PROGRAMAS SOCIALES ¿INSTRUMENTOS PARA LA CAMPAÑA 2011?

La Contraloría General de la República ha elaborado el Diagnóstico Situacional de los Programas Sociales en el Perú al Tercer Trimestre de 2006, un documento que nos muestra la realidad de los instrumentos para la lucha contra la pobreza en el país y que nos va dando cuenta de los retos y preocupaciones que genera este tema durante la actual administración gubernamental.

Llaman poderosamente la atención varios datos que ya han sido recogidos en otros informes similares, elaborados por organizaciones no gubernamentales u organizaciones internacionales, y que nos dan cuenta clara de los defectos de gestión que provocan el mal funcionamiento de dichos programas.

Así, encontramos que pocos programas sociales cuentan con una norma básica de creación, lo que explica la dispersión de los programas y la débil institucionalidad que los cobija. Este problema se concatena con la ausencia de líneas de base e instrumentos de medición que permitan establecer el real impacto de estos programas en los beneficiarios de los mismos, lo que implica un serio problema para conocer si es que estamos avanzando realmente en combatir la pobreza.

A estos problemas se suma la dispersión de los programas, lo que ocasiona varios efectos: el incumplimiento de los objetivos planteados, la subcobertura de beneficiarios y la ausencia de sinergias, lo que no llega a completar una política pública coherente.

Pero los males se complican por otros aspectos que ya no con cubiertos por la Contraloría y que tienen que ver con nuestra agitada política nacional.

Como sabemos, hace algunas semanas, Jorge del Castillo tuvo un rapto de honestidad y habló de los privilegios para los lugares que tuvieran autoridades locales del partido de gobierno. Si bien luego existió una retractación – y el pretexto perfecto para el cambio de ministros -, la sensación de que el uso político de los programas sociales existiría en este gobierno se ha mantenido.

Peor aún, dicha sensación se puede incrementar debido a los deseos presidenciales de mantener al APRA en el sillón presidencial en 2011. Cabe recordar que las declaraciones de Alan se produjeron en medio de una reunión de gobernadores de la región La Libertad. Los gobernadores son autoridades que, en teoría, representan al Presidente en todos los distritos del país y que son nombrados por la Dirección General de Gobierno Interior, una dependencia de la cartera que “dirige” Luis Alva Castro. En todos los gobiernos, esta Dirección ha estado en manos de un miembro de la agrupación política que sostiene al gobierno y no es la excepción en este caso: Víctor López Orihuela, vinculado a Agustín Mantilla, es el encargado de hacer estas designaciones. Ello implica la presencia de una maquinaria partidaria destinada a manejar el tema electoral de manera directa, a lo que se suman esta serie de mítines ministeriales a los que el actual gabinete parece acostumbrarse.

Y parece que el primer indicador claro en los programas sociales se acaba de producir. Juntos es el programa social del Estado que más fondos tiene asignados y, desde el gobierno pasado, era presidido por Alfonso Velásquez, ex Ministro de la Producción. Pues a Velásquez acaban de pedirle la renuncia. ¿Los motivos?

Fuentes de la institución revelaron que, el último sábado 9 – en la sede del Ejecutivo -, Huarachi había acusado a Velásquez de no facilitar la ampliación del ámbito de acción de los distritos beneficiarios de 628 a 870.

También se supo que Juntos no venía respondiendo a las expectativas del Gobierno y que la remoción del cargo de su titular, por ser de confianza, es una decisión que le compete a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Asimismo, se comenta que el renunciante jefe del programa fue marginado de la reunión palaciega y que su salida obedecería a una intención política del Apra de controlar un programa que maneja 700 millones de soles.

Todas las versiones sobre el particular apuntan a que el reemplazante de Velàsquez sería Iván Hidalgo Romero, quien es una suerte de “zar antipobreza” desde tiempos de Virginia Borra. Claro, pocos han notado que es miembro del Partido Aprista Peruano.

Si a las deficiencias de gestión se suma el control partidario de los programas sociales, pues estaremos ante un manejo bastante ineficiente y sesgado de la lucha contra la pobreza. En un panorama en el que, además de los defectos antes anotados, no existe confianza en la entidad estatal encargada de elaborar los indicadores sobre pobreza, el celo sobre lo que este gobierno haga con los programas sociales va a tener que ser mayor.

Con la pobreza no se juega. Pero en Palacio parece que quieren jugar a quien obtiene más votos manipulando la misma. Jugar con fuego siempre implica quemarse.

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