autoritarismo se puede ganar el poder y sojuzgar a los demás. Pues no hay causa alguna que avale matar o secuestrar a alguien.

Ya saben, este lunes en el Centro.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: ¿Las FARC no son terroristas?
Real Politik: Un millón de voces contra las FARC
La Columna de Tobi: Las FARC ¿terroristas? ¿fuerza beligerante?
Blogiarquía: Las FARC y la indecisión de la vieja izquierda

ACLARANDO POSICIONES

En este blog y en el de Marco Sifuentes, se ha desatado un debate acerca de las detenciones de los dirigentes del SUTEP y del ex parlamentario Javier Diez Canseco. El debate no solo ha comprendido el hecho de las detenciones en sí – a esta hora, varios de los ayer retenidos, incluyendo a Diez Canseco, han recuperado su libertad – sino también sobre las protestas sociales, las posiciones de izquierda y derecha, Ollanta Humala y las posiciones frente al gobierno de Alan García.

Por ello, creo que es necesario aclarar algunos puntos sobre mi posición personal sobre todos estos temas.

Sobre el tema coyuntural que motivó el comentario de ayer, luego de ver las imágenes en los dos programas de las 11 de la noche, debo señalar algunas cosas.

Por un lado, la marcha de ayer no era autorizada y, por tanto, se tenía el perfecto derecho de impedir el desorden del tránsito en la ciudad. Ello no implica que apruebe los golpes y patadas que miembros de la Policía dieron a los dirigentes del SUTEP. El respeto a la ley y a los derechos de los demás, que las fuerzas del orden deben garantizar, no implica que la autoridad tenga carta blanca para abusar de su poder.

Por otro lado, en el caso de Javier Diez Canseco, no se ha podido ver una agresión de su parte, pero si un forcejeo en que teníamos a 10 policías rodeándolo. Ratifico mi opinión de ayer, en que creo que su detención fue arbitraria.

Creo en el legítimo derecho que tiene la gente a protestar por aquello que le parece injusto. Pero ese derecho, como todos, tiene un límite claro: los derechos de los demás. Los bloqueos de carreteras son una modalidad penalizada por la ley y, por tanto, aquellos que los practiquen o los azuzen como medio de protesta deben ser sancionados. Es un mínimo de orden que un país civilizado, como el que pretendemos construir, debe mantener para canalizar lo que, en muchos casos, son demandas plenamente justificadas.

En el caso particular de la huelga magisterial, hay que separar dos cosas. Por un lado, una Ley de Carrera Pública Magisterial que, luego de revisarla exhaustivamente, resulta ser adecuada para dos objetivos claros: mejorar la calidad de vida de los profesores – quienes se encuentran mal pagados y con condiciones de trabajo que francamente son inaceptables – y tener reglas claras en el ingreso y salida de los profesores, estableciendo criterios claros de evaluación. Quizás hay aspectos de la Ley que puedan mejorarse, pero la norma, en términos generales resulta siendo adecuada.

Por otro lado, el gobierno erró tremendamente al vender una norma solo como una ley de despidos, haciendo eco de lo que los aúlicos de una derecha cavernaria quieren conseguir: que cualquier resquicio de izquierda o afectación de lo que consideran sus intereses particulares desaparezca. Basta leer los editoriales de Expreso o las columnas de Aldo Mariátegui para notar el odio que destilan frente a todo aquel que piensa distinto a ellos.

Lamentablemente, eso también pasa en el lado zurdo más radical y varios de los comentarios a los blogs antes mencionados van en esa línea. Como se mencionó como réplica a estos comentarios, ocurre la siguiente ecuación:
Zurdos:
JDC = bueno
todo lo que él critica = malo
Derecha extremis:
JDC = malo
arrestarlo = bueno
Opositores a Alan:
el gobierno = malo
todo lo que se oponga a él = bueno

Esto, en todas partes del mundo, se llama maniqueismo y, como análisis político resulta siendo realmente pobre, pues no permite ver que los procesos políticos, sociales y económicos, como todo en la vida, son mucho más complejos de lo que el simple blanco – negro nos hace aparecer.

Con respecto a la izquierda, recuerdo un post que hice en plena campaña electoral llamado Esquizofrenia Zurda. En él analizaba como los tres grupos políticos que se presentaban con banderas de izquierda tenían diferentes banderas y signos. Los radicales que seguían teniendo un programa al estilo Oxigeno (es decir, full década de los 80’s), los democráticos y modernos que habían comprendido las bondades de la democracia y el mercado pero que seguían aspirando al cambio social y a la consolidación de los derechos humanos (lo que yo llamo, más bien, liberales de izquierda) y aquellos, como Javier Diez Canseco, que eran los que padecían realmente de esquizofrenia, pues no sabían si seguir cantando “Hasta Siempre Comandante”, aplaudir a Chavez y auparse a Humala, o si ir por el camino que la izquierda chilena – incluso la más radical – u otros países en la región han seguido.

Lo que critico en personas como Diez Canseco no es su trayectoria moral, tanto en lo público como en lo privado, sino que terminen aplaudiendo a dictadores como Fidel Castro, Hugo Chávez o a aprendices de tiranos como Ollanta Humala. Y es que, como lo conversaba con varias personas en estas horas, esta parte de la izquierda peruana construyó una utopía sobre la transformación social que era muy valiosa en muchos casos, dada la pobreza y la marginalidad subsistentes en nuestro país, pero que olvidaba que sin democracia y sin legalidad cualquier cambio es efímero, pues dura lo que el voluntarismo del gobierno de turno propone y puede terminarse vulnerando las libertades en nombre de una supuesta utopía igualitaria.

Y sobre Humala, me remito a un comentario previo a la segunda vuelta electoral:

Como toda persona que desconoce que la separación de poderes y funciones es consustancial a la democracia y a cualquier Estado que pretenda funcionar de manera adecuada, Humala nos vende la idea de que él y sólo él podrá encabezar una “gran transformación”, que con su mera voluntad se bajarán los combustibles al 30%, que por su mera imposición cambiará las reglas de juego, tanto las de la Constitución como los de los contratos de concesión, que por ser él quien lo decrete “nacionalizará” actividades económicas, sin precisarnos aún que es lo que ese vocablo, que tanto nos evoca a Juan Velasco Alvarado, significa.

Su impronta militar y su formación familiar hacen que Ollanta sea poco proclive a consensos y entendimientos, lo que es pernicioso para cualquier sistema democrático, en la que la voz de las minorías debe respetarse y en la que los acuerdos políticos – ojo, no las componendas – deben primar en los temas importantes.

No puedo votar por Humala, en suma, porque veo en él, nuevamente, la perversión de la política y la economía, aplicando una receta económica ya fracasada y con una vocación por la impunidad.

Ciertamente, el gobierno de Alan García ha cometido serios errores, sobre todo, en lo que respecta al campo de la institucionalidad, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y ha sido incapaz de generar consensos e improductivo para atender a los sectores que no votaron por él, aunque debe reconocerse que ha sabido mantener la estabilidad económica y tener algunas medidas puntuales que considero acertadas. La encuesta nacional de la PUCP, realizada a un año de mandato, confirma un bajón significativo en la popularidad del mandatario, que ya había sido registrado por la Universidad de Lima.

Pero a pesar de los errores, groserías, exhuabruptos y tensiones con el Presidente y las abiertas discrepancias que este espacio mantiene con su persona, no estamos a favor de cualquier interrupción del mandato constitucional o de intentos claros de sacarlo del poder. Eso sí, este blog seguirá estando alerta sobre aquellos actos que merezcan nuestra atención sobre la conducta del Gobierno en general, lo que no quiere decir que la oposición no deba ser criticada, tan o más que quien está en Palacio de Gobierno.

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El Comercio: Ministro de Economía admite que la mejora no llega a todos los sectores del país.
Perú.21: En Trujillo, manifestantes intentan a acercarse a Alan
Fernando Obregón: La izquierda en el Perú. Ni calco ni copia, solo creación heroíca.
Y demostrando que no aprenden, congresista aprista Edgar Nuñez ataca a Defensora del Pueblo a través de El Peruano.

COMPLOTITIS AGUDA

El Gobierno no sabe manejar los conflictos sociales

Penosa realidad la que le toca comprobar al gobierno de Alan García, supuestamente más “ducho” que el de su antecesor para manejar las protestas sociales.

Lejos de comprender los motivos que motivan la protesta social, la satanizan, a través de sus voceros oficiales y mediáticos, convirtiéndola en un “complot” donde estarían coludidos perro, pericote y gato: humalistas, terroristas, “caviares”, acciopopulistas, cocaleros, comunistas y onegeístas. Solo faltaban la KGB, Al Qaeda y el SENHAMI para conformar el escuadrón “antiinversión”.

El gobierno no termina de entender – como tampoco lo hace el empresariado, que habla de “ruido político” – que las protestas sociales son un ejercicio normal de la democracia y que en un país como el Perú, con reformas sociales y políticas pendientes por hacer, es parte del paisaje común el descontento que, lamentablemente, no se ve canalizado por los partidos políticos o actores sociales más sólidos.

Claro, a favor de la satanización abonan en mucho los discursos radicales – más tribuneros que otra cosa – de los dirigentes de estas protestas, como los bloqueos de carretera y perturbaciones al orden público que caracterizan a muchas de estas manifestaciones. Quizás los azuzadores del fuego debieran pensar un poco como esta “radicalización” abona más a deslegitimar su presencia y las demandas que pueden ser legítimas antes que en hacerles caso.

No tenemos canales institucionales de diálogo. Con todo el esfuerzo que hace Jorge del Castillo y su equipo de la PCM, no contamos con un equipo de previsión de conflictos sociales – tarea en la que el Ministro del Interior tendría algo que decir – que pueda anticipar posibles focos de protesta. Los datos que la Defensoría del Pueblo regularmente publica en su portal electrónico sobre conflictos sociales tampoco son tomados en cuenta.

Pero también le cabe una responsabilidad a los gobiernos regionales. Más allá de la demora en las transferencias de competencias y recursos prometidos por el Gobierno Central, es necesario que los Presidentes Regionales se conviertan en agentes políticos que canalicen la protesta o que puedan servir, dada su cercanía a los problemas de sus pobladores, en facilitadores del diálogo y, a medida que tengan las competencias y recursos, en quienes finalmente resuelvan los problemas y demandas de los reclamantes.

Lo importante es que los reclamos sean canalizados por vía pacífica y no sean satanizados. Años de conflicto armado interno debieron hacernos entender esto, pero con un gobierno convertido en la oficina de relaciones públicas de la CONFIEP, parece que tardará tiempo en lograrse un cambio de actitud.

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