CASTIGANDO A LA JUSTICIA


Imaginemos que nos encontramos en Colombia y que tenemos a una Sala Penal que ha podido, en un proceso que ha cumplido con todas las garantías, condenar a los principales jefes de las FARC y del ELN, que ha comenzado a sancionar a los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia y al que, por su eficiencia, también va a comenzar a ver los casos de narcotráfico.

Frente a una Sala así, lo menos que haría usted, si es que fuera Presidente del Poder Judicial, es mandar al presidente de dicha Sala a hacer labores meramente administrativas como “coordinador”.

Pero no estamos en Colombia, sino en Perú, y es lo que ha ocurrido con Pablo Talavera, el Presidente de la Sala Penal Nacional.

Esta Sala ha resuelto varios de los casos más importantes del país. Ha sido el colegiado que ha logrado condenar a penas bastante altas a las cùpulas de Sendero Luminoso y del MRTA, en procesos que han cumplido los estándares del debido proceso. Incluso, en el caso de Abimael Guzmàn, la Sala presidida por Talavera fue la primera en aplicar la teoría de la autoría mediata, la misma que es base de la acusación contra Alberto Fujimori.

Asimismo, la SPN ha resuelto algunos casos importantes en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El juicio màs sonado fue el de la desapariciòn del estudiante Ernesto Castillo Paez, cuyos ejecutores han sido condenados a penas de 16 y 15 años de prisiòn.

Esa buena labor fue premiada por el Poder Judicial, al encargarle a la Sala el procesamiento de narcotraficantes y de bandas organizadas, lo cual se sumaría a los casos de derechos humanos aún pendientes.

Sin embargo, Talavera, quien fue el constructor de esta experiencia y uno de los magistrados con mejor capacitaciòn de su generaciòn, pasarìa a labores meramente de coordinaciòn. Hace unos dìas, el magistrado renunciò a este puesto.

Inmediatamente surgieron las especulaciones. Versiones periodísticas dieron cuenta de celos de miembros del Consejo Directivo del Poder Judicial – alguno de ellos, cuestionado recientemente -, las cuales han sido desmentidas por este poder del Estado y por el propio Talavera. Sin embargo, a pesar de lo que ambas partes puedan decir, algo en esa relación parece haberse roto para que a un buen magistrado lo manden a hacer labor de papelería.

Pero no dejo de descartar otra hipótesis. A inicios de este año, Talavera anunció que la Sala Penal Nacional tendría como prioridad los casos de derechos humanos, entre ellos, varios de los ocurridos durante el primer gobierno de Alan García, en los que, incluso, el Presidente podría ser llamado como testigo. Como se sabe, estos son los casos que no dejan dormir a varios en el actual gobierno y no se pueden descartar presiones sobre este tema.

Sea la razón que fuere, el Poder Judicial ha cometido un error bastante grave. Esperemos que el reemplazo de Talavera responda a la altura del encargo y que, en suma, los casos que le toquen resolver a la Sala Penal Nacional sigan teniendo la misma calidad de sentencias con las que contaba hasta este momento. La confianza en la justicia dependerá mucho de ello.