TACNA Y EL CANON MINERO

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Ayer, por un ajustado margen, se aprobó la modificación de la distribución del canon minero, tema que ha provocado una polémica entre Moquegua y Tacna. Polémica que ayer llevó a los actos de vandalismo producidos en Tacna, ampliamente documentados en los medios del día de hoy. El tema ha llegado a extremos tales como cortar la línea de suministro de agua a Ilo, amen de la destrucción de locales públicos y pases a la frontera vividos ayer.

Más allá de lo que pueden ser estos actos de vandalismo que deben ser sancionados – y eso es responder al respeto de derechos elementales como el respeto de la vida, la integridad física y la propiedad privada -, hay que ver más allá y detectar dos problemas fundamentales: la ineficacia de la acción policial y lo que se debe hacer con el canon minero.

De todas las opiniones que he visto en medios sobre estos temas, me quedo con estas dos. En cuanto a la Policía, Carlos Basombrío pone en relieve lo siguiente:

En general, el problema es grave. No se trata, como creen algunos, de entrar a sangre y fuego o de reemplazar a la Policía por el Ejército. Ambas ‘soluciones’ serían mucho peores que la enfermedad. Revertir la tendencia no va a ser fácil y tomará tiempo. Para ello hay que actuar, reiteradamente bien, en tres frentes.

Prevención: Reduciendo al mínimo aquellas situaciones en que lo único que queda es usar la fuerza.

Devolver confianza en la Policía. Lo principal no es que la gente le tenga miedo a la Policía, sino que esta inspire respeto, algo que se ha perdido por los problemas de la institución –empezando por la corrupción– y que el desgobierno de estos años en Interior ha acentuado.

Actuación profesional. Se puede hacer las cosas mejor y no salir derrotados en todas las ‘batallas’ por el orden público. Ello requiere especialización, entrenamiento, equipamiento, planeamiento y liderazgo.

Por su parte, sin dejar de reconocer que lo que ocurre entre Moquegua y Tacna resulta injusto para el primero de los departamentos mencionados, Humberto Campodónico señala que la ley aprobada ayer es solo un parche para problemas de fondo del canon minero:

El primero es que hay una ausencia total de proyecto común de nación en las diferentes regiones, no solo en Moquegua y Tacna. Cada cual quiere “su” canon –que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas– y no lo quiere compartir. Esa fue una de las razones del fracaso de los referéndums para las macrorregiones en el 2005: Cajamarca quiere el canon de Yanacocha; Áncash el de Antamina y Barrick; Cusco el de Camisea. Y así.

Todos desconfían del gobierno central y piensan que la mejor manera de lograr el desarrollo es aprovechar “sus” recursos. Así como cada aportante de las AFP tiene “su” libreta individual y se jubila por su cuenta no importándole el vecino, cada región defiende a muerte “su” canon. Lo que pasa con el resto del país interesa poco. Y si hay que pelearse con el hermano, sea. Ese es el legado del neoliberalismo.

Esto cobra mayores dimensiones porque la extraordinaria alza de precios de los minerales ha multiplicado el canon, generando una bonanza que es vista como la solución a las demandas postergadas por décadas por el gobierno central. En Moquegua y Tacna los ingresos por canon no se pueden invertir en su totalidad porque son tan grandes que sobrepasan la capacidad de inversión. Aunque, ciertamente, esta ha aumentado de manera notable: del 2005 al 2007, las inversiones de los gobiernos regionales de Moquegua y Tacna pasaron de S/. 35 millones a S/. 72 millones y de S/. 41 millones a S/. 74 millones, respectivamente.

La solución no es fácil. Pero hay alternativas. En Colombia, por ejemplo, el 32% del canon se reparte entre los departamentos que no producen el recurso natural y el 68% restante se distribuye entre los productores. Aquí no. Todo el canon se reparte únicamente en la región donde se produce el recurso. Este es un primer cambio a lograr, en el marco de una efectiva Ley de Descentralización Fiscal que acompañe al proceso de regionalización, lo que se discute hace buen tiempo, pero no se implementa.

Descentralización. Palabra que hasta ahora no escuchamos a Yehude Simon.

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UN MINISTERIO RECORTADO

Cuando Alan García anunció la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), desde aquí expresé mis reservas sobre dicha medida.

Es claro que existe la necesidad de crear una autoridad ambiental autónoma, que es necesaria y fundamental para tener, por fin, una política en torno al desarrollo sostenible y a la preservación de climas y especies que solo existen en un país como el Perú.

Sin embargo, y aquí vienen mis peros, el gobierno ha dado pocas muestras de querer tener dicha política y, por el contrario, ha atacado a toda persona que ha tenido legítimas preocupaciones por el medio ambiente y ha adoptado medidas contraproducentes sobre la materia.

Pensaba, ingenuamente, que esta vez me equivocaría y que tendríamos un proyecto sobre la materia que tome en cuenta, el borrador elaborado por el Poder Ejecutivo contiene un serio error.

Tal como informa El Comercio, el MMA no contemplaría la fiscalización sobre la actividad minera, al no contemplar la fusión de las Direcciones Ambientales del Ministerio de Energía y Minas con las demás entidades que formarán el nuevo ente rector de la política ambiental.

Esto supone dos errores, tanto ante la opinión pública como en un tema de fondo.

Buena parte de los conflictos sociales en el país han tenido relación directa con la relación entre medio ambiente, minería y comunidades. La Defensoría del Pueblo, en su reporte sobre conflictos sociales correspondiente a diciembre de 2007, indica que el 47% de las disputas reportadas están referidas a asuntos socioambientales, relacionadas, principalmente, al tema minero.

Si no se contempla, entre las funciones del MMA, la fiscalización ambiental minera – actualmente en manos de la entidad que, a su vez, debe promover la inversión privada en dicho sector -, pues la población en general sentirá que el ofrecimiento presidencial es una mera maniobra o gesto, como los que caracteriza a este gobierno. La palabra estafa va a comenzar a sonar alrededor de esta propuesta.

Pero, además, desde el punto de vista técnico, también se cometería un error. Si la intención de la creación del MMA es separar las funciones de control ambiental de la promoción de la inversión en cada sector productivo, pues mantener juntas ambas competencias en el Ministerio de Energía y Minas supone dejar de lado la motivación principal por la cual se crearía la nueva entidad.

Además, como bien anota un experto de la Defensoría del Pueblo, la creación del MMA supone:

en primer lugar, una mirada estratégica que indique claramente qué queremos lograr con esta nueva organización para, posteriormente, concentrarnos en la estructura, atribuciones y funciones que necesitamos poner a disposición del nuevo ministerio y su sistema de agencias técnicas.

¿Tiene el gobierno esta mirada estratégica? Por lo que hemos visto, no la tiene. Y si este borrador de proyecto es el que finalmente se envía, pues de nada habrá servido un discurso presidencial. Bueno, este último detalle es consustancial a Alan.

Cuando hablamos de medio ambiente, no es que nos opongamos al desarrollo o a la inversión. Entiendo la necesidad de explotar los recursos naturales, pero que se haga de manera tal que mis hijos y mis nietos puedan disfrutar de un mar limpio, de bosques que purifiquen nuestro aire y en el que sigan viviendo nuestras aves y de un aire que puedan respirar tranquilamente.

Se que a veces puede sonar utópico, pero este es un sueño que si quiero que se cumpla.

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Jesús Coronel, presidente regional de Cajamarca: Ministerio del Medio Ambiente no puede exonerarse de tratar tema minero.

MAJAZ: UNA VISION EN LA ZONA

Ayer, por motivos de trabajo, estuve en Chulucanas, zona relativamente cercana a donde se produce el conflicto minero vinculado a las operaciones de Minera Majaz y el proyecto Río Blanco. Asi que pude tener cierto contacto con dicha problemática, por lo que aquí van mis impresiones sobre el particular.

Desde que llegas a Piura, se respira la sensación de que el tema está muy presente. De hecho, apenas sales del aeropuerto, a las 3 cuadras, comienzas ver pintas en favor del Proyecto Río Blanco. Y en la carretera que une Piura y Chulucanas, puedes ver las mismas pintas, además de carteles puestos por la minera asegurando las bondades del proyecto.

Luego de la conversación que tuve con dirigentes de organizaciones sociales en Chulucanas, me quedaron algunas ideas bastante claras.

1. La Iglesía Católica de Chulucanas no es un cuco antiminero. De hecho, los propios representantes de la Diócesis me indicaron que su posición no está dentro del extremismo “minas sí o sí – minería ni aunque me paguen”. Por el contrario, buscan tener un rol facilitador del diálogo y, de hecho, han logrado legitimidad. En la reunión de la Mesa de Diálogo celebrada el lunes pusieron a la Diocesis como candidata a mediar. Lejos está Monseñor Daniel Turley de la caricatura que intentó montar Aldo Mariátegui.

2. El problema es mas complejo que la minería: De hecho, lo que más preocupa en la zona es la serie de diferencias violentas que se producen entre los partidarios de minería y antiminería. Ello puede dañar en un futuro cercano el tejido social y es allí donde se busca hacer la mayor incidencia: en que la población tenga un proyecto común, haya o no proyecto Río Blanco y aprenda a convivir en la diferencia.

3. El caso de la minería artesanal informal y Tambogrande: Hace unos meses, Marco Sifuentes se mandó con un post sobre el daño que estaría generando la minería artesanal informal a Tambogrande, luego de que se rechazara el polémico proyecto de Minera Manhattan. Aprovechando dicha información, el gobierno señaló que esto era causa directa de la oposición a la minería, ya que la gente seguía siendo pobre. Habría que matizar dicha afirmación de Jorgito y decir que si la agricultura no ha tenido el efecto querido en el crecimiento se debe, fundamentalmente, a que los pocos proyectos de desarrollo que hay en la región no son tomados en cuenta por las autoridades regionales, que ha hecho de los Presupuestos Participativos poco menos que una formalidad.

4. La gente no confía en el Gobierno: Es más, me atrevería a decir que confían más incluso en los dueños de Majaz – que ahora son chinos – y quienes han dicho que no tienen mucho apuro en comenzar un proyecto que no tiene, por el momento, el apoyo mayoritario de la población. La impresión que se tiene es que el Gobierno apuesta, sí o sí, a mantener el crecimiento económico basado en la mera extracción de recursos naturales, antes que apostar por productos con valor agregado. Muestra de ello, por supuesto, el comentadísimo artículo de El Perro del Hortelano escrito por el excelentísimo señor Presidente de la República. Y claro, están conscientes de que le quieren endilgar a la empresa privada lo que le compete hacer al Estado.

5. Se reclama una urgente planificación del desarrollo de la región: Si una palabra pude escuchar más fue esa. Si, ya se que a nuestros “liberales” no les gusta, ya que les recuerda a los planes quinquenales de la URSS, pero cualquier empresa privada tiene metas y caminos a trazar y el Estado no puede ser la excepción. La región Piura – y todas las demás – requiere de un plan de desarrollo y de planificación territorial. Lo reclaman a gritos.

Sin duda, esta mañana llegué de Piura con una visión más completa de lo que ocurre con el problema con Majaz. Sin duda, ver el tema en la zona te permite tener una mirada distinta que la que podemos tener desde Lima. Lo que no cambian son las convicciones: la inversión privada es necesaria, pero no a cualquier costo.

MINERIA Y MEDIO AMBIENTE: ECUACION DIFICIL

Los lectores de este espacio saben que soy partidario de la inversión privada como motor de la economía. Sin embargo, también conocen que opino que dicha inversión no puede hacerse atropellando los derechos de los demás, sean los laborales o los ambientales. Y quizás haya que incidir mucho más en este último punto.

Leí ayer la entrevista que le hicieron a Rosa María Palacios en La República y me quedo con este extracto de sus declaraciones, que me permitirán ilustrar lo que diré después:

–Sí, entonces la empresa minera hace la escuela, la carretera. Pero luego tienes otro problema. Un país moderno tiene que establecer reglas de control ambiental, pero qué pasa, que la población no cree que el Estado las va a hacer cumplir, y por eso se oponen a la minería. Si la gente maneja en el Perú sin brevete y no pasa nada, ¿por qué la minera no va a tirar su cochinada sin que pase nada? El Estado trata de hacer consenso entre minería y población, cuando es el que debe hacer cumplir la ley, él es el actor principal.

Pues bien, contradiciendo a Rosa Maria, el Estado no viene cumpliendo con ese rol de preservación del medio ambiente, con miras a un desarrollo sostenible. Ya algo se anticipaba con las extrañas movidas en CONAM, pero dos proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo confirman que en Palacio de Gobierno se sigue sin pensar a largo plazo o en todas las consecuencias de los actos que realizan.

El 22 de septiembre, se presentó un proyecto de Ley para declarar de interés nacional la promoción de la inversión minera. En su fundamentación de motivos se dice que se busca agilizar las diversas etapas de los proyectos de inversión minera y, además, se priorizan una serie de proyectos, entre ellos, el de la polémica: Majaz.

El problema central con este proyecto, de solo tres artículos, es que no define como se agilizarán estos procedimientos en los proyectos de inversión minera priorizados, lo que puede llevar a que los ya de por sí leves controles ambientales se relajen más.

Y a ello se suma lo que viene ocurriendo en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido también como la cuenca del Candamo. Otro proyecto de Ley que viene siendo discutido en el Consejo de Ministros amenaza esta zona de conservación ambiental, al recortarse parte del área de protección para la concesión de un lote de hidrocarburos.

Por cierto, ya hace 10 años, el documental Candamo: la ultima selva sin hombres había señalado el peligro que corría la zona por este tema.

Lo peligroso es que el proyecto no ha tenido la viabilidad técnica del INRENA, cuestión que le costó el puesto al Intendente de Areas Naturales Protegidas de esta institución, Luis Alfaro. Es decir, al igual que en el caso del CONAM y del proyecto anterior, la institucionalidad ambiental vuelve a ser rebalsada.

Tan importante como la inversión minera es que ésta se realice de la mejor manera que no solo garantice ingresos para las zonas donde esta actividad se realiza, sino que se respete la sostenibilidad de otras actividades económicas y del futuro de las siguientes generaciones. Esa visión es la que diferencia a un politico de un estadista. Pero parece que la segunda está lejos del ideal de Palacio de Gobierno.

¿CAMBIOS EN LA MINERIA?

Hace algunos meses, fuimos testigos de lo que el conflicto entre los trabajadores y dueños de la Compañía Minera Casapalca, una empresa que no respetaba los más elementales derechos laborales, cuestión que le conllevó una sanción del Ministerio de Trabajo, así como una conciencia mayor sobre lo contraproducente que es para la inversión privada no respetar los derechos laborales.

Pues bien, parece que, ante las evidencias, el gremio que parecìa indolente ante estos hechos ha tomado cartas en el asunto. Via El Comercio:

Le dieron la espalda a Casapalca. El consejo directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió separar a dicha compañía luego de que sus representantes se negaran a que las operaciones de la empresa fueran sometidas a una auditora independiente, contratada por el gremio, y que iba a determinar si Casapalca cumplía o no sus obligaciones laborales y medioambientales.

La SNMPE habría solicitado en tres oportunidades a la minera que permitiera el ingreso de auditores a sus operaciones, ubicadas en la sierra de Lima. Según informaron fuentes del sector, las respuestas de la minera habrían sido esquivas, y en ellas indicaba que actualmente Osinergmin sometía sus operaciones a una evaluación y que cualquier información sobre la situación de la empresa que requiriera el gremio minero debía solicitarse al organismo regulador. Ante la negativa, la SNMPE dio paso a su separación.

Hay que señalar que la SNMPE tiene un Código de Conducta en el que se indica:

4. La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.

Tradicionalmente, el gremio de empresarios mineros no ha sido muy permeable a este tipo de reclamos. Por el contrario, ha tenido en varias ocasiones expresiones de intolerancia frente a los cuestionamientos hechos desde diversos sectores hacia prácticas incompatibles con la legislación ambiental o laboral. Por ello es importante que hayan dado este paso drástico, que permite sentar un precedente sobre la conducta que las empresas privadas deben mantener en relación con la sociedad y sus trabajadores.

Sin dicho respeto, cualquier alusión a una revolución capitalista estará arando en el mar.

CONAM: URGENTE REFORMA

Si a alguien le quedaba alguna duda de que la minería es percibida tan mal por las comunidades porque no tenemos autoridades ambientales independientes, pues preste atención a lo siguiente. Y si no tenía dudas, siga leyendo, que la historia es buena.

El Blog del Morsa nos informa sobre un escándalo que refleja la real política del gobierno de Alan García en materia de relación entre minería y medio ambiente: el Presidente del Consejo Nacional del Ambiente, Manuel Bernales Alvarado, trabajó en la elaboración de un informe a pedido de Majaz pocas semanas antes de ocupar el cargo que hoy tiene en sus manos.

Y para completar el cuadro, Alan y Jorge, mediante una Resolución Suprema, le dan todo el poder a Bernales para que pueda remover a todos los funcionarios importantes del CONAM, al considerarse estos cargos como de confianza. Por una situación similar, renunciaron varios miembros de los organismos reguladores.

Como dijo Alvarez Rodrich anteayer, el Presidente y el Primer Ministro parecen jefes de relaciones públicas de las mineras. Con este hecho, se confirma la situación.

MINERIA Y COMUNIDADES: ¿APRENDEREMOS LA LECCION?

Más que su interesante artículo de todos los martes, hoy lo más destacado de Martín Tanaka ha sido su visión de primera mano sobre la Convención Minera de la semana pasada, coincidente en el tiempo con el conflicto de Majaz.

Básicamente Tanaka comprobó lo que parecen ser sentidos comunes dentro de quienes se encuentran dentro del lado empresarial de la minería: las comunidades están mal informadas, se les manipula y los ingresos del canon no llegan. Sin dejar de tener algo de razón, habría que matizar en mucho dichos juicios, dada la ausencia del Estado, tanto como garante de bienes básicos – salud, justicia, educación, seguridad, redistribución del ingreso -, como en fiscalizador de la actividad minera. Allí creo que están las causas de porque se producen muchos de los reclamos en contra de una actividad que, en efecto, genera grandes ganancias, pero, de las cuales, las comunidades ven poco o nada y, debido a la ausencia del Estado, también terminan endilgándole a la empresa privada las labores que debería cumplir – independientemente de la responsabilidad social empresarial.

Pero además Tanaka da cuenta de un fenómeno común a la Convención Minera: mayor presencia de temas vinculados a la mejora tecnólogica antes que a lo social. Y ello lo atribuye a que aun existe cierta mirada menospreciativa de las comunidades, una visión cortoplacista de las inversiones – que ve la mejora de las relaciones con los comuneros como un gasto más – y prácticas tradicionalistas de trato hacia el ser humano.

Pero, ¿esto no ha terminado de ser moneda común en nuestras conferencias de empresarios? Una de las pocas excepciones parecía ser la CADE del año pasado, sin embargo, unas cuantas mesas sobre inclusión no disminuyen el tema de fondo: nuestros empresarios grandes – salvo excepciones – no pasarían un test de inclusión social (y sino, aplíquemosle el que elaboré el año pasado), dejando de ver al país como cifras y viendo lo que hay detrás de ellas: una sociedad en la que se excluye del ejercicio de los derechos básicos y en el que la brecha social es cada día mayor.

Como para que en el Club Empresarial lo mediten entre Etiqueta Negra y Chivas.