CAVIARES, INTOLERANTES Y GOBERNANTES

Si hay un mote que ha pegado en la política peruana es el de izquierda caviar, palabra que el fujimorismo y el conservadurismo rescataron de las críticas que en Europa se hacía a cierto sector de la socialdemocracia o de la izquierda que provenian de los sectores altos y medios de la sociedad.

Sobre el uso de este término en el Perú, Gonzalo Gamio anota lo siguiente:

La extrema derecha no cuenta con cuadros intelectuales – está claro –, pero su prensa difamatoria y mediocre se ha anotado un lanzamiento de tres puntos, dado que algunos buenos escritores progresistas están usando el término (cargando con el conjunto de prejuicios que le subyace): se trata de una auténtica y lamentable colonización conceptual. Estamos asumiendo su vocabulario, y por lo tanto (al menos en parte) sus sentidos implícitos para nuestra percepción y juicio en el plano político.

¿Y cuáles son esos sentidos implícitos? Martín Tanaka, en la primera parte de una discusión sobre este término, lo ilustra:

De otro lado, el término se usa para criticar algo así como el pensamiento “políticamente correcto” o “progresista”, vinculado a la defensa de los derechos humanos, principalmente. En ese sentido, se superpone con el calificativo de “cívico” que también se usaba mucho hasta muy poco, se superpone también con la crítica al “liberalismo de izquierda”. Así, puede haber liberales, no izquierdistas, que terminan siendo “caviar”. Acá ya el término pierde especificidad y sentido, aunque mantiene la crítica a lo que se considera la impostura de algunos, que pertenencen a sectores medios y altos, que son parte de un “círculo” relativamente cerrado, que defenderían ciertas posiciones principalmente porque ello otorgaría a sus proponentes status o beneficios económicos. Acá el término se usa con fines exclusivamente denigratorios.

Tres anotaciones a lo que señala Tanaka, que me parecen pertinentes.

La primera, es que la utilización del término comienza luego del periodo de transición, cuando varias de las banderas esgrimidas desde parte de los sectores que conformaron la parte más visible del movimiento de recuperación a la democracia fueron tomadas en cuenta por los gobiernos: lucha contra la corrupción, defensa de los derechos humanos, formación de la Comisión de la Verdad, entre otros tópicos. Todos afectaron determinados intereses que se sintieron golpeados y, ahora, que se han reagrupado ante la debilidad de los gobiernos de Toledo y García, emprenden campañas en contra de dichos tópicos y sus defensores.

La segunda, es la coincidencia de agendas entre personas provenientes de las canteras de la izquierda con quienes son más consecuentes con el liberalismo. No en vano a Rosa María Palacios – por mencionar un solo ejemplo .- le han dicho que se ha “caviarizado”, por asumir una agenda sobre derechos humanos que, en realidad, es consecuente con el liberalismo que defiende. Como lo he mencionado en otra oportunidad, el problema en el Perú es que muchos han confundido liberalismo exclusivamente con la defensa de los intereses del mercado – y a media caña -, dejando de lado el componente político de esta corriente ideológica.

Y la tercera, es que más allá de la concordancia de ideas que puedan existir entre liberales y progres, ambos grupos tienen un serio problema en la acción política (es decir, más allá de la teoría): no han sabido construir propuestas políticas que, más allá de la perfección de sus planes de gobierno, puedan empatar con la ciudadanía. Es decir, si bien los temas que colocan en agenda son importantes, han tenido severas dificultades para convertirlos en una opción política popular. He allí un reto que va más más allá del tema de este post, pero que dejo anotado por sondierarlo importante.

Pero volvamos a la pregunta esencial: ¿Por qué se utiliza el término “caviar” en el Perú?

Una primera explicación es obstaculizar la permanencia o contratación de personas calificadas como “caviares” para trabajar en el aparato estatal. Esta es la versión más utilizada por los diarios Expreso y Correo, quienes no conciben que determinados temas formen parte de la agenda del Estado y a los que consideran como parte de los intereses de un grupo minúsculo.

Mirko Lauer ha respondido a esta variable de críticas, en un artículo reciente:

De otro lado está el rechazo a la competencia profesional de los cuadros “progres”, que son muchos y tienen el mismo conocimiento del Estado que los cuadros “neoliberales”, en el diseño de políticas públicas, y muchos bastante más en el diseño de políticas sociales. No es su postura tanto como sus conocimientos.

Por ello, muchas de las acusaciones contra varios funcionarios han provenido de “contaminar ideológicamente” a instituciones como las Fuerzas Armadas o supuestos malos manejos en su gestión, hechos que nunca han podido ser comprobados. Se pasa de la batalla de ideas – saludable en toda democracia – al más concentrado lanzamiento de lodo.

Pero un segundo punto más interesante de análisis sobre el uso del término “caviar” tiene que ver con la búsqueda de parar con el avance de una agenda que comulga la libertad de mercado, con apertura política, defensa de los derechos humanos, lucha contra la pobreza e impulso de temas como educación, salud y medio ambiente. En su segunda parte sobre este tema, Tanaka señala:

El razonamiento que considera la defensa de los derechos humanos, del Estado de derecho, de los derechos de las mujeres, la preocupación por la exclusión social, etc., como banderas de un grupo político-social minoritario (“caviar”), y por lo tanto pueden ser soslayadas, me parece muy grave. Y me parece que muchos sectores políticos manejan ese criterio. Esas serían ideas que “vienen de afuera”; lo supuestamente “de adentro” sería la eficiencia en la lucha contra la pobreza, el logro del desarrollo económico. Eso sería lo que le interesa a la gente. Lo otro, solamente a los “caviares”.

Este sentido común está muy presente en el gobierno. De un lado, al asociar el término caviar con izquierdistas o liberales consecuentes, el gobierno intenta arrinconar a quienes desde la universidad y otros foros públicos se han convertido en sus críticos más sustentados. De otro lado, al tener esos temas encapsulados hacia un sector que no tiene presencia política electoral, los menosprecia y los toma en cuenta dentro de su modelo. Y finalmente, no hay que olvidar la eterna pelea entre apristas e izquierdistas, que data desde tiempo de la pugna Haya – Mariátegui. Con estos factores, un converso como García se compra todo el paquete de críticas y no duda en fustigar a quienes lo critican, sobre todo, desde las veredas antes mencionadas.

El problema es que, con esta satanización, el gobierno – y sus aliados mediáticos, quienes no en vano son los impulsores de este término – dejan de lado componentes esenciales de la gobernabilidad, en la que izquierdas y derechas pueden poner sus acentos particulares sobre determinados puntos y que son centrales para el debate político de hoy.

Y si esto, como señala Augusto Álvarez Rodrich hoy, se da en un contexto en el que la tolerancia gubernamental a cualquier idea opuesta a la suya se va reduciendo de a pocos, comienza a ser preocupante para el futuro de la democracia en el Perú.

Cuidado, no vaya a ser que de la caricatura pasemos al hostigamiento que vaya más allá de los mediocres artículos presidenciales y terminemos como en el poema de Brecht: lamentándonos cuando nos lleven a nosotros, cuando antes llevaron a otros por pensar distinto.

BARRANTES E IU EN DEBATE

Entre todas las cosas que estoy leyendo en estos días, la que más me ha llamado la atención se ha encontrado en el blog de Martín Tanaka. Bajo el título de Barrantes: vicios privados, vicios públicos, el conocido sociólogo hace una severa (auto)crítica a lo que fue Izquierda Unida en los años ochenta y el papel que cumplió el más conocido de sus líderes de aquellos años.

Creo que el debate es primordial por tres motivos centrales.

El primero, es que varios analistas – tanto de izquierda como de derecha, pero sobre todo quienes han tenido simpatías zurdas – han señalado que, para que surja un nuevo partido de izquierda con fuerza electoral, debe tenerse un caudillo como Barrantes.

El segundo es que, frente a personas como Belaúnde, Paniagua o Barrantes, debido a su proverbial honestidad, se tiene a totemizar, sin ver cual fue su real legado histórico y sus posibles defectos.

Finalmente, es necesario ver cuales fueron los posibles errores y fortalezas de ese experimento, así como lo que ha cambiado en el país durante estos años, para ver que es lo que vale la pena rescatar y que no lo es.

El artículo de Tanaka cumple con esos tres requisitos. Sin dejar de reconocer su arrastre popular, honestidad y forma fácil de enganchar con la gente, el ex director del IEP demuele el mito de Barrantes y lo coloca en su debido lugar: como co-responsable de lo que fue la crisis de la izquierda peruana. Ya lo había anticipado en su libro sobre la crisis de los partidos en los años ochenta, pero esta vez es más explícito y directo.

Según Tanaka, la crisis comenzó cuando Barrantes se olvidó de hacer su chamba: es decir, gobernar Lima e ir a las bases de IU. Y si a ello se suma la crisis de radicalización en Izquierda Unida, que no se supo manejar bien, el liderazgo dentro de la izquierda por parte del ex alcalde de Lima estaba perdido en 1988, aproximadamente.

Y ello, a mi modo de ver, explica, en parte, porque nuestro país no tiene una socialdemocracia consolidada, sino un partido supuestamente socialdemócrata (el APRA) convertido en la locomotora del conservadurismo más ramplón y a los posibles iniciadores de un nuevo esfuerzo similar (Fuerza Social) empezando prácticamente desde cero.

Sin duda, Barrantes sigue siendo un personaje fundamental en la política peruana. Pero, tal como José Ignacio López Soria lo plantea sobre Mariátegui en un reciente libro, es necesario darle un entierro decoroso. Así como se debe plantear la discusión sobre el Estado – Nación en términos de un contexto dominado por la globalización – sin dejar de lado lo dicho en los años veinte, pero ya no tomándolo como referente central -, lo mismo debiera ocurrir en quienes piensan construir una aventura socialdemócrata o quienes pretenden analizarla.

Por ello, luego de leer este articulo, las preguntas que hace un tiempo me hice siguen quedando abiertas: ¿de verdad se sigue necesitando un caudillo para levantar a la izquierda? ¿No es necesario un mayor trabajo de base, además de contar con los cuadros técnicos que ya se tienen? ¿De qué tipo de izquierda se puede hablar en el siglo XXI?

El debate está abierto.

MAS SOBRE EL TEMA:
Roberto Bustamante: La izquierda en debate

MINERIA Y COMUNIDADES: ¿APRENDEREMOS LA LECCION?

Más que su interesante artículo de todos los martes, hoy lo más destacado de Martín Tanaka ha sido su visión de primera mano sobre la Convención Minera de la semana pasada, coincidente en el tiempo con el conflicto de Majaz.

Básicamente Tanaka comprobó lo que parecen ser sentidos comunes dentro de quienes se encuentran dentro del lado empresarial de la minería: las comunidades están mal informadas, se les manipula y los ingresos del canon no llegan. Sin dejar de tener algo de razón, habría que matizar en mucho dichos juicios, dada la ausencia del Estado, tanto como garante de bienes básicos – salud, justicia, educación, seguridad, redistribución del ingreso -, como en fiscalizador de la actividad minera. Allí creo que están las causas de porque se producen muchos de los reclamos en contra de una actividad que, en efecto, genera grandes ganancias, pero, de las cuales, las comunidades ven poco o nada y, debido a la ausencia del Estado, también terminan endilgándole a la empresa privada las labores que debería cumplir – independientemente de la responsabilidad social empresarial.

Pero además Tanaka da cuenta de un fenómeno común a la Convención Minera: mayor presencia de temas vinculados a la mejora tecnólogica antes que a lo social. Y ello lo atribuye a que aun existe cierta mirada menospreciativa de las comunidades, una visión cortoplacista de las inversiones – que ve la mejora de las relaciones con los comuneros como un gasto más – y prácticas tradicionalistas de trato hacia el ser humano.

Pero, ¿esto no ha terminado de ser moneda común en nuestras conferencias de empresarios? Una de las pocas excepciones parecía ser la CADE del año pasado, sin embargo, unas cuantas mesas sobre inclusión no disminuyen el tema de fondo: nuestros empresarios grandes – salvo excepciones – no pasarían un test de inclusión social (y sino, aplíquemosle el que elaboré el año pasado), dejando de ver al país como cifras y viendo lo que hay detrás de ellas: una sociedad en la que se excluye del ejercicio de los derechos básicos y en el que la brecha social es cada día mayor.

Como para que en el Club Empresarial lo mediten entre Etiqueta Negra y Chivas.

MAJAZ: UN PLEITO DE ESTOS TIEMPOS

Cada cierto tiempo, cuando sale una nueva noticia sobre el ya endémico conflicto entre minería y comunidades, me viene a la mente la siguiente idea:

La minería es, sin duda, una de las actividades que ha sostenido el crecimiento económico tan bueno que hemos tenido en estos años, producto de los buenos precios internacionales, pero también de los proyectos de inversión impulsados por el capital privado. ¿Es necesaria esta inversión para generar desarrollo? Por supuesto que sí.

¿Pero es necesario ser totalmente condescendiente con el capital y permitir que cualquier tipo de inversionista venga? Creo que no. El mundo viene exigiendo cada vez más estándares de calidad, de respeto al medio ambiente y de responsabilidad social empresarial a las empresas. Las mineras no están exentas de dichas exigencias.

El nuevo capítulo de esta pugna se llama Proyecto Río Blanco, conocido también como Majaz. Se trata de un proyecto minero que quiere explotarse en el departamento de Piura, con la oposición de las comunidades agrícolas de la zona, que se consideran afectadas por el inicio de estas actividades. Los enfrentamientos entre ambos bandos han llegado hasta niveles de violencia que cobraron vidas humanas.

Son tres los problemas centrales que se enfrentan: el primero: si es que las comunidades pueden decidir cuales son las actividades económicas que se pueden desarrollar en la zona, a semejanza de lo ocurrido en Tambogrande; el segundo, si es que es compatible la convivencia entre minería y agricultura en la zona; el tercero, de optarse por la minería, cuáles serían las condiciones de explotación y beneficios que se tendría con el Proyecto Río Blanco.

La situación se ha complicado por dos hechos. El primero, es que Monterrico Minerals, la empresa que quiere invertir en minería, ha sido comprada por capitales chinos, lo que a muchos les recuerda lo que fue la pésima privatización de Hierro Perú, vendida a Shougang.

El segundo, que ha ocupado las portadas de los diarios, es la realización de una consulta popular convocada por los alcaldes de los tres distritos aledaños al proyecto, votación que no ha sido avalada por las autoridades electorales. El gobierno tardíamente acude a la zona, los alcaldes no quieren dialogar, los medios de comunicación dividen sus opiniones entre quienes están a favor de la consulta y los pro mineros a ultranza. En suma, un despelote que no augura nada bueno.

¿Qué hacer? Dejo en esto la palabra a Tanaka:

¿Qué hacer? Primero, es necesaria la información, la consulta y la participación de los vecinos en la toma de decisiones. Segundo, esto no es suficiente, porque siempre habrá algunos a favor y otros en contra: es necesario que en este debate se tome en cuenta los intereses de los afectados y también el “bien común”, y este debate es eminentemente político (debate sobre desarrollo local). Tercero, este debate debe expresarse en criterios de zonificación y desarrollo urbano transparentes (ordenamiento territorial; no es mina sí o no, sino en qué condiciones). Cuarto, debe haber una autoridad (ambiental) capaz de dirimir disputas, velar por el establecimiento de compensaciones adecuadas para los afectados, por el cumplimiento de los acuerdos, y capaz de imponer sanciones, drásticas, de ser necesario. Se necesita otra institucionalidad estatal.

MAS SOBRE EL TEMA:
Juan Paredes Castro: ¿Entre una minería y la otra, dónde está el Estado?
Mirko Lauer: Ayabaca: ¿jurado municipal de elecciones?
Fernando Rospigliosi: ¿Invertir en el Perú?
Utero de Marita: Me llegó una carta terrible
Martin Tanaka: Un sentido común muy riesgoso.
Juan Incháustegui: El Estado, la empresa y las comunidades son responsables de conflicto minero en Piura.
Peru Support Group: Reporte sobre Majaz

CVR: EL DEBATE CONTINUA

Como lo comentaba de pasada en el post anterior, Martín Tanaka ha escrito el artículo más interesante y provocador sobre el debate producido alrededor del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado hace exactamente 4 años.

El centro de las dudas tanakianas – perdón por el neologismo – se centran en una pregunta: ¿Qué ha hecho que el Informe Final y sus repercusiones no hayan tenido mayor repercusión?. Martín nos presenta dos explicaciones: por un lado, los sectores que respaldan políticamente el trabajo de la CVR – principalmente la izquierda – no han tenido mayor apoyo electoral y, de otro lado, las diversas formas en que se percibió el conflicto en las distintas regiones del país.

Tengo algunos matices con relación a esta opinión. Comparto con Augusto Alvarez Rodrich que los derechos humanos no representan un patrimonio exclusivo de la izquierda, sino que debieran constituir un patrimonio común de todos los sectores políticos. De hecho, hay gente en la izquierda que sigue creyendo que Cuba y Venezuela son democracias y que hace de la vista gorda sobre vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en estos países. De otro lado, gente a la que no podríamos catalogar ni por asomo como marxistas, como Mario Vargas Llosa, Fernando de Szsyzlo o Rosa María Palacios, ha respaldado consecuentemente los mensajes dados por la CVR.

Creo que si ha existido el intento incipiente de los sectores liberales, tanto de derecha como de izquierda, de tender puentes. Si no fuera así, por poner un ejemplo, a Rosa María Palacios, a la que antes tachaban de “neoliberal”, no la habrían tildado de “caviar”. Sin embargo, coincido con Tanaka que esas alianzas han sido meramente coyunturales y que los esfuerzos por un trabajo conjunto entre estos sectores podrían ser mayores para impulsar las recomendaciones.

El problema es más profundo aún. En todos los sectores de la clase política hay gente opuesta al trabajo de la CVR. Y ello por distintas razones: un mal entendido espíritu de cuerpo con los gobiernos que tuvieron que hacer frente al conflicto armado interno o con las Fuerzas Armadas, defensa de intereses particulares, indolencia o simplemente el convencimiento de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado eran un “costo a pagar” por la pacificación.

Esto debe enmarcarse dentro la disputa abierta sobre las versiones sobre la violencia, lo que llaman batallas por la memoria. De un lado, la visión “Fujimori y los militares derrotaron a Sendero y no importan los excesos cometidos, pues tenía que pacificarse el país”. Del otro, el rebate a dicha posición (ver post de Marco Sifuentes), sumado a una visión que veía las formas distintas de afectación de la violencia por regiones y problemas estructurales del país en la base de lo ocurrido y como lo afrontamos.

Esa batalla por la memoria se ha llevado en un solo plano, el guiado por quienes tenían que defenderse de las responsabilidades imputadas. El debate entre ambas memorias giró en torno a tópicos que, aunque importantes, desviaron la atención sobre aspectos centrales de la relación que la CVR establecía entre lo ocurrido durante los años de violencia y la consolidación de la democracia y los derechos humanos. Por ello, la discusión sobre la composición y metodología de la Comisión, así como el tema de las responsabilidades políticas, penales y sociales de los actores involucrados en el conflicto han sido el eje central de la discusión durante 4 años, dado que eran los terrenos en los que los defensores del discurso oficial querían defender.

Con esto no se me malentienda. Soy de los primeros que desea una sanción a los culpables y por eso miro con expectativa el anuncio de Allan Wagner de que se pondrán a los militares en actividad que tienen juicios pendientes a disposición del Poder Judicial. Pero sí creo que el centro del debate sobre la CVR debería ser no sólo el “que hizo o que no hizo cada quien”, sino que hacemos para reparar a las víctimas y para que esto no se repita, sobre la base del diagnóstico dado.

Tanaka también deja algunas preguntas para responder y sobre las que doy mi punto de vista:

– Las propuestas de reformas institucionales de la CVR: ¿No son demasiado generales? ¿No hay un trabajo pendiente de aterrizarlas y actualizarlas?

Aunque no es mi estilo, hago una repregunta a Martín: ¿Podían ser menos generales al momento de plantearse en el Informe Final? Y aquí hago el enganche. La CVR planteó una serie de reformas institucionales que, efectivamente, tenían bastante de genérico. Sin embargo, eran perfectamente compatibles con otros esfuerzos de “arquitectura transicional” en marcha o puestos en la mesa: los Planes de Reestructuración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la CERIAJUS, el Proyecto Educativo Nacional. La CVR lo que vendría a dar a todos estos esfuerzos un enfoque distinto, el de un pacto social democrático e inclusivo, congruente con su diagnóstico: el país no puede seguirse gobernando de la misma manera.

– ¿No están demasiado mezclados algunos espacios de militancia política y de acción ciudadana en las organizaciones de DD.HH.? Esa superposición les quita eficacia a los primeros y legitimidad a los segundos.

Creo que más que militancia política y acción ciudadana mezclada con organizaciones de derechos humanos, lo que tiene que existir es un replanteamiento de estilos. Y con ello no digo que se deje de lado la denuncia – siempre necesaria – ni los espacios de incidencia pública o política. Las organizaciones tienen que sustentar su posición sobre la base de un sólido trabajo teórico, una mayor relación con los ciudadanos de a pie – quienes muchas veces no sienten a estas instituciones como cercanas – y la articulación de alianzas con sectores que vayan más allá del círculo en que por lo general se mueven estos sectores. Seguir insistiendo en articular esfuerzos con los sectores liberales más consecuentes – en los temas en que coincidan – es una alternativa para “desizquierdizarse” en términos de imagen.

– Los militantes de Sendero Luminoso: ¿Son víctimas del conflicto armado o victimarios? Este es el fondo del debate sobre qué hacer con los nombres del monumento ‘El ojo que llora’.

Esta pregunta, derivada de una afirmación de un texto de Paulo Drinot que Tanaka recomendó hace un tiempo, es imprecisa. La CVR en ningún momento dijo que todos los miembros de Sendero Luminoso eran víctimas, por el contrario, condenó sin medias tintas el accionar de esta agrupación, sus métodos, su ideología y señaló claramente que sus acciones no podían quedar sin castigo.

El debate sobre “El Ojo que Llora” fue más complejo. La existencia de nombres de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en el Penal Castro Castro, bajo las órdenes de Alberto Fujimori, en 1992, se debió a que se consideró que aquellas personas que habían sido muertas o desaparecidas a través de vulneraciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario podían ser consideradas como víctimas. Ello no legitima su accionar ni sus criminales acciones, simplemente pone un estándar de humanidad mínimo a un conflicto. El comentario de Rafael Barrantes explica de mejor manera este punto.

– El humalismo: ¿Es un adversario o un aliado? ¿Y el Apra? ¿Y el Gobierno? ¿Hace bien Sofía Macher al trabajar en el Consejo Nacional de Reparaciones?

Cabe indicar que 69 congresistas de todas las tiendas políticas – incluyendo humalistas, apristas y hasta fujimoristas – firmaron una declaración de respaldo a la CVR e impulso de sus recomendaciones. Por tanto, hay cierto consenso sobre algunas de las recomendaciones a atenderse – salud mental, identidad e inclusión de contenido del Informe Final en currículo educativo – por parte de todas las tiendas políticas.

Y sobre el trabajo de Sofía Macher, creo que en política todo espacio vacío se llena. Es mejor que haya una persona que no deja de ser crítica con las acciones que se emprenden sobre la reconciliación a que no exista el Consejo de Reparaciones.

El debate es saludable. Espero que todo esto contribuya a que los temas planteados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación puedan visibilizarse en mejor medida de lo que se han venido haciendo durante los últimos 4 años.

MAS SOBRE EL TEMA:
Roberto Bustamante: Cuatro años después del informe de la CVR

TANAKA WAS RIGHT

Martín Tanaka, quien ha venido siguiendo (y alentando) la discusión sobre discriminación y racismo en el Perú, acaba de escribir un post sobre el afiche del Festival de Lima.

La conclusión de Tanaka: más que racista, el afiche parece no expresar bien lo que Sandro Venturo tenía en la cabeza y terminó presentando una idea totalmente distinta y, además, contraproducente para el propio esfuerzo que hace la PUCP con el Encuentro Latinoamericano de Cine, al colocarlo al margen de la cotidianeidad que supone un barrio como el que Toronja quiso plasmar. Y (esto añado yo) ni siquiera el elemento de novedad que podría suponer un evento así es explotada.

Solo me queda por decir una cosa. Además de llamarnos la atención sobre la discriminación en el Perú e ingresar a un debate más de fondo sobre el tema, este affair debería ayudar a pensar a la gente de la PUCP sobre qué es lo que quiere hacer con el ahora llamado Festival de Lima y con su Centro Cultural y de que manera puede dejar de ser una isla en el país. La inclusión en el Festival (o en cualquier actividad del Centro Cultural), como anota Martín, no tiene que ver solo con el tema de las salas de cine o galerías en Lima Norte o con los precios de las entradas para los espectáculos culturales, sino también con estímulos a los jóvenes creadores en general.

LA REPLICA:
Roberto Bustamante: Más sobre racismo y publicidad en el Perú

LO INEXPLICABLE:
Para El Comercio, ni siquiera hay debate válido sobre el tema.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

La portada de ayer de La República fue bastante elocuente: los conflictos sociales son cada vez mayores, más intensos y se vienen extendiendo por todo el país.

El foco más fuerte de protestas se encuentra en Pucallpa. Marco Sifuentes estuvo por allá y ha descrito mejor de lo que yo haria que es lo que viene pasando por la selva que básicamente se resume en dos frases: las exoneraciones no han servido para incentivar las inversiones y era lógico que se recorten, pero no se ha calculado el impacto social que la medida ha podido tener. Y claro, entre un gobierno que no prevee el efecto de la protesta, los distintos intereses regionales en juego y la ausencia de Estado, resulta la precariedad institucional. Tiene que ir una ministra a negociar y, luego de discutir hasta como se va a llamar el acta, acuerdan que se paraliza la eliminación de las exoneraciones y se buscarán soluciones al pliego de reclamos. Digamos, era lo que cabía como medida de damage control, pero no puede ser el modus vivendi del gobierno.

Para que tengamos una idea real de lo que pasa en el paìs, procuren darle una chequeada cada mes a los Reportes de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Allí están registrados los focos de protesta en marcha, los conflictos latentes y, más importantes, las causas reales de porque las personas vienen protestando. El mensaje que la Defensoría le manda al gobierno con este tipo de reportes es el siguiente: “Oiga, prevea los posibles efectos de sus medidas o mire lo que está ocurriendo en tal o cual zona del país”. ¿Y que hace el Estado frente a ello? Pues en la mayor parte de casos, nada, y luego tenemos corriendo a Jorge del Castillo o a otros ministros competentes a apagar los incendios en cada región del país donde no se tuvo capacidad de previsión.

Peor aún. Este gobierno ciego no tuvo mejor idea que petardear el Consejo Nacional de Descentralización y volarlo en mil pedazos. Claro, había que reformular la entidad, que se había convertido en un elefante blanco y burocrático. Pero tenía algo bueno: era la única instancia donde estaban representados gobiernos regionales y locales. Ahora lo han reemplazado por un órgano de línea de la PCM, la Secretaría de Descentralización, sin representación alguna de los gobiernos regionales y locales. Si antes se tenía un CND que no servía de mucho, ahora ni siquiera existe institucionalidad. Se prefiere el “trato directo” y ahora vemos las consecuencias. Los presidentes regionales medianamente responsables – como Vladimiro Huaroc y Yehude Simon – intentan armar una Asamblea de Presidentes Regionales para tener una agenda concertada, mientras otros eligen el protestar más fuerte para que el gobierno ceda a las presiones.

Y, claro, luego el Gobierno comienza a demonizar a los manifestantes, a llamar a los sindicatos “primos hermanos” de Sendero Luminoso, o a decir que hay una mano oscura que está detrás de todas las protestas sociales. Como bien nos lo ha recordado Martín Tanaka, el hecho que varias protestas se presenten de manera simultánea no implica concertación, porque cada grupo de protesta tiene su propia plataforma y, en el caso de las cuestiones regionales, su propia dinámica. Demonizar a Patria Roja como causante de todos los males genera dos efectos perversos: dar a ese grupo político más importancia de la que realmente tienen y, además, solo logra tranquilizar a los chicos del Club Empresarial de San Isidro o a cualquier incauto que quiera creerle al Gobierno. Más allá de mis diferencias y discrepancias abiertas con los radicales de izquierda, ni son terrucos, ni son los causantes de todos los males del país, como algunos medios y políticos quieren hacernos creer. Claro está, tampoco es que ayuden mucho para modernizar el país en serio.

Si de algo adoleció Alejandro Toledo fue de muñeca para hacer frente a estas protestas con inteligencia. Tal parece que el cambio de mando no hizo que los hábitos frente a los conflictos sociales cambiaran mucho en Palacio de Gobierno.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Frente de Defensa de Ucayali da 10 días de tregua al gobierno.
El Comercio: Hay 35 conflictos sociales activos según la Defensoría
Augusto Alvarez Rodrich: Corvinas fritas con su limón
Mirko Lauer: La estructura de la protesta regional
Javier Torres Seoane: Hay que desatar los nudos.