Los reales problemas del Caso El Frontón

El Frontón

La acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional por un fallo emitido en el 2016 sobre el Caso El Frontón activó una falacia. Se ha señalado que esta resolución perjudicaba a los miembros de la Marina de Guerra procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales, al declarar que lo ocurrido podría constituir un crimen de lesa humanidad y, por tanto, reabrir el caso. Se omite que, en realidad, el proceso judicial por los posibles delitos cometidos con posterioridad al legítimo debelamiento de un motín senderista en 1986 nunca se cerró.

La resolución emitida el año pasado, que corrige el fallo emitido por el Tribunal Constitucional en el 2013, corresponde a un proceso de hábeas corpus iniciado en el 2009 por quienes hoy se encuentran en juicio oral ante la Sala Penal Nacional. El fin último de esa demanda habría sido que el caso prescriba.

Yerros hay en ambas resoluciones. El Tribunal Constitucional nunca debió pronunciarse – ni en el 2013 ni en el 2016 – sobre si estábamos ante un delito de lesa humanidad, cuestión que corresponde al Poder Judicial. Tampoco debió, como se hizo en la sentencia original, interpretar que el caso no se cerraba para los acusados como perpetradores directos, pero sí para los posibles autores intelectuales. Este punto contraría las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso. Y a ello se suma la errática corrección sobre el voto contradictorio del magistrado Juan Vergara Gotelli, cuyo sentido real no conoceremos, debido a un mal degenerativo.

En realidad, el Tribunal Constitucional debió declarar que el proceso por presuntas ejecuciones extrajudiciales no prescribía porque se trataba de posibles delitos que, de confirmarse, constituirían una grave violación a los derechos humanos, de acuerdo con las sentencias de la Corte IDH en los casos Barrios Altos, Gomes Lund y Gelman. Aún puede hacerlo, dado que se interpuso una queja contra su segunda resolución en el proceso de hábeas corpus.

Pero las discrepancias que puedan existir sobre una interpretación legal no deben procesarse a través de una acusación constitucional. Tampoco existen evidencias de prevaricato en este caso, como han indicado bien los abogados de los magistrados. Por ello, el Congreso de la República debería cerrar este procedimiento. Más aun cuando la acusación se habría contaminado con intereses políticos subalternos, que buscarían magistrados más afines en el Tribunal Constitucional o cerrar un caso incómodo para un partido criticado por los errores de sus dos gobiernos.

Dicho esto, el sistema de justicia debe ser más expeditivo en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000. Tanto las víctimas como los acusados se ven afectados por la demora en estos procesos, que deben culminar con sentencias absolutorias o condenatorias.

Como sociedad, debemos comprender que de confirmarse la ejecución de prisioneros rendidos, por más delincuentes que hubieran sido, sería una conducta punible. Peor aun, no investigar este caso podría impedir que los peruanos distingamos entre quienes deshonraron el uniforme de Grau y los marinos que nos defendieron adecuadamente frente al terror que amenazó al Perú.

(Publicado originalmente en el diario El Comercio)

Memoria del Lugar

lum1.jpg

Hace una semana, el director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) debió renunciar por una exposición temporal incómoda para el fujimorismo. Fue un hito más en la complicada historia del museo estatal sobre el periodo de violencia vivido entre 1980 y 2000. Su futuro está en debate. 

Esta semana, el ambiente en el LUM aparenta normalidad. Grupos de escolares visitan la muestra permanente, orientados por los guías. Ciudadanos peruanos y extranjeros aprecian por su cuenta el museo sobre el periodo de violencia con el que el Perú cerró el siglo XX. Sin embargo, al llegar a la muestra temporal “Resistencia Visual 1992” las voces se dividen entre quienes aprecian el retrato de un año convulsionado y quienes consideran que una “exposición activista” no debería tener cabida en este espacio.

La muestra curada por Karen Bernedo contiene 36 grabados que evidencian actos terroristas cometidos por Sendero Luminoso, pero también las violaciones a los derechos humanos y a la democracia perpetradas por Alberto Fujimori. A través de un tuit, el congresista fujimorista Francesco Petrozzi expresó su preocupación. En declaraciones al diario La República, admitió haber conversado con el ministro de Cultura, Salvador del Solar, sobre la exposición, pero negó cualquier censura. Sin embargo, a dicho medio le señaló su incomodidad por temas que “no tienen que ver con el año 92”. Algunos grabados cuestionan la compra de los medios de comunicación y las esterilizaciones forzadas y critican al actual modelo económico.

Para el periodista Juan Carlos Tafur, el LUM debe contar con muestras temporales transgresoras. “El arte es libérrimo por excelencia, no se puede pretender que esté sujeto a parámetros funcionales o políticos. Puede uno considerar que se ha cargado más la tinta en un lado, pero de ello se trata”, afirmó para este informe.

Si bien la exposición permanecerá hasta el 1 de octubre, el director del LUM, Guillermo Nugent, debió dejar su puesto. Tanto Del Solar como su asesora, Denise Ledgard, adujeron “sesgos” de la muestra. Ambos señalaron que el Lugar debía mantener objetividad frente a la “polarización política actual”, pero no aludieron a las preocupaciones de Petrozzi. El desenlace ha generado pronunciamientos de rechazo y preocupación, como los emitidos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el IDEHPUCP.

Si bien el Ministerio de Cultura no ha vuelto a emitir un comunicado oficial o una declaración abierta sobre este tema, en sus pasillos existe clara conciencia sobre los resquemores generados en la comunidad de derechos humanos y un grupo significativo de artistas y promotores culturales.

Esta crisis también puede apreciarse como un hito más en la disputa sobre la existencia y sentido de un espacio que recuerda al conflicto armado interno.

Peruvian-born Nobel Literature laureate Llosa embraces Peru's President Garcia after receiving the medal of Arts and Letters in Lima
García no quería un Museo de la Memoria. Vargas Llosa lo convenció. El proyecto demoró años en concretarse (Foto: El Comercio) 

LA AZAROSA HISTORIA DEL LUM

Luego de un frustrado intento por contar con un museo que complementara al monumento “El Ojo Que Llora” en Jesús María, la posibilidad de contar con un espacio sobre el periodo de violencia 1980-2000 se activó con la visita de la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Heidemarie Wieczorek-Zeul, a la muestra fotográfica Yuyanapaq: para recordar. Ella indicó el interés alemán de donar el dinero para su construcción e implementación.

El gobierno de Alan García rechazó inicialmente la oferta. Como recuerda la antropóloga María Eugenia Ulfe, “el entonces ministro Antero Flores Araoz decía que debía invertirse el dinero en escuelas o en otras cosas”. Mario Vargas Llosa logró persuadir al mandatario y se formó una comisión de alto nivel para crear el museo, presidida por el escritor. Para la docente e investigadora de la PUCP, este hecho marcó el destino del espacio: “fue un nacimiento cargado con una discusión sobre si el país necesitaba o no un lugar de la memoria”.

Vargas Llosa renunció cuando García intentó cerrar los procesos penales contra agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos mediante un decreto legislativo. Fue sucedido por el pintor Fernando de Szyszlo y este, a su vez, por el abogado Diego García-Sayán.

Las tensiones continuaron en los años siguientes. Existió un debate interno sobre si el guión museográfico debía ser anterior a la construcción del edificio y se optó por edificar previamente el museo. Se hicieron dos guiones y el último fue sometido a un breve proceso participativo.

También se discutió si lo narrado en este espacio debía ceñirse al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Para el expresidente de este grupo de trabajo, Salomón Lerner Febres, el LUM debía contener a Yuyanapaq. García Sayán defendió que el Lugar fuera más allá de la CVR. La muestra fotográfica hoy sigue en el Ministerio de Cultura.

Ulfe señala que “en todo este debate sobre el Lugar de la Memoria, las víctimas son quienes debieron estar en el centro”.

LUM2
Exposición permanente del LUM incluye alusiones a la culpabilidad de Alberto Fujimori en violaciones a los derechos humanos. Fujimorismo no había puesto el Lugar en la mira hasta exposición temporal (Foto: JAG)

EL LUM A FUTURO

Tafur se muestra crítico con el tono actual de la muestra permanente del LUM. A su criterio, presiones militares y conservadoras suavizaron la información. “Lograron su objetivo, pero le quitaron al LUM la capacidad de irritar que cualquier espacio de esta naturaleza debe tener”. Paradójicamente, según nos refirió Ulfe, representantes de la Comisión Permanente de Historia del Ejército tienen cuestionamientos a la exposición permanente porque “prima lo estético antes que lo histórico”.  Durante el proceso participativo, los empresarios eran los más renuentes a contar con un museo sobre el periodo, pero luego se convencieron de su necesidad.

Ambos mencionaron omisiones en la propuesta actual. Para la antropóloga, es notorio que se dejan de lado determinados sucesos y se rompe con la línea narrativa histórica propuesta por la CVR. Mientras que el psicólogo estima que no hay críticas duras a Fernando Belaunde y Alan García, en cuyos mandatos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

La actual muestra permanente tiene un tono pedagógico, destinado sobre todo a las generaciones que no vivieron el periodo de violencia. Se concentra en casos emblemáticos (Uchuraccay, Putis y el pueblo asháninka), testimonios de diversos actores afectados por el conflicto, la resistencia de la sociedad civil y expresiones culturales durante el periodo de violencia. Además, se cuenta con espacios sobre la violencia contra la mujer en el conflicto, un reconocimiento a la CVR y a los demás espacios de memoria que existen en el país.

Para Tafur, frente a la posibilidad de un mayor “edulcoramiento” del Lugar de la Memoria, se podría crear un directorio ajeno a los vaivenes políticos. En su momento, García Sayán planteó un patronato que no fue aceptado por el gobierno de Ollanta Humala. El periodista consideró que lo mejor es que el LUM siga generando controversia. “Si bien esta crisis tuvo el desenlace lamentable de la salida de Nugent, se demostró que hay vida en la institución. El Lugar de la Memoria está vivo, porque sí se ha generado una reacción aquí, se demuestra que no es un cementerio”, concluyó el actual columnista de El Comercio.

Ulfe consideró que Nugent estaba haciendo los esfuerzos suficientes para que el espacio sea apropiado por las víctimas del periodo de violencia. Asimismo, estima que lo ocurrido puede determinar la pauta para el nuevo director del LUM. “No se deja libertad para que recupere su posicionamiento, se legitime y sea el ente articulador de una política nacional de memoria”. Este último punto es un gran pendiente en las políticas públicas implementadas por el Estado peruano frente a los afectados por los 20 años de conflicto que vivió el país.

Extraoficialmente, pudimos conocer que el Ministerio de Cultura tomará cierto tiempo para decidir quién será el nuevo director del Lugar de la Memoria. Se espera que la selección elimine los temores fundados sobre el futuro de un espacio que debiera incomodar a quienes generaron la violencia que el país vivió durante dos décadas, así como a quienes no supieron enfrentarla.

(Publicado originalmente en La Mula)

 

 

Horror en el Pentagonito

(Centro de detención, tortura e incineración en San Borja. Foto: El Comercio)

El martes 27 de septiembre, la Sala Penal Nacional condenó a 22 años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y al exComandante General del Ejército Nicolas Hermoza Ríos por las desapariciones forzadas de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo y del profesor y panadero Justiniano Najarro.

Estos crímenes fueron conocidos, inicialmente, gracias a la investigación realizada para el libro Muerte en el Pentagonito, escrito por el periodista Ricardo Uceda. En estos casos, quedó claro un modus operandi: informantes de la Marina de Guerra y civiles adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército brindaban información para que agentes de esta última institucion capturaran a presuntos miembros o simpatizantes de Sendero Luminoso. Luego de ser privados de su libertad, eran llevados a las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército, ubicadas en San Borja, donde eran torturados y, finalmente, ejecutados extrajudicialmente, sin reportar a sus familiares su paradero final.

Si estos hechos, per se, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, el destino final de los cuerpos de los tres ciudadanos es aún más macabro. De acuerdo con la sentencia, existió en el Cuartel General del Ejército un horno crematorio donde los restos de estas personas fueron incinerados. Una forma aun mas truculenta de eliminar cuerpos en las distintas modalidades de desaparición forzada que se vieron durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000.

En este caso, se encuentran tres patrones diferenciados. En primer lugar, la eliminación de los restos mediante hornos crematorios es una práctica que también fue llevada a la práctica en Ayacucho en los años en los que se registraron más muertos y desaparecidos durante el conflicto. De acuerdo a lo señalado por el libro de Uceda, cientos de cadaveres fueron desenterrados y, posteriormente, quemados para no dejar huella de su muerte.

En segundo lugar, estamos ante un patrón de desapariciones forzadas bastante común en Lima. Como ha revelado la investigación de Victor Quinteros “Los 55 de Lima”, durante el gobierno de Alberto Fujimori, las desapariciones forzadas selectivas respondieron a un patrón de búsqueda y desaparición de restos que buscaba dar, en teoría, golpes a Sendero Luminoso. Sin embargo, la organización terrorista no se vio afectada y, en la mayoría de los casos, las personas ultimadas eran inocentes.

Ademas, nos encontramos ante la plasmación selectiva de la estrategia que el Ejército Peruano llevó a cabo desde los primeros años en los que se combatió a la subversión en Ayacucho. Cuando la CVR señala que, en algunos lugares y momentos, miembros de las instituciones armadas cometieron crímenes de lesa humanidad, se refiere, precisamente, a este tipo de eventos. El colegiado encargado de juzgar el caso Sótanos SIE ha tenido la misma opinión y ha señalado que estos hechos merecen esta calificación accesoria.

No debe dejar de llamar la atención el hecho que los dos condenados por estos casos hayan sido las dos personas en las que el expresidente Alberto Fujimori depositó su confianza para el manejo de las Fuerzas Armadas y que, además, también han sido condenadas por los asesinatos cometidos por el Destacamento Colina. Sin embargo, dado que el caso no fue considerado por la justicia chilena como pasible de extradición, quien gobernó el país entre 1990 y 2000 no podrá ser procesado en el país por estos hechos.

Finalmente, queda un tema importante por saldar en este caso. El Ejército Peruano deberá brindar toda su colaboración para encontrar los restos de los tres desaparecidos, más aún cuando los crímenes fueron cometidos en su principal instalación en Lima. Este caso problematiza, aún más, la búsqueda de miles de personas que el nuevo gobierno deberá impulsar mediante la implementación de la ley sobre la materia emitida en junio pasado. Urge, por tanto, que este tipo de situaciones sean contempladas en el necesario proceso de restitución de restos y cierre del periodo de duelo que el país debe afrontar. Sin duda, el Estado tiene una tarea urgente por atender, más allá que, en este caso, se llegó a alcanzar justicia.

(Publicado originalmente en la web del IDEHPUCP)

Montesinos y Hermoza condenados por muertes en el Pentagonito

(Dos de los hombres fuertes del fujimorato condenados nuevamente por violaciones a los derechos humanos. Foto: El Comercio)

Esta mañana, Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás Hermoza Ríos fueron condenados a 22 años de prisión por la desaparición forzada de Martín Roca Casas, Kenneth Anzualdo y Justiniano Najarro Rúa. El caso, conocido como “Sotanos SIE”, es una de las más macabras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia que vivimos entre 1980 y 2000.

Estos tres ciudadanos fueron desaparecidos en 1993. Según se pudo conocer a través del libro “Muerte en el Pentagonito”, escrito por el periodista Ricardo Uceda, el modus operandi fue el siguiente: estas tres personas fueron detenidas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, luego fueron llevados a los sótanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) en San Borja y posteriormente, fueron ejecutados y sus restos incinerados en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa – principal fuente de Uceda para esta investigación – y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.

La existencia del horno para eliminar restos humanos fue comprobada en octubre de 2004. De acuerdo con testigos de esta modalidad de ejecución, los restos eran dispersados en los jardines del Pentagonito.

Como indica Rocío Silva Santisteban, si bien intervino directamente Jesús Sosa, este no es un crimen atribuible al Destacamento Colina:

Según el abogado Víctor Quinteros, quien trabajó para la Procuraduría investigando este caso, se trataría de “miembros del Puesto de Inteligencia de Lima (PIL), integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) […] Para la época en que Kenneth (Anzualdo) es detenido, el grupo Colina llevaba más de un año desactivado, su desaparición sería más bien atribuida a un grupo constituido dentro del SIE, uno entre otros bajo el mando del coronel Enrique Oliveros, hoy prófugo de la justicia”. Esto significa que, además de Colina, hubo otros grupos o subgrupos encargados de asesinar sistemáticamente a peruanos por el solo hecho de ser sospechosos de subversión.

De los tres casos, la desaparición forzada de Anzualdo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarándose la responsabilidad del Estado peruano en este caso. Se pidió que el caso fuera procesado hasta encontrar a los responsables. Ello se ha cumplido con esta sentencia. Sin embargo, queda pendiente establecer donde están los restos del estudiante universitario, así como los de Roca y Najarro.

Queda pendiente, además, la captura del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, quien fue condenado a 15 años de prisión por su participación en estos hechos. Se establece una reparación civil de un millón de soles.

Sin duda, se alcanza  justicia en un caso emblemático, que nos vuelve a recordar el horror del que se pudo ser capaz en nombre de la lucha contra la subversión. Así como los crímenes de Sendero Luminoso son justamente repudiados, este caso también merece la condena de la sociedad peruana.

POST DATA: Aquí una entrevista que le hice a Víctor Quinteros en 2012, donde cuenta los detalles del caso Sótanos SIE:

Sobre villanos y tumbas

(El inaceptable mausoleo senderista nos debe llevar a una reflexión de fondo. Foto: El Comercio)

Ha causado conmoción – como es natural – la emisión de imágenes de una ceremonia en Comas en la que miembros del MOVADEF y familiares de integrantes del grupo subversivo y terrorista Sendero Luminoso revindican heroicamente a miembros de la agrupación ejecutados extrajudicialmente luego del develamiento del motín en el penal El Frontón, hechos producidos en 1986.

Como se ha conocido después – en particular, a partir de una buena explicación de Augusto Thorndike ayer en Cuarto Poder – las imágenes vistas corresponden a un documental hecho por personas cercanas a Sendero Luminoso. En dicho material gráfico, en efecto, se ven varias ceremonias realizadas en los últimos meses en las que se busca revindicar a los miembros de SL que murieron en lo que se conoce como “la matanza de los penales”.

El escándalo estalló debido a que, lo que comenzó como una devolución legítima de restos a sus familiares parar un entierro digno (ordenada por el Ministerio Público), terminó convirtiéndose en el pretexto para edificar un mausoleo – con la lenidad del alcalde de Comas – y la realización de ceremonias que, por lo visto, deberían ser materia de investigación por la DINCOTE, bajo la clara posibilidad que estemos ante la modalidad agravada del tipo penal de apología del delito en casos de terrorismo (artículo 316, numeral 2, del Código Penal actual).

El hecho motiva varias reflexiones respecto de estos hechos.

Hay que señalar que no todas las personas que murieron como producto de las ejecuciones extrajudiciales producidas luego del develamiento de los motines de El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho son miembros de Sendero Luminoso. Pero también es claro señalar que la fecha es utilizada por el senderismo para proclamar un supuesto genocidio que no existió. Es cierto que hubo un delito por el que sus responsables deben pagar, pero la fecha no debería ser revindicada por los terroristas y sus familiares.

También es notorio que toda persona tiene derecho a la dignidad humana, fuera de si es un criminal o no, por lo que debería tener un entierro decente. En esa línea, la actitud de la fiscal Luz Carmen Ibañez – quien actualmente tiene a su cargo varios casos sobre masacres cometidas por la cúpula de Sendero Luminoso – fue la correcta, al entregar estos restos a sus familiares. Y sigue yendo en una línea adecuada, al indicar que ya se iniciaron investigaciones por presunta apología al terrorismo por los actos que todos hemos visto.

Pero dicho esto, es evidente que la sociedad peruana tiene el derecho y la obligación de rechazar ceremonias como las realizadas por los familiares de los senderistas y los miembros del MOVADEF. Resulta claro que la mayor parte de peruanos rechazamos los actos cometidos por Sendero Luminoso, los condenamos y creemos que sus líderes deben pagar con las más altas penas de cárcel aquellos actos que convirtieron al país en un baño de sangre, en nombre de una ideología totalitaria y retorcida. Y por ello, la indignación es clara y comprensible. Y es claro que un mausoleo del senderismo como lugar de revindicación de criminales resulta intolerable en una sociedad democrática.

Sin embargo, quedarnos en la mera rabia no es la manera de enfrentar estas situaciones. Comencemos por el tratamiento periodístico. Ayer Thorndike y el equipo de Cuarto Poder transmitieron el caso con sobriedad: sin música de fondo, sin permitir que las arengas senderistas fueran replicadas en televisión abierta, explicando al público lo que había pasado, utilizando los documentos oficiales del Estado (como el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación) y diciendo las palabras justas y adecuadas. En su explicación, el periodista fue pedagógico, al indicar claramente que hubo tanto motines provocados por Sendero Luminoso en tres penales de Lima (justamente, para provocar una mala reacción de las fuerzas del orden), como ejecuciones extrajudiciales condenables. Y, por supuesto, fue claro en condenar al terrorismo por sus acciones, así como los actos efectuados por sus familiares. No se tiene que caer en el sensacionalismo o la gritería para tocar adecuadamente este tema.

En segundo término, tenemos el tema estrictamente policial y judicial. Es claro en este caso hay varios indicios que apuntan a la comisión de apología del delito. Y las imágenes mostradas por Cuarto Poder son, sin duda, una clara prueba para poder iniciar una investigación e individualizar a los responsables. En esto, la administración de justicia debe ser clara y rápida.

Finalmente, es claro que existe un problema por enfrentar. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha negado una vez la inscripción al MOVADEF. En estos días, muy probablemente, ratificará una segunda negativa. Pero también es notorio que este grupo está presente, buscando convencer a jóvenes más allá de los familiares de los senderistas, en base a respuestas fáciles (y de manual) sobre el país. Y, por ello, las medidas pasan por ir más allá de lo estrictamente policial. Hace cuatro años, el politólogo Eduardo Dargent comentaba lo siguiente:

Sin duda los partidos deberían combatir políticamente estas ideas en la sociedad. Lamentablemente, nuestros débiles partidos no ganan elecciones regionales ni locales y, más importante, son casi inexistentes en instituciones educativas donde se reproduce esta ideología. Echarles toda la responsabilidad sería injusto e ingenuo. También es importante difundir todo aquello que recuerde los horrores a los que lleva una ideología genocida. Entre otros, los trabajos de Carlos Iván Degregori, el informe de la CVR, especialmente los casos horrendos que justificaron la calificación de Sendero como grupo con potencial genocida, o ese texto de Ponciano del Pino que describe la infernal vida cotidiana en comunidades controladas por S.L. Pero esta agenda, aunque fundamental, es de más largo plazo.

Creo que una batalla importante de mediano plazo que compete al Estado y a todos aquellos vinculados a la Educación pasa por ganar la Universidad Nacional y la Escuela Pública, lugares donde grupos, aunque minoritarios, todavía difunden esta forma de pensamiento. Carlos Iván Degregori planteaba una continuidad entre una educación memorista y autoritaria en la escuela y la atracción a ideologías dogmáticas difundidas en manuales marxistas de tercer nivel en la universidad. Con discursos patrioteros o pura indignación, ese discurso no dejará de ser atractivo. El reto es tomar medidas realistas para echarle más pluralismo, debate y calidad a la oferta educativa pública.

Esta es una tarea que el ministro Jaime Saavedra debería afrontar cuanto antes. ¿La tecnocracia que le ha dado buenos resultados ya estará pensando en un plan sobre el tema? Esperamos, claramente, una respuesta. Y, ciertamente, una política que vaya más allá de la gritería o del aprovechamiento para atacar políticamente al rival de turno como lo vienen haciendo varios congresistas y algunos periodistas.

A 24 años de la captura de Abimael Guzmán

abimael-guzman-c333.png
(Histórica portada de La República sobre la captura del mayor criminal de la historia peruana)

Hoy se conmemoran 24 años desde que miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) capturaran, en una vivienda de Surquillo, a Abimael Guzmán Reynoso, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, así como a buena parte de la cúpula de la organización criminal responsable del periodo de violencia más prolongado de la historia peruana.

Las menciones al hecho en redes sociales se han detenido en tres puntos centrales. Primero, una condena clara y absoluta al terrorismo y a Sendero Luminoso, hecho en el que coinciden casi todos los peruanos. Segundo, el uso por parte de algunas personas del lema “terrorismo nunca más” para poder aminorar las responsabilidades de agentes del Estado en violaciones a los derechos humanos o para negar que lo ocurrido, además de acciones terroristas, fuera un conflicto armado interno (ya los abogados Renata Bregaglio y Alonso Gurmendi han señalado que ambos términos no son incompatibles). Tercero, la disputa sobre la real participación de Alberto Fujimori en la captura (ver un post de archivo de Marco Sifuentes al respecto).

La indignación y las preguntas pendientes

Respecto del primer tópico, resulta claro señalar, sin peros de ningún tipo, la clara condena que debe existir hacia los actos cometidos por Sendero Luminoso. Son crímenes contra la humanidad y que dañaron a toda la sociedad peruana, más allá de sus víctimas específicas. Todo ello en nombre de una ideología que, en el fondo, era una interpretación bastante retorcida del marxismo y que confinaba al ser humano a convertirse en un mero instrumento intercambiable de un proyecto mesiánico dispuesto a bañar en sangre nuestra patria, en nombre de un supuesto cambio social. En suma, la imposición de una tiranía polpotiana.

Pero quedarnos en la mera indignación no basta. Es importante acercarnos a los hechos ocurridos durante las dos últimas décadas del siglo XX con varias preguntas en la cabeza. ¿Por qué un mediocre profesor de filosofía pudo implantar una derivación sanguinaria del “marxismo de manual” a cientos de peruanos? ¿Qué motivó que, durante años, políticos de diversas tendencias no pudieran entender el fenómeno? ¿Qué llevó a un grupo de peruanos a adoptar una ideología fundamentalista para desatar masacres, atentados, matanzas, violaciones, reclutamiento forzado de menores de edad en buena parte de nuestro territorio?

De hecho, esta última pregunta es la que me resiste a ver la fecha de hoy como una celebración casi castrense y me acerca a la idea de un hito conmemorativo que nos vuelva a interrogar sobre las razones por las cuales se inoculó en la sociedad peruana un grupo terrorista como Sendero Luminoso. A fin de cuentas, estos sujetos no vinieron de Marte para atacarnos.

No usar “terrorismo nunca más” para avalar otros crímenes

Respecto del segundo punto, es claro que ningún peruano de bien quisiera que el terrorismo vuelva a nuestro territorio. Y también es nítido que algunos de los reclamos por una mejor educación sobre el tema – léase, una vacuna para que los jóvenes no se vuelvan senderistas como en el pasado – vienen de quienes no quisieran ver en un aula escolar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, documento oficial del Estado peruano respecto del periodo de violencia. Y ello resulta ser un brutal sinsentido.

El Informe Final de la CVR es nítido en su condena a Sendero Luminoso. Lo llama grupo subversivo y terrorista. No le otorga carácter de beligerante. Indica que su cúpula cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad. Condena su ideología por su fundamentalismo y por ser contraria a la democracia y al respeto de los derechos humanos. Señala en que es inviable una amnistía a sus miembros, como reclama el MOVADEF. Establece que debe investigarse si, en las violaciones de los derechos de la comunidad asháninka, existen elementos para calificar lo ocurrido como genocidio. Y es bastante abundante en señalar todas sus atrocidades.

Entonces, ¿qué molesta a este grupo de dicho documento? Que llame al fenómeno “conflicto armado interno” y que se establezca que, en determinados lugares y en determinados momentos, miembros de las Fuerzas Armadas cometieron crímenes de lesa humanidad. Respecto del primer punto, como ya hemos mencionado, dicha calificación que engloba todos los actos cometidos durante el periodo de violencia no es incompatible de señalar, como terroristas, las acciones cometidas por Sendero Luminoso y el MRTA. Y en torno a lo segundo, es claro que ello ocurrió. Los hechos cometidos por el Destacamento Colina o matanzas como las de Accomarca son ejemplos de ello. Negarlo es caer en el mismo juego en el que incurren los activistas del MOVADEF para justificar las atrocidades senderistas.

Se tiene que ser congruente. No se puede condenar a Sendero Luminoso y tomar con pinzas las graves vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado. Y viceversa.

Un aspecto final en torno a esta materia. No se puede reclamar a la educación peruana que sea una mera inoculadora de una suerte de vacuna contrasubversiva a través de la enseñanza de la historia de lo ocurrido entre 1980 y 2000. Ciertamente esta tarea es un deber ético. Pero la formación en torno a este periodo debe pasar también por una visión que incorpore la educación crítica como parte de la pedagogía. Precisamente, si se critica el marxismo de manual del que bebió el senderismo, no se puede simplemente recitar un texto – sea el Informe Final de la CVR o cualquier otro -, sino que debe hacerse reflexionar al alumno respecto de lo ocurrido.

El tema Fujimori

Finalmente, cualquier fuente meridianamente informada conoce que el señor Alberto Fujimori se encontraba pescando en Loreto mientras se producía la captura de Guzmán y su cúpula. También conoce que los cambios claves en la estrategia contrasubversiva – nueva visión en las Fuerzas Armadas, apoyo a los comités de autodefensa y creación del GEIN – se produjo durante el primer gobierno de Alan García. Se sabe también que el Grupo Especial de Inteligencia quiso ser infiltrado por miembros de Colina y que, al final, fue víctima de su éxito, pues fue disuelto (como el Congreso) por el hoy encarcelado expresidente.

Peor aún, como mostró el periodista Gustavo Gorriti hace algunos años, personajes cercanos a Fujimori impidieron un intento de captura de Guzmán en 1990. Aquí un informe del extinto programa Sin Rodeos sobre este hecho grave, sobre el que el expresidente no se ha pronunciado hasta el momento:

Colofón

En suma, los peruanos debemos condenar claramente a Sendero Luminoso y a su tenebroso líder, pero no podemos quedarnos solamente en ello. Debemos conocer lo ocurrido, entender porque la sociedad peruana terminó pariendo a un grupo como este y tomar las lecciones debidas para que no se repita. Entre ellas, que las matanzas indiscriminadas y selectivas no ayudaron a derrotar al terrorismo sino que, por el contrario, fue una estrategia contrasubversiva desacertada. Y por supuesto, honrar a los héroes que permitieron la captura del mayor criminal de nuestra historia republicana y no a un felón encarcelado por asesino y ladrón.

A casi un cuarto de siglo de un hecho fundamental en nuestra historia, es momento de conmemorarlo como el inicio del fin del mayor desencuentro de la sociedad peruana consigo misma.

El drama de Accomarca

(31 años después, se dictó sentencia en el caso Accomarca. Foto: El Comercio)

El 14 de agosto de 1985 cambió la vida en Accomarca.

Aquel día, integrantes de la patrulla Lince ingresaron en dicha localidad ayacuchana. Comenzaron a detener a más de sesenta personas, entre ellos niños y ancianos. Los hombres fueron golpeados. Algunas de las mujeres fueron violadas sexualmente. Luego los llevaron a una casa y los asesinaron. El jefe de la patrulla, Telmo Hurtado – un nombre que sería evocado con terror en todo el país desde aquella fecha – voló el lugar de la matanza con una granada. Y luego los militares continuaron con los asesinatos.

La orden para tan cruento operativo había sido dada por Wilfredo Mori Orzo, jefe del comando político militar de Ayacucho. Dado que los hechos fueron cometidos al inicio del gobierno de Alan García, el entonces presidente, quien venía con aspiraciones de cambio en la política antisubversiva, decidió destituirlo al saber que los hechos habían sido ocultados al comando por Hurtado.

Pero los hechos no fueron investigados, como correspondía, en el fuero civil. Hurtado fue llevado al fuero castrense y solo fue condenado por abuso de autoridad a 6 años de prisión. Todo ello a pesar que el cruento jefe de la patrulla Lince le dijo al Congreso de la República que “uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño (…) los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas (…) poco apoco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa”, para intentar justificar los horrores cometidos.

Peor aún, dentro de la entidad castrense, a pesar que tanto en la justicia militar como en declaraciones privadas, el teniente era tratado como una persona que había perdido la razón temporalmente, luego que el congreso fujimorista consagró la Ley de Amnistía en 1995, Hurtado pudo ascender. De hecho, los periodistas Glatzer Tuesta y Miguel Ramírez lo terminaron ubicando en Cajamarca en 1999, sirviendo en un cuartel. Ante la evidencia, Fujimori silenciosamente le dio de baja. Y el criminal de Accomarca partió a Estados Unidos.

En 2007, Hurtado fue capturado y, en 2011, extraditado al Perú. Un año antes, se inició el juicio oral por el exacrable crimen que cometió. Y, para sorpresa de todos, lo confesó parcialmente en las audiencias del juicio – dado que solo reconoció poco menos de la mitad de los asesinatos -. Además, terminó confesando que la orden había sido dada por su superior, el general Mori Orzo.

A pesar de las evidencias, el proceso judicial se prolongó por poco más de cinco años. Los jueces programaban audiencias estirando lo más posible los plazos señalados por la Ley. Las defensas de los acusados tuvieron varias sesiones cada una para la presentación de los alegatos finales, a tal punto que esta etapa se prolongo por un año entero.

Y, para coronar una actuación displicente hacia las víctimas, los tres magistrados integrantes del colegiado a cargo del proceso terminaron retrasando ayer la audiencia de lectura de sentencia por cerca de ocho horas, con la protesta fundada de los familiares de las víctimas, sus abogados, algunos congresistas y los periodistas que cubrían la sesión. Un hecho que debería merecer una sanción de la Oficina de Control de la Magistratura.

Pese a todo, se alcanzó justicia en primera instancia. Se comprobaron los hechos, que fueron calificados como un crímen de lesa humanidad.  Tres altos mandos – entre ellos, Mori Orzo – fueron condenados a 25 años de prisión, los dos jefes de patrulla – Hurtado y Juan Rivera Rondón – fueron sentenciados a 23 y 24 años de cárcel, respectivamente. Otros cinco militares que participaron directamente en los hechos cumplirán una pena de una década. Lamentablemente, la mayoría de ellos está en calidad de prófugos. Urge que el Ministerio del Interior los capture, bajo el sistema de recompensas que está dando buenos resultados. Y se requiere que la revisión del caso en segunda instancia caiga en buenas manos (es decir, esperemos que no sea vista en cierta sala con tendencias a la impunidad).

Es hora que Accomarca recupere la paz. Solo se alcanzará la misma con una confirmación de las penas impuestas y con la devolución de los restos a sus familiares. Un duelo que dura 31 años debe ser cerrado. El Estado tiene la palabra.