CONDORES, MORALES Y DERECHOS HUMANOS

O de como un general podría decir “No me defiendas, compadre”

Si hay una personalidad sobre la cual existe una discusión incipiente sobre su papel en la política peruana contemporánea es la de Francisco Morales Bermúdez. Hay quienes lo recuerdan como lo que efectivamente fue: un dictador, que restringió todo tipo de libertades, que deportó a sus opositores y que finalmente, acorralado por las circunstancias, entregó el poder a la civilidad. Otros prefieren destacar este último aspecto – hábilmente explotado por el general – y, además, anotar su oposición al régimen de Fujimori y lo que señalan como el inicio del desmontaje de las reformas de la llamada “Revolución Peruana”.

Esta discusión, inconclusa aún por la permanencia del personaje en cuestión en este mundo, se ha reavivado por su encausamiento en una corte italiana por su supuesta participación en la Operación Cóndor, esa transnacional de los asesinatos y las desapariciones operada por las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en la segunda mitad de la década de 1970.

Sobre el Plan Cóndor en el Perú, han sido básicamente dos investigaciones las que han dado serias muestras de que el Plan se extendió sus ramas hasta Lima. La primera es la de John Dinges, quien logró la desclasificación de documentos de la CIA que demostrarían la participación de la dictadura peruana en el plan. La segunda pertenece a Ricardo Uceda, en la que, sin concluir sobre la responsabilidad de Morales Bermúdez o Richter, recuerda el operativo colectivo de los servicios de inteligencia argentino y peruano para capturar a miembros de Montoneros, grupo argentino que supuestamente atentaría contra el dictador Jorge Videla en la transmisión del mando a Fernando Belaúnde en 1980. Los capturados fueron deportados a Bolivia y, posteriormente, asesinados en cumplimiento de las directivas de Cóndor.

En medio de la discusión subyacente, el ex dictador ha tomado el tema con relativa calma y ha señalado que se pondrá a derecho para defender lo que considera una acusación falsa. Lo mismo haría el general Richter.

Para el país y para la democracia peruana, lo mejor es que ambos ex oficiales rindan su testimonio y se sometan a la justicia italiana, para aclarar, de una vez por todas, si es que nuestro país también estuvo incluido en un plan maquiavélico y que no respetó los derechos de cientos de personas en América del Sur. También nos recuerda que los delitos de lesa humanidad no prescriben a pesar de los años transcurridos y que los espacios para dejar de procesar estos hechos son cada día más estrechos.

Desafortunadamente, el gobierno peruano y otros conocidos personajes han salido a declarar este acto – que es un encausamiento, no una declaratoria de culpabilidad – como una afrenta al país o una exageración. Los nombres de los “abogados” del ex dictador: Alan García Pérez, Luis Giampietri Rojas y Juan Luis Cipriani Thorne, presidente, vicepresidente y cardenal, respectivamente.

No extraña que los tres personajes antes mencionados tomen este tipo de actitudes. Conocida es su trayectoria de menosprecio a los derechos humanos. Pero triste es comprobar, nuevamente, que no existe signo de autocrítica alguno en su actuación pública.

Sin embargo, resulta paradójico que este año lo terminemos como lo comenzamos: con un gobierno dispuesto a avalar la impunidad y los atropellos a los derechos de los demás. El caso Castro Castro y las iniciativas en favor de la pena de muerte marcaron la agenda de los primeros días del 2007. Hoy, a dos días de culminar este año, nuevamente vuelven a las andadas.

Aun se nota que, para Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal, los derechos humanos son una cojudez.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Flores – Araoz también defiende a Morales Bermúdez
Nelson Manrique: Que la justicia se pronuncie
Isaac Bigio: La moraleja de Bermúdez
José de la Puente Radbil: Morales Bermúdez rechazó participar en Operación Cóndor
Informe de Terra España sobre el caso
Juan Gargurevich: El general Morales Bermúdez y el periodismo