El periodismo y Odebrecht (Segunda parte)

Durante esta semana, en redes sociales se ha discutido ampliamente sobre los vínculos que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht con periodistas y comunicadores durante los últimos años. En este debate intervinimos el martes con un post en este espacio. Este debate ha tenido matices de todo tipo, así como, por cierto, el uso de la información para darle de alma al rival ideológico de turno y, claro está, para intentar bajar la llanta a los medios que vienen investigando sobre el caso Lava Jato.

A continuación, algunas reflexiones finales sobre algunos de los tópicos discutidos en esta semana.

(Foto: IPYS)

EL CASO IPYS

Como ya es conocido, Odebrecht donó una suma importante de dinero al Instituto Prensa y Sociedad para la realización de la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo. El contrato se rescindió en 2015 de mutuo acuerdo entre las partes, una vez que se conoció la magnitud del involucramiento de la constructora en los casos de corrupción investigados en su país y que también comprenden a funcionarios peruanos.

Esta semana, Gustavo Gorriti y Augusto Álvarez Rodrich, expresidente y actual presidente del IPYS respectivamente, escribieron columnas de opinión en torno al caso. A diferencia de quienes han querido ver oposición entre ellas, creo que ambas tocan puntos importantes que se complementan.

La columna del jueves de AAR en La República aclara algunas cuestiones importantes sobre la participación que tuvo Odebrecht en los PNP: el contrato se publicó en forma transparente en la web de la entidad, se formó un comité de premios y se colocaron bases que impedían algún tipo de cortapisa en la presentación de temas y los recursos fueron utilizados tanto para los premios en efectivo como para la organización del certámen. Esta explicación fue complementada ayer en RPP TV con una entrevista hecha por Patricia del Río a Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda, director de la entidad no gubernamental.

En términos estrictamente legales, sin duda, la explicación deja en salvaguardia a IPYS, dado que los fondos han sido empleados correctamente y porque el otorgamiento de los galardones se dejó a cargo de jurados (varios de ellos provenientes del extranjero) que no tenían, en principio, vínculos con la empresa brasileña. Asimismo, como ha mencionado Uceda, algunos de los periodistas premiados han investigado a Odebrecht o a obras de la referida compañía, por lo que no existiría un filtro a favor de la cuestionada entidad. En estos aspectos, le doy la razón a Augusto.

Gorriti se enfoca, sobre todo, en los aspectos éticos de la donación. La posición de Gorriti es que no se pueden aceptar regalos, honorarios, pasajes, consultorías de empresas o realizar servicios de media training para las mismas, salvo circunstancias bastante excepcionales. Para el director de IDL – Reporteros, existía un conflicto de interés al recibir una donación de Odebrecht y, por ello, decidió que ninguno de los reportajes de su equipo se presentaría al PNP, debido a que ya existían investigaciones serias sobre la empresa brasileña.

Coincido con Gustavo en que recibir la donación de Odebrecht fue un error. Ya existían informaciones claras sobre los casos de presunta sobrevaloración de obras y la fama de la empresa era, para 2013 – 2014, bastante mala. De hecho, ya en la campaña de 2011 se discutió mucho sobre la cercanía de constructoras brasileñas a los entornos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, aunque, como ha podido conocer este blog, personajes como Jorge Barata se acercaron a todas las tiendas políticas, sin discriminación. Este mismo motivo hizo que otros periodistas declinaran presentar sus trabajos a los PNP.

También concuerdo con Gorriti cuando señala que es necesario preservar al IPYS como entidad encargada de la protección de la libertad de expresión e impulso del periodismo de investigación, razón por la cual se necesitan reformas y recambios. La salida de Mabel Cáceres e Iván Garcia ante este caso, así como la puesta en conocimiento de la lejanía que, desde hace algún tiempo, mantienen Gorriti y Rosa María Palacios de la entidad, abre una coyuntura clave para ello. Al margen del examen sobre personas y responsabilidades en este caso, la entidad debería tener una política por escrito sobre la posible recepción de donaciones privadas y, en caso las acepten, cuáles son los montos tope y el tratamiento a darle a estos donativos.

(Reportaje de Hildebrandt en sus Trece reveló algunos nombres de periodistas que hicieron trabajos para Odebrecht. Foto: Utero.pe)

CONSULTORIAS Y ASESORIAS

En su edición de ayer, Hildebrandt en sus Trece presentó un informe en el que, gracias a informantes de Odebrecht, pudo reconstruir y contrastar información sobre algunos periodistas y comunicadores que realizaron consultorías y asesorías para la empresa.

Pedro Tenorio, actual conductor de noticias en Latina y columnista en El Comercio, reconoció haber realizado trabajos en asesoría de prensa para una obra puntual de la compañía, cuando no se encontraba trabajando para ningún medio.  Mientras que el informe de Eloy Marchán también registra que Alfonso Baella Herrera hizo servicios sobre redes sociales para Odebrecht entre 2009 y 2014, cuestión que habíamos señalado en este blog el pasado martes. Luego de semanas sobre no pronunciarse sobre este tema, que ya era tocado en redes sociales, Baella reconoció que había hecho trabajos para la empresa, pero que no mantenía vínculos actuales con la misma. 

Más complicada es la situación del periodista Enrique Castillo, a quien el semanario indica como asesor de Jorge Barata, el alto representante de la compañía en Perú, quien viene declarando para acceder a los beneficios de la delación premiada en Brasil y se acogerá a la colaboración eficaz en nuestro país. Según nuestras fuentes, Castillo negó a directivos de Canal N cualquier vínculo con Odebrecht. El también columnista de Perú.21 se excusó en declarar para HEST porque estaba por emprender un viaje.

También se hizo alusión a los vínculos de la empresa ADN Consultores con Odebrecht. El periodista Mario Saldaña, socio de la misma, no recordó si había hecho servicios puntuales para la misma, pero el semanario indicó que sus fuentes dentro de Odebrecht referían la prestación de servicios para la licitación de la planta de tratamiento de Taboada. En entrevista ayer con Nicolás Lúcar, Saldaña negó haber prestado servicios para la controvertida compañia y refirió que lo había hecho “su exsocia”, sin mencionarla. Este blog registró en 2009 que la comunicadora Laura Cáceres Friedman, la exsocia de ADN, nos reconoció ser la encargada de relaciones públicas externas de Odebrecht para este tema.  En aquellos años, Cáceres era pareja del periodista Aldo Mariátegui, entonces director de Correo.

Finalmente, se mencionó a Juan Carlos Valdivia, columnista de Correo y del portal El Montonero, quien fue asesor para Odebrecht en relaciones institucionales entre 2010 y 2016, quien dejó dichos servicios por los escándalos de corrupción. Valdivia no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho Raúl Vargas, director de RPP Noticias, quien colaboró en dos publicaciones editadas por los brasileños y fue jurado en el premio “Peruanos Construyendo Futuro”, organizado por la empresa.

En todos los nombres mencionados, hasta el momento no se registra ninguna colusión con actividades ilegales. Es decir, algún tipo de favorecimiento indebido o complicidad directa con los delitos realizados por directivos de la empresa en el Perú y en el extranjero.

Sin embargo, sí corresponde hacer una evaluación ética, no solo por la vinculación con una empresa que, como hemos mencionado anteriormente, ya tenía serios problemas de imagen desde, por lo menos, fines de la década pasada, sino también por este tránsito entre el periodismo y las consultorías.

Creemos que, al igual que en otras profesiones liberales como el Derecho, aquellos comunicadores que asesoran en diversos planos a empresas tienen la atribución de escoger a sus clientes. Y ello implica, por cierto, tener un filtro ético claro para saber elegir a las empresas con quienes se vinculan.

En el caso de aquellos columnistas que son consultores de empresas, resulta indispensable que sean claros en indicar que se dedican a dicha actividad y, en la medida de lo posible, referir su lista de clientes. Asimismo, sostengo que deberían evitar referirse a sus clientes o a aquellos proyectos de inversión en los que están involucrados. El full disclosure es lo mejor en estos casos.

Pero en el caso de quienes están comprometidos contractualmente con un medio – sea por laboralmente o por contrato de servicios – sí creo que no se puede estar en una pantalla o teclado y, al mismo tiempo, hacer labores de asesoría para empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Si bien para algunas se ha convertido en una fuente alternativa por los sueldos que paga el periodismo, creo que se debe apostar a la mejora de los sueldos en las empresas periodísticas, que deben colocar en sus códigos de ética que quienes tengan vínculo con ellas no se dediquen a este tipo de actividades, así como vigilar su observancia. Estar en los dos lados del mostrador es, a mi criterio, insostenible.

Sostengo que este caso nos debe servir para pensar aquello que Gorriti alguna vez sostuvo: esta suerte de mezcla entre asesores de empresas, periodistas, consultores de imagen y spin doctors empresariales y políticos. Es una mala práctica iniciada en el Perú durante los años 2000 que debe terminar para siempre.

Finalmente, creo que es mejor la transparencia en todos estos casos.

UN COMENTARIO FINAL

No me cabe duda que estas reflexiones son pertinentes. Pero también es cierto que el caso, como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, ha sido aprovechado por algunos partidos políticos – como el APRA y el Fujimorismo – asi como por sus simpatizantes y columnistas afines para tratar de demoler a varias personas que, desde hace tiempo alertan sobre este tipo de casos. O para intentar distraer la atención de sus propios vínculos con Odebrecht y otras empresas brasileñas.

De hecho, el día de ayer, el columnista de un diario en el que he colaborado, vía Twitter, intentó vincularme con estas empresas, con el sibilino “está circulando la versión que”. Como lo sostuve al responderle y ahora reitero aquí, no he tenido ningún vínculo con Odebrecht, ni con las empresas privadas comprometidas con el caso Lava Jato. Tampoco brindo servicios de asesoría de imagen o consultorías a entidades públicas o empresas. Y tampoco he participado en libros o foros auspiciados por Odebrecht o constructoras brasileñas.

Por nuestra parte, esta reflexión acaba por ahora. Creemos que es importante, en este momento, apuntar a que las investigaciones en el caso Lava Jato se lleven a cabo con la mayor pulcritud y, sobre todo, que todos los culpables caigan, sin importar la tienda política.

El periodismo y Odebrecht

Hace un par de semanas, en Chicharrón de Prensa, el periodista Jaime Cordero – editor de la revista h – y yo dialogábamos con los dos conductores del espacio sobre un tema que, hasta ahora, ha sido tabú o solo se ha utilizado para tratar de enlodar a quien no piensa como uno: la relación entre la prensa y Odebrecht. Menciono solo a una de las constructoras brasileñas involucradas en el caso Lava Jato porque ha sido la más agresiva en contar con buenas relaciones con el periodismo peruano.

En la conversa con Luis Davelouis y Man Ray, Cordero señalaba que había que hacer una primera diferenciación: los periodistas y comunicadores que, en el legítimo ejercicio de su derecho al trabajo, trabajaron en Odebrecht. Personas que, como indicaba Jaime, deberán ahora tener que explicar la chamba que hicieron durante todos los años en que se decían varias acusaciones sobre la mencionada empresa.

Y un segundo grupo: aquellos periodistas que hicieron algún tipo de trabajo para Odebrecht (a modo de consultorías, asesorías o trato comercial), sin que informaran a sus lectores, televidentes y escuchas que, a la par que les presentaban las noticias, no hacían pública esta relación. Aquí también entrarían columnistas de opinión de medios impresos y digitales que no hacían lo propio (o, peor aún, escribían a favor de la empresa).

Lamento decepcionar a los que esperaban nombres de estos segundos. No tengo una supuesta lista que estaría circulando sobre periodistas que hicieron consultorías para Odebrecht. Ni menos aún un nombre. Con una sola excepción.

Durante las últimas semanas, quien habla como otros usuarios de Twitter – entre ellos, la cuenta @fujitrolls – hemos presentado evidencia que la empresa de Alfonso Baella Herrera, conductor de ATV+ y columnista del diario Expreso, hacía trabajos de servicio digital tanto para Odebrecht como para el Gasoducto Sur Peruano, cuyo consorcio integraba la empresa brasileña. Baella no ha respondido a sus seguidores en redes sociales – ni tampoco en sus espacios periodísticos sobre esta relación comercial.

De hecho, hace dos semanas, cuando aparecieron las primeras fotografías y capturas de pantalla sobre los vínculos de Baella Herrera con la empresa brasileña  – que incluyen a una hermana suya trabajando para la referida compañía -, le enviamos a su correo corporativo un breve cuestionario acerca de estos vínculos comerciales que no eran transparentes para el público (Baella Consulting no coloca su lista de clientes en su página web). Hasta el momento seguimos esperando las respuestas del conductor y analista político.

Sin duda, el trato comercial de Baella con Odebrecht no supone un delito, pero sí es cierto que, por respeto a sus lectores y televidentes, debió hacer pública esta relación. Y lo mismo cabe para todos aquellos periodistas y opinadores que han tenido algún tipo de consultoría, asesoría de imagen o media training para la empresa brasileña o para alguna de las constructoras que hoy están sumidas en el escándalo que hoy vemos todos los días en las noticias.

Por nuestra parte, nunca hemos tenido ningún trabajo de este tipo para ninguna empresa o entidad pública. Y resulta indispensable que todos quienes tenemos alguna labor de opinión o difusión de información hagamos este tipo de disclaimer.

Más difusa – como indicó Cordero hace dos semanas – es la línea vinculada a los concursos de periodismo. Hace dos semanas, el periodista Eduardo Abusada contó cómo fue la presentación de un libro recopilatorio de los trabajos ganadores en uno de los certámenes convocados directamente por Odebrecht, denominado “Peruanos Construyendo Futuro”. El problema con este concurso era que se pedían trabajos “sobre personas que mejoraron su desarrollo personal o de su comunidad a partir de las obras en las que Odebrecht ha participado, a lo largo de estos años, en nuestro país”. En otras palabras, un cherry encubierto para la empresa por parte de los trabajos participantes. Algo que también recae en el campo ético y que también suscita varios dilemas morales sobre la realización de trabajos directamente ligados a una empresa y que, además, pueden recibir un premio en efectivo por ello.

Esta tarde, el Instituto Prensa y Sociedad hizo una aclaración en relación con el auspicio dado por Odebrecht a la primera edición de sus Premios Nacionales de Periodismo. IPYS aclaró que rescindió dicho contrato de donación en 2015, una vez que se conocieron las evidencias de corrupción en Brasil y que el concurso no se vio comprometido en su orientación por este y los demás auspicios privados que tuvieron. Hasta aquí, todo bien con la aclaración.

Pero, sin duda, cabe preguntarse si fue una buena idea que, en 2014, se aceptara este apoyo de la empresa brasileña, cuando ya existían algunas evidencias sobre su conducta. A mi criterio, con el respeto y aprecio que tengo por varios de los integrantes de IPYS, fue un error. Felizmente, el mismo fue corregido para los años siguientes.

Sumemos a ello el tema de la publicidad. Sin duda, una de las suspicacias que se tienen frente al público es que existen condicionamientos comerciales frente al contenido informativo que se presenta. Y ello va tanto para grandes medios como para portales de investigación y noticias. De hecho, hace unas semanas también circuló la publicidad que apareció en el portal Utero.pe en 2009. En su momento, Marco Sifuentes, entonces editor del blog, aclaró las diferencias entre los espacios publicitarios y los periodísticos. A tal punto que se había publicado una noticia sobre una supuesta coima de un exabogado de Odebrecht al exministro Allison en aquellos meses. Este tipo de aclaraciones y la existencia de códigos de ética – como los que tienen Semana Económica, El Comercio e incluso Utero.pe – resultan pertinentes para todos los medios.

Finalmente, una pregunta que le hice a Luis Davelouis y que hago extensiva a los amigos periodistas económicos: ¿no debieron alertar en sus páginas sobre estos casos de corrupción empresarial? Sí, es cierto que hay medios – sobre todo, en Internet, como Ojo Público, Convoca e IDL Reporteros – que están sacando continuamente cosas sobre casos de inconductas empresariales, pero uno esperaría que los medios más grandes y establecidos hagan lo mismo. Aquí, sin duda, también cabe una reflexión sobre el rol que tiene el periodismo económico respecto de uno de sus objetos de interés: los conglomerados.

Sin duda, es necesario que el periodismo vuelva a marcar una distancia saludable de las empresas. Y que cercanías como las que Odebrecht tuvo no vuelvan a repetirse. Asimismo, se requiere una mayor transparencia sobre consultorías hechas por periodistas y columnistas – aunque lo ideal, como dice Gustavo Gorriti, es que no las hagan -, así como una clara política sobre publicidad. Y, por supuesto, que los certámenes por encargo no sean la regla, así como unos líneamientos más claros sobre los auspicios a recibir para los galardones más renombrados. Así como el empresariado y la clase política requieren reflexionar sobre su rol a la luz de este escándalo, es bueno que el periodismo lo haga.

Los medios peruanos y las mujeres

(Histórico paso de Perú.21)

En su más reciente edición, la revista Caretas le dio portada y entrevista central a Adriano Pozo, confeso agresor de la ciudadana Arlette Contreras. La sentencia benigna otorgada a este sujeto, hijo de un regidor ayacuchano, fue una de las que motivó la movilización nacional Ni Una Menos, convocada para este sábado.

En redes sociales, la entrevista fue duramente criticada y con justa razón. Las preguntas no tomaron en consideración los evidentes horrores jurídicos de la sentencia, resulta bastante discutible otorgarle una portada a una persona que es notoriamente un agresor y en ningún momento se le hacen cuestiones críticas respecto de las respuestas dadas a la revista. A ello se suma el tratamiento de la condición borderline de Pozo como una suerte de atenuante para este tipo de hechos.

Caretas respondió señalando que la entrevista buscaba que la otra parte en el caso Contreras brinde su versión de los hechos, dado que era labor periodística dar voz también a personajes nefastos. También indicaron que el reportaje no era neutral hasta los extremos de la complicidad y que, a su criterio, la condición borderline no implicaba una aminoración de la responsabilidad de Pozo en tan execrables hechos.

Sin embargo, al revisar nuevamente el material publicado por la revista, es evidente que hubo errores. Otorgar una portada con el título Violencia Sexual a un agresor cuyas prácticas misóginas han sido apreciadas por todos gracias a las cámaras de seguridad del hotel donde se produjo lo que, a nuestro criterio, calza como tentativa de violación sexual y de feminicidio es, a todas luces, excesivo. La entrevista fue extremadamente complaciente y sin ninguna repregunta de peso. Y los datos que fueron presentados conjuntamente con la entrevista no dan cuenta de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. No era necesario llegar al “linchamiento virtual”, como indica la publicación fundada en 1950, para hacer un reportaje mucho más pulcro y una entrevista menos concesiva.

Asimismo, como bien ha recordado hoy la periodista Laura Grados, Caretas acompaña todas sus ediciones con una chica semidesnuda en la penúltima página. Algo que ya era incomprensible en los tiempos de oro de la revista y que hoy, sin duda alguna, resulta anacrónico.

Y este dato viene a cuento de una decisión tomada por Perú.21 esta semana. Ayer se anunció que se dejaría de publicar la “Chica 21”, una sección en la que modelos y actrices posaban en pocas prendas de vestir y que venía desde los primeros días del diario. Si bien la sección ya venía siendo criticada desde hace algunos años, la campaña “Ni Una Menos” motivó una reflexión interna en el diario, que concluyó de la siguiente manera:

“Creemos que no es tiempo de chicas en bikini. Que el foco de nuestra cobertura debe concentrarse en los retos que enfrentan, los desafíos que tienen por delante, las luchas, logros y conquistas de las mujeres peruanas“.

Al mismo tiempo, como señala Grados, es momento que otros medios del Grupo El Comercio den el mismo paso. El diario más vendido del país, Trome, tiene todos los días, en su contraportada una sección denominada “Las Malcriadas”, con fotos similares a las publicadas en “Chica 21”. Hasta el momento, dicho medio no ha acusado recibo del pedido.

Junto con gestos como los de Trome, es necesario que los medios repiensen cuál ha sido su cobertura respecto de sucesos de violencia contra las mujeres en los últimos años y cuál ha sido la forma de representarla. En esa linea, la columna de Rosa María Palacios de ayer indica que:

El tratamiento del abuso es muchas veces deplorable, insistiendo en culpar a la receptora ya sea de los golpes, de su desfiguración o  de su propia muerte. ¿Quién no ha visto el titular “lo hizo por celos”, trasladándole así la culpa a ella? Lamentablemente, periodistas defensores de los perpetradores, no han faltado.

Complementando lo señalado por la abogada y periodista, Raúl Tola destaca hoy que:

Vivimos en un país donde agraviar o menospreciar a las mujeres ha sido tan normal que nunca se lo consideró malo, censurable e incluso punible. ¿Cuántas esposas conocemos que soportan humillaciones diarias de sus maridos, sin que las asumamos como tales? ¿Cuántas veces oímos un piropo procaz y nos reímos pensando que era gracioso, atrevido, criollo? ¿O repetimos frases como «Así manejan las mujeres», «Lloras como una mujer» o «Las mujeres, a la cocina»?

¿Recuerdan cuantas notas se referían a los feminicidios como “crimenes pasionales”? ¿Cuántas veces se ha cosificado a la mujer en medios de comunicación? Y con esto último no solo me refiero a los reality que se pasan de lunes a viernes en otros canales. Ayer varios comentaristas deportivos de Latina – no todos, vale aclarar – se la pasaron enunciando frases como “averiguen cuál es el nombre de esas bellezas” o destacando los atributos físicos de las competidoras antes que su performance en las competencias de los Juegos Olímpicos.  Ello para no hablar de los “all male panel” en varios medios de comunicación, como fue notorio en la cobertura de Fiestas Patrias de la mayoría de canales.

Finalmente, también se pone de manifiesto un tema muy poco tocado: las posiciones de poder dentro de los medios de comunicación. Así lo manifiesta Diego Salazar, editor multiplataforma de Perú.21, al constatar que solo seis mujeres han sido directoras de un diario en el país:

La brecha se ha acortado en números, pero al igual que en otras profesiones con prestigio social —alicaído en nuestro caso, pero prestigio al fin y al cabo— una mujer alcanza su techo laboral en un diario antes de acceder a puestos directivos. Incluso cuando logra la silla de directora se le somete a un escrutinio distinto al de sus colegas hombres. Esto fue materia de una intensa discusión en los medios americanos en 2014, cuando la primera y, hasta ahora única, directora del New York Times, Jill Abramson, fue despedida. La historia de lo que ocurrió realmente aún está por contar, tanto Abramson como el Times como algunos reporteros que dieron cuenta del caso han relatado diversas versiones. Pero la versión oficial, en boca de Arthur Sulzberger Jr —presidente del directorio de la empresa— es que existían problemas con el “estilo de management” de Abramson. A lo que ella respondió: “Se dijo que se debía a mi estilo. Yo era una directora frontal, y había gente que trabajaba para mí a la que eso no le gustaba. Las mujeres en roles de liderazgo son escudriñadas de forma constante y, a veces, de forma distinta a los hombres”.

Que una periodista, editora o directora sea mujer no garantiza nada en términos de calidad. Un periodista puede ser bueno, malo, competente, inútil, culto, ignorante, honesto, corrupto, con independencia de su sexo o género. La identidad sexual de una persona, así como su raza o creencias religiosas, pese a lo que se diga en campaña electoral, no es un valor en sí mismo. Pero si bien no hay incidencia directa sobre la calidad, sí la hay sobre la representación de hombres y mujeres en los medios. Un estudio publicado en octubre de 2015 en The America Sociological Review encontró que el 82% de los nombres mencionados en prensa norteamericana entre 1983 y 2009 respondían a hombres. De nuevo: el 82% de las personas mencionadas en prensa en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI tenían nombre de hombre. Si bien no tengo estudios concretos, resulta verosímil suponer que, de existir más mujeres en puestos directivos, esa disparidad no sería tan exagerada. Y no porque las mujeres sean necesariamente menos machistas —esa es otra discusión—, sino porque las periodistas, por lo general, están más al tanto de lo que hacen otras mujeres que sus colegas hombres.

Todos estos temas, sin duda, deberían estar en la agenda de los medios durante las siguientes semanas. No basta con apoyar una importante movilización como la de este sábado, sino también dar pasos para mejorar la forma como tratan a las mujeres, tanto en la cobertura como en su propia organización.

Caso Panorama: nuevas aristas

(El caso Panorama se complejiza. Foto: Panamericana Televisión)

La semana pasada, señalamos en este espacio que creíamos absolutamente desproporcionada la denuncia contra el equipo del programa Panorama por parte de la Procuraduría del Ministerio de Defensa. Como sabemos, la periodista Karina Novoa presentó un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de los fondos en el VRAEM, en particular, en lo que se refiere al pago a informantes.

Durante los últimos días, la periodista y abogada Rosa María Palacios ha presentado elementos nuevos que, si bien no cambian la conclusión central – es decir, que no hay responsabilidad penal de los periodistas del espacio periodístico de Panamericana – permiten señalar que todas las partes en este caso cometieron errores.

EL DATO QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NO CONTÓ

En un post publicado la semana pasada en su blog, Palacios hizo algunas precisiones sobre el reportaje que merecían, ante todo, una respuesta desde la práxis periodística:

Fuentes de defensa me indican que el reportaje de Karina Novoa, que interroga a personas a cara descubierta  preguntándoles si son colaboradores como se indica  en el documento secreto – todas negándolo – ha destruido todo el sistema de inteligencia vía información de terceros en la caliente zona del VRAEM. Así de simple. Al ponerlos en cámara, están fuera del sistema. Al ponchar nombres en el documento, lo mismo. Por cuestionar que restaurante se usa o como se gastan en secreto 49,000 soles, hoy no hay posibilidad de reconstruir un sistema de inteligencia vía colaboradores. El daño esta hecho en el VRAEM y costará tiempo volver al camino.

En síntesis, la misma información pudo ser presentada de otra manera. Y, hasta allí, en términos judiciales, la defensa del equipo de Panorama podía basarse en el hecho que era necesario hacerlo de dicho modo para denunciar un caso de corrupción. Es decir, ponderación de bienes jurídicos.

Y aquí encontramos el primer problema. Si existía una complicación vinculada a la forma como la información era mostrada en el reportaje, ello merecía una conferencia de prensa por parte del Ministerio de Defensa, pero no una denuncia penal. Es decir, reconvenir a los periodistas por poner en riesgo un sistema de recojo de información, pero no denunciarlos en el Poder Judicial porque, a fin de cuentas, existía un motivo mayor. Pero el ministro Jakke Valakivi no hizo mención a este dato en la penosa conferencia brindada la semana pasada, que hubiera sido clave para que, políticamente, no luciera tan incinerado.

Pero ahora existe un tema adicional que Palacios anunció esta mañana: dos de los informantes que negaban haber recibido el dinero por sus servicios confesaron que sí tuvieron un pago. Es decir, la denuncia sobre presunto peculado se caería. Con ello podrían quedar dos caminos legales para el equipo de Panorama: alegar que no hubo dolo alguno en la presentación de la información – cosa que finalmente pueden demostrar – como invocar el argumento dado por el abogado Roberto Pereira: que el delito de revelación de secretos militares se aplica a quienes deben cautelar dichas informaciones, no a periodistas.

Por ello, en términos legales, tanto Rossana Cueva como Karina Novoa y el resto de investigados deberían quedar a salvo de una investigación penal. Pero el archivo del caso debe ser declarado por el Ministerio Público. Eso sí, el programa deberá explicar a sus televidentes las cuestiones vinculadas a la práxis periodística y a los motivos que los llevaron a presentar su denuncia de esta manera. Y, además, el Ministerio de Defensa debería decirnos porque nunca nos contaron esta información y, por supuesto, porque procedieron a procesar a periodistas antes que indagar sobre quien filtró el dato que perjudicó a su sistema de inteligencia.

(Ministro Jakke Valakivi en el Congreso de la República. Parlamentarios de oposición azuzaron una posible denuncia contra periodistas de Panorama. Foto: Exitosa)

LOS CONGRESISTAS QUE AZUZARON LAS AGUAS

Otro dato proporcionado por Palacios fue que, un día antes que la Procuraduría del Ministerio de Defensa presentara la denuncia, el ministro Valakivi fue, en sesión reservada de la Comisión de Defensa del Congreso de la República y allí explicó el estado de los informantes del VRAEM, en alusión al reportaje de Panorama. Según el dato proporcionado por la abogada y periodista, los congresistas de oposición no solo respaldaron al ministro, sino que, además, algunos habrían azuzado la presentación de la denuncia penal.

Siguiendo esa pista, hoy Exitosa Diario presentó partes de la transcripción de la sesión secreta. Y quedó claro qué congresistas hicieron de candeleros. Los subrayados son nuestros:

Tubino Arias Schreiber.-

Yo, siendo congresis­ta de oposición y exinte­grante de las FF.AA., ava­lo lo que ha dicho (…) Efectivamente, hay que hacer inteligencia en la zona para poder operar. Y estamos totalmente de acuerdo en que estos ele­mentos, estos malos pe­riodistas, tienen que sen­tir que lo que han hecho atenta contra la seguridad nacional y que lógicamen­te hay que denunciarlos.

Cuculiza Torres .-

Gracias al Ejército, a las FF.AA. y la PNP hoy día tenemos un país libre, li­bre de estos anormales y enfermos mentales, por­que eso es lo que son. Y se recupera gente, y se re­cupera armamento, y se recupera pozas, y se re­cupera… Eso no sale en la televisión, eso no se informa en la tele­visión. Se informa de bestialidades y cosas totalmente que no se deben hablar por se­guridad del Estado.

(…)

Mora Zevallos.-

Yo creo que aparte de la investigación que debe hacer riguro­samente Contra­loría y el órgano de inspectoría co­rrespondiente al Vraem, porque no es posible que esa infor­mación se haya sustraído y que deben estar los responsables y deben ser san­cionados confor­me dice la ley que señala hasta años de pri­sión. Igualmente, a los que han denunciado esto y que han sacado la cara de los colaboradores, creo que debe hacerse la denuncia pero tenemos que ver resultados ya.

Mi inquietud es que es­tas denuncias se efectivi­cen rápidamente, que sal­ga a los medios, que se haga pública la denuncia, porque no podemos ac­tuar en esta cuestión, esto debe ser conocido por toda la ciudadanía.

Cuculiza Torres.-

A las personas que de­linquieron sacando esta información, la pena máxima para que no se vuelva a repetir estos ca­sos, porque verdadera­mente es una traición a la patria.

Sea drástico en la san­ción que se tiene que dar, y en la denuncia que se tiene que presentar a es­tas personas que han he­cho posible que papeles secretos salgan al aire y todavía que no se ciñan a la verdad.

Ministro, ¿no sería conveniente reunirse con los directores de los me­dios de comunicación para establecer que cual­quier denuncia que tenga relación con la seguridad y defensa deben hacerlo directamente con el Mi­nisterio de Defensa o del Interior antes de que sal­ga al aire?

Emiliano Apaza.-

Imagínese de que un tema reservado, que real­mente un profesional sabe cuándo tienen que emitir estas notas periodísticas, ellos lo hacen, ahí tienen sus editores, tienen sus di­rectores y, finalmente, el que hace la locución. Yo creo que todo es un pro­cedimiento. Hay que darle una sanción ejemplar.

(…)

Beingolea Delgado.-

¿Qué va a hacer, minis­tro? Porque no se trata de decir no se puede permi­tir que nos roben los ex­pedientes, no se puede permitir que la prensa di­funda secretos militares. Hay artículos del Código Penal que penan eso. Eso es un delito, artículo 330 del Código Penal: aquel que difunde en público se­cretos de seguridad nacio­nal merece cárcel, lo dice claramente. ¿Qué van a hacer? Yo esperaría ver formular alguna denuncia.

Revelada la información, Cuculiza se retractó de lo dicho en la sesión reservada y pidió disculpas a los periodistas. Mientras que Tubino se reafirmó en lo señalado el 12 de junio, al igual que Daniel Mora. Los parlamentarios de Fuerza Popular fueron a contracorriente de lo dicho por Keiko Fujimori, quien manifestó su respaldo al equipo de Panorama. Lourdes Alcorta precisó que nunca azuzó la denuncia, mientras que el congresista saliente Heriberto Benítez indicó que fueron Tubino, Beingolea y Cuculiza los más duros contra el programa de Panamericana.

¿Consecuencias? En esta parte, sobre todo, políticas. Varios líderes políticos quedaron en off side porque sus parlamentarios respaldaron la denuncia que ellos rechazaron en público. Asimismo, queda claro que el entendimiento de lo que es secreto de Estado sigue siendo, para los congresistas, bastante más amplio que en cualquier democracia normal. Y, finalmente, se cae la versión que la denuncia había sido interpuesta por una “venganza de Palacio”, dado que la misma había sido respaldada nada menos que por la principal bancada de oposición y otros parlamentarios.

Como vemos, una comedia de errores que pudo procesarse de otra manera.

Sobre el caso Panorama

Panorama

El domingo pasado, Rossana Cueva, directora del programa Panorama, hizo público que el Ministerio Público viene investigándola a ella y otros integrantes del espacio periodístico por “traición a la patria”. La procuraduria del Ministerio de Defensa ha precisado que la denuncia planteada por su despacho ante la Fiscalía es por “revelación de secretos”, cuestión que no hace menos grave un hecho, que, a todas luces, nunca debió ocurrir.

Hace algunos meses, Panorama emitió un reportaje en el que denunciaba presuntos malos manejos en el presupuesto que manejan las Fuerzas Armadas en el VRAEM, la zona más complicada del país en torno a la seguridad. Y frente al mismo – donde declararon voceros militares – ocurrió lo descrito por Augusto Álvarez Rodrich:

La acusación aduce que el reportaje contenía información secreta cuya revelación pone en riesgo la seguridad nacional al mostrar documentos de rendición de gastos con nombres de supuestos colaboradores que habrían recibido pagos por información, los cuales declararon voluntariamente a Panorama no haber dado información ni recibido pagos.

Si dicha información fuera ‘secreta’, el Ministerio de Defensa tendría que haberla resguardado de tal manera que nadie la pudiera conocer. El trabajo del periodismo, por el contrario, es dar a conocer información que sea de interés público, y la que reveló Panorama sin duda lo es, porque se está hablando de eventuales malos manejos de dinero del Estado.

Asimismo, en un pronunciamiento del Instituto Prensa y Sociedad, el abogado Roberto Pereira sostiene que la información debió ser clasificada como secreta antes de su difusión y, además, que no toda información vinculada con las Fuerzas Armadas debe ser calificada como secreta. Además, el tipo penal invocado solo corresponde a quienes deben cautelar dichas informaciones, no a periodistas.

Hay otros dos elementos que descartarían que esta denuncia fiscal prospere.

De un lado, porque es legítimo hacer un reportaje sobre presuntas irregularidades en la zona más caliente para la seguridad nacional, lo que no lesiona ninguna norma de Defensa ni, menos aún, vulnera secretos militares. Por el contrario, presuntos actos de corrupción son cuestiones que deben ser ventiladas, ocurra donde ocurra.

De otro lado, porque debió quedar atrás la época en la que hacer reportajes sobre las Fuerzas Armadas acarreaba algún tipo de represalia para el periodísta que lo esté haciendo. ¿O es que estamos de nuevo en los tiempos donde los periodistas eran amenazados, enjuiciados o insultados por meterse con temas castrenses?

Para complicar más las cosas, es público y notorio que ni el gobierno traga a Panorama, ni los responsables del mismo pasan al gobierno. El espacio de Panamericana ha servido para hacer denuncias importantes, pero también algunas que se han caído por falta de pruebas. Es notorio que existe un ánimo de demostrar que “Humala es Chávez y su esposa es Montesinos”, pero también resulta claro que, en ese afán, algunos de los reportajes de Panorama han carecido del rigor necesario para mostrar cuestiones incómodas para el gobierno de turno. Cuestión que, por cierto, no ocurre en el caso bajo comentario, donde se evidenciaba una conducta a todas luces sospechosa en el VRAEM.

Y, por supuesto, una denuncia como esta – frente a un informe que cumplía, claramente, con una buena praxis periodística – suena a venganza, lo que perjudica la imagen de un gobierno que, en términos generales, ha respetado la libertad de expresión a pesar que muchos lo han tratado como piñata.

Esperamos que la denuncia quede sin efecto en el Ministerio Público. Y que el Ministerio de Defensa explique que es lo que viene ocurriendo con el manejo de recursos en el VRAEM.

El caso Milagros Leiva

Hace una semana, este blog fue informado por una fuente que existía una investigación en Bolivia sobre un presunto pago hecho por la periodista Milagros Leiva a Martín Belaúnde Lossio durante el periodo en que este personaje se encontraba en calidad de prófugo de la justicia. Dado que la información no pudo ser corroborada con dos versiones adicionales, como acostumbramos hacer aquí, decidimos no publicar dicha versión.

Sin embargo, esta misma cuestión – enunciada por otras personas – volvió a propósito de la salida abrupta de Leiva de América Televisión y Canal N, dada a conocer ayer en un comunicado que indicaba que había “vulnerado los Principios Rectores” del Grupo El Comercio. Posteriormente, la propia periodista señaló que había renunciado al canal y que habían existido “presiones por parte del gobierno”. Al final de la jornada, Canal N precisó que, en efecto, Leiva había renunciado, aunque sin explicar los motivos.

Hoy, en dos medios distintos, la periodista y la directora periodística de América y Canal N dieron sus respectivas versiones respecto de lo ocurrido. Aquí los hechos y las discrepancias. Luego daremos nuestra opinión.

LOS HECHOS

Ambas partes señalan y admiten que Leiva renunció luego que ella admitiera, ante los directivos periodísticos de América, que pagó 30,000 dólares americanos a Martín Belaúnde Lossio para poder acceder a él y, posteriormente, obtener documentos con los que supuestamente podría demostrar que la corrupción en el gobierno llegaba hasta la Presidencia de la República. El dinero fue entregado a Juliano Arista “Curaca Blanco”, persona que se encargó de la custodia del prófugo empresario.

Ospina señala que la periodista ratificó esta versión en su carta de renuncia, donde señala claramente su responsabilidad individual y que la dimisión de Leiva fue inmediatamente aceptada.

De acuerdo con la versión de Leiva, si bien MBL le concedió entrevistas – incluyendo aquella donde el examigo del matrimonio Humala Heredia habló de un rocambolesco secuestro 48 horas de ser capturado, mientras intentaba fugar hacia Brasil – y le mostró algunos documentos, nunca le entregó papel alguno. La periodista se ha cuidado mucho en mencionar cuáles eran los mismos, pero sigue anunciando que ellos “podrían tumbarse al gobierno”.

Según indica Utero.pe:

La fiscalía boliviana habían detectado el ingreso de 30 mil dólares provenientes de Milagros Leiva hacia Martín Belaúnde. No para fugar hacia ese país, ojo, sino para escapar de sus autoridades. El gobierno boliviano se comunicó con el peruano, que, a su vez, se contactó con el directorio de El Comercio. Finalmente, ante el directorio de América TV, Milagros Leiva confesó, entre lágrimas, que ella había entregado ese dinero.

LAS DISCREPANCIAS

Leiva indicó que algunos miembros de la familia Miró Quesada conocían del pago a Belaúnde Lossio, pero no así la plana directiva periodística de los dos canales para los que trabajaba. En su estilo, la exeditora de El Comercio Martha Meier Miró Quesada indicó vía Twitter que la entrega de dinero “se hizo con conocimiento del presidente y del vicepresidente del directorio” del GEC.  Desde el Grupo El Comercio, al cierre de este post, no se ha dado ninguna declaración desmintiendo o corroborando dicha afirmación de una de las accionistas de la empresa. Ospina se ratifica en que nunca conoció del pago.

Por su parte, Ospina refirió que recién tomó conocimiento de estos hechos esta semana. Asimismo, señaló que la práctica que se sigue en América Televisión y Canal N no implica pagos por entrevistas ni por recibir información. Según confirma la periodista Nelly Luna, quien ha trabajado en el diario El Comercio, el manual de Estilo del GEC impide que se brinde el pago por información. La directora periodística de ambos canales fue tajante en rechazar que existió algún tipo de presión gubernamental en torno al caso Leiva. “Si este canal prescindiera de toda la gente incómoda para el gobierno, tendría problemas para salir al aire al día siguiente”, remarcó.

Mientras tanto, Leiva sigue acusando al gobierno de supuestas presiones, dado que había entrevistado para sus espacios periodísticos a Micheline Vargas, exama de llaves de los Humala Heredia, a quien se acusa de la sustracción de las ya famosas agendas de Nadine Heredia y venía investigando la muerte de Emerson Fasabi, personal de seguridad asignado a la casa del Presidente, quien falleció en circunstancias que aun se investigan. Sin embargo, Ospina ha señalado en Canal N que esta información, de todas maneras, será publicada.

La periodista no respondió las interrogantes de su colega Rebeca Diz sobre un vínculo con Belaúnde Lossio más allá de la relación normal con una fuente.

NUESTRA OPINION

Es cierto que cada medio define su propia política sobre el pago para la obtención de una información, una cuestión dilemática en todas las salas de redacción. En lo personal, se trata de una práctica que no he empleado nunca en este blog, pues considero que la entrega de dinero a cambio de una información puede tergiversar el compromiso que tiene la fuente. Y jamás la emplearemos en el futuro. Hay otros medios que lo hacen y queda en la conciencia de cada quien como manejar este tipo de dilemas éticos.

Por tanto, si un medio es claro en señalar que no hace un pago por entrevistas, lo lógico es que, cuando un o una periodista incumpla con ese compromiso, debe dimitir o debe ser despedido.

La cuestión se complejiza más cuando el pago se hace a una persona que es prófuga de la justicia. Como indica el periodista especializado en temas judiciales César Romero, lo complicado es que el dinero utilizado se destinó, según declaracion del “Curaca Blanco”, para el pago de sobornos. La periodista puede terminar complicada en un serio tema penal. Según precisa Rosa María Palacios, el caso puede ser calificado como encubrimiento personal.

La pregunta es: ¿vale la pena sacrificar los principios éticos solo para obtener una primicia? Creemos que no. Ni siquiera por algo que haga que “el gobierno caiga” como proclama Leiva que quería arribar. Si bien es cierto que cualquier periodista quisiera tener una primicia que produzca un cambio dramático en la historia – así como Carl Bernstein y Bob Woodward lo consiguieron con el caso Watergate -, la misma se debe obtener en forma tal que no se vulneren principios éticos y, menos aún, el periodista corra el serio riesgo de verse involucrado en un ilícito penal.

Si Martín Belaúnde Lossio tiene algo que, a ciencia cierta, demuestre que el matrimonio Humala – Heredia está inmerso en un acto ilícito, debería sacarlo en el acto, en lugar de continuar en este jueguito en el que hemos estado en los últimos meses. Para decirlo claro, varios periodistas están buscando ver “con que me tumbo al gobierno” (sin que se haya encontrado una evidencia directa que pueda involucrar al Presidente de la República y su esposa en un acto de corrupción) sea por mero interés periodístico o para demostrar que no se equivocaron en viciar su voto u optar por Keiko Fujimori en 2011. Como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, la campaña electoral de aquel entonces nunca se cerró.

Si existen indicios que apunten a los Humala Heredia en un acto ilícito, ellos deberían ser obtenidos y, sobre todo, verificados de acuerdo con reglas de ética periodística que, al mismo tiempo, suponen la correcta corroboración de los hechos. El periodismo de conjetura, del cual Leiva ha sido parte en la última parte de su carrera, abona mucho para la comidilla de las redes sociales, pero poco al esclarecimiento de los hechos que los ciudadanos deben conocer.

Finalmente, no existe un caso de censura. Este gobierno, bobalicón y mediocre hasta la médula, es incapaz de presionar exitosamente a un canal para sacar a una periodista. Y, al comprometerse a sacar las entrevistas obtenidas por Leiva en esta semana, los medios para los que trabajaba descartan cualquier tipo de mordaza. Si un grupo editorial ha sido opositor – incluso, a veces, hasta la hostilidad – con Humala ha sido El Comercio.

Y es hora que Leiva reflexione, en serio, sobre lo que ha sido un grosero error que no solo le puede costar la carrera, sino también una complicada situación jurídica. Sobre todo cuando, hasta hace no mucho, señalaba lo siguiente:

Quien hace periodismo a la mala termina mal. Pagar a fuentes y a entrevistados es lo peor que pueden hacer, pero todo da vueltas. Fair Play.

CASO PALMA: INTERCEPTACIONES Y CLIMA ENRARECIDO

Con el título de este post, no me refiero al otoño primaveral que vive Lima. Sino a algunas cosas que vienen pasando en la política peruana y que, en la coyuntura actual, cobran mayor interés y preocupación.

El último domingo, La República publicó un reportaje de Marco Sifuentes, editor de INFOS, en relación con una arista de las investigaciones en el caso Rudy Palma, ex periodista de Perú.21 que viene siendo procesado por ingresar a los correos electrónicos de varios funcionarios públicos.

En su reportaje, Sifuentes dio a conocer que, a solicitud del Ministerio Público, desde el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial se ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 18 personas, por un plazo de 60 días (hoy El Comercio indica que eran 21 personas), en vinculación con las investigaciones de este caso. Entre las 18 personas intervenidas se encuentran el congresista Luis Galarreta, 8 periodistas, amigos y familiares de Palma, así como otras personas que se vincularon al periodista por cuestiones laborales y personales.

Si bien el levantamiento del secreto de las comunicaciones ordenado por un juez – a pedido de un fiscal – está contemplado por nuestra legislación procesal penal, toda medida limitativa de derechos debe implicar un análisis de su necesidad y racionalidad.

Y eso es lo que se cuestiona a lo largo del reportaje, por dos razones fundamentales. La primera de ellas, tiene que ver con la hipótesis de investigación que está manejando el Ministerio Público: la existencia de una organización criminal.

Y, hasta el momento, como ha señalado Sifuentes así como otras personas que han podido tener acceso a información sobre este caso, dicha tesis no se sostiene, más allá de las teorías de la conspiración ocasionadas por las antipatías que tiene el medio en el que trabajó Palma (y así no se construye un caso).

Como lo han referido varios medios, fue el ministro de Comecio Exterior y Turismo José Luis Silva Martinot quien denunció la intrusión a su correo electrónico – tema del que se percató por correos amenazantes sobre cuestiones de índole personal y familiar – y así se dio con Palma. El problema para el ministro es que, como ha indicado la revista Caretas la semana pasada, dichos correos han seguido apareciendo, con Palma ya en prisión.  Por la evidencia presentada hasta el momento, cualquiera pudo entrar al correo del referido funcionario.

Y, debemos añadir, más allá que el ministro Silva tenga el derecho de salvaguardar su intimidad personal, es necesario que se pronuncie de una buena vez sobre las repetidas versiones de su presencia en la DININCRI, como posible mecanismo de presión.

La segunda razón, demostrada en el reportaje, es que las 18 personas cuyo secreto de las comunicaciones fue levantado no tenían vinculación alguna sobre el caso, dado que no hablaban con Palma hace meses o solo tenían vinculación laboral o personal con él. Quizás la situación más ridícula sea la vinculada al gimnasio al que Palma acudía:

El caso del gimnasio ilustra muy bien el arbitrario criterio utilizado para determinar qué números se iban a intervenir. Su personal, sin saber que Palma había sido detenido, estuvo llamando a su celular para saber por qué no se había presentado para su rutina habitual.

El caso se complica más por otros personajes interceptados. En el caso de los 8 periodistas, las conversaciones interceptadas pudieron revelar a algunas de sus fuentes. Recordemos que la Constitución salvaguarda que los periodistas mantengan a sus fuentes en absoluta reserva. Y dicha medida se hace aún más gravosa cuando no tiene mayor fundamento.

Pero el tema ha tenido mayor relevancia por el congresista Galarreta. Como parlamentario opositor, no solo ha cuestionado la medida en sí misma – de hecho, ya se armó la discusión sobre si la medida está o no cubierta por la inmunidad parlamentaria – o el plazo final de su ejecución (la Fiscalía dice que fueron 48 horas, al final, mientras que el parlamentario dice que más tiempo). También acusa que esto tiene un móvil político, vinculado a la elección de los directores del BCR o a su posición contraria a la delegación de facultades tributarias.

Si bien Abugattás y Marisol Espinoza han descartado cualquier acción del gobierno en ello y han respaldado a Galarreta, la arbitrariedad de la medida hace que viejos fantasmas y suspicacias aparezcan en el ambiente. De allí que la OCMA anunció ya una investigación sobre el caso.

¿Por qué esta investigación ha terminado yéndose de cauce? Los más suspicaces señalarán que el gobierno tiene una animadversión especial contra Perú.21, un diario que es de nítida oposición a Humala, más aún cuando en Palacio están preocupados por el tratamiento mediático de los conflictos sociales, como señala Mirko Lauer en su columna de hoy (aunque lo de la “humanización” de los líderes de las protestas no aplicaría a este medio). Mientras que otras versiones apuntarían a los defectos de investigación que tiene el Ministerio Público desde hace varios años y que, como hace notar Wilfredo Ardito, también se arrastran a los conflictos sociales.

Ello, más aún, en un clima político que, como señala Carlos Meléndez en su columna de hoy en El Comercio, al estar tan polarizado, hace que todo se vea con el cariz de la manipulación y la desconfianza mutua.

Como señaló el abogado Miguel Morachimo en relación con este caso “si se desestima el cargo de los secretos estatales, esta es una oportunidad excelente para el Estado de demostrar cómo se puede impartir justicia y condenar a periodistas por delitos que efectivamente cometieron sin poner el riesgo las garantías para la libertad de expresión”. Sin embargo, este proceso penal, con todos los errores cometidos – de los que habrá que determinar si hay torpeza o dolo – , ha terminado con tantas irregularidades que, a la larga, parece que importara poco esclarecerlo en serio.

De hecho, al cierre de este post, el Ministerio Publico ha dejado sin efecto el nombramiento del fiscal William Montes, encargado del caso, en tanto duren las investigaciones. Esta novela tiene aún para rato.

(Foto: La República)