Cubierto por cortinas de humo, el tema de la censura a Luis Alva Castro entra a un serio punto de entrampamiento a pesar que existen suficientes motivos para que este personaje, un viejo dirigente aprista, deba salir del Ministerio del Interior.
En un post anterior detallé las razones por las que consideraba conveniente esta salida, sobre todo, dadas las mentiras dichas durante la interpelación, sobre todo, en lo que respecta a la antigûedad de los pertrechos militares, que Alva sigue repitiendo que se compraron por última vez en 1994. Sin embargo, esta noticia del diario argentino Clarín, aparecida el domingo 30 de julio de 2000, luego de la Marcha de los 4 Suyos, lo desmiente:
Los 35.000 policías desplazados en el centro de Lima utilizaron aproximadamente 12 toneladas de bombas lacrimógenas para reprimir a los manifestantes de la “Marcha de los Cuatro Suyos”, dijeron fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Proveedores del Ministerio del Interior, dependencia que compra los equipos para la policía, señalaron a Clarín que el costo de los gases lacrimógenos que se lanzaron en la marcha del viernes, podría superar los 3 millones de dólares.
Debido a las dimensiones que cobró la organización del acto de protesta de tres días, el Ministerio del Interior no convocó a un concurso de precios sino que llamó directamente a conocidas empresas de ventas de armas para tener suficiente stock de bombas lacrimógenas.
Los proyectiles de mayor demanda fueron los de la clase “514-CN” y “515-CS”, que al ser detonados masivamente consiguen una rapidísima difusión y se mantienen en el ambiente hasta por 15 minutos.
Con esto se comprueba un procedimiento similar a la compra de pertrechos cuestionada hace semanas – lo que implica modus operandi que no han sido combatidos oportunamente – y la confirmación de que el Ministro engañó al Congreso de la República y a la ciudadanía en general. ¿Y qué hace el Ministro?
Pues contrata publicidad a montones para mejorar su imagen. La Resolución Ministerial N° 0565-2007-IN/PNP exoneró del proceso de selección la contratación de servicios de publicidad, con lo que el Ministerio ha podido suscribir contratos por cantidades significativas con los medios de comunicación, en tiempos de austeridad y con una gestión sumamente cuestionada.
Peor aún, siguen saliendo los signos de que algo anda mal con las compras en el edificio de Corpac. Hoy El Comercio presenta un reportaje de su unidad de investigación que evidencia la celeridad que se tuvo en la compra de pertrechos: el 18 de julio de 2007 se aprobaron 10 documentos que permitieron dicha operación, que fue firmada por el propio Alva Castro ese mismo día. Una celeridad que debería ser la que caracterice a los procedimientos en favor de los ciudadanos termina siendo la principal aliada de malas prácticas y favorecimientos indebidos. Es más, ayer el diario decano, que no acostumbra hacer muchas olas en torno a cambios ministeriales, se mandó con un editorial pidiendo la salida de Alva Castro.
A estas alturas, la permanencia del actual Ministro del Interior es insostenible. Sin embargo, hay dos elementos que juegan a favor de su permanencia en el cargo: la “habilidad” aprista para el manejo del Congreso y la debilidad de la oposición.
Fuentes del edificio de la Plaza Bolívar han podido confirmar a este blog que hasta el momento la oposición no tiene los votos necesarios para conseguir la censura. UPP sigue siendo el caso emblemático: los congresistas más cercanos a Aldo Estrada votarían en contra de la moción de censura. Ya hemos comentado el caso de Unidad Nacional, donde la unidad en este tema parece ser tan imposible como la renuncia de Manuel Burga. Y un permiso a la congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca ha activado las alarmas en predios ollantistas, pues se ha conminado a todos los parlamentarios de Humala a votar por la censura, so pena de sanción. Finalmente, en Alianza Parlamentaria, parece darse por perdido el voto del congresista evangélico Juan Perry.
Y claro, en Alfonso Ugarte se saca provecho de esto, se dilata la votación y se hacen los acercamientos – abiertos o no tanto – para evitar la caída del compañero en desgracia.
Lo peor del caso es que los perjudicados somos los ciudadanos. Sin una gestión transparente en compras, sin una política coherente de seguridad ciudadana, sin una Policía en trayecto de reforma hacia una institución mejor, sin plan antidrogas, sin un Ministerio reconstituido. En suma, sin un Ministerio del Interior.
MAS SOBRE EL TEMA:
Carlos Basombrío: Telenovela: Mala y larga
Hugo Guerra: Política de aguas puercas
Menos Canas: Contra el tiempo
Una Bitácora de Jomra: Censura a Alva Castro: división y fidelidad
José Alejandro Godoy 
