LOPE, FUENTE OVEJUNA Y PALACIO DE GOBIERNO

Una broma que generalmente hago a mis amigos es preguntarles ¿Qué sería del mundo sin los abogados? Claro, el 99.99% de ellos me la devuelve al toque: Un lugar mejor. Y es que ciertamente, en muchas ocasiones, quienes hemos sido adiestrados en el arte de lo jurídico tenemos la tendencia de enredar todo o hacer piruetas con las normas y las sentencias para beneficiar al interés que se defiende. Basta ver a César Nakasaki decir en tono de letanía de Vigilia Pascual que no se ha encontrado nada a Fujimori a la salida de cada audiencia para comprobar lo que les digo.

Sin embargo, dicha manipulación es peligrosa cuando se da en el momento de formación de las leyes. Como bien lo pueden explicar mejor mis amigos lingüistas, una palabra te puede cambiar el significado de una frase. Y como lo sabemos los abogados, la introducción de una palabra, e incluso, de un signo de puntuación, puede alterar completamente el sentido de la frase.

Esto es lo que ha ocurrido con el texto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), alterado para permitir la contratación de más asesores en los Ministerios, lo que en realidad, siendo deudores de las dotes de traducción de Carlos Ferrero, podría expresarse como “El Perú avanza, los apristas en puestos públicos, también”. La grosería fue hecha en el mismo Congreso, es decir, alteraron el texto ya aprobado para meter, de contrabando, el texto que permitiría a varios cantar “Es fin de mes, pagaron ya”.

La alteración de la LOPE me recuerda a una obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, en la que un crimen es cometido por toda una colectividad, que se refugia en la autoría de varios actores, los cuales se encubren los unos a los otros. Algo de eso hay en el ambiente en torno a este escándalo. Como bien lo resume Marco Sifuentes, por el momento, están involucrados el ex Oficial Mayor del Congreso, dos funcionarios de mediano nivel del parlamento y el desconocido congresista aprista Wilder Calderón (buenas tardes, José Alejandro Godoy, a sus órdenes). Pero analistas como Juan Paredes Castro y Juan Carlos Valdivia coinciden en que una investigación más exhaustiva podría arrojar a menos chivos expiatorios y a más responsables de alto vuelo.

Sin embargo, existe otro detalle de la LOPE que me llamó la atención y que tiene que ver con la regulación de las funciones de los vicepresidentes, un tema que mereció la atención de este blog durante el año pasado. El artículo 10° de la Ley, a la letra, dice lo siguiente:

“Los Vicepresidentes de la República cumplen las funciones establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley, y aquellas otras que les encargue el Presidente de la República. Pueden participar en las sesiones del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. Forman parte del Despacho Presidencial”.

¿Cuáles son las consecuencias de esta norma?

1. Se intenta cubrir el ilegal nombramiento de Luis Giampietri como jefe de la APEC. Como mencionó Alvarez Rodrich en su momento, dicho nombramiento no era procedente y, en realidad, debió ser una función de la Cancillería.

2. Se pretende dar un manto de legalidad para la contratación de asesores para los Vicepresidentes. Al ponerlos como parte del Despacho Presidencial, tienen ahora un pliego asignado a ellos. Era lo que no ocurría hasta el año pasado, lo que hacía que las contrataciones de asesores no fueran legales.

Y como podrán imaginar, ya han aprovechado el pánico y han contratado un asesor más para Giampietri. Mejor, dicho, recontratado.

Hace algunos meses, les conté sobre José Antonio Delfín Jaime, ex asesor del Congreso y ex marino, que había sido contratado por PCM para la primera Vicepresidencia de la República. Un detalle a tomar en cuenta son los términos de referencia de su contratación, que reseñé de esta manera:

Los términos de referencia para la contratación son bastante claros: un ex miembro de la Marina de Guerra del Perú, con Maestría en Economía, con experiencia previa en cargos de asesoría de alto nivel. Las funciones, entre otras, se refieren al apoyo profesional para elaborar proyectos y presupuestos y la elaboración de proyectos de Ley sobre Defensa, Seguridad e Inteligencia. Este último punto, por cierto, bastante parecido a la función de un asesor parlamentario.

Eso, en cualquier parte del mundo, se llama contratación hecha a la medida. Algo que Giampietri conoce bien, pues así contrataron a su hermana en IMARPE. Pero la fórmula la han vuelto a repetir con Delfín Jaime, pues su nueva contratación se ha hecho bajo términos de referencia similares a los de su contrato anterior.

En otras palabras, si bien PCM puede alegar ahora la legalidad de su contratación, lo que no puede negar es que el proceso de menor cuantía al que nos referimos estaba arregladazo.

Ello nos indica la necesidad de ordenar mejor el aparato estatal, con normas claras sobre las personas a las que se contrata y sin aprovechar resquicios legales para seguir haciendo del Estado lo que es el lema de este gobierno: La Vida es un Carnaval.