NO HAY DERECHO

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Hay que ponerlos un poco al corriente y mostrarles el capítulo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación relacionado al accionar del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Ahí está todo en detalle, cómo fueron sus secuestros, los asesinatos.

Estas declaraciones no han sido mencionadas por un izquierdista, un liberal consecuente, o un “caviar”. Son nada menos que de Alejandro Aguinaga, miembro del Grupo Parlamentario Fujimorista y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, quien ahora valida el documento que el reo de Barbadillo ha intentado cuestionar, sobre todo, porque es parte clave en la acusación que puede mandar al Chino a 30 años de prisión. 

Sin duda, a alguien van a jalarle las orejas en la próxima reunión de bancada, dado que es el fujimorismo uno de los principales interesados en que la CVR y las organizaciones de derechos humanos queden desacreditados ante la opinión pública, tal como buena parte de la clase política viene impulsando a raíz de la patinada de APRODEH frente al Parlamento Europeo.

Vamos a ser claros. Nuestra clase política tiene tanto interés en los derechos humanos como Alan García en hacer una dieta.  Por un lado, esqueletos escondidos debajo de las fosas hay en casi todos los partidos políticos: Los Cabitos, en el segundo gobierno de Belaúnde, El Frontón, en el caso de García, el proceso a Fujimori por violaciones a los derechos humanos y el caso Madre Mía que involucra a Ollanta Humala. De otro lado, la convicción en otros sectores (p.e.: Unidad Nacional) que los derechos de las personas son un tema secundario frente al crecimiento económico o que subordina a las necesidades de “seguridad nacional”.

En esa misma lógica se encuentra el gobierno de Alan García, quien no mencionó “derechos humanos” como un tema o un eje de su Plan de Gobierno, lo que ya nos daba un indicador de lo que ha sido su gestión posterior en esta materia.

La última del gobierno en materia de derechos humanos ha sido retirar a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y a las iglesias del Consejo Nacional de Derechos Humanos, entidad gubernamental en la que participaban como observadoras desde hace más de 20 años, es decir, desde el primer gobierno de García.  ¿El motivo? Lo explica El Comercio:

El motivo para retirar a la Coordinadora Nacional de DD.HH. es que los miembros de las ONG –según el decreto– no son funcionarios y, por lo tanto, no están obligados a guardar reserva de los asuntos que se tocan al interior del CNDH. Así mismo, con este reglamento modificado las otras dos entidades que funcionaban como observadoras –la Conferencia Episcopal Peruana y el Concilio Nacional Evangélico del Perú– ya no tienen esa calidad y tampoco pueden acreditar un representante de enlace con ese ministerio.

Para entender realmente por qué los retiraron del CNDH, El Comercio se comunicó con la ministra de Justicia. Inicialmente ella dijo que esto se debía a que los integrantes de la coordinadora no son funcionarios y que no se les puede exigir la reserva del caso. Sin embargo, después agregó que se debía a que “tienen un conflicto de intereses que colisiona con la posición del Estado en temas de derechos humanos”.

¿Y cual es el supuesto conflicto de intereses? Pues para Miguel Facundo Chinguel, Secretario Ejecutivo de este Consejo, el hecho de que el país haya perdido 23 de los 24 casos a los que ha sido sometido en la Corte Interamericana de Derechos humanos se debe a esta presencia, pues supuestamente se tenía información privilegiada.

Pero Facundo Chinguel – ex abogado del Presidente de la República y partidario de la pena de muerte – miente descaradamente. Y el encargado de desmentirlo es su antecesor en el cargo, Luis Alberto Salgado – sí, el mismo que botó Alan por no favorecer a Baruch Ivcher – que le ha aclarado a La República:

Lo expuesto por Facundo Chinguel fue negado por su antecesor, el ex secretario general del CNDH Luis Alberto Salgado, quien dijo que los observadores solo asisten a sesiones del Consejo cada tres meses, que es cuando por ley se realizan, y que en ninguna de estas, además, se hace referencia a la estrategia peruana.

“Eso no es cierto. La estrategia de defensa del Estado se diseña a partir del Grupo de Coordinación y Consultas, integrado por la jefa del gabinete del ministerio de Justicia, el director de Derechos Humanos de la Cancillería y el secretario general del Consejo Nacional de DDHH. En este grupo no participa ningún observador, y el informe que elaboran lo elevan directamente a la ministra de Justicia”, dijo.

Salgado también dio su propia explicación a las derrotas del Estado peruano en el exterior.

La mejor defensa de un Estado democrático en las instancias supranacionales es hablar con la verdad. No se defiende mintiendo y distorsionando, eso lo hace una dictadura. Es importante el reconocimiento de que el Estado peruano incurrió en violaciones, sobre la base de hacer investigaciones para deslindar responsabilidades”, sostuvo.

En otras palabras, si perdemos los casos en San José no es por culpa de que las ong’s de derechos humanos accedan a información privilegiada – que no la tienen -, sino porque los hechos relatados allí son ciertos y porque en muchos casos la estrategia no ha sido la más adecuada.

Por tanto, la abogada de Ernesto Schutz y el defensor de la pena de muerte que está en el CNDH no pasarían un detector de mentiras y la norma que se ha dado no tiene ni pies ni cabeza, sino que existe un severo olor a represalia en todo esto.

Pero debe anotarse algo más. Sí, es cierto que este gobierno menosprecia los derechos humanos. Sí, es verdad que buena parte de nuestros políticos tiene fantasmas que no los dejan dormir. Sí, es cierto que las ong’s de derechos humanos se han convertido en entidades fiscalizadoras frente al silencio de alguna prensa que prefiere el felpudo. Pero al darles el pretexto perfecto para ello, los Giampietris, las Alcortas y los Alan Garcías han podido dar el zarpazo y volver a una situación que me hace recordar los años noventa y no precisamente por el grunge.

Como para que también piensen en ello.

MAS SOBRE EL TEMA:

Salomón Lerner Febres: Este gobierno no acierta en DDHH

Francisco Távara, Presidente del Poder Judicial: Cambio en Reglamento del Consejo de Derechos Humanos fue apresurado

Walter Albán: Así aumenta la brecha con la sociedad civil

Martín Tanaka vuelve a comentar el tema

El blog del Morsa: La terapia de shock en el Perú

Fernando Tuesta: Una carta desafortunada

Pronunciamiento del Partido Fuerza Social sobre el tema

¿QUIEN GANA CON LA APEC?

Hace casi un año, nos hacíamos varias preguntas sobre la organización de la Cumbre APEC Perú 2008.

Entre los detalles que anotamos, estaba esta disposición de la Ley de Presupuesto 2007, referida a las contrataciones para esta cumbre:

VIGÉSIMA OCTAVA.- Exceptúanse, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 y disposiciones relacionadas a éstos de la presente Ley, así como de las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias, las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) bajo la presidencia del Perú, incluyendo reuniones ministeriales, conferencias especializadas y otros eventos que se programen en ese marco; así como las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe – Unión Europea, siempre que sean realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por las entidades que conforman la Comisión Ejecutiva establecida por Resolución Suprema Nº 133-2006-RE, e incluso de ser el caso, indirectamente mediante convenios de administración de recursos suscritos o por suscribirse.

Una disposición parecida se encuentra en la Ley de Presupuesto 2008:

SÉTIMA.- Dispóngase para los eventos internacionales a desarrollarse en el Perú, las siguientes medidas:
a) Exceptúese de la aplicación del artículo 8º numeral 8.2 literales b) y c) y el artículo 9º de la presente Ley, así como de las normas del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias, a las contrataciones, las adquisiciones, y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2008 para el desarrollo de los siguientes eventos:
i) La XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico(APEC), incluyendo reuniones ministeriales, conferencias especializadas y otros eventos que se programen en ese marco.
ii) La V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe -Unión Europea.

Toda esta maraña legal lo que hace es generar un efecto: falta de transparencia en las adquisiciones que tienen que ver con las cumbres que se celebrarán en Mayo y Noviembre.

¿A qué viene a cuento toda esta normativa?

A una denuncia hecha por Perú.21 sobre la adjudicación a IBM del Perú de un servicio de tercerización de apoyo informático y de comunicaciones para la cumbre de APEC, cuando no se cumplió con un requerimiento de ancho de banda, el cual fue inferior al solicitado. La otra empresa postora, Telefónica del Perú, tampoco cumplió con un requerimiento referido a las impresiones a demanda.

Todo esto debía llevar a declarar desierto el concurso público convocado para tal efecto. Sin embargo, como comenta el diario:

Sin embargo, el presidente de la CEAN, el vicepresidente Luis Giampietri, envió una comunicación al canciller José García Belaunde recomendando que, dada la urgencia del servicio, debía procederse a una adjudicación directa. Asimismo, remitió al ministro el informe técnico que fundamenta que la mejor opción era contratar directamente a IBM. Finalmente, el 24 de enero, la Cancillería y la empresa adjudicada firmaron el contrato.

Y los funcionarios de segundo nivel de la CEAN – APEC 2008, intentan justificar la compra:

El secretario de organización de la CEAN, Juan Espinosa, negó que haya habido alguna intención de favorecer ilícitamente a IBM. “El error del postor era tan mínimo que no justificaba tomar la decisión drástica de declarar desierto. Estábamos contra el tiempo y asumimos la responsabilidad por esa decisión”, expresó a Perú.21.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Asuntos Legales, Martín Castro, indicó: “Estábamos a fines de diciembre y el servicio tenía que implementarse a partir del 18 de febrero, cuando arrancaran las reuniones de APEC, y no podíamos invertir más tiempo en desarrollar otro proceso. Por eso, la decisión del comité fue perdonar la omisión de IBM”.

Lo peor del caso es que si no fuera por la investigación de Perú.21, no conoceríamos esta irregularidad en las contrataciones de APEC. Y es que ni en el Portal de CONSUCODE ni en la web de la Cancillería tenemos acceso el detalle de cada uno de los procesos de contraciones, con excepción de los montos y empresas contratadas. Sobre las bases y el resto del procedimiento, los ciudadanos no podemos enterarnos. Y tampoco esperen encontrar dicha información en la web de APEC Perú.

Así que, señor Giampietri – y también usted, señor Vega Llona, organizador de la cumbre América Latina – Unión Europea -, es necesario que ponga a disposición de todos los peruanos la información sobre todas las contrataciones que se han hecho para estos fines. No vaya a ser que, además de cumbres, también haya farra de corrupción.

LOPE, FUENTE OVEJUNA Y PALACIO DE GOBIERNO

Una broma que generalmente hago a mis amigos es preguntarles ¿Qué sería del mundo sin los abogados? Claro, el 99.99% de ellos me la devuelve al toque: Un lugar mejor. Y es que ciertamente, en muchas ocasiones, quienes hemos sido adiestrados en el arte de lo jurídico tenemos la tendencia de enredar todo o hacer piruetas con las normas y las sentencias para beneficiar al interés que se defiende. Basta ver a César Nakasaki decir en tono de letanía de Vigilia Pascual que no se ha encontrado nada a Fujimori a la salida de cada audiencia para comprobar lo que les digo.

Sin embargo, dicha manipulación es peligrosa cuando se da en el momento de formación de las leyes. Como bien lo pueden explicar mejor mis amigos lingüistas, una palabra te puede cambiar el significado de una frase. Y como lo sabemos los abogados, la introducción de una palabra, e incluso, de un signo de puntuación, puede alterar completamente el sentido de la frase.

Esto es lo que ha ocurrido con el texto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), alterado para permitir la contratación de más asesores en los Ministerios, lo que en realidad, siendo deudores de las dotes de traducción de Carlos Ferrero, podría expresarse como “El Perú avanza, los apristas en puestos públicos, también”. La grosería fue hecha en el mismo Congreso, es decir, alteraron el texto ya aprobado para meter, de contrabando, el texto que permitiría a varios cantar “Es fin de mes, pagaron ya”.

La alteración de la LOPE me recuerda a una obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, en la que un crimen es cometido por toda una colectividad, que se refugia en la autoría de varios actores, los cuales se encubren los unos a los otros. Algo de eso hay en el ambiente en torno a este escándalo. Como bien lo resume Marco Sifuentes, por el momento, están involucrados el ex Oficial Mayor del Congreso, dos funcionarios de mediano nivel del parlamento y el desconocido congresista aprista Wilder Calderón (buenas tardes, José Alejandro Godoy, a sus órdenes). Pero analistas como Juan Paredes Castro y Juan Carlos Valdivia coinciden en que una investigación más exhaustiva podría arrojar a menos chivos expiatorios y a más responsables de alto vuelo.

Sin embargo, existe otro detalle de la LOPE que me llamó la atención y que tiene que ver con la regulación de las funciones de los vicepresidentes, un tema que mereció la atención de este blog durante el año pasado. El artículo 10° de la Ley, a la letra, dice lo siguiente:

“Los Vicepresidentes de la República cumplen las funciones establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley, y aquellas otras que les encargue el Presidente de la República. Pueden participar en las sesiones del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. Forman parte del Despacho Presidencial”.

¿Cuáles son las consecuencias de esta norma?

1. Se intenta cubrir el ilegal nombramiento de Luis Giampietri como jefe de la APEC. Como mencionó Alvarez Rodrich en su momento, dicho nombramiento no era procedente y, en realidad, debió ser una función de la Cancillería.

2. Se pretende dar un manto de legalidad para la contratación de asesores para los Vicepresidentes. Al ponerlos como parte del Despacho Presidencial, tienen ahora un pliego asignado a ellos. Era lo que no ocurría hasta el año pasado, lo que hacía que las contrataciones de asesores no fueran legales.

Y como podrán imaginar, ya han aprovechado el pánico y han contratado un asesor más para Giampietri. Mejor, dicho, recontratado.

Hace algunos meses, les conté sobre José Antonio Delfín Jaime, ex asesor del Congreso y ex marino, que había sido contratado por PCM para la primera Vicepresidencia de la República. Un detalle a tomar en cuenta son los términos de referencia de su contratación, que reseñé de esta manera:

Los términos de referencia para la contratación son bastante claros: un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, con Maestría en Economía, con experiencia previa en cargos de asesoría de alto nivel. Las funciones, entre otras, se refieren al apoyo profesional para elaborar proyectos y presupuestos y la elaboración de proyectos de Ley sobre Defensa, Seguridad e Inteligencia. Este último punto, por cierto, bastante parecido a la función de un asesor parlamentario.

Eso, en cualquier parte del mundo, se llama contratación hecha a la medida. Algo que Giampietri conoce bien, pues así contrataron a su hermana en IMARPE. Pero la fórmula la han vuelto a repetir con Delfín Jaime, pues su nueva contratación se ha hecho bajo términos de referencia similares a los de su contrato anterior.

En otras palabras, si bien PCM puede alegar ahora la legalidad de su contratación, lo que no puede negar es que el proceso de menor cuantía al que nos referimos estaba arregladazo.

Ello nos indica la necesidad de ordenar mejor el aparato estatal, con normas claras sobre las personas a las que se contrata y sin aprovechar resquicios legales para seguir haciendo del Estado lo que es el lema de este gobierno: La Vida es un Carnaval.

TULA METISTE EN PROBLEMAS AL APRA

Luego de 10 meses de triste espectáculo, el escándalo Tula Benites ha dejado varios damnificados en la política peruana.

Ya en otros espacios se ha hecho referencia a como el Congreso ha quedado seriamente averiado en su imagen ante la opinión pública por una primera votación vergonzosa y una rectificación que, aunque saludable, ha sido efectuada por presiones de la opinión pública.

Pero el otro gran dañado es el Partido Aprista Peruano. Si bien también los fujimoristas también votaron a favor de salvar a la Canchaya del APRA – luego de unas declaraciones de Alan alabando al reo de Barbadillo -, digamos que no es sorprendente que los defensores de un sentenciado a 6 años de prisión traten de salvarle la vida a alguien que puede ir por tiempo similar a Santa Mónica.

El caso del APRA resulta distinto por varias razones. Es, a pesar de las discrepancias que se puedan tener con los apristas, un partido democrático y que cuando ha sido oposición ha denunciado varios hechos de corrupción que incluso le han costado bastante caro a sus parlamentarios. Cabe recordar que cuando Jorge del Castillo le filtró a Liberación las cuentas de Vladimiro Montesinos en el Banco Wiese, ello le costó persecusión a su esposa y a su cuñada, esta última, principal sindicada para pasarle el dato al entonces congresista.

Y claro, aunque ahora suene a papel mojado, hay que recordar que el APRA firmó un Compromiso de Lucha contra la Corrupción, días antes de la segunda vuelta.

Por último, por cierto, en casos similares a los de Benites, se votó de forma rápida y las bancadas involucradas no hicieron espíritu de cuerpo (ni de carnet) con los sancionados.

Para complicar más las cosas, este tema ha revelado una serie de pugnas internas dentro de Alfonso Ugarte. Tanto Alan García como Mauricio Mulder habían dado la orden de votar para sancionar a Tula Benites – claro, solo por un delito en lugar de tres – y la bancada se les insuordinó, bajo el liderazgo de José Carrasco Távara, quien fue uno de los parlamentarios que obstaculizó permanentemente la acusación constitucional contra Benites. Así, se produjo la escandalosa votación aprista del miércoles:

En contra de la acusación: Tula Benites (votando por salvarse a ella misma, cuestión por la que Luis Gonzáles Posada deberá dar una explicación), María Balta, Tomás Cenzano, Luis Giampietri, Humberto Falla, José Macedo, Elías Rodríguez (el parlamentario cuestionado por sus vínculos con los Sánchez Paredes) y Fabiola Salazar.
Se abstuvieron: Nidia Vílchez, Luis Wilson, Luciana León, Mario Alegría, José Carrasco, Wilder Calderón, Miguel Guevara, Lourdes Mendoza, Javier Valle Riestra y Julio Herrera.

Tan grave fue la cosa que Mulder tuvo que decir: O Tula o yo. Y aún así, votaron en contra, en la rectificación de ayer, Humberto Falla Lamadrid y Luis Giampietri. Falla ha intentado justificarse con lo siguiente:

“La presión mediática hizo cambiar de parecer y, lo único que hecho es ser coherente entre la votación de anteanoche y ayer. Ayer, de pronto, y por la presión mediática, se cambió opinión. Yo creo que no le podemos endigar dos delitos que son un imposible jurídico”

Justificación que, por cierto, calza letra a letra con las palabras de Tula Benites.

Y en cuanto a Giampietri, es la primera vez que veo que un Almirante se amotina ante una orden de su superior. Claro, su trayectoria a favor de la impunidad es el precedente perfecto a su conducta de estos días. Y claro, como es el Vicepresidente y para estas cosas si lo consideran como “invitado” del Partido, Mulder ya adelantó que no lo van a sancionar. Tan grosero ha sido el asunto que el habitualmente mesurado El Comercio dijo hoy:

¡Y qué decir del vicepresidente de la República Luis Giampietri! Votó como un fujimorista más, incluso ayer, en contra del desafuero de la parlamentaria.

Para culminar, ayer Alan García dijo, al final de su contacto con la prensa:

“Hago un llamado a los compañeros, en este caso como militante aprista, no sepultemos al Apra en Trujillo, no sepultemos al Apra en La Libertad, si quieren hacerlo que lo digan abiertamente, pero yo creo que esto es una bofetada a Trujillo y a La Libertad. Haya de la Torre debe estar conmovido y alarmado por este tipo de cosas”

Pues el caso Benites no es el único de trujillanos, por lo menos hay tres casos en La Libertad que mezclan las pugnas partidarias y los contactos con el narcotráfico que le van a hacer mucho daño si no cortan de raíz con esto.

Y, sí, Haya de la Torre estaría indignado por el olor que parece tener su Casa del Pueblo en estos días.

MAS SOBRE EL TEMA:
Conozca a la sucesora de Tula: Olga Cribilleros
La República: Alan llamó a cuadrar a parlamentarios apristas
Editorial de El Comercio: Oportuna rectificación con otoronguismo vigente
Augusto Alvarez Rodrich: Blindaje y complicidad
Carlos Basombrio: Tula o no Tula, Tula (ya no) será
Utero de Marita: Tula salvaste
Menos Canas: Sí se pudo

A MI AMIGO EL ALMIRANTE

Hoy es Día de la Amistad y aunque este blogger no es muy partidario de los “dias de” – considero que no es necesario un dia especial para decir lo que sentimos -, es momento de congratular a quien ha sido uno de mis mejores amigos en esta empresa bloggera durante los tres años: Luis Giampietri Rojas.

Gracias a nuestro nunca bien ponderado Primer Vicepresidente de la República, quien escribe ha podido elaborar varias de sus piezas prosísticas más inspiradas y de las investigaciones más comentadas en este blog.

Si no fuera por este insigne miembro de la Marina, no hubiese podido seguir defendiendo ardorosamente el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, luego de cada diatriba, ataque o mentira proferida por quien se ha convertido en defensor de “héroes” tales como Santiago Martin Rivas, Alberto Fujimori, el “Comandante Camión” o Clemente Noel y Moral, quienes defendieron a la Patria ¿respetando? los derechos humanos.

Este preclaro hombre de la patria, elevado a tan alto cargo por nuestro Zeus de Alfonso Ugarte, se ha encargado de transformar una cumbre internacional de alto rango a una reunión de cuartel en el Pentagonito. Todo un ejemplo de la promoción del turismo en nuestro país, que deja como chancay de a veinte la famosa Ley Bruce para la promoción de zonas arqueológicas.

Y como olvidarme de sus asesores. De aquellos que no le correspondían porque su cargo no estaba en el organigrama del Estado y porque ya tenía sus propios asesores parlamentarios. Y como no tener en cuenta a ese abogado de polendas llamado Sergio Tapia Tapia, el que se disfrazaba de Hitler en su juventud y que admira tanto a hombres de paz como los que encabezaron la sangrienta dictadura militar argentina. Y, de taquito, hizo que me interesara saber como su colega Lourdes Mendoza – a quien ayudó con el ascenso de su pareja (el amor, el amor) – hacía exactamente las mismas contrataciones indebidas, con la venia de Jorge del Castillo.

Si hablamos de contratos, no hay que olvidar que el Almirante comienza por casa y que tiene el amor fraternal a flor de piel. Como la contratación dirigida de su hermana por parte de IMARPE, la entidad que lo cobijó como Presidente durante la época más transparente de la historia peruana: el gobierno de Fujimori.

Giampietri me ha legado páginas dignas de la historia del Poder Judicial. Como su juicio a Antonio Maldonado por hablar sobre un caso de corrupción que, hasta ahora, nuestro padre de la Patria no aclara. Acusación que, otro digno amigo suyo, don Moisés Tambini del Valle, intentó limpiar cual Ña Pancha. Para eso están los amigos de toda la vida. Casí “Héroes de la Unión”, como el Chancha.

Gracias Luchito, por hacer de este blog lo que es. Y por ello también te recompensaré una vez que me pongas una demanda en el Poder Judicial, como me han comentado que vas a hacer. Y también te agradeceré que me pagues la cuenta del abogado, si es que tu escrito sale, como espero, rechazado por un juez honesto, al que no puedas presionar.

Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Aquí seguiremos comentando tus “hazañas”. Para eso estamos los patas de verdad.

MAS POST AMISTOSOS Y ROMANTICOS:
El Blog del Morsa: Love you
El Fondo del Vaso: Porque no deben salir este 14 de febrero
Menos Canas: Amores Peruanos
Cuaderno de Borrador: Yo no quiero 14 de febrero

GIAMPIETRI VS YUYAPANAQ


Hace algunas semanas, la sección Polidatos de Expreso colocaba las siguientes notas vinculadas:

¿Qué hace allí?
La falaz muestra fotográfica Yuyanapaq de la CVR, que falsea la historia de la guerra terrorista contra la sociedad peruana, ha sido instalada en el 6to. piso del Museo de la Nación. ¿Qué hace allí? Señor ministro de Educación, no permita que se engañe más a los peruanos. Retírela. La mentira no es cultura

Patrocinadora
Nos hemos enterado que la permanencia de esa muestra mendaz en el Museo es patrocinada por la Defensoría del Pueblo, institución pública que vive del dinero de los contribuyentes. ¿Para eso usa los tributos de los peruanos Beatriz Merino? ¿Quién controla estos gastos, señor contralor Genaro Matute?

Contrabando
En esa exposición casi todas las fotos están en blanco y negro, sin embargo en lugar privilegiado resalta una gigantografía –esa sí a todo color– de una bandera roja debajo de la cual una leyenda dice “Muchas veces, durante el conflicto armado Interno, los cerros de Lima amanecían embanderados”. ¿Casualidad? No, contrabando político.

Estas expresiones no extrañan viniendo de un diario que hace ver a Joseph McCarthy como un candidato al premio a la tolerancia. Expreso sigue sosteniendo, erróneamente, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación embarra a las Fuerzas Armadas con acusaciones falsas, cuando fue evidente en el país que se cometieron violaciones de los derechos humanos que, en algunos lugares y momentos, no fueron simples cuestiones aisladas. Hasta allí, la falacia del diario de Luis García Miró no tendría mayor trascendencia, pues se trataría de una raya más al tigre.

Sin embargo, la sección 5 Espinas de la revista Somos de El Comercio, publicó esta semana el siguiente dato:

Ver para creer. Desde que la exposición Yuyanapaq: para recordar se encuentra en el sexto piso del Museo de la Nación, no han faltado quienes, a través de cierta prensa, han puesto el grito en el cielo e incluso exigido su cancelación. en su edición del 05 de enero, el diario Expreso critica que la muestra “sea patrocinada por la Defensoría del Pueblo, con dinero de todos los contribuyentes”. La muestra fotográfica forma parte del legado visual que la Defensoría recibió de la CVR y cuenta con el respaldo de la cooperación internacional. Quien más interesado estaría en que la muestra sea retirada antes de la II Cumbre de Líderes empresariales de ALC- UE (14 y 15 de mayo) sería el primer vicepresidente Luis Giampietri. Que raro.

A estas alturas, que Giampietri le tenga tirria a la CVR es un hecho por todos conocido. Bueno, no extraña de alguien que tenía como asesor a un personaje ligado a la dictadura militar argentina o que tenga aún algunas cosas por explicar en el caso El Frontón.

Sin embargo, hay algunos datos interesantes que, además de dichas antipatías, hacen que el dato dado a Somos revista la mayor gravedad y preocupación.

Como sabemos, este año se celebrarán dos grandes cumbres internacionales en nuestro pais. Giampietri es el encargado de la organización de la reunión de APEC que se celebrará en noviembre, mientras que el empresario Ricardo Vega Llona se ocupa de la cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea.

Y las conexiones entre ambos personajes no son pocas. La central tiene que ver justamente con el caso El Frontón. La Comisión de la Verdad y Reconciliación encontró que el autor directo de las ejecuciones extrajudiciales registradas en 1986 fue Juan Vega Llona, hermano del empresario y que posteriormente fuera asesinado por Sendero Luminoso. El actual organizador de la cumbre con la Unión Europea reconoció que su hermano fue el ejecutor directo, en declaraciones que quisieron salvar a Giampietri de una posible responsabilidad en este asunto peliagudo.

Sin embargo, y a pesar de coincidir con esta afirmación de la CVR, Vega Llona es otro de sus críticos, por los mismos prejuicios que acompañan al Almirante en referencia a los militares que violaron los derechos humanos.

Pero no es el único vínculo “extraño” – por denominarlo de algún modo – entre los amigos de Alan. Hace algunos meses, Edmundo Cruz presentó un informe sobre los entretelones de una amenaza de atentado contra el Presidente de la República, hipótesis que fue puesta en manos de Palacio de Gobierno por Giampietri y por Forza, la empresa de seguridad vinculada a ex miembros de la Marina de la que Vega Llona es director.

Y aquí viene el otro detalle que a ambos les preocupa: La cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea se celebrará en el Museo de la Nación. Por tanto, los jefes de Estado y de gobierno invitados recorrerán las instalaciones y exposiciones del Museo, incluyendo Yuyanapaq. Es por ello que la intención de sacar la muestra antes de mayo es plausible. Y me imagino que las presiones irán hacia el Instituto Nacional de Cultura (del cual depende este recinto cultural), dirigido por Cecilia Bákula, experta en censuras gubernamentales.

Esto sin duda es preocupante. Por un lado, estamos ante un gobierno que ya tiene antecedentes de sacar obras de arte vinculadas con derechos humanos y cuya tolerancia frente a este tipo de temas es bastante escasa. De otro lado, hay dos personajes cuyo discurso sobre lo ocurrido entre 1980 y 2000 es compatible con el ocultamiento de los hechos y la intolerancia. Y finalmente, y esto me parece lo más grave, se pretende que nuestros visitantes extranjeros desconozcan una parte de la historia del Perú que, aunque dura y dolorosa, tiene importantes lecciones que dejar, no solo para los peruanos, sino también para la comunidad internacional, sobre todo ahora que el terrorismo es encarado como un problema global.

Sacando fotografías no se oculta una verdad. Si mañana – Dios no lo quiera – el Guernica de Picasso fuera dañado, ninguno de los horrores de la Guerra Civil Española se borraría. No me imagino a los Kirchner cerrando el Museo de la Memoria creado en la ESMA porque viene una cumbre internacional o a Michelle Bachelet cerrando algún monumento en Santiago referido al drama que ella misma pasó.

Pero estamos ante el gobierno de la amnesia selectiva y del Alzheimer prematuro. ¿Otra cosa puede esperarse?

CONDORES, MORALES Y DERECHOS HUMANOS

O de como un general podría decir “No me defiendas, compadre”

Si hay una personalidad sobre la cual existe una discusión incipiente sobre su papel en la política peruana contemporánea es la de Francisco Morales Bermúdez. Hay quienes lo recuerdan como lo que efectivamente fue: un dictador, que restringió todo tipo de libertades, que deportó a sus opositores y que finalmente, acorralado por las circunstancias, entregó el poder a la civilidad. Otros prefieren destacar este último aspecto – hábilmente explotado por el general – y, además, anotar su oposición al régimen de Fujimori y lo que señalan como el inicio del desmontaje de las reformas de la llamada “Revolución Peruana”.

Esta discusión, inconclusa aún por la permanencia del personaje en cuestión en este mundo, se ha reavivado por su encausamiento en una corte italiana por su supuesta participación en la Operación Cóndor, esa transnacional de los asesinatos y las desapariciones operada por las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en la segunda mitad de la década de 1970.

Sobre el Plan Cóndor en el Perú, han sido básicamente dos investigaciones las que han dado serias muestras de que el Plan se extendió sus ramas hasta Lima. La primera es la de John Dinges, quien logró la desclasificación de documentos de la CIA que demostrarían la participación de la dictadura peruana en el plan. La segunda pertenece a Ricardo Uceda, en la que, sin concluir sobre la responsabilidad de Morales Bermúdez o Richter, recuerda el operativo colectivo de los servicios de inteligencia argentino y peruano para capturar a miembros de Montoneros, grupo argentino que supuestamente atentaría contra el dictador Jorge Videla en la transmisión del mando a Fernando Belaúnde en 1980. Los capturados fueron deportados a Bolivia y, posteriormente, asesinados en cumplimiento de las directivas de Cóndor.

En medio de la discusión subyacente, el ex dictador ha tomado el tema con relativa calma y ha señalado que se pondrá a derecho para defender lo que considera una acusación falsa. Lo mismo haría el general Richter.

Para el país y para la democracia peruana, lo mejor es que ambos ex oficiales rindan su testimonio y se sometan a la justicia italiana, para aclarar, de una vez por todas, si es que nuestro país también estuvo incluido en un plan maquiavélico y que no respetó los derechos de cientos de personas en América del Sur. También nos recuerda que los delitos de lesa humanidad no prescriben a pesar de los años transcurridos y que los espacios para dejar de procesar estos hechos son cada día más estrechos.

Desafortunadamente, el gobierno peruano y otros conocidos personajes han salido a declarar este acto – que es un encausamiento, no una declaratoria de culpabilidad – como una afrenta al país o una exageración. Los nombres de los “abogados” del ex dictador: Alan García Pérez, Luis Giampietri Rojas y Juan Luis Cipriani Thorne, presidente, vicepresidente y cardenal, respectivamente.

No extraña que los tres personajes antes mencionados tomen este tipo de actitudes. Conocida es su trayectoria de menosprecio a los derechos humanos. Pero triste es comprobar, nuevamente, que no existe signo de autocrítica alguno en su actuación pública.

Sin embargo, resulta paradójico que este año lo terminemos como lo comenzamos: con un gobierno dispuesto a avalar la impunidad y los atropellos a los derechos de los demás. El caso Castro Castro y las iniciativas en favor de la pena de muerte marcaron la agenda de los primeros días del 2007. Hoy, a dos días de culminar este año, nuevamente vuelven a las andadas.

Aun se nota que, para Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal, los derechos humanos son una cojudez.

MAS SOBRE EL TEMA:
Perú.21: Flores – Araoz también defiende a Morales Bermúdez
Nelson Manrique: Que la justicia se pronuncie
Isaac Bigio: La moraleja de Bermúdez
José de la Puente Radbil: Morales Bermúdez rechazó participar en Operación Cóndor
Informe de Terra España sobre el caso
Juan Gargurevich: El general Morales Bermúdez y el periodismo