PACTO SOCIAL: ¿HAN ENTENDIDO DE QUE SE TRATA?

Una de las cosas que los medios de comunicación han destacado del aburridísimo Mensaje Presidencial del sábado fue el siguiente:

Finalmente, hay un tema básico en la redistribución. Si las exportacioens y las ventas crecen, tenemos que pensar también en la situación de los trabajadores. Nuestro objetivo es alcanzar un Pacto Social, un pacto social entre los grandes, medianos y pequeños empresarios con los trabajadores sindicalizados, no sindicalizados e informales. Un pacto social sobre la productividad, el empleo y los salarios que permita dar sustento social al crecimiento económico. Encargo al Jefe del Gabinete y al Ministerio de Trabajo hacer esa propuesta a las instituciones para concertar las posibilidades de este pacto social y tratar sobre el salario mínimo como corresponde a una sociedad democrática y moderna.

Ayer, en conferencia de prensa, Jorge del Castillo hizo la formalización del Pacto Social. Y nombró como Director Ejecutivo de esta propuesta a Víctor García Toma, ex magistrado del Tribunal Constitucional, cercano al APRA y a quien muchos voceaban como futuro Ministro de Justicia, en los cambios que Alan haría en agosto. También señaló que esta instancia tendrá una continua cooperación con el Acuerdo Nacional, lo que explicó la presencia de Max Hernández – secretario ejecutivo del AN – como parte de esta propuesta.

Me quedan varias dudas en el camino sobre este tema.

Para comenzar, por la existencia previa de dos instancias de confluencia entre gobierno y empresarios. La primera es el ya mencionado AN. La segunda, donde justamente se tratan los temas laborales por excelencia, es el Consejo Nacional del Trabajo.

Mi pregunta es: ¿por qué no fortalecer estas instancias antes que crear otra? ¿Se trata de un problema institucional o de posturas extremas en ambos lados que impiden llegar justamente a un consenso? ¿Como se va a articular esto con el AN, más aún, cuando ya existe el Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno? Y creo que cuando Alan se ha mandado con estas propuestas no ha pensado en este problema de enfoque institucional.

En realidad, como lo mencionó ayer Julio Cotler en Prensa Libre, el gobierno, erróneamente, olvida este enfoque y no toma en cuenta que va a ser fundamental para el cumplimiento de las altas metas que se ha propuesto al final del quinquenio.

El segundo tema tiene que ver con el tópico que Alan García ha planteado como discusión fundamental: el reajuste en la remuneración mínima vital. Ya hay algunos que desde el empresariado – y la blogósfera – creen que no es momento de discutir el tema. Los sindicatos y los abogados laboralistas – incluyendo a los frecuentes asesores de la CONFIEP – coinciden en que el salario mínimo está retrasado en comparación con la región. Y acá nuevamente el tema: ¿Se resolverán estas diferencias con la creación de una nueva instancia?

Peor aún, en entrevista que le hicieran en RPP esta mañana, Max Hernández indicó que empezar con el salario mínimo es iniciar el diálogo por el tema más confrontativo, lo cual no era consecuente con la posición de “apaciguamiento social” que buscaba el Ejecutivo. Si el Gobierno y el Secretario Ejecutivo del AN no están de acuerdo en esto, creo que el proyecto puesto en marcha no va a durar mucho.

Más aún, queda la sensación de que el gobierno – al igual que lo hizo Alejandro Toledo – saca el Acuerdo Nacional para coyunturas específicas y no lo institucionaliza. De hecho, el Plan de Gobierno del APRA contemplaba que esta instancia sería consolidada a través de su conversión en un Consejo Nacional de Concertación.

Finalmente, un comentario sobre el concepto que el gobierno maneja de pacto social.

Si bien ha sido ambicioso en las metas trazadas, el gobierno maneja una lógica de acuerdos que Martín Tanaka describe muy bien en su columna de hoy:

Desde esta óptica, el país vive una coyuntura excepcional, que no podemos darnos el lujo de desaprovechar; la economía crece, pero podría crecer mucho más. Para ello hay que mantener el modelo económico y no poner trabas a la inversión privada. Sí existe ‘chorreo’: no se percibe por un problema de comunicación; puede no ser suficiente ahora, pero lo será si seguimos creciendo. Mientras tanto, cuidado con quienes pueden torpedear el proceso: distintos grupos ‘ultras’, amparados por algunas ONG y algunas autoridades locales y regionales. Estos grupos, a pesar de su aislamiento, son peligrosos, en tanto pueden manipular a masas todavía receptivas a discursos demagógicos; en ocasiones, se trata de masas premodernas, como los campesinos que se oponen a la minería porque “adoran a los apus”. A esa gente hay que, simplemente, ‘civilizarla’. Como estrategia de contención, habría que evitar que todos los conflictos vayan directo de las localidades al Gobierno Central: los presidentes de región tienen que ‘mojarse’. En general, se tiene que mostrar firmeza, no ser concesivos como lo fue el gobierno anterior (por eso se le complicaron las cosas).

Un nuevo pacto social para el país, implica, como lo señaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación, mucho más que fijar condiciones laborales. Implica el tratamiento como ciudadanos de todos los peruanos e implica nuevas relaciones sociales, lejos de las descritas por Tanaka y que tiene el gobierno en la cabeza. Esa visión de futuro es la que adolece Alan García, más allá de las altas metas que se ha fijado al final del quinquenio.

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