NI MEZQUINDAD, NI COMPLICIDAD

Más precisiones sobre la operación Chavín de Huantar

El artículo que escribiera ayer sobre la crisis de los rehenes de Lima y la Operación Chavín de Huantar ha desatado una polvareda que sigue haciéndome pensar en cómo Sendero Luminoso y el MRTA fueron, no sólo los grandes responsables de la mayor parte de muertos durante el conflicto armado interno, sino también co-responsables de que el desprecio por los derechos humanos se haya convertido en nota corriente de un sector de la opinión pública peruana.

La insanía de las acciones de estos dos grupos, la crueldad con la que los perpetraban y la no asunción de responsabilidades – con contadas excepciones – ha hecho que un grupo de peruanos considere como válido y natural el hecho de que se hayan producido violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y que, además, considere como una afrenta a las Fuerzas Armadas.

En ningún momento he regateado el éxito de la operación, por el contrario, he señalado su valía como tal y el valor de los comandos, en especial, de los dos héroes militares que murieron en dicha ocasión.

Sin embargo, no se puede negar lo evidente: por lo menos existió una ejecucion extrajudicial, cometida por un equipo directamente dirigido por Fujimori y Montesinos, que se diferenciaba de los comandos por estar con pasamontañas y cámaras de vídeo. Los dos principales involucrados como autores directos son Jesús Zamudio y Roberto Huamán Azcurra. Los autores intelectuales: Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos.

Pero creo que no puede descartarse el conocimiento de Alberto Fujimori sobre estos hechos dado que existía un patrón de violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno. Estamos hablando de crímenes donde se separaban a los ejecutados extrajudicialmente en un grupo aparte. Convendría revisar los casos Universidad Nacional del Centro, La Cantuta, Castro Castro, El Santa, Operación Aries y Embajada del Japón como parte de un mismo patrón. Patrón que puede ser confirmado por la existencia del Manual del Ejército conocido como Equipos Básicos, en el que se señalaba que había que eliminar a los presuntos subversivos o no capturar prisioneros.

La tesis de los “gallinazos”, como la llamó el ex Ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola ya ha sido esgrimida en el año 2002, cuando reportajes de Caretas y Agencia Perú indicaron que los casos de ejecución fueron cometidos por un grupo que no tuvo relación directa por los comandos dirigidos por el General José Williams Zapata y que son los héroes de la historia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación confimó la tesis. Umberto Jara, 5 años después, ha retomado dicha hipótesis de trabajo, que es la misma que maneja el Poder Judicial.

Por ello, resultan curiosas las declaraciones dadas en la ceremonia castrense de celebración, producida ayer en Chorrillos. Ninguno de los comandos será procesado por el tema de las ejecuciones extrajuiciales. Sin embargo, ayer el Comandante General del Ejércíto hacía una defensa ante un supuesto maltrato. Quizás Edwin Donayre ignore el hecho de que ser héroe nacional no le da a una persona una prerrogativa especial de no presentarse a declarar en un proceso como testigo. Ese es el pensamiento que tiene Luis Giampietri en la cabeza.

La mejor forma de diferenciar a los héroes de los criminales es un proceso judicial. El caso de Chavín de Huantar señala que el Poder Judicial lo ha comenzado a hacer.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Sobre el Operativo Chavín de Huantar.
La Pura Purita: V de Verdad.

AND JUSTICE FOR ALL?

Aristas del debate sobre medidas del gobierno para defender a militares y políticas procesados por violaciones a los derechos humanos.

Sentimientos y reacciones encontradas me causa la decisión del gobierno de Alan García de solventar la defensa judicial de los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Por ello, pretendemos abordar desde diversas aristas un tema sin duda complejo, pero necesario de procesar por la sociedad peruana.

EL CONTEXTO

Todos quienes vivimos en el Perú durante aquellos años de violencia reconocemos que el Estado tenía todo el derecho de utilizar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para enfrentar un problema que amenazaba la existencia de la democracia y la vida e integridad física de nuestros compatriotas, como lo era la absurda guerra que Sendero Luminoso y el MRTA le declararon al país durante las décadas de 1980 y 1990.

También es necesario reconocer – como lo hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación – el valor y heroísmo de muchos de los integrantes de las fuerzas del orden, de los cuales más de un millar perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber, así como a todos aquellos que combatieron a la subversión respetando la Constitución, la Ley y los derechos humanos.

Sin embargo, así como reconocemos dichas muestras de coraje y valentía, nos corresponde como sociedad asumir que no nos comportamos a la altura de las circunstancias.

En el caso de las Fuerzas Armadas y Policiales, estrategias inadecuadas (o la carencia de ellas), una visión discriminadora y sospechosa sobre nuestros compatriotas que habitaban las zonas más afectadas por el conflicto, la anuencia del Estado – incluyendo a los tres gobiernos que dirigieron al país durante aquellos años – y de parte de la sociedad para que el conflicto acabe a cualquier costo (sin importar las vidas humanas afectadas por una medida de tal naturaleza) y una cultura militar poco proclive a aceptar límites y controles democráticos generaron que el drama iniciado por Sendero Luminoso se volviera algo peor.

Durante años, periodistas de diversas tendencias, organizaciones de defensa de los derechos humanos, miembros de las Iglesias Católica y evangélicas y, finalmente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, denunciaron, con bastantes elementos de juicio, la comisión de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Asesinatos, desapariciones forzadas de personas, torturas, violencia sexual contra la mujer, tratos crueles e inhumanos y reclutamiento forzado fueron las prácticas que no podemos considerar como simples excesos en una guerra. En algunos lugares y momentos, estas violaciones fueron de tal dimensión que podemos hablar de vulneraciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.

Estas denuncias no fueron el producto de fantasías, ni de un deseo de destruir a las Fuerzas Armadas, como algunos defensores de ellas (o encubridores de la realidad), pretenden hacernos creer. Por el contrario, fueron un acto doloroso, pero necesario, no sólo para humanizar un hecho que de por sí es difícil de humanizar – la guerra -, sino también para que se haga justicia y no queden sin castigos conductas que la sociedad rechaza, así como también alertar al Estado para que no actúe de esta manera.

Un comentario editorial de César Hildebrandt, a raíz de la masacre de Cayara en 1988, refleja dicha posición:

Soy enemigo visceral, moral, intelectual de Sendero Luminoso. Deseo que la democracia derrote al terror en una batalla complicada, no solo militar sino social, económica, etc. Hay que barrer con los abismos sociales que son el caldo de cultivo de la violencia. Yo quiero que mi país gane la guerra, por eso esto me preocupa, así la vamos a perder”.

Sobre la base de sus indagaciones y comprobaciones – que no deben confundirse con la actividad jurisdiccional, pues son de naturaleza distinta – la Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció que 47 casos investigados de acuerdo al mandato que el Estado peruano le dio, contaban con los indicios suficientes para que el Ministerio Público hiciera las investigaciones correspondientes y formulara las acusaciones penales de comprobarse los indicios presentados. Asimismo, en su Informe Final presentó un capítulo entero en el que describe el análisis sobre el que basó sus conclusiones sobre las posibles consecuencias jurídicas de sus investigaciones. Afirmar que la CVR fue un tribunal o pretendió establecerse como tal implica desconocer la naturaleza de las comisiones de esclarecimiento histórico de sucesos de violencia, cuyo carácter y prerrogativas son distintas a las de un órgano jurisdiccional o del Ministerio Público.

El Ministerio Público y el Poder Judicial ampliaron el rango de militares en actividad o retiro comprendidos en las investigaciones judiciales o procesos penales. Por ello se elevó el número de personas procesadas por estos casos, así como el de investigados.

Sin duda, hay casos en los que dicha ampliación obedece a la realidad de los hechos ocurridos durante aquellos años. Pero hay otros – como en el caso Cayara – en el que consideramos que la actuación judicial no tomó en cuenta los criterios establecidos por la CVR y por el derecho penal, comprendiendo a personas que no tenían participación directa en estos hechos, casos que han servido como emblemáticos para la toma de la medida gubernamental.

A ello debe sumarse las deficiencias en el diseño del subsistema penal de procesamiento a violaciones a los derechos humanos, las cuales han hecho que los procesos judiciales no se lleven con la celeridad debida, a fin de que las víctimas alcancen la justicia a la que tienen derecho y quienes sean inocentes puedan reivindicar su nombre y prestigio.

Es en este contexto que se plantea la medida presentada por el Presidente García e impulsada por el Ministro de Defensa Allan Wagner.

LAS CONSECUENCIAS Y PROBLEMAS DE LA MEDIDA TOMADA

Toda persona tiene derecho a la defensa y a un debido proceso. De eso no hay duda, es un derecho que alcanza a todo ciudadano, por más que haya cometido delitos execrables, como es el caso de Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos o los integrantes del “Grupo Colina”.

Asimismo, toda persona tiene derecho a que se le presuma como inocente, hasta que el Poder Judicial demuestre lo contrario.

Sin embargo, existen casos límite, en los cuales la evidencia sobre la responsabilidad es tan grande que la culpabilidad se lee en la cara de los acusados. Ese es el caso con los integrantes del Grupo Colina, como el de oficiales como Alvaro Artaza (a) “Comandante Camión”, responsable de desapariciones en Huanta, Telmo Hurtado, responsable de la masacre de Accomarca o José Valdivia Dueñas, quien fue el responsable de la matanza de Cayara.

Allí encontramos la primera dificultad de la medida tomada.

El Decreto Supremo N° 061-2006-PCM lo que hace es ampliar los alcances de una norma (el Decreto Supremo N° 018-2002-PCM) que establece las medidas que el Estado tomará para la defensa de altos funcionarios que sean acusados durante el ejercicio de sus funciones. La norma publicada el sábado 23 de septiembre amplía estos supuestos para los casos de militares y policías que en el ejercicio de sus funciones habrían cometido violaciones a los derechos humanos.

La norma no establece límite alguno para ello, por tanto, cualquier persona, incluyendo a los casos límite antes señalados, podría acogerse a este beneficio.

Si bien el Ministro Wagner (y otros voceros apristas) han señalado que la medida no contemplará todos los casos y que habrá exclusiones, lo cierto es que los Ministerios de Defensa e Interior no podrían arrogarse facultades de decidir sobre la inocencia o culpabilidad de alguien. Asimismo, no quedan muy claros los parámetros sobre los cuales se definirán los mecanismos de exclusión para acceder a lo contemplado por la norma bajo comentario, parámetros que podrían ser incompatibles con el derecho a la defensa o la presunción de inocencia.

El beneficio, por otro lado, no es similar a la defensa de oficio a la que todo ciudadano tiene derecho de acuerdo a la Constitución. Se contrata a estudios de abogados o se forma un pool de ellos para estos casos, lo cual pone en desigualdad de condiciones a presuntos perpetradores y a víctimas, como veremos más adelante.

Retrocedemos algunos pasos. Es cierto que los funcionarios públicos son muchas veces acusados injustificadamente por medidas tomadas en el ejercicio de sus funciones, pero también es cierto que actos de corrupción o de violaciones a los derechos de las personas han sido cometidas por representantes o funcionarios estatales. ¿Debe el Estado solventar estos procesos directamente con nuestros impuestos? Quizás una medida intermedia sea el descuento a todos los funcionarios públicos para un fondo de defensa judicial a usarse en casos excepcionales. Lo cierto es que la medida utilizada desde el 2002 es ciertamente controvertida e incluso mereció proyectos de Ley en el Congreso con el fin de eliminarla, sin éxito.

Pero, además de las implicancias económicas y jurídicas de este tema, es necesario que el Estado deje en claro que es lo que espera alcanzar con esta medida.

Por un lado, si nos atenemos a las declaraciones del Ministro Wagner, podría entenderse que el Estado asume una responsabilidad por los hechos ocurridos, corriendo con los gastos de defensa de los acusados por violaciones a los derechos humanos y, con ello, comprometiéndose a respetar el resultado final de dichos procesos, incluyendo, por supuesto, una sentencia condenatoria. De ser así, la decisión tomada por el gobierno sería una contribución a la reconciliación nacional.

Pero las declaraciones del Presidente García no dejan muy claro hacia donde se va y que es lo que el gobierno piensa, en conjunto, sobre el tema.

UNA MALA PRESENTACION DE LA MEDIDA

Considero que la presentación de la medida por parte del Presidente García fue inadecuada, en particular cuando empleó frases como las siguientes:;

El Estado se compromete a defender a soldados, marinos, aviadores, oficiales y a todos aquellos que sufren acusaciones, a todos aquellos a los que se enrostra actos por que es responsabilidad del gobierno defender aquellos a los que en algún momento envió a defender a la patria, y no vamos a vejar, ni marginarles, no desasistir a los que sufren condenas, procesos, inquisiciones y muchas veces investigaciones que no acaban nunca, y que mancillan su honor y destruyen sus carreras (…)Cuanta sangre pusieron los que hablan, cuanta sangre pusieron, con cuanto esfuerzo y sacrificio o perdida de vida humana los que ahora se permiten posar sus palabras contra las FFAA”.

La presentación asume que toda acusación presentada es una vejación. Pero olvida que muchas de dichas acusaciones son fundadas. Además, repite el argumento dado por los militares procesados o investigados, en particular por el Primer Vicepresidente Luis Giampietri, investigado por los sucesos en el Frontón, en 1986 y que intentan desprestigiar a cualquiera que haya denunciado estos hechos.

De otro lado, repite un argumento falaz: “todo aquel que critique a las Fuerzas Armadas es un antipatriota y no entiende los rigores de la guerra”. Si bien es cierto que en un conflicto es necesario crear consensos nacionales sobre como enfrentarlo, las críticas son necesarias, dado que pueden cometerse errores que lamentar y, además, por que las Fuerzas Armadas, como toda institución estatal, están sujetas al control democrático y al escrutinio ciudadano. Apartarlas y convertirlas en un ghetto – como se ha hecho durante estos años formando colegios, viviendas o clubes que las apartan de la sociedad – no permiten que los miembros de las fuerzas del orden puedan ser ciudadanos de verdad, con los derechos y obligaciones que nos competen a todos los peruanos. Seguimos padeciendo por momentos de aquel mal colonial que fue la división en estamentos de la sociedad, a los cuales se les otorgaba mayores o menores derechos según lo valorara la autoridad estatal.

Pero, por otro lado, no reconocer que muchas de las acusaciones y procesos judiciales se basan en sucesos que ocurrieron implica seguir avalando, tal como se hizo entre 1980 y 2000, prácticas que fueron vulneratorias de los derechos humanos de miles de peruanos – fundamentalmente, de los más débiles, desprotegidos y excluidos de la sociedad – y que en el fondo revelaría el desprecio por la vida de muchos compatriotas que un sector de la sociedad y de la clase política tuvo durante el conflicto interno. Muchos consideraron que la vida de habitantes de la sierra o de la selva era un costo a pagar por la pacificación, como algún desafortunado animador de televisión lo dijera hace algunos años. Parece ser que ese pensamiento, que no considera a quienes habitan en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac o Junín como iguales a quien vive en Lima, sigue siendo moneda corriente en nuestra sociedad.

Finalmente, el discurso de García pretende ignorar que parte de la responsabilidad durante esos años le correspondió a su gobierno y a su persona, en particular. No pueden olvidarse a los mártires apristas de aquellos años, ni dejar de reconocer los esfuerzos realizados por preservar el sistema democrático, la elección de autoridades y la libertad de prensa durante aquellos años, así como el impulso, a inicios del gobierno 1985 – 1990, por consolidar una política alternativa contra la subversión. Sin embargo, al igual que los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alberto Fujimori, el gobierno de Alan García no tomó las medidas y previsiones suficientes para impedir los atropellos de los derechos fundamentales de la población, vigentes aún cuando se declararan estados de emergencia y que desatendió las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ello fue lo que ocurrió en casos como el de Cayara o la aparición de un comando paramilitar que llevó el nombre de un mártir. Asimismo, se actuó de manera poco inteligente frente a provocaciones de Sendero Luminoso, como en los sucesos de los penales de 1986.

¿Y LAS VICTIMAS?

Quizás lo más controversial de las acciones tomadas por el gobierno es la desigualdad con la que se trata a los acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y a las víctimas de dichos crímenes por parte del Estado.

Por un lado, los representantes del gobierno exigen una actuación más célere por parte de la administración de justicia, pero no sobre la base del derecho de las víctimas a alcanzar justicia y a conocer la verdad de lo ocurrido, sino para tener un documento sobre la inocencia de un oficial o suboficial de las Fuerzas Armadas. Esta visión olvida que, tan importante como el saneamiento moral de una institución, también lo es el derecho de un ciudadano a obtener del sistema de administración de justicia la solución a un reclamo o a un problema que llevan 10, 15 o más de 20 años en resolverse.

Por otro lado, se olvida la situación de indefensión de quienes reclaman justicia y que ha documentado ampliamente la Defensoría del Pueblo y que se refleja en los siguientes datos:
a) Más del 70% de víctimas comprendidas en los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos no cuentan con una asesoría legal que les ampare. Las organizaciones de derechos humanos no cuentan con los recursos y abogados suficientes para hacerse cargo del patrocinio de más de 1,500 personas. El Estado tampoco cuenta con los defensores de oficio suficientes para emprender esta tarea.
b) No existen mecanismos de protección para víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos, los cuales son amenazados constantemente.
c) De los 5 juzgados a los que se encargo la tarea de procesar judicialmente estos casos, 2 se encuentran acéfalos desde hace algunos meses, teniéndose que ampliar la carga procesal de los 3 juzgados existentes a la fecha.
d) De los 5 juzgados que ven estos procesos, 4 se encuentran en Lima, lo que aumenta el costo de la defensa de las víctimas, tanto para su traslado para las audiencias, como para el conocimiento de los procesos por parte de los abogados.
e) Se requiere mayor capacitación para jueces y fiscales, quienes tienen problemas en el uso de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así como en la doctrina y criterios propios del derecho penal para este tipo de casos.

Visto este panorama, la pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué el Estado peruano no hace algo para cambiar esta situación? ¿O es que sigue percibiendo a las víctimas como ciudadanos de “segunda categoría”?

COLOFON

Durante los años noventa, el sentido común construido sobre la derrota de las organizaciones subversivas incidió en que sólo las medidas autoritarias eran las necesarias para combatir a estas organizaciones. Creo que este paradigma es errado. Por el contrario, las vejaciones a los derechos humanos y la vulneración del Estado de Derecho no sólo son acontecimientos pasibles de condena ética, política y, en algunos casos, judicial, sino que constituyeron (y aún constituyen) obstáculos para una auténtica pacificación.

Dichos actos fueron crímenes execrables, que demoraron la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA, toda vez que retrasaron la ruptura de la población civil con las organizaciones subversivas y no evitaron que el conflicto se expandiera por casi todo el país.

Nosotros ganamos la guerra, cierto, pero lo hicimos a pesar de las violaciones de los derechos humanos. Por eso es necesario procesar estos hechos en el Poder Judicial, a fin de dar un gran paso hacia una reconciliación nacional basada en la reconstrucción de lazos sociales y con el Estado que eliminen todo vestigio de impunidad y exclusión en nuestro país.

La justicia en el Perú debe ser para todos, no sólo debe guiarse por criterios corporativos o intereses de grupos interesados. Si no lo entendemos de esta manera, no habremos aprendido la dolorosa lección de aquellos años de horror y deshonra para los peruanos.

ENLACES:
Augusto Alvarez Rodrich: Revindicación… ¿Y justicia?
Los Ministros no son Jueces
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Editorial de La República (24/09/2006): Cara y sello de un Decreto.
La República: Gian Carlos Pinto:un caso que sí merece atenderse. El caso Cayara: CVR sólo recomendó acusar a 13 militares.
Salomón Lerner Febres: No sólo militares pusieron el pecho. Amplíen atención a las víctimas.
Allan Wagner: “No defenderemos a violadores de derechos humanos”.
Enrique Bernales: Los riesgos del Decreto Supremo.
El Útero de Marita: Humala tiene razón.
Comisión de la Verdad y Reconciliación: La dimensión jurídica de los hechos.
El Blog del Morsa: El APRA dice: “Me gustan los militares porque tienen uniforme”.
El Otro Tambor: ¿A quién defiende el Estado?
Jomra: ¿”Acto de Justicia”?